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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00949-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00949-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Reconocer personería a Roland de Jesús Larios Sanjuan, identificado con la Cédula de Ciudadanía Núm. 1.140.855.770 de Barranquilla, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional Núm. 259.556 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la entidad demandada, en los términos de la sustitución del poder que reposa en el expediente electrónico.46 CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00949-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00949-01(4384-2021)1
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reliquidación del retroactivo salarial en el marco del
proceso de homologación de cargos y nivelación
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veinte (2020),
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual, negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.2

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar que se declare la
nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución Núm. 00361 del
Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Catorce (2014), expedida por la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, por medio de la cual, ordenó el
reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal administrativo,
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad

1
Expediente híbrido.
2
Expediente físico: Cuaderno No. 1, págs. 2-17.

2

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

con la aprobación del estudio técnico y certificación de la deuda del Ministerio de
Educación, dentro del proceso de homologación y nivelación salarial.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada 3 : (i) reliquidar y pagar lo
sufragado en virtud del acto administrativo acusado, desde el 2000 hasta el 2009,
con el reconocimiento de la diferencia entre el salario fijado en las ordenanzas
departamentales y el salario efectivamente percibido; (ii) liquidar los emolumentos
correspondientes al año Dos Mil Uno (2001), que no fue reconocido dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial; (iii) pagar de los intereses
moratorios derivados del reajuste salarial, desde la causación del derecho; (iv)
actualizar la condena resultante, de conformidad con el artículo 187 del CPACA, y
cumplir la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y (v) condenar
en costas a la entidad demandada.

1.2. Los hechos.

3. En el escrito de demanda4, y en la respectiva subsanación5, se precisó que, la
señora Soledad Alcázar Adicto prestó sus servicios a la Secretaría de Educación
del Departamento del Atlántico, desde el año Dos Mil Uno (2001).

4. Expuso que, la Gobernación del Atlántico, en virtud de las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001, en concordancia con la Directiva Ministerial Núm. 10 de 2005,
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, dio inicio al proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial a sus empleados y funcionarios. Indicó
que, dicho proceso fue aprobado a través del Oficio Núm. 2009EE30647 del Tres
(3) de junio de Dos Mil Nueve (2009). Aunado a ello, mediante el Decreto Núm. 208
del Veinticuatro (24) de junio de la referida anualidad, la Gobernación del Atlántico
ordenó nivelar salarialmente “a los administrativos de la educación”.

5. Agregó que, mediante Oficio Núm. 2013EE34201 del Once (11) de junio de Dos
Mil Trece (2013), el Ministerio de Educación aprobó el nuevo estudio técnico de
homologación. Así, en virtud de la Resolución Núm. 02318 del Ocho (8) de octubre

3
Aunque con la demanda inicial la demandante solicitó la devolución de los descuentos que se efectuaron por aportes
parafiscales (CAJACOPI, ICBF, SENA, ESAP, entre otros), en la subsanación de la demanda (cuaderno 1, folio 118), se retiró
dicha pretensión “porque efectivamente lo canceló el ente territorial”.
4
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 2-17.
5
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 115-118.

3

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

del año en cita, la Secretaría de Educación Departamental revocó todos los actos
administrativos relativos al reconocimiento y pago de la homologación salarial,
expedidos durante la vigencia del Dos Mil Once (2011).

6. Por medio de la Resolución Núm. 00361 del Veintidós (22) de enero de Dos Mil
Catorce (2014), la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, le
reconoció el retroactivo salarial de homologación a la demandante, en una forma
que, según adujo, resultaba incompleta, habida cuenta que, no se tuvieron en
cuenta en los años liquidados los factores salariales deprecados.

7. Al respecto, precisó que, no le fueron liquidados “de forma correcta” la bonificación
por servicios prestados, la bonificación por recreación, la prima de servicios, prima
de vacaciones, prima técnica, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, indemnización por vacaciones (sic), días compensatorios de descanso
dejados de pagar, y horas extras. Sobre estas últimas, manifestó que se le
liquidaron sólo 50 horas extras, de un total de 120 que debieron incluirse en el
retroactivo reconocido y, además, anotó que, no se le reconoció -como retroactivo
salarial- el año 2001, “(…) muy a pesar que tenía derecho en esos años (sic)”.

8. Explicó que, mediante derechos de petición presentados en mayo del 2000 y del
2003, Sintrenal Atlántico solicitó, a nombre de los trabajadores de la Secretaría de
Educación Departamental, el reconocimiento del retroactivo salarial, y que, a través
de ellos, se interrumpió la prescripción trienal. En esa misma línea, adujo que el
acuerdo entre Sintrenal y el Ministerio de Educación, celebrado en mayo del 2000,
sigue vigente para la parte actora “desde 1997 hasta la actualidad”.

9. Finalmente, puntualizó en que, tiene derecho al pago de los intereses moratorios
del valor correspondiente al retroactivo salarial, no sólo a partir del Veintinueve (29)
de Diciembre de Dos Mil Once (2011), fecha en la cual la Secretaría de Educación
suspendió el pago de la homologación por solicitud del Ministerio de Educación
Nacional (al encontrar diferencias en las liquidaciones aplicadas), sino desde que
se hizo efectivo el derecho al pago del reajuste salarial, es decir, desde el 2001.

1.3. Concepto de la violación.

10. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los

4

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

artículos 1º, 2º, 4º y 6º, 12, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia; la
Directiva Ministerial Núm. 10 de 2005; el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo; los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969; los artículos 1551, 1553
y 2514 del Código Civil; y el Oficio Núm. 2010EE23329 del Ministerio de Educación.

11. Manifestó que, el acto acusado le causó un agravio injustificado, en la medida
en que lesionó sus derechos subjetivos, al haberse expedido con infracción de la
Constitución Política y de las disposiciones legales que rigen para el efecto,
“quedando viciado (sic) la emisión de la voluntad de la autoridad administrativa que lo profirió.”

12. Destacó que, para el caso que ocupa la atención de esta Sala, el proceso de
nivelación salarial tuvo dos (2) momentos: (i) el primero, consistió en “homologar al
administrativo (sic) a la planta de personal del Departamento, asignándole código, grado y
denominación del nuevo cargo con su respectivo salario ”, correspondiéndole a la señora

Alcázar Adicto el cargo de auxiliar administrativo, habiéndose desempeñado antes
como auxiliar de servicios generales; y (ii) el segundo, por su parte, se contrajo a
pagar el respectivo retroactivo, atendiendo a la Directiva Ministerial 10 de 2005.

13. Alegó que, la administración departamental desconoció abiertamente la
Directiva Ministerial en comento, toda vez que, liquidó de forma incompleta los años
reconocidos en la resolución enjuiciada y, en adición, dejó desprovista a la parte
actora del retroactivo de los años anteriores al 2005, a los cuales tenía derecho
porque, según dijo, Sintrenal (la organización sindical a la cual pertenece) presentó
sendas reclamaciones en los años 2000 y 2003, con lo cual interrumpió la
prescripción. Asimismo, expresó que, el acuerdo entre Sintrenal Nacional y el
Ministerio de Educación del Tres (3) de mayo del Dos Mil (2000), sigue vigente
desde el año de 1997, hasta la actualidad, para los vinculados con anterioridad.

14. Expresó que, con ocasión de la “declaración de voluntad” suscrita por el Ministerio
de Educación el Veintisiete (27) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho
(1998), sobre equidad salarial, y del acuerdo celebrado con Sintrenal Nacional el
Tres (3) de mayo de Dos Mil (2000), encaminado a adelantar un proceso de
homologación salarial para todos los funcionarios administrativos del sector
educativo en Colombia, el Gobierno Nacional renunció a la prescripción.

1.4. La contestación de la demanda.

5

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

15. Mediante memorial radicado el Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Quince
(2015)6, el apoderado de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, en razón a que, el ente territorial “no ha amenazado y mucho menos violado
derechos de rango legal o constitucional a la accionante.”

16. Frente a los hechos narrados por la actora, sostuvo que, de conformidad con el
principio “onus probandi incumbti actori”, quien alega un hecho tiene la carga de probarlo
a través de los medios de convicción dispuestos por el ordenamiento jurídico.

17. Por último, propuso como única excepción la que denominó genérica o
innominada.

1.5. La sentencia de primera instancia.

18. En la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Veinte (2020)7, el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda promovida por la
señora Soledad Alcázar Adicto, sin condena en costas frente a la parte vencida. Al
respecto, en la parte resolutiva del fallo se dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación,
acorde a lo expuesto en la parte considerativa.”

SEGUNDO: Deniéguense las súplicas de la demanda.

TERCERO: Sin costas (Art. 188 de la Ley 1437 de 2011).

CUARTO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437
de 2011.

19. Para resolver los cargos planteados en la demanda, el A-quo empezó por
advertir que, la parte demandante pretende “la reliquidación de los años pagados dentro de
la Resolución mencionada, expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico,
desde el año 1997 hasta 2009”. No obstante, precisó que, en la demanda sólo se limitó

a aducir que, el retroactivo reconocido se encuentra mal liquidado, sin señalar el
soporte o argumento que indique en qué términos quedó formulada la liquidación
contenida en la Resolución Núm. 00361 del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil
Catorce (2014)8, o el error endilgado. Por tal motivo, consideró que, al no haberse

6
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 157-160.
7
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fls. 294-305.
8
Aunque el Tribunal se refiere a la resolución del 28 de enero de 2014, la misma, según la copia del acto acusado que reposa
en el expediente, tiene fecha del 22 de enero de la referida anualidad.

6

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

demostrado “dicho extremo fáctico de la demanda”, debía denegarse la pretensión.

20. Frente a la pretensión encaminada a reliquidar el retroactivo con inclusión de la
“bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de
vacaciones, horas extras (se liquidaron solo 50 horas extras de un total de 120), prima técnica, prima
de navidad, cesantías e intereses a las cesantías e indemnización por vacaciones (no fueron
canceladas), lo mismo que los días de descanso no disfrutados y dejados de cancelar ”, el Tribunal

llamó la atención en que, no le bastaba a la actora allegar la Resolución Núm. 00361
del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Catorce (2014), puesto que, de su simple
lectura, no se desprendía, per se, la vulneración de los derechos invocados.

21. A su turno, hizo énfasis en que, con la revisión del acto acusado, no se tenía
evidencia suficiente que permitiera deducir cuál fue el error al aritmético en el que,
según lo señalado por la demandante, incurrió el Departamento del Atlántico al
momento de liquidar el retroactivo de sus salarios y prestaciones, producto del
proceso de nivelación y homologación salarial, aspecto que, en criterio de esa sede
judicial, impedía avizorar la inconformidad planteada en la demanda.

22. Sobre la base de lo expuesto, el A-quo advirtió que, no existían suficientes
elementos de prueba tendientes a determinar que los dineros efectivamente
reconocidos a la parte demandante en virtud de la resolución demandada, no
correspondieran a todas y cada una de las acreencias laborales percibidas por la
demandante en el período reclamado o que, en el mismo acto de reconocimiento,
se hubiese prescindido de algunos factores devengados, o que, su inclusión se haya
realizado en cuantía inferior a la que legalmente tenía derecho.

23. En línea con lo anterior, anotó que, los cargos formulados no fueron probados
y, en tal virtud, el acto demandado mantenía su presunción de legalidad. Al
respecto, recordó que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 167 del Código
General del Proceso, la parte actora tenía la carga de probar los hechos que le
sirven de sustento a sus pretensiones. En sus términos, aseveró: “(…) las pretensiones,
para que tengan vocación de prosperidad, deben estar soportados (sic) en los supuestos de hechos
u omisiones que le sirven de fundamento, y a pesar de que el juez pueda ejercer facultades
probatorias de oficio, no está llamada (sic) a suplir la carga de la actora en ese sentido.”

24. Por último, con respecto a los intereses moratorios reclamados, explicó que, en
el acto administrativo objeto de control, las sumas de dinero que resultaron a favor

7

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

de la demandante fueron indexadas, por lo que, al haberse traído al valor presente
el retroactivo reconocido, no había lugar a reconocer tales intereses.

1.6. El recurso de apelación.

25. Mediante memorial radicado el Veintitrés (23) de Noviembre de Dos Mil Veinte
(2020)9, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que,
solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, reiterando que, lo solicitado,
además de la nulidad del acto demandado, versa sobre “la diferencia y faltante de 70
horas extras mensuales laboradas, los descansos compensatorios no disfrutados y dejados de
cancelar, los domingos y festivos y los recargos nocturnos también dejados de cancelar, la diferencia
y faltante de las cesantías, el cual es el 12% de los intereses a la misma (sic) dejado de cancelar
(…) y los años dejados de reconocer, intereses moratorios y sanción moratoria.”

26. Explicó que, en la sentencia recurrida, se materializaron “una serie de vías de
hecho”, las cuales advirtió también configuradas “en demandas de reliquidación iguales a la

presente, especialmente por el no envío de varias pruebas a los despachos de los magistrados ”,

como era el caso de las planillas de horas extras, con las que, según adujo, se
demostraría el trabajo excesivo de horas extras, los descansos compensatorios no
disfrutados dejados de pagar, el trabajo de domingo y festivos, y los recargos
nocturnos, prueba que solicitó en el marco de la segunda instancia.

27. Llamó la atención en que, con la resolución acusada, se dejaron de reconocer
distintos factores y que, aunque el A-quo indicó que no existía prueba de ese hecho,
dicha circunstancia le vulneró el debido proceso, así como, el derecho a la defensa
y contradicción, “al no revisar dicha liquidación el mismo despacho con apoyo del contador que
tienen los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico (…) ”.

28. Expresó que, las pruebas -documentales- relacionadas con las horas extras
laboradas, y el reconocimiento de los intereses de las cesantías dejados de pagar,
fueron decretadas “por los directores judiciales de primera instancia”, como señaló que se
podía evidenciar en el acta de la audiencia inicial, precisando que algunos “ hasta
dictaron autos para mejor proveer”. Indicó que, por lo anterior, se satisfizo la exigencia

del artículo 212, numeral 4º, del CPACA, en orden a acceder a la práctica de una
prueba en segunda instancia que, en su criterio, se dejó de practicar en la primera.

9
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fls. 316-355.

8

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

Manifestó que, los recursos y las respectivas nulidades se vienen solicitando desde
el momento en que no fueron enviadas las pruebas por la demandada. De hecho,
hizo énfasis en que, “dentro de la ejecutoria de la sentencia se impetraron recursos y nulidades ”.

29. Manifestó que, contrario a lo resuelto por el A-quo, sí existe prueba de las sumas
dejadas de pagar en el marco de la homologación, como es el caso de la Resolución
Núm. 00361 del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Catorce (2014), en donde, en
su criterio, “se demuestra que no se cancelaron las cesantías en un principio que se deben
cancelar por ley, porque después las cancelaron, pero dejando de cancelar ese 12% de intereses a
las cesantías; como tampoco le cancelaron las horas extras completas (…) ”.

30. Señaló que, la referencia al artículo 167 del Código General del Proceso
corresponde a un “sofisma de distracción para salir rápido de las demandas”, pues, a su juicio,
la carga probatoria, después de presentada la demanda, la tiene la entidad, habida
cuenta que es la que tiene en su poder los archivos. Para el caso de autos, sostuvo
que, el Tribunal debió distribuir la carga de la prueba, en orden a obtener los
elementos solicitados. A renglón seguido, resaltó que, esa carga de la prueba le
asiste también al juez.

31. Insistió en que, por las sumas dejadas de pagar, le asiste el derecho a la
demandante a que las mismas le sean indexadas y se le reconozcan los intereses
moratorios. Aunque no ofreció mayor explicación sobre el particular, aseguró que,
“contrario a lo manifestado por el ad quem de segunda instancia, tanto los años dejados de reconocer
como los intereses moratorios si (sic) fueron objeto del recurso de apelación, lo mismo que los
magistrados de primera instancia lo negaron, porque no se encontró acreditado que la liquidación
del retroactivo por el período 2003 a 2009 sea incorrecta (…)”.

32. Finalmente, puntualizó que, el superior debe revisar la decisión de primera
instancia, teniendo en cuenta que: (i) no se ajusta a los hechos que motivaron la
demanda ni a los derechos invocados; (ii) se niega a cumplir el mandato legal de
garantizar a la agraviada el pleno goce de sus derechos; (iii) se funda en
consideraciones inexactas, alejadas -en su sentir- de la realidad jurídica y procesal
del caso de autos; y (iv) por que el fallador incurre en “error esencial de derecho”.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

9

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

33. Mediante el auto del Veintinueve (29) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022)10, el
despacho sustanciador11, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia y, en el mismo proveído, negó las pruebas solicitadas por la
actora en segunda instancia (relacionadas con la obligación de la entidad
demandada de aportar las planillas de horas extras), toda vez que, con la petición
probatoria, no se explicó la causal del artículo 212 ibidem que le servía de sustento.

34. Más adelante, a través del auto del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026)12, el despacho ponente ordenó, en atención a lo establecido en el artículo
247.4 del CPACA (en su redacción original), correr traslado a las partes para alegar
de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tuviere, rindiera su
concepto. Dentro del término concedido, el Ministerio Público13 allegó su concepto
y, por otra parte, el apoderado de la entidad remitió el escrito contentivo de alegatos.

1.7.1. Alegatos de la entidad demandada14.

35. La entidad demandada solicitó la confirmación integral de la sentencia apelada
y, de suyo, que se mantenga la declaratoria de inexistencia de la obligación y la
negativa de las pretensiones de la demanda. Para sustentar su petición, desarrolló
los siguientes puntos: (i) la demandante sí fue beneficiaria del proceso de
homologación y recibió el reconocimiento en virtud del acto acusado; (ii) la actora
no probó errores concretos en la liquidación del retroactivo; (iii) no se desvirtuó la
presunción de legalidad ínsita en la Resolución Núm. 00361 del 2014; (iv) no se
acreditó la procedencia de los factores y las sumas adicionales deprecadas; y (v)
no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios.

1.7.2. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad.

1.7.3. Concepto del Ministerio Público15.

36. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, mediante la cual, se negaron las súplicas de la

10
Índice 00003 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
11
C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
12
Índice 00026 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
13
Índice 00034 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
14
Índice 00035 del expediente electrónico que reposa en el Samai.
15
Ibidem.

10

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Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

demanda. Para el efecto, resaltó, en primer lugar, que la pretensión orientada a
reliquidar el retroactivo por el período comprendido entre el 2000 y el 2009 presenta
inconsistencias, comoquiera que, en la demanda se afirmó que la vinculación laboral
inició en 2001, circunstancia que excluye la reliquidación por un período anterior.

37. Adujo que, del contenido del acto demandado, se advierte que, la Secretaría de
Educación Departamental reconoció a la accionante la suma de $13.636.988, por
concepto de diferencias salariales derivadas del proceso de homologación del cargo
que desempeñaba en el nivel nacional, al nivel territorial. Para su expedición, la
administración comparó los salarios efectivamente percibidos, con aquellos
vigentes en la planta administrativa de la Gobernación del Atlántico para cargos
equivalentes, operación que permitió establecer las diferencias correspondientes a
cada anualidad, y de la cual se pudo identificar que, “la demandante habría iniciado
labores en el año 2002” y que, incluso, “al parecer, durante la vigencia 2003 no prestó sus

servicios razón por la cual la liquidación se retomó únicamente desde 2004 hasta junio de 2009 .”

38. Adicionalmente, sostuvo que: (i) en el acto administrativo se dejó constancia
que no se generaban diferencias por los conceptos reclamados, como quedó
reflejado en la tabla de factores salariales incorporada en la liquidación; (ii) la
afirmación del apelante, según la cual no se tuvieron en cuenta la totalidad de horas
extras laboradas, carece de respaldo probatorio, debiendo dicho extremo procesal
asumir esa carga, al tenor de lo preceptuado en el artículo 167 del Código General
del Proceso; (iii) en similar sentido, la actora no precisó -de manera concreta- en
qué fundamentaba la alegada inconsistencia de los cálculos efectuados, ni puso de
presente las diferencias existentes con las sumas pagadas; y (iv) frente al
reconocimiento de los intereses moratorios, resaltó que, los mismos exigen una
habilitación normativa expresa, “sin que resulte jurídicamente admisible extender su aplicación
mediante interpretaciones analógicas o extensivas carentes de sustento en el ordenamiento.”

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

39. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código

11

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

General del Proceso (CGP) 16 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema(s) jurídico(s).

40. En el asunto sub-examine, le corresponde a la Sala abordar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, los siguientes problemas:

(i) ¿La señora Soledad Alcázar Adicto tiene derecho a la reliquidación del
valor retroactivo reconocido por la Secretaría de Educación del Atlántico,
por concepto de la homologación y nivelación salarial, así como al pago
de intereses moratorios, dados los yerros alegados por la actora en la
liquidación contenida en la Resolución No. 00361 de 2014 que se acusa?
(ii) ¿Se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción
de la demandante por las alegadas omisiones probatorias y la indebida
valoración de los elementos de juicio incorporados al proceso?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

41. A través de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 se surtió el proceso de
descentralización del sector educativo, el cual supuso que las entidades territoriales
-departamentos y municipios- asumieran el personal administrativo que hasta
entonces se encontraba vinculado a la Nación.17 En dicho escenario, fue necesario
adelantar un proceso de homologación de cargos y nivelación salarial, que se erigió
como el fundamento para la incorporación de dichos servidores a las plantas de
personal de las entidades del orden territorial.

42. En el concepto del Nueve (9) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) 18, la Sala
de Consulta y Servicio Civil explicó que, la Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación

16
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
18
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez
Arce, Radicación número: 1607.

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Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías, proceso
que se llevó a cabo entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. De
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política de
1991, se expidió la Ley 60 de 1993, por la cual, se dictaron normas orgánicas sobre
la distribución de competencias y recursos, abriéndose así paso la descentralización
del servicio educativo y el desmonte de la nacionalización ordenada por la Ley 43
de 1975, mediante la entrega por parte de la Nación a los departamentos y distritos
de los bienes, el personal y los establecimientos educativos.

43. Con respecto a la entrega y administración del personal se estableció, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º y 6º de la citada Ley 60 de 1993,
que: (i) los departamentos, con cargo a los recursos del situado fiscal, prestarían
los servicios educativos estatales y asumirían las obligaciones correspondientes,
por lo que, los establecimientos educativos y la planta de personal tendrían carácter
departamental; (ii) la ley y sus reglamentos deberían señalar los criterios, régimen
y reglas para la organización de plantas de personal administrativo de los servicios
educativos estatales; y (iii) ningún departamento, distrito o municipio podía vincular
empleados por fuera de las plantas de personal que cada entidad adoptara.19

44. En los términos del artículo 15 de la referida Ley 60 de 1993, los departamentos
y distritos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo
14 ibidem, en el transcurso de cuatro (4) años -los cuales debían ser certificados-,
contados a partir de la vigencia de la ley, recibirían mediante acta suscrita para el
efecto, los bienes, el personal, y los establecimientos que les permitirían cumplir con
las funciones y las obligaciones recibidas. De esta forma quedó establecido que, el
personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la
Nación, por mandato legal, debía entregarse al respectivo departamento o distrito,
cumplido lo cual, mediante incorporación, entraban a formar parte de las plantas de
personal de carácter departamental o distrital, según el caso.

45. El traspaso de los servidores, según la citada Sala de Consulta y Servicio Civil,
debía producirse mediante un proceso de incorporación, el cual requería, para su
perfeccionamiento, la homologación de cargos (entre los previstos en la planta de

19
Ibidem, reiterado igualmente en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“B”, sentencia del 27 de marzo de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).

13

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la Nación, con los exigidos para la planta de personal de los departamentos). Este
proceso de homologación trajo consigo la nivelación salarial, especialmente en
aquellos eventos en los que no procediera la incorporación horizontal, siempre “bajo
el supuesto de la no desmejora, en modo alguno, de las condiciones laboral, salarial y prestacional. ”

Para dicho propósito, era preciso que la entidad considerara la clasificación de los
empleos, sus funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos exigidos para
su ejercicio, a fin de determinar la remuneración correspondiente.

46. En virtud de la Ley 715 de 2001, se adelantó un proceso de similares
características al de la Ley 60 de 1993, pero en el ámbito municipal. Con la
expedición de la Ley 715 en comento, se dictaron normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de
la Constitución Política, reformada por el Acto Legislativo Núm. 01 de 2001, que
creó el Sistema General de Participaciones – SGP.

47. La Ley 715 de 2001 dispuso que los departamentos certificarían a los municipios
para que, una vez cumplidos determinados requisitos, administraran recursos del
Sistema General de Participaciones y asumieran el personal proveniente de
aquellos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.
La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General
de Participaciones, se realizaría por parte de la respectiva entidad territorial, dando
prioridad al personal vinculado que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

48. La Ley 715, a diferencia de la Ley 60 de 1993, se refirió expresamente a la
incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Al respecto, el
artículo 34 previó que, durante el último año del período de transición, se
establecerían las plantas de cargos docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos de departamentos, distritos y municipios, y que, una vez
fueran definidas dichas plantas, los servidores nombrados con el lleno de los
requisitos conservarían su vinculación sin solución de continuidad.

49. Por su parte, el artículo 38 ibidem estableció que, la provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizaría por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal
vinculado para ese momento y que cumpliera los requisitos para el ejercicio del
cargo. A su turno, precisó que, a los docentes, directivos docentes y administrativos

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financiados con recursos de la fuente en comento (SGP), sólo podía reconocérseles
el régimen salarial y prestacional establecido en la ley.

50. Así las cosas, la municipalización de la educación se cumplió -en similar sentido
a la Ley 60 de 1993-, mediante el proceso de incorporación y homologación.

2.4. Hechos probados.

51. De acuerdo con las pruebas que obran en el dosier procesal, se tienen
acreditados los siguientes hechos relevantes en el caso sub judice:

a) A través del “acta de acuerdo” suscrita el Tres (3) de Mayo del Dos Mil (2000)20 por
representantes de Sintrenal y el Gobierno Nacional, se dejó constancia de las
distintas iniciativas y compromisos para el mejoramiento de la calidad y cobertura
de la educación, así como de las condiciones de los funcionarios administrativos.

b) Reclamaciones elevadas por Sintrenal Atlántico ante la Gobernación del
Departamento, en los años 2000 y 2003, relacionadas con el “ proceso de nivelación
salarial por igualdad de cargo en el Departamento”21.

c) En virtud del Decreto Núm. 000556 del Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil
Uno (2001), el Gobernador del Departamento del Atlántico nombró provisionalmente
a la señora Soledad Alcázar Adicto, en el cargo de “auxiliar de servicios generales, código
710, en el INEM Miguel Antonio Caro”, ubicada en el Municipio de Soledad.22

d) Con la expedición de la Directiva Ministerial Núm. 10 del Treinta (30) de Junio de
Dos Mil Cinco (2005) 23 , se fijaron los criterios y pasos a tener en cuenta en el
proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo.

e) Por medio de Decreto Núm. 00208 del Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil
Nueve (2009), la Gobernación del Atlántico dispuso la homologación y nivelación
salarial de algunos cargos administrativos (dentro del cual se encuentra el de
auxiliar administrativo) de la Secretaría de Educación Departamental, pagados con

20
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 78 y subsiguientes.
21
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fls. 258-259.
22
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fls. 227-228.
23
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 200 y Cuaderno No. 2, fls. 201-214.

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recursos del Sistema General de Participaciones, con los cargos de la planta del
nivel central del Departamento del Atlántico. En el artículo 2º del Decreto en cita, se
estableció que: “la Secretaría de Educación expedirá los actos administrativos necesarios para
dar estricto cumplimiento a la homologación, nivelando los salarios de los funcionarios con los
códigos y grados a los cuales han sido homologados (…)”.24 El artículo 3º ibidem previó que:

“la homologación de cada funcionario se realizará mediante acto administrativo individualizado el
cual sebe especificar el cargo al cual es homologado y la nivelación salarial respectiva (…)”.

f) En la copia del Oficio Núm. 2009EE30647 de Junio de Dos Mil Nueve (2009), con
asunto “proceso homologación planta administrativa recursos SGP”, se relacionó la propuesta
de homologación de la planta administrativa adscrita al sector educativo del
Departamento del Atlántico, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 25.

g) En la copia del Oficio Núm. 2011EE77306 de Diciembre de Dos Mil Doce (2012),
con asunto “proceso homologación planta administrativa”, la Directora de Fortalecimiento a
la Gestión Territorial le indicó a la Secretaría de Educación del Atlántico que, debía
suspenderse el proceso de pago por concepto de homologación y nivelación salarial
hasta tanto se revisara la propuesta de modificación planteada, y se determinara su
impacto en los recursos destinados por la Nación para cubrir la deuda26.

h) De acuerdo con la información que reposa en el Oficio Núm. 2013EE34201 de
Junio de Dos Mil Trece (2013), con asunto “certificación ajustes costo acumulado de la
homologación / Radicado 2013ER63016”, la Directora de Fortalecimiento a la Gestión

Territorial del Ministerio de Educación Nacional encontró consistente la liquidación
del costo retroactivo recibida, la cual, incluiría “todos los conceptos de nómina, parafiscales
y patronales y comprende todos los períodos 1997-2009”.27

i) Mediante la Resolución Núm. 00361 del 22 de Enero de 201428, la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico ordenó el reconocimiento y pago de valores
retroactivos a favor del personal administrativo, financiado con recursos del Sistema
General de Participaciones, de conformidad con la aprobación del estudio técnico y
la certificación de la deuda por el Ministerio de Educación Nacional, dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial.

24
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 192-196.
25
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 185-187.
26
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 188.
27
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 189-191.
28
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fls. 20 y subsiguientes.

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j) En el documento sin fecha, titulado “consolidado deuda por homologación: reliquidación
indexada”29, y en el denominado “liquidación intereses moratorios – homologación personal

administrativo”, en los cuales figuran los nombres del liquidador Jorge Corredor Sará,

y de la contadora Lourdes Olivares Amaris, se relacionan en una tabla distintos
valores para el período comprendido entre 1995 y 2009, entre los que figuran los
correspondientes a Soledad Alcázar Adicto (Núm. 107, fila 3).

k) De conformidad con los certificados de ingresos y egresos expedidos por la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, para la vigencia 2013 (enero-
diciembre), se logran visualizar los conceptos recibidos por la parte demandante30.

l) En los antecedentes administrativos de la señora Soledad Alcázar Adicto
(aportados por la entidad en medio magnético)31, reposan, entre otros, el formato
de hoja de vida, la declaración juramentada de bienes y rentas, el certificado de
antecedentes disciplinarios, el Decreto Núm. 000556 de 2001 (mediante el cual se
efectúa el nombramiento), el oficio de aceptación del cargo, el acta de posesión, la
constancia de vinculación, la Resolución 00782 de 2011 32 , los certificados de
incapacidad, las solicitudes de retiro de cesantías y constancias de cancelación (sic)
de cesantías parciales, y demás actos que se pronuncian sobre situaciones
administrativas de la ahora demandante (v.gr. licencias, vacaciones).

m) En atención al requerimiento efectuado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico el Veintiséis (26) de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), la entidad
demandada allegó una planilla de turnos que no corresponde a la señora Soledad
Alcázar Adicto, sino al señor Rafael Antonio Zambrano Mercado, quien ostentaba el
cargo de celador en una institución distinta a la que le correspondía a la actora33.

2.6. Caso concreto.

52. En el caso bajo examen, la señora Soledad Alcázar Adicto pretende la nulidad
de la Resolución Núm. 00361 del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Catorce (2014),
expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por medio

29
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 49.
30
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fls. 215-226.
31
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fl. 249, CD 1.
32
Por medio de la cual se reconocen valores retroactivos por concepto de homologación y nivelación salarial a personal
administrativo del sector educativo.
33
Expediente físico: Cuaderno No. 2, fl. 244.

17

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de la cual, el citado ente territorial, ordenó el reconocimiento y pago de valores
retroactivos a favor del personal administrativo, dentro del proceso de homologación
y nivelación de cargos, al considerar que, en dicho acto, no se le tuvo en cuenta “la
diferencia y faltante de 70 horas extras mensuales laboradas, los descansos compensatorios no
disfrutados y dejados de cancelar, los domingos y festivos y los recargos nocturnos también dejados
de cancelar, la diferencia y faltante de las cesantías, el cual es el 12% de los intereses a la misma
(sic) dejado de cancelar (…) y los años dejados de reconocer, intereses moratorios y sanción mora”.

53. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia apelada, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que, los cargos endilgados al acto de
reconocimiento no fueron probados, pues, no se aportaron suficientes elementos de
juicio para demostrar el alegado error -o inexactitud- en el que, a juicio de la actora,
incurrió la entidad demandada al momento de efectuar la liquidación del retroactivo.

54. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, con arreglo al cual, insistió en que, en la Resolución Núm. 00361 del
2014 no se tuvieron en cuenta períodos, horas extras, recargos y distintos factores
y emolumentos a los que aduce tener derecho. Precisó que, las pruebas aportadas
daban cuenta de ese yerro y que, en gracia de discusión, la liquidación debió ser
revisada por el Tribunal “con el apoyo del contador” o, en su defecto, distribuirse la carga
de la prueba, a efectos de ordenar que el extremo pasivo aportara los documentos
que permitirían evidenciar la inexactitud de la liquidación del retroactivo. Sobre la
base de este punto, solicitó la práctica de pruebas en segunda instancia34.

55. Tanto el Ministerio Público, como la entidad demandada, solicitaron confirmar el
fallo apelado. En síntesis, sostuvieron que, aunque la demandante sí fue
beneficiaria del proceso de homologación, y se le reconoció el pago del retroactivo
en virtud del acto acusado, no se probaron errores concretos en la liquidación.

56. Planteado el alcance del recurso de apelación, observa esta Sala que, de
conformidad con la Resolución Núm. 00361 del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil
Catorce (2014) que fue aportada, el secretario de educación departamental del
Atlántico reconoció a Soledad Alcázar Adicto como beneficiaria del proceso
homologación de cargos y nivelación salarial y, como consecuencia de lo anterior,
le ordenó a su favor un pago de $10.754.032 por concepto de valores retroactivos

34
Mediante auto del 29 de junio de 2022, el entonces despacho ponente negó la petición probatoria.

18

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(cifra obtenida al restarle a $13.636.988 el valor de las deducciones y aportes de
$2.882.956), de acuerdo con la diferencia salarial que arrojó el estudio técnico
aprobado por el Ministerio de Educación, dado a conocer al Departamento del
Atlántico a través del Oficio Núm. 2013EE34201 del 2013.

56.1. El valor a reconocer, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y
discriminado según la respectiva vigencia (1997-2009), quedó consignado así35:

56.2. A su turno, en al acto administrativo en cita, se explicó que, atendiendo a los
antecedentes de vinculación de la beneficiaria, la evolución salarial del cargo que
venía desempeñando durante los años laborados, y la respectiva diferencia -según
la fuente: SGP o Gobernación-, se podía visualizar en la siguiente tabla36:

56.3. Valga anotar que, en una de las tablas contenidas en el acto enjuiciado,
denominada “factores salariales que afectan la homologación” 37 , se precisó que, no se
generaban diferencias por concepto de prima de antigüedad, prima técnica, horas
extras o indemnización por vacaciones, a favor de la actora. Al respecto, se explicó:

35
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 36.
36
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 33.
37
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 34.

19

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(…) Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación
aritmética realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el
comparativo de los salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que
viene señalado y los salarios vigentes para la misma época que devengaban en la
Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados con recursos
propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la
sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no salariales
aplicables a cada caso, como por ejemplo, horas extras, prima de servicios,
indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de
transporte, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad,
bonificación especial de recreación; además de los. cuales se calcularon los aportes
parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente establecidos.

56.4. En el parágrafo primero del artículo primero de la resolución en comento, se
dejó constancia que, para todos los efectos, los aportes parafiscales, patronales y
las deducciones por concepto de retenciones tributarias, son los desarrollados en la
siguiente tabla, los cuales ascendían a la suma de $2.882.956, como se observa:

Aportes parafiscales
CAJACOPI $313.827
ICBF $235.371
SENA $39.229
ESAP $39.229
ESCUELA E INST. INDUST. Y TÉC. $78.457
SUBTOTAL $706.113
Aportes patronales
CESANTÍAS $708.009
SALUD $596.355
PENSIÓN $834.735
ARP $37.744
SUBTOTAL $2.176.843

57. Ahora bien, aunque la recurrente alega que no se le tuvieron en cuenta el total
de horas extras y el 12% del interés a las cesantías, entre otros factores, lo cierto
es que, la Sala no cuenta con elementos de juicio que permitan concluir que se
omitieron valores o, en su defecto, que, habiendo sido incluidos, se liquidaron de
forma incorrecta. Nótese que, en el dosier procesal, no constan los certificados de
pagos, planillas, desprendibles de nómina o algún otro documento o medio de
convicción que conduzca a la conclusión que pretende la parte demandante.

58. No pasa inadvertido para la Sala que, con la demanda, la parte actora aseguró
que, aportaba un “peritazgo” 38 , con el fin de “demostrar la veracidad de la reliquidación
solicitada”. Sobre el particular, indicó que la prueba pericial consistía en “ la liquidación
elaborada por los peritos especializados: Jorge Eliecer Corredor Sará y Lourdes Olivares Amaris,
identificados con sus respectivas cédulas de ciudadanías y tarjetas profesionales, las cuales se
encuentran en la hoja de liquidación firmadas por ellos (…) ”.

38
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 15.

20

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58.1. Al revisar las “hojas de liquidación” aportadas, se observan dos tablas: (i) por un
lado, la denominada “consolidado deuda por homologación: reliquidación indexada”39; y (ii)
por el otro lado, la denominada “liquidación intereses moratorios – homologación personal
administrativo”, en las cuales figuran los nombres del liquidador Jorge Corredor Sará,

y de la contadora Lourdes Olivares Amaris. En las mismas se hace una relación
extensa de nombres y valores para el período comprendido entre 1995 y 2009, entre
los que figuran los correspondientes a Soledad Alcázar Adicto (Núm. 107, fila 3).

(…)

58.2. Al margen de la relación de valores por año y la expresión del valor total (de
la deuda indexada y los intereses moratorios), las liquidaciones no contienen ningún
desarrollo analítico de los criterios acogidos o las operaciones realizadas, ni
discrimina los soportes documentales que le sirvieron de fundamento, razón por la
cual, no permite evidenciar lo reclamado por la apelante. En similar sentido se
pronunció el Ministerio Público en esta instancia, al sostener que: “(…) el informe
allegado no permite verificar la consistencia de los cálculos presentados ni ofrece elementos que
permitan cuestionar de manera objetiva la liquidación efectuada por la administración .”

59. Conviene precisar que, de las pruebas documentales obrantes en el expediente,
no se encuentra acreditado que, la expedición del acto administrativo demandado
hubiese infringido la normativa superior, o que, devele alguna irregularidad. No
puede olvidarse que, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 167 del Código
General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

39
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 49.

21

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consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, en ese sentido, como la demandante

considera que, el acto administrativo está viciado de nulidad, le correspondía
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución cuestionada.

60. Por consiguiente, si bien la recurrente alega que la carga procesal contenida en
el artículo 167 en cita comporta un “sofisma de distracción”, lo cierto es que, no sólo se
trata de un mandato concebido por el legislador, estrechamente relacionado con lo
preceptuado en el artículo 95, numeral 7º, de la Constitución Política, sino también
de un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva.

60.1. Nótese que, en el caso de autos, no sólo no se evidenció que la parte actora
haya desplegado una actividad probatoria orientada a conseguir las pruebas que,
directamente o por vía de derecho de petición, hubiera podido obtener –previo al
ejercicio del presente medio de control– (en los términos del artículo 173 del CGP),
sino que, además, en el marco del proceso, se decretaron las pruebas solicitadas
(con excepción del denominado “peritazgo” y la “inspección judicial con presencia de perito
especializado”, a las que el A-quo no accedió), sin que, frente a las decisiones

adoptadas, se hubiese manifestado reparo alguno.

60.2. En todo caso, la simple referencia a la diferencia de horas extras laboradas
que no fueron tenidas en cuenta, o su relación en las liquidaciones aportadas, no
permiten determinar, con certeza, los yerros que se le atribuyen a la liquidación
contenida en el acto demandado y, en ese sentido, no enervan la legalidad del
mismo.

61. En un caso de similares contornos, esta Sala de Subsección, mediante la
sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)40, en el que
también se pretendía la reliquidación del retroactivo reconocido en el proceso de
homologación de cargo y nivelación salarial en el Atlántico, sostuvo que:

En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación sobre la carga de la prueba
que asiste a la parte actora en los procesos donde ha pedido la reliquidación del
retroactivo pagado por la Secretaría de Educación del Atlántico 41. Se ha establecido
entonces que la resolución demandada es insuficiente para probar los presuntos
errores en la liquidación42. En lo atinente al reconocimiento de horas extras, tampoco

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 08001-
23-31-000-2014-01021 01 (2621-2019), M.P. César Palomino Cortés.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 08001-
23-33-000-2014-00926 02 (0638-2022), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

22

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obran en el expediente elementos probatorios que permitan establecer la jornada
laboral efectivamente cumplida por la actora como auxiliar administrativa, ni que el
trabajo en horas extras haya sido autorizado por el empleador.

(…) Así pues, en el marco de las cargas procesales corresponde a la parte actora
indicar las disposiciones que estima vulneradas, precisar los vicios que atribuye al
acto administrativo y allegar los elementos de convicción dirigidos a respaldar sus
afirmaciones. En consecuencia, no le compete al juez asumir las cargas procesales
que el ordenamiento jurídico impone a las partes.

62. Con base en el mismo antecedente, la Sala debe recordar que, tampoco le
asiste razón a la demandante, al insistir en el reconocimiento de las cesantías y los
intereses moratorios, habida cuenta que: (i) en el primer caso, esta Corporación ha
sostenido que, en aquellos eventos en donde no ha culminado la relación laboral, el
derecho se sigue causando, de modo que, la entidad no tiene la obligación de
liquidar las cesantías al reconocer las diferencias salariales por la homologación43;
y, (ii) en el segundo caso, los intereses moratorios devienen en improcedentes,
pues, no existe una norma que contemple el pago en tal sentido, ni fueron
ordenados en la resolución que reconoció el retroactivo salarial a favor de la señora
Alcázar Adicto.

62.1. Con respecto a este último punto, la jurisprudencia reiterada de esta Sección
ha precisado que, no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el
contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó
nada sobre el particular y, además, no existe una norma que así lo autorice44.

63. En lo que toca a la supuesta omisión de períodos en la liquidación del retroactivo,
la Sala observa que, en el escrito de subsanación45, el apoderado de la demandante
aclaró que “los años por reliquidarse que se solicitan en la demanda son el 2002, y desde el 2004
a 2009 (…)”, períodos que coinciden con los contemplados en la Resolución Núm.

00361 del Veintidós (22) de enero de Dos Mil Catorce (2014). Frente al año 2001,
la demandante, quien tomó posesión del cargo el Cinco (5) de septiembre de esa
anualidad, no acreditó que existieran diferencias pasibles de reconocimiento, ni
aportó los medios para respaldar una decisión en tal sentido. Tampoco puede
perderse de vista que, en el recurso de alzada, no se propusieron reparos concretos
frente a ese período en particular.

43
Ibidem.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15); sentencia del 23 de agosto de 2018,
M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15); sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-80096-01 (3388-2023).
45
Expediente físico: Cuaderno No. 1, fl. 104.

23

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

63.1. Ahora bien, en lo atinente a la alegada “renuncia a la prescripción”, la Sala estima
que, en la medida en que no se acreditó el derecho reclamado, por sustracción de
materia, el análisis del fenómeno prescriptivo caería en el vacío.

64. Finalmente, no le asiste razón al apelante al argüir que, con la providencia
recurrida, se materializaron “una serie de vías de hecho”, o que, en el trámite de instancia
se le hayan vulnerado las garantías del debido proceso, máxime, si al revisar las
actuaciones que constan en el dosier procesal, se evidencia que, la actora, a través
de su apoderado, tuvo la oportunidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas
por la demandada, participó activamente en el proceso, concurrió a la audiencia
inicial sin manifestar reparo alguno frente al decreto de pruebas, y fue notificada en
debida forma de las providencias, respecto a las cuales no se interpusieron los
recursos de ley. Incluso, contrario a lo aducido por la recurrente en la alzada, no se
avizora que se haya formulado ninguna solicitud de nulidad o que, habiéndose
interpuesto un recurso, se haya prescindido de su trámite.

65. Con sujeción a las consideraciones expuestas, y en atención a los problemas
jurídicos que fueron planteados, la Sala concluye que: (i) de acuerdo con los medios
de convicción que fueron aportados, no existen suficientes elementos de juicio que
permitan evidenciar los yerros en los que, a juicio de la apelante, incurrió la
Secretaría de Educación del Atlántico al expedir la Resolución No. 00361 de 2014,
mediante la cual, se le reconoció y ordenó el pago de un valor retroactivo dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial; y (ii) tampoco se observa
que se le haya vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción
a la demandante, cuyos reparos no logran enervar la legalidad del acto acusado.

66. Como colofón, la Sala confirmará la sentencia apelada, en virtud de la cual, el
Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Condena en costas.

67. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

24

Número Interno: 4384-2021
Demandante: Soledad Alcázar Adicto
Demandada: Departamento del Atlántico

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Veinte
(2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Reconocer personería a Roland de Jesús Larios Sanjuan, identificado
con la Cédula de Ciudadanía Núm. 1.140.855.770 de Barranquilla, abogado en
ejercicio portador de la Tarjeta Profesional Núm. 259.556 del Consejo Superior de
la Judicatura, como apoderado de la entidad demandada, en los términos de la
sustitución del poder que reposa en el expediente electrónico.46

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

46
Índice 00035 del expediente electrónico que reposa en el Samai.

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