Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00024-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00024-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00024-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2015 00024 01 (4991-2023)
Demandante: María Elena Villalba Hoyos
Demandado: Departamento del Atlántico y Contraloría General del
departamento del Atlántico
Tema: Diferencias salariales y prestacionales
Decisión: Adiciona la sentencia, en el sentido de declarar la prescripción
extintiva respecto del derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas del reajuste tardío
correspondiente a los años 2001, 2003 y 2004. Confirma en lo
demás.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
de primera instancia del 13 de mayo de 2022 expedida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
01026514 del 12 de marzo de 2014 por medio del cual se le negó la sanción moratoria
por el pago «incompleto» de sus cesantías parciales; así como el pago de las diferencias
salariales y prestacionales por concepto del reajuste anual que se hizo en los años 2001,
2003 y 2004.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se condene a las entidades
demandadas a reconocer y pagar i) la sanción moratoria consistente en un día de salario
por cada día de retraso en el pago total del auxilio de cesantías del año 2010, desde el
16 de febrero de 2011 y hasta el día que se realice el «pago total» de estas y ii) las
diferencias salariales y prestacionales por concepto de los reajustes salariales de los
años 2001, 2003 y 2004 y las «correcciones salariales desde el año 2002 hasta el año
2012 […]» debidamente indexadas.
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
3. Asimismo, pidió el pago de los intereses moratorios y el cumplimiento de la
sentencia en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la imposición de condena en costas a las accionadas.
4. Argumentó que prestó sus servicios a la Contraloría General del departamento del
Atlántico en el cargo de contralora auxiliar desde el 1.° de septiembre de 2010 hasta el 4
de enero de 2012. Señaló que el salario que devengaba durante su vinculación se
encontraba «desajustado», pues la entidad no aplicó los incrementos salariales que
correspondían a los años 2001, 2003 y 2004; por lo tanto, las cesantías anuales y
definitivas se liquidaron con base en una asignación inferior a la que legalmente debía
percibir, lo que llevó a que se pagaran de «forma parcial».
Contestación de la demanda.
5. La Contraloría General del departamento del Atlántico1 se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Para el efecto, sostuvo que la sanción moratoria prevista en las
Leyes 50 de 1990 y 244 de 1995 no se causa por la presunta «indebida y/o errada
liquidación de las cesantías», sino como consecuencia de la omisión en el pago de estas
por parte del empleador.
6. Explicó que las cesantías de la actora fueron pagadas dentro de los términos
legalmente establecidos, con base en las asignaciones salariales fijadas mediante acto
administrativo para cada anualidad respecto del cargo desempeñado por la demandante,
razón por la cual «no hubo pago parcial, omisión ni retardo».
7. Alegó que si bien durante los años 2001, 2003 y 2004 se dejó de aplicar el
porcentaje de aumento legal a la asignación salarial correspondiente a los empleos de la
planta de personal por falta de disponibilidad presupuestal suficiente, la demandante se
vinculó en septiembre de 2010 y el salario con el que se le remuneró corresponde
exactamente al que se asignó al empleo ocupado, pues no existía otra opción con
sustento legal y presupuestal que pudiera habérsele propuesto.
8. Bajo ese contexto, agregó que las diferencias reclamadas derivadas del incremento
salarial de los años mencionados, que eventualmente podrían dar lugar a reconocerle
algún derecho, están prescritas porque no fueron reclamadas dentro del término legal y
formuló las excepciones de caducidad, ineptitud de la demanda y prescripción.
9. El departamento del Atlántico2 también manifestó su desacuerdo frente a las
pretensiones y sostuvo que la demandante no tiene derecho al reajuste salarial de los
años 2001, 2003 y 2004 porque no laboró durante dichos años. Además, consideró
improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria, pues no es aplicable al caso, en
tanto las cesantías reconocidas fueron consignadas oportunamente. Finalmente, propuso
las excepciones de prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva.
1 Archivo 021 del expediente digital.
2 Folios 157 a 166 del Archivo 17Solicituddeco_EXPEDIENTE_EXPEDIENTE0800123330 visible en el
índice 31 de Samai de tribunales.
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
Sentencia apelada.3
10. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se constituyó el derecho al incremento salarial a favor de la
demandante por los años 2001, 2003 y 2004, toda vez que su vinculación al servicio de
la entidad ocurrió entre el 1.° de septiembre de 2010 y el 4 de enero de 2012.
11. Señaló que en el expediente no obra constancia de que durante los años 2010 y
2012 no se hubiera aplicado el reajuste anual sobre la asignación salarial de la actora;
por el contrario, se acreditaron los valores percibidos en tales años y con ello se pudo
demostrar la «movilidad de su salario».
12. Expuso que conforme a las consideraciones contenidas en la Resolución
Reglamentaria 0015 del 2 de mayo de 2013, los cálculos orientados a realizar la
nivelación salarial fueron realizados únicamente respecto del personal que se encontraba
vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de «la ordenanza 00077 de 2009»,
razón adicional para concluir que, dada la fecha de vinculación de la accionante, no era
destinataria de dicho beneficio.
13. Por último, indicó que como no se causó el derecho al reajuste salarial, se debe
concluir que la base con la que se liquidaron las cesantías estuvo completa. En todo caso,
precisó que aunque la demandante hubiera tenido derecho a tal diferencia, no habría sido
viable reconocer la sanción moratoria, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sostenido que esta no procede respecto de pagos tardíos de diferencias por concepto de
nivelación salarial.
Recurso de apelación.4
14. Inconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación únicamente
en lo que respecta a la negativa del pago de las diferencias salariales, 5 alegando que la
sentencia de primera instancia «declaró probada la excepción de prescripción de los
derechos causados» (sic) y omitió considerar que «el reajuste salarial por tratarse de una
prestación periódica y de tracto sucesivo puede reclamarse en cualquier tiempo, máxime
sí está vigente la relación laboral».(sic)
15. Adujo que el tribunal erró al considerar que no hay lugar al reconocimiento y pago
de las diferencias reclamadas por el reajuste salarial de los años 2001, 2003 y 2004,
pues, pese a que su vinculación se dio en los años 2010 a 2012, en su criterio, la
nivelación salarial «vino a corregirse el 2 de mayo de 2013, mediante […] [R]esolución
0015 cuando […] ya no trabajaba ahí».6
3 Archivo 040 del expediente digital.
4 Archivo 042 del expediente digital.
5 En ese sentido, mencionó que «[c]on respecto al pago de la indemnización moratoria por el pago
incompleto de cesantías, aunque no compart[e] los argumentos del Tribunal, dado los precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre este fenómeno, [se] rehus[a] a apelar sobre ese asunto».
6 Página 3 del recurso.
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
16. Se opuso a la conclusión del a quo según la cual el acto administrativo que niveló
la escala salarial de los funcionarios de la entidad excluyó a los que se vincularon con
posterioridad a la vigencia de la Ordenanza 00077 de 2009, pues el reajuste salarial no
se hace al servidor público en particular, sino al cargo o empleo.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
17. Mediante auto del 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación.7
Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa
procesal.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
19. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si el Tribunal erró al negar el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales reclamadas por la demandante, derivadas del incremento
salarial tardío que se ordenó para los años 2001, 2003 y 2004 en la Contraloría General
del departamento del Atlántico.
Análisis del problema jurídico.
20. Examinado el caso concreto, la Sala adicionará la sentencia de primera instancia
para declarar la prescripción extintiva del derecho y confirmará la decisión de negar las
pretensiones, pero como consecuencia de la prosperidad de dicha excepción.
21. Antes de abordar el estudio, la Sala advierte que en el escrito de apelación la
demandante sostuvo que la sentencia recurrida declaró probada la excepción de
prescripción de los derechos causados y omitió considerar que «el reajuste salarial por
tratarse de una prestación periódica y de tracto sucesivo puede reclamarse en cualquier
tiempo»; sin embargo, dicho reparo no guarda congruencia con lo decidido en primera
instancia, comoquiera que el Tribunal negó las pretensiones bajo la consideración de que
la actora no es destinataria del reajuste salarial, toda vez que no estuvo vinculada a la
entidad durante los años 2001, 2003 y 2004, ni con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ordenanza 0077 de 2009.
7 Índice 6 de Samai.
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
22. En todo caso, como el recurso también cuestionó de manera expresa la
negativa del reajuste de la asignación básica al considerar que, para el momento de la
vinculación de la demandante a la entidad, el salario que se le asignó se encontraba
desajustado y que tal situación solo fue «corregida» a través de la Resolución 000015
del 3 de mayo de 2013, ese será el marco de análisis de esta instancia.
23. Con el fin de resolver el problema jurídico, se observa que a través de la
Resolución 00336 del 19 de agosto de 2010, emanada del contralor departamental del
Atlántico, se nombró a la demandante en el cargo de contralor auxiliar de gestión pública
código 035, grado 03 del nivel directivo en la Contraloría Auxiliar de Gestión Pública y
tomó posesión el 1.° de septiembre de 2010,8 tiempo durante el cual percibió su
asignación básica y demás emolumentos conforme a las decisiones administrativas que
fijaron los ajustes salariales para cada año, a saber: Ordenanzas 000094 del 4 de agosto
de 2010 y 000116 del 15 de abril de 2011.9
24. Posteriormente, por medio de la Resolución 000007 del 4 de enero de 2012,
se aceptó la renuncia que la demandante presentó, con efectos a partir de esa misma
fecha.10 Ahora bien, el 6 de marzo de 2014,11 radicó ante la autoridad administrativa
petición dirigida al reconocimiento de las diferencias salariales cuestionadas, la cual dio
origen al oficio demandado.
25. En lo que atañe al origen de las diferencias salariales, es preciso mencionar
que a través de la Ordenanza 000077 del 22 de diciembre de 2009, la Asamblea del
departamento del Atlántico otorgó facultades al gobernador para suscribir el «Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero» que incluyó «el pago del pasivo real de la
Contraloría Departamental por concepto de incremento salarial pendiente desde el año
2001 y otras obligaciones estimadas»;12 el cual se materializó a través del Decreto 504
del 30 de diciembre de 2010, por medio del cual se ordenó reconocer el retroactivo y
demás acreencias laborales a los funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría
departamental, por el período comprendido entre los años 2001 y 2010.
26. Con posterioridad, se expidió la Resolución Reglamentaria 000015 del 3 de
mayo de 2013,13 mediante la cual se estableció la nivelación salarial, entre otros, para el
cargo de contralor auxiliar, código 035, grado 03, que ocupó la demandante, con base en
los siguientes argumentos:
8 Folio 122 del archivo 022 ANEXOS CONTESTACION.pdf.
9 Según los folios 126 a 127 de los anexos de la contestación.
10 Folio 126 ibidem.
11 Archivo 003 ANEXOS DEMANDA.
12 Tal y como consta en la Resolución 00015 del 3 de mayo de 2013, obrante en el archivo 003 ANEXOS
DEMANDA.pdf folios 41 a 50.
13 Contenida en el documento denominado «01Cuaderno1» visible en la carpeta obrante en el índice 2 de
Samai.
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Radicación: 08001 23 33 000 2015 00024 01 (4991-2023)
Demandante: María Elena Villalba Hoyos
Que durante los años 2001, 2003 y 2004 a los funcionarios de la CONTRALORÍA GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO no les fueron aplicados los incrementos salariales
autorizados por ley, generándose una serie de acreencias, las cuales han venido siendo
reclamadas mediante demandas instauradas en contra del ente de control y del
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
[…]
Que la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO no cuenta con partida
presupuestal suficiente para asumir los pagos de las obligaciones económicas que
genere el presente Acto Administrativo, entre otros, los costos por concepto de
retroactivos del personal de la entidad, frente a lo cual, la Gobernación del
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ha asumido dichas obligaciones, en cumplimiento de lo
establecido en la Ordenanza 00077 del 22 de Diciembre de 2009 por la cual se incluyó
“el pago del pasivo real de la Contraloría Departamental por concepto de incremento salarial
pendiente desde el año 2001 y otras obligaciones estimadas”.
[…]
Que dentro de los compromisos adquiridos mediante el Convenio de Desempeño del
programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, celebrado entre el Departamento del
Atlántico y la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por disposición de
la Ordenanza 00077 de 2009, se encuentra incluido el pago del pasivo real de la Contraloría
por concepto de incremento salarial pendiente.
Que antes de adoptar la nueva planta de cargos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, la distribución de los cargos en la nueva estructura
organizacional, adoptar su escala salarial y el manual de funciones, se hace necesario
aplicar a todos los empleos de la planta de personal actual, la nivelación de los
salarios, conforme al cargo, nivel, grado del empleo, a efectos que pueda determinarse el
valor total del pasivo laboral de la Contraloría, para su remisión al Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, en los términos previstos en el Convenio de Desempeño.
[...] [Se resalta]
27. Las anteriores circunstancias fácticas no fueron objeto de debate en el curso
del proceso. Además, la demandante en el hecho 4.° de la demanda, indicó
expresamente lo siguiente:
En el año 2009, a instancias del Contralor de la misma época, el señor Gobernador, Dr.
EDUARDO VERANO DE LA ROSA, consciente de la situación presentada, solicitó a la H.
Asamblea Departamental facultades especiales para suscribir un programa de saneamiento
fiscal en el cual se incluiría varías entidades del orden departamental, entre ellas, la
Contraloría General del Departamento del Atlántico. Las facultades fueron otorgadas a
través de la ordenanza 000077 de 2009 del 22 de Diciembre de 2009 y el señor
Gobernador suscribió el programa de saneamiento fiscal el día 30 de Diciembre de
2009, posteriormente y con base en las mismas facultades expidió el Decreto 000504
de 2010, en el cual se ordenó el pago de retroactivo y demás acreencias laborales a
trabajadores y ex trabajadores de la Contraloría Departamental comprendidos entre
el año 2001 y 2010. [Se resalta]
28. De lo expuesto, se infiere que i) durante los años 2001, 2003 y 2004, a los
trabajadores de la Contraloría Departamental del Atlántico no se les aplicó ni pagó ningún
reajuste salarial, lo que produjo una alteración en la escala de remuneración de los
empleos de la entidad; y ii) para corregir tal situación, la administración expidió el Decreto
504 del 30 de diciembre de 2010, que constituye el fundamento normativo del reajuste
salarial de las personas que prestaron su servicio desde el año 2001 hasta 2010.
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
29. Al respecto, esta corporación14 ha sostenido que, en este tipo de asuntos, con la
expedición del Decreto 504 de 2010 se habilitó a quienes se encontraban vinculados a la
Contraloría Departamental del Atlántico con anterioridad a dicha fecha para reclamar los
reajustes salariales derivados de la omisión en la aplicación de los incrementos
correspondientes a las vigencias 2001, 2003 y 2004. Asimismo, que desde la publicación
de dicho acto debe iniciar el cómputo del término de prescripción.
30. En consecuencia, contrario al argumento expuesto por la accionante en el
recurso de apelación, según el cual señala que dicha situación salarial solo fue corregida
con la expedición de la Resolución Reglamentaria 000015 de 2013, en realidad, el
reajuste reclamado surgió con el programa de saneamiento fiscal autorizado mediante la
Ordenanza 000077 de 2009 y desarrollado a través del Decreto 504 del 30 de diciembre
de 2010.
31. En ese contexto y de cara a lo probado en el expediente, se pudo establecer
que la demandante prestó sus servicios a la Contraloría Departamental del Atlántico
desde el 1.º de septiembre de 2010; por lo tanto, como su vinculación se produjo con
anterioridad a la expedición del Decreto 504 del 30 de diciembre de 2010, la Sala
concluye que sí podía considerarse destinataria del reajuste salarial allí reconocido. En
esa medida, no resultó acertada la decisión del a quo en cuanto negó las pretensiones
con el argumento de que no se causó el derecho a favor de esta.
32. Sin embargo, el derecho se reclamó cuando se había configurado la prescripción,
toda vez que el Decreto 504 fue expedido el 30 de diciembre de 2010; por lo tanto, la
accionante tenía 3 años para reclamar las diferencias que surgieran del reajuste salarial
allí ordenado; sin embargo, la petición en la que se reclamó tal reconocimiento fue
radicada de manera extemporánea el 6 de marzo de 2014, lo que conlleva declarar la
prescripción extintiva de su derecho.
33. Valga aclarar que en el caso concreto no se estaban reclamando prestaciones
sociales periódicas, pues para el momento en que se formuló la reclamación ya se había
terminado la relación legal y reglamentaria de la demandante15, de manera que cualquier
reconocimiento derivado de ese vínculo laboral había perdido tal carácter; en ese
contexto, pese a que se mantendrá la decisión de negar las pretensiones, se declarará
la prescripción del derecho.
Condena en costas.
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
14 Ver sentencia del 15 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2016-00372-01 (1643-2019).
Asimismo, ver acción de tutela del 20 de noviembre de 2019. Radicado: 11001-03-15-000-2019-03894-00.
15 Lo que ocurrió el 4 de enero de 2012.
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
37. En ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que si bien se mantiene la decisión de negar las pretensiones de la demanda, uno
de los reparos del recurso prosperó en cuanto el derecho no debió negarse por falta de
acreditación del mismo; sin embargo, se mantiene la decisión negativa, en el entendido
de que respecto de este se configuró la prescripción. En consecuencia, se prescindirá de
la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia expedida el 13 de mayo de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, así:
DECLARAR probada la excepción de prescripción, propuesta por el
departamento del Atlántico y la Contraloría General de esa entidad territorial.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida, pero por las razones
expuestas en las consideraciones que anteceden.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Demandante: María Elena Villalba Hoyos
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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