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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00912-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00912-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el nueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso promovido por el señor Rafael Antonio Zambrano Mercado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI. 13 Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00912-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de junio de 2024

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)
Demandante: Rafael Antonio Zambrano Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico - Secretaría de Educación
Departamental

Tema: Homologación y nivelación salarial. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Rafael Antonio Zambrano Mercado instauró demanda contra el departamento
del Atlántico y la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 001264 del 26 de marzo de 2014. A título
de restablecimiento del derecho se ordene al departamento del Atlántico reliquidar los
las sumas pagadas en el mencionado acto administrativo, desde 2002 hasta 2009, mes
por mes, resultante de la diferencia entre la remuneración fijada en las ordenanzas de
la Asamblea del Atlántico y la percibida efectivamente para ese mismo período,
teniendo en cuenta las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, las
primas de servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, horas extras, las cesantías y
sus intereses, la indemnización por vacaciones, los días de descanso compensatorio
no disfrutados y dejados de cancelar.

Liquidar los años no reconocidos dentro de la resolución atacada (1996 a 2001) dentro
del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial. Pagar los intereses

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

moratorios del reajuste salarial reclamado, desde que se hizo efectivo el derecho (1996)
Reintegrar los descuentos que se realizaron por aportes parafiscales, patronales y
estampillas; cancelar la suma total que resulte del dictamen pericial que solicitó como
prueba; actualizar los valores de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPCA;
pagar las costas procesales; y dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos
192 y 195 de la citada norma.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico
en un cargo administrativo desde el año 1996.

Que, el Ministerio de Educación Nacional aprobó mediante Oficio 2009EE30647 del 3
de junio de 2009, el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial de los
empleados administrativos de la secretaría de educación, en aplicación de las Leyes
60 de 1993 y 715 de 2001 y en concordancia con la Directiva Ministerial 10 de 2005.

Que la gobernación del Atlántico ordenó nivelar salarialmente al personal administrativo
del sector educativo al de la planta general de la entidad territorial según el Decreto 208
del 24 de junio de 2009; y que por Resolución 03853 del 26 de junio de 2009, la
secretaría de educación le asignó la correspondiente denominación, código, grado y
salario.

Que, el ente ministerial aprobó el nuevo estudio técnico de homologación mediante
Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de 2013, y por Resolución 02318 del 8 de octubre
de 2013 la entidad territorial revocó los actos administrativos que habían sido expedidos
en el año 2011.

Que, a través de la Resolución 01264 del 26 de marzo de 2014, la secretaría de
educación le reconoció el retroactivo salarial producto del mentado ajuste de
homologación de forma incompleta, pues no se tuvieron en cuenta los factores a los
que aludió en las pretensiones. Adicionalmente, se realizaron descuentos por concepto
de aportes parafiscales, patronales, salud, pensión, fondo de solidaridad y estampillas.

Que no le reconocieron el retroactivo de los años 1996 a 2001, pese a que tenía
derecho a ellos, pues con los escritos presentados el 3 de mayo 2000 y 2003 se
interrumpió la prescripción.

Que tiene derecho al pago de los intereses moratorios del valor recibido por concepto
de retroactivo salarial, no solo a partir del 29 de diciembre de 2011, fecha en la cual, la
secretaría de educación suspendió el pago de la homologación, sino desde 1995
cuando se hizo efectivo el pago del reajuste.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como violados los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 25 y 53 constitucionales; 39 del
Decreto 1042 de 1978; 151 del Código Procesal del Trabajo, 102 y 103 del Decreto
1848 de 1969, 1551, 1553 y 2514 del Código Civil, la Directiva Ministerial 10 de 2005;
y el Oficio 2010EE23329 de Gestión Territorial del MEN.

Como fundamento expresó que la administración departamental inobservó la Directiva
Ministerial 10 de 2005, ya que liquidó de forma incompleta los años reconocidos en la
resolución atacada; y no pagó el retroactivo salarial de los períodos reclamados, pese
a que SINTRENAL, organización sindical a la que pertenece, presentó las solicitudes
sobre este último punto en los años 2000 y 2003, con las que se interrumpió la
prescripción.

Que los intereses moratorios se generan desde el día siguiente a la terminación del
pago pactado, esto es, desde el momento en que adquirió el derecho y se incurrió en
mora. De otra parte, indicó que los descuentos efectuados por aportes patronales y
parafiscales son responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental y no del
trabajador. Frente a las deducciones por concepto de estampillas expresó que éstas
solamente deben asumirlas los contratistas y no los empleados públicos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 25 de noviembre de 2014, y notificada a los demandados.

El departamento del Atlántico formuló las excepciones de inexistencia de la
obligación, pago y prescripción. Señaló que canceló el monto que por concepto de
retroactivo salarial le correspondía al señor Rafael Zambrano Mercado ($61.920.902),
el cual quedó claramente determinado en el acto administrativo acusado. Pues, el total
de la deuda fue de ($79.096.719), suma que incluyó los pagos a terceros, en cuantía
de ($17.175.817), relacionados con la nómina por concepto de aportes patronales y
parafiscales, de acuerdo con la Directiva Ministerial 10 de 2005; sin que ello implique
que la suma que deba asumir el departamento respecto al demandante sea la primera,
como erróneamente lo interpretó el señor Zambrano.

Afirmó que no hubo deducción indebida sobre el monto reconocido al accionante por la
homologación, ya que únicamente se descontó lo que por ley le atañe en su calidad de
servidor público. Indicó que tampoco es procedente la devolución de los dineros
relativos a los impuestos de estampilla, porque el departamento efectuó la respectiva
retención, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Tributario del Departamento
del Atlántico.

Con fundamento en el concepto del 9 de agosto de 2012, emitido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, indicó que los intereses moratorios y
la indexación son incompatibles, porque obedecen a la misma causa, la devaluación

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del dinero. Por lo que, no hay lugar a tales intereses, dado que las sumas reconocidas
al señor Zambrano Mercado fueron debidamente actualizadas.

Se celebró audiencia inicial el 18 de mayo 2016, en la cual se fijó el litigio y luego de
agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 9 de octubre de 2018,
declaró probadas las excepciones de pago e inexistencia de la obligación y negó las
pretensiones. Señaló que el actor se limitó a alegar que el acto administrativo
demandado liquidó de manera errónea el retroactivo salarial al que tenía derecho en
virtud del proceso de homologación que hizo el departamento del Atlántico; sin que
exista evidencia que permita hallar las inexactitudes aritméticas a las que se refiere.

Que no existen elementos probatorios que permitan deducir que los dineros
efectivamente reconocidos al señor Rafael Antonio Zambrano Mercado en virtud de la
Resolución 01264 del 26 de marzo de 2014 no corresponden a todas las acreencias
laborales percibidas en los períodos solicitados, es decir, no es posible determinar si se
tuvieron en cuenta o no los factores salariales que efectivamente devengó o que su
inclusión se realizó en cuantía inferior a la que correspondía según la ley.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del CGP le corresponde al interesado
probar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones para que tengan vocación
de prosperidad, pues, aunque el juez pueda ejercer facultades probatorias de oficio, no
está llamado a suplir las cargas procesales que atañen a las partes.

Que no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre los descuentos efectuados en la
liquidación del retroactivo salarial por concepto de los aportes parafiscales, en atención
a la decisión del 9 de diciembre de 2014 en la que se aceptó el desistimiento de dicha
pretensión. De otra parte, advirtió que es improcedente acceder a los intereses
moratorios reclamados, por cuanto las sumas que resultaron a favor del señor Antonio
Zambrano fueron debidamente actualizadas.

Se abstuvo de condenar en costas, por no encontrar conducta de mala fe que
involucrara a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

El señor Rafael Zambrano Mercado apeló la sentencia sosteniendo que lo decido por
el tribunal se aleja de la realidad jurídica y procesal, dado que contrario a lo señalado,
su argumentación se encaminó a precisar lo relativo al pago incompleto del retroactivo
que le fue reconocido por medio del acto administrativo demandado, puesto que la
liquidación efectuada por la entidad fue incorrecta con respecto a los siguientes factores

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salariales: bonificación por servicios prestados y por recreación; primas de servicios, de
vacaciones, de navidad, técnica; horas extras; cesantías y sus intereses; indemnización
por vacaciones; los días de descanso compensatorios no disfrutados y dejados de
cancelar.

Que contrario a lo expresado, la sola resolución de reconocimiento y pago cuestionada
bastaba para evidenciar que el cálculo efectuado estaba mal elaborado, en la que se
demuestra que al trabajador solo le cancelaron 50 horas extras mensuales de las 120
laboradas, y no tuvieron en consideración los intereses a las cesantías, ni los
descansos compensatorios. Adicionalmente, insistió en que la liquidación debía ser
realizada por un perito contable, a fin de que aclarara los faltantes en torno a los
emolumentos dejados de reconocer, la indexación y los intereses moratorios, pues la
decisión no se puede basar exclusivamente en aquella que realizó la entidad.

Que la entidad remitió de forma incompleta las pruebas solicitadas, pues no se advirtió
lo relativo al 12% de los intereses a las cesantías y las horas extras laboradas, objeto
de inconformidad, razón por la que propuso nulidad procesal, la cual fue rechazada,
cuando era evidente que procedía ante el no decreto y práctica de pruebas.

Sobre este punto, dijo que al magistrado sustanciador le corresponde distribuir la carga
de la prueba, exigiendo probar un determinado hecho a la parte que se encuentre en
una situación más favorable para aportar la evidencia y así esclarecer los hechos
controvertidos, y ante la ausencia de material probatorio hacer uso de la facultad
oficiosa de que trata el artículo 213 del CPACA, circunstancias que no ocurrieron en el
caso concreto.

Que en el monto también debieron incluirse los años que el departamento desestimó
(1996 a 2001), sobre los cuales no se configuró la prescripción, toda vez que en el
Acuerdo del 3 de mayo de 2000 suscrito entre el Ministerio de Educación y Sintrenal,
no se estipuló un término para ejecutar aquella equiparación, por lo que no es posible
contabilizar los 3 años inherentes al referido fenómeno y en consecuencia es dable
concluir que la autoridad demandada renunció al referido término, al punto de estar
vigente la deuda consolidada desde 1996 hasta 2014.

Que hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios ante el retardo en el pago
del reajuste desde el año 1996 cuando adquirió el derecho; y en el 2011 cuando se
suspendió tal cancelación de manera abrupta, la cual se realizó finalmente en el año
2014, perjuicios que en su criterio, no solo se pueden satisfacer con la indexación, pues
es claro que con ésta solo se recupera el poder adquisitivo de la moneda, pero no los
perjuicios ocasionados con la tardanza, como sustento de ello, hizo alusión a la
sentencia T 418 de 1996.

Finalmente, solicitó el decreto de las siguientes pruebas: a) inspección judicial con
intervención de perito y exhibición de documentos; b) oficiar a la entidad demandada
para que allegue certificación que acredite el pago por conceptos salariales y no
salariales del señor Rafael Zambrano; c) certificación que indique los pagos realizados

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a la parte demandante por concepto de reliquidación para las anualidades
comprendidas entre el año 2002 y 2009; d) certificación de horas extras efectivamente
laboradas y de los descansos compensatorios no disfrutados y dejados de cancelar,
con sus respectivos soportes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 12 de septiembre de 2019 se admitió el recurso de apelación y a través de auto del
14 de diciembre de 2022 se ordenó alegar de conclusión. El señor agente del Ministerio
Público y el demandante guardaron silencio en esta etapa.

El departamento del Atlántico indicó que el demandante realizó una interpretación
errónea del acto administrativo acusado al creer que el monto total de la deuda
correspondía al retroactivo salarial. Que no es cierto que se hayan aplicado descuentos
en la suma que debía pagársele al señor Zambrano Mercado, valor que además se
explicó en la resolución, incluyendo debidamente «discriminados o desagregados» las
sumas inherentes a la nómina. Que resulta improcedente la cancelación de intereses
moratorios en tanto que lo reconocido por concepto de la referida nivelación fue
indexado a esa fecha con base en el IPC.

Que el señor Rafael Antonio pretende revivir los términos para demandar una
pretensión que está afectada por el fenómeno de la prescripción, ya que según la
Directriz 010 de 2005 emitida por el Ministerio de Educación, los servidores que se
encontraban en desacuerdo con el respectivo monto, debían presentar la reclamación
al respecto, lo cual no ocurrió en este asunto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Se advierte que el demandante solicitó con el recurso de apelación el decreto de las
pruebas enunciadas, y la petición fue denegada mediante auto del 19 de julio de 2022,
por lo que sobre este punto no habrá lugar a emitir pronunciamiento, dado que la misma
está sujeta a la decisión previamente emitida.

Problema jurídico.

La Sala debe determinar si el señor Rafael Antonio Zambrano Mercado tiene derecho
a la reliquidación del valor del retroactivo salarial reconocido mediante el acto
administrativo demandado (2002 a 2009), con ocasión al proceso de homologación de
cargos; así como al pago de los años 1996 a 2001 que no le fueron reconocidos; y si
hay lugar a cancelar los intereses moratorios que se causaron por dicho concepto.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

Marco normativo y jurisprudencial

Del proceso de homologación del personal al servicio de los establecimientos
educativos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto del 9 de
diciembre de 2004 1 explicó lo relativo al manejo del servicio educativo en Colombia por
parte de los entes territoriales de conformidad con las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y
715 de 2001. En dicho pronunciamiento, se precisó que la descentralización de la
educación implicó la transferencia por parte de la Nación a los departamentos y
municipios de los bienes, el personal y los establecimientos educativos.

Para efectos de la incorporación del personal, las entidades territoriales debían realizar
el respectivo proceso de homologación de cargos, teniendo en cuenta la nomenclatura,
clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los
requisitos para su ejercicio, a fin de establecer la remuneración, siendo éstas
autónomas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas
salariales y los emolumentos de sus empleados, dentro de un límite máximo acorde
con su realidad fiscal, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley
4.ª de 1992.

Señaló que tal incorporación estaba condicionada a un estudio técnico, el cual permitiría
ubicar a los empleados en el grado de remuneración correspondiente a los elementos
estructurales del empleo. Además, indicó que las diferencias provenientes de la
homologación se asumirían con recursos del sistema general de participaciones previa
disponibilidad, de lo contrario estarían a cargo de la Nación. Sin embargo, si el
respectivo ente territorial realizó el proceso con desconocimiento de la normatividad
legal, los costos debían pagarse con recursos propios.

La homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del
departamento del Atlántico 2

-A través del Oficio 2009EE30647 de mayo de 2009, el Ministerio de Educación
Nacional emitió concepto favorable al departamento del Atlántico para la administración
del servicio educativo.

-En virtud de lo anterior, la entidad territorial por medio del Decreto 208 del 24 de junio
de 2009, procedió a homologar y nivelar salarialmente los cargos administrativos de la
secretaría de educación y de instituciones educativas del ente territorial financiados con
recursos del SGP.

1 Radicación número: 1607.
2
Se relaciona el trámite adelantado por la entidad territorial, de acuerdo con lo señalado en la demanda
y su contestación.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

-La Secretaría de Educación del Atlántico expidió la Resolución 03853 del 26 de junio
de 2009, que asignó la respectiva denominación, código, grado y salario mensual, por
cada funcionario del personal administrativo.

-Mediante Oficio 2010EE814 del 10 de noviembre de 2010 la Dirección de
Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional «revisó,
aprobó y certificó la consistencia del estudio técnico de homologación de cargos y nivelación
salarial de los administrativos», para el lapso comprendido entre 1997 y el 23 de julio de
2009.

-El departamento del Atlántico y la autoridad ministerial celebraron un acuerdo de pago
el 31 de diciembre de 2010, en el que se estipuló que la segunda reconocería a favor
del primero una suma equivalente a $28.755.797.596 por concepto del aludido proceso,
para lo cual se concedió un término de 15 meses contados a partir del pago efectuado
el 27 de febrero de 2011.

-Iniciado el trámite administrativo tendiente a efectuar los pagos correspondientes, la
secretaría de educación detectó errores en el cálculo de los montos a reconocer, los
cuales fueron informados al ministerio a través del Oficio 3981 del 28 de noviembre de
2011. Por consiguiente, mediante el Oficio 2011EE77306 del 29 de diciembre de 2011,
la dirección territorial suspendió el proceso hasta que el Ministerio de Educación lo
revisara y aprobara.

-Por medio de Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de 2013 el Ministerio de Educación
Nacional aprobó el nuevo estudio técnico, que incluyó «todos los conceptos de nómina,
parafiscales y patronales y comprende los períodos 1997-2009».

-El ente territorial dio por finalizado el proceso administrativo, al proferir los
correspondientes actos administrativos de carácter particular en los que reconoció la
suma respectiva a cada funcionario, por concepto de valores retroactivos derivados de
la homologación.

Resolución del caso concreto

Los puntos objeto de controversia en este asunto, consistieron en i). la reliquidación del
retroactivo salarial como empleado administrativo dentro del proceso de homologación
de cargos y nivelación salarial de los años 2002 a 2009, reconocido mediante
Resolución 01264 del 26 de marzo de 2014; ii). el reconocimiento del retroactivo de las
anualidades 1996 a 2001; y iii). el pago de los intereses moratorios causados por dicho
concepto.

Para definir el objeto de la controversia, la Subsección analizará el material probatorio
remitido, el cual da cuenta de lo siguiente:

I. Por medio de la Resolución 01264 de 2014, 3 la Secretaría de Educación

3
Folios 52 a 59 del cuaderno 1.

8

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

Departamental del Atlántico ordenó el reconocimiento y pago de los valores
retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y salarios en favor
del señor Rafael Antonio Mercado Zambrano, para el efecto la administración
señaló:

«Que de conformidad con los antecedentes legales de la vinculación del beneficiario, se tiene
que la evolución salarial del cargo que venía desempeñando durante los años laborados que
más adelante se citan es la siguiente:

NOMBRAMIENTO
Documento: Decreto No 001384 Fecha: 29 de octubre de 1996 Cargo: Auxiliar de Servicios Generales

Fecha de ingreso Dpto: 01 de enero de 1997 Homologado a: Celador

INFORMACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES

AÑO SALARIO ACTO ADMINISTRATIVO DE SALARIO ACTO ADMINISTRATIVO DE SALARIOS DIFERENCIA
SGP SALARIOS DEPARTAMENTO

2002 347.339 Decreto 660 de 2002 598.964 Ordenanza No. 000046 de 2001 251.625
2003 406.481 Decreto 3535 de 2003 655.363 Ordenanza No. 000036 de 2002 248.882
2004 432.862 Decreto 4150 y 4352 796.266 Ordenanza No. 000031 de 2003 363.404
de 2004
2005 456.670 Decreto 916 de 2005 840.061 Ordenanza No. 000012 de 2004 383.391

2006 479.504 Decreto 372 de 2006 882.064 Ordenanza No. 000002 de 2005 402.560
2007 501.082 Decreto 600 de 2007 921.756 Ordenanza No. 000026 de 2006 (sic) 420.674
2008 529.594 Decreto 643 de 2008 974.204 Ordenanza No. 00028 de 2008 444.610
2009 570.214 Decreto 708 de 2009 1.030.787 Ordenanza No. 000057 de 2009 460.573

Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la deuda total por concepto de Homologación y Nivelación Salarial
del funcionario ZAMBRANO MERCADO RAFAEL ANTONIO, es de $79.096.719, cifra en la que
se encuentran incluidos $61.920.902 a favor del funcionario, por concepto de los valores
retroactivos de diferencias salariales, y los correspondientes pagos a terceros inherentes a la
nómina a cargo del estado así: $4.042.137 por aportes parafiscales y $13.139.680 por aportes
patronales. De los $61.920.902 a favor del funcionario deben realizarse los descuentos por
concepto de aportes del empleado a salud, pensión, fondo de solidaridad, sindicatos, embargo,
según sea el caso y los demás descuentos de ley.

Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética realizada a
la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los salarios recibidos por
el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los salarios vigentes para la misma
época que devengaban en la Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados
con recursos propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de
la sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no salariales aplicables
a cada caso, como por ejemplo, horas extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones,
prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de
los cuales se calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente
establecidos.

[…] Que los valores por ingresos de nómina fueron actualizados (indexados) con base en
el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para los respectivos años […].». (Se
resalta).

II. Constancias de pago4 en las que se advierten que el señor Rafael Antonio

4
Folios 446 a 448 del cuaderno principal.

9

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

Zambrano Mercado devengó en los años 1998 a 2009 los siguientes
emolumentos: sueldo básico, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por servicios prestados, horas extras, primas de servicios,
vacaciones y navidad.

Del material probatorio remitido la Sala advierte que la entidad enjuiciada le reconoció
al señor Rafael Antonio Zambrano Mercado por concepto de retroactivo salarial un
monto bruto de $61.920.902 con un neto de $ 57.937.174, equivalente a los haberes
laborales a los que tenía derecho en las anualidades 2002 a 2009.

Al respecto, el demandante alega que el pago fue incompleto, ya que la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico liquidó de manera incorrecta los factores
salariales percibidos para dicho período. Sin embargo, no precisó en su argumentación
los errores cometidos en la cuantificación, tampoco realizó diferenciación alguna frente
a las prestaciones devengadas y las que efectivamente le fueron pagadas, lo que
impide determinar la presunta ilegalidad en la que incurrió la administración.

Contrario a lo señalado por el recurrente, se observa que la suma reconocida en la
resolución cuya nulidad se reclama, se ajustó al valor del salario fijado en las
ordenanzas 5 y a la sumatoria de los emolumentos a considerar en la homologación, sin
que de los medios de convicción se logre apreciar las imprecisiones cuestionadas.

En este punto, resulta pertinente manifestar que el artículo 167 del Código General del
Proceso impone una carga procesal a las partes dentro del proceso judicial, consistente
en la necesidad de presentar las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la
demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo
éxito, ello con la opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones
particulares para aportar los medios de convicción.

Ahora, el artículo 213 del CPACA otorga al juez la facultad de decretar pruebas de oficio
solo cuando sea necesario aclarar aspectos ambiguos o confusos de la controversia; lo
que no implica que el funcionario judicial deba suplir la responsabilidad que recae sobre
los sujetos involucrados, como equivocadamente argumentó el demandante.
Considerar lo contrario desvirtuaría la noción de justicia rogada, fundamental en la
jurisdicción contenciosa administrativa.6

Por consiguiente, la inobservancia de la mentada carga trae consecuencias
desfavorables para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos
de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.

5
Por medio de las cuales la Asamblea Departamental del Atlántico fijó las escalas de remuneración de los empleados del ente
territorial para las vigencias desde 2000 hasta 2009. (Folio 433) del cuaderno principal.
6
Sobre este punto se pronunció la Corporación en procesos similares. Expediente: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019),
sentencia del 18 de marzo de 2021. Expediente: 08001-23-31-000-2014-00866-01 (4160-2019), sentencia del 12 de agosto de
2021.

10

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

En este caso le correspondía al señor Rafael Antonio Zambrano Mercado, desvirtuar la
presunción de legalidad del acto, por lo que tenía el deber no solo de aportar y pedir las
pruebas que sustentaran sus pretensiones, si no de exponer con base en ellas, las
circunstancias jurídicas que permitieran identificar los yerros en el cálculo de la
liquidación que presuntamente cometió la entidad; sin que la negligencia o inactividad
puedan justificarse a su favor, razón por la cual, la reclamación en torno al reajuste del
retroactivo salarial de los años 2002 a 2009 no está llamada a prosperar.

Frente al segundo argumento de apelación, esto es, la liquidación de los años 1996 a
2001, el recurrente alegó que en el caso bajo estudio no es posible contabilizar la
prescripción, dado que en el acuerdo laboral del 3 de mayo de 2000 celebrado entre la
autoridad ministerial y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación
(SINTRENAL) no se estipuló término alguno para ejecutar el proceso de homologación,
por lo que en su criterio, se entendía que el ente demandado había renunciado a dicho
fenómeno.

Conclusión que se estima desacertada en tanto que al ser éste un postulado jurídico
previsto en las normas de orden público, no es posible su renuncia o negociación. 7
Contrario a lo expuesto por el apelante, se encuentra que dicho aspecto fue
considerado en la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005,8 al señalar que el
retroactivo producto del proceso de homologación y nivelación salarial está sujeto a la
prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848
de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral.

Al respecto, la Corporación mediante concepto 2301 de 2016 manifestó que los
empleados vinculados a las plantas de personal de las entidades territoriales tienen
derecho a solicitar en cualquier momento la revisión de su remuneración si se detectan
errores derivados del proceso de equiparación. No obstante, el retroactivo que surja de
tal modificación, está supeditado a la prescripción trienal prevista en la ley.9

Así pues, dicho término se contabiliza a partir de la exigibilidad de la obligación, que en
este asunto se concreta desde el momento en que se estructuró el beneficio en favor
del demandante, de quien se advierte ingresó a la planta de personal del departamento
el 1.° de enero de 1997.10

Sobre el particular, el actor arguyó que a través de Sintrenal se presentaron dos escritos
en el 2002 y 2003, en los que se solicitó este punto a la administración, sin embargo
una vez revisadas, se constata que las mismas no plantean una petición puntual sobre
la reliquidación que aquí se depreca, esto se debe a que, en esa época no se había
efectuado el reconocimiento de los respectivos valores ; se observa que dicha
pretensión se formuló con la demanda en el año 2014, cuando ya se había configurado

7
Sobre esta figura se pronunció la Sala en sentencia del 19 de agosto de 2021. Expediente: 2014-00969-01 (3731-2019).
8
«Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos que no hayan prescrito de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral».
9
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Cilvil. Radicado: 2016-00109-00 (2301).
10
Según se observa en el acto administrativo demandado.

11

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

el fenómeno extintivo. En ese orden, el señor Rafael Antonio no tiene derecho al
reajuste sobre las anualidades de 1996 a 2001.

Finalmente, el señor Zambrano Mercado señaló que tiene derecho al reconocimiento
de los intereses moratorios por el retardo en el pago del valor correspondiente a la
homologación y nivelación salarial desde 1996.

Al respecto se advierte que los intereses son aquellos que debe pagar el deudor, a título
de indemnización, por el incumplimiento total o parcial de la obligación, esto es, desde
la fecha de constitución en mora, y que solo cesa su causación en el momento del pago
total de la obligación contraída.

Cabe señalar también que esta figura representa una sanción que obedece a la demora
injustificada en el pago de la obligación y, dada su naturaleza, debe estar establecida
previamente en la normativa que regule el asunto, se precisa que su reclamación
requiere la comprobación de la mala fe; a diferencia de la indexación que tiene un
carácter compensatorio, responde a la actualización monetaria basada en el IPC, en
situaciones donde existe una razón válida por el retardo en el cumplimiento del deber. 11

En el caso concreto se evidencia que, si bien la homologación se consolidó en el año
2009 con el Decreto 000208 y la cancelación por tal concepto se efectuó en el 2014 en
virtud de la Resolución 001264; lo cierto es que la tardanza tuvo como fundamento los
múltiples trámites en cabeza del Ministerio de Educación Nacional relacionados con la
transferencia de recursos al ente territorial.

Además, el último estudio técnico necesario para este proceso fue aprobado a través
del Oficio 2013EE34201, emitido el 11 de junio de 2013, 12 tras suspender las
actuaciones que en su momento se habían adelantado, debido a las inconsistencias
encontradas en el cómputo de los valores a reconocer, situación que implicó realizar
ajustes adicionales para finalmente proceder con el pago del retroactivo salarial
correspondiente.

Bajo estas circunstancias, no procede el acceso a los intereses moratorios reclamados
por varias razones: primero, el legislador no contempló expresamente la imposición de
dicha sanción; segundo, la demora fue completamente razonable dentro del marco de
los procesos interadministrativos requeridos para ejecutar la obligación, sin que se
encuentre un actuar doloso o evasivo por parte de la entidad; y tercero, la
compensación por la pérdida del valor adquisitivo de las sumas canceladas para los
años 2002 a 2009 se llevó a cabo mediante la indexación.

Según lo manifestado, ante la deficiencia probatoria sobre la ilegalidad del acto
administrativo cuestionado, no queda más que confirmar la decisión.

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Expediente: 08001-23-33-000-
2014-00982-01 (0227-2019).
12
Ver cd visible a folio 433, en el que se encuentran los decretos y oficios a los que se hizo referencia.

12

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre que
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá analizar
la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artícul o
188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, de la revisión del recurso de apelación, se observa que no hay
lugar a la condena en costas, pues aquel no carece de fundamentación jurídica, por el
contrario, la parte demandante, en su escrito, expuso argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas
a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el nueve (19) de octubre de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso promovido
por el señor Rafael Antonio Zambrano Mercado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

13

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00912-01 (3336-2019)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

14

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