Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-60099-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-60099-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-60099-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 08001233300020156009901 (3064-2023)1
Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reliquidación del retroactivo en el marco del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), proferida por
la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución Nº. 03396 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014),
por medio de la cual la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico
ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos, financiados con recursos
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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 01Demanda y 02.1SubsanaciónDemanda.
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Número Interno: 3064-2026
Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandada: Departamento del Atlántico
del Sistema General de Participaciones – SGP, de conformidad con la aprobación
del estudio técnico y certificación de la deuda del Ministerio de Educación Nacional,
dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reliquidar los años pagados
en virtud de la Resolución enjuiciada, desde el dos mil dos (2002), hasta el dos mil
nueve (2009), con el reconocimiento de la diferencia entre el salario fijado en las
ordenanzas departamentales y el salario efectivamente percibido por la actora,
calculando para el efecto los factores salariales correspondientes a la bonificación
por servicios, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías e indemnización por
vacaciones; (ii) liquidar los años no reconocidos (1997-2001) dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial; (iii) pagar los intereses moratorios
derivados del reajuste salarial, desde la causación del derecho; (iv) devolver los
descuentos efectuados por aportes parafiscales, patronales y por “ toda clase de
estampilla”; (v) actualizar la condena resultante, de conformidad con el artículo 187
del CPACA; (vi) cumplir la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195
ibidem; y (vii) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que, la señora Brígida del Socorro Consuegra Molinares prestó sus
servicios en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, en el cargo
de “administrativa”, desde el año mil novecientos noventa y siete (1997).
4. Explicó que, la Gobernación del Atlántico, en virtud de las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001, en concordancia con la Directiva Ministerial Nº. 10 de 2005, expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional, dio inicio al proceso de homologación de
cargos y nivelación salarial de sus empleados y funcionarios. Indicó que, dicho
proceso fue aprobado a través del Oficio Núm. 2009EE30647 del tres (3) de junio
de dos mil nueve (2009). Aunado a ello, mediante el Decreto Nº. 208 del veinticuatro
(24) de junio de la misma anualidad, la Gobernación del Atlántico ordenó nivelar
salarialmente “a los administrativos de la educación de la planta de personal del ente”.
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Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 01Demanda y 02.1SubsanaciónDemanda.
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Número Interno: 3064-2026
Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandada: Departamento del Atlántico
5. Adujo que, mediante la Resolución Nº. 03853 del veintiséis (26) de junio de dos
mil nueve (2009), la Secretaría de Educación le asignó a la señora Consuegra
Molinares la correspondiente denominación, grado, código y salario mensual.
6. Indicó que, una vez se posesionó el señor José Antonio Segebre como
Gobernador del Atlántico, se le ordenó al entonces secretario de educación, en
atención a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, suspender el
proceso de homologación y nivelación salarial, hasta tanto se enmendaran los
yerros advertidos. Luego, a través del Oficio Nº. 2013EE34201 del once (11) de
junio de dos mil trece (2013), la citada cartera ministerial aprobó el estudio técnico
de homologación y, sobre esa base, mediante la Resolución Nº. 02318 del ocho (8)
de octubre de dos mil trece (2013), la Secretaría de Educación del Departamento
del Atlántico revocó todos los actos administrativos relativos al reconocimiento y
pago de la homologación, expedidos con anterioridad al dos mil once (2011).
7. Precisó que, en virtud de la Resolución Nº. 03396 del diecinueve (19) de
diciembre de dos mil catorce (2014), la entidad le reconoció a la demandante, de
forma incompleta, el respectivo retroactivo por concepto de homologación. Puso de
presente que, para dicho propósito, no se tuvieron en cuenta períodos y factores. Al
respecto, anotó que, con el pago, se hicieron una serie de descuentos que,
conforme a la ley, le correspondía asumirlos a la entidad empleadora.
8. Manifestó que, con el acto acusado, no fueron liquidados correctamente, desde
el año dos mil (2000), los siguiente factores: bonificación por servicios, bonificación
por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías, intereses a las cesantías e indemnización por vacaciones. Agregó que,
lo propio ocurrió con los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados
de sufragar, como lo pondría en evidencia con el “peritazgo” a aportar.
9. Puntualizó que, a la parte demandante no se le reconoció, como retroactivo
salarial derivado del proceso de homologación, el período comprendido entre mil
novecientos noventa y siete (1997) y el dos mil uno (2001), “ muy a pesar que tenía
derecho a esos años”. Para soportarlo, relató que el Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Educación del Departamento del Atlántico, SINTRENAL, presentó,
en el dos mil (2000) y dos mil tres (2003), derechos de petición, a través de los
cuales le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental, el reconocimiento y
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Número Interno: 3064-2026
Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandada: Departamento del Atlántico
pago del retroactivo salarial, y que, a través de ellos, se interrumpió el fenómeno de
la prescripción trienal. En esa misma línea, adujo que el acuerdo entre SINTRENAL
y el Ministerio de Educación, celebrado el tres (3) de mayo del dos mil (2000), sigue
vigente para la parte actora “desde 1997 hasta la actualidad”.
10. Finalmente, hizo énfasis en que la señora Consuegra Molinares tiene derecho
al pago de los intereses moratorios del valor correspondiente al retroactivo salarial,
no sólo a partir del veintinueve (29) de diciembre de dos mil once (2011), fecha en
la cual, la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico suspendió el pago
de la homologación por solicitud del Ministerio de Educación Nacional (al encontrar
diferencias en las liquidaciones aplicadas), sino, desde que se hizo efectivo el
derecho al pago del reajuste, es decir, desde mil novecientos noventa y siete (1997).
1.3. Concepto de la violación4.
11. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 1º, 2º, 4º y 6º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia; la
Directiva Ministerial Núm. 10 de 2005; el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo; los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969; los artículos 1551, 1553
y 2514 del Código Civil; y el Oficio Núm. 2010EE23329 del Ministerio de Educación.
12. Manifestó que, con el acto demandado, se desconoció el articulado superior,
entre ellos, la igualdad y la especial protección al trabajo en condiciones dignas.
Destacó que, para el caso que ocupa la atención de esta Sala, el proceso de
nivelación salarial tuvo dos (2) momentos: (i) el primero consistió en “homologar al
administrativo (sic) a la planta de personal del Departamento, asignándole código, grado y
denominación del nuevo cargo con su respectivo salario ”, correspondiéndole a la señora
Consuegra Molinares el cargo de “auxiliar administrativo”, habiéndose desempeñado
antes como “auxiliar de servicios generales”; y (ii) el segundo, por su parte, se contrajo
a pagar el respectivo retroactivo, atendiendo a la Directiva Ministerial Nº. 10 de dos
mil cinco (2005). Sobre este segundo escenario, adujo que: “ de querer el funcionario
recibir el retroactivo salarial hacia atrás del 2005, debió hacer la reclamación en forma directa o a
través de apoderado aplicando lo anunciado por el artículo 151 del Código Procesal Laboral ”.
13. Consideró que, la Administración Departamental del Atlántico desconoció
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Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 01Demanda y 02.1SubsanaciónDemanda.
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Demandada: Departamento del Atlántico
abiertamente la Directiva Ministerial Nº. 10 del dos mil cinco (2005), liquidando en
forma incompleta los años reconocidos en la resolución objeto de censura, y
despojándola del retroactivo salarial al que, según adujo, tiene derecho. Anotó que,
también tiene derecho al período no reconocido, no sólo porque la organización
sindical a la cual pertenece presentó reclamaciones en los años dos mil (2000) y
dos mil tres (2003), con lo cual interrumpió la prescripción, sino también porque el
acuerdo entre SINTRENAL y el Ministerio de Educación, de fecha tres (3) de mayo
de dos mil (2000), sigue vigente desde mil novecientos noventa y siete (1997).
14. Advirtió que, con ocasión de la “declaración de voluntad” suscrita por el Ministerio
de Educación el veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998), sobre equidad salarial, y del acuerdo celebrado con SINTRENAL el tres (3)
de mayo de dos mil (2000), encaminado a adelantar un proceso de homologación
de cargos y nivelación salarial para todos los funcionarios administrativos del sector
educativo en Colombia, el Gobierno Nacional renunció a la prescripción.
1.4. La contestación de la demanda5.
15. Mediante memorial radicado el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis
(2016), la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda. Como fundamento
de la contestación, expuso que, en el acto administrativo demandado, se tuvieron
en cuenta todos los factores salariales, y que los descuentos efectuados encuentran
sustento en el estatuto tributario departamental, el artículo 17 de la Ley 797 de 2003,
el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6º de la Ley 1562 de 2012. En lo
que toca a las estampillas “por servicios sociales complementarios”, indicó que su
descuento se torna obligatorio, pues, “legalmente se encuentran estos devengos (sic) como
deducibles de los valores que fueron cancelados a la parte demandante ”.
16. A su turno, precisó que los descuentos por concepto de aportes a caja de
compensación, aportes a institutos técnicos, aportes a la ESAP, aportes del ICBF y
el SENA, y aquellos por riesgos profesionales, también tienen fundamento legal y
reglamentario, y que los mismos no generaron detrimento alguno a la demandante.
17. Hizo hincapié en que la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
realizó los pagos que le correspondían, dentro del marco del proceso de
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Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 03ContestaciónDemanda.
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Número Interno: 3064-2026
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Demandada: Departamento del Atlántico
homologación y nivelación salarial, y que la Administración Departamental no
reconoció el retroactivo salarial de los años 1997-2000, “toda vez que dicha obligación
se encontraba prescrita”, aserto que respaldó con la información consignada en la
Directiva Ministerial Nº. 10 del treinta (30) de junio de dos mil cinco (2005), en la que
se aclaró que, “solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos que
no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de
1969 y 151 del Código Procesal Laboral conforme a los cuales las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres (3) años (…)”, contados a partir de la exigibilidad del derecho.
18. Por último, propuso como excepciones las de: (i) pago; y (ii) la inexistencia de
obligaciones laborales a cargo del Departamento del Atlántico.
1.5. La sentencia de primera instancia6.
19. En la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), la Sala
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de
la demanda, sin condena en costas frente a la parte vencida. Al respecto, dispuso:
“Primero. Denegar las pretensiones de la demanda incoada por la señora Brígida del
Socorro Consuegra Molinares, en contra del Departamento del Atlántico, conforme a las
razones que anteceden.
Segundo. Sin costas en esta instancia.
Tercero. Notifíquese personalmente el presente fallo a las partes y al respectivo Procurador
Judicial (…)”.
20. El Tribunal identificó que, en el sub lite, se pretende la reliquidación del
retroactivo salarial (para el período 2002-2009), con base en la diferencia entre la
remuneración fijada en las ordenanzas departamentales y lo realmente recibido a
través de la Secretaría de Educación Departamental. Advirtió que, aunque con el
libelo inicial se anexó un cuadro contentivo del comparativo salarial, dicho insumo
no subsana la orfandad probatoria observada, con la cual no era posible determinar:
(i) el cargo que ocupaba la actora, ni las especificidades (grado y código) del empleo
objeto de homologación; (ii) tampoco se allegaron las ordenanzas departamentales
que develaran las escalas de remuneración para las anualidades reclamadas; y (iii)
no reposa en el plenario la certificación de salarios de la demandante.
21. En lo que toca a la solicitud de reconocimiento del retroactivo para los períodos
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Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 15.SentenciaPrimeraInstancia.
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Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandada: Departamento del Atlántico
no contemplados en el acto enjuiciado (período 1997-2001), explicó que, con arreglo
a la Directiva Ministerial Nº. 10, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
era procedente la aplicación del fenómeno prescriptivo. Descendiendo al caso
concreto, resaltó que la señora Consuegra Molinares ingresó a la planta de personal
del Departamento del Atlántico, en el cargo de auxiliar administrativo (sin precisar
código y grado), por lo que, como le fue reconocido el retroactivo del período 2002-
2009, “resultaba imperativo que acreditara haber peticionado el reconocimiento y pago de la
homologación y nivelación de los salarios de los años 1997-2001; sin embargo, en el expediente no
militan las anunciadas reclamaciones presentadas por el sindicato SINTRENAL”.
22. Adicionalmente, el A-quo desestimó el argumento según el cual la existencia de
un acuerdo entre el sindicato y el Ministerio de Educación, suscrito el tres (3) de
mayo de dos mil (2000), interrumpía el fenómeno prescriptivo. Lo anterior teniendo
en cuenta que, del contenido del aludido acuerdo, no era posible colegir que se
tratara de una reclamación, máxime si el tema de la prescripción no fue abordado
“ni siquiera tangencialmente”. Por el contrario, lo que se aprecia es la intención de
planificar conjuntamente el procedimiento de homologación de cargos.
23. En línea con lo expuesto, el Tribunal sostuvo que la parte actora omitió probar
que, al momento de materializarse el pago ordenado en la resolución demandada,
se efectuaron descuentos por las cargas tributarias objeto de reproche. En lo
atinente a los intereses moratorios, refirió que, dado su carácter sancionatorio, los
mismos debían estar consignados en una norma que los autorice o, en su defecto,
quedar contemplados en el “acto que se muestra de acuerdo con el derecho”. Así las cosas,
como la accionante no señaló disposición alguna que habilite el reconocimiento de
dicho concepto, no era dable acceder a la condena relativa a los intereses de mora.
1.6. El recurso de apelación7.
24. Mediante memorial del veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022),
solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
súplicas de la demanda. Reiteró que, en el caso de la señora Consuegra Molinares,
la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, mediante la Resolución
Nº. 1091 del tres (3) de marzo de dos mil once (2011), ordenó el reconocimiento y
pago de valores retroactivos por concepto de homologación de cargos y nivelación
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Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 17.1 RecursoApelación.
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Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandada: Departamento del Atlántico
salarial, por la suma de $30.465.768. No obstante, con ocasión de una liquidación
errónea en el procedimiento de liquidación, el ente departamental, por orden del
Ministerio de Educación, suspendió el proceso de pago. Con posterioridad a la
aprobación del nuevo estudio técnico por la citada cartera ministerial, la Secretaría
de Educación Departamental, mediante la Resolución Nº. 03396 de dos mil catorce
(2014), le reconoció a la parte actora un valor retroactivo de $33.963.743, suma de
la cual debía restarse el pago inicial, quedando así un saldo de $3.647.177.
25. A su vez, insistió en que, como al suscribirse el Acuerdo del tres (3) de mayo de
dos mil (2000) entre SINTRENAL y el Ministerio de Educación, no se estipuló el
tiempo en que debía efectuarse el proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial, la administración renunció tácitamente a la prescripción.
26. Cuestionó la falta de valoración probatoria en la que incurrió el Tribunal, en la
medida en que, a pesar de haber advertido que no se evidenciaba el cargo objeto
de homologación, en las consideraciones de la Resolución Nº. 00376 de 2012
reposa tal información, en la cual se indica que el cargo de auxiliar administrativo
que desempeñaba la actora, fue homologado al de “secretaria, código 440, grado 17”.
27. Llamó la atención en que, como no fueron allegadas las ordenanzas
departamentales que establecieron la escala de remuneración para los años
reclamados, dicha circunstancia “denota una falta de actividad judicial, puesto que el juez
debió hacer uso de sus facultades oficiosas para aclarar los puntos oscuros, emitiendo autos para
mejor proveer”. Por otro lado, reafirmó la solicitud de reconocimiento de los intereses
moratorios, frente a los cuales insistió en su procedencia durante todo el período.
28. Señaló que la decisión impugnada no se ajusta a los hechos que motivaron el
presente medio de control; se le negó a la parte agraviada el pleno goce de sus
derechos; la providencia se fundó en consideraciones inexactas, “totalmente erróneas”
y “alejadas de la realidad jurídica y procesal”; y el fallador incurrió en un error esencial de
derecho respecto a la interpretación de las normas constitucionales y legales.
Finalmente, alegó que la providencia censurada develaba un defecto fáctico y una
violación directa de la Constitución, comoquiera que no tuvo en cuenta -para efectos
de la reliquidación del retroactivo- la diferencia de horas extras laboradas (70 horas
adicionales), los recargos, descansos y compensatorios. En este punto, insistió en
que, con la sentencia recurrida, se materializaron “una serie de vías de hecho”, las
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Número Interno: 3064-2026
Demandante: Brígida del Socorro Consuegra Molinares
Demandada: Departamento del Atlántico
cuales advirtió también configuradas “en demandas de reliquidación iguales a la presente,
especialmente por el no envío de varias pruebas a los despachos de los magistrados ”.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia8.
29. Mediante el auto del veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024)9, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de los demás sujetos procesales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
30. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 10 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
31. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿La señora Brígida del Socorro Consuegra Molinares tiene derecho a la
reliquidación del valor retroactivo reconocido por la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial, así como al pago de
intereses moratorios, dados los yerros alegados por la actora en la
8
Índice 00005 del expediente que reposa en el Samai.
9
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
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“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Demandada: Departamento del Atlántico
liquidación contenida en la Resolución No. 03396 de 2014 que se acusa?
(ii) ¿Se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción
de la demandante por las alegadas omisiones probatorias y la indebida
valoración de los elementos de juicio incorporados al proceso?
(iii) ¿Debe reconocerse el pago del retroactivo para el período comprendido
entre 1997-2001, al haber operado la renuncia a la prescripción?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
32. A través de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 se surtió el proceso de
descentralización del sector educativo, el cual supuso que las entidades territoriales
-departamentos y municipios- asumieran el personal administrativo que hasta
entonces se encontraba vinculado a la Nación.11 En dicho escenario, fue necesario
adelantar un proceso de homologación de cargos y nivelación salarial, que se erigió
como el fundamento para la incorporación de dichos servidores a las plantas de
personal de las entidades del orden territorial.
33. En el concepto del nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004)12, la Sala de
Consulta y Servicio Civil explicó que, la Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación
primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías, proceso
que se llevó a cabo entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. De
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política de
1991, se expidió la Ley 60 de 1993, por la cual, se dictaron normas orgánicas sobre
la distribución de competencias y recursos, abriéndose así paso la descentralización
del servicio educativo y el desmonte de la nacionalización ordenada por la Ley 43
de 1975, mediante la entrega por parte de la Nación a los departamentos y distritos
de los bienes, el personal y los establecimientos educativos.
34. Con respecto a la entrega y administración del personal se estableció, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º y 6º de la citada Ley 60 de 1993,
que: (i) los departamentos, con cargo a los recursos del situado fiscal, prestarían
los servicios educativos estatales y asumirían las obligaciones correspondientes,
por lo que, los establecimientos educativos y la planta de personal tendrían carácter
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
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Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez
Arce, Radicación número: 1607.
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departamental; (ii) la ley y sus reglamentos deberían señalar los criterios, régimen
y reglas para la organización de plantas de personal administrativo de los servicios
educativos estatales; y (iii) ningún departamento, distrito o municipio podía vincular
empleados por fuera de las plantas de personal que cada entidad adoptara.13
35. En los términos del artículo 15 de la referida Ley 60 de 1993, los departamentos
y distritos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo
14 ibidem, en el transcurso de cuatro (4) años -los cuales debían ser certificados-,
contados a partir de la vigencia de la ley, recibirían mediante acta suscrita para el
efecto, los bienes, el personal, y los establecimientos que les permitirían cumplir con
las funciones y las obligaciones recibidas. De esta forma quedó establecido que, el
personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la
Nación, por mandato legal, debía entregarse al respectivo departamento o distrito,
cumplido lo cual, mediante incorporación, entraban a formar parte de las plantas de
personal de carácter departamental o distrital, según el caso.
36. El traspaso de los servidores, según la citada Sala de Consulta y Servicio Civil,
debía producirse mediante un proceso de incorporación, el cual requería, para su
perfeccionamiento, la homologación de cargos (entre los previstos en la planta de
la Nación, con los exigidos para la planta de personal de los departamentos). Este
proceso de homologación trajo consigo la nivelación salarial, especialmente en
aquellos eventos en los que no procediera la incorporación horizontal, siempre “bajo
el supuesto de la no desmejora, en modo alguno, de las condiciones laboral, salarial y prestacional. ”
Para dicho propósito, era preciso que la entidad considerara la clasificación de los
empleos, sus funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos exigidos para
su ejercicio, a fin de determinar la remuneración correspondiente.
37. En virtud de la Ley 715 de 2001, se adelantó un proceso de similares
características al de la Ley 60 de 1993, pero en el ámbito municipal. Con la
expedición de la Ley 715 en comento, se dictaron normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de
la Constitución Política, reformada por el Acto Legislativo Núm. 01 de 2001, que
creó el Sistema General de Participaciones – SGP.
13
Ibidem, reiterado igualmente en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“B”, sentencia del 27 de marzo de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
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38. La Ley 715 de 2001 dispuso que los departamentos certificarían a los municipios
para que, una vez cumplidos determinados requisitos, administraran recursos del
Sistema General de Participaciones y asumieran el personal proveniente de
aquellos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.
La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General
de Participaciones, se realizaría por parte de la respectiva entidad territorial, dando
prioridad al personal vinculado que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
39. La Ley 715, a diferencia de la Ley 60 de 1993, se refirió expresamente a la
incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Al respecto, el
artículo 34 previó que, durante el último año del período de transición, se
establecerían las plantas de cargos docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos de departamentos, distritos y municipios, y que, una vez
fueran definidas dichas plantas, los servidores nombrados con el lleno de los
requisitos conservarían su vinculación sin solución de continuidad.
40. Por su parte, el artículo 38 ibidem estableció que, la provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizaría por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal
vinculado para ese momento y que cumpliera los requisitos para el ejercicio del
cargo. A su turno, precisó que, a los docentes, directivos docentes y administrativos
financiados con recursos de la fuente en comento (SGP), sólo podía reconocérseles
el régimen salarial y prestacional establecido en la ley.
41. Así las cosas, la municipalización de la educación se cumplió -en similar sentido
a la Ley 60 de 1993-, mediante el proceso de incorporación y homologación.
2.4. Hechos probados.
42. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) Con la hoja de vida14 aportada por la entidad demandada se hizo constar que la
señora Brígida del Socorro Consuegra Molinares se vinculó a la Secretaría de
Educación Departamental el cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y siete
14
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 03.1 HojaVidaBrigidaConsuegra, págs. 1-65.
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(1997). En el mismo expediente reposan los certificados de tiempo de servicios,
actos que ordenan un traslado, actas de posesión, evaluaciones de desempeño,
solicitud de retiro de cesantías y certificado de afiliación al fondo de pensiones.
b) A través del acta de acuerdo suscrita entre el Gobierno Nacional y SINTRENAL,
de fecha tres (3) de mayo de dos mil (2000) 15, se dejó consignado las distintas
iniciativas y compromisos para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la
educación, así como de las condiciones de los funcionarios administrativos.
c) Mediante el oficio del ocho (8) de abril de dos mil diez (2010) 16, el Ministerio de
Educación dio respuesta a la petición tramitada por el Sindicato de Empleados y
Trabajadores del Departamento del Atlántico – SINDEATLÁNTICO, con el Rad. Nº
2010ER28920, en la que indicó que, la competencia para elaborar, presentar y dar
ejecución al estudio técnico de homologación y nivelación de los cargos
administrativos y su correspondiente liquidación por costo retroactivo, es exclusiva
de los entes territoriales. A su turno, dejó plasmadas las observaciones que fueron
efectuadas frente a algunas liquidaciones, entre ellas, atinentes a la prescripción.
d) Con la Resolución Nº. 01091 del tres (3) de marzo de dos mil once (2011) 17, la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico reconoció a favor de la señora
Consuegra Molinares la suma de $30.465.778, como valor retroactivo derivado del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial que se adelantó.
e) En virtud de la Resolución Nº. 00376 del quince (15) de marzo de dos mil doce
(2012)18, la Secretaría de Educación Departamental ordenó el traslado de la señora
Consuegra Molinares, en su calidad de “secretaria, código 440, grado 17”, de la
Institución Educativa Juan V Padilla a la Institución Educativa Fermín Tilano, en el
Municipio de Juan de Acosta. En las consideraciones del acto en cita, se mencionó
que la actora fue nombrada provisionalmente, mediante Decreto Nº. 000809 del
veintiuno (21) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997) en el cargo de
“auxiliar administrativo, código 620”, en el Colegio Regional de Bachillerato Juan V
Padilla, cargo que fue homologado al de “secretaria, código 440, grado 17”.
15
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 02.SubsanaciónDemanda, págs. 37-42.
16
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 02.SubsanaciónDemanda, págs. 44-46.
17
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 03.1 HojaVidaBrigidaConsuegra, págs. 10-15.
18
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 03.1 HojaVidaBrigidaConsuegra, págs. 7-8.
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f) Certificados de pago mensuales, para la vigencia dos mil trece (2013) 19 ,
expedidos por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, en los cuales
se relaciona la institución, los conceptos de pago, ingresos y egresos.
g) Por medio de la Resolución Nº. 03396 del diecinueve (19) de diciembre de dos
mil catorce (2014)20, la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico ordenó
el reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal administrativo,
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad
con la aprobación del estudio técnico y la certificación de la deuda por el Ministerio
de Educación, dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial.
h) Ordenanza Nº. 000253 del veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015)21,
por medio de la cual se expide el Estatuto Tributario del Departamento del Atlántico.
Asimismo, se aportaron las Ordenanzas, para las vigencias 1999-2009, a través de
las cuales se fijan las escalas de remuneración del personal de planta22.
2.5. Análisis del caso concreto.
43. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad de la Resolución
Nº. 03396 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), por medio de
la cual, la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico ordenó el
reconocimiento y pago de valores retroactivos, a favor del personal administrativo,
dentro del proceso de homologación y nivelación de cargos, al considerar que, en
dicho acto administrativo, la entidad demandada no tuvo en cuenta el período frente
al cual la administración renunció a la prescripción (1997-2001), y, en adición,
porque para el período efectivamente liquidado (2002-2009), se omitieron distintos
conceptos y no se reconoció el pago de los intereses moratorios deprecados.
44. En la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), la Sala
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de
la demanda, decisión que fundamentó en las siguientes consideraciones: (i) para la
pretendida reliquidación del retroactivo, no se aportaron suficientes elementos de
juicio (v.gr. ordenanzas departamentales que fijaron la escala de remuneración para
las anualidades reclamadas, certificado de salarios, entre otros) que permitieran
19
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 07. RespuestaOficio, págs. 2-17.
20
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 01Demanda, págs. 15-22.
21
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 08RespuestaOficio6029
22
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. Carpeta 07.
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acreditar la existencia de errores o inexactitudes en el pago reconocido; (ii) frente a
los períodos presuntamente omitidos (1997-2001), era procedente la aplicación del
fenómeno prescriptivo, sin que el acuerdo de voluntades al que se aludió tuviera la
aptitud de interrumpirlo; y (iii) los intereses moratorios solicitados no gozaban de
sustento normativo (es decir, ley o acto) que habilitara su reconocimiento.
45. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, en virtud del cual insistió en que existieron errores en la
liquidación del retroactivo derivado del proceso de homologación de cargos, así
como períodos omitidos. Reiteró que, a su juicio, no operó la prescripción.
Asimismo, hizo énfasis en que el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria y que prescindió del decretó oficioso de las pruebas que adujo faltantes.
46. Planteado el alcance de la controversia, la Sala encuentra acreditado, con base
en las piezas que conforman el acervo probatorio, que, dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial de los cargos administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, a la señora Brígida del
Socorro Consuegra Molinares, quien se desempeñó inicialmente como “auxiliar
administrativo, código 620”, y cuyo cargo fue homologado al de “secretaria, código 440, grado
17”, le fue reconocido, mediante la Resolución Nº. 01091 del tres (3) de marzo de
dos mil once (2011)23, el pago por la suma de $30.465.778, como valor retroactivo.
47. Después de reanudado el proceso de homologación de cargos y nivelación que
fue objeto de suspensión por parte del Ministerio de Educación Nacional, la entidad
demandada, a través de la Resolución Nº. 03396 del diecinueve (19) de diciembre
de dos mil catorce (2014), reconoció la suma de $3.647.177 “por concepto de valores
retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y salarios, sin perjuicio de los descuentos
a realizar por concepto de aportes del empleado a salud, pensión, fondo de solidaridad, sindicatos
(…) y demás descuentos de ley.” Al respecto, en la parte motiva del acto acusado, se lee:
“Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la deuda total por concepto de homologación y
nivelación salarial de funcionario (sic) CONSUEGRA MOLINARES BRÍGIDA DEL
SOCORRO, es de $43.591.687, cifra en la que se encuentran incluidos $33.963.743 a favor
del funcionario, por concepto de los valores retroactivos de diferencias salariales, y los
correspondientes pagos a terceros inherentes a la nómina a cargo del Estado así:
$2.182.740 por aportes parafiscales y $7.445.204 por aportes patronales.
Que teniendo en cuenta que deben ser descontados de la nueva liquidación los $30.316.566
que fueron pagados al funcionario (sic) CONSUEGRA MOLINARES BRÍGIDA DEL
23
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. 03.1 HojaVidaBrigidaConsuegra, págs. 10-15.
16
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SOCORRO en el período comprendido entre el 19 de abril y 02 de diciembre de 2011, queda
a su favor un saldo de $3.647.177, de los cuales deben realizarse los descuentos (…)”
48. En la Resolución Nº. 03396 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce
(2014), la entidad demandada acudió a la relación de las diferencias salariales
derivadas del proceso de homologación de cargos, como se pasa a observar:
49. En la misma oportunidad, se explicó que las cifras señaladas resultan de la
aplicación aritmética realizada en punto a la sumatoria de las diferencias salariales
que arroja el comparativo de salarios recibidos por la beneficiaria del proceso de
homologación, “durante el período fiscal que viene señalado y los salarios vigentes para la misma
época que devengaban en la Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados con
recursos propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la
sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no salariales aplicables a
cada caso, como por ejemplo, horas extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones, prima
técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de los cuales se
calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente establecidos”.
17
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49.1. En el parágrafo primero del artículo primero de la resolución en comento, se
dejó constancia que, para todos los efectos, los aportes parafiscales, patronales y
las deducciones por concepto de retenciones tributarias, son los desarrollados en la
siguiente tabla, los cuales ascendían a la suma de $2.882.956, como se observa:
Aportes parafiscales
CAJACOPI $970.107
ICBF $727.580
SENA $121.263
ESAP $121.263
ESCUELA E INST. INDUST. Y TÉC. $242.527
SUBTOTAL $2.182.740
Aportes patronales
CESANTÍAS $2.188.602
SALUD $2.145.568
PENSIÓN $2.974.730
ARP $136.304
SUBTOTAL $9.627.944
50. Aunque la recurrente alega que existieron yerros en la liquidación del retroactivo
y, como lo sostuvo en el recurso, que no se le tuvieron en cuenta factores salariales,
así como el total de horas extras laboradas, y los intereses a las cesantías, lo cierto
es que, la Sala no cuenta con elementos de juicio que permitan concluir que se
omitieron valores o, en su defecto, que, habiendo sido incluidos, se liquidaron de
forma incorrecta. Nótese que, en el dosier procesal, no constan los certificados de
pagos de los períodos laborados (salvo los del 2013, que exceden el interregno que
se reclama), planillas, desprendibles de nómina o algún otro documento o medio de
convicción que conduzca a la conclusión que pretende la parte demandante.
51. Aunado a ello, no se demostró la alegada inexactitud en la diferencia calculada
entre el salario recibido por la señora Consuegra Molinares, antes de la
homologación del cargo que ostentaba, y con posterioridad a dicho proceso, en
18
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virtud de las ordenanzas departamentales expedidas para fijar las escalas de
remuneración y asignaciones civiles de las distintas categorías de empleos del ente.
52. No pasa inadvertido para esta Sala de Decisión que, con el escrito de demanda,
y su subsanación24, la parte actora aseguró que aportaba un “peritazgo” elaborado
por los señores Jorge Eliécer Corredor Sara y Lourdes Olivares Amaris, con el fin
“de demostrar la veracidad de la reliquidación solicitada ”. En la liquidación aportada, se
observan los valores por concepto de diferencias salariales, la suma de los factores
adeudados, la deuda indexada y el cálculo de los respectivos intereses de mora.
53. Frente a la “hoja de liquidación” a la que la demandante le dio el carácter de
“peritazgo”, la Sala debe advertir que, la misma no reúne los elementos intrínsecos
de la prueba pericial, teniendo en cuenta que, (i) de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 226 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión del
artículo 212 del CPACA, todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y
detallado, debiéndose explicar en él los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o
artísticos de las conclusiones, aspectos todos de los que adolece la prueba en cita.
53.1. En adición, (ii) tales liquidaciones carecen de la información mínima que debe
contener todo dictamen, a saber, los datos personales y profesionales de quien
rinde el dictamen (con inclusión de los documentos idóneos que habiliten su
ejercicio, títulos, certificados de experiencia, lista de publicaciones relacionados con
24
Índice 00002 del Samai, ED_ONEDRIVE_1_2042023(.zip) NroActua 2. Archivos 01 y 02.
19
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la materia del peritaje, etc.); las declaraciones sobre procesos anteriores en los que
ha participado y sobe la existencia -o no- de causales de exclusión de la lista de
auxiliares de justicia; las declaraciones asociadas a los exámenes, métodos,
experimentes e investigaciones efectuadas en el caso de autos; y la relación de los
documentos e información utilizada para la elaboración del dictamen.
54. Aunque sobre el dictamen no se hizo referencia en el recurso de alzada, lo cierto
es que, si en gracia de discusión la liquidación se valorara como prueba documental,
en conjunto con los demás elementos de juicio que reposan en el plenario, salta a
la vista que, de su examen, no es posible extraer que, con la expedición del acto
acusado, la entidad demandada haya incurrido en alguna inexactitud o error al
efectuar la liquidación del retroactivo dentro del proceso homologación de cargos.
55. En esa línea, al margen de la relación de valores por año y la expresión del valor
total (de la deuda indexada y los intereses moratorios), la liquidación realizada no
contiene ningún desarrollo analítico de los criterios acogidos o las operaciones
realizadas, ni discrimina los soportes documentales que le sirvieron de fundamento,
razón por la cual, no es dable evidenciar las diferencias reclamadas por la apelante.
56. Conviene precisar que, de las pruebas documentales obrantes en el proceso,
no se encuentra acreditado que la entidad, con la expedición del acto administrativo
demandado, hubiese infringido la normativa superior, o que incurriera en alguna
irregularidad sustancial. No puede olvidarse que, atendiendo a lo preceptuado por
el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” y, en ese sentido,
como la demandante considera que el acto administrativo está viciado de nulidad,
le correspondía desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al acto acusado.
Valga recordar que, la carga procesal prevista en el artículo 167 ejusdem no sólo
incorpora un mandato concebido por el legislador, estrechamente relacionado con
lo establecido en el artículo 95.7 de la Carta Política, sino que, además, representa
un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva.
57. Nótese que, en el sub lite, no se puso en evidencia que la parte actora haya
desplegado una actividad probatoria orientada a obtener las pruebas que,
directamente o por vía de derecho de petición, hubiera podido recaudar -previo al
ejercicio del presente medio de control-, en los términos del artículo 173 del CGP.
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Así pues, la simple referencia a la existencia de diferencias salariales, a la ausencia
de factores en la liquidación del retroactivo subyacente a la homologación o, como
se lee en el recurso, a la falta de inclusión de horas extras y recargos, no permiten
determinar, con certeza, los yerros que se le atribuyen a la operación contenida en
el acto demandado y, en ese sentido, no enervan la legalidad del mismo.
58. En casos de similares contornos fácticos y jurídicos, esta Sala de Subsección,
mediante las sentencias del veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)25,
y del treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026) 26 , en los que también se
pretendía la reliquidación del retroactivo reconocido en el proceso de homologación
de cargo y nivelación salarial en el Departamento del Atlántico, sostuvo que:
“En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación sobre la carga de la prueba que
asiste a la parte actora en los procesos donde ha pedido la reliquidación del retroactivo
pagado por la Secretaría de Educación del Atlántico 27. Se ha establecido entonces que la
resolución demandada es insuficiente para probar los presuntos errores en la liquidación 28.
En lo atinente al reconocimiento de horas extras, tampoco obran en el expediente elementos
probatorios que permitan establecer la jornada laboral efectivamente cumplida por la actora
como auxiliar administrativa, ni que el trabajo en horas extras haya sido autorizado por el
empleador. (…) Así pues, en el marco de las cargas procesales corresponde a la parte actora
indicar las disposiciones que estima vulneradas, precisar los vicios que atribuye al acto
administrativo y allegar los elementos de convicción dirigidos a respaldar sus afirmaciones.
En consecuencia, no le compete al juez asumir las cargas procesales que el ordenamiento
jurídico impone a las partes.”
59. De igual manera, en pronunciamientos del diecisiete (17) de febrero de dos mil
veintidós (2022)29, y del diez (10) de julio de dos mil veinte (2020)30, en casos de
supuestos coincidentes, esta Sala de Subsección advirtió lo siguiente:
“La Sala advierte que los comprobantes de pago de las anualidades 2003 a 2014 aportados
por la entidad accionada, no logran acreditar que los factores salariales reclamados por el
actor, entre ellos, la prima técnica, prima de navidad, prima de antigüedad e indemnización
por vacaciones, no hayan sido liquidados correctamente en el acto acusado, a través del
cual se reconoció a su favor el retroactivo con ocasión a la homologación y nivelación salarial
en calidad de empleada administrativa de la Secretaría de Educación del Departamento del
Atlántico. Lo anterior, toda vez que dicho acto administrativo no precisa los valores que se
tuvieron en cuenta por concepto de factores salariales para liquidar las sumas a pagar.
Igualmente, tampoco se demostró que la accionante hubiese laborado 120 horas extras.
Sobre este punto, se aclara que como la resolución acusada reviste las características de
acto administrativo, goza de la presunción de legalidad, la cual debió ser desvirtuada por el
interesado, a través de medios probatorios idóneos. Así las cosas, se concluye que las
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de abril de
2026, Rad. 08001-23-33-000-2014-00949-01(4384-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 08001-
23-31-000-2014-01021 01 (2621-2019), M.P. César Palomino Cortés.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 08001-
23-33-000-2014-00926 02 (0638-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de febrero
de 2022, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, Rad. 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de julio de 2020, exp. 08001-
23-33-000-2014-01014-01(2460-19), M. P. César Palomino Cortés.
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pruebas que obran en el expediente no son suficientes para acreditar que el actor laboró 120
horas extras ni que los factores salariales que alega fueron liquidados erróneamente dentro
del retroactivo reconocido, como consecuencia de la homologación y nivelación salarial de
la que fue objeto. Por consiguiente, al no poder determinarse que la liquidación reconocida
en el acto demandado es incorrecta, resulta improcedente ordenar la reliquidación al
reajuste, solicitada por la demandante”.
60. Sobre la base de las consideraciones expuestas, y de los antecedentes en cita,
la Sala estima que la reliquidación del retroactivo, para el período 2002-2009, no
tiene vocación de prosperidad, tal y como lo concluyó el A-quo.
61. En lo que toca a los períodos presuntamente omitidos, correspondientes a los
años comprendidos entre 1997-2001, y a la inoperancia del fenómeno prescriptivo,
dada la renuncia que, a juicio de la demandante, se desprendió de la voluntad de la
administración, se tiene que, no le asiste razón a la accionante al sostener que dicha
conclusión se deriva de la Directiva Ministerial Nº. 10 del dos mil cinco (2005), y del
acuerdo de voluntades suscrito el tres (3) de mayo de dos mil (2000), entre
delegados del Ministerio de Educación Nacional y SINTRENAL.
62. Para soportarlo, debe decirse que la referida Directiva Ministerial estableció que,
para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y
nivelación salarial, “es preciso que la entidad territorial elabore un listado de las reclamaciones
recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de la misma ” y, con base en ese
listado, “debe proceder a determinar el monto de las deudas respectivas ”. Adicionalmente, se
dejó constancia expresa que, “solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de
aquellos derechos que no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y
103 del Decreto 1848 de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a los cuales las acciones
que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo escrito del titular de un derecho, o
prestación debidamente determinado, recibido por el empleador, interrumpe la prescripción por un
lapso igual”. Por otro lado, del contenido del Acuerdo no es posible colegir que la
entidad haya renunciado a la prescripción, como equivocadamente se sostiene.
63. Esta Sala31 ya había tenido la oportunidad de explicar que, el procedimiento
administrativo de homologación y nivelación salarial se desarrolló en el marco de la
descentralización de la prestación del servicio educativo, y comprendió varios
compromisos por parte del Gobierno Nacional, en cuyo mérito pactó con la
organización SINTRENAL que “(…) orientar[ía] y coadyuvar[ía] para que se surta un proceso
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de febrero
de 2022, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, Rad. 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019).
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de homologación salarial para todos los funcionarios administrativos de la educación pagos con
recursos del situado fiscal”. Sin embargo, ese acuerdo no previó beneficios o derechos
puntuales a favor del personal beneficiado. A su vez, condujo a la expedición de la
Directiva Ministerial Nº. 10 del dos mil cinco (2005) y de la Resolución Nº. 2171 del
diecisiete (17) de mayo de dos mil seis (2006), instrumentos que previeron la
liquidación de las deudas por concepto de homologación, los interregnos que
deberían ser reconocidos y la prescriptibilidad de aquellos derechos.
64. En la precitada sentencia del diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós
(2022) 32 , la Sala aclaró que, no era de recibo la tesis de la renuncia de la
prescripción, “comoquiera que el acuerdo de marras no puede considerarse como renuncia alguna
de derechos por parte de la Administración, sino únicamente de la voluntad de adelantar un
procedimiento complejo con el concurso de los entes territoriales receptores, luego del cual pudiera
ser determinada la deuda de la Nación por cuenta de las acreencias no prescritas y sufragados los
respectivos valores a cada servidor”. En tal virtud, no es cierto, como lo adujo la apelante
única, que la administración renunció a la prescripción y que, por tal motivo, era
procedente la inclusión del período 1997-2001 en la liquidación del retroactivo.
65. A ello se suma que: (i) no existe certeza del momento a partir del cual, el cargo
de la señora Consuegra Molinares, fue objeto de homologación en la planta de
personal de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico; y (ii) no se
acreditó que, a nombre propio, o a través de apoderado, haya efectuado
requerimiento alguno ante la administración tendiente al reconocimiento de las
sumas pretendidas, con el cual se hubiese interrumpido la prescripción. Por las
razones anotadas, la inconformidad relacionada con la supuesta omisión de
períodos, y la alegada renuncia a la prescripción, no está llamada a prosperar.
66. Con respecto a los intereses moratorios solicitados por la actora, los mismos
también devienen improcedentes, habida cuenta que: (i) por un lado, no se invocó
un retardo entre la expedición del acto enjuiciado y el pago efectivo de lo allí
reconocido; y (ii) no existe una norma que contemple el pago en tal sentido, ni fueron
ordenados en la resolución que reconoció el retroactivo salarial a favor de la señora
Consuegra Molinares. Con respecto a este último punto, la jurisprudencia reiterada
de esta Sección ha precisado que, no hay lugar al pago de intereses moratorios
cuando en el contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de febrero
de 2022, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, Rad. 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019).
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no se incluyó nada sobre el particular y no existe una norma que así lo autorice33.
67. Finalmente, no le asiste razón al apelante al argüir que, con la providencia
recurrida, se materializaron “una serie de vías de hecho” o que, en el trámite de instancia,
se le hayan vulnerado las garantías del debido proceso, máxime, si al revisar las
actuaciones que constan en el plenario se constata que, la actora, a través de su
apoderado, tuvo la oportunidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas en
su contra, participar activamente en el proceso, concurrir a la audiencia inicial sin
manifestar reparo alguno frente al decreto de pruebas, alegar de conclusión,
interponer recursos y notificarse en debida forma de las providencias.
68. Siendo así las cosas, la Sala advierte que ninguno de los reparos esgrimidos en
el recurso de apelación logra enervar la presunción de legalidad del acto censurado
y, de suyo, modificar el sentido de la decisión apelada, la cual se confirmará.
2.5.1. Conclusiones.
69. La Sala concluye que no existen suficientes elementos de juicio que permitan
evidenciar los yerros en los que, a juicio de la apelante, incurrió la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico al expedir la Resolución Nº. 03396 del
diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual se le
reconoció y ordenó el pago de un valor retroactivo dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial. Tampoco se observa que se le haya
vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción a la
demandante, cuyos reparos no logran desvirtuar la legalidad del acto acusado.
70. Como corolario de lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones.
2.6. Condena en costas.
71. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15); sentencia del 23 de agosto de 2018,
M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15); sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
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1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia del veintinueve (29) de
julio de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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