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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00632-02

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00632-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará así: «Segundo: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Contraloría General del departamento del Atlántico a reconocer y pagar al señor Enrique de Jesús Arzuza Molinares el incremento de la asignación básica mensual para los años 2001, 2002 y 2004, y el pago de la diferencia que resulte para los años consecutivos hasta el año 2010, pero con efectos fiscales desde el 27 de mayo de 2008, por causa de la prescripción trienal. Ordenar a la Contraloría del departamento del Atlántico que, sobre las sumas adeudadas, se realicen los ajustes de valor y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el portal SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2013-00632-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)
Demandante: Enrique de Jesús Arzuza Molinares
Demandada: Contraloría General del Departamento del Atlántico y otro

Temas: Reajuste Salarial. Reliquidación prestaciones sociales. Sanción
moratoria. REVOCA PARCIALMENTE.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor ENRIQUE DE JESÚS ARZUZA MOLINARES instauró demanda en contra
de la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto surgido como
consecuencia de la no contestación de la petición presentada el 27 de mayo de
2011, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago del incremento salarial de
los años 2001, 2002 y 2004, al igual que la reliquidación de los pagos realizados por
concepto de cesantías, vacaciones, horas extras y demás emolumentos que
constituyen salario. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto
surgido a partir de la no contestación de la solicitud del derecho de petición de fecha
del 29 de junio de 2011. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a
las entidades demandadas el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990, la Ley 244 de 1995 y la Ley 344 de 1996.

HECHOS

Que se vinculó a la Contraloría Departamental del Atlántico el 17 de julio de 2001,
en el cargo de conductor mecánico, nivel operativo, código 482, grado 03, y fue

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

retirado el 17 de julio de 2015.

Que durante los años 2001, 2002 y 2004, la Contraloría Departamental del Atlántico
no aplicó el aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional para su personal,
lo que resultó en un detrimento frente al salario que debería corresponderle por ley
a partir de dichos años.

Que con la finalidad de pagar las obligaciones ocasionadas por la no nivelación
salarial de los años anteriormente citados, el departamento del Atlántico emitió la
Ordenanza 00077 de 2009, conocida como de Saneamiento Fiscal y Financiero, en
la cual se incluyeron partidas necesarias (por valor de $6.000.000.000); profiriendo
adicionalmente el Decreto 00504 de 2010 para reconocer estas obligaciones a 157
trabajadores y extrabajadores de la Contraloría Departamental.

Que por medio de la petición con fecha de 27 de mayo de 2011 solicitó el incremento
salarial de los años 2001, 2002 y 2004, el cual fue respondido formalmente más no
de fondo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 23 de julio de 2018 y notificada a las
entidades demandadas. La Contraloría General del departamento del Atlántico
argumentó en su contestación que el señor Arzuza Molinares estableció en la
demanda un valor aproximado, sin embargo, no especificó la cuantía
correspondiente por cada concepto.

Que se le reconoció al señor Arzuza Molinares el pago de las prestaciones sociales
y definitivas mediante Resolución 000381 de 2015, acto que no fue objeto de
recurso alguno; adicionalmente, mencionó que dicho desembolso fue realizado en
el término legal conforme a los soportes que reposan en el plenario.

Propuso como excepciones previas la «…INEXISTENCIA DEL ACTO FICTO O
PRESUNTO, ORIGINARIO DE LA NO CONTESTACIÓN DE LA PETICIÓN DEL 29
DE JUNIO DE 2011…» y la de inepta demanda. Como excepciones de fondo
propuso la prescripción extintiva del derecho, aludió que el régimen aplicable al
demandante es el anualizado y por lo tanto le rige el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968, el cual señala un término de tres años a partir de la exigibilidad de la
obligación y dicho término se encuentra prescrito.

Se celebró audiencia inicial el 30 de enero de 2019, en la cual se declararon no
probadas las excepciones previas, se fijó el litigio1, se decidió realizar la valoración
probatoria en el fallo y se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión. La Contraloría General del departamento del Atlántico alegó no haber
incurrido en mora por el pago extemporáneo, sustentando su tesis en que no se
interpuso recurso frente a la resolución que reconoció las cesantías definitivas y

1 El litigio se fijó en el siguiente sentido: «se contrae en establecer si el acto administrativo ficto o presunto

demandado, expedido por el Contralor del departamento del Atlántico y/o Gobernación del departamento del
Atlántico, son ilegales o si ellos tienen vicios de nulidad por haber sido expedido como lo señala el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011, y si la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago (sic) incremento salarial de
los años 2001, 2002 y 2004, así como el consecuente pago de las diferencias salariales y prestacionales
surgidas con ocasión al mismo, y de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995».

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prestacionales reclamadas. La parte demandante reafirmó los argumentos
expuestos en la demanda y solicitó la indexación de las condenas que surgieran a
partir del reajuste y de la sanción moratoria. Finalmente, se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de mayo de 2019,
decretó nulidad parcial del acto ficto demandado, expresando que la decisión de
negar el reconocimiento de los reajustes solicitados por el demandante, contenidos
en el acto ficto demandado, vulnera por parte de la Contraloría el principio de
movilidad del salario consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de
Colombia.

Que eran inadmisibles los argumentos esgrimidos por la demandada en el sentido
de evadir su obligación para el pago del incremento salarial correspondiente a los
periodos 2001, 2002 y 2004, alegando que durante 2009, 2010, 2011 y 2012 fijó
cuáles eran las asignaciones civiles correspondientes a los cargos desempeñados
por el demandante y reconoció los respectivos retroactivos, puesto que a pesar de
haber fijado los salarios para cada cargo, no significaba que necesariamente se
efectuara el reajuste legal correspondiente al IPC o al que la asamblea decretara si
fuese más favorable.

Que el empleado no podía asumir las consecuencias por la omisión de la entidad
demandada al no haber incluido la partida presupuestal para solucionar los
emolumentos correspondientes al ajuste salarial objeto de litigio y que la eventual
falta de recursos no justifica dicha omisión, ni la exime del deber de pago junto con
la indexación e intereses a que haya lugar frente a las acreencias ocasionadas.
Sin embargo, declaró probada la excepción de prescripción de la solicitud frente al
reajuste salarial, por cuanto el señor Arzuza Molinares podía reclamar el derecho al
reajuste salarial dentro del término legal de tres años siguientes al momento en que
se hizo exigible y en atención a que la solicitud se elevó el 27 de mayo de 2011, las
sumas de dinero causadas por concepto del ajuste salarial y sus prestaciones se
encontraban prescritas.

Que no le asistía razón al demandante cuando afirmó que hubo un pago parcial o
incompleto de sus respectivos auxilios de cesantías, pues el valor consignado
correspondía a la asignación salarial que devengaba para la época en que el fueron
liquidadas y consignadas dichas acreencias. Y que si bien con posterioridad a ello
hubo un reajuste en la asignación salarial, lo cierto era que la administración no
podía suponer para el momento de la consignación cuál sería, por lo que el
reconocimiento de los valores se hizo teniendo en cuenta como ya se dijo la
asignación salarial que percibía para la fecha en que fueron liquidadas sus auxilios
de cesantías y debidamente consignadas al fondo privado, por lo que no procedía
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996 y la sanción
por el pago tardío de las cesantías definitivas consagrada en la Ley 244 de 1995.

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RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
argumentando que realizó oportunamente la solicitud para el reconocimiento y pago
de los ajustes salariales correspondientes a los años 2001, 2002 y 2004, así como
las demás prestaciones sociales a que tiene derecho, pues solo hasta el año 2010
cuando el departamento del Atlántico expidió el Decreto 504 de 2010, se habilitó a
los trabajadores para reclamar el reajuste, y al haberlo elevado el 27 de mayo de
2011, se encontraba dentro del término previsto por la ley para reclamar el derecho
al reajuste salarial, razón por la que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción
frente a la nombrada reclamación.

Que por la inoperancia y negligencia de la Contraloría General del departamento
del Atlántico al no incluir en los presupuestos el pago del reajuste salarial en los
años 2001, 2002 y 2004, es responsable con el departamento del Atlántico por la
afectación a la indexación de su salario y por la pérdida de su poder adquisitivo en
los años posteriores.

Que las entidades demandadas tenían pleno conocimiento de esta situación, sin
embargo, continuaron consignando sumas inferiores a las correspondientes en los
fondos privados de cesantías, así como otras prestaciones sociales, en las cuentas
de sus trabajadores.

Que debe reconocerse el pago de la sanción moratoria a su favor, ya que la
consignación de cesantías e intereses demandados fue incompleta conforme al
desfase salarial causado por la omisión del reajuste salarial de los años previamente
citados.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar dentro
del término procesal correspondiente, mediante auto del 24 de febrero de 2020 se
admitió el recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3.º del
artículo 247 del CPACA.

El departamento del Atlántico, en sus alegatos de conclusión, argumentó que la
acreencia objeto de discusión involucraba directamente a la Contraloría. La
Contraloría General del departamento del Atlántico centró sus alegatos en la
prescripción del incremento salarial y la no procedencia de la sanción moratoria.

La parte demandante no presentó alegatos de conclusión, la Procuraduría Segunda
Delegada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no rindieron concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema jurídico se circunscribe en determinar i) si el derecho al reconocimiento
y pago del reajuste de la asignación básica y de las prestaciones sociales con base
en el incremento salarial ordenado para los años 2001, 2002 y 2004, se encuentra

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afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva y; ii) si es procedente
aplicar la sanción moratoria por el pago incompleto de las cesantías anualizadas y
definitivas.

Sobre el reajuste al salario de los servidores públicos de la Contraloría
departamental del Atlántico

Por medio de la Ordenanza 000077 del 22 de diciembre de 20092 , la asamblea
del departamento del Atlántico autorizó al Gobernador para suscribir un programa
de ajuste fiscal integral, institucional y financiero cuyo objeto fue restablecer la
solidez económica y financiera de la misma, mediante la adopción de «medidas de
racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, fortalecimiento de los ingresos y
saneamiento de pasivos, en especial los pasivos contingentes no aprovisionados, el cual
deberá suscribir antes del 31 de diciembre de 2009».

Con fundamento en las facultades otorgadas a través de la ordenanza
anteriormente citada, el gobernador del Atlántico suscribió el 30 de diciembre de
2009, el programa de saneamiento fiscal y financiero del departamento, también
denominado Programa de Ajuste, en el que se contemplaron entre otras
consideraciones las siguientes:

«1). A pesar del fortalecimiento conseguido mediante la aplicación del anterior
programa de saneamiento en su unidad central, en el informe financiero para la
vigencia fiscal de 2008 que emite la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se advierte sobre la existencia de pasivos contingentes
derivados de obligaciones reales y contingentes de sus órganos de control, entes
descentralizados y otras contingencias dentro de las cuales se mencionan:

a. Pasivo real de la Contraloría Departamental por concepto de incremento salarial
pendiente desde el año 2001 y otras obligaciones estimadas en $6.500 millones».

Con posterioridad, al amparo de dichas facultades y en el marco del programa de
saneamiento fiscal, el gobernador expidió el Decreto 504 del 30 de diciembre de
20103, por medio del cual ordenó reconocer el retroactivo y demás acreencias
laborales a los funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría departamental, por el
período comprendido entre los años 2001 y 20104.

Resulta imperativo en este punto advertir que, en un caso similar, se analizó el
reconocimiento del reajuste salarial por parte de esta Subsección5, donde se indicó
lo siguiente:

«Conviene señalar que en el expediente se demostró que para los años 2001, 2003
y 2004, la Contraloría del Atlántico omitió realizar los reajustes de salario a sus
empleados y que estos tan solo fueron ordenados dentro del programa de
saneamiento fiscal del departamento del Atlántico, mediante el Decreto 000504 de

2 Folios 17 a 18.
3 Dicha situación se desprende de la demanda, su contestación y del recurso de apelación elevado por la parte

demandante.
4 Las circunstancias fácticas citadas no fueron objeto de debate en el curso del proceso, y las partes son

coincidentes en indicar su existencia, de modo que al amparo de la norma y jurisprudencia serán tenidos como
válidos para los precisos efectos de este pronunciamiento. Aquello en concordancia con las sentencias de esta
Subsección. Radicados: 08001-23-33-000-2013-00635-02 (0531-2018) y 08001-23-33-000-2016-00372-01
(1643-2019).
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 29 de octubre 2020 en el expediente

08001-23-33-000-2014-01081-01(1655-16).

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

2010, en el cual se dispuso el pago retroactivo por los años 2001 a 2010; además,
tal como se consideró en la Resolución Reglamentaria 0015 del 2 de mayo de 2013
los cálculos orientados a realizar la nivelación salarial aludida, fueron aplicados
respecto del personal que «[venía vinculado] desde antes de la entrada en vigencia
de la ordenanza 00077 de 2009», lo que quiere decir que el ajuste salarial de los años
2001, 2003 y 2004, con el consecuente pago de las diferencias -retroactivas- están
dirigidas a aquellos vinculados en ese interregno, es decir, entre el año 2001 y el día
anterior a la entrada en vigencia de la Ordenanza 0077 de 2009».

Así las cosas, si una persona se vinculó durante el periodo previamente indicado a
dicha entidad del orden territorial, y que, por la no nivelación salarial presentada en
los años 2001, 2002 y 2004 vio desmejorado su salario, la misma tiene derecho a
la rectificación correspondiente, ya que para esta fecha no se habían materializado
los reajustes reconocidos por el referido decreto. Por medio de dicho acto
administrativo, el ente territorial buscó corregir una situación contraria a derecho y
ordenó adoptar medidas para conjurar la pérdida de poder adquisitivo del salario de
los empleados de la Contraloría Departamental del Atlántico.

Sobre el fenómeno prescriptivo ante la solicitud de reajuste salarial por parte
de los servidores públicos de la Contraloría departamental del Atlántico

La Sala resalta que la figura jurídica de la prescripción hace relación al deber que
tiene cada persona de reclamar sus derechos en el tiempo prudencial previsto en la
ley. Si los derechos que se han adquirido no se solicitan en un determinado lapso
fijado por una norma, se pierde la oportunidad para ejercerlos ante la ausencia del
interés que presume el legislador por parte de quien ostenta el derecho.

El Decreto 3135 de 1968 reguló el régimen prestacional de los empleados públicos
y trabajadores oficiales, determinando en su artículo 41 que « Las acciones que
emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible».

En relación con la configuración del fenómeno prescriptivo ante las solicitudes de
reajuste salarial realizadas por los servidores públicos de la Contraloría
Departamental del Atlántico, reconocidos en la vigencia anteriormente citada, se
aplicó el siguiente razonamiento por parte de la Subsección6:

«[…] en torno al fenómeno extintivo del derecho, la Sala debe señalar que, en principio,
el reajuste debió reclamarse dentro de los tres años siguientes al momento en que se
hizo exigible, es decir, que como el último de los incrementos dejados de realizar
correspondió al año 2004, la reclamación al respecto se ha debido formular, a más
tardar, en el año 2007.

No obstante lo anterior, como la Contraloría departamental, siendo consciente de su
obligación de ajustar los salarios, pues venían mermados ante la omisión de reajuste
en las vigencias de 2001, 2003 y 2004, decidió reconocer tardíamente el incremento
correspondiente, lo que se hizo a través del Decreto 000504 de 2010, se debe concluir
que esta decisión, sumada a las gestiones previas que realizó la entidad, orientadas a
obtener los recursos para lograr ese reajuste, habilitaban a los beneficiarios, tanto
trabajadores como ex trabajadores, pues la administración reconoció la deuda a
favor de unos y otros a reclamar los reajustes correspondientes, con las
incidencias que estos tuvieran no solo en las prestaciones, sino en la

6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 29 de octubre 2020 en el expediente

08001-23-33-000-2014-01081-01(1655-16). Igualmente ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, septiembre 15/2022. Radicado: 08001-23-33-000-2016-00372-01 (1643-2019).

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

modificación de la base salarial de los años subsiguientes, interpretación que
garantiza el derecho al salario mínimo vital y móvil, en cuanto de los reajustes aludidos
surge el pago de un salario justo que, en realidad, incluye las variaciones que impiden
la pérdida de su poder adquisitivo. » (Resalta la Sala)

De lo anterior se sigue entonces que, aquellos funcionarios o exfuncionarios que se
hubiesen vinculado con anterioridad a la expedición del Decreto 504 de 2010, se les
habilitó la posibilidad de reclamar el derecho a que se reconociera y pagara el
retroactivo del reajuste salarial y prestacional, con base en el incremento
comprendido entre los años 2001 y 2010.

Resolución al caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

Que el 17 de julio de 2001, el señor Enrique de Jesús Arzuza Molinares tomó
posesión del cargo de conductor mecánico, nivel operativo, grado 16 en la Unidad
de Servicios Generales, mediante Resolución 0003637, y mantuvo su relación
laboral ininterrumpida hasta la declaratoria de insubsistencia del cargo de conductor
mecánico, código 482, grado 03, nivel asistencial, mediante Resolución 000235 del
24 de junio de 20158.

Que mediante petición del 27 de mayo de 20119, el demandante solicitó al
departamento del Atlántico el reconocimiento de los valores correspondientes al
incremento salarial de los años 2001 a 2010, al igual que «los SALARIOS
MORATORIOS establecidos en la ley»; el cual fue contestado por la nombrada entidad
a través del Oficio 01040811 de fecha de 9 de junio de 201110, en el que indicó que
se encontraban en un proceso de saneamiento fiscal.

Que la Contraloría Departamental del Atlántico realizó el reconocimiento y pago de
las cesantías del demandante, en el fondo de cesantías Colfondos, por las
anualidades 2001 a 201411; y que en el año 2015 a través de Resolución 00038112,
dicha entidad consignó la suma de $5.870.813,00 pesos colombianos a favor del
señor Arzuza Molinares por concepto de cesantías definitivas.

Ahora, bien en atención al marco normativo señalado en precedencia y acorde con
los medios de convicción relacionados anteriormente, resulta evidente que el señor
Enrique de Jesús Arzuza Molinares, al estar vinculado con anterioridad a la
expedición del Decreto 504 de 2010, tiene derecho a que se le reconozca y pague
el retroactivo del reajuste salarial y de sus prestaciones sociales con base en el
incremento señalado para los años 2001, 2002 y 2004.

En igual sentido, queda demostrado que el demandante, al haber solicitado el
reajuste salarial por los periodos previamente indicados el 27 de mayo de 2011, no
se configuró el fenómeno de la prescripción extintiva, conforme al razonamiento

7 Folio 397.
8 Folio 399.
9 Folios 400 a 403.
10 Folios 404 a 406.
11 Folios 140 a 208.
12 Folios 138 a 140.

7

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

previamente desarrollado por la Subsección13, entendiendo que la Contraloría
Departamental al haber reconocido tardíamente el incremento correspondiente, a
través del Decreto 000504 de 2010, habilitó a sus beneficiarios para realizar las
respectivas reclamaciones, por lo que no le asiste la razón al a quo cuando declaró
probada la excepción de prescripción propuesta en primera instancia.

No obstante, el reconocimiento efectivo de las diferencias salariales y
prestacionales que se hayan producido como resultado de ese reajuste serán
aquellas causadas con posterioridad al 27 de mayo de 2008, por prescripción trienal
y hasta cuando se establecieron las nuevas asignaciones salariales, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 000504 de 2010.

Sobre la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y
344 de 1996

El sistema de liquidación anualizado de cesantías contemplado en los artículos 99,
102 y 104 de la Ley 50 de 1990, señalados expresamente por el Decreto
reglamentario 1582 de 1998 que hizo extensivo el régimen anualizado de cesantías
para los empleados públicos del nivel territorial, previó la sanción por mora a razón
de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador
incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor
correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) por la anualidad
o fracción correspondiente al año anterior, en los siguientes términos:

«Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada día de retardo. […]» (Resalta la Sala)

El artículo de la referida ley instituye el régimen de liquidación definitiva anual y el
manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la Ley
50 de 1990, en el cual el empleador deberá efectuar la liquidación definitiva del
auxilio de cesantías por la anualidad o la fracción correspondiente y la entrega al
empleado de un certificado sobre su cuantía y la consignación del valor
correspondiente en el fondo de cesantías elegido por el empleado, antes del 15 de
febrero del año siguiente, e igualmente, la sanción por el incumplimiento del plazo,
a razón de un día de salario por cada día de retardo.

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 29 de octubre 2020 en el expediente

08001-23-33-000-2014-01081-01(1655-16).

8

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

Puntualmente frente a ese tema, la sanción moratoria se hace exigible a partir del
momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor
correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la
fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuar en fecha diferente
por la terminación del contrato de trabajo, en cuenta individual del trabajador antes
del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación social14.

Sin embargo, esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías consagrada en la ley referida no
procede cuando lo que sucede es la inoportuna cancelación de una diferencia en la
liquidación que debió pagarse.

Al respecto, en providencia del 15 de julio de 2021, esta Sala tuvo la oportunidad de
pronunciarse en un caso de similares aristas a las aquí controvertidas, en la cual se
indicó lo siguiente:

«[…] no se encuentran fundados los motivos de la apelación contra la sentencia
apelada, teniendo en cuenta que: i) la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de
1990 no se causa por el pago inoportuno de reajustes salariales o prestacionales, ii)
dicho reajuste no hace que se predique incompleto el pago del auxilio de cesantías
efectuado con anterioridad, y iii) la diferencia en el monto de la liquidación de la
prestación social no genera el derecho a reclamar el pago de la sanción moratoria
correspondiente, pues se trata de un supuesto fáctico que la norma (la Ley 50 de
1990 en este caso) no contempla, razones que imponen concluir que el acto
administrativo demandado se encuentra ajustado a derecho y en tal sentido se
procederá a confirmar la sentencia apelada.»15

Asimismo, en sentencia del 17 de septiembre de 202016, se indicó que «[…] al pagar
la entidad las cesantías definitivas y sus intereses dentro del término consagrado en el
artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, no se causa la sanción moratoria, aun cuando con
posterioridad se alegue que faltó el pago de una parte de la prestación, dado que el pago
parcial no es un supuesto regulado en el parágrafo 2.° ibidem para que se produzca la
mora.»

Así las cosas, le asistió la razón al a quo al negar la pretensión de la referencia, por
cuanto la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y 344
de 1996 corresponde a una sanción para el empleador incumplido, y no es
consecuente aplicarla por analogía ni por vía de interpretación a situaciones no
planteadas en la norma.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, agosto 25/2016. Radicado:

08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14), sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016.
15 Providencia proferida en el proceso con radicación 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2018). Mario

Andrés Reyes Barbosa contra la Nación, Rama Judicial, Consejo superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre
de 2017, radicación 08001-23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014. Rad. 13001-
23-31-000-2007-00225-01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B. Sentencia del 8 de
septiembre de 2017. Rad. 08001233300020140035501. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En el mismo sentido,
sentencia del 17 de agosto de 2017. Rad. 08001233300020140035501; Sentencia del 18 de mayo de 2017.
Rad. 66001233300020130021301; sentencia del 17 de septiembre de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas, exp. 11001-03-25-000-2013-00890-00 (1921-2013).
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, septiembre 17/2020.

9

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad entre las entidades
demandadas, esta Subsección17, en consideración a lo ordenado por la Corte
Constitucional en sentencia C-643 de 2012, la cual declaró la inexequibilidad del
artículo 3.º de la Ley 1410 de 2010, concluyó que, en caso de decisiones en contra
de las Contralorías territoriales, las condenas deben imponerse en contra de estas
y no de los departamentos o municipios.

Con base en lo anterior se concluye que si bien los departamentos, municipios o
distritos son quienes financian el funcionamiento de las contralorías territoriales, no
son los encargados de asumir con cargo a su presupuesto las condenas que se
impongan a las contralorías, debido a que tales entes de control gozan de
autonomía administrativa y financiera y además, son las responsables del
cumplimiento de las obligaciones laborales del personal a su cargo, y del pago de
las sanciones que se deriven por su incumplimiento.

Al respecto, esta Corporación ya se había pronunciado en decisiones anteriores18,
motivo por el cual la condena aquí ordenada la deberá asumir la Contraloría
Departamental del Atlántico.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar el ordinal segundo de la sentencia
proferida el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, con el objeto de condenar a la Contraloría General del
departamento del Atlántico a reconocer y pagar al señor Enrique de Jesús Arzuza
Molinares el incremento de la asignación básica mensual para los años 2001, 2002
y 2004, y el pago de la diferencia que resulte para los años consecutivos hasta el
año 2010, pero con efectos fiscales desde el 27 de mayo de 2008, por causa de la
prescripción trienal.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,19 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, octubre 29/2020. Radicado: 08001-23-33-000-2014-

01081-01(1655-16).
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, enero 22/2015, radicado: 08001-23-33-000-2012-

00045-01 (0062-2014) y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, octubre 29/2020, radicado:
08001-23-33-000-2014-01081-01 (1655-16).
19 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.

10

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, no
se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal, que dé lugar
a la condena en costas. Contrario a ello, ambas partes, en sus escritos,
manifestaron razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón, al no
encontrarse acreditado tal presupuesto normativo, no se condenará en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el trece (13) de
mayo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el
cual quedará así:

«Segundo: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Contraloría
General del departamento del Atlántico a reconocer y pagar al señor Enrique de Jesús
Arzuza Molinares el incremento de la asignación básica mensual para los años 2001,
2002 y 2004, y el pago de la diferencia que resulte para los años consecutivos hasta
el año 2010, pero con efectos fiscales desde el 27 de mayo de 2008, por causa de la
prescripción trienal.

Ordenar a la Contraloría del departamento del Atlántico que, sobre las sumas
adeudadas, se realicen los ajustes de valor y se dé cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

11

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00632-02 (5312-2019)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

12

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