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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-01021-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-01021-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 8 de noviembrel de 2018, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-2014-01021-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., 31 de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 08001-23-31-000-2014-01021-01
N° Interno : 2621– 2019
Demandante : Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado : Departamento del Atlántico, Secretaría de
Educación Departamental
Medio de Control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Tema : Retroactivo por homologación del cargo e
intereses moratorios sobre el pago de la
nivelación salarial

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Atlántico, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor Carlos César Gutiérrez Pacheco, por intermedio de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad de la Resolución No. 00589 del 28 de enero de 2014 proferida por la
Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, que “(…) ordena el
reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal administrativo que
se financia con recursos del Sistema General de Participaciones de conformidad con
la aprobación del estudio técnico y certificación de la deuda por el Ministerio de
Educación Nacional, dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial”.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) reliquidar las sumas que por
concepto de retroactivo de la homologación salarial se reconocieron en la
anterior resolución, es decir, la diferencia que resulte “entre el salario fijado en

2

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

las Ordenanzas de la Asamblea del Atlántico para esas anualidades, y el salario
recibido por intermedio de la Secretaría de Educación Departamental - FERD”, por
los años 2003 a 20091. ii) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios,
no sólo a partir del 29 de diciembre de 2011 hasta enero de 2014, sino también
desde el momento en que se hizo efectivo el derecho desde el año 2003; y, iii)
la devolución de los descuentos efectuados por aportes parafiscales
(CAJACOPI, ICBF, SENA, ESAP, Escuelas e Instituciones Industriales y
Técnicas) y patronales- ARP2; iv) se condene al Departamento del Atlántico –
Secretario de Educación, a pagar al actor la suma total que corresponda o
resulte del dictamen pericial que solicitó en el acápite de prueba.

Adicionalmente, peticionó que actualice la condena de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 literal 4 de CPACA, desde la fecha en que se hizo
exigible hasta la ejecutoria de la sentencia que le dio término definitivo; se dé
cumplimiento el fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA, y
se condene al pago de costas conforme al artículo 188 ibidem.

1.1. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes3:

El señor Carlos César Gutiérrez Pacheco laboró al servicio de la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, como personal administrativo
desde el año 2003.

En cumplimiento de la Ley 60 de 1993 en concordancia con la Directiva
Ministerial 10 de 2005 del Ministerio de Educación, dio inicio al proceso
administrativo de homologación de cargos y nivelación salarial indexado, a sus
empleaos administrativos. A través del Oficio 2009EE30647 del 3 de junio de

1
Con base en tal diferencia se calculan los factores salariales tales como: bonificación por servicios prestados, bonificación
por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, 120 horas extras, prima técnica, prima de navidad, cesantías e
intereses sobre cesantías e indemnización por vacaciones (que no fueron canceladas), y los días de descanso
compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar.
2
En la subsanación de la demanda la demandante desistió de esta pretensión, visible a folios 47-50.
3
Folios 1-14.

3

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

2009, se aprobó el proceso de homologación por parte del Ministerio de
Educación Nacional

Por medio de la Resolución 208 del 24 de junio de 2009, la Gobernación del
Atlántico ordenó nivelar salarialmente al personal administrativo perteneciente
al nivel educación a la planta de personal del ente departamental. Mediante la
Resolución 03853 del 26 de junio de 2009, la Secretaría de Educación del
Departamento del Atlántico, asignó la correspondiente denominación, código,
grado y salario mensual al demandante.

Por medio del Oficio 2013EE34201 de 11 de junio de 2013, el Ministerio de
Educación Nacional, aprobó el nuevo estudio técnico de homologación y
nivelación de cargos.

Posteriormente, la Secretaría de Educación Departamental por la Resolución
02318 del 8 de octubre de 2013, revocó los actos administrativos relativos al
reconocimiento y pago de la homologación que habían sido expedidos n el año
2011.

Afirmó que mediante la Resolución 00589 del 28 de enero de 2014, la
Secretaría de Educación Departamental, le reconoció el retroactivo salarial por
homologación, en forma incompleta, sin tener en cuenta en los años liquidados
los siguientes emolumentos: bonificación por servicios prestados, bonificación
por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, horas extras, prima
técnica, prima de navidad, cesantías e intereses sobre cesantías e
indemnización por vacaciones (no fueron canceladas), lo mismo que los días
de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar.

Sostuvo que, tiene derecho al pago de los intereses moratorios del valor
recibido por retroactivo salarial; no solo a partir del 29 de diciembre de 2011;
sino desde que se hizo efectivo el derecho al pago del presente reajuste
salarial.

1.3. Normas violadas

4

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Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978; el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo; 102 y
103 del Decreto 1848 de 1969; los artículos 1551, 1553 y 2514 del Código
Civil.

Al explicar el concepto de violación señaló que tiene derecho al pago de los
intereses moratorios, desde el momento en que adquirió el derecho y la
entidad incurrió en mora; esto es, desde el año 2003.

2. Contestación de la demanda

El Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación Departamental,
mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, así4.

Resaltó que el reconocimiento de los intereses moratorios reclamados es
improcedente, como quiera que los valores pagados por concepto de
retroactivo salarial en el acto acusado, fueron debidamente indexados.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de integración
del contradictorio.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico a través de la sentencia del 8 de
noviembre de 20185, negó las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que, no encuentra fundamento jurídico o probatorio para acceder a
las súplicas de la demanda, pues está probado que en el acto administrativo
acusado la Secretaría de Educación Departamental le reconoció al
demandante la suma de $30.866.383 por concepto de valores retroactivos

4
Folios 81-90.
5
Folios 151-173.

5

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Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

dentro del proceso de homologación de cargos y salarios hasta junio del año
2009 debidamente indexados.

Así también, que dicho valor fue el resultado de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales recibidas por el
beneficiario por el periodo 2003 a 2009; teniendo en cuenta los factores
salariales vigentes para la misma época que devengaban en la gobernación
del Atlántico los cargos de nivel central financiados con recursos propios.

Refirió que, no reposa prueba en el expediente sobre el pago al demandante
de los factores salariales de prima de antigüedad, prima técnica e
indemnización por vacaciones para los años 2003 a 2009. Ello por cuanto, en
el acto demandado los emolumentos que afectarían la homologación son solo
aquellos devengados al momento de su reconocimiento.

Precisó que no se observan elementos de juicio que permitan concluir que los
dineros reconocidos en el acto administrativo acusado por concepto de
homologación y nivelación salarial no corresponden a los que el demandante
devengó en los años solicitados; es decir, el actor se limitó a informar sobre
una presunta mala reliquidación; pero no, allegó pruebas idóneas que
permitieran comprobar esta afirmación.

4. Recurso de apelación

La parte actora, a través de apoderado judicial formuló recurso de apelación
en contra de la sentencia con fundamento en lo siguiente6.

Alegó que el a quo erró al considerar que no cumplió con la carga procesal
que le asistía, puesto que en el acto demandado es claro que la liquidación del
retroactivo se realizó de manera errónea, al no haberse liquidado
correctamente.

6
Folios 179-226.

6

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Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

Precisó que, en el trámite del proceso, solicitó la práctica de una inspección
judicial con el fin de demostrar los factores salariales no tenidos en cuenta en
su liquidación.

Sostuvo que en el momento de realizarse la homologación tenían que
nivelarse no sólo la remuneración ordinaria fija o variable que devengaba, sino
también el valor del trabajo suplementario o de las horas extras y el valor del
trabajo en días de descanso obligatorio.

Argumentó que no ha operado el fenómeno de la prescripción del derecho,
teniendo en cuenta que, de conformidad con el Acuerdo de 3 de mayo de 20007
celebrado entre el sindicato nacional SINTRENAL y el Ministerio de Educación
Nacional, con ocasión del cual se causó el retroactivo por la equiparación de
cargos desde el año 2003, no se estableció el límite temporal en el que debía
ejecutarse el proceso de homologación y nivelación salarial.

Añadió que tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios, toda vez que el retraso en el pago del retroactivo por la
homologación salarial se debió: i) a la suspensión del proceso en el año 2011,
dados los actos ilícitos cometidos por las autoridades gubernamentales del
departamento; y ii) a que la administración debió efectuar la respectiva
homologación de cargos y nivelación salarial, para el caso del accionante,
desde el 1997 cuando adquirió el derecho.

Señaló que la figura de la indexación es diferente a los intereses moratorios,
en tanto, la primera, obedece a la devaluación de la moneda y, la segunda, a
la mora del deudor en el pago de una obligación.

Reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad interpuesta contra
la sentencia de primera instancia, en la cual pidió la práctica de pruebas que,

7
“El Ministerio de Educación Nacional y SINTRENAL se comprometen (...) a elaborar una propuesta para homologación
salarial en los entes territoriales, de los funcionarios administrativos pagos con recursos del situado fiscal respecto de los
funcionarios del orden territorial que desempeñen iguales o similares funciones”.

7

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Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

en su sentir, no fueron decretadas por el a quo y que considera neCésarias
para resolver el asunto.

6. Alegatos de conclusión

La parte demandante y demandada guardaron silencio.

7. El Ministerio Público no presentó concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto se analizará:

i) Si el señor Carlos César Gutiérrez Pacheco tiene derecho a la reliquidación
de la suma reconocida en la Resolución 00589 del 28 de enero de 2014, por
concepto del retroactivo pagado con ocasión de la nivelación y homologación
salarial de su cargo.

ii) Si el actor tiene derecho al pago de intereses moratorios sobre el valor que
le canceló la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico por la

8
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.

8

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Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

homologación y nivelación salarial, en calidad de personal administrativo,
realizado en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del sector educativo; 2.2 Pruebas relevantes aportadas al
proceso; y 2.3 Solución del caso concreto.

2.2.1. Homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del sector educativo

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 7
de diciembre de 20049 expuso el proceso de descentralización del sector
educativo, dispuesto en las Leyes 60 de 199310 y 715 de 200111, en virtud del
cual las entidades territoriales (departamentos y municipios) debieron recibir
el personal administrativo vinculado previamente con la Nación, mediante un
proceso de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de
base para su incorporación a las plantas territoriales de personal.

En el marco de dicha explicación, la Sala de Consulta expuso que la Ley 43
de 197512 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias
y comisarias, resaltando que en consecuencia los gastos de la prestación
servicio educativo serían a cargo de la Nación.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993, con fundamento en los artículos
151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política que implementó la
descentralización del servicio educativo y, por ende, se desmontó la
nacionalización prevista en la Ley 43 de 1975, ordenándose que la Nación

9
Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional,
referencia: Costos de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos. Entrega del
mismo a las entidades territoriales.
10
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y
288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones".
11
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
12
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan
obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.”

9

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Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
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entregara a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los
establecimientos educativos.

En el numeral 5 del artículo 3º ídem se dispuso que correspondería a los
departamentos administrar los recursos cedidos por la Nación para la
prestación del servicio de educación, y en su inciso 5º que, en virtud de la
incorporación, las plantas de personal serían departamentales, administradas
en los términos del artículo 6º, según el cual sus escalas salariales serían las
de orden departamental, distrital o municipal:

“(…) ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus
reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas
de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales. Ningún
departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el
lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial
adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere
este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de
la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y
municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se
les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las
sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor
actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos
efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será
financiado con sus propios recursos. El régimen de remuneración y las escalas
salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en
adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los
órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277
de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus
reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.
Las funciones de dirección del sistema de salud, se realizará a través de las
direcciones locales, distritales y seccionales según las competencias definidas en
la presente ley. Las entidades prestadoras de servicios de salud, estarán dotadas
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, en
concordancia con el parágrafo 1o del artículo 19 de la ley 10 de 1990, y se les
aplicará el régimen de personal previsto en el artículo 26 de dicha ley.

(…)”.

El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la Nación
también debió entregarse a los entes territoriales, mediante un proceso de
incorporación que para materializarse exigía “de la homologación de cargos

10

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

(comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de
la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los
departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía
características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio
educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que según el decreto 2400 de 1968
• art. 48 - 13, la incorporación operaba por reorganización de dependencias o el
traslado de funciones de una entidad a otra o por la supresión de cargos de carrera
y, conforme a la ley 443 de 199814, también por la supresión del empleo de carrera o
por fusión o supresión de entidades o traslado de una entidad a otra o modificación
de planta” 15.

Cabe destacar que la homologación e incorporación de los cargos de quienes
venían del nivel nacional requirió de la nivelación de salarios cuando no
existían cargos iguales, y el reajuste de la estructura de las entidades
territoriales para prestar el servicio educativo, para lo cual tuvieron que tener
en cuenta la clasificación, funciones, grado de responsabilidad y requisitos
para el ejercicio de los empleos, para así fijar la remuneración.

La Ley 715 de 2001 estableció que los departamentos certificarían a los
municipios para que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos también
administraran recursos del Sistema General de Participaciones, con la
obligación de recibir el personal de los departamentos y, reguló la
incorporación a las plantas de personal así:

“(…)

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios. Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y
administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de
los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. Los docentes,
directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a
1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de prestación de
servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán cumplir los requisitos
de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las plantas
que se establezcan”.

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con

13
Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 ley 443/98.
14
Derogada por la ley 909/04.
15
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo
al servicio de los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.

11

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. Los docentes, directivos
docentes y administrativos de los planteles educativos vinculados a la carrera
docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva vinculación o nuevo
concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la
administración al traslado del mismo. A los docentes, directivos docentes y
funcionarios administrativos de los planteles educativos que se financien con
recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el
régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.

(…)”.

2.2.2. Pruebas relevantes aportadas al proceso

(i) Resolución 00589 del 28 enero de 201416, expedida por la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico en la que se reconoció y ordenó el
pago a favor del señor Carlos César Gutiérrez Pacheco la suma de
$30.866.383, por concepto de valores retroactivos dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial, hasta junio de 2009, de acuerdo
con lo devengado anualmente, los aportes parafiscales patronales y sus
correspondientes descuentos, en los siguientes términos:
“(...)

Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de
los salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado
y los salarios vigentes para la misma época que devengaban en la Gobernación del
Atlántico los cargos del nivel central financiados con recursos propios, determinados
conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la sumatoria de las
diferencias salariales, en caso de que se presenten, y las no salariales aplicables a
cada caso, como, por ejemplo, horas extras, prima de servicios, indemnización por
vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte,
bonificación por servicios prestados, prima de navidad, bonificación especial de
recreación. (...). Dichos factores salariales se describen a continuación:

FACTORES SALARIALES QUE AFECTAN LA HOMOLOGACIÓN

Año Prima de Prima Horas Indemnización por
Antigüedad técnica Extras Vacaciones
2003 0 0 1.622.849 0
2004 0 0 1.979.442 0
2005 0 0 2.166.200 0
2006 0 0 2.259.085 0
2007 0 0 2.381.004 0
2008 0 0 2.478.459 0
2009 0 0 1.414.179 0

(...)

16
Folios 17-24.

12

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

RESUELVE:
(...)

AÑO DEVENGAD APORTES APORTES TOTAL
O INDEXADO PARAFISCALES PATRONALES
2003 9.508.296 536.985 1.575.909 11.621.191
2004 11.736.372 704.335 2.222.072 14.662.779
2005 11.390.460 718.151 2.300.883 14.409.493
2006 11.427.118 751.327 2.441.578 14.620.022
2007 11.126.326 772.069 2.556.877 14.455.272
2008 10.854.733 805.674 2.707.017 14.367.424
2009 4.543.848 348.054 1.177.946 6.069.847
TOTALES 70.587.153 4.636.594 14.982.281 90.206.028

DEVENGADO INDEXADO PAGO DIRECTO VALOR CESANTIAS NETO A FAVOR
A FUNCIONARIO CONSIGNADAS
70.587.153 39.720.779 0 30.866.383

Parágrafo primero:

Para todos los efectos legales y fiscales, los aportes parafiscales,
patronales y las deducciones por concepto de retenciones tributarias, se
discriminan de la siguiente manera:

APORTES PARAFISCALES
CAJACOPI 1.549.195
ICBF 1.161.895
SENA 193.649
ESAP 193.649
ESCUELA E INST. INDUST. 387.298
Y TECNICAS
SUBTOTAL 3.485.686

APORTES PATRONALES
CESANTÍAS 2.060.708
SALUD 1.545.531
PENSIÓN 257.589
ARP 257.589
ESCUELA E INST. INDUST. 515.177

13

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

SUBTOTAL 4.636.594

(...)”.

2.4. Solución al caso concreto

El accionante solicitó la nulidad del acto administrativo que ordenó a su favor
el reconocimiento y pago de valores retroactivos como empleado
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico,
dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial, al
considerar que en la liquidación no se tuvieron en cuenta los factores salariales
de bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación prima de
servicios, prima de vacaciones, horas extras (120), prima técnica, prima de
navidad, cesantías e intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones
y días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar.

Así mismo, adujo que tiene derecho al reconocimiento de los intereses
moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le canceló la
Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por concepto de
nivelación y homologación salarial, dada su incorporación como empleado
administrativo a la planta de personal de dicho departamento.

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda,
al señalar, en síntesis, que el accionante no probó la existencia de los
derechos reclamados.

Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia. Afirmó
que la liquidación del retroactivo fue errada, toda vez que no se incluyeron la
totalidad de los factores salariales percibidos durante los años “2003 a 2009”
y las horas extras laboradas, pues solo se reconocieron 50 horas de las 120
que alega laboró; para demostrarlo, solicitó la práctica de una inspección
judicial.

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No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

Adicionalmente, sostuvo que tiene derecho al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios desde el 29 de diciembre de 2011 hasta enero de 2014,
y desde el momento en que se hizo efectivo el derecho; esto es, desde el año
2003.

Respecto a la práctica de pruebas solicitadas por la parte apelante

El demandante solicitó a la Corporación practicar las pruebas que, a su juicio,
darían lugar a demostrar la veracidad de las pretensiones de la demanda, pues
según adujo, la entidad demandada no remitió la totalidad de pruebas
solicitadas, y además, se dejó de realizar la inspección judicial que conducía
a establecer la cantidad de horas extras laboradas, descansos compensatorios
no disfrutados y pagados, los factores salariales percibidos y el no pago de los
intereses a las cesantías, desconociéndose así sus derechos al debido
proceso y defensa.

Al respecto, el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que el juez de segunda instancia puede
decretar las pruebas solicitadas siempre que estas se hayan pedido en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, únicamente
en los siguientes casos:

“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS.

(...)

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.

2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin
culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de
cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

15

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de
ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá
exceder de diez (10) días hábiles”.

De cara a lo establecido en esta norma, se precisa respecto a las
oportunidades probatorias con que contó la parte actora que el Tribunal, en la
audiencia inicial celebrada el 27 de abril de 2016, tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda y ofició a la Secretaría de Educación
del Departamento del Atlántico para que en el término de cinco días aportara
copia de los documentos solicitados por el accionante, orden cumplida por la
entidad demandada en el Oficio N° 00114-CH del 22 de febrero de 201717,.
Adicionalmente, el a quo negó la práctica de la inspección judicial solicitada
por la decisión, decisión que no fue controvertida por el interesado dentro del
término señalado en la ley18 y, por ende, se encuentra en firme.

De lo expuesto, se advierte que la situación del demandante no se enmarca
en los supuestos previstos en el artículo 212 del CPACA, antes citado, como
quiera que no fue formulada de manera mancomunada con la parte
demandada; dichas pruebas fueron negadas en primera instancia y tampoco
versan sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
ser aportadas, de manera que la Sala constata que con esta petición se busca
allegar pruebas en la segunda instancia que en su momento no se solicitaron.

En ese sentido, (i) la solicitud debió hacerse dentro de la ejecutoria del auto
que admitió el recurso de apelación y, (ii) no se evidencia que se haya
cumplido alguno de los supuestos establecidos por la norma para su
procedencia; máxime que, cuando se ofició a la entidad accionada para que
allegara los documentos solicitados por el accionante (los cuales se
consideraban necesarios para la resolución del asunto); la parte actora no hizo
reparo alguno contra tal decisión.

17
Folio 127.
18
Folios 115-125.

16

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

Así las cosas, como no se demostró que el juez de primera instancia hubiera
omitido decretar las pruebas necesarias para establecer la veracidad de los
hechos, se tiene que, en su facultad de director del proceso, ofició a la entidad
demandada para que allegara la documental solicitada por el accionante,
quien, de no estar de acuerdo con ello, debió impetrar el recurso
correspondiente dentro de la oportunidad legal respectiva.

En consecuencia, al no cumplirse con los supuestos exigidos en el artículo 212
del CPACA y no encontrarse una violación al derecho de defensa y debido
proceso de la parte demandante, es improcedente la práctica de las pruebas
solicitadas en el recurso de apelación.

Acerca de la liquidación del retroactivo

La Sala advierte que esta pretensión no tiene vocación de prosperidad, toda
vez que quedó probado en el cuadro que antecede que la entidad enjuiciada
le reconoció al actor por concepto de retroactivo la suma de $30.866.383
dentro del proceso de homologación de cargos y salarios hasta junio de 2009,
debidamente indexados. Sumado a que, el accionante no logró acreditar que
los factores salariales que ruega le sean reconocidos los haya devengado para
la calenda en la que se llevó a cabo el proceso de homologación; y menos
que, hubiese laborado 120 horas extras.

Al respecto, se aclara que como la resolución acusada reviste las
características de acto administrativo, goza de la presunción de legalidad, la
cual debió ser desvirtuada por el interesado, a través de medios probatorios
idóneos.

En tal sentido, se concluye que las pruebas que obran en el expediente no son
suficientes para acreditar que la demandante laboró 120 horas extras ni que
los factores salariales reclamados hayan sido devengados por aquel dentro
del retroactivo reconocido como consecuencia de la homologación y nivelación
salarial de la que fue objeto. De manera que, al no poder determinarse que la
liquidación reconocida en el acto demandado es incorrecta; resulta

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No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

improcedente ordenar la reliquidación al reajuste, solicitada por el señor Carlos
César Gutiérrez Pacheco.

En relación con el reconocimiento y pago de intereses moratorios

El señor Carlos Gutiérrez Pacheco solicitó el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le canceló
la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico por concepto de
nivelación y homologación salarial, dada su incorporación como empleado
administrativo a la planta de personal del departamento.

Sobre el particular se reitera que la Ley 60 de 1993 descentralizó el servicio
educativo que estaba a cargo de la Nación, por ello, los empleados
administrativos de sus plantas de personal se incorporaron a las entidades
territoriales, ya que éstas en adelante prestarían dicho servicio administrando
los recursos cedidos por la Nación. La incorporación fue regulada por los
artículos 34 y 38 de Ley 715 de 2001.

Ahora bien, el Departamento del Atlántico reinició el proceso de homologación
y nivelación salarial del personal administrativo que había sido suspendido por
diversas irregularidades en el año 2011, de modo que el Ministerio de
Educación Nacional realizó un nuevo estudio técnico, a través del Oficio
2103EE34201 de 11 de junio de 2013.

Siendo este es el contexto fáctico en el que se dio la nivelación salarial del
demandante, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses moratorios
presuntamente causados en razón de la nivelación salarial que se efectuó en
el proceso de homologación de los cargos del personal administrativo del
sector educativo que dependían de la Nación y pasaron a las entidades
territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del referido sector
ordenado por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre
de 2017 se partió de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento
del retroactivo de la nivelación salarial respecto del pago efectivo, indicando

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No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

que “trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció el derecho
y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional,
teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para
culminar el proceso homologación y nivelación salarial”19.

En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que
no es procedente acceder al reconocimiento de los intereses moratorios
respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de
derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago, así20:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el
presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor
incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en las
resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma
que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios
deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente,
es decir, que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos
retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos
en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se
evidencian en el presente asunto”21.

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018,
esta Sala reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en
el contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se
incluyó nada sobre el particular y además no existe una norma que autorice
dicho reconocimiento22.

Descendiendo al caso particular, se observa que dentro de las pruebas que
obran en el expediente, no se acreditó la fecha exacta en la que la entidad
accionada realizó el pago del retroactivo ordenado en el acto acusado, sin

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 73001-33-
33-000-2014-00406-01 (2488-15).
20
Véanse también las sentencias del 22 de febrero de 2018. proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00404-01(2475-
15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández; del 1 de marzo de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00221-
01(1914-15) y 73001-23-33-000-2014-00265-01(3484-15), M.P. William Hernández Gómez; del 8 de marzo de 2018,
proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00558-01(3219-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; del 21 de junio
de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00218-01(1372-15), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de diciembre de
2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés,
proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).

19

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

embargo, según se lee en la pretensión de restablecimiento del derecho del
escrito de la demanda, la parte actora solicitó el pago de los intereses
moratorios “hasta enero de 2014”. Por consiguiente, se infiere que el
Departamento del Atlántico efectuó el pago de la suma correspondiente al
retroactivo de la nivelación salarial en enero de 2014.

Aclarado esto, se determina que como no pasó siquiera un mes entre el 28 de
enero de 2014, día en que se expidió la Resolución 00589 de 2014 que
reconoció y ordenó el pago de la nivelación y la fecha de su cancelación (enero
de 2014), es improcedente la condena por el pago de intereses moratorios,
puesto que éste se considera un plazo prudencial, sin que se haya incurrido
en una dilación injustificada, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites
económicos y administrativos para terminar el proceso de homologación y
nivelación salarial.

Es importante destacar que la condena en costas no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del
Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”.
Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite del proceso no se observa su
causación, esta Sala no condenará en costas.

III. DECISIÓN

En atención a estas consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte actora y, por ende, confirmará la sentencia
de primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las
pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

20

No. Interno: 2621-2019
Demandante: Carlos César Gutiérrez Pacheco
Demandado: Departamento del Atlántico

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 8 de
noviembrel de 2018, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) Ausente en comisión
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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