Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00060-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00060-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00060-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
Radicado: 08001-23-33-000-2018-00060-02 (3177-2025)
Demandante: Gertrudis Victoria Fontalvo Cabarcas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00060-02 (3177-2025)
Demandante: Gertrudis Victoria Fontalvo Cabarcas
Demandado: Departamento del Atlántico
Temas: Sanción moratoria por consignación de cesantías.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Gertrudis Victoria Fontalvo Cabarcas por intermedio de apoderado y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó la
nulidad de la Resolución núm. 00662 del 20 de enero de 2014 y el oficio núm. 0146
del 8 de febrero de 2017 que negaron la sanción moratoria por «el no giro,
consignación y pago en forma completa y oportuno de sus cesantías».
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) la sanción moratoria a partir de que se hizo exigible la obligación
– desde el año 2004 hasta 2009 -, ii) la actualización de la condena de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA, entre otras condenas.
Hechos.
4. La señora Gertrudis Victoria Fontalvo Cabarcas labora en el departamento del
Atlántico. Mediante los actos demandados la entidad le negó la sanción por mora en
la consignación de sus cesantías de manera completa, con ocasión a la
1 Índice 2 SAMAI. Expediente digital – “01. 08001233300020180006000.pdf”. Págs. 1 a 5.
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«homologación a tiempo de los cargos y nivelación salarial» realizada en cumplimiento
de lo dispuesto en las Leyes 4 de 1992 y 60 de 1993.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
5. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 4, 11, 13, 28 y
53 de la Constitución Política; 138 del CPACA, 20 del CPC, 8 de la Ley 153 de 1887;
Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990, concepto 1607 de 2004 y Acto Legislativo 1 de 2001.
6. Al desarrollar el concepto de la violación, expuso que tiene derecho a la sanción
por mora pretendida, pues sus cesantías fueron consignadas de manera incompleta
por la no homologación a tiempo de su cargo y la nivelación salarial indicada en la Ley
4 de 1992.
Contestación de la demanda.
7. El departamento del Atlántico2 adujo que las pretensiones de la demanda
carecen de fundamento jurídico, dado que la sanción por inoportuna consignación de
las cesantías no procede respecto de las diferencias en el valor de la prestación por la
reliquidación producto de un incremento tardío en el salario.
Sentencia de primera instancia.
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 18 de septiembre
de 20253 negó las pretensiones de la demanda.
9. Puso de presente que el «Consejo de Estado al decidir respecto al recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra el auto que rechazó la demanda por
haber operado la caducidad, revocó tal decisión y exhortó a este Tribunal a analizar o
decretar las piezas documentales pertinentes para determinar el acto administrativo
que definió la situación jurídica de la actora. […] »
10. Sobre el particular consideró que «[a]l expediente se aportó requerimiento
efectuado por el abogado Javier Torres en representación de la señora Gertrudis
Fontalvo Cabarcas y otros, radicado en el sistema de atención al ciudadano del
Departamento del Atlántico e identificado 2017PQR930 de 20 de enero de 2017»,
petición respecto de la cual se configuró un acto ficto.
11. Al descender en el caso concreto, consideró que la actora pretende la sanción
por mora con ocasión a una diferencia en el valor de las cesantías que se generó como
consecuencia de la nivelación salarial ordenada por la administración. La cual, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado4, no procede frente a los
2 Expediente digital – “2015-00154 PARTE 2.pdf”. Págs. 31 a 44.
3 Expediente digital – “37. SentenciaSanciónMoratoriaHomologación (1).pdf”.
4 Citó: sentencias de 18 de febrero de 2021, Rad. 00950-01(0475-20) y del 27 de abril de 2017, Rad.2013-00442-
01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.; sentencia del 26 de noviembre de 2018, Rad. 2012 00077-01 (4152-13), C. P.
César Palomino Cortés; sentencia del 1° de marzo de 2018, Rad. 2014-00406 01(3455-15), C.P. Gabriel Valbuena
Hernández
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reajustes de cesantías derivados de los procesos de homologación y nivelación
salarial.
Recurso de apelación.
12. El apoderado de la parte demandante5 inconforme con la decisión anterior
solicitó sea revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, pues las consideraciones del tribunal desconocen «que
el reconocimiento tardío de la nivelación salarial impactó directamente la liquidación
de las cesantías anualizadas, generando un pago incompleto y extemporáneo de dicha
prestación», lo que origina el derecho a la sanción moratoria «prevista en el artículo
65 del CST», independientemente de que el ajuste provenga de una homologación
salarial.
13. La interpretación restrictiva del tribunal desconoce el principio de favorabilidad
previsto en el artículo 53 Superior.
14. Se declaró la existencia de un acto ficto producto de la petición realizada en
2017, «pero no extrajo sus efectos jurídicos: el silencio negativo se traduce en una
negativa presunta, lo cual implica la presunción de ilegalidad del acto administrativo,
conforme al artículo 83 del CPACA. Además, omitió valorar las pruebas que acreditan
que las cesantías de los años 2004-2009 fueron pagadas tardíamente configurando
de facto la mora sancionable.»
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
15. Por medio del auto del 20 de febrero de 20266 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal para alegar de conclusión, las partes
guardaron silencio y el agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, por cuanto la sanción moratoria solo procede por el retardo en la
consignación de las cesantías y no cuando ocurre un ajuste o reliquidación de la
prestación.
16. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
5 Expediente digital – “39. RecursoApelacion.pdf”.
6 Índice 14 SAMAI.
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17. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo7.
18. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.
Problema jurídico.
19. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante le asiste
derecho a la sanción moratoria por consignación incompleta de las cesantías
anualizadas de los años 2004 a 2009 producto de la homologación y nivelación salarial
reconocida posteriormente por la entidad en sede administrativa.
20. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías y iii) Caso
concreto.
Cesantías.
21. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo
que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo
que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital8.»
Régimen anualizado de cesantías.
22. Con la expedición de la Ley 344 de 19969, se generalizó en el sector público el
régimen anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió
incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de
199810.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 SU 448 de 2016, SU 098-18.
9 Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la
publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el
siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad
al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
10 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
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23. La Ley 50 de 199011, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo. […]»
24. Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la
consignación del valor de las cesantías en la cuenta individual, liquidación que
conforme al numeral 1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva
anualidad laborada o la fracción correspondiente.
Caso concreto.
25. Expone la señora Gertrudis Victoria Fontalvo Cabarcas, que, contrario a lo
señalado por el tribunal, le asiste derecho a la sanción moratoria establecida por la
consignación incompleta de las cesantías de los años 2004 a 2009 con ocasión de una
homologación y nivelación salarial posterior.
26. La Sala encuentra acreditado que por medio de la Resolución núm. 00662 del
30 de enero de 2014 el departamento del Atlántico ordenó «el reconocimiento y pago
de valores retroactivos a favor del personal administrativo que se financia con recursos
del Sistema General de Participaciones de conformidad con la aprobación del estudio
técnico y certificado de la deuda por el Ministerio de Educación Nacional dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial»12 , incluyendo las diferencias
salariales y prestacionales adeudadas, entre ellas, las cesantías, por los períodos
comprendidos entre los años 2004 y 2009.
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
11 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
12 Transcrito con errores de la Resolución núm. 00662 del 30 de enero de 2014visible Expediente digital – “01.
08001233300020180006000.pdf”. Págs. 7 a 15.
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27. El 20 de enero de 201713 la demandante peticionó el «pago de los salarios
moratorios-indemnización moratoria, por la no consignación anual […] de la diferencia
salarial de las cesantías e interés a las cesantías. La cual se configuró por la no
realización y pago de la homologación de cargos y nivelación salarial».
28. Con ocasión a la petición anterior, la entidad profirió los oficios núm. 0146 del 8
de febrero de 201714 y 1246 de 10 julio de 201715, en los cuales remite a otros oficios
proferidos por el Ministerio de Educación Nacional que, a su juicio, dieron respuesta a
lo reclamado.
29. Ahora bien, contrario a lo indicado por la recurrente, sobre la penalidad por mora
en la consignación de las cesantías esta Subsección ha sostenido en reiteradas
ocasiones que la sanción moratoria contenida en la Ley 50 de 1990 no procede frente
a la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que debió pagarse16.
30. Vista la demanda y la reclamación administrativa, la sanción pretendida no tiene
fundamento en la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías, sino en la
diferencia del valor que se generó como resultado de la nivelación salarial17 ordenada
en la Resolución núm. 00662, hipótesis que no genera el derecho a reclamar el pago
de la sanción moratoria contenida en la Ley 50 de 1990, pues esta solo procede
cuando se trata del supuesto fáctico establecido en el numeral 3 del artículo 99 de
dicha disposición18, lo anterior revela la Sala de estudiar el reparo atinente a la no
valoración de las pruebas en cuanto a la consignación de las cesantías de los años
2004 a 2009, porque el objeto de litigio se concentró el en el pago inoportuno de una
diferencias de cesantías y no de la prestación propiamente dicha.
13 Ibidem. Págs. 119 a 122.
14 «En atención al asunto de la referencia, me permito anexarle copia de los oficios 2015EE014228 con fecha de
16 de febrero de 2015 emanado por la Jefe de Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional y 2014EE9302
con fecha 06 de agosto de 2014 emanado por la Directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del mismo
ministerio en donde se dan respuestas a la petición manifestada por usted.» (Ibidem. Pág. 107.)
15 « En atención al asunto de la referencia, me permito reiterarle lo manifestado en el oficio 0146 con fecha 08 de
febrero de 2017 y sus anexos, que contienen sendos oficios, el 2015-EE-014228 de fecha 16 de febrero de 2015
de la Jefe de Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional y 2014EE59302 con fecha 06 de agosto de 2014
emanado por la Directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del mismo Ministerio en donde se dan respuesta
al traslado que se hizo de su petición al MEN. Es importante anotar que el oficio 2015-EE-014228, se señala:
“Damos respuesta a la petición efectuada por usted y el señor Javier Torres Velásquez en relación con el costo
retroactivo por homologación en los siguientes términos […]
En cuanto a la posición de la Secretaría de Educación Departamental sobre lo que usted consulta, será necesario
conocer las circunstancias de cada caso particular para tomar una decisión más allá de que debamos concordar
en abstracto con el concepto del Ministerio. Así las cosas es claro que conceptualmente concordamos con la
posición del Ministerio, pero la solución particular de cada caso dependerá de las circunstancias particulares del
mismo »(Ibidem. Pág. 118)
16 Sentencia del 13 de noviembre de 2025, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves, núm. Interno: 3627-2023.
17 Sobre la sanción moratoria como consecuencia de una nivelación salaria ver: « tal circunstancia no generó una
infracción de la norma jurídica por parte de la entidad empleadora y, por lo tanto, no se genera la consecuencia
jurídica que de ella se deriva, esto es, la sanción moratoria, toda vez que la inoportuna cancelación de una
diferencia que se generó por el reajuste salarial y prestacional ordenado por la entidad demandada, no se
encuentra contemplado en los supuestos normativos y jurisprudenciales referidos en precedencia. En ese sentido,
contrario a lo señalado por la recurrente, el hecho de que la administración haya liquidado un monto por cesantías
conforme al salario devengado en los períodos deprecados y que luego este haya sido objeto de un reajuste
producto de un incremento salarial tardío y la consecuente reliquidación de la prestación, no conlleva a determinar
que se configuró la penalidad deprecada.» (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21
de octubre de 2021, C. P. William Hernández Gómez, núm. Interno: 3462-2019.
18 Así lo ha considerado esta subsección en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
18 de septiembre de 2025, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves, Radicación núm. 08001-23-33-000-2018-00526-01
(4293-2021). Sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-
2015-01238-01 (5257-2021). Y sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William Hernández Gómez, Radicado
25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).
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31. Como tampoco procede la indemnización por falta de pago regulada en el
artículo 65 del CST, dado que esta ocurre por el no pago de salarios y prestaciones
debidas a la terminación de un contrato, lo que no está demostrado en este caso.
32. De manera que no le asiste razón a la apelante cuando afirma que las
conclusiones del tribunal contrarían el principio de favorabilidad en materia laboral,
pues en este caso no existe duda acerca de inaplicación de la disposición anterior u
otras posibles interpretaciones.
33. Finalmente, contrario a lo indicado por la recurrente, el acto ficto producto de la
ocurrencia del silencio negativo, goza de presunción de legalidad, de conformidad con
lo indicado el artículo 88 del CPACA, que otorga dicho atributo a todos los actos
administrativos.
34. Con arreglo a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia 18 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones
de la demanda.
Condena en costas.
35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas frente a la parte vencida en el proceso.
37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
38. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia por lo
expuesto en precedencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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