Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Costas de primera instancia: procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
15 de julio de 2021
IMPROCEDENCIA DE SANCIÓN MORATORIA POR DIFERENCIA EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS
Esta subsección ha reiterado en varias oportunidades que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías no procede cuando lo que ocurre es la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que debió pagarse. Si bien esa tesis ha sido esbozada en asuntos en los que se debatía la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, las consideraciones que la fundamentan resultan igualmente aplicables al que ahora nos convoca, en la medida que la finalidad de la penalidad prevista en las Leyes 50 de 1990 y 244 de 1995 es esencialmente la misma: «establecer un término perentorio para el reconocimiento y pago de las cesantías y castigar al sujeto omisivo con una penalidad consistente en un día de salario por cada día de retardo». (…) Así las cosas, es claro que el «pago parcial» del auxilio de cesantías, o lo que es igual, la diferencia en el monto de la liquidación de la prestación social, no constituye una causa para reclamar la sanción moratoria, pues se trata de un supuesto fáctico que la Ley 50 de 1990 no contempló. en efecto se presentó una diferencia en la liquidación de las cesantías del periodo de 2013 debido a los cambios en la vinculación laboral del demandante, sin embargo, tal y como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, la «existencia de diferencias en el monto de la liquidación», no puede considerarse constitutivo de «mora» en el pago de la prestación, que tenga la entidad de generar la sanción a que alude la norma señalada, pues tal hipótesis no se encuentra prevista dentro de los presupuestos legales para la causación de esta. NOTA DE RELATORÍA. Sobre la improcedencia de la sanción moratoria por la diferencia en la liquidación de las cesantías, ver; C de E, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2020, número interno 1783-2019, y reiterada en sentencia de 26 de noviembre de 2020, número interno 4499-2016.
FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1990 / LEY 244 DE 1995 / LEY 344 DE 1996
COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA – Procedencia
Se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En ese orden de ideas, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación en este aspecto, al tenor del artículo 188 del CPACA, toda vez que el tribunal gozaba de la facultad para disponer sobre costas a favor de la parte vencedora, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 365 del Código General del Proceso y en el presente caso, el demandante no solo resultó vencido en el proceso, sino que además, se demostró la causación de costas con la actuación de la parte demandada en las distintas etapas procesales del presente medio de control.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 / ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Procedencia
En el presente caso, al tenor del numeral ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que resultó vencida en el proceso y se demostró su causación por cuanto la entidad demandada intervino en esta instancia.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 - NUMERAL 4.º
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C, quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01238-01(5257-18)
Actor: MARIO ANDRÉS REYES BARBOSA
Demandado: RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Tema: Sanción moratoria de cesantías anualizadas prevista en la Ley 344 de 1996
– no procede en caso de pago parcial «parcial» de cesantías
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA- LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala de la Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 28 de junio de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
LA DEMANDA
El señor MARIO ANDRÉS REYES BARBOSA actuando por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, en procura de obtener el reconocimiento y pago de las siguientes declaraciones y condenas:
1.1. Pretensiones
(i). Declarar la nulidad de la Resolución No 1358 del 13 de febrero de 2014, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no pagar en forma oportuna las cesantías parciales del año 2013, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
(ii) Declarar la nulidad de la Resolución No. 3280 del 1º de julio de 2014, por medio del cual se resolvió un recurso de reposición, en contra de la anterior resolución confirmándola en todas sus partes.
(iii). Declarar la nulidad de la Resolución No. 5818 del 31 de diciembre de 2014, por la cual se resolvió un recurso de apelación, y se confirmó la Resolución No 1358 del 13 de febrero de 2014.
(iv) Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a lo siguiente:
Reconocer y pagar la indemnización moratoria de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Reconocer y pagar la corrección monetaria (indexación) desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.
Condenar al pago de costas y agencias en derecho.
Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.2. Fundamentos fácticos
Como fundamentos fácticos expuso lo siguiente:
(i). Refiere la demanda que el señor Mario Andrés Reyes Barbosa se desempeñó en el cargo de profesional especializado grado 33 adscrito a la Presidencia del Consejo de Estado, desde el 1º de enero hasta el 23 de octubre de 2013 y como juez administrativo del circuito de Barrancabermeja, del 24 de octubre de 2013 al 12 de enero de 2014, sin solución de continuidad.
(ii). Mediante Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014, se liquidó por parte del director ejecutivo seccional de administración judicial de Bucaramanga a favor del demandante un auxilio de cesantías parcial correspondiente al año 2013, solo por el periodo comprendido entre «el 24 de octubre a 31 de diciembre de ese año, por la suma de $6.534.651».
(iii). Sin embargo, según certificación del Fondo de Cesantías Protección, el día 14 de febrero de 2014 se abonó a su cuenta únicamente la suma de $1.284.651.
(iv). Por lo anterior, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014.
(v). Por Resolución No. 3280 del 1 de julio de 2014, el director ejecutivo seccional de administración judicial de Bucaramanga resolvió el recurso de reposición, en el cual repuso el acto administrativo inicial en el sentido de reliquidar el monto de las cesantías en la suma de $7.574.061.
(vi) De acuerdo con el extracto expedido por el Fondo de Cesantías Protección, solo hasta el día 9 de julio de 2014 la entidad demandada procedió a consignar la suma de $6.289.410, saldo aún parcial de la totalidad de la cesantía correspondiente al periodo 2013.
(vii) Por Resolución No. 5818 del 31 de diciembre de 2014, la entidad demandada resolvió el recurso de apelación, y ordenó revocar las decisiones contenidas en las Resoluciones 1358 de 13 de febrero de 2014 y 3280 del 1º de julio de 2014, en el sentido de reliquidar las cesantías del año 2013 en la suma total de $7.817.545.85.
(viii). Finalmente, expuso que solo hasta el 11 de agosto de 2015 la entidad accionada pagó en su totalidad el auxilio de cesantías que ha debido pagar desde el 14 de febrero de 2014, lo que origina la sanción por la mora pretendida.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes:
De orden constitucional: artículos 2 y 6.
De orden legal: artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y artículo 13 de la Ley 344 de 1996.
Al desarrollar el concepto de la violación se expone en la demanda que el señor Reyes Barbosa se vinculó a la rama judicial el 1º de septiembre de 2009, razón por la cual, el régimen de cesantías que le es aplicable es el de liquidación anualizada, de acuerdo con el cual, la entidad empleadora debe consignar anualmente el valor de las cesantías en el fondo privado que el trabajador voluntariamente escoja, en este caso Protección, obligación que no cumplió la entidad demandada, puesto que para el 14 de febrero de 2014, no había consignado el valor total de las cesantías correspondientes al año de 2013.
Por lo tanto, estima procedente el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo que tiene que ver con las cesantías correspondientes al año 2013, dado que su valor no fue consignado en su totalidad antes del 14 de febrero del año 2014, acción realizada solo hasta el 11 de agosto de 2015.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por conducto de apoderado se opuso a las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:
Precisó que en el caso particular de la liquidación del auxilio de cesantías para la vigencia 2013 respecto del demandante, se presentaron varios «contratos» durante esa vigencia y un traslado de ciudad en el mismo periodo, por lo cual el sistema liquidó únicamente el valor de $6.534.651 para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de la misma anualidad, porque en dicha seccional de administración judicial (Bucaramanga -Santander) únicamente reposaba la información relacionada con el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
A su vez, indicó que al hacer las respectivas revisiones de las consignaciones efectuadas se detectó que la consignación realizada al fondo de cesantías se acreditó por valor de $1.284.651, quedando pendiente un saldo por valor de $6.289.410, conforme se indicó en la Resolución No. 3280 de 01 de julio de 2014. Ahora bien, mediante Resolución No. 5818 de 31 de diciembre de 2014 se ajustó la liquidación de cesantías efectuada para la vigencia 2013, ordenando el pago de este auxilio en favor del actor por un valor de $7.817.545,85.
No obstante lo anterior, precisó que mes a mes consigna de manera anticipada las doceavas correspondientes al auxilio de cesantías para cada empleado, en una cuenta global a favor del fondo en el que el trabajador se encuentra afiliado, por lo tanto, se tiene que dicha entidad cumplió con el deber de reconocimiento de cesantías impuesto en la ley, comoquiera que acreditó los pagos en tiempo y de manera anticipada, y aun cuando se haya acreditado una diferencia con ocasión de la revisión efectuada, esta es producto de la aplicación de los principios legales de contradicción, doble instancia y legalidad, sin que ello implique el reconocimiento de la sanción solicitada por el actor, máxime cuando no existe disposición expresa aplicable a los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial sobre este punto particular cuando se trata del pago de cesantías anualizadas.
Concluyó que, la liquidación de las cesantías de la vigencia 2013 a favor del demandante se efectuó en el plazo legal establecido para el efecto, siendo acreditada el 14 de febrero de 2014. Sin embargo, luego de que se realizara el pago respectivo, se detectó en el sistema “Kactus” un saldo pendiente, el cual una vez proferida la Resolución No. 3280 de 2014 se procedió acreditar de manera inmediata, demostrando que la administración estuvo atenta a cumplir con sus obligaciones laborales a pesar de las dificultades presentadas con el nuevo sistema implementado.
3. AUDIENCIA INICIAL
La audiencia inicial se llevó a cabo el 26 de octubre de 2016 por parte del Tribunal Administrativo de Santander que fijó el litigio en los siguientes términos:
“Si la Resolución No. 5818 de 2014 es contraria al ordenamiento jurídico y por ende debe declararse su nulidad y proceder a reconocer que el señor Mario Andrés Reyes Barbosa tiene derecho a que la Nación- Rama Judicial le cancele la sanción moratoria consagrada en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990, por la NO CONSIGNACIÓN TOTAL de la cuantía liquidada por concepto de sus cesantías correspondientes al año 2013 antes del 15 de febrero de 2014. O por el contrario, tal y como lo refiere la parte demandada el acto acusado se ajusta a la legalidad, comoquiera que en este caso se aplica lo dispuesto en el Decreto 3118 de 1968 y no la Ley 50 de 1990 pues esta rige solo para los particulares, además, así se aplicara esta Ley tampoco hay lugar a imponer la sanción moratoria que se reclama, pues ésta no se configura de manera automática sino por el actuar negligente o caprichoso del empleador, situación que no se presenta pues la diferencia suscitada entre la cuantía liquidada y la consignada por el actor por concepto de sus cesantías del año 2013 se produjo por las inconsistencias provocadas por el sistema Kactus. Así mismo, porque esa entidad pagó de manera anticipada la prestación, como quiera que ella ha cumplido cabalmente con su obligación de consignar mensualmente las doceavas correspondientes al auxilio de cesantías para cada empleado en una cuenta global a favor del Fondo al que el trabajador se encuentre afiliado, sin que la diferencia entre lo liquidado y consignado genere la mora alegada en la demanda”.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante la sentencia proferida el 28 de junio de 2018 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:
(i) Se demostró que mediante la Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014 se liquidó por parte de la entidad demandada, un auxilio de cesantía parcial a favor del actor, por haberse desempeñado como juez del circuito durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre de 2013, razón por la cual, se abonó en el fondo privado de cesantías elegido por éste, el valor de $1.284.651 dentro de la oportunidad legal.
(ii). El demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, y solicitó el reconocimiento de la sanción correspondiente por haberse efectuado una consignación parcial y no total de las cesantías para el año 2013, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, petición que fue negada mediante la Resolución 5818 del 31 de diciembre de 2014.
(iii). Consideró el Tribunal que, pese a que el pago total del auxilio de cesantías ocurrió el 11 de agosto de 2015, esto se debió al ejercicio de los recursos interpuestos por el demandante, al considerar que la liquidación del auxilio se hizo en forma «incorrecta», por no tener en cuenta todos los cargos desempeñados por este durante el año 2013, y no por la negligencia o descuido del empleador, quien realizó la consignación al fondo privado dentro del término legalmente establecido para ello.
(iv). Así mismo, sostuvo que con independencia de que la administración hubiera incurrido en un error al liquidar mediante acto administrativo las cesantías, esto no significa que el no pago oportuno de la totalidad de estas- 15 de febrero de la siguiente anualidad- le sea imputable, toda vez que precisamente estaba en discusión en vía administrativa el acto de reconocimiento.
(v). Concluyó que, el pago inoportuno de la diferencia que surgió como consecuencia de la reliquidación de las cesantías del demandante no configura el derecho a la sanción moratoria, pues no implica que la prestación, propiamente dicha, se hubiera pagado en forma inoportuna, lo que conlleva a afirmar que el pago tardío de tal diferencia escapa de la aplicación de la normatividad que consagra el término perentorio del pago de la prestación, pues, la medida correctiva está concedida para sancionar la actividad morosa de la administración respecto del pago de la prestación propiamente dicha y no de una diferencia en ella, que se da como resultado de un reajuste salarial o reliquidación prestacional.
(vi). Finalmente, condenó en costas a la parte actora.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia proferida por el tribunal con sustento en los siguientes reparos:
(i) No se presentó un reajuste salarial o reliquidación prestacional, pues lo que realmente ocurrió fue la «negligencia y desidia» de la administración al consignar una cifra menor a la que correspondía por concepto de cesantías, pues es su obligación liquidarla de manera correcta. Así las cosas, el demandante tuvo que proceder de manera legítima a interponer los recursos en sede administrativa.
(ii). Por otro lado, el sistema aplicable al caso concreto es el de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los Fondos de Cesantías creados por la Ley 50 de 1990, en este caso el Fondo privado Protección al que se encuentra afiliado el demandante.
(iii). La demandada consignó extemporáneamente las cesantías parciales liquidadas para el año 2013, las cuales debieron ser canceladas en su totalidad de manera oportuna antes del 14 de febrero de 2014, no obstante fue acreditado que los pagos se presentaron en las siguientes fechas:
14 de febrero de 2014: $ 1.284.651.
9 de julio de 2014: $ 6.289.410.
11 de agosto de 2015: $ 245.151.
Como se observa, solo hasta el 11 de agosto de 2015 se pagó en su totalidad lo que debió haberse cancelado desde el 14 de febrero de 2014, es decir 543 días después, configurándose la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, valor que debe ser indexado.
(iv). El empleado no puede cargar con la responsabilidad y los errores en que incurre el empleador, y por supuesto, es éste el único responsable de su error y le es imputable la sanción moratoria
(v). El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no contempla excepciones o ingredientes normativos adicionales para la exoneración de la sanción, de manera que, independientemente de que exista un ánimo dañino, la sanción debe imponerse, porque de someterse a criterios subjetivos para su aplicación, termina por convertirse en una norma inocua, puesto que el empleador siempre encontrará razones plausibles para excusar la omisión en el pago total o parcial de los derechos sociales del trabajador o la consignación solo parcial en el fondo. Por lo tanto, indicó que la sanción moratoria se causa tanto por la falta de consignación completa del valor del auxilio de la cesantía, como por su aporte deficitario o parcial.
(vi). Finalmente, solicitó revocar lo correspondiente a la condena en costas, pues la misma se torna improcedente atendiendo la calidad de servidor público o contratista de los abogados que son apoderados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los cuales reciben unos honorarios o salarios para atender muchos casos y no para un solo proceso, como en el presente. Así mismo, señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P. los gastos no se encuentran acreditados ni se encuentra probada su causación.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
6.1. La parte demandante: Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación en cuanto el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 prevé la sanción tanto para el pago parcial como total del auxilio de cesantías. Sustentó sus alegatos en la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016.
6.2. La parte demandada. Insistió en que no hay lugar al pago de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues el auxilio de cesantías se consignó efectivamente antes del 15 de febrero de 2014, y aunque en fecha posterior se efectuó un pago adicional al accionante, el valor liquidado estaba en discusión en sede administrativa.
6.3. Ministerio Público guardó silencio tal y como se desprende del informe secretarial a folio 199 del expediente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
En el presente caso, la parte demandante es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado por el apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar si ¿procede el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, reclamada por el señor Mario Andrés Reyes Barbosa, por no haberse consignado, por parte del empleador, el valor total del auxilio de cesantías correspondiente al año 2013?
De otra parte, la Sala analizará si ¿procede la condena en costas de primera instancia a la parte demandante, quien resultó vencida en el proceso?
3. Marco normativo y jurisprudencial
Régimen de cesantías aplicable a los empleados de la Rama Judicial
Las cesantías comportan una prestación social a favor del trabajador que debe pagar el empleador como contraprestación por las actividades que realiza, con la finalidad de que las utilice para satisfacer sus necesidades en el evento en que cese su vinculación laboral.
El literal f) del artículo 12 de la Ley 6.ª de 1945 estipula que el monto de esta prerrogativa es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o proporcionalmente al lapso laborado. Además, la mencionada norma dispone que solo hay lugar a pagarla una vez culmine la relación laboral, por lo que esta forma de reconocimiento recibió el nombre de régimen de cesantías retroactivo.
El artículo 1.º de la Ley 65 de 1946 extendió dicha garantía a los trabajadores de todas las ramas del poder público, en los siguientes términos:
«Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1 de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.
[…]».
La norma en cita la reprodujo el Decreto 1160 de 1947 con la aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.
Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago oportuno del aludido derecho laboral. Esta norma individualizó las entidades públicas que debían realizar la liquidación anual del emolumento, así:
«Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador».
Por otra parte, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99:
«El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo».
Posteriormente, el artículo 10 del Decreto 57 de 1993 estableció que «[…] Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial podrán ser administradas por las sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondos».
El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 extendió el régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados a cualquier entidad u órgano del Estado con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuar en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo».
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que son dables para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996).
Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que a los empleados vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 los rige el sistema de liquidación anual de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990, en virtud del cual, la prestación deberá ser consignada en el respectivo fondo, con anterioridad al 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día de salario por cada día de retardo.
3.2. Sobre el pago de diferencias salariales o prestacionales como causa de la sanción moratoria
El marco jurídico que regula la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías (las anualizadas en este caso), no contempla supuestos para su causación distintos de la constatación objetiva de la tardanza del empleador en la consignación del auxilio de cesantías el 15 de febrero de cada año en el fondo designado por el empleado.
En ese orden, esta Corporación, en asuntos de similares contornos fácticos al que aquí se resuelve ha sostenido que «[…] no hay lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que prescribe el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 como tampoco la regulada en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, toda vez que las normas no prevén como presupuesto de dichas sanciones, el no pago oportuno de reajustes salariales o prestacionales […]».
La posición antedicha fue reiterada por la Subsección, en sentencia del 8 de marzo de 2018, cuando, a propósito de una demanda que perseguía el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de un reajuste salarial previamente reconocido, señaló:
«[…] Esta Corporación considera que dicha situación no se enmarca dentro de los presupuestos que regulan las normas atrás indicadas, pues es claro que las mismas no consagran esa sanción como consecuencia del no pago de diferencias salariales o incrementos según el IPC.
Debe anotarse que la posición de la Subsección es que el pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y seguridad social, pero es importante precisar que dicha garantía no puede ampliarse a presupuestos no contemplados en la norma, como en el caso de reajustes salariales.
Ahora bien, como el pago acá solicitado «sanción moratoria» corresponde a una sanción para el empleador incumplido, no es consecuente aplicarla por analogía ni por vía de interpretación a situaciones no planteadas en la norma, ni mucho menos que se condene al pago de la misma incluso desde la época en que no se había consolidado la situación del reajuste salarial del demandante, pues la entidad cumplió con su obligación en atención a las circunstancias que rodeaban en ese momento la situación fáctica; además como ya indicó, tampoco está entre los presupuestos que traen las normas para el pago de las sanciones acá reclamadas lo relacionado a reajustes o diferencias. […]» (Subraya la Sala)
Bajo tal entendimiento, esta subsección ha reiterado en varias oportunidades que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías no procede cuando lo que ocurre es la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que debió pagarse. Si bien esa tesis ha sido esbozada en asuntos en los que se debatía la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, las consideraciones que la fundamentan resultan igualmente aplicables al que ahora nos convoca, en la medida que la finalidad de la penalidad prevista en las Leyes 50 de 1990 y 244 de 1995 es esencialmente la misma: «establecer un término perentorio para el reconocimiento y pago de las cesantías y castigar al sujeto omisivo con una penalidad consistente en un día de salario por cada día de retardo».
Asimismo, la subsección B de la Sección Segunda sostuvo:
«En tal sentido, si bien se causó una diferencia en la liquidación de las cesantías definitivas, la cancelación pago (sic) inoportuna de esa diferencia no puede considerarse mora en el pago de tal prestación, que tenga la magnitud de generar la sanción a que alude la norma señalada.
(…)
La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que la finalidad del legislador con la norma aludida, fue determinar el término perentorio para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, sin que una diferencia en la liquidación de la prestación social, conlleve a la autoridad judicial a imponer la sanción frente a una circunstancia fáctica que no se encuentra prevista en la ley. […]» (Resalta la Sala)
Y recientemente dicha tesis fue reiterada en sentencia del 17 de septiembre de 2020 por la subsección, al exponer que «[…] al pagar la entidad las cesantías definitivas y sus intereses dentro del término consagrado en el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, no se causa la sanción moratoria, aun cuando con posterioridad se alegue que faltó el pago de una parte de la prestación, dado que el pago parcial no es un supuesto regulado en el parágrafo 2.° ibidem para que se produzca la mora.»
Así las cosas, es claro que el «pago parcial» del auxilio de cesantías, o lo que es igual, la diferencia en el monto de la liquidación de la prestación social, no constituye una causa para reclamar la sanción moratoria, pues se trata de un supuesto fáctico que la Ley 50 de 1990 no contempló.
4. Análisis del caso concreto
Como motivo de apelación la parte demandante sostiene que solo hasta el 11 de agosto de 2015 se pagó en su totalidad el auxilio de cesantías que debió haberse consignado desde el 14 de febrero de 2014, es decir, 543 días después, configurándose la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Así mismo solicitó revocar la condena en costas.
En la sentencia apelada el Tribunal consideró que el pago de la diferencia que surgió como consecuencia de la reliquidación de las cesantías del demandante, no torna procedente la sanción moratoria, pues no implica que la prestación se hubiera pagado en forma inoportuna.
Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso, cuya presunción de autenticidad no fue desvirtuada por las partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:
Hechos probados
a). Vinculación laboral y cargos desempeñados. Obran certificaciones en folios 18 y 19 expedidas por el secretario general del Consejo de Estado y por la Dirección Seccional de Administración Judicial de las cuales se desprende que el actor se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 01 de septiembre de 2009, y que durante el año 2013 desempeñó los siguientes cargos:
Profesional especializado grado 33: del 1 de enero de 2013 al 23 de octubre de 2013 en la presidencia del Consejo de Estado.
Juez administrativo de descongestión de Barrancabermeja: del 24 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
b). Consignación de cesantías en el fondo: De la certificación de movimientos y saldo en cuenta del Fondo privado de cesantías PROTECCIÓN visible al folio 23, es posible constatar que el 14 de febrero de 2014, le fueron abonados al actor los valores correspondientes a $584.510 y $700.141, para un total de $1.284.651 en su cuenta.
Así mismo fue allegado el estado de cuenta en cesantías del fondo de Protección, del cual se advierte que al demandante le fueron consignados el 09 de julio de 2014 los valores de $6.178.045 y $111.365. Así mismo, que el 11 de agosto de 2015 le fueron consignados los valores de $243.021 y $2.130.
c). Liquidación inicial del auxilio de cesantías: Mediante la Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014 la entidad demandada liquidó un auxilio de cesantías al actor, por el periodo del 24 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, con 293 días de interrupción, por la suma de $6.534.651. En la mencionada resolución se consignó:
“Que MARIO ANDRES REYES BARBOSA (…) quien desempeña en la actualidad el cargo de JUEZ CIRCUITO del (la) tiene derecho al auxilio de cesantías por el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo previsto en el Decreto 3118 del 26 de diciembre de 1968 y demás disposiciones legales vigentes:
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a favor de MARIO ANDRES REYES BARBOSA (…) la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($6.534.651,00), por concepto de cesantía parcial de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo”.
d). Los recursos interpuestos contra el acto inicial: El señor Reyes Barbosa interpuso recurso reposición y en subsidio de apelación el 06 de junio de 2014, en el cual adujo lo siguiente:
“La liquidación de la cesantía parcial a mi favor inmersa en el acto administrativo que se recurre, no corresponde a la realidad, ya que como se puede observar yo serví durante el año civil completo en la Rama Judicial en la vigencia 2013 SIN QUE EXISTIESE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD”, es decir desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, ocupando 2 cargos diferentes como lo son el de profesional universitario grado 33 en el Consejo de Estado y juez del Circuito Administrativo de Barrancabermeja, por lo tanto deben reliquidarme las cesantías a mi favor del periodo correspondiente entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, en proporción a las asignaciones que devengué en los 2 cargos que ocupé en ese año”.
Luego, el demandante el 09 de junio de 2014 allegó escrito de complementación del recurso de reposición y en subsidio apelación, en el cual solicita también se le reconozca y pague el valor de la sanción correspondiente por no efectuarse el pago total de sus cesantías para el año 2013.
e). Por Resolución No. 3280 del 01 de julio de 2014 la entidad demandada repuso la resolución inicial, y resolvió reliquidar la prestación, indicando que el tiempo de servicios a liquidar corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, presentando una diferencia de $6.289.410.00. Al respecto, el acto administrativo expresó:
“Que verificado el tiempo de servicio por el señor MARIO ANDRES REYES BARBOSA, durante el año 2013, se constató haber laborado en el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga- Santander en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
(…)
Tiempo de servicio: 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013
Días de interrupción: 0
Días laborados: 360
(…)
Que revisada la consignación realizada al FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN, fue de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.284.651.00).
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014 (…).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que una vez realizada la revisión de la liquidación de cesantías se constató que el valor liquidado y cancelado, presenta una diferencia de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($6.289.410,00).
(…)”
f). Por Resolución No. 5818 del 31 de diciembre de 2014 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial revocó las resoluciones anteriores, y ordenó reconocer al demandante, a título de cesantías por el año 2013, la suma de $7.817.545,85. La resolución en mención señaló lo siguiente:
“(…)
Que la Seccional liquida sus cesantías sobre los 360 días laborados durante el año 2013. Que en esta vigencia desempeñó los siguientes cargos:
Profesional especializado grado 33 Consejo de Estado
293
01-01-2013 al 23-10-2013
$5.608.079
Juez del Circuito Administrativo de Barrancabermeja
67
24-10-2013 al 31-12-2013
$4.553.696
Salario promedio
360
$5.411.847
(…)
Que revisada la consignación realizada al FONDO DE CESANTIAS PROTECCIÓN se pudo establecer que fue por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.284.651,00).
(…)
De lo anterior se deduce que existe una diferencia en cuanto al valor reconocido por concepto de cesantías año 2013 al apelante, en la Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014, proferida por la Dirección Seccional de Bucaramanga, al igual que el valor consignado a su favor.
(…)
En cuanto a la sanción moratoria solicitada por el doctor REYES BARBOSA, se precisa señalar:
(…)
No obstante lo anterior, se considera importante resaltar como se mencionó anteriormente que la Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consigna anticipadamente las doceavas de las cesantías de los afiliados a cada fondo en una cuenta global.
(…)que esta Dirección Ejecutiva, no encuentra viable la pretensión del recurrente, dado que como se indicó anteriormente, la Administración Judicial cumplió con el reconocimiento de las cesantías de la vigencia 2014, conforme al término que estipula la ley, es decir el 14 de febrero , que si bien con fecha posterior, se acreditó una diferencia, esto no es causal que genere mora al empleador sino que es resultado de una revisión que la misma norma contempla dentro de los principios de legalidad, contradicción y doble instancia (…).
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO- Por las razones expuestas, se REVOCA la decisión contenida en la Resolución No. 1328 del 13 de febrero de 2014, por medio de la cual se liquidaron las cesantías de la vigencia año 2013 y Resolución No. 3280 del 01 de julio del 2014, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, al doctor MARIO ANDRES REYES BARBOSA (…), en su condición de Juez Administrativo de Barrancabermeja- Santander, en el sentido de reconocerle a título de cesantías por el año 2013, la suma total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($7.817.545,85)”.
4.2. Análisis sustancial
Teniendo en cuenta los hechos probados, así como las normas y la jurisprudencia a las cuales se ha hecho referencia, la Sala considera que las pretensiones no se encuentran llamadas a prosperar por las siguientes razones:
(i). No está en discusión que el demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el año 2009, razón por la cual, en su condición de servidor público está cobijado por el sistema de liquidación anualizada de cesantías, previsto por la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, y por ende, en principio, la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se hace extensiva a su situación particular.
(ii). Mediante Resolución No. 1358 del 13 de febrero de 2014 la entidad demandada liquidó el auxilio de cesantías al demandante por el periodo del 24 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, con 293 días de interrupción, por la suma de $6.534.651.
Se advierte, prima facie, por la Sala que en dicho acto la entidad demandada, a través de la Dirección Seccional de Bucaramanga, solo tuvo en cuenta los servicios prestados como Juez Administrativo en descongestión de Barrancabermeja, desempeñado durante el periodo del 24 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, esto es, por un lapso de 67 días.
Lo anterior, en razón a que, en principio, el auxilio de cesantías correspondiente a su vinculación como profesional especializado grado 33 del Consejo de Estado ha debido realizarse en oportunidad anterior, teniendo en cuenta su fecha de terminación, situación que pone en evidencia la existencia de una diferencia en la liquidación, si se tiene en cuenta que el monto liquidado no resultaría proporcional al tiempo allí indicado.
(iii). Por lo anterior, contra dicha liquidación el actor interpuso recurso reposición y en subsidio de apelación el 06 de junio de 2014, en el cual adujo que el auxilio de cesantías se debía reliquidar, ya que había laborado sin solución de continuidad entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, y no solo por el periodo que había tenido en cuenta la entidad. Así mismo, el 09 de junio de 2014 en escrito de complementación de los recursos interpuestos, solicitó que se reconociera y pagara el valor de la sanción correspondiente por no efectuarse el pago total de sus cesantías para el año 2013.
(iv). A través de la Resolución No. 3280 del 01 de julio de 2014, la entidad demandada resolvió reponer la resolución inicial y reliquidar la prestación por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, lo cual arrojó una diferencia de $6.289.410.00. Lo anterior, al constatar que efectivamente el demandante había laborado los 360 días del año, situación por la cual procedió a incluir el tiempo de servicios y recalcular la prestación.
Posteriormente, por Resolución No. 5818 del 31 de diciembre de 2014, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial revocó las resoluciones anteriores, y ordenó reconocer al demandante a título de cesantías por el año 2013, la suma de $7.817.545,85, al constatar que la vinculación laboral anterior (1 enero a 23 de octubre de 2013) era como profesional especializado grado 33 del Consejo de Estado y no como profesional universitario del juzgado once administrativo de Bucaramanga.
En dicho acto, la entidad liquidó las cesantías sobre los 360 días laborados durante el año 2013 en los cargos de profesional especializado grado 33 del Consejo de Estado (293 días) y Juez Administrativo de Descongestión de Barrancabermeja (67 días), con un salario promedio de $5’411.847.
Se indicó también que le fue consignada la suma de $1’284.651 en el Fondo de Cesantías Protección, por la Dirección Seccional de Bucaramanga dentro del plazo legal, y que si bien existía una diferencia a su favor, tal situación no genera mora al empleador, pues esta no se causa por las diferencias generadas producto de las revisiones y ajustes como consecuencia de contratos anteriores.
(v). Ahora bien, al expediente se allegaron las constancias de pago del auxilio de cesantías causadas durante el año 2013, de las cuales se desprende que al actor le fueron abonados a su cuenta el 14 de febrero de 2014, los valores correspondientes a $584.510 y $700.141, para un total de $1.284.651, por la Dirección Seccional de Bucaramanga, por concepto de los 67 días laborados como Juez administrativo de descongestión.
Así mismo, el 09 de julio de 2014 fueron consignadas las sumas de $6.178.045 y $111.365, producto de la reliquidación del monto de las cesantías con la inclusión de todos los tiempos de servicios laborados en el año 2013, es decir, 360 días; y el 11 de agosto de 2015 le fue consignado un monto de $243.021 y $2.130, lo que arroja un valor total de $7’819.212.
(vi). Así las cosas, en efecto se presentó una diferencia en la liquidación de las cesantías del periodo de 2013 debido a los cambios en la vinculación laboral del demandante, sin embargo, tal y como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, la «existencia de diferencias en el monto de la liquidación», no puede considerarse constitutivo de «mora» en el pago de la prestación, que tenga la entidad de generar la sanción a que alude la norma señalada, pues tal hipótesis no se encuentra prevista dentro de los presupuestos legales para la causación de esta.
Por disposición de los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 99 de la Ley 50 de 1990, la entidad demandada contaba hasta el 15 de febrero del año siguiente al de la causación del auxilio de cesantías anualizado para proceder a su consignación efectiva, carga que, de acuerdo con el acervo probatorio y los hechos acreditados, fue cumplida por la demandada cuando consignó, el 14 de febrero de 2014, el valor de $1.284.651, suma liquidada por el periodo del 24 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013 en el cargo de Juez administrativo de descongestión de Barrancabermeja correspondiente a la Dirección Seccional de Bucaramanga; y posterior a ello, como consecuencia de haberse agotado y resuelto los recursos en la vía administrativa, la entidad resolvió reliquidar las cesantías del año 2013, procediendo a consignar la diferencia a favor del demandante, producto de su vinculación anterior (la de profesional especializado grado 33 del Consejo de Estado), hasta completar el monto total de la prestación por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Bajo tal entendimiento, no se encuentran fundados los motivos de la apelación contra la sentencia apelada, teniendo en cuenta que: i) la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 no se causa por el pago inoportuno de reajustes salariales o prestacionales, ii) dicho reajuste no hace que se predique incompleto el pago del auxilio de cesantías efectuado con anterioridad, y iii) la diferencia en el monto de la liquidación de la prestación social no genera el derecho a reclamar el pago de la sanción moratoria correspondiente, pues se trata de un supuesto fáctico que la norma (la Ley 50 de 1990 en este caso) no contempla, razones que imponen concluir que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado a derecho y en tal sentido se procederá a confirmar la sentencia apelada.
4.2.1. ¿Procede la condena en costas de primera instancia a la parte demandante?
El Tribunal condenó en costas a la demandante, con fundamento en el artículo 365 del CGP por resultar vencida en el proceso, decisión que fue apelada por el interesado al considerar que no se demostró su causación.
Al respecto, esta Sección ha señalado que el concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.
Igualmente, incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los ordinales 3.° y 4.º del artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme a los criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 2007.
En materia, de lo contencioso administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo 10554 de 2016 fijó las agencias en derecho de la siguiente manera:
«PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.
En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V».
Ahora bien, a raíz de la expedición de la Ley 1437 de 2011 la Subsección A inicialmente sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.
Sin embargo, en sentencia del 7 de abril de 2016 la Subsección A dentro del proceso radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 (4492-2013), varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365.
Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.
En ese orden de ideas, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación en este aspecto, al tenor del artículo 188 del CPACA, toda vez que el tribunal gozaba de la facultad para disponer sobre costas a favor de la parte vencedora, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 365 del Código General del Proceso y en el presente caso, el demandante no solo resultó vencido en el proceso, sino que además, se demostró la causación de costas con la actuación de la parte demandada en las distintas etapas procesales del presente medio de control.
Conclusión: Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de junio de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante por resultar vencida en el proceso.
5.Costas en segunda instancia
En el presente caso, al tenor del numeral ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que resultó vencida en el proceso y se demostró su causación por cuanto la entidad demandada intervino en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de junio de 2018 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor MARIO ANDRÉS REYES BARBOSA contra LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SALVAMENTO DE VOTO
Magistrado ponente: Francy del Pilar Pinilla Pedraza
Folios 2 a 16.
Folios 63-68.
Folios 114-116
Folios 280-288
Folios 149-152.
Folios 179-182;184-187.
Fs. 188-197.
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
«Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
«Sobre auxilio de cesantía».
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018, número interno 3435-2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de febrero de 2018, número interno 2262-2015.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de marzo de 2018, expediente. 08001-23-33-000-2014-00391-01 (4374-2015).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2020, número interno 1783-2019, y reiterada en sentencia de 26 de noviembre de 2020, número interno 4499-2016.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017, radicación 08001-23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14. Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad. 13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13); Subsección B. Sentencia de 8 de septiembre de 2017. Rad. 08001233300020140035501.En el mismo sentido, sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad. 08001233300020140035501; Sentencia de 18 de mayo de 2017. Rad. 66001233300020130021301.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente. 11001-03-25-000-2013-00890-00 (1921-2013).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020)- radicación número: 17001-23-33-000-2018-00445-01(6209-19).
F. 25.
F. 27.
F. 21.
Fs. 29-30.
Fs. 31 -32.
Fs. 33-34.
Fs. 40 a 46.
F. 21.
Fs. 29-30.
Fs. 31 -32.
Fs. 33-34.
Fs. 40-46.
F. 23.
F. 25.
F. 27.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicado: 13-001-23-33-000-2013-00100-01 (3515-2015)
Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.
Consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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