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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00372-01

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00372-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 12 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por la señora Ligia Matera Carrillo contra el departamento del Atlántico y la Contraloría General del departamento del Atlántico, para en su lugar, Segundo: Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho, conforme lo expuesto en esta providencia. Tercero: Negar las pretensiones de la demanda. Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia. Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00372-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

15 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00372-01 (1643-2019)
Demandante: LIGIA MATERA CARRILLO
Demandados: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Tema: Reajuste Salarial. Reliquidación prestaciones sociales.
Sanción moratoria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación formulados por la parte demandante y la Contraloría
General del departamento del Atlántico contra la sentencia proferida el 12 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ligia Matera Carrillo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20111, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad del acto administrativo presunto originado en el silencio
administrativo negativo de las entidades demandadas, ante las peticiones
presentadas por la señora Ligia Matera Carrillo el 5 de octubre de 2009 y el
31 de diciembre de 2010.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
condenar al departamento del Atlántico y a la Contraloría General del
Atlántico a: i) reconocer y pagar a favor de la señor Matera Carrillo el
incremento salarial correspondiente a todos los años laborados, estos es,
del 2005 al 2008, consistente en los retroactivos ordenados en el programa
de saneamiento fiscal creado, en virtud de la Ordenanza «000077 de 209»
(sic), toda vez que la Contraloría Departamental del Atlántico no realizó los
reajustes salariales al cargo de profesional universitario, código 219, grado

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
2
Folios 1 y 2.

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09, correspondientes a dicho periodo, como tampoco las correcciones
salariales de dicho cargo; ii) reconocer y pagar la reliquidación de todas las
prestaciones salariales devengadas durante el tiempo en que laboró, esto
es, desde el año 2005 y hasta el año 2008; iii) reconocer y pagar a favor de
la demandante la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago
total del auxilio de cesantías de todos los años correspondiente al tiempo
laborado, y en los cuales no se le liquidó en debida forma, por cuanto el
salario base no se encontraba ajustado; iv) pagar la indexación o corrección
monetaria desde el momento en que se debieron cancelar los dineros y
hasta cuando se verifique el pago de las sumas a que resulten condenados;
y pagar los intereses de mora sobre los valores adeudos conforme al
CPACA; v) a pagar las costas causadas en el proceso y a dar cumplimiento
a la sentencia en los términos del CPACA.

Fundamentos fácticos relevantes3

1. La Contraloría General del departamento del Atlántico dejó de ajustar el
porcentaje de aumento legal a la asignación salarial correspondiente a
cada uno de los cargos incorporados en su planta de personal durante los
años 2001, 2003 y 2004, por cuanto quienes representaban a la entidad en
dicho periodo no presentaron ante la Asamblea Departamental el
correspondiente proyecto de ordenanza que fijara las asignaciones para
los cargos en cada una de esas vigencias.

2. La señora Ligia Matera Carrillo prestó sus servicios personales a la
Contraloría General del departamento del Atlántico en el cargo de
Subcontralor, código 025, grado 02, nivel directivo en el despacho del
contralor desde el 3 de noviembre de 2005 y hasta el 20 de enero de 2008.

3. Desde el momento en que la demandante asumió sus labores dentro de la
entidad, el salario asignado se encontraba desajustado, en tanto no
correspondía con el salario que legalmente debía percibir, dada la falta de
aumento legal en los años 2001, 2003 y 2004, y las respectivas
correcciones salariales desde el año 2002 y hasta el año 2012.

4. La interesada acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
reclamar el ajuste y pago de sus salarios y prestaciones sociales, lo cual le
fue concedido. Es de anotar que en dichas acciones no se reclamó el pago
de la sanción moratoria por la no cancelación total del auxilio de cesantías.

5. En el año 2009, el gobernador del departamento del Atlántico solicitó a la
Asamblea Departamental facultades especiales para suscribir un programa
de saneamiento fiscal en el cual se incluiría a varias entidades del orden
departamental, entre ellas, la Contraloría General del ente territorial.

6. El referido programa fue suscrito el 30 de diciembre de 2009, y con base
en las mismas facultades expidió el Decreto 000504 de 2010, en el cual se
ordenó el pago del retroactivo y demás acreencias laborales a trabajadores
y ex trabajadores de la Contraloría Departamental comprendido entre los
años 2001 y el 2010.

3
Folios 2 a 4.

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7. Pese a que la Contraloría Departamental remitió a la Gobernación del
Atlántico las liquidaciones individuales de los funcionarios y ex
funcionarios, entre los cuales se encuentra la demandante, la entidad no
ha emitido ningún pago que no tenga sentencia, es decir, solo ha cancelado
aquellos emanados de las órdenes judiciales, omitiendo su deber legal de
reconocimiento y pago de los incrementos salariales.

8. Toda vez que los salarios pagados a la señora Matera Carrillo no
corresponden con el que debió devengar, la Contraloría tomó como base
para liquidar el auxilio de cesantías anualizadas y definitivas una base
salarial desajustada, lo cual implicó que dichos auxilios de cesantías
anualizadas de los años 2008 a 2011, así como las definitivas reconocidas
en 2012, fueran canceladas de forma parcial.

9. El 5 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, la demandante
presentó sendas peticiones ante la Contraloría Departamental del
Atlántico, por medio de las cuales solicitó el reconocimiento y pago de los
incrementos salariales, el retroactivo y la liquidación de sus prestaciones,
así como la sanción moratoria de conformidad con la Ley 50 de 1990.

10. A la fecha, las peticiones mencionadas no han sido resueltas por la entidad
demandada.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas4:

«[…] El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO presentó las excepciones de i) falta
de legitimación en la causa por pasiva sustancial ii) inexistencia de la obligación iii)
prescripción extintiva de las prestaciones sociales.

La CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO presentó las
excepciones previas de i) ineptitud de la demanda ii) prescripción extintiva.

A efectos de resolver las excepciones propuestas de inexistencia de la obligación
y prescripción extintiva se advierte que por su contenido argumentativo su
naturaleza se diferirá su solución al examen de mérito de las pretensiones, por
estar íntimamente ligado con las mismas.

4
Folios 172 y 173.

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Respecto de la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por el
Departamento del Atlántico, encuentra el despacho que la misma en síntesis
encuentra su sustento bajo el argumento de que la Contraloría cuenta con
autonomía administrativa y presupuestal por lo cual sus funcionarios no tienen
vínculo alguno con el Departamento.
[…]
De manera que la sola convocatoria de la parte demandante respecto del
Departamento legitima de hecho a la entidad para comparecer, sin perjuicio de que
al momento de proferirse una decisión de mérito se determinar(sic) la existencia o
no del derecho reclamado, respecto del demandado Departamento del Atlántico y
se llegare a comprometer en una condena a dicha entidad territorial.

En lo relativo a la excepción de inepta demanda por considerar que la parte
actora debió recurrir las resoluciones por medio de las cuales se efectuó el
reconocimiento de su auxilio de cesantías anuales si se encontraba inconforme
con los conceptos reconocidos; aduciendo además que considerando la data de la
sanción reclamada se tiene que a estas alturas tales acreencias se encuentran
prescritas.

Al respecto se observa que con esta excepción se están mesclando
planteados(sic) relativos a la prescripción, los cuales como se indicó en
precedencia deberán estudiarse en el evento de prosperar las súplicas de la
demanda.

Ahora bien, respecto propiamente a la inepta demanda, es necesario hacer una
precisión pues la prensión principal de la demanda consiste en obtener el
reconocimiento y pago la(sic) nivelación salarial y prestacional para los años 2005
a 2008, por considerar que al no efectuarse el incremento salarial de los años 2001,
2003 y 2004 el salario que percibió la demandante cuando ingresó al servicio en
el año 2005 se encontraba devaluado y por lo cual los(sic) todos sus prestaciones
incluidas las cesantías se consignaron consecuencialmente de manera
incompleta. Y de tal manera estudiar la eventual consecuencia dicha(sic) acción.
Así las cosas, encuentra el Despacho tal(sic) escenario desborda el tema toda vez
que el reconocimiento de la sanción moratoria constituye una pretensión accesoria
al objeto principal de la litis.» (Mayúscula y negrilla del original)

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación
entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de
esta última.

En la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera5:

«[…] De acuerdo con los hechos de la demanda y la contestación, el litigio va
dirigido a determinar si hay lugar o no a decretar la nivelación del salario de la
actora relativo a los años 2005 a 2008 con base en el incremento salarial de los
años 2001, 2003 y 2004, presuntamente omitidos por la entidad empleadora, en
razón a que el salario de la demandante cuando ingresó al servicio en el año 2005
venía desajustado dada la falta de aumento legal en los años 2001, 2003 y 2004.

Como consecuencia de dicha nivelación examinar si por ello habría lugar al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago incompleto de las cesantías

5
Folios 173 y 174.

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parciales, sanción equivalente a un día de salario por cada día de mora en el pago
total del auxilio de cesantías de los años mencionados; asimismo, establecer si
(sic) viable ordenar el pago de las diferencias salariales y prestacionales por
concepto de reajuste salarial de los años 2001, 2003 y 2004 y las correcciones
salariales desde el año 2005 hasta el año 2008. […]»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA6

Mediante sentencia del 12 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con
fundamento en lo siguiente:

En primer lugar, indicó que la señora Ligia Matera Carrillo se vinculó como
servidora pública al servicio de la Contraloría Departamental del Atlántico el 3
de noviembre de 2005, en el cargo de Subcontralor, código 025, grado 02,
hasta el 20 de enero de 2008.

En la vigencia fiscal correspondiente a los años 2001, 2003 y 2004, los salarios
de la Contraloría no fueron reajustados, vulnerando así el principio de
movilidad de salario consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política,
por lo que para la vigencia 2008, el cargo desempeñado por la demandante
no contaba con el salario ajustado a los parámetros previstos.

Así mismo, sostuvo que la Contraloría Departamental del Atlántico expidió la
Resolución 00015 del 3 de mayo de 2013, por medio de la cual definió la
nivelación salarial a la totalidad de los empleados de dicha entidad, por lo que
es posible concluir que el puesto desempeñado por la demandante fue
ajustado y nivelado.

Precisó que la entidad demandada señaló que, al no contarse con las partidas
presupuestales suficientes para asumir los pagos de las obligaciones que se
generaran con la nivelación, los mismos serían incluidos en el programa de
saneamiento fiscal y financiero previsto en la ordenanza 00077 del 22 de
diciembre de 2009.

En ese orden, concluyó que el salario previsto para el cargo de Subcontralor
ostentado por la interesada, al no haber sido objeto de ajuste para los años
2001, 2003 y 2004, no correspondía al correcto para el momento en que la
demandante inició sus labores en la entidad, esto es, en el año 2005; de este
modo consideró que, realizado el ajuste en mención, la demandante tiene
derecho a que le sean canceladas las diferencias salariales que se deriven de
aquel, previos los descuentos de ley a que haya lugar y por el tiempo en que
laboró al servicio de la Contraloría Departamental del Atlántico.

Al pronunciarse sobre la prescripción, sostuvo que la señora Matera Carrillo
se vinculó con la Contraloría departamental el 3 de noviembre de 2005, lo que
implicaba que el derecho de la interesada de percibir salario con los ajustes
reclamados comenzó desde la fecha de su vinculación laboral, y toda vez que
la última reclamación elevada ante la Contraloría la efectuó el 31 de diciembre
de 2010, consideró que operó la prescripción de los referidos derechos a partir

6
Folios 164 a 174.

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del 31 de diciembre de 2007, motivo por el cual concluyó que el reconocimiento
al que habría lugar de las diferencias salariales y prestacionales, deberá
hacerse desde el 31 de diciembre de 2007 y únicamente por los periodos en
que la demandante trabajó para la entidad.

En punto a la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
la consignación incompleta de las cesantías, el a quo indicó que a la señora
Ligia Matera Carrillo se le reconoció el pago de dicha prestación mediante las
Resoluciones 000056 de 2006, 000103 de 2007, y 00060 de 2008, de manera
que los argumentos expuestos por la demandante no eran de recibo, en tanto
que el hecho de que la Resolución 0015 del 2 de mayo de 2013 le hubiese
reajustado los salarios para los años 2001, 2003 y 2004, no implicaba que el
empleador adeudase suma alguna o estuviese haciendo un pago parcial de
las cesantías, pues estas fueron canceladas al Fondo de Cesantías Porvenir
y a Pensiones y Cesantías Santander en su momento, y con base en los
salarios correspondientes para los periodos alegados.

Aunado a lo anterior, no hay norma que prevea el pago de dicha sanción por
pagos tardíos con ocasión de una nivelación salarial.

Corolario de lo expuesto, el juez de primera instancia condenó a la Contraloría
Departamental del Atlántico a reconocer y pagar a la demandante las
diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir como producto de
la no aplicación de los ajustes de salario correspondientes a las vigencias de
los años 2001, 2003 y 2004, lo cual ocasionó que la demandante percibiera
posteriormente salarios y prestaciones inferiores a los que debía devengar;
dicho reconocimiento deberá efectuarse desde el 31 de diciembre de 2007 y
únicamente por los periodos en que la señora Matera Carrillo estuvo vinculada
a la entidad, y solo en el caso de que no hayan sido cancelados; declaró
parcialmente probada la excepción de prescripción del reajuste salarial
retroactivo a partir del 31 de diciembre de 2007; y negó la sanción moratoria
por el pago incompleto de las cesantías parciales.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante7 presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, el cual sustentó de la siguiente manera:

El juez de conocimiento, al haber declarado la prescripción, ignoró el principio
de la buena fe, pues la Asamblea Departamental del Atlántico aprobó la
ordenanza 077 de 2009 con fundamento en la cual el gobernador del
departamento expidió el programa de saneamiento fiscal y financiero con el
que se planificó el pago de los pasivos laborales de varias entidades, entre
ellas, la Contraloría Departamental, y con base en la que, además, se expidió
el Decreto 504 de 2010 en donde se reconoció y ordenó el pago de retroactivos
salariales y prestacionales, generando una confianza legítima que no era otra
que la de reconocer y pagar las acreencias laborales de todos los funcionarios
y ex funcionarios que laboraron al servicio de la entidad entre los años 2001 y
2010.

7
Folios 184 a 193.

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De otro lado, la declaratoria de prescripción no tuvo en cuenta su interrupción,
en tanto el departamento, quien en este caso es el deudor, a través de su
representante legal, al expedir el Decreto 00054 de 2010, de manera
inequívoca reconoció el derecho de los acreedores, lo que no da lugar a duda
alguna sobre la renuncia a la prescripción y su consecuente interrupción.

Adujo también que el tribunal no tuvo en cuenta que el reajuste salarial, por
tratarse de una prestación periódica de tracto sucesivo, podía reclamarse en
cualquier tiempo, más aún cuando la relación laboral está vigente. Así,
teniendo en cuenta que el reajuste salarial es irrenunciable e imprescriptible,
se tiene que la demandante hizo la correspondiente reclamación el 31 de
diciembre de 2010, esto es, un día después de haberse expedido el Decreto
504 del 30 de diciembre de 2010, de modo que no se entiende como podría
hablarse de prescripción.

Finalmente mencionó que el Consejo de Estado ha advertido que cuando se
deja de hacer un reajuste salarial o pensional, éste incide en la liquidación de
las mesadas posteriores, razón por la cual debe ser reajustado de manera
cíclica e interrumpida para que no se afecten los derechos del pensionado o
trabajador, pues inexorablemente tienen la potencialidad de afectar las futuras
mesadas.

Con fundamento en lo anterior solicitó dejar sin efectos el ordinal segundo de
la resolutiva de la sentencia por medio del cual se declaró parcialmente
probada la prescripción del reajuste salarial.

Por su parte, la Contraloría General del departamento del Atlántico8 allegó
recurso de apelación en el que expuso los siguientes argumentos de disenso
con la sentencia recurrida:

Señaló que la parte demandante alegó que, desde el momento en que se
posesionó del cargo en la entidad, el salario que le fue asignado se encontraba
desajustado en razón a la falta de aumento legal de los años 2001, 2003 y
2004; no obstante, y contrario a tal afirmación, los beneficiarios del incremento
salarial que la Contraloría Departamental dejó de realizar en dichos periodos,
fueron aquellos empleados que para tales fechas se encontraban prestando
su servicio.

En ese orden de ideas, está probado dentro del proceso que la señora Ligia
Matera Carrillo se vinculó a la Contraloría General del departamento del
Atlántico el 3 de noviembre de 2005, lo que quiere decir que para los años
2001, 2003 y 2004 la demandante no se encontraba laborando para la
demandada, por lo que no le asiste el derecho al reajuste salarial para las
referidas anualidades.

Solicitó tener en cuenta el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
según el cual el incremento salarial está destinado a los trabajadores que
vienen recibiendo una remuneración determinada para los periodos en que se
ocasionó el desajuste, pues su fin último consiste en evitar un impacto negativo
en sus ingresos. En esa medida, el fallo de esta Corporación precisó que los

8
Folios 194 a 198.

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destinatarios de la Resolución 00015 del 2013 eran aquellos empleados que
para los años 2001, 2003 y 2004 estaban prestando su servicio a la entidad.

En tal orden de ideas, a favor de la demandante no se constituyó el derecho
al incremento salarial, toda vez que para esa fecha la ex trabajadora no estaba
vinculada con la demandada y, por ende, no sufrió desmejora o detrimento en
su remuneración, lo que implica revocar los ordinales primero y segundo de la
providencia cuestionada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

La Contraloría General del departamento del Atlántico9 presentó escrito de
alegaciones finales en el cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso
de apelación.

La parte demandante10 indicó ratificarse en todas y cada una de las
pretensiones de la demanda.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa del proceso de
conformidad con lo indicado en constancia secretarial visible a folio 25 del
expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problemas jurídicos

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera
instancia y de los recursos de alzada, los problemas jurídicos a resolver se
resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Le asiste el derecho a la señora Ligia Matera Carrillo al reconocimiento y
pago del reajuste de la asignación básica y de las prestaciones sociales
con base en el incremento salarial que se ordenó para los años 2001, 2003
y 2004?

2. ¿Operó el fenómeno de la prescripción sobre las sumas que habría lugar
a reconocer?

Primer problema jurídico

9
Folios 246 y 247.
10
Folios 253 y 254.

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¿Le asiste el derecho a la señora Ligia Matera Carrillo al reconocimiento y
pago del reajuste de la asignación básica y de las prestaciones sociales con
base en el incremento salarial que se ordenó para los años 2001, 2003 y
2004?

En respuesta al interrogante, la Sala sostendrá la siguiente tesis: toda vez que
la señora Ligia Matera Carrillo se vinculó con anterioridad a la expedición del
Decreto 504 de 2010, y que prestó sus servicios hasta el año 2008, tiene
derecho a que se le reconozca y pague el retroactivo del reajuste salarial y de
sus prestaciones sociales con base en el incremento señalado en el referido
decreto para los años 2001, 2003 y 2004.

Sobre el incremento salarial de los servidores públicos

El artículo 150 de la Carta Política dispone que corresponde al Congreso dictar
las leyes por medio de las cuales puede ejercer diferentes funciones; es así
como, el numeral 19 del mencionado artículo prevé que dicho cuerpo
colegiado tiene la facultad de expedir las normas generales, y señalar en ellas
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar, entre
otros aspectos, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

En desarrollo de esta competencia, se expidió la Ley 4ª de 1992 por medio de
la cual se señalaron «[…] las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales […]».

Dicha facultad se encuentra regulada a nivel departamental al amparo del
numeral 7 del artículo 300 constitucional, en donde se contempla que las
competencias para determinar la estructura, las funciones de sus
dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleo están asignadas a las asambleas; así como que está en
cabeza del gobernador, entre otras, la atribución de «Crear, suprimir y fusionar
los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus
emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas[…]».

Vale resaltar, además, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución Política, dentro de los principios laborales garantizados a los
trabajadores está el de recibir una remuneración mínima vital y móvil, es decir
que el salario, a voces de la Corte Constitucional, «presupone [el] derecho a
mantener el poder adquisitivo del mismo»11 y pese a que ello no constituye un
derecho absoluto, «la movilidad del salario no puede ser entendida, para que sea
efectiva (art. 2 CP), sino en un sentido real para responder a las variaciones de los
factores de los cuales depende su capacidad adquisitiva»12.

Sobre el reajuste al salario de los servidores públicos de la Contraloría
Departamental del Atlántico

Por medio de la Ordenanza 000077 del 22 de diciembre de 2009 la asamblea
del departamento del Atlántico autorizó al Gobernador «[…] para suscribir un

11
Corte Constitucional, sentencia C-1064-01, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba
Triviño.
12
Ibídem.

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programa de ajuste fiscal integral, institucional y financiero que cubra la Entidad
Territorial, la Contraloría y la Asamblea y que tenga por objeto restablecer la solidez
económica y financiera de la misma, mediante la adopción de medidas de
racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, fortalecimiento de los
ingresos y saneamiento de pasivos, en especial los pasivos contingentes no
aprovisionados, el cual deberá suscribir antes del 31 de diciembre de 2009.»13

Tal y como se desprende del libelo introductorio, de la contestación de la
demanda presentada por el departamento del Atlántico14 y por la Contraloría
General del departamento15; así como, del recurso de apelación elevado por
la parte demandante, con fundamento en las facultades otorgadas a través de
la ordenanza 000077, el gobernador del Atlántico suscribió el 30 de diciembre
de 2009, el programa de saneamiento fiscal y financiero del departamento.

Con posterioridad, al amparo de dichas facultades y en el marco del programa
de saneamiento fiscal, el gobernador expidió el Decreto 504 del 30 de
diciembre de 2010, por medio del cual ordenó reconocer el retroactivo y
demás acreencias laborales a los funcionarios y exfuncionarios de la
Contraloría departamental, por el período comprendido entre los años 2001 y
2010.

Las anteriores circunstancias fácticas no fueron objeto de debate en el curso
del proceso, y las partes son coincidentes en indicar su existencia, de modo
que al amparo del precedente normativo y jurisprudencial serán tenidos como
válidos para los precisos efectos de este pronunciamiento.

El 2 de mayo de 201316, se profirió la Resolución Ordenanzal 398 de 2013 y
el 3 de mayo siguiente17, la Resolución Reglamentaria 15 de 2013, por las
cuales se estableció la nivelación salarial, entre otros, para el cargo de
Subcontralor, código 025, grado 02, al cual se le fijó una asignación mensual
de $3.108.000. De los considerandos de esta última decisión, se pueden
extractar los siguientes:

«Que durante los años 2001, 2003 y 2004 a los funcionarios de la Contraloría
General del Departamento del Atlántico no les fueron aplicados los incrementos
salariales autorizados por ley, generándose una serie de acreencias, las cuales
han venido siendo reclamadas mediante demandas instauradas en contra del ente
de control y del departamento del atlántico, en calidad de garante, cursando
actualmente 44 en los despachos judiciales de la jurisdicción contencioso
administrativa de Barranquilla, de las cuales, 17 ya cuentan con sentencia de
segunda instancia en firme y 3, con fallo de primera instancia apelado.

Que las mencionadas sentencias condenan, tanto a la Contraloría General del
Departamento del Atlántico como al Departamento del Atlántico, a nivelar los
salarios de los funcionarios de la Contraloría, aplicándole el derecho en forma
específica a cada demandante y no a todo el personal que registra la planta de
cargos.
[…]
Que dentro de los compromisos adquiridos mediante el Convenio de
Desempeño del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, celebrado

13
Folios 32 y 33.
14
Folios 82 a 84.
15
Folios 98 a 101.
16
Folios 91 a 104.
17
Folios 210 a 208 del cuaderno de pruebas.

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entre el Departamento del Atlántico y la Contraloría General del
Departamento del Atlántico, por disposición de la Ordenanza 00077 de 2009,
se encuentra incluido el pago del pasivo real de la Contraloría por concepto de
incremento salarial pendiente.

Que antes de adoptar la nueva planta de cargos de la Contraloría General del
Departamento del Atlántico, la distribución de los cargos en la nueva estructura
organizacional, adoptar su escala salarial y el manual de funciones, se hace
necesario aplicar a todos los empleos de la planta de personal actual, la
nivelación de los salarios, conforme al cargo, nivel, grado del empleo, a efectos
que pueda determinarse el valor total del pasivo laboral de la Contraloría, para su
remisión al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, en los términos
previstos en el Convenio de Desempeño.

Que en el ítem 10.1 del Análisis Financiero de los mencionados Estudios Técnicos
Previos, se estableció que “conforme al propósito de la presente Reorganización
Administrativa de la Contraloría General del Departamento del Atlántico,
consistente en modernizar su estructura organizacional para poder ajustar su
tamaño acorde con su misión institucional, a la luz del Plan Estratégico 2012-2015
y con las limitaciones presupuestales, se determinó que debe ponerse fin a la
problemática laboral surgida por incumplir con los incrementos salariales durante
los años 2001, 2003 y 2004, realizando los aumentos salariales omitidos, de
manera que se trunque el continuo incremento de esos pasivos laborales, para lo
cual fue necesario realizar un cálculo actuarial de los salarios; es decir traerlos a
valor presente, según “el deber ser” o lo justo que deberían estar devengando los
empleados”
[…]
Que conforme a lo autorizado por la Asamblea Departamental del Atlántico, es
pertinente y oportuno proceder a establecer la nivelación salarial de los cargos de
la actual planta de cargos de la Contraloría General del Departamento del Atlántico
y calcular el monto de las obligaciones existentes a favor de los funcionarios
que vienen vinculados desde antes de la entrada en vigencia de la
Ordenanza 000077 de 2009 y las extensiones igualitarias que correspondan al
cargo que han desempeñado, a fin de que sean incluidos en el Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento del Atlántico».

De lo anterior se sigue entonces que, habiendo sido expedidos los anteriores
compendios reglamentarios que determinaron la estructura administrativa de
la Contraloría General del departamento del Atlántico; regularon, entre otros
aspectos, la escala de remuneración correspondiente a las diferentes
categorías de empleos; y establecieron la nivelación salarial de los empleos
de dicha Contraloría, en desarrollo de los compromisos adquiridos en el marco
del programa de saneamiento fiscal y financiero, para esta Sala resulta claro
que el fundamento del reajuste de salario para todas las personas que
prestaron sus servicios a partir del año 2001 y hasta el año 2010 en la
Contraloría Departamental, se encuentra en el Decreto 504 de 2010.

Tales apreciaciones permiten concluir que, si una persona se vinculó durante
el periodo previamente indicado (2001 – 2010) a dicha entidad del orden
territorial, y que, por la no nivelación salarial presentada en los años 2001,
2003 y 2004, vio desmejorado su salario, la misma tiene derecho a la
rectificación correspondiente por cuanto para esta fecha no se habían
materializado los reajustes reconocidos por el Decreto 504 del 30 de
diciembre de 2010.

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Lo anterior en tanto no se puede perder de vista que mediante el referido
decreto el ente territorial buscó corregir una situación contraria a derecho y
ordenó adoptar medidas para conjurar la pérdida de poder adquisitivo del
salario de los empleados de la Contraloría Departamental.

Caso concreto

Conforme se evidencia en el expediente, la señora Ligia Matera Carrillo se
vinculó a la Contraloría General del departamento del Atlántico mediante la
Resolución 000552 del 31 de octubre de 2005, en el cargo de Subcontralor,
código 025, grado 02; se posesionó el 3 de noviembre de 2005; y prestó sus
servicios hasta el 20 de enero 200818.

Así mismo consta que la asamblea departamental del Atlántico fijó las escalas
de remuneración y asignaciones civiles de las diferentes categorías de
empleados de la Contraloría Departamental, dentro de los que se encuentra
el cargo de Subcontralor, código 025, grado 02, para los años 2005, 2006,
2007 y 2008 a través de las Ordenanzas 000010 de 2004, 000003 de 2006,
000027 de 2006, y 000044 de 200819.

Conforme ha quedado debidamente demostrado en las apreciaciones
efectuadas tanto por la parte demandante como por las entidades
demandadas, y de conformidad con lo desarrollado en acápite precedente,
para las vigencias fiscales correspondientes a los años 2001, 2003 y 2004 la
asamblea departamental no emitió las ordenanzas correspondientes,
encaminadas a definir la remuneración de los trabajadores de la Contraloría
ni se les efectuó el reajuste salarial.

Las consideraciones fácticas aquí planteadas permiten evidenciar que la
señora Ligia Matera Carrillo tiene derecho al reconocimiento y pago del
retroactivo del reajuste salarial de los años 2001 a 2004 para el cargo por ella
desempeñado, en tanto, como se expuso previamente, la demandante se
vinculó al servicio de la Contraloría Departamental con anterioridad a la
expedición del Decreto 504 de 2010, por medio del cual se dispuso el reajuste
señalado.

Segundo problema jurídico

¿Operó el fenómeno de la prescripción sobre las sumas que habría lugar a
reconocer?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: toda vez que el hito que
determina el computo de la prescripción en los casos en que se reclama el
reajuste salarial de los empleados de la Contraloría General del departamento
del Atlántico, vinculados con anterioridad al año 2010, lo determina la
expedición del Decreto 504 de 2010, en el caso de la señora Ligia Matera
Carrillo se encuentra configurado el fenómeno jurídico de la prescripción
extintiva, en tanto entre la reclamación administrativa y la presentación de la
demanda transcurrieron más de tres años.

18
Folios 28 a 31.
19
Folios 68 a 86.

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El artículo 42 del Decreto 3135 de 1968, señala en materia de prescripción de
derechos laborales que la misma opera al transcurrir tres años desde el
momento en que la obligación se hace exigible, así:

«ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en
este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad
competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»

Dicha disposición fue reglamentada posteriormente por el Decreto 1848 de
1969, el cual dispuso en su artículo 102 lo siguiente:

«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

A su turno, el Código de Procedimiento Laboral, señaló en su artículo 151 que:

«ARTÍCULO 151.- Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá
la prescripción pero sólo por un lapso igual.»

Es de anotar que, si bien el fenómeno prescriptivo en materia de reajuste
salarial no se encuentra regulado de manera específica por las normas en
cita, lo cierto es que el CPL consagra en forma generalizada el fenómeno
prescriptivo respecto de derechos que deriven de leyes sociales, como lo es
para el presente caso el del salario o el de su reajuste y, por ende, tiene
aplicabilidad para resolver esta controversia, como en otras ocasiones se ha
considerado por esta Corporación20.

Ahora, observa la Sala que, como motivo de disenso con la sentencia de
primer grado, el apoderado de la parte demandante señaló que el tribunal
desconoció, entre otros aspectos, el principio de la buena fe y la confianza
legítima generados por la Asamblea Departamental del Atlántico, al haber
aprobado la ordenanza 077 de 2009 con fundamento en la cual el gobernador
del departamento expidió el programa de saneamiento fiscal y financiero con
el que se planificó el pago de los pasivos laborales de varias entidades, entre
ellas, la Contraloría Departamental, y con base en la que, además, se expidió
el Decreto 504 de 2010 en donde se reconoció y ordenó el pago de
retroactivos salariales y prestacionales de todos los funcionarios y ex

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación: 08001 23 31
000 2011 00628 01, número interno: 0528-14, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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funcionarios que laboraron al servicio de la entidad entre los años 2001 y
2010.

Dicha circunstancia, a voces de la recurrente, trae aparejado el que no se haya
tenido en cuenta la renuencia del fenómeno prescriptivo con ocasión del
referido Decreto 504 de 2010, por medio del cual se reconoció de manera
inequívoca el derecho de los acreedores.

Al respecto, para esta Sala es claro que es la expedición del Decreto 504 de
2010 lo que habilitó a las personas vinculadas a la Contraloría Departamental
del Atlántico con anterioridad al año 2010, para reclamar los reajustes
salariales surgidos por la no nivelación efectuada en las vigencias 2001, 2003
y 2004.

De esta manera es válido indicar que el ingreso a la vida jurídica del Decreto
504 de 2010 comportó una renuncia a la prescripción prevista en el artículo
2514 del CC21, en tanto la entidad obligada al reconocimiento y pago de la
acreencia o derecho aceptó dicha carga de forma tácita o expresa, tras
haberse consumado la prescripción22.

Tales han sido los planteamientos de esta Corporación que en sentencia de
tutela proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
el 20 de noviembre de 201923, manifestó respecto de un caso de similares
circunstancias fácticas y normativas, lo siguiente:

«[…]
3.4.2.1. La expedición del Decreto 000504 de 2010 configuró un caso de renuncia
a la prescripción prevista en el artículo 2514 del CC, pues la renuncia implica que
el obligado acepta la acreencia o reconoce el derecho de forma tácita o expresa,
luego de haberse consumado la prescripción, tal y como ocurrió en este caso con
la expedición del Decreto 00504 de 2010.

3.4.2.2. Ahora, el efecto de renunciar a la prescripción no es otro que volver a
contar el término de prescripción. Así también lo ha entendido la Corte Suprema
de Justicia «la interrupción y la renuncia generan como consecuencia que el
lapso prescriptivo empiece a contabilizarse nuevamente, reiniciándose los
cómputos»24. Eso significa que, en este caso, el término de prescripción de tres
años se cuenta nuevamente a partir de la publicación del Decreto 000504 de
2010.

21
ARTICULO 2514. <RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA PRESCRIPCION>. La prescripción
puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el
derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la
prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide
plazos.
22
Sobre la renuncia expresa o tácita de la prescripción la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, ha explicado que «sólo tiene lugar “después de cumplida”, según lo declara el artículo 2514 del
Código Civil, por cuanto si las normas que gobiernan la prescripción son de orden público y, por ende,
no disponibles, la renuncia entonces opera sólo luego de vencido el plazo y adquirido el derecho a
oponerla, es decir, una vez se mire únicamente el interés particular del renunciante (artículos 15 y 16,
ibídem), de donde se explica la razón por la cual, a pesar de estar consumada, el juez no puede
reconocerla de oficio si no fuere alegada (artículos 2513, éjusdem, y 306 del Código de Procedimiento
Civil)».
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: Julio
Roberto Piza Rodríguez. Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre dos mil diecinueve (2019). Radicación
número: 11001-03-15-000-2019-03894-00(AC)
24
Sentencia del 3 de mayo de 2002, expediente No. 6153, dictada por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil.

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3.4.3. El efecto de la renuncia a la prescripción es justamente lo que no tuvo en
cuenta la autoridad judicial demandada, pues, como se vio, no contó el término
de prescripción a partir de la publicación del Decreto 000504 de 2010, que fue el
acto con el que se renunció a la prescripción y que reconoció el retroactivo por la
falta de pago del reajuste salarial. Esa omisión incide en la decisión, porque, de
haber contado el término a partir de la publicación del Decreto 000504, habría
concluido que no había lugar a declarar la prescripción de las diferencias
salariales y prestacionales, habida cuenta de que la señora Ucrós Rosales pidió
el reajuste el 23 de diciembre de 2010, esto es, en el mismo año en que se publicó
el Decreto 000504 de 2010 y, por ende, la solicitud se presentó antes de los tres
años previstos en el Decreto 1848 de 1969. […]» (Subraya la Subsección)

El anterior fallo de tutela dejó sin efectos la sentencia emitida por esta
subsección el 11 de abril de 2019 dentro del expediente con radicación
Expediente 08001 23 31 000 2012 90375 01 (1563-2015), en la cual se había
indicado lo siguiente:

«Ahora bien, en torno al fenómeno extintivo del derecho, la Sala debe señalar
que, en principio, el reajuste debió reclamarse dentro de los tres años siguientes
al momento en que se hizo exigible, es decir, que como el último de los
incrementos dejados de realizar correspondió al año 2004, la reclamación al
respecto se ha debido formular, a más tardar, en el año 2007.

No obstante lo anterior, como la administración territorial, siendo consciente de
su obligación de ajustar los salarios, pues venían mermados ante la omisión de
reajuste en las vigencias de 2001, 2003 y 2004, decidió reconocer tardíamente el
incremento correspondiente, lo que se hizo a través del Decreto 000504 de 2010,
se debe concluir que esta decisión, sumada a las gestiones previas que realizó
la entidad, orientadas a obtener los recursos para lograr ese reajuste25,
habilitaban a los beneficiarios a reclamar los reajustes correspondientes, con las
incidencias que estos tuvieran no solo en las prestaciones, sino en la modificación
de la base salarial de los años subsiguientes, interpretación que garantiza el
derecho al salario mínimo vital y móvil, en cuanto de los reajustes aludidos surge
el pago de un salario justo que, en realidad, incluye las variaciones que impiden
la pérdida de su poder adquisitivo.

Sin embargo, y pese a que la reclamación se ha de entender oportuna siempre
que se hubiera radicado dentro de los 3 años siguientes a la publicación del
aludido decreto, en cuanto este habilitó la reclamación del reajuste, se debe
tomar la fecha de radicación de la petición para que el reconocimiento efectivo
de las incidencias del ajuste se haga sobre los causados 3 años atrás, de manera
que se predique una prescripción parcial de las diferencias salariales y
prestacionales resultantes de los aludidos incrementos salariales.

Siendo así y como la señora Ucros Rosales requirió el pago del reajuste salarial
y de las acreencias laborales que surgieran como consecuencia de aquel, a
través de petición radicada el 23 de diciembre de 2010, se debe concluir que se
debe efectuar el reajuste de su asignación básica, con base en esos incrementos
realizados para los años 2001, 2003 y 2004, pero el reconocimiento efectivo de
las diferencias salariales y prestaciones que se hayan producido como resultado
de ese reajuste, serán aquellas causadas con posterioridad al 23 de diciembre
de 2007, por prescripción trienal y hasta cuando se establecieron las nuevas

25
El 2 de octubre de 2009 se radicó ante la Asamblea, el proyecto de ordenanza para suscribir el
programa de saneamiento fiscal y financiero; el 22 de diciembre de 2009 se expidió la Ordenanza 00077,
por la cual se autorizó al gobernador para suscribir el aludido programa y el 30 de diciembre de 2009,
finalmente, se suscribió.

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asignaciones salariales, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 000504 de 2010,
el Decreto Ordenanzal 000398 de 2013 y la Resolución Reglamentaria 00015 del
3 de mayo de 2013.»

En ese orden, debe advertirse que la decisión de tutela que dejó sin efectos la
última providencia en cita permite inferir que, se reitera, en este tipo de casos,
la prescripción empezó a contar a partir de la publicación del Decreto 000504
de 2010, de modo que la parte interesada en el reajuste tenía tres años
contados a partir de este hito para reclamar su derecho, so pena de que
operara el fenómeno prescriptivo, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2013.

Ahora, como la demandante reclamó ante la administración el pago del
reajuste el 31 de diciembre de 2010, debe entenderse que este se hizo en
término. Sin embargo, debe recordarse que el efecto de la reclamación
oportuna solo permite que el término de prescripción se interrumpa por un
tiempo igual, razón por la cual la señora Matera Carrillo debió radicar la
demanda ante esta jurisdicción a más tardar el primer día hábil judicial del año
2013, pues los 3 años se vencieron el 1.° de enero de esta última anualidad,
lo cual no ocurrió pues la demanda solo fue radicada en el año 2015, es decir,
de forma extemporánea, lo que lleva a concluir que en el sub examine sí operó
la prescripción extintiva del derecho.

En consonancia con lo anterior, lo procedente es aplicar la regla de la
prescripción a partir de la expedición del Decreto 504 del 30 de diciembre de
2010, dado que a partir de dicha disposición nació a la vida jurídica el derecho
al reajuste, y con ello su atributo de exigibilidad. En ese sentido, es a partir del
30 de diciembre de 2010 que empezaba a contar el término de 3 años para
presentar la reclamación.

Así las cosas, se reitera que, toda vez que la señora Ligia Matera Carrillo
solicitó por última vez el pago del reajuste salarial y de las acreencias laborales
que surgieran como consecuencia de aquel, el 31 de diciembre de 201026, y
que no se observa en el expediente reclamación alguna que interrumpiera el
término prescriptivo, habiéndose radicado la demanda el 2 de octubre de
201527, se tiene que en el presente caso operó la prescripción extintiva del
derecho reclamado y, en consecuencia, se revocará la sentencia de primera
instancia.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia del 12 de octubre de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió
parcialmente a las suplicas de la demandante para, en su lugar, declarar
probada de oficio la excepción de prescripción extintiva y, en consecuencia,
negar las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

26
Folios 14 a 27.
27
Folio 46.

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Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201628 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP29, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En ese orden de ideas, en el presente caso no habrá lugar a condena en
costas de segunda instancia, por cuanto si bien las partes acudieron a esta
sede en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa y contradicción, los
argumentos esbozados en sus escritos de apelación no tuvieron vocación de
prosperidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

28
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
29
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 12 de octubre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por la señora Ligia Matera Carrillo
contra el departamento del Atlántico y la Contraloría General del departamento
del Atlántico, para en su lugar,

Segundo: Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva
del derecho, conforme lo expuesto en esta providencia.

Tercero: Negar las pretensiones de la demanda.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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