Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-02457-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-02457-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-02457-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de junio de 2024
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02457-01 (2327-2023)
Demandante: Édgar Barros Linero
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, departamento del
Atlántico - Secretaría de Educación Departamental
Tema: Homologación y nivelación salarial. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el primero (1.°) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Édgar Barros Linero instauró demanda contra el departamento del Atlántico y
la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 02643 del 29 de septiembre de 2014. A
título de restablecimiento del derecho se ordene al departamento del Atlántico reliquidar
las sumas pagadas en el mencionado acto administrativo del año 2002, mes por mes,
resultante de la diferencia entre la remuneración fijada en las ordenanzas de la
Asamblea del Atlántico y la percibida efectivamente para ese mismo período, teniendo
en cuenta las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, las primas de
servicios, de vacaciones, de navidad, horas extras, las cesantías y sus intereses, la
indemnización por vacaciones.
Liquidar los años no reconocidos dentro de la resolución atacada (1997 a 2001) dentro
del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial. Pagar los intereses
moratorios del reajuste salarial reclamado, desde que se hizo efectivo el derecho
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-02457-01 (2327-2023)
(1997). Reintegrar los descuentos que se realizaron por aportes parafiscales,
patronales y estampillas; cancelar la suma total que resulte del dictamen pericial que
solicitó como prueba; actualizar los valores de acuerdo con lo previsto en el artículo 187
del CPCA; pagar las costas procesales; y dar cumplimiento al fallo en los términos de
los artículos 192 y 195 de la citada norma.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico
en un cargo administrativo desde el año 1997.
Que, el Ministerio de Educación Nacional aprobó mediante Oficio 2009EE30647 del 3
de junio de 2009, el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial de los
empleados administrativos de la secretaría de educación, en aplicación de las Leyes
60 de 1993 y 715 de 2001 y en concordancia con la Directiva Ministerial 10 de 2005.
Que la gobernación del Atlántico ordenó nivelar salarialmente al personal administrativo
del sector educativo al de la planta general de la entidad territorial según el Decreto 208
del 24 de junio de 2009; y que por Resolución 03853 del 26 de junio de 2009, la
secretaría de educación le asignó la correspondiente denominación, código, grado y
salario.
Que, el ente ministerial aprobó el nuevo estudio técnico de homologación mediante
Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de 2013, y por Resolución 02318 del 8 de octubre
de 2013 la entidad territorial revocó los actos administrativos que habían sido expedidos
en el año 2011.
Que, a través de la Resolución 02643 del 29 de septiembre de 2014, la secretaría de
educación le reconoció el retroactivo salarial producto del mentado ajuste de
homologación de forma incompleta, pues no se tuvieron en cuenta los factores a los
que aludió en las pretensiones. Adicionalmente, se realizaron descuentos por concepto
de aportes parafiscales, patronales, salud, pensión, fondo de solidaridad y estampillas.
Que no le reconocieron el retroactivo de los años 1997 a 2001, pese a que tenía
derecho a ellos, pues con los escritos presentados el 3 de mayo 2000 y 2003 se
interrumpió la prescripción.
Que tiene derecho al pago de los intereses moratorios del valor recibido por concepto
de retroactivo salarial, no solo a partir del 29 de diciembre de 2011, fecha en la cual, la
secretaría de educación suspendió el pago de la homologación, sino desde 1997
cuando se hizo efectivo el pago del reajuste.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como violados los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 25 y 53 constitucionales; 39 del
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Decreto 1042 de 1978; 151 del Código Procesal del Trabajo, 102 y 103 del Decreto
1848 de 1969, 1551, 1553 y 2514 del Código Civil, la Directiva Ministerial 10 de 2005;
y el Oficio 2010EE23329 de Gestión Territorial del MEN.
Como fundamento expresó que la administración departamental inobservó la Directiva
Ministerial 10 de 2005, ya que liquidó de forma incompleta los años reconocidos en la
resolución atacada; y no pagó el retroactivo salarial de los períodos reclamados, pese
a que SINTRENAL, organización sindical a la que pertenece, presentó las solicitudes
sobre este último punto en los años 2000 y 2003, con las que se interrumpió la
prescripción.
Que los intereses moratorios se generan desde el día siguiente a la terminación del
pago pactado, esto es, a partir del momento en que adquirió el derecho y se incurrió en
mora. De otra parte, indicó que los descuentos efectuados por aportes patronales y
parafiscales son responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental y no del
trabajador. Frente a las deducciones por concepto de estampillas expresó que éstas
solamente deben asumirlas los contratistas y no los empleados públicos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 5 de agosto de 2015 1, y notificada a los demandados. El
Ministerio de Educación Nacional no se pronunció.
El departamento del Atlántico formuló las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y pago. Señaló que el acto administrativo demandado fue expedido
conforme a derecho, sin que se adeude valor alguno, pues los descuentos efectuados
sobre el monto total, se realizaron de acuerdo con lo previsto en la ley. Que el
retroactivo correspondiente a las anualidades 1997 a 2001 se encuentra prescrito y que
no hay lugar a los intereses moratorios reclamados, dado que la suma reconocida en
favor del señor Édgar Barros fue debidamente actualizada.
Se celebró audiencia inicial el 14 de febrero de 2017, en la cual se fijó el litigio y luego
de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 1.° de julio de 2022,
negó las pretensiones. Señaló que no existía material probatorio que permitiera
determinar el empleo, nivel y código del demandante con el que se realizaría la
comparación salarial para el año 2002, y tampoco se remitió certificación de salarios
para establecer las diferencias alegadas. Que la única información disponible al
respecto era la contenida en el acto administrativo acusado, en el cual se precisó como
fecha de ingreso al departamento el 21 de abril de 1997, en el cargo de auxiliar de
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El juez dispuso la vinculación del Ministerio de Educación Nacional.
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servicios generales; sin embargo, en el recuadro de homologación se consignó: «No
incluido en Planta», razón por la cual no accedió a la reclamación correspondiente al
año 2002.
Que es improcedente el reajuste de las anualidades (1997 a 2001), ya que el señor
Barros Linero no acreditó haber solicitado su reconocimiento ante la administración.
Sobre el particular, advirtió que no se encontraron las peticiones que el señor Édgar
Barros alegó fueron presentadas por el sindicato Sintrenal ni el acuerdo suscrito entre
esa organización y el Ministerio de Educación Nacional.
En relación con los descuentos tributarios, expresó que según lo observado en el acto
administrativo demandado no se aplicaron las aludidas retenciones, circunstancia que
el señor Édgar Barros tampoco probó.
Que a pesar de que el acto administrativo hizo alusión a la recomendación del secretario
de hacienda para aplicar ciertas deducciones tributarias por concepto de estampillas
«Pro: Desarrollo Departamental, Ciudadela Universitaria, Electrificación Rural y Cultura», estas
no se llevaron a cabo. Los únicos descuentos realizados fueron los correspondientes a
los aportes parafiscales y patronales. Además, la parte demandante no pudo demostrar
la aplicación de los impuestos mencionados ni su procedencia en el momento del pago
ordenado en la resolución.
Finalmente, dijo que no hay lugar a los intereses moratorios peticionados , ya que el
señor Barros Linero no refirió alguna disposición que autorice o avale su
reconocimiento.
Se abstuvo de condenar en costas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso.
RECURSO DE APELACIÓN
El señor Édgar Alfonso Barros Linero apeló la sentencia. Respecto a la ausencia de
material probatorio para deducir el cargo que ocupaba en el año 2002 y analizar la
comparación salarial, indicó que lo relevante es que ostentó el cargo de auxiliar de
servicios generales y fue homologado. Señaló que, contrario a lo afirmado, se
remitieron las correspondientes ordenanzas desde el año 1999 hasta el 2009,
elementos que no fueron valorados.
Que el funcionario judicial debió hacer uso de la facultad oficiosa de que trata el artículo
213 del CPACA para aclarar los puntos oscuros de la controversia, ya que, según se
expuso en la providencia, había incertidumbre sobre la falta de reconocimiento de los
años anteriores a 2002, teniendo en cuenta que había sido vinculado desde el 21 de
abril de 1997.
Solicitó el decreto de las siguientes pruebas: i) el dictamen pericial que versaría sobre
los puntos señalados en la demanda, diligencia para la cual se designó al contador Luis
Molina. Expuso que esta prueba debe practicarse dado que, pese a haber sido
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decretada, el concepto no fue incorporado al proceso; y ii) las planillas de horas extras
con sus respectivos soportes, documento que reposa en los archivos de la entidad y
que esta no remitió, con el fin de acreditar la diferencia o faltante de 70 horas laboradas
previa autorización del superior inmediato, así como los descansos compensatorios no
disfrutados y dejados de cancelar.
Que la resolución demandada omitió incluir lo relativo al 12% de los intereses a las
cesantías y las horas extras laboradas, sobre el último aspecto precisó:
«(…) Para el caso de los administrativas (sic) que devengan horas extras: 70 horas extras
laboradas mensuales, debido a que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, antes de
entregar los administrativos, la mayoría celadores, al ente territorial, sólo venía reconociendo y
cancelando, con recursos del sistema general de participación, 50 horas extras mensuales tal
como se puede comprobar en la Resolución acusada en la página 5ª (“FACTORES SALARIALES
QUE AFECTAN LA HOMOLOGACIÓN” ) a pesar que en la Secretaría de Educación
Departamental venían laborando los celadores efectivamente 120, REDUNDO, exteriorizándose
una diferencia o faltante de 70 en contra del trabajador; más cuando en el momento de la
incorporación o entrega, el ente Departamental del Atlántico, le cancelaban a los conductores,
con recursos propios 100 horas extras mensuales, debido a que no existían celadores en este
ente territorial(…)».
Que en el monto reconocido también debieron considerarse los años que el
departamento desestimó (1997 a 2001), sobre los cuales no se configuró la
prescripción, toda vez que en la declaración de voluntad del gobierno Nacional del 27
de octubre de 1998, así como en el Acuerdo del 3 de mayo de 2000 suscrito entre el
Ministerio de Educación y Sintrenal, no se estipuló un término para ejecutar aquella
equiparación, por lo que no es posible contabilizar los 3 años inherentes al referido
fenómeno y en consecuencia es dable concluir que la autoridad demandada renunció
al referido término, al punto de estar vigente la deuda consolidada desde 1997 hasta
2009.
Que ante la ausencia de regulación de la figura de la «renuncia a la prescripción» en el
CPACA, deben aplicarse los artículos 2513 y 2514 del Código Civil, por virtud del
artículo 8.° de la Ley 153 de 1887, pues el fenómeno extintivo no fue alegado por la
administración.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1608 del Código Civil, hay lugar al
reconocimiento de los intereses moratorios ante el retardo en el pago del reajuste desde
el año 1997 cuando adquirió el derecho; y en el 2011 cuando se suspendió tal
cancelación de manera abrupta, la cual se realizó finalmente en el año 2014, perjuicios
que en su criterio, no solo se pueden satisfacer con la indexación, pues es claro que
con ésta solo se recupera el poder adquisitivo de la moneda, pero no los perjuicios
ocasionados con la tardanza, como sustento de ello, hizo alusión a la sentencia T 418
de 1996.
Sobre el particular indicó que las inconsistencias encontradas por la secretaría de
educación, que provocaron el retraso en el pago del retroactivo adeudado, se debieron
a la intención de defraudar el erario público, lo cual generó un daño que no deben
asumir los administrados.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 11 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Se advierte que el demandante solicitó con el recurso de apelación el decreto de las
pruebas enunciadas, y la petición fue denegada mediante auto del 16 de mayo de 2024,
por lo que sobre este punto no habrá lugar a emitir pronunciamiento, dado que la misma
está sujeta a la decisión previamente emitida.
Problema jurídico.
La Sala debe determinar si el señor Édgar Barros Linero tiene derecho a la reliquidación
del valor del retroactivo salarial reconocido mediante el acto administrativo demandado
(2002), con ocasión al proceso de homologación de cargos; así como al pago de los
años 1997 a 2001 que no le fueron reconocidos; y si hay lugar a cancelar los intereses
moratorios que se causaron por dicho concepto.
Marco normativo y jurisprudencial
Del proceso de homologación del personal al servicio de los establecimientos
educativos.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto del 9 de
diciembre de 20042 explicó lo relativo al manejo del servicio educativo en Colombia por
parte de los entes territoriales de conformidad con las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y
715 de 2001. En dicho pronunciamiento, se precisó que la descentralización de la
educación implicó la transferencia por parte de la Nación a los departamentos y
municipios de los bienes, el personal y los establecimientos educativos.
Para efectos de la incorporación del personal, las entidades territoriales debían realizar
el respectivo proceso de homologación de cargos, teniendo en cuenta la nomenclatura,
clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los
requisitos para su ejercicio, a fin de establecer la remuneración, siendo éstas
autónomas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas
salariales y los emolumentos de sus empleados, dentro de un límite máximo acorde
con su realidad fiscal, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley
4.ª de 1992.
Señaló que tal incorporación estaba condicionada a un estudio técnico, el cual permitiría
2 Radicación número: 1607.
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ubicar a los empleados en el grado de remuneración correspondiente a los elementos
estructurales del empleo. Además, indicó que las diferencias provenientes de la
homologación se asumirían con recursos del sistema general de participaciones previa
disponibilidad, de lo contrario estarían a cargo de la Nación. Sin embargo, si el
respectivo ente territorial realizó el proceso con desconocimiento de la normatividad
legal, los costos debían pagarse con recursos propios.
La homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del
departamento del Atlántico 3
-A través del Oficio 2009EE30647 de mayo de 2009, el Ministerio de Educación
Nacional emitió concepto favorable al departamento del Atlántico para la administración
del servicio educativo.
-En virtud de lo anterior, la entidad territorial por medio del Decreto 208 del 24 de junio
de 2009, procedió a homologar y nivelar salarialmente los cargos administrativos de la
secretaría de educación y de instituciones educativas del ente territorial financiados con
recursos del SGP.
-La Secretaría de Educación del Atlántico expidió la Resolución 03853 del 26 de junio
de 2009, que asignó la respectiva denominación, código, grado y salario mensual, por
cada funcionario del personal administrativo.
-Mediante Oficio 2010EE814 del 10 de noviembre de 2010 la Dirección de
Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional «revisó,
aprobó y certificó la consistencia del estudio técnico de homologación de cargos y nivelación
salarial de los administrativos», para el lapso comprendido entre 1997 y el 23 de julio de
2009.
-El departamento del Atlántico y la autoridad ministerial celebraron un acuerdo de pago
el 31 de diciembre de 2010, en el que se estipuló que la segunda reconocería a favor
del primero una suma equivalente a $28.755.797.596 por concepto del aludido proceso,
para lo cual se concedió un término de 15 meses contados a partir del pago efectuado
el 27 de febrero de 2011.
-Iniciado el trámite administrativo tendiente a efectuar los pagos correspondientes, la
secretaría de educación detectó errores en el cálculo de los montos a reconocer, los
cuales fueron informados al ministerio a través del Oficio 3981 del 28 de noviembre de
2011. Por consiguiente, mediante el Oficio 2011EE77306 del 29 de diciembre de 2011,
la dirección territorial suspendió el proceso hasta que el Ministerio de Educación lo
revisara y aprobara.
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Se relaciona el trámite adelantado por la entidad territorial, de acuerdo con lo señalado en la demanda
y su contestación.
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-Por medio de Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de 2013 el Ministerio de Educación
Nacional aprobó el nuevo estudio técnico, que incluyó «todos los conceptos de nómina,
parafiscales y patronales y comprende los períodos 1997-2009».
-El ente territorial dio por finalizado el proceso administrativo, al proferir los
correspondientes actos administrativos de carácter particular en los que reconoció la
suma respectiva a cada funcionario, por concepto de valores retroactivos derivados de
la homologación.
Resolución del caso concreto
Los puntos objeto de controversia en este asunto, consistieron en: i). la reliquidación
del retroactivo salarial como empleado administrativo dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial del año 2002, reconocido mediante
Resolución 02643 del 29 de septiembre de 2014; ii). el reconocimiento del retroactivo
de las anualidades 1997 a 2001; y iii). el pago de los intereses moratorios causados por
dicho concepto.
Para definir el objeto de la controversia, la Subsección analizará el material probatorio
remitido, el cual da cuenta de lo siguiente:
I. Por medio de la Resolución 02643 del 29 de septiembre de 2014,4 la Secretaría
de Educación Departamental del Atlántico ordenó el reconocimiento y pago de
los valores retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y salarios
en favor del señor Édgar Barros Linero, para el efecto la administración señaló:
«Que de conformidad con los antecedentes legales de la vinculación del beneficiario, se tiene
que la evolución salarial del cargo que venía desempeñando durante los años laborados que
más adelante se citan es la siguiente:
NOMBRAMIENTO
Documento: Decreto No 000628 Fecha: 4 de abril de 1997 Cargo: Auxiliar de servicios generales
Fecha de ingreso Dpto: 21 de abril de 1997 Homologado a: No incluido en Planta
INFORMACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES
AÑO SALARIO ACTO SALARIO ACTO ADMINISTRATIVO DE DIFERENCIA
SGP ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO SALARIOS
SALARIOS
2002 364.152 Decreto 660 de 2002 392.968 Ordenanza No. 000046 de 2001 28.816
Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la deuda total por concepto de Homologación y Nivelación Salarial
del funcionario BARROS LINERO ÉDGAR ALFONSO, es de $232.078, cifra en la que se
encuentran incluidos $192.306 a favor del funcionario, por concepto de los valores retroactivos
de diferencias salariales, y los correspondiente pagos a terceros inherentes a la nómina a cargo
del Estado así: $10.114 por aportes parafiscales y $29,658 por aportes patronales. De los
$192.306 a favor del funcionario deben realizarse los descuentos por concepto de aportes del
empleado a salud, pensión, fondo de Solidaridad, sindicatos, embargo, según sea el caso y los
4
Índice 2 del aplicativo SAMAI. (ED_C01PRINCIPAL(.zip) NroActua 2). (pdf.07). Archivo (1 Resolución 02643 del 29 sep 2014).
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demás descuentos de ley.
Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética realizada a
la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los salarios recibidos por
el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los salarios vigentes para la misma
época que devengaban en la Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados
con recursos propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de
la sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no salariales aplicables
a cada caso, como por ejemplo, horas extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones,
prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de
los cuales se calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente
establecidos.
[…] Que los valores por ingresos de nómina fueron actualizados (indexados) con base en
el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para los respectivos años […].». (Se
resalta).
Del material probatorio remitido la Sala advierte que la entidad enjuiciada le reconoció
al señor Édgar Alfonso Barros Linero por concepto de retroactivo salarial un monto de
$192.306, equivalente a los haberes laborales a los que tenía derecho en el año 2002.
El demandante alega que el pago fue incompleto, ya que la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico liquidó de manera incorrecta los factores salariales
percibidos para dicha anualidad. Sin embargo, no precisó en su argumentación los
errores cometidos en la cuantificación, tampoco realizó diferenciación alguna frente a
las prestaciones devengadas y las que efectivamente le fueron pagadas, lo que impide
determinar la presunta ilegalidad en la que incurrió la administración.
Puntualmente, hizo referencia a la falta de inclusión de los intereses a las cesantías y
a las horas extras; sin embargo, no existe material probatorio que respalde lo afirmado,
pues, tal y como lo señaló el tribunal, ni siquiera se allegó la certificación de salarios del
año reclamado. Adicionalmente, se estima que los argumentos que plantea en el
recurso de apelación son muy generales y no se observan las inconsistencias
específicas que el señor Édgar Barros discute.
Ahora, pese a que no se indicó la categoría del cargo homologado y que en el acto
administrativo se registró en ese campo: «No incluido en Planta»; en la Ordenanza
000046 de 2001 5 se evidencia que el empleo de auxiliar de servicios generales, que
ostentó el demandante según lo señalado en el recurso, se encuentra en el nivel
operativo, cuya remuneración es de $392.968, valor que se ajusta al consignado en la
resolución objeto de controversia, sin que sea posible hacer un análisis detallado sobre
el particular, ya que el señor Édgar no presentó prueba alguna para desacreditar que
la suma reconocida no incluyó los emolumentos a los que aludió.
Resulta pertinente manifestar que el artículo 167 del Código General del Proceso
impone una carga procesal a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la
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Índice 2 del aplicativo SAMAI. (ED_C01PRINCIPAL(.zip) NroActua 2). (pdf.07). Archivo (11 Ordenanzas Salariales).
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necesidad de presentar las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la
demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo
éxito, ello con la opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones
particulares para aportar los medios de convicción.
Ahora, el artículo 213 del CPACA otorga al juez la facultad de decretar pruebas de oficio
solo cuando sea necesario aclarar aspectos ambiguos o confusos de la controversia; lo
que no implica que el funcionario judicial deba suplir la responsabilidad que recae sobre
los sujetos involucrados, como equivocadamente argumentó el demandante.
Considerar lo contrario desvirtuaría la noción de justicia rogada, fundamental en la
jurisdicción contenciosa administrativa.6
Por consiguiente, la inobservancia de la mentada carga trae consecuencias
desfavorables para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos
de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.
En este caso le correspondía al señor Édgar Alfonso Barros Linero, desvirtuar la
presunción de legalidad del acto, por lo que tenía el deber no solo de aportar y pedir las
pruebas que sustentaran sus pretensiones, si no de exponer con base en ellas, las
circunstancias jurídicas que permitieran identificar los yerros en el cálculo de la
liquidación que presuntamente cometió la entidad; sin que la negligencia o inactividad
puedan justificarse a su favor, razón por la cual, la reclamación en torno al reajuste del
retroactivo salarial del año 2002, no está llamada a prosperar.
Frente al segundo argumento de apelación, esto es, la liquidación de los años 1997 a
2001, el recurrente alegó que en el caso bajo estudio no es posible contabilizar la
prescripción, dado que tanto en la declaración suscrita el 27 de octubre de 1998, como
en el acuerdo laboral del 3 de mayo de 2000 celebrado entre la autoridad ministerial y
el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (SINTRENAL), no se
estipuló término alguno para ejecutar el proceso de homologación, por lo que en su
criterio, se entendía que el ente demandado había renunciado a dicho fenómeno.
Adicionalmente, solicitó la aplicación de los artículos 2513 y 2514 del Código Civil ante
la falta de regulación en el CPACA sobre la figura de la «renuncia a la prescripción».
Como sustento indicó que la administración no invocó la configuración del término
extintivo, lo que impide que el funcionario judicial pueda declararla de oficio.
Conclusión que se estima desacertada, pues el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011,
norma especial aplicable al caso bajo estudio, permite que el juez pueda pronunciarse
sobre las excepciones que encuentre probadas, sin necesidad de que la contraparte
las haya propuesto.
6
Sobre este punto se pronunció la Corporación en procesos similares. Expediente: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019),
sentencia del 18 de marzo de 2021. Expediente: 08001-23-31-000-2014-00866-01 (4160-2019), sentencia del 12 de agosto de
2021.
10
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02457-01 (2327-2023)
Ahora, en lo que respecta a los derechos laborales de los empleados públicos y
trabajadores oficiales, esta institución jurídica se encuentra regulada en el Decreto 3135
del 26 de diciembre de 1968 reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en sus
artículos 102 y 103 disponen que los derechos allí contemplados prescriben en tres
años contados a partir de la exigibilidad de la obligación.
Sobre las prerrogativas no reguladas en los decretos citados, la jurisprudencia ha
considerado aplicable el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, el cual
consagra el mismo término extintivo. 7
En ese orden, el razonamiento expuesto por el demandante no se ajusta al marco legal
que rige el asunto, en tanto que en materia contenciosa, al ser éste un postulado jurídico
previsto en las normas de orden público, no es posible su renuncia o negociación. 8
Contrario a lo expuesto por el apelante, se encuentra que dicho aspecto fue tratado en
la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005,9 al señalar que el retroactivo producto
del proceso de homologación y nivelación salarial está sujeto a la prescripción, de
acuerdo con lo dispuesto en la normatividad referida.
Resulta pertinente citar el concepto 2301 de 2016, en el que la Corporación manifestó
que los empleados vinculados a las plantas de personal de las entidades territoriales
tienen derecho a solicitar en cualquier momento la revisión de su remuneración, si se
detectan errores derivados del proceso de equiparación. No obstante, el retroactivo que
surja de tal modificación, está supeditado a la prescripción trienal prevista en la ley.10
Así pues, dicho término se contabiliza a partir de la exigibilidad de la obligación, que en
este caso se concreta desde el momento en que se estructuró el beneficio en favor del
demandante, de quien se advierte ingresó a la planta de personal del departamento el
21 de abril de 1997.11
Al respecto, el actor arguyó que a través de Sintrenal se presentaron dos escritos en el
2002 y 2003, en los que se solicitó este punto a la administración, sin embargo, tales
peticiones no se encontraron; se observa que dicha pretensión se formuló con la
demanda en el año 2014, cuando ya se había configurado el fenómeno extintivo. Por lo
que, es improcedente acceder al reajuste sobre las anualidades de 1997 a 2001.
Finalmente, el señor Barros Linero señaló que tiene derecho al reconocimiento de los
intereses moratorios por el retardo en el pago del valor correspondiente a la
homologación y nivelación salarial desde 1997. Arguyó que el juez debe acudir a la
analogía aplicando los artículos 1608 al 1617 del Código Civil. Además, adujo que el
7
Ver la sentencia de Unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, en la que se analizó la aplicación del artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral en los casos de sanción moratoria.
8
Sobre esta figura se pronunció la Sala en sentencia del 19 de agosto de 2021. Expediente: 2014-00969-01 (3731-2019).
9
Documento que si bien no fue allegado en este proceso, se encuentra cargado en la página del ministerio en mención
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86122_archivo_pdf.pdf «Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de
aquellos derechos que no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969, y
151 del Código Procesal Laboral».
10
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Cilvil. Radicado: 2016-00109-00 (2301).
11
Según se observa en el acto administrativo demandado.
11
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02457-01 (2327-2023)
retraso cuestionado fue generado por la intención de defraudar al erario público,
situación que ocasionó un perjuicio que no deben asumir los administrados.
La Sala estima que no le asiste razón al demandante con tales premisas, dado que, las
reglas del procedimiento invocadas rigen para asuntos negociales de carácter civil, sin
que el interesado haya puesto de manifiesto una norma que imponga el deber a la
administración de reconocer y pagar intereses de mora.
Si bien la Corte Constitucional ha sostenido que, efectivamente, el Estado también debe
pagar intereses moratorios por el incumplimiento de sus obligaciones; lo cierto es que
su estudio se ha centrado en casos puntuales donde existen normas que expresamente
lo regulan, por ejemplo, en materia contractual (artículo 6 de la Ley 598 de 2000) 12 o,
principalmente, en materia de pagos derivados de providencias judiciales (artículo 177
del CCA o 195 del CPACA) 13 y conciliaciones (artículo 72 de la Ley 446 de 1998) 14.
Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que esta figura representa una sanción
que obedece a la demora injustificada en el pago de la obligación, y dada su naturaleza
debe estar establecida previamente en la normativa que rija el asunto, se precisa que
su reclamación requiere la comprobación de la mala fe; a diferencia de la indexación
que tiene un carácter compensatorio y responde a la actualización monetaria basada
en el IPC, en situaciones donde existe una razón válida por el retardo en el
cumplimiento del deber.15
En el caso concreto se evidencia que, aun cuando la homologación se consolidó en el
año 2009 con el Decreto 000208 y la cancelación por tal concepto se efectuó en el 2014
en virtud de la Resolución 02643; se constató que la tardanza tuvo como fundamento
los múltiples trámites en cabeza del Ministerio de Educación Nacional relacionados con
la transferencia de recursos al ente territorial.
Además, el último estudio técnico necesario para este proceso fue aprobado a través
del Oficio 2013EE34201, emitido el 11 de junio de 2013, tras suspender las actuaciones
que en su momento se habían adelantado, debido a las inconsistencias encontradas
en el cómputo de los valores a reconocer, situación que implicó realizar ajustes
adicionales para finalmente proceder con el pago del retroactivo salarial
correspondiente.
Por último, cabe mencionar que el recurrente no acreditó la conducta fraudulenta a la
que se refiere, limitándose a realizar afirmaciones sobre presuntos actos de corrupción
que carecen de respaldo probatorio. 16
Bajo estas circunstancias, no hay lugar a los intereses moratorios reclamados por varias
razones: primero, el legislador no contempló expresamente la imposición de dicha
12
Sentencia C892 de 2001.
13
C428 de 2002, C965 de 2003 o C604 de 2012.
14
Sentencia C188 de 1999.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Expediente: 08001-23-33-000-
2014-00982-01 (0227-2019).
16
En igual sentido, se ha pronunciado la Subsección mediante sentencia del 19 de agosto de 2021. Expediente: 2014-00969-01
(3731-2019) antes citada.
12
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02457-01 (2327-2023)
sanción; segundo, la demora fue completamente razonable dentro del marco de los
procesos interadministrativos requeridos para ejecutar la obligación, sin que se
encuentre un actuar doloso o evasivo por parte de la entidad; y tercero, la
compensación por la pérdida del valor adquisitivo de la suma cancelada para el año
2002 se llevó a cabo mediante la indexación.
Según lo manifestado, ante la deficiencia probatoria sobre la ilegalidad del acto
administrativo cuestionado, no queda más que confirmar la decisión.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe.
No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre que
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá analizar
la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, de la revisión del recurso de apelación, se observa que no hay
lugar a la condena en costas, pues aquel no carece de fundamentación jurídica, por el
contrario, la parte demandante, en su escrito, expuso argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas
a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el primero (1.°) de julio de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso promovido por el señor
13
Radicación: 08001-23-33-000-2015-02457-01 (2327-2023)
Édgar Barros Linero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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