RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2015-80096-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-80096-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-80096-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 24 de septiembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-80096-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico

Tema: homologación de cargo y nivelación salarial. Subtema: reliquidación del
retroactivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 24 de septiembre de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante, quien ha prestado sus servicios como personal administrativo de la
Secretaría de Educación del Atlántico, solicita la nulidad de la resolución que le
reconoció los valores retroactivos causados por concepto de la homologación salarial,
para que sea reliquidado con la inclusión de bonificaciones y primas, y además se
ordene el pago de intereses moratorios desde el año 1997. El Tribunal negó las
pretensiones de la demanda porque la actora no cumplió la carga de la prueba
respecto al derecho a la reliquidación y negó el pago de intereses moratorios.
Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación porque
considera que a partir del acto demandado se acredita que tiene derecho a la
reliquidación del retroactivo.

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez, mediante apoderado,
presentó demanda el 9 de julio de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra el Departamento del Atlántico – Secretaría de
Educación, con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 0156 del
28 de enero de 2015, que reconoció el retroactivo por la homologación salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho pide la reliquidación del retroactivo
pagado por los años 2000 a 2009, teniendo en cuenta la bonificación por servicios
prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima
de navidad, horas extras, cesantías e intereses de cesantías y vacaciones; la
liquidación de los años no reconocidos de 1997 a 1999, que dejaron de pagarse bajo
el argumento de la prescripción; el pago de intereses moratorios desde el año 1997
hasta «enero de 2014»; la devolución de los aportes parafiscales y patronales; que las
sumas adeudadas sean actualizadas; y que se condene en costas a la entidad
demandada.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. La señora Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez prestó sus servicios como
personal administrativo en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico
desde el año 1997.

6. La parte actora señaló que, en cumplimiento de la Ley 60 de 1993 y de la
Directiva Ministerial 10 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el
departamento inició el proceso administrativo de homologación de cargos y nivelación
salarial indexada de sus empleados administrativos. Indicó que dicho proceso fue
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional mediante el Oficio 2009EE30647
del 3 de junio de 2009.

7. Expuso que, posteriormente, a través de la Resolución 208 del 24 de junio de
2009, el gobernador del Atlántico ordenó la nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo con la planta de personal del ente departamental.
Añadió que, mediante la Resolución 03853 del 26 de junio de 2009, la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico asignó a la demandante la correspondiente
denominación, código, grado y asignación salarial mensual.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

8. Manifestó, además, que por medio del oficio 2013EE34201 del 11 de junio de
2013, el Ministerio de Educación Nacional aprobó un nuevo estudio técnico de
homologación y nivelación de cargos. No obstante, señaló que la Secretaría de
Educación Departamental, mediante la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013,
revocó los actos administrativos expedidos en 2011 relacionados con el
reconocimiento y pago de la homologación.

9. Afirmó que mediante la Resolución 156 del 28 de enero de 2015, la Secretaría
de Educación del Atlántico liquidó de forma incorrecta varios conceptos salariales y
prestacionales causados entre 2000 y 2009, entre ellos la bonificación por servicios
prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima
de navidad, cesantías e intereses de cesantías y vacaciones. Asimismo, sostuvo que
no se reconoció el retroactivo salarial por homologación correspondiente a los años
1997 a 1999.

10. Finalmente, señaló que tiene derecho al reconocimiento y pago de intereses
moratorios sobre el retroactivo salarial recibido, no solo a partir del 29 de diciembre de
2011, sino desde la fecha en que se hizo exigible el pago del reajuste salarial
reclamado, es decir, desde 1997.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. La demandante citó las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53.
Del Código Procesal del Trabajo, el artículo 151.
Del Decreto 1848 de 1969, los artículos 102 y 103.
Del Código Civil, los artículos 2514, 1551 y 1553.

12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que la
administración departamental aplicó de manera incompleta la Directiva Ministerial 10
de 2005, al omitir el reconocimiento total del retroactivo salarial. Indicó que el derecho
al retroactivo debía reconocerse desde 1997, y que los intereses moratorios no se
causan desde la fecha de una reclamación posterior, sino a partir del momento en que
la obligación salarial se hizo exigible y la administración incurrió en mora. En
consecuencia, concluyó que los intereses moratorios debían liquidarse desde la fecha
en que dejó de pagarse oportunamente el reajuste salarial correspondiente, esto es, a
partir de 1997.

13. Afirmó que la reliquidación a favor de la demandante debe establecerse con
base en la diferencia entre el salario fijado en las ordenanzas departamentales del
Atlántico para cada anualidad y el efectivamente percibido por conducto de la
Secretaría de Educación Departamental. Sobre esa diferencia, sostiene la parte
actora, deben recalcularse los demás factores salariales y prestacionales, como
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

bonificaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías e indemnización por
vacaciones no pagadas1.

2.2. Contestación de la demanda

14. El departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones porque no se le
adeuda valor alguno a la demandante y el acto acusado fue expedido conforme a la
ley. Sostuvo que no pueden causarse intereses moratorios sobre las sumas de dinero
que fueron objeto de revisión por el propio Ministerio de Educación y precisó que, como
resultado de ese nuevo estudio, se aplicó la indexación hasta noviembre de 2012, con
lo cual se reconoció la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

15. Asimismo, invocó la Directiva Ministerial 10 de 2005 para señalar que la
retroactividad derivada del proceso de homologación y nivelación salarial solo procede
respecto de derechos no prescritos, conforme al término de tres años previsto en los
artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Procesal del Trabajo,
término que se cuenta desde la exigibilidad de la obligación y que puede interrumpirse
por el reclamo escrito del titular2.

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 24 de septiembre
de 2021, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

17. Como fundamento de la decisión, expuso que la actora solicita la reliquidación
de los valores pagados por la Secretaría de Educación por los años 2000 a 2009, sin
embargo, «no señala soporte o argumento alguno [sobre] en qué términos se
encuentra mal formulada la liquidación contenida en la Resolución 00156 de 2015».

18. En cuanto a dicha solicitud de reliquidación del valor retroactivo reconocido por
concepto de la homologación salarial, con la inclusión de bonificaciones, primas y
cesantías, el a quo consideró que de la simple lectura de la Resolución 156 de 2015
no se evidencia «cuál fue el error aritmético que alega fue cometido por el
Departamento del Atlántico al momento de liquidar el retroactivo de sus salarios y
prestaciones producto del proceso de nivelación y homologación salarial».

19. En conclusión, para el Tribunal no existen los elementos probatorios que
permitan establecer si los valores reconocidos en la Resolución 156 de 2015 no
corresponden a los que presuntamente tenía derecho la accionante.

1 Samai, índice 2, expediente digital, ED_12_08001233300020150(.rar) NroActua 2, doc. 1, demanda.

2 Idem. doc. 15 .
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

20. El fallo negó el reconocimiento de los intereses moratorios sobre el valor
reconocido por concepto del retroactivo porque el acto administrativo demandado
dispuso la indexación de las sumas cuyo pago ordenó, de modo, que al haberse traído
a valor presente, no hay lugar al reconocimiento de los citados intereses. Por otro lado,
no impuso condena en costas, al considerar que no encontró elementos que
justificaran razonablemente el pago de costas3.

2.4. Recurso de apelación

21. La accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

22. Indicó que pide la reliquidación de la bonificación por servicios prestados,
bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, horas extras,
prima técnica, prima de navidad, cesantías e intereses de cesantías, e indemnización
por vacaciones, que fueron liquidados incorrectamente. Relató que en la demanda
solicitó la «liquidación de los años no reconocidos dentro de la resolución acusada:
1997- 1999, tal y como se demuestra, contrario a lo manifestado por el a quo, en la
resolución acusada, donde no se encuentra esos años dejados de reconocer (sic)».

23. En cuanto al pago de intereses, precisó que tiene derecho a que sean
reconocidos desde el año 1997, de modo que no asistió la razón al Tribunal cuando
consideró que no tenía elementos probatorios para pronunciarse.

24. Reprochó que, contrario a lo considerado en el fallo apelado, la prueba está
contenida en «la resolución de reconocimiento y pago de 2014» (sic), la cual acredita
que no le pagaron a la accionante las cesantías, intereses de cesantías, 120 horas
extras, descansos compensatorios, recargos nocturnos e intereses moratorios. En
todo caso, para el apoderado de la demandante, la carga de la prueba la tiene la
entidad demandada. Por otra parte, refirió que «mi recurso de apelación es por el no
reconocimiento del fenómeno de renuncia a la prescripción».

25. Planteó que el Tribunal habría trasladado indebidamente toda la carga de la
prueba a la demandante, pese a que buena parte de los soportes reposaban en
archivos de la administración. Finalmente, sostuvo que la indexación no sustituye los
intereses moratorios, pues aquella solo actualiza el valor del dinero, mientras que los
intereses compensan el retardo en el pago.

26. En resumen, el recurso de apelación sostuvo que en la demanda sí se pidió de
forma expresa la reliquidación del retroactivo, la inclusión de factores salariales y

3 Idem, doc. 32.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

prestacionales omitidos, el reconocimiento de años no liquidados y el pago de
intereses moratorios4.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

27. Mediante auto del 2 de mayo de 20245, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió del periodo de correr
traslado a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

29. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

30. ¿La accionante tiene derecho a la reliquidación del valor retroactivo reconocido
por la Secretaría de Educación por concepto de la homologación y nivelación salarial,
así como al pago de intereses moratorios?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

31. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto del 7
de diciembre de 20046, explicó el proceso de descentralización del sector educativo
previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, en virtud del cual las entidades
territoriales —departamentos y municipios— debieron asumir el personal
administrativo que hasta entonces se encontraba vinculado a la Nación. Para ello, fue
necesario adelantar un proceso de homologación de cargos, funciones y asignaciones
salariales, que constituyó el fundamento para la incorporación de dichos servidores a
las plantas de personal del orden territorial.

32. La Sala de Consulta precisó que la Ley 43 de 1975 dispuso la nacionalización de

4 Idem, doc. 35.

5 Samai, índice 4.
6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez

Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

la educación primaria que anteriormente era prestada por los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y las comisarías, de manera que
los costos de la prestación del servicio educativo pasaron a estar a cargo de la Nación.

33. Posteriormente, con fundamento en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la
Constitución Política, se expidió la Ley 60 de 1993, mediante la cual se implementó la
descentralización del servicio educativo y, en consecuencia, se revirtió el esquema de
nacionalización previsto en la Ley 43 de 1975. En tal sentido, se ordenó a la Nación
transferir a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los
establecimientos educativos necesarios para la prestación del servicio.

34. A su vez, el numeral 5 del artículo 3.º de la citada Ley 60 de 1993 asignó a los
departamentos la administración de los recursos cedidos por la Nación para la
prestación del servicio educativo y dispuso, en su inciso quinto, que, con ocasión de la
incorporación, las plantas de personal tendrían carácter departamental y serían
administradas en los términos del artículo 6.º ibidem, norma conforme a la cual las
escalas salariales aplicables serían las del respectivo orden departamental, distrital o
municipal, así:

ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el
lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por
fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo,
serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal para quien lo ejecute.

[…].

35. En ese contexto, el personal administrativo del sector educativo que laboraba para
la Nación también debía ser transferido a las entidades territoriales mediante un
proceso de incorporación que exigía la homologación de cargos, esto es, la
comparación entre los requisitos, funciones, clasificación y demás elementos previstos
en la planta nacional y aquellos exigidos para desempeñar los cargos de la planta
territorial. Tal procedimiento revestía particularidades propias, en tanto obedecía al
traslado de competencias derivado de la descentralización del servicio educativo.
Sobre el particular, se recordó que, de conformidad con el artículo 48 del Decreto 2400
de 1968, la incorporación procedía por reorganización de dependencias, traslado de
funciones de una entidad a otra o supresión de cargos de carrera; y que, conforme a
la Ley 443 de 1998, también podía tener lugar por supresión del empleo de carrera,
fusión o supresión de entidades, traslado entre entidades o modificación de planta de
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

personal7.

36. Debe resaltarse que la homologación e incorporación de los servidores
provenientes del nivel nacional suponía, cuando no existían cargos equivalentes en
las plantas territoriales, la correspondiente nivelación salarial, así como la adecuación
de la estructura administrativa de las entidades territoriales para garantizar la
prestación del servicio educativo. Para ello, era preciso considerar la clasificación de
los empleos, sus funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos exigidos para
su ejercicio, a fin de determinar la remuneración correspondiente.

37. Más adelante, la Ley 715 de 2001 dispuso que los departamentos certificarían a
los municipios para que, una vez cumplidos determinados requisitos, administraran
recursos del Sistema General de Participaciones y asumieran el personal proveniente
de aquellos. Asimismo, reguló la incorporación a las plantas de personal.

38. En el artículo 34 previó que, durante el último año del período de transición, se
establecerían las plantas de cargos docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos de departamentos, distritos y municipios, y que, una vez
definidas dichas plantas, los servidores nombrados con el lleno de los requisitos
conservarían su vinculación sin solución de continuidad.

39. A su turno, el artículo 38 dispuso que la provisión de los cargos financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones correspondería a la respectiva
entidad territorial, con prioridad para el personal ya vinculado que reuniera los
requisitos del empleo, y precisó que a los docentes, directivos docentes y
administrativos financiados con tales recursos solo podía reconocérseles el régimen
salarial y prestacional establecido en la ley.

3.4. Hechos probados relevantes

40. La Secretaría de Educación del Atlántico, mediante la Resolución 00156 de 2015,
le reconoció a la señora Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez la suma de
$41.769.615, por concepto de valores retroactivos dentro del proceso de homologación
de cargos y salarios, desde el año 2000 hasta el 20098.

41. La citada resolución indicó que la accionante ingresó a laborar en el departamento
del Atlántico el 10 de abril de 1997, en el cargo de auxiliar administrativa. Esta
resolución comparó los salarios del Sistema General de Participaciones y los
establecidos mediante ordenanza, desde el año 2000 hasta el año 2009, esto con el
fin de establecer «la deuda total por concepto de homologación y nivelación salarial de

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez

Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.
8 Samai, índice 2, expediente digital, ED_12_08001233300020150(.rar) NroActua 2, doc. 2, págs. 3 a 12.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

la funcionaria RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EMELINA MARCELA, es de $53.047.659,
cifra en la que se encuentran incluidos $41.769.615 a favor de la funcionaria, por
concepto de los valores retroactivos de diferencias salariales, y los correspondientes
pagos a terceros inherentes a la nómina a cargo del estado, por valor de $11.278.044,
así: $2.571.981 por aportes parafiscales y $8.706.063 por aportes patronales». Agregó
que:

Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los
salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los
salarios vigentes para la misma época que devengaban en la Gobernación del Atlántico
los cargos del nivel central financiados con recursos propios, determinados conforme a
las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la sumatoria de las diferencias salariales,
en caso que se presenten, y las no salariales aplicables a cada caso, como por ejemplo,
horas extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio
de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de los cuales se
calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente
establecidos.

42. Precisó que los referidos valores fueron actualizados con el índice de precios al
consumidor certificados por el DANE. Adicionó que el cumplimiento del pago incluye
los aportes parafiscales al ICBF y al SENA, con la salvedad sobre que no afectaron
los costos de factores salariales ni prestacionales.

43. Ahora bien, en el proceso está acreditado que la señora Emelina Marcela
Rodríguez Rodríguez fue nombrada en provisionalidad por disposición del Decreto 752
del 10 de abril de 1997, en el cargo de auxiliar administrativa, como consta en el oficio
991 del 12 de abril de 1997 de la Secretaría de Educación del Atlántico y en el acto de
designación9.

3.5. Caso concreto

44. La actora, quien se ha desempeñado como empleada administrativa de la
Secretaría de Educación, solicita la nulidad de la Resolución 156 de 2015, que le
reconoció los valores retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y
nivelación salarial de 2000 a 2009, para que se incluyan primas, bonificaciones, horas
extras, intereses y cesantías.

45. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la interesada no cumplió con la carga de la prueba, pues el fallador no
tenía los elementos de juicio para determinar si el acto acusado fue liquidado
correctamente. En cuanto a los intereses moratorios, explicó que las sumas
reconocidas fueron indexadas, lo que excluye los referidos intereses.

9 Samai, índice 2, expediente digital, ED_12_08001233300020150(.rar) NroActua 2, doc. 17, págs. 5 y 7.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

46. La parte accionante apela y refiere que la resolución de «2014» acredita los
valores que le pagaron y, en su criterio, también los que se liquidaron incorrectamente.
Señaló que tiene derecho al pago de la homologación y al reconocimiento de intereses
moratorios desde 1997 a 2009; y por último, indicó que la indexación no sustituye los
intereses moratorios.

47. Visto lo anterior, se precisa que en el proceso la parte actora allegó la Resolución
156 de 2015, expedida por la Secretaría de Educación del Atlántico que le reconoció
un valor retroactivo causado por la homologación y nivelación de cargos para los años
2000 a 2009, por haber prestado sus servicios como empleada administrativa. La suma
reconocida correspondió al monto de $41.769.615.

48. Sin embargo, la Subsección no tiene los elementos probatorios para establecer si
la actora tiene derecho a la reliquidación del valor pagado con la inclusión de los
factores que, en su criterio, debieron ser tenidos en cuenta por la Secretaría de
Educación. Nótese que en el expediente no constan los certificados de pagos,
planillas, desprendibles de nómina u otro documento que permita establecer el alegado
derecho a la reliquidación.

49. En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación sobre la carga de la
prueba que asiste a la parte actora en los procesos donde ha pedido la reliquidación
del retroactivo pagado por la Secretaría de Educación del Atlántico10. Se ha
establecido entonces que la resolución demandada es insuficiente para probar los
presuntos errores en la liquidación11. En lo atinente al reconocimiento de horas extras,
tampoco obran en el expediente elementos probatorios que permitan establecer la
jornada laboral efectivamente cumplida por la actora como auxiliar administrativa, ni
que el trabajo en horas extras haya sido autorizado por el empleador.

50. En el presente caso, tampoco hay lugar a invertir la carga de la prueba, en tanto,
no está demostrado que la actora desplegara una actividad probatoria o que hubiera
intentado a través del derecho de petición obtener los documentos que constan en los
archivos de la entidad.

51. Así pues, en el marco de las cargas procesales corresponde a la parte actora
indicar las disposiciones que estima vulneradas, precisar los vicios que atribuye al acto
administrativo y allegar los elementos de convicción dirigidos a respaldar sus
afirmaciones. En consecuencia, no le compete al juez asumir las cargas procesales
que el ordenamiento jurídico impone a las partes.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 08001-23-31-000-2014-01021-01

(2621-2019), M.P. César Palomino Cortés.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00926-02

(0638-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

52. En lo que respecta a las cesantías e intereses, esta corporación ha considerado
que en eventos como el presente, donde no había culminado la relación laboral, el
derecho se seguía causando, de modo que la entidad no tenía la obligación de liquidar
las cesantías al reconocer las diferencias salariales por la homologación12.

53. Por otra parte, contrario a lo referido en el recurso sobre la presunta renuncia a la
prescripción de la entidad, se tiene que la actora sí fue beneficiaria del pago de la
homologación desde el año 1997 a 1999, toda vez que la Secretaría de Educación del
Atlántico aportó la Resolución 569 de 201113, por la cual, le reconoció a la señora
Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez la nivelación y homologación salarial por
aquellas anualidades. En efecto, la Secretaría de Educación en la citada resolución
expuso que:

-El Decreto 208 de 2009 dispuso la homologación salarial de los cargos administrativos
de la Secretaría de Educación.

-Con ocasión de la descentralización administrativa prevista en las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001, las entidades territoriales debían homologar los cargos de la planta
transferida por la Nación y los municipios con la planta propia del respectivo ente territorial,
en este caso, el departamento del Atlántico.

-La Resolución 03853 de 2009 determinó la homologación para los funcionarios
vinculados en ese momento a la planta de cargos.

-La señora Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez le otorgó poder al abogado Roberto
Camargo Olivero y le cedió el crédito por concepto de homologación y nivelación salarial
a favor del referido profesional del derecho, «surtiendo efecto por haberse notificado a
esta entidad en su calidad de deudora».

54. Por consiguiente, lo alegado por la parte accionante en cuanto a que tiene derecho
al pago de la homologación y nivelación salarial por los años 1997 a 1999, carece de
objeto, toda vez que dichos valores fueron reconocidos mediante la Resolución 00569
de 2011. Nótese que la interesada le cedió el crédito al abogado Roberto Camargo
Olivero, lo cual fue notificado a la Secretaría.

55. Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento de intereses moratorios sobre
los valores reconocidos por la Secretaría de Educación en la Resolución 156 de 2015,
esta corporación ha considerado que son improcedentes porque no existe una norma
que ordene el pago, ni fueron ordenados en la resolución que reconoció el retroactivo.
Ciertamente, en sentencia del 7 de diciembre de 2017 se consideró que14:

12 Idem.
13 Samai, índice 2, expediente digital, ED_12_08001233300020150(.rar) NroActua 2, doc. 17, págs. 111 a 115.

14 Véanse también las sentencias del 22 de febrero de 2018. proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00404-

01(2475-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández; del 1 de marzo de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-
2014-00221-01(1914-15) y 73001-23-33-000-2014-00265-01(3484-15), M.P. William Hernández Gómez; del 8 de

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los
mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si
no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo,
como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en
consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos que no se evidencian en el presente asunto15.

56. En el mismo sentido, el fallo del 23 de agosto de 2018, indicó que no hay lugar al
pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento 16. Lo que fue reiterado en la sentencia
del 19 de septiembre de 202417.

57.En este orden de ideas, no hay lugar a ordenar el pago de intereses moratorios
sobre el valor pagado por el concepto del retroactivo reconocido en el marco de la
homologación y nivelación salarial de la actora como personal administrativo de la
Secretaría de Educación.

58. Por consiguiente, al desestimarse los argumentos del recurso de apelación se
confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

4. Costas

59. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 18 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no

marzo de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00558-01(3219-15), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00218-01(1372-15), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de

diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino

Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00926-02

(0638-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

60. La señora Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez no tiene derecho a la
reliquidación del retroactivo reconocido en el marco del proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación del
Atlántico ni al pago de intereses moratorios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
el 24 de septiembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023)
Demandante: Emelina Marcela Rodríguez Rodríguez
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.