Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-02456-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-02456-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-02456-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02456-01 (2323-2023)
Demandante: Sergio Rafael Badillo Muñoz
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico
Tema: homologación de cargo y nivelación salarial. Subtema: reliquidación del
retroactivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 1° de julio de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, quien ha prestado sus servicios como personal administrativo de la
Secretaría de Educación del Atlántico, solicita la nulidad de la resolución que le
reconoció los valores retroactivos causados por concepto de la homologación salarial,
para que sean reliquidados con la inclusión de bonificaciones y primas, y además se
ordene el pago de intereses moratorios desde el año 2011. El Tribunal negó las
pretensiones de la demanda porque el interesado no cumplió la carga de la prueba.
Inconforme con esta decisión, el actor interpuso recurso de apelación. Esta
Subsección confirma el fallo de primera instancia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02456-01 (2323-2023)
Demandante: Sergio Rafael Badillo Muñoz
Demandado: departamento del Atlántico - Secretaría de Educación
1. El señor Sergio Rafael Badillo Muñoz, mediante apoderado, presentó demanda
el 20 de marzo de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el departamento del Atlántico – Secretaría de Educación, con las
siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 02521 del
15 de septiembre de 2014, que ordenó el pago de los valores retroactivos para el
personal administrativo, dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió la reliquidación del retroactivo
pagado por los años 2000 a 2009, como resultado de la diferencia entre el salario fijado
entre las ordenanzas de la Asamblea del Atlántico y el pagado por la Secretaría de
Educación Departamental. A partir de esa diferencia, explicó que se calculan los
siguientes emolumentos bonificación por servicios prestados, bonificación por
recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, horas extras,
cesantías e intereses de cesantías y vacaciones; la liquidación de los años no
reconocidos en la resolución demandada, que dejaron de pagarse bajo el argumento
de la prescripción; el pago de intereses moratorios desde el año 2000 hasta «enero de
2014»; la devolución de los aportes parafiscales y patronales; que las sumas
adeudadas sean actualizadas; y que se condene en costas a la entidad demandada 1.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. El señor Sergio Rafael Badillo Muñoz prestó sus servicios como personal
administrativo en la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico desde el
año 2000.
6. La parte actora señaló que, en cumplimiento de la Ley 60 de 1993 y de la
Directiva Ministerial 10 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el
departamento inició el proceso administrativo de homologación de cargos y nivelación
salarial indexada de sus empleados administrativos. Indicó que dicho proceso fue
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional mediante el oficio 2009EE30647 del
3 de junio de 2009.
7. Expuso que, posteriormente, a través del Decreto 208 del 24 de junio de 2009,
el gobernador del Atlántico ordenó la nivelación salarial del personal administrativo del
sector educativo con la planta de personal del ente departamental. Añadió que,
mediante la Resolución 03853 del 26 de junio de 2009, la Secretaría de Educación del
1 Samai, índice 2, expediente digital, ED_C01PRINCIPAL(.zip), doc. 01, págs. 1 a 14.
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Demandante: Sergio Rafael Badillo Muñoz
Demandado: departamento del Atlántico - Secretaría de Educación
departamento del Atlántico asignó al demandante la correspondiente denominación,
código, grado y asignación salarial mensual.
8. Manifestó, además, que por medio del oficio 2013EE34201 del 11 de junio de
2013, el Ministerio de Educación aprobó un nuevo estudio técnico de homologación y
nivelación de cargos. No obstante, señaló que la Secretaría de Educación
Departamental, mediante la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013, revocó los
actos administrativos expedidos en 2011 relacionados con el reconocimiento y pago
de la homologación.
9. Afirmó que la Resolución 02521 del 15 de septiembre de 2014 reconoció el
retroactivo salarial de forma incompleta por lo devengado en los años 2000 a 2009,
toda vez que no tuvo en cuenta los factores de bonificación por servicios prestados,
bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, horas extras, cesantías e intereses de cesantías y vacaciones.
10. Finalmente, señaló que tiene derecho al reconocimiento y pago de intereses
moratorios sobre el retroactivo salarial recibido, no solo a partir del 29 de diciembre de
2011, sino desde la fecha en que se hizo exigible el pago del reajuste salarial
reclamado.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. El demandante citó las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53.
Del Código Procesal del Trabajo, el artículo 151.
Del Decreto 1848 de 1969, los artículos 102 y 103.
Del Código Civil, los artículos 2514, 1551 y 1553.
12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que la
administración departamental aplicó de manera incompleta la Directiva Ministerial 10
de 2005, dado que omitió el reconocimiento total del retroactivo salarial. Indicó que el
derecho al retroactivo debía reconocerse desde «1997» (sic), y que los intereses
moratorios no se causan desde la fecha de una reclamación posterior, sino a partir del
momento en que la obligación salarial se hizo exigible y la administración incurrió en
mora.
13. Expuso que la entidad demandada estaba obligada a pagar la indexación y
además los intereses moratorios, los cuales empezaron a correr desde el día siguiente
a la terminación del periodo de pago pactado, de modo que en el presente caso «si se
dejó de cancelar desde el año 1997 o desde el año 1995 o desde el año 2000, desde
allí empieza a correr la obligación de cancelar los intereses moratorios reales».
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2.2. Contestación de la demanda
14. El departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones porque el actor debe
probar que estaba incompleto el pago por concepto del retroactivo reconocido por la
homologación salarial.
15. Consideró que es improcedente el reconocimiento de intereses moratorios
porque los valores pagados al demandante fueron debidamente indexados con el IPC,
por lo tanto, la actualización ya incluye el componente inflacionario.
16. Explicó que, para el caso del accionante, el departamento del Atlántico identificó
el total de la deuda con el retroactivo salarial, así como los aportes parafiscales y los
aportes patronales. Por lo tanto, estimó que solamente procedía la liquidación del
retroactivo salarial desde el 1° de enero de 2002, fecha en la que el departamento
recibió el personal de los municipios no certificados, hasta el día anterior de la fecha
de actualización en nómina del cargo, que ocurrió en junio de 20092.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 1° de julio de
2022, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
18. Como fundamento de la decisión, expuso que la Resolución 1107 del 3 de marzo
de 2011, le reconoció al demandante el valor de $12.808.791. Posteriormente, la
Secretaría de Educación mediante la Resolución 2521 de 2014, le reconoció al actor
por concepto de nivelación salarial la suma de $12.487.331, a la que descontó el valor
de $12.744.634; de modo que el resultado fue un saldo a favor del departamento por
la suma de $1.016.101.
19. Explicó que el accionante solicita la reliquidación de las sumas pagadas con
ocasión de la homologación salarial de los años 2000 a 2009, para lo cual indicó que
existía una diferencia entre la remuneración fijada entre las ordenanzas
departamentales y aquella pagada por la Secretaría de Educación del departamento
del Atlántico, y con ocasión de esos valores debían pagarse los siguientes factores:
bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicio,
prima de vacaciones, prima de navidad, horas extras, prima técnica, cesantía, interés
a la cesantía e indemnización por vacaciones.
20. Sin embargo, en criterio del Tribunal, la parte actora no cumplió con la carga de
la prueba, toda vez que se desconoce el cargo que ejercía entre los años 2000 a 2009,
en tanto, el empleo de auxiliar de servicios generales tiene distintos grados, sin que se
2
Samai, índice 2, expediente digital, ED_C01PRINCIPAL(.zip) NroActua 2, doc. 03.
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pudiera determinar cuál correspondía a la parte actora. Agregó que en el proceso
constan las ordenanzas departamentales que fijaron las escalas de remuneración para
los años 2004 a 2009, pero no obran las correspondientes a los años 2000 a 2003.
Tampoco obra en el expediente la certificación de salarios de los referidos años, lo
cual permitiría determinar las diferencias cuyo pago pide el demandante. A partir de
estos razonamientos, negó la solicitud de reliquidación del retroactivo salarial de los
años 2000 a 2009.
21. En lo que respecta al pago de intereses moratorios, resaltó que tienen un carácter
sancionatorio, por tanto, deben estar previstos normativamente o incluidos en el acto
que reconoce el derecho. Por consiguiente, cuando se trata de la imposición de una
sanción, debe aplicarse el principio de legalidad. En consecuencia, el Tribunal negó el
pago de intereses moratorios.
22. No impuso condena en costas al considerar que no se causaron3.
2.4. Recurso de apelación
23. El accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda.
24. Sostuvo que el Tribunal desconoció el marco normativo aplicable al proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial del personal administrativo del sector
educativo, pues, a su juicio, la Resolución 02521 de 2014 reconoció de manera
incompleta los valores retroactivos derivados de dicho proceso.
25. Indicó que, si bien inicialmente se había reconocido al demandante un retroactivo
mediante la Resolución 01107 de 2011, posteriormente la administración expidió la
Resolución 02521 de 2014, en la que reconoció una suma inferior y descontó valores
previamente pagados.
26. Alegó que no operó el fenómeno de la prescripción, sino la renuncia tácita a esta,
conforme a los artículos 2513 y 2514 del Código Civil. Para sustentar esa afirmación,
señaló que el Gobierno nacional y el Ministerio de Educación ratificaron el derecho a
la homologación y a la equidad salarial mediante la Declaración de Voluntad del 27 de
octubre de 1998 y el Acuerdo suscrito con SINTRENAL el 3 de mayo de 2000. Según
el apelante, tales instrumentos no fijaron un plazo cierto para la ejecución del proceso
de homologación, por lo que no podía determinarse la fecha de exigibilidad de la
obligación.
3 Samai, índice 2, expediente digital, , ED_C01PRINCIPAL(.zip) NroActua 2, doc. 10.
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27. También cuestionó que el Tribunal negara las pretensiones por supuesta
insuficiencia probatoria. En criterio del recurrente, el juez de primera instancia debió
hacer uso de sus facultades oficiosas, incluso mediante auto para mejor proveer, con
el fin de esclarecer los puntos que consideraba oscuros, en especial los relacionados
con el cargo desempeñado, las escalas salariales aplicables, las certificaciones de
salarios y los factores que, según la parte actora, debieron integrar la liquidación del
retroactivo.
28. De igual forma, manifestó que la Resolución 02521 de 2014 omitió reconocer
varios conceptos que, en su criterio, hacían parte de la reliquidación reclamada, entre
ellos: i) diferencias por 70 horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos y
descansos compensatorios; ii) intereses del 12% sobre las cesantías; iii) años dejados
de reconocer «desde el año 1997 o desde 1995, dependiendo de la fecha de ingreso
del administrativo», por la indebida aplicación de la prescripción; y iv) intereses
moratorios derivados de la suspensión del pago del retroactivo entre 2011 y enero de
20144.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 1°. de febrero de 20245, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió del periodo de correr
traslado a las partes.
30. Posteriormente el auto del 11 de febrero de 2026 negó la solicitud de pruebas
presentadas por la parte actora en el recurso de apelación. La providencia señaló que:
A partir de lo expuesto por el demandante, es posible observar dos solicitudes. En primer
lugar, advirtió el «no envío de varias pruebas a los despachos de los magistrados, las
cuales fueron decretadas y ordenadas […] mediante oficios y autos para mejor proveer».
Empero, esa afirmación carece de la debida especificidad, pues no individualiza cuáles
medios de prueba, pese a haber sido decretados, no fueron incorporados al expediente.
En efecto, dada la excepcionalidad de esta oportunidad, la petición de pruebas no puede
formularse en términos ambiguos o etéreos que impongan la carga de revisar de oficio la
actividad probatoria desplegada en primera instancia.
Respecto de la solicitud atinente a las planillas de horas extras, es preciso señalar que las
peticiones dirigidas a que el juez de lo contencioso-administrativo ejerza la facultad
prevista en el artículo 213 del CPACA no pueden emplearse como un instrumento
destinado a subsanar las deficiencias probatorias advertidas en la primera instancia.
[…]
Finalmente, aunque se invoca el numeral 2 del inciso 4 del artículo 212 del CPACA, lo
4 Expediente digital, Samai índice 2, ED_C01PRINCIPAL(.zip) NroActua 2, doc. 12.1.
5 Samai, índice 4.
6
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Demandante: Sergio Rafael Badillo Muñoz
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cierto es que el demandante no satisface la carga argumentativa encaminada a demostrar
que su situación se subsume en el supuesto de hecho previsto en esa disposición jurídica.
La solicitud debía dirigirse a acreditar que las pruebas fueron negadas en primera
instancia o que, pese a haber sido decretadas, no se practicaron sin culpa de la parte que
las solicitó. Ninguno de esos dos eventos se acredita en el caso objeto de estudio.
2.6. Concepto del Ministerio Público
31. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia. Al respecto señaló que el valor retroactivo
reconocido por concepto de homologación se liquidó correctamente. En este sentido,
explicó que la pretensión carece de sustento fáctico y jurídico, porque el interesado no
acreditó cuáles factores devengó y presuntamente no se tuvieron en cuenta en la
liquidación. En cuanto a los intereses de mora, la Procuraduría explicó que deben tener
un fundamento normativo que faculte el cobro, supuesto que no existe en el presente
asunto6.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
33. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:
34. ¿El accionante tiene derecho a la reliquidación del valor retroactivo reconocido por
la Secretaría de Educación por concepto de la homologación y nivelación salarial, así
como al pago de intereses moratorios?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
35. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto del 7
de diciembre de 20047, explicó el proceso de descentralización del sector educativo
previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, en virtud del cual las entidades
territoriales (departamentos y municipios) debieron asumir el personal administrativo
6 Samai, índice 9.
7
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez
Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.
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que hasta entonces se encontraba vinculado a la Nación. Para ello, fue necesario
adelantar un proceso de homologación de cargos, funciones y asignaciones salariales,
que constituyó el fundamento para la incorporación de dichos servidores a las plantas
de personal del orden territorial.
36. La Sala de Consulta precisó que la Ley 43 de 1975 dispuso la nacionalización de
la educación primaria que anteriormente era prestada por los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y las comisarías, de manera que
los costos de la prestación del servicio educativo pasaron a estar a cargo de la Nación.
37. Posteriormente, con fundamento en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la
Constitución Política, se expidió la Ley 60 de 1993, mediante la cual se implementó la
descentralización del servicio educativo y, en consecuencia, se desmontó el esquema
de nacionalización previsto en la Ley 43 de 1975. En tal sentido, se ordenó a la Nación
transferir a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los
establecimientos educativos necesarios para la prestación del servicio.
38. A su vez, el numeral 5 del artículo 3 de la citada Ley 60 de 1993 asignó a los
departamentos la administración de los recursos cedidos por la Nación para la
prestación del servicio educativo y dispuso, en su inciso quinto, que, con ocasión de la
incorporación, las plantas de personal tendrían carácter departamental y serían
administradas en los términos del artículo 6 ibidem, norma conforme a la cual las
escalas salariales aplicables serían las del respectivo orden departamental, distrital o
municipal, así:
ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales.
Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el
lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por
fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.
Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo,
serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal para quien lo ejecute.
[…].
39. En ese contexto, el personal administrativo del sector educativo que laboraba para
la Nación también debía ser transferido a las entidades territoriales mediante un
proceso de incorporación que exigía la homologación de cargos, esto es, la
comparación entre los requisitos, funciones, clasificación y demás elementos previstos
en la planta nacional y aquellos exigidos para desempeñar los cargos de la planta
territorial. Tal procedimiento revestía particularidades propias, en tanto obedecía al
traslado de competencias derivado de la descentralización del servicio educativo.
8
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40. De conformidad con el artículo 48 del Decreto 2400 de 1968, la incorporación
procedía por reorganización de dependencias, traslado de funciones de una entidad a
otra o supresión de cargos de carrera y, según la Ley 443 de 1998, también podía
tener lugar por supresión del empleo de carrera, fusión o supresión de entidades,
traslado entre entidades o modificación de planta de personal8.
41. Debe resaltarse que la homologación e incorporación de los servidores
provenientes del nivel nacional suponía, cuando no existían cargos equivalentes en
las plantas territoriales, la correspondiente nivelación salarial, así como la adecuación
de la estructura administrativa de las entidades territoriales para garantizar la
prestación del servicio educativo. Para ello, era preciso considerar la clasificación de
los empleos, sus funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos exigidos para
su ejercicio, a fin de determinar la remuneración correspondiente.
42. Más adelante, la Ley 715 de 2001 dispuso que los departamentos certificarían a
los municipios para que, una vez cumplidos determinados requisitos, administraran
recursos del Sistema General de Participaciones y asumieran el personal proveniente
de aquellos. Asimismo, reguló la incorporación a las plantas de personal.
43. En el artículo 34 previó que, durante el último año del período de transición, se
establecerían las plantas de cargos docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos de departamentos, distritos y municipios, y que, una vez
definidas dichas plantas, los servidores nombrados con el lleno de los requisitos
conservarían su vinculación sin solución de continuidad.
44. A su turno, el artículo 38 dispuso que la provisión de los cargos financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones correspondería a la respectiva
entidad territorial, con prioridad para el personal ya vinculado que reuniera los
requisitos del empleo, y precisó que a los docentes, directivos docentes y
administrativos financiados con tales recursos solo podía reconocérseles el régimen
salarial y prestacional establecido en la ley.
3.4. Hechos probados relevantes
45. En la Resolución 01107 de 2011, la Secretaría de Educación del Atlántico le
reconoció al señor Sergio Rafael Badillo la suma de $12.808.791 como retroactivo por
concepto de la homologación correspondiente a los años 2002 a 20079.
46. La Secretaría de Educación del Atlántico, mediante la Resolución 02521 de 2014,
le reconoció al señor Sergio Rafael Badillo Muñoz la suma de $12.487.331 «por
concepto de valores retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y
8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez
Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.
9 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 04, págs. 87 a 92.
9
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salarios, sin perjuicio de los descuentos a realizar por concepto de [los] valores
recibidos dentro del presente proceso en el año 2011», las sumas se muestran en el
siguiente cuadro10:
Devengado Aportes Aportes
Año Total
indexado parafiscales patronales
2000 9.112 409 1.192 10.713
2001 744.095 36.091 105.102 885.289
2002 1.079.775 55.699 162.204 1.297.679
2003 222.328 12.286 35.779 270.394
2004 1.527.650 89.405 267.227 1.884.283
2005 1.986.351 122.122 369.706 2.478.181
2006 1.999.806 128.228 393.115 2.521.150
2007 1.980.017 133.999 417.666 2.531.683
2008 1.955.815 141.622 446.866 2.544.304
2009 982.377 74.124 233.886 1.290.388
TOTALES 12.487.331 793.989 2.432.749 15.714.069
47. La referida resolución, en el artículo segundo, ordenó que se descontara el valor
de $12.744.634, que ya había sido reconocido en el año 2011. Por lo tanto, consideró
que dentro del mismo proceso de homologación, el demandante debe un saldo al
departamento por $1.016.101, en los siguientes términos:
Que conforme a lo antes expuesto, el valor total a pagar por parte del señor(a) BADILLO
MUÑOZ SERGIO RAFAEL, al Departamento del Atlántico, es de $1.016.101, resultante
de la suma de $257.303, correspondiente al mayor valor pagado en el 2011, mas
$758.798, por concepto de aportes del empleado a salud, pensión, fondo de Solidaridad
sindicatos, según sea el caso y los demás descuentos de Ley, conforme a lo antes
indicado.
Que en estricta sujeción al artículo 29 superior, que consagra el debido proceso y el
derecho de defensa, se ha dispuesto la expedición del presente acto administrativo en el
cual se le reconoce la calidad de beneficiario al señor(a) BADILLO MUÑOZ SERGIO
RAFAEL dentro del proceso de homologación, se ordena el descuento del valor pagado
en el año 2011 y demás descuentos de ley, dentro de dicho proceso, y así mismo, se le
declara deudor y se ordena el pago de la suma de $1.016.101, al Departamento del
Atlántico, para los respectivos pagos a terceros, conforme se discriminó anteriormente.
48. La citada resolución indicó que el accionante fue nombrado a través del Decreto
279 del 11 de mayo de 2000. Precisó que la fecha de ingreso a laborar en el
departamento del Atlántico fue el 1° de junio de 2000, con homologación al empleo de
auxiliar de servicios generales. Esta resolución comparó los salarios del Sistema
General de Participaciones y los establecidos mediante ordenanza, desde el año 2000
hasta el año 2009, esto con el fin de establecer «la deuda total por concepto de
homologación y nivelación salarial del funcionario BADILLO MUÑOZ SERGIO
RAFAEL, es de $15.714.069, cifra en la que se encuentran incluidos $12.487.331 a
favor del funcionario, por concepto de los valores retroactivos de diferencias salariales
10 Samai, índice 2, Expediente digital, ED_C01PRINCIPAL(.zip) NroActua 2. Doc. 01. Págs. 15 a 24.
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y los correspondientes pagos a terceros inherentes a la nómina a cargo del Estado,
por el valor de $3.226.738, así: $793.989 por aportes parafiscales y $2.432.749 por
aportes patronales». Agregó que:
Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los
salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los
salarios vigentes para la misma época que devengaban en la Gobernación del Atlántico
los cargos del nivel central financiados con recursos propios, determinados conforme a
las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la sumatoria de las diferencias salariales,
en caso que se presenten, y las no salariales aplicables a cada caso, como por ejemplo,
horas extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio
de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de los cuales se
calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente
establecidos.
49. Precisó que los referidos valores fueron actualizados con el índice de precios al
consumidor certificados por el DANE. Adicionó que el cumplimiento del pago incluye
los aportes parafiscales, con la salvedad sobre que no afectaron los costos de factores
salariales ni prestacionales.
3.5. Caso concreto
50. El actor, quien se ha desempeñado como empleado administrativo de la Secretaría
de Educación, solicita la nulidad de la Resolución 02521 de 2014, que le reconoció los
valores retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial
de 2000 a 2009, para que se paguen los salarios previstos en las ordenanzas de la
Asamblea del Atlántico y que se incluyan primas, bonificaciones, horas extras,
intereses y cesantías.
51. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el interesado no cumplió con la carga de la prueba, pues no tenía los
elementos de juicio para determinar si los valores reconocidos por concepto de la
homologación fueron liquidados correctamente, dado que al proceso no fueron
aportadas todas las ordenanzas de los años 2000 a 2009, ni obra la certificación de
salarios del accionante para esas anualidades. En cuanto a los intereses moratorios,
estimó que deben estar previstos en una norma que los autorice de forma taxativa.
52. La parte accionante apeló para insistir en que tiene derecho a la reliquidación de
los valores retroactivos de la homologación salarial, dado que la autoridad judicial
puede ejercer la facultad oficiosa para recaudar las pruebas. Explicó que se deben
pagar los años en los que presuntamente la entidad declaró la prescripción a partir de
1995 o desde 1997. Agregó que sí se causaron los intereses moratorios desde el 2011
hasta enero de 2014.
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53. Visto lo anterior, se precisa que en el proceso la parte actora allegó la Resolución
02521 de 2014, expedida por la Secretaría de Educación del Atlántico que le reconoció
un valor retroactivo causado por la homologación y nivelación de cargos para los años
2000 a 2009, por haber prestado sus servicios como empleado administrativo.
54. Sin embargo, la Subsección no tiene los elementos probatorios para establecer si
el actor tiene derecho a la reliquidación del valor pagado con la inclusión de los factores
que, en su criterio, debieron ser tenidos en cuenta por la Secretaría de Educación. En
efecto, la Resolución 02521 de 2014 calculó el retroactivo al comparar los salarios
pagados según el Sistema General de Participaciones y los fijados en las ordenanzas
de los años 2000 a 2009. Por el contrario, en el expediente la parte interesada no
cumplió con la carga de la prueba tendiente a demostrar la alegada diferencia entre lo
efectivamente reconocido y los valores que, en su criterio, debió reconocerle el
departamento.
55. Tampoco fueron aportados al proceso los certificados salariales del demandante
de todos los años en los que solicita el pago de la homologación con sumas superiores
a las reconocidas para los años 2000 a 2009, para así poder confrontar los valores
pagados con los reconocidos en la resolución acusada, con el objeto de establecer si
había lugar o no a reliquidar los emolumentos que reclama en el recurso de apelación.
56. En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación sobre la carga de la
prueba que asiste a la parte actora en los procesos donde ha pedido la reliquidación
del retroactivo pagado por la Secretaría de Educación del Atlántico11. Se ha
establecido entonces que la resolución demandada es insuficiente para probar los
presuntos errores en la liquidación12. En lo atinente al reconocimiento de horas extras,
tampoco obran en el expediente elementos probatorios que permitan establecer la
jornada laboral efectivamente cumplida por el actor como auxiliar de servicios
generales, ni que el trabajo en horas extras haya sido autorizado por el empleador.
57. Así pues, en el marco de las cargas procesales corresponde a la parte actora
indicar las disposiciones que estima vulneradas, precisar los vicios que atribuye al acto
administrativo y allegar los elementos de convicción dirigidos a respaldar sus
afirmaciones. En consecuencia, no le compete al juez asumir las cargas procesales
que el ordenamiento jurídico impone a las partes.
58. Contrario a lo referido en el recurso sobre la presunta renuncia a la prescripción
de la entidad, lo cierto es que la Resolución 02521 de 2014 no indica que haya aplicado
la prescripción frente a las sumas causadas antes del año 2000. Además, en el
proceso tampoco se demostró que el accionante estuviera vinculado desde el año
1997.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 08001-23-31-000-2014-01021-01
(2621-2019), M.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00926-02
(0638-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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59. Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento de intereses moratorios, se
advierte que aunque en las pretensiones de la demanda se solicitó el pago de intereses
desde 2000, lo cierto es que el recurso de apelación concretó la inconformidad en los
intereses presuntamente causados entre 2011 y enero de 2014.
60. Precisado lo anterior, la Sala no pasa por alto que la Resolución 02521 de 2014
declaró que el señor Sergio Rafael Badillo Muñoz le debía al departamento la suma de
$1.016.101. Por consiguiente, al no existir un valor a pagar a favor del actor, en
principio es claro que no se generaron intereses de ningún tipo.
61. No obstante, en gracia de discusión, para la parte demandante los intereses se
habrían causado desde el 2011 hasta enero de 2014. Al respecto, esta corporación ha
estimado que son improcedentes porque no existe una norma que ordene el pago, ni
fueron ordenados en la resolución que reconoció el retroactivo. Ciertamente, en
sentencia del 7 de diciembre de 2017 se consideró que13:
Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los
mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si
no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo,
como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en
consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos que no se evidencian en el presente asunto14.
62. En el mismo sentido, el fallo del 23 de agosto de 2018 indicó que no hay lugar al
pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento15. Criterio reiterado en la sentencia del
19 de septiembre de 202416.
13 Véanse también las sentencias del 22 de febrero de 2018. proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00404-
01(2475-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández; del 1 de marzo de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-
2014-00221-01(1914-15) y 73001-23-33-000-2014-00265-01(3484-15), M.P. William Hernández Gómez; del 8 de
marzo de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00558-01(3219-15), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00218-01(1372-15), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00926-02
(0638-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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63.En este orden de ideas, no hay lugar a ordenar el pago de intereses moratorios
sobre el valor pagado por concepto del retroactivo reconocido en el marco de la
homologación y nivelación salarial del actor como personal administrativo de la
Secretaría de Educación.
64. Por consiguiente, al desestimarse los argumentos del recurso de apelación se
confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
4. Conclusión
65. El señor Sergio Rafael Badillo Muñoz no tiene derecho a la reliquidación del
retroactivo reconocido en el marco del proceso de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo de la Secretaría de Educación del Atlántico comoquiera
que no cumplió la carga de la prueba. En cuanto a los intereses moratorios, no existe
una norma que ordene su reconocimiento.
5. Costas
66. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 17 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
17 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Sergio Rafael Badillo Muñoz
Demandado: departamento del Atlántico - Secretaría de Educación
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
el 1° de julio de 2022, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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