Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00982-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00982-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-00982-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de noviembre de 2022
1
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00982-01 (0227-2019)
Demandante: Giovany José Niño Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00982-01 (0227-2019)
Demandante: GIOVANY JOSÉ NIÑO HERNÁNDEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Temas: Retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial de los empleados administrativos del
sector educativo adscritos al Departamento del Atlántico
que eran financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones. Reliquidación improcedente.
Intereses moratorios por pago tardío de dicho concepto.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-194-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Giovany José Niño Hernández en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 2)
1. Que se declare la nulidad de la Resolución 00437 del 22 de enero de 2014,
por medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago a
favor del libelista del valor retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones, en virtud de la aprobación del estudio
técnico y certificación de la deuda por parte del Ministerio de Educación
Nacional.
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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2. Que como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene al Departamento del Atlántico:
Reliquidar el pago retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial del sector educativo de la entidad territorial por el lapso
generado desde 2003 hasta 2009, resultante de la diferencia entre la
remuneración fijada en las ordenanzas de la Asamblea del Atlántico y la
percibida efectivamente para ese mismo período, en la cual se
computaron erradamente también las demás prestaciones y factores
salariales devengados.
Pagar los intereses moratorios sobre la suma abonada como reajuste
salarial por homologación, no solo desde el 29 de diciembre de 2011
hasta enero de 2014, sino a partir del momento de su exigibilidad en
2003.
Devolver los descuentos efectuados por concepto de aportes
parafiscales (CAJACOPI, ICBF, SENA, ESAP, escuelas e instituciones
industriales y técnicas), así como patronales (ARL) y por estampilla.
3. Que se condene a la entidad demandada a dar cumplimiento al fallo de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, a actualizar los valores
objeto de condena de acuerdo con el canon 187 y al pago de costas en
atención al artículo 188 ibidem.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 2 a 4)
1. El demandante prestó sus servicios en calidad de personal administrativo
para la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico desde el
año 2003.
2. Mediante Oficio 2009EE30647 del 3 de junio de 2009, el Ministerio de
Educación Nacional aprobó el proceso de homologación de cargos y
nivelación salarial de los empleados administrativos de la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, esto en aplicación de las Leyes
60 de 1993 y 715 de 2001 y en concordancia con la Directiva Ministerial 10
de 2005.
3. El Departamento del Atlántico ordenó nivelar salarialmente al personal
administrativo del sector educativo al de la planta general de la entidad
territorial según el Decreto 208 del 24 de junio de 2009. En virtud de lo
anterior, dicha autoridad profirió la Resolución 03853 del 26 de junio de
2009, con la cual asignó la correspondiente denominación, código, grado y
salario del señor Niño Hernández.
4. El ente ministerial referido ordenó a la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico, suspender el proceso de homologación hasta
tanto se revisaran las actuaciones adelantadas y se corrigieran errores
cometidos en dicho trámite. Superada esta situación, la referida autoridad
aprobó el nuevo estudio técnico de homologación mediante el Oficio
2013EE34201 del 11 de junio de 2013, por lo que la entidad territorial
expidió la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013 con la que revocó
los actos administrativos que habían consolidado aquel proceso.
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5. El Ministerio de Educación Nacional aprobó la liquidación de la deuda
correspondiente al retroactivo producto del mentado ajuste de
homologación y nivelación salarial, razón por la cual por medio de la
Resolución 437 del 22 de enero de 2014, la entidad territorial reconoció y
ordenó el pago de los valores pendientes por ese concepto a favor del
demandante.
6. La entidad demandada en el acto administrativo mencionado reconoció el
retroactivo salarial por homologación a favor del libelista «de manera
incompleta», al no incluir todas las prestaciones y factores salariales
percibidos por aquel. Igualmente en el referido acto administrativo se
ordenaron sendos descuentos por concepto de aportes parafiscales, de
salud, pensión y de estampillas de procultura, prodesarrollo, prociudadela
y proelectrificación rural.
7. El señor Niño Hernández aseguró que el Departamento del Atlántico en la
Resolución 437 del 22 de enero de 2014, no liquidó correctamente las
prestaciones y factores remunerativos a los que tiene derecho desde el año
2003 hasta 2009.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 11 de mayo de 2016.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto, dado que la entidad demandada no
formuló esta clase de medios de defensa y el a quo no los halló probados de
oficio.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Establecerse si los actos administrativos expedidos por el Departamento del
Atlántico, contienen algún vicio de nulidad, y de ser así, se procederá a declararlo y
determinar el correspondiente restablecimiento del derecho, de lo contrario, se
2 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
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negarán las suplicas de la demanda. Si se advierte que hay lugar a anulación de los
actos demandados, se revisará si ha operado el fenómeno de la prescripción total o
parcial de los derechos que habrían de surgir. […]» (Folio 258 y CD que reposa a
folio 263 del expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 406 a 419)
El a quo profirió sentencia escrita el 15 de marzo de 2018 por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante. Lo anterior con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal inicialmente resaltó que la parte activa pretende en su demanda la
«reliquidación de los años pagados dentro de la Resolución mencionada, expedida
por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, desde el año 2003 hasta
2009...»; no obstante, destacó que en el libelo solo se limitó a aducir que el
retroactivo reconocido se encuentra mal liquidado, pero no señala soporte o
argumento alguno que indique en qué términos se encuentra mal realizado
dicho cálculo contenido en la Resolución 00437 de 2014.
Igualmente manifestó que el señor Niño Hernández instó el ajuste del
retroactivo con la inclusión de los factores denominados: «bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a la cesantías e indemnización
por vacaciones (no fueron canceladas), lo mismo que los días de descanso
compensatorio no disfrutados dejados de cancelar»; empero, adujo que al
reclamante no le bastaba mencionar y allegar el acto administrativo censurado,
puesto que de su simple lectura no se desprende per se la vulneración de los
derechos vulnerados, más aún cuando no existe evidencia que permita deducir
cual fue el error aritmético que alega fue cometido por el departamento del
Atlántico al momento de fijar el monto reconocido producto del proceso de
nivelación y homologación salarial, lo que impide avizorar la inconformidad
planteada en el medio de control.
En suma, señaló que no existen elementos probatorios que permitan deducir
que los dineros efectivamente reconocidos a la parte demandante en virtud de
la Resolución 00437 de 2014 no corresponden a todas y cada una de las
acreencias laborales por este percibidas en dicho período. Por lo tanto, planteó
que los cargos formulados no fueron probados y en consecuencia el acto
cuestionado debe mantener su presunción de legalidad, para lo cual recordó
que el artículo 167 del CGP consagra que la carga de la prueba consiste en
una regla de juicio que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para
que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa
resulten probados.
Al respecto añadió que quien presenta la demanda en casos como el presente,
debe soportar sus pretensiones en los supuestos de hecho u omisiones que le
sirven de fundamento, pues a pesar de que el juez pueda ejercer facultades
probatorias de oficio, este no está llamado a suplir la obligación del libelista en
este sentido.
En lo que respecta a los descuentos que el demandante alega le fueron
efectuados en la liquidación del retroactivo reconocido con ocasión de la
nivelación derivada de la homologación por conceptos de aportes parafiscales,
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sostuvo que conforme al proveído del 25 de noviembre de 2014 se aceptó el
desistimiento de esta pretensión, por lo que se debe evitar cualquier
pronunciamiento sobre el particular.
En cuanto a la solicitud de intereses moratorios por el reconocimiento y pago
del retroactivo salarial, acotó que en el acto administrativo demandado, las
sumas de dinero que resultaron a favor de la parte activa fueron contempladas
de forma indexada, por lo que al haberse traído a valor presente el monto
adeudado, no habría lugar a reconocer intereses moratorios por ser
incompatibles ambas figuras.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva, así: i) declaró probadas las
excepciones de pago e inexistencia de la obligación, propuestas por la parte
pasiva, y ii) negó las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 468 a 507)
La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de
primera instancia, a fin de que este sea revocado en orden de acceder a sus
pretensiones. Como sustento de su posición, planteó que la esencia de la
demanda radica en que en su caso se configuró un pago incompleto o faltante
del retroactivo que le fue reconocido en el momento a través del acto
administrativo demandado, en razón del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo del sector educativo en el departamento del
Atlántico.
Al respecto señaló que en la referida liquidación efectuada por la entidad
demandada, no se tuvieron en cuenta las horas extras ni los intereses a las
cesantías, a pesar de que al momento del traslado del personal del Ministerio
de Educación Nacional al Departamento del Atlántico se configuraba una
diferencia salarial y prestacional, no solo en cuanto a la asignación básica, sino
también frente a los referidos conceptos que se debían computar en el proceso
de homologación, toda vez que el ente territorial sí pagaba tales emolumentos
con recursos propios a los empleados de su planta interna. Aseveró entonces
que esta situación desconoce la Directiva Ministerial 10 de 2005 y el artículo 3
del Acto Legislativo 1 de 2001.
Manifestó al respecto que con la demanda aportó las pruebas que
demostraban la liquidación errada del retroactivo efectuada por la entidad
demandada en razón de la mentada diferencia salarial y prestacional, sin
embargo el a quo no las tuvo en cuenta. Adicionalmente indicó que en su
momento solicitó que se decretara un dictamen pericial que fue denegado por
el tribunal de primera instancia, pero que en esencia buscaba que el contador
de dicha corporación judicial esclareciera y evidenciara los conceptos faltantes
en el cómputo del valor reconocido a su favor.
Adujo que, en su sentir «[…] ESTAS SENTENCIAS de "copia y pega" de otras
sentencias con abogados distintos que tenían unos pocos procesos,
presuntamente contraria a la ley, fueron proferidas PARA SALIR RÁPIDO DE MIS
PROCESOS RETERO (sic), SIN ANALIZAR MIS ARGUMENTOS FACTO-
JURÍDICOS y las pruebas que obran en el proceso, LO CUAL FAVORECE A LA
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PODEROSA GOBERNACIÓN. […]» (mayúscula, cursiva y negrilla conforme a la
transcripción).
Seguidamente formuló una solicitud de nulidad sobre la sentencia de primera
instancia, al asegurar que en esta se desatendieron los elementos de hecho y
de derecho que soportaban su situación jurídica al basarse en consideraciones
«inexactas», toda vez que la entidad demandada no aportó de manera
completa las pruebas que le fueron requeridas y que buscaban demostrar el
error en la liquidación del retroactivo reconocido en cuanto a la falta de horas
extras e intereses a las cesantías.
Adicionalmente precisó que el tribunal de primera instancia no se manifestó
sobre la necesidad de que el cálculo respectivo lo efectuara el contador de la
corporación judicial. Por otro lado, refirió que con este situación, el a quo
vulneró sus derechos al debido proceso, de defensa y contradicción de la
prueba, pues no era válido asegurar que no existía medio de convicción
suficiente para acceder a sus pretensiones cuando la sola resolución de
reconocimiento y pago cuestionada bastaba para evidenciar que el cálculo
efectuado estaba mal elaborado, lo cual fue ignorado en la sentencia apelada.
A continuación acotó que también es procedente el reconocimiento de
intereses moratorios sobre la suma reconocida a su favor por los perjuicios
que le fueron ocasionados, en primer lugar por el retardo en el pago del
reajuste salarial por homologación, cuando en 2011 se suspendió ese abono
de manera abrupta, lo cual no se satisface con la sola indexación.
Anotó que esta última figura simplemente recupera la pérdida del valor
adquisitivo de la moneda. Adicionalmente sostuvo que también se causó una
afectación sobre el monto finalmente concedido mediante el acto
administrativo demandado, pues se debieron pagar intereses moratorios
desde 2003 cuando se adquirió el derecho a la nivelación salarial, por lo que
no halla fundamento el criterio del a quo al negar lo propio por no proceder la
reliquidación, toda vez que esta sanción por la tardanza se solicita sobre la
suma abonada en el 2014, no sobre la cual se pretende el reajuste.
Además recalcó que a pesar de que se haya calculado la indexación frente al
valor del retroactivo, lo cierto es que esta es totalmente diferente a los
intereses moratorios, habida cuenta de que los últimos constituyen una forma
de rendimiento económico que se genera cada vez que se presente una
dilación en el pago de una obligación como ocurrió en su caso, si se tiene en
cuenta que el derecho lo adquirió en 2003 y solo fue reconocido hasta 2014,
al punto de que durante ese lapso, el Estado se «enriqueció ilícitamente».
De otra parte, con el fin de sustentar su posición sobre la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios respecto de la suma reconocida por
concepto de retroactivo, trajo a colación diferentes extractos de sentencias de
la Corte Constitucional, específicamente de la T-418 de 1996, con base en la
cual adujo que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones,
tienen la obligación emanada de la norma superior, de fijar mecanismos aptos
para abonar oportunamente tales emolumentos, pero al mismo tiempo
ostentan la carga de causar a favor de los empleados los intereses moratorios
cuando incurran en tardanzas injustificadas, aun si no existe sentencia
ejecutoriada que así lo ordene. Consideró que dicha providencia es la que
debe ser tenida en cuenta como sustento de sus pretensiones en tal sentido y
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no las posteriores emitidas por esa misma Corporación o por el Consejo de
Estado que desarrollan una postura contraria.
Finalmente instó que de conformidad con el artículo 247 del CPACA y en
garantía del debido proceso y del principio de congruencia, se ordene en
segunda instancia la práctica de las siguientes pruebas dejadas de decretar
por parte del a quo: i) inspección judicial con intervención de perito y exhibición
de documentos; ii) oficiar a la entidad demandada para que allegue
certificación de pagos que acredite el reconocimiento de todos los factores
salariales y prestacionales del libelista; iii) certificación sobre los abonos que
le fueron efectuados a aquel por concepto de liquidación correspondiente al
período comprendido entre 2003 y 2009, ello respecto de los siguientes
haberes: bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación,
horas extras, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de servicios,
prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías, días de descansos
compensatorios no disfrutados; y iv) certificación de horas extras
efectivamente laboradas por el demandante y de los descansos no
reconocidos con las respectivas planillas de trabajo suplementario.
Sobre este punto deprecó específicamente que la liquidación a efectuar para
hallar el error en el cálculo del retroactivo concedido en el acto administrativo
demandado, sea desarrollada por el contador del Tribunal Administrativo del
Atlántico, pues aseguró que estas operaciones aritméticas no pueden ser
valoradas solo con la información de la entidad demandada, toda vez que
aquella no puede ser juez y parte al mismo tiempo.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes demandante y demandada así como el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa procesal de conformidad con la constancia
secretarial visible a folio 553 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo presentó la parte
demandante.
Cuestión previa
En primer lugar y antes de resolver de fondo la impugnación, destaca la Sala
que en el recurso interpuesto por la parte activa, esta solicita que se declare
la nulidad de la sentencia de primera instancia por violación del derecho de
defensa y contradicción. Sobre el punto, adujo que se presenta una falta de
congruencia entre lo pretendido con la demanda y lo decidido por el a quo,
debido a que hubo una valoración probatoria inadecuada de los medios de
convicción aportados, e igualmente se denegó el decreto de las pruebas
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idóneas para evidenciar la supuesta liquidación errónea efectuada por el
Departamento del Atlántico en el acto administrativo demandado.
Igualmente se resalta que en la alzada objeto de análisis, el demandante
también deprecó la práctica de una inspección judicial con peritaje y de varios
oficios al ente territorial, con el fin de que certifiquen pagos salariales y
prestacionales y demás condiciones laborales, que afirma son indispensables
para demostrar los hechos de su caso.
i) Pues bien, en lo que respecta a la nulidad de la sentencia impugnada, debe
precisarse que el libelista, a pesar de haber solicitado lo propio en su recurso
de apelación, de manera concomitante en la misma fecha de radicación de
aquel, presentó un memorial ante el a quo con idéntico pedimento anulatorio
y bajo los exactos argumentos de la impugnación, pues literalmente reprodujo
en su totalidad la alzada (ver folios 427 a 467). Ante esta situación, el tribunal
de primera instancia profirió auto del 8 de octubre de 2018 (folios 519 a 521),
mediante el cual rechazó de plano la solicitud aludida, al señalar lo siguiente:
«[…] De lo anterior, advierte el Tribunal que los argumentos planteados por el
apoderado de la parte actora no encuadran dentro de las situaciones
establecidas por el Consejo de Estado, para que la nulidad proceda con
posterioridad a la sentencia. Además, el fallo objeto de la solicitud de nulidad
es una providencia proferida en primera instancia, la cual es pasible de ser
controvertida por los medios de impugnación señalados por la ley. Sumado a
ello, las razones que fundamentan la plurimencionada petición son propias del
recurso de apelación interpuesto en el mismo memorial.
En consecuencia, se torna improcedente el estudio de la solicitud de nulidad
deprecada por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de
quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018). […]»
Como se aprecia de lo transcrito, la discusión sobre la supuesta nulidad del
fallo impugnado, fue resuelta por el a quo con base en los mismos reparos
esbozados por el apelante en su recurso. Lo anterior implica que al no existir
argumentos diferentes que denoten otras causales o fundamentos de
anulación, en esta instancia resulta improcedente pronunciarse al respecto. El
hecho de hacer lo propio ante la existencia de una decisión ejecutoriada, sería
tanto como desconocer la firmeza de aquella en detrimento de la seguridad
jurídica.
En todo caso, es de recalcar que por tratarse de una solicitud de nulidad
posterior a la sentencia de primera instancia, debe entenderse que el origen
de esta tendría que radicar y sustentarse en tal providencia y no en
actuaciones anteriores, según se infiere del artículo 134, inciso 1.° del CGP3.
No obstante, al verificar la argumentación esgrimida por el recurrente, se
encuentra que no fue planteada ni expuesta una sola causal en contra del fallo
en comento, sino sendos reproches sustanciales al análisis probatorio
efectuado por el a quo. Dichas formulaciones son inconformidades con la
manifestación judicial per se, de manera que ello se subsume en la apelación
en sí misma que es materia de examen en esta oportunidad. Por esta razón
3 «[…] Artículo 134. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las
instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]».
(Subrayado intencional).
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adicional a la anterior, claramente resulta aun más justificado rechazar de
plano el estudio paralelo a la alzada pretendido por la parte demandante.
ii) En punto a lo instado por el apelante en materia del decreto de pruebas en
desarrollo de la segunda instancia, es necesario destacar que la regulación
sobre el punto está prevista en el artículo 212 del CPACA que reza lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en
este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de
pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta;
la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición
a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar
su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades
probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.4
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria
del auto que las decreta.
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder
de diez (10) días hábiles. […]».
Pues bien, la parte demandante en la alzada solicitó los siguientes medios de
convicción: i) inspección judicial con intervención de perito y exhibición de
documentos; ii) oficiar a la entidad demandada para que allegue certificación
de pagos que acredite el reconocimiento de todos los factores salariales y
prestacionales del libelista; iii) certificación sobre los abonos que le fueron
efectuados al señor Porto Pacheco por concepto de liquidación
correspondiente al período comprendido entre 2003 y 2009, ello respecto de
los siguientes haberes: bonificación por servicios prestados, bonificación por
4 Si bien este numeral fue modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, debe tenerse en cuenta
que conforme al régimen de vigencia y transición normativa previsto en el inciso final del artículo 86
ibídem, los recursos interpuestos deben continuar regidos por la normativa anterior a la señalada, que
para el caso particular es la Ley 1437 de 2011 bajo el texto original de su artículo 212.
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Demandante: Giovany José Niño Hernández
recreación, horas extras, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
servicios, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías, días de
descansos compensatorios no disfrutados; iv) certificación de horas extras
efectivamente laboradas por el demandante y de los descansos no
reconocidos con las respectivas planillas de trabajo suplementario; y v) un
ejercicio de liquidación de las diferencias supuestamente adeudadas al
libelista, realizado por el contador del Tribunal Administrativo del Atlántico.
Ahora, de acuerdo con la normativa en cita, los casos previstos por el
Legislador para la procedencia de la práctica de pruebas en desarrollo de esta
instancia, únicamente son los enlistados en el inciso 4.° de la norma ejusdem.
Empero, al observar el asunto sub examine, se advierte que la parte activa
busca el recaudo de medios probatorios que abiertamente no se ajustan a los
supuestos de los numerales 1.°, 3.°, 4.° y 5.° del referido precepto. Al tratar de
acompasar lo deprecado al evento contemplado en el numeral 2.°, la
Subsección halla que tampoco es viable acceder a la solicitud con base en
aquel postulado, debido a que no se trata de pruebas decretadas dejadas de
practicar sin culpa del demandante.
Por el contrario, frente a la inspección judicial con exhibición de documentos,
se resalta que si bien aquella fue solicitada por el apelante en su demanda, lo
cierto es que su decreto fue denegado en desarrollo de la audiencia inicial
celebrada el 11 de mayo de 2016 (ver acta de audiencia inicial, folios 258 a
262), lo cual no fue objeto de reparo o impugnación por parte del demandante,
tal como el a quo lo indicó al resolver la solicitud de nulidad de la sentencia.
Adicionalmente se aprecia que la entidad demandada al haber allegado la
documentación requerida por el tribunal según se observa de folios 266 a 386
del plenario, cumplió con su carga impuesta al momento del decreto de
pruebas, sin que se advierta que esta documental hubiese estado
condicionada a una inspección judicial, pues esta fue denegada.
De hecho, luego de que se hubiese clausurado la etapa probatoria con el
traslado para alegatos (ver folio 389), la parte activa formuló solicitud de
nulidad de lo actuado desde el decreto de pruebas al afirmar que se omitió
practicar la mentada inspección (folios 391 a 393), la cual fue resuelta
mediante auto del 12 de julio de 2018 (folios 401 a 403), en el sentido de negar
lo deprecado bajo el entendido de que el auto de decreto probatorio quedó
debidamente ejecutoriado y efectivamente se recaudaron todos los
documentos objeto de oficio a la Gobernación del Atlántico, en adición a que
los reparos de tipo subjetivo sobre una supuesta animadversión del tribunal
contra el demandante, podían ser planteados en forma de recusación y no de
nulidad, pues no se acompasa con ninguna de las causales para el efecto.
De conformidad con lo esbozado, resulta claro que la oportunidad para debatir
el decreto y práctica del aludido medio de convicción había precluido
adecuadamente y con respeto de las formalidades inherentes al debido
proceso.
En lo atinente a las demás pruebas solicitadas en el recurso bajo examen,
debe tenerse en cuenta que estas no habían sido pedidas en su debida
oportunidad, esto es, en la demanda de acuerdo con el inciso 2.° del artículo
212 del CPACA, por lo que tampoco fueron decretadas en primera instancia.
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Demandante: Giovany José Niño Hernández
Corolario de lo referido conforme a esta línea de intelección, se torna imperioso
denegar la solicitud probatoria del recurrente, habida cuenta de que no se
acreditan las condiciones para su procedencia en atención al inciso 4.° de la
norma precitada y sus numerales, especialmente el segundo, toda vez que en
primer lugar, la inspección judicial fue denegada sin que se hubiese formulado
recurso contra dicha decisión, al punto de haber quedado debidamente
ejecutoriada. Adicionalmente, los demás medios de convicción no fueron
instados con el libelo, de suerte que no se trata de pruebas decretadas dejadas
de practicar.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿Debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación reconocido
al señor Giovany José Niño Hernández mediante la Resolución 437 del
22 de enero de 2014, con la inclusión y cómputo de la diferencia entre
la asignación básica y demás factores de remuneración y
prestacionales correspondientes a la nivelación salarial derivada de
aquel proceso, en comparación con los emolumentos percibidos
efectivamente por aquel desde 2003 a 2009, entre estos, la bonificación
por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicios,
prima de vacaciones, horas extras, prima técnica, prima de navidad,
cesantías e intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones y
días de descanso compensatorios?
2. ¿El apelante tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios
por el no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la planta
de personal administrativo adscrito al sector educativo del
departamento del Atlántico?
Primer problema jurídico
¿Debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación reconocido al
señor Giovany José Niño Hernández mediante la Resolución 437 del 22 de
enero de 2014, con la inclusión y cómputo de la diferencia entre la asignación
básica y demás factores de remuneración y prestacionales correspondientes
a la nivelación salarial derivada de aquel proceso, en comparación con los
emolumentos percibidos efectivamente por aquel desde 2003 a 2009, entre
estos, la bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación,
prima de servicios, prima de vacaciones, horas extras, prima técnica, prima de
navidad, cesantías e intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones
y días de descanso compensatorios?
En lo relativo a este cuestionamiento, la Sala sostendrá como tesis que, no es
procedente reliquidar el monto reconocido al demandante como retroactivo del
proceso de nivelación salarial por homologación de cargos del sector
educativo en virtud de la diferencia salarial y prestacional por falta de inclusión
o cómputo adecuado de sendos haberes en el lapso comprendido entre 2003
y 2009, conforme a las siguientes consideraciones:
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Del proceso de homologación del personal al servicio de los
establecimientos educativos
La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que
prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios y
las intendencias y comisarias, proceso que se desarrolló entre el 1.º de enero
de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, para desarrollar el contenido de los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución Política, relativos a la distribución de competencias y
recursos, se expidió la Ley 60 del 12 de agosto de 1993, por la cual se dio
apertura a la descentralización del servicio educativo y al desmonte de la
nacionalización de la educación, para lo cual se efectuó por parte de la Nación
a los departamentos y distritos la entrega de los bienes, personal y
establecimientos educativos para que fueran asumidos directamente por las
entidades territoriales.
Este proceso de descentralización implicó el ajuste de las plantas del personal
administrativo que prestaban sus servicios en las instituciones educativas
adscritas a la Nación, los cuales, debían ser incorporados a las plantas
departamentales y distritales, previa homologación de cargos, no solo en el
aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado «que podían
diferir», sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las
funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio.
Implementado el proceso de descentralización en educación, y con el fin de
fortalecer su desarrollo, se expidió la Ley 715 del 21 de noviembre de 2001, la
cual, pretendió la municipalización de la educación que había quedado en
manos de los departamentos y distritos certificados conforme a la Ley 60 de
1993. En efecto, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, determinaron
expresamente el procedimiento a seguir para incorporar las plantas
financiadas con recursos del sistema general de participaciones antes
«situado fiscal».
Para ello, previo estudio técnico se tenían que fijar las plantas de personal
docente, directivo docente y administrativos de los planteles educativos, y
luego proceder a la provisión de dichos cargos en la plantas de personal
adoptadas por las entidades territoriales para la prestación del servicio
educativo, incorporándolos a las mismas.
Con el Acto Legislativo 01 de 2005, se determinó que los recursos de la
participación para educación del sistema general de participaciones, se
destinarían a financiar la prestación del servicio educativo y entre otras
actividades el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus
prestaciones sociales.
Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva Ministerial
10 del 30 de junio de 2005, en el ejercicio de una actividad de acompañamiento
a las entidades territoriales que habían adelantado su proceso de certificación
en educación, señaló las directrices para llevar a cabo la homologación de
cargos y la nivelación salarial del personal administrativo, y determinó los
criterios y pasos para tener en cuenta en dicho proceso.
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Así mismo, señaló que la deuda por concepto de retroactividad en aquellos
eventos en que la homologación y consecuente incorporación conllevara la
nivelación de salarios, cuando no procediera la incorporación horizontal, se
asumiría con recursos del sistema general de participaciones previa
disponibilidad presupuestal, si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Si el respectivo ente territorial certificado homologó e incorporó al
personal administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus
recursos propios.
Del trámite de homologación y nivelación salarial de los
funcionarios administrativos del departamento del Atlántico.
Conforme al sustento fáctico expresamente señalado por la parte demandante
en su libelo5, corroborado por el la entidad territorial demandada en su
contestación6, se observa que el proceso de homologación desarrollado por
dicha autoridad se desarrolló de la siguiente manera:
i) A través del Oficio 2009EE30647 de mayo de 2009, el Ministerio de
Educación Nacional en cumplimiento de los postulados de la Ley 60 de 1993
emitió concepto favorable al departamento del Atlántico para la administración
del servicio educativo y en consecuencia poder adelantar el proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial.
ii) En virtud de lo anterior, la parte pasiva por medio del Decreto 00208 de 29
de junio de 2009, homologó y niveló salarialmente los cargos administrativos
de la Secretaría de Educación Departamental financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones, ello en atención del concepto emitido el
9 de diciembre de 2004 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado y de la Directiva Ministerial 10 de junio de 2005.
iii) Conforme a la Resolución 03853 de 2009, el departamento del Atlántico
determinó específicamente la homologación para los servidores vinculados en
esa época a la planta interna de personal. En virtud de lo anterior, el Ministerio
de Educación Nacional aprobó el estudio técnico del mentado proceso para el
lapso comprendido entre 1997 y el 23 de julio de 2009, esto según el Oficio
2010EE81422 de 10 de noviembre de 2010.
iv) El ente territorial demandado y la autoridad ministerial en comento
celebraron acuerdo de pago el 31 de diciembre de 2010, en el que se estipuló
que la segunda reconocería a favor del primero una suma equivalente a
$28.755´797.596 por concepto del aludido proceso de homologación y
nivelación salarial del sector educativo, para lo cual se concedió un término de
15 meses contados a partir del pago efectuado el 27 de febrero de 2011.
v) A pesar del inicio de las actuaciones administrativas tendientes a efectuar
los respectivos pagos a los funcionarios homologados, la autoridad
demandada evidenció errores en el cómputo de los valores a reconocer, por
lo que mediante Oficio 2011EE77306 del 29 de diciembre de 2011 se ordenó
suspender dicho proceso hasta nueva revisión y aprobación por parte del
Ministerio de Educación, lo cual ocurrió con la expedición del Oficio
2013EE34201 de 11 de junio de 2013.
5 Según se observa de folios 2 a 4.
6 Obrante de folios 144 a 158.
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vi) En razón de lo expuesto, el departamento del Atlántico expidió la
Resolución 437 del 22 de enero de 2014 (folios 18 a 26), mediante la cual se
reconoció y ordenó el pago de ciertas sumas de dinero por concepto de
retroactivo, derivado del proceso de homologación y nivelación salarial a favor
del señor Giovany José Niño Hernández.
De las pruebas aportadas y el análisis de la reliquidación
deprecada conforme al contexto jurídico expuesto en la demanda
Los siguientes son los elementos probatorios que obran en la presente causa
judicial y que son relevantes para resolver el litigio:
Decreto 208 del 24 de junio de 2009, proferido por el gobernador del
Departamento del Atlántico, a través del cual dicha entidad territorial homologa y
nivela salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría de Educación que
eran financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, en el que
se destaca que el cargo de celador 6020-03 y 6020-04, pasaría a ser el de celador
487-20. (Folios 199 a 203).
Resolución 3853 del 26 de junio de 2009, emitida por la secretaria de
educación del Departamento del Atlántico, con la que se asignó la
correspondiente denominación, código, grado y asignación salarial a los
empleados administrativos homologados de dicha dependencia, entre los cuales
se encuentra el señor Giovany José Niño Hernández, a quien le fue fijado el cargo
de celador, código 470, grado 22, con una remuneración de $1.030.787
mensuales. (Folios 218 a 249).
Resolución 437 del 22 de enero de 2014, mediante la cual la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, reconoció y ordenó pagar a favor del
libelista, una suma equivalente a $57.149.882, esto por concepto de retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo de dicha dependencia, dentro de la cual se destacan los montos
indexados anuales desde 2003 a 2009, equivalentes al total de los haberes a los
que tenía derecho el demandante en virtud de la aludida equiparación laboral.
Igualmente se resalta que para la determinación del monto a pagar, la referida
autoridad expuso como motivación la siguiente: «[…] Que de acuerdo con las cifras
certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, le corresponde al funcionario NIÑO HERNANDEZ GIOVANY JOSE la suma de
$73.225.293, valor en el que se encuentran incluidos los correspondientes pagos a
terceros vinculados con nómina, así: $3.767.507 por aportes parafiscales: $12.307.904
por aportes patronales; sumas que deben ser deducidas en el presente acto administrativo
del valor total de liquidación, quedando a su favor un valor neto a pagar de $57.149.882,
sin perjuicio de los descuentos a realizar por concepto de embargos, aportes a sindicatos
según sea el caso y los demás descuentos de ley.
Que las cifras que vienen señaladas a su favor resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los
salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los
salarios vigentes para la misma época que devengaban en la Gobernación del Atlántico
los cargos del nivel central financiados con recursos propios, determinados conforme a
las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la sumatoria de las diferencias salariales,
en caso que se presenten, y las no salariales aplicables a cada caso, como por ejemplo,
horas extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio
de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios (sic), prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de los
cuales se calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales
legalmente establecidos. [...] Que los valores por ingresos de nómina fueron actualizados
(indexados) con base en índice de precios al consumidor certificado por el DANE para los
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respectivos años, usando para ello la tabla de series de índices de empalme, que puede
ser consultada en la página web de dicha entidad. […]» (folios 18 a 26).
Acta de acuerdo suscrito entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional y
SINTRENAL, en la que se estipuló que en un término máximo de 15 días a partir
de la firma del convenio, elaborarían la estructura de la propuesta para la
homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del sector
educativo de los entes territoriales pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones, frente a los servidores del orden territorial que desempeñan igual
o similares funciones. Asimismo se indicó que se coordinarían las gestiones
interadministrativas para adelantar dicho proceso con orientación directa a los
distritos, municipios o departamentos certificados (folios 317 a 323).
Ordenanzas 31 de 2003, 12 de 2004, 2 de 2006, 26 de 2006, 28 de 2008 y 57
de 2009, por medio de las cuales la Asamblea Departamental del Atlántico fijó las
escalas de remuneración de los empleados del ente territorial para las vigencias
desde 2003 hasta 2009. (Folios 326 a 384).
Comprobantes de pago del señor Niño Hernández para los años 2003 a 2015,
en los que se advierte que percibió durante ese período como haberes laborales
los siguientes: sueldo básico, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y horas extras. (Folios 267 a
268).
Pues bien, antes de abordar el examen y valoración puntual de los medios de
prueba recaudados y practicados en el asunto de marras, la Subsección debe
resaltar el hecho de que en la demanda, específicamente en el acápite de
normas violadas y concepto de la violación, no se encuentra un solo
argumento puntual y concreto referente a las causales de nulidad del acto
administrativo cuestionado y al fundamento de ilegalidad de aquel, en punto a
las razones por las cuales asegura que la liquidación del retroactivo por
nivelación salarial efectuado por el departamento del Atlántico, fue realizado
erróneamente o en contradicción con la normativa aplicable a su situación
jurídica.
Al respecto, se observa que la parte activa aseguró tanto en su libelo como en
el recurso de apelación, que la entidad demandada no solo dejó de incluir
emolumentos como horas extras completas e intereses a las cesantías en el
cómputo que determinó el valor del retroactivo reconocido, sino que lo liquidó
con valores incorrectos respecto de la diferencia de los demás haberes
devengados, por lo que sostuvo que no se concretó una nivelación salarial
adecuada a su caso. Empero, dicha afirmación la esgrime de manera abstracta
con la sola transcripción de normas y sin enunciar, describir y puntualizar, por
ejemplo, cuántas horas extras y demás recargos se causaron, en qué
períodos, por cuáles valores y bajo qué autorizaciones conforme a las
condiciones para su procedencia previstas en los artículos 36 y 37 del Decreto
1042 de 1978.
Lo propio debe asegurarse frente a los demás emolumentos cuya inclusión y
revisión pretende el demandante, pues no se advierte una sola referencia
específica a los valores dejados de liquidar, o al error en el cálculo aritmético
de estos. Tampoco se avizora una manifestación concreta de su caso en lo
relativo a los períodos en los que aquel percibió o debió percibir los mentados
conceptos salariales o prestacionales, ni los fundamentos: i) normativo que
respaldara el hecho atinente a la necesidad de computarlos, y ii) fáctico en
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cuanto a su falta de inclusión total o parcial por parte de la entidad demandada
en la Resolución 437 del 22 de enero de 2014.
Las circunstancias descritas impiden al juez tener un conocimiento previo del
sustento del petitum, por lo que resulta inviable determinar las posibles causas
de anulación sobre la decisión administrativa cuestionada, en la medida en
que frente a esta se presume su legalidad, al punto de que la parte activa no
solo debe demostrar lo contrario, sino argumentarlo con exactitud y claridad,
en orden de contrastar su tesis con la planteada por la parte pasiva y la
realmente aplicable al caso en razón del ejercicio interpretativo de la autoridad
judicial.
Sobre este punto, el libelista insiste en que el análisis o fundamentación de las
pretensiones en cuanto a la supuesta liquidación errónea efectuada por el
departamento del Atlántico no le corresponde directamente a él por tratarse de
un ejercicio aritmético en vez de jurídico, el cual no debe ser valorado
solamente con la información de dicha entidad, en tanto esta tampoco puede
ser considerada «juez y parte al mismo tiempo». Con base en tal
planteamiento, reiteró en su recurso de apelación, que la reliquidación
propiamente dicha, tendría que haber sido realizada por el contador del
Tribunal Administrativo del Atlántico con fundamento en una inspección judicial
con exhibición de documentos, que permitiera hallar cuáles eran los yerros en
el cálculo desarrollado por el ente territorial para el período comprendido entre
2003 y 2009.
Ahora, estimar adecuada la mentada afirmación como lo insta el apelante,
sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse la ilegalidad del acto
administrativo demandado, al considerar de entrada que la liquidación
realizada en este fue incorrecta, y que por lo tanto, lo que procede es trasladar
la carga argumentativa y probatoria al juez, para que aquel efectúe un nuevo
cálculo a fin de verificar esas supuestas falencias, y de este modo subsanarlas
con una decisión favorable a los intereses de la parte activa. Aquello carece
de cohesión jurídica con los preceptos y principios propios del esquema
procesal de las actuaciones judiciales, especialmente de la noción de justicia
rogada que le es propia a la presente jurisdicción. Lo anterior ya ha sido objeto
de pronunciamiento por esta Subsección en sentencia del 18 de marzo de
20217 proferida en un caso similar al presente, cuando se indicó lo siguiente:
«[…] En este punto, conviene recordar que es a la parte demandante a quien
le incumbe indicar las normas que considera infringidas y exponer el concepto
de esa violación, así como los vicios atribuidos al acto administrativo, sin que
le corresponda al Juez efectuar un control integral y absoluto de legalidad de
los actos acusados, y asumir los roles y obligaciones que el ordenamiento
jurídico le impone a las partes. […]»
Por esa razón, las apreciaciones de la parte apelante frente a la forma en que
debe evidenciarse o determinarse el objeto del litigio sin su directa y previa
intervención argumentativa, se torna inadecuada, en tanto denota una falta de
precisión en el respaldo de sus pedimentos, al someter su prosperidad
exclusivamente a la actividad judicial y a las pruebas del proceso. Ello
finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la imputación de
ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por consiguiente para
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 18 de marzo de 2021. Radicado: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019).
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acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación del
retroactivo pagado al libelista8.
Por otro lado y sin perjuicio de lo planteado, la Sala observa que en todo caso,
también se presenta una deficiencia en la actividad probatoria de la parte
activa, habida cuenta de que si en gracia de discusión se hubiesen precisado
las supuestas fallas de la liquidación del retroactivo pagado al demandante, lo
cierto es que no reposarían en el plenario pruebas suficientes y conducentes
para demostrar tales supuestos. Una vez analizado el material probatorio
enunciado anteriormente, se evidencia que no obra un medio de convicción
adecuado para deducir cuáles eran las presuntas irregularidades del cálculo
efectuado por la entidad territorial demandada, pues solo se encuentran las
ordenanzas que fijaron la escala salarial de la planta departamental por el
período de 2003 a 2009 y los comprobantes de pago del señor Niño Hernández
para el mismo lapso en mención.
Se resalta además que el recurrente básicamente sustentó su carga de la
prueba (que es inherente a la solicitud de nulidad del acto administrativo
demandado debido a la presunción de legalidad que lo cobija), en la práctica
de una inspección judicial con peritaje tendiente a verificar documentos y
realizar un ejercicio contable que determinara puntualmente los errores
cometidos por la administración en aquella decisión.
Pues bien, tal como se expuso en la cuestión previa precedente, en primera
instancia se desarrolló la etapa probatoria de conformidad con lo solicitado por
el demandante en su debida oportunidad, sin que se hubiesen presentado
objeciones (al menos en término) para controvertir dicha actividad procesal.
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba instados en
el recurso de alzada tampoco eran procedentes, en la medida en que se había
configurado la preclusión para solicitarlos por no cumplir con las exigencias del
artículo 212 del CPACA, toda vez que no se trataba de elementos de
convicción deprecados en la demanda y decretados por el a quo que hubiesen
sido dejados de practicar, sino de documentos pretendidos solo después de
haber conocido la decisión desfavorable de primera instancia.
Conforme al aludido contexto, estima la Subsección que incluso desde el punto
de vista probatorio, tampoco se habría logrado enervar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, pues a partir de la evidencia
practicada no se desprenderían los elementos suficientes para realizar un
cálculo diferente al consignado por la entidad demandada en el acto
cuestionado. De cualquier modo, no sería viable alegar la falta de diligencia
oficiosa del juez de conocimiento frente a este punto, en la medida en que
aquella tiene como fundamento aclarar dudas generadas en desarrollo de la
actuación y no solventar la carga de la prueba a favor de alguna de las partes.9
No obstante lo esbozado, el apelante en su recurso afirmó que al margen de
esta situación, la sola Resolución 444 del 22 de enero de 2014 (folios 21 a 29)
bastaba para deducir el error de cálculo elaborado por el Departamento del
8 Esta postura también ha sido analizada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencias del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01014-01(2460-19)
y del 13 de noviembre de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01003-01(2666-19).
9 Esta posición halla respaldo en pronunciamiento anterior de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, específicamente en la sentencia del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-
2014-01014-01 (2460-19), que resolvió un caso con similitudes fácticas y jurídicas al sub examine.
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Atlántico frente a la liquidación del retroactivo reconocido a favor del primero.
Empero, al revisar el contenido motivacional de dicho acto administrativo, lo
que se evidencia es precisamente lo opuesto, en tanto no solo se describe que
tuvo en cuenta las diferencias salariales derivadas entre lo percibido por el
demandante y el monto fijado en las ordenanzas departamentales para los
empleados de la entidad territorial, sino también el factor salarial acreditado
que debía incluirse durante al período de 2003 a 2009 equivalente a las horas
extras (ver folios 18 a 26 del plenario).
Al respecto se reitera que el demandante no planteó las condiciones fácticas
y jurídicas que permitieran contemplar los supuestos yerros de la mentada
decisión, así como tampoco se evidencia el material probatorio para demostrar
su ilegalidad, de suerte que en efecto, la motivación y liquidación propuesta
por el departamento del Atlántico en la resolución demandada, debe asumirse
conforme a la realidad de la situación particular del libelista, sin que ello
implique como aquel lo sostiene, que el ente territorial actuaría como juez y
parte, habida cuenta de que lo propio obedece a los efectos de la presunción
que cobija el acto y no a la calidad o facultades de la precitada autoridad.
En conclusión: no debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación
reconocido al libelista mediante la Resolución 437 del 22 de enero de 2014,
para el período comprendido entre 2003 y 2009 frente a los valores y factores
computados en el cálculo de aquel concepto, toda vez que según el propio
acto administrativo cuestionado que es la fuente de control judicial en esta
oportunidad y que imperiosamente debe ser examinado bajo el precepto de
presumir su legalidad, la Sala encuentra que la liquidación efectuada por la
autoridad demandada en la referida resolución, estuvo ajustada a la normativa
que le es aplicable y con base en los emolumentos y valores determinados
para el caso concreto del señor Niño Hernández, pues este no planteó en
debida forma las falencias del cálculo efectuado por la entidad demandada en
clave de causal de nulidad para contrastar la situación con la normativa y
criterios aritméticos aplicables, aunado a la falta de materiales de prueba que
permitieran inferir lo propio en orden de eventualmente haber accedido a las
pretensiones anulatorias y de restablecimiento formuladas con la demanda.
Segundo problema jurídico
¿El apelante tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el
no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo derivado del
proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento del Atlántico?
Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de los intereses deprecados, con base en
los argumentos que se indican a continuación.
Sobre la indexación y los intereses moratorios analizados en el
caso sub iudice
Con base en el acervo probatorio enlistado anteriormente, es dable precisar
que, en atención a la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, el
Ministerio de Educación Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos
criterios para tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación
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salarial, entre los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la
determinación de los efectos retroactivos de la deuda.
De igual manera se observa que tanto el Ministerio de Educación Nacional
como el departamento del Atlántico, llevaron a cabo cada uno de los pasos
para materializar la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo, procedimiento que requirió no solo de la
correspondiente disponibilidad presupuestal, la cual no es inmediata como lo
considera la parte demandante, sino también de la superación de una serie de
procedimientos y actuaciones interadministrativas que se materializaron
inicialmente en el Decreto 208 del 24 de junio de 2009 y en la Resolución 3853
del 26 de junio del mismo año en punto a la equiparación de cargos.
Posteriormente se advierte que se presentó la necesidad de realizar varios
ajustes en materia de nivelación salarial, en atención a unas inconsistencias
en los valores y cálculos efectuados por ambas autoridades. Dicha situación
fue subsanada finalmente mediante el Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de
2013 (folios 274 a 276) que aprobó el último estudio técnico relativo a los
conceptos de nómina, al punto de ser materializado el reconocimiento y pago
del correspondiente retroactivo para el caso del demandante en la Resolución
437 del 22 de enero de 2014.
Ahora, si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de
un proceso interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio de los
beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el
paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren años
sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad, lo
cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que
permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen
el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.
Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que
permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo
sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no
obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con
base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la
tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios
implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los
valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa
fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla
anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte
del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que
se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios
por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la
norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada
en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de
quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar
de estar expresamente conminado a ello.
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Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y
la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un
mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de
una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir
en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto
los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.10
Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del departamento del Atlántico se materializó a través del
Decreto 208 del 24 de junio de 2009, en virtud del cual, se expidió con
posterioridad la Resolución 437 del 22 de enero de 2014, por medio de la cual
se ordenó cancelar al demandante la suma total de $57.149.882 como valor
del retroactivo correspondiente. Este monto estaba comprendido por
conceptos salariales indexados a las respectivas fechas durante el período de
2003 a 2009, tal como se aprecia del cálculo y descripción efectuada en el
último de los actos precitados (folio 24).
Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como
tal de homologación se consolidó durante el lapso prementado y que el pago
del retroactivo al libelista se dio hasta el año 2014, lo cierto es que no se
observa que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el
departamento del Atlántico hayan incurrido en una dilación injustificada del
pago a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la
obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e
inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la Nación a entidades
territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo
el entendido de que se canceló el monto correspondiente a la indexación para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del
tiempo.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no el
pago de una indemnización por mora.
Es pertinente afirmar que tampoco se demostró el actuar doloso de la
administración para evitar cumplir con la obligación, más allá de las
apreciaciones subjetivas indicadas en la demanda sobre aparentes casos de
corrupción sin respaldo demostrativo de ello. Adicionalmente es necesario
tener en cuenta el hecho de que en el contexto normativo aplicable al asunto,
no se previó expresamente el reconocimiento de dicha sanción en caso de
dilación en el proceso en comento, lo cual convalida el actuar de la
demandada, así como el acto cuestionado.
En conclusión: no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
a favor del demandante por el no pago inmediato del valor correspondiente a
la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
10 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de
Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-
01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02
(2633-2017).
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de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, en tanto la sola
tardanza por parte de la demandada en cancelar la obligación dineraria, no
implica necesariamente dicha indemnización por mora, más aun en el
entendido de que existió una justificación razonable para esa dilación,
referente a la superación de diferentes etapas en un proceso
interadministrativo complejo y extenso que en esas condiciones, implica
también la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
pero a manera de compensación a través de la indexación como en efecto se
hizo, y no en virtud de una sanción como lo pretendía la parte activa.
Otros aspectos procesales
Es preciso indicar que el dependiente judicial del abogado de la parte
demandante ha presentado sendos escritos de forma general en estos mismos
procesos, a través del cual informó que este último sufrió una afección
cerebrovascular por lo que tuvo que ser internado en la unidad de cuidados
intensivos de la Clínica General del Norte, situación que, al tenor de lo
dispuesto en el numeral 2.º del artículo 159 del CGP, origina una causal de
interrupción del proceso; sin embargo, como el inciso final del aludido artículo
prevé que esta ocurre «a partir de la notificación de la providencia que se
pronuncie seguidamente» al hecho que motiva la causal, se dispone que una
vez surtida dicha notificación, la Secretaría de la Sección Segunda requiera
periódicamente al abogado Isaac David Pugliesse Sepúlveda, quien se
identifica como dependiente judicial del doctor Javier Torres Velásquez, para
que, en atención al deber que le asiste de colaborar con la administración de
justicia, informe sobre el estado de salud del referido profesional y, de ser
posible, allegue los respectivos soportes médicos.
Una vez la Secretaría advierta que cesó la causal de interrupción del proceso
(enfermedad grave del apoderado judicial núm. 2 art. 159 del CGP) o que esta
sufrió alguna modificación, deberá proceder según corresponda, ya sea
reanudando el conteo de los términos o dando aplicación a lo establecido en
el artículo 160 ibidem.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la subsección confirmará la sentencia apelada
proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico
que denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no
prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por el libelista,
y adicionalmente se agregará un ordinal en la parte resolutiva a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el acápite que precede.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201611, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
11 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP12, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público13.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas de esta instancia a la parte demandante a pesar de haber resultado
vencida conforme al numeral 3.º del artículo 365 del CGP, puesto que la
entidad demandada no intervino en el trámite de la apelación surtido ante esta
Alta Corte, según la constancia secretarial visible a folio 553 del plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
12 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
13 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Demandante: Giovany José Niño Hernández
restablecimiento del derecho promovió el señor Giovany José Niño Hernández
contra el departamento del Atlántico.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Por Secretaría, dese cumplimiento a lo dispuesto en el acápite
denominado «otros aspectos procesales» de esta providencia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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