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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00526-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00526-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar parcialmente el numeral primero la sentencia la sentencia del 13 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021) Demandante: Carmen Elena González Padilla «PRIMERO. Declarar la nulidad parcial del oficio núm. DES-00921 del 10 de abril de 2012 y de las Resoluciones núm. 00725 del 25 de junio de 2012 y 7271 del 29 de noviembre de 2017 en lo atinente a los intereses a las cesantías, y, en consecuencia, SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Barranquilla al reconocimiento y pago en favor de la señora Carmen Elena González Padilla del reajuste de los intereses a las cesantías tomando en consideración la reliquidación del auxilio con inclusión de la bonificación de servicios prestados. Valor que deberá ser ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.» SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia por lo expuesto en precedencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00526-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de septiembre de 2025

Radicado: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021)
Demandante: Carmen Elena González Padilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021)
Demandante: Carmen Elena González Padilla
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Barranquilla

Temas: Sanción moratoria por consignación de cesantías.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 13 de julio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Carmen Elena González Padilla por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó la
nulidad parcial del oficio núm. DES-00921 del 10 de abril de 2012 y las Resoluciones
núm. 00725 del 25 de junio de 2012 y 7271 del 29 de noviembre de 2017 que negaron
parcialmente la solicitud del 14 de marzo de 2012.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) la sanción moratoria por el «retardo en la consignación de la
totalidad las cesantías correspondientes a la anualidad del 2010 […] desde el día
siguiente en que se vencieron los términos para ser consignadas hasta el día en que
se efectúe el pago total de la diferencia sobre las mismas», ii) la reliquidación de los
interés a las cesantías del año 2010, iii) la indexación de la suma reconocida, iii) los
perjuicios causados por el retardo en la consignación, iv) el cumplimiento de la

1
Folios 2 a 7 del expediente físico.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021)
Demandante: Carmen Elena González Padilla

sentencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA y v) la condena
en costas.

Hechos.

4. La señora Carmen Elena González Padilla se encuentra vinculada a la Rama
Judicial, sin embargo, no le fueron consignadas de manera completa las cesantías del
año 2010, pues al momento de liquidarlas no se incluyó la doceava parte de la
bonificación por servicios prestados.

5. El 14 de marzo de 2012 solicitó la reliquidación de las cesantías junto con sus
intereses y la respectiva indemnización moratoria. Mediante el oficio núm. DES-00921
del 10 de abril de 2012 la entidad demandada accedió a la reliquidación de la
prestación y negó lo demás, contra esta decisión la interesada interpuso los recursos
de reposición y, en subsidio, apelación los cuales fueron resueltos de manera negativa
a través de las Resoluciones núm. 00725 del 25 de junio de 2012 y 7271 del 29 de
noviembre de 2017, respectivamente.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 13, 25, 29, 53,
58 y 230 de la Constitución Política; 138 y 168 a 182 del CPACA; 134 de la Ley 344
de 1996; 1 del Decreto 1582 de 1998; 99 de la Ley 50 de 1990; 1 de la Ley 52 de 1975
y 2 y 5 del Decreto 116 de 1976.

7. En el concepto de violación, previo a referenciar las normas y jurisprudencia que
considera aplicable, expuso que los actos administrativos demandados desconocen
su derecho de rango constitucional a recibir la consignación total y oportuna del auxilio
de cesantías, además tampoco está obligada a soportar los perjuicios derivados de la
mora.

8. Pese a que la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 no forma
parte del régimen especial de los empleados de la Rama Judicial, no reconocer la
penalidad implica dar prevalencia a la taxatividad de la disposición sin profundizar en
la función social de las cesantías.

9. Con relación a los intereses, aunque la entidad demandada adujo que estos
debían ser cancelados por el Fondo Nacional del Ahorro, al estar la beneficiaria afiliada
en el año 2010; del extracto de cesantías aportado se demuestra que la actora se
encontraba en un fondo privado, y no en el mencionado fondo.

Contestación de la demanda.

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Demandante: Carmen Elena González Padilla

10. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial2 se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez
que para que exista responsabilidad en el pago de los intereses y la sanción moratoria
debe mediar conciliación prejudicial o sentencia que declare la mala fe de la entidad,
pues la causación de estos conceptos no es automática, sino que debe examinarse la
conducta patronal y si de esta se aprecia la buena fe se exonera al empleador.

11. En este caso, el retardo obedeció a falencias en el programa KACTUS, que
causaron demoras en la acreditación de las cesantías.

Sentencia de primera instancia.

12. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 13 de julio del
3
2020 negó las pretensiones de la demanda. Para ello consideró que respecto de la
sanción moratoria no se había agotado el requisito de decisión previa en sede
administrativa, puesto que:

«[U]na vez analizado tanto la petición presentada, como el sustento normativo en que
funda la misma, encuentra la Sala que en tal solicitud, no se señala como pretensión el
reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, es de
resaltar, que si bien entre la normatividad señalada, se cita la el artículo 99 de la ley 50 de
1990, en la cual se establece la sanción moratoria, la cual posteriormente fue desarrollada
por la Ley 344 de 1996, lo cierto, que la actora expone como sustento el numeral segundo
del articulo 99 el cual hace referencia a los intereses de cesantías correspondientes al 12%
anual, y no a la sanción moratoria […]
No obstante, lo anterior, se advierte que tanto en el recurso de reposición y como en el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora, se evidencia que en esas instancias
si se alegó y pretendió la referida sanción moratoria, pero es de aclarar, que para esta Sala
el principio de discusión previa no se encuentra satisfecho en debida forma, toda vez que
al inicio del procedimiento administrativo no se señaló esta pretensión».

13. En cuanto a los intereses, se encontró acreditado que aun cuando las cesantías
del año 2010 fueron consignadas erróneamente al Fondo Nacional de Ahorro, pese a
que la actora se encontraba afiliada al Fondo de Cesantías Horizonte S. A, los dos
conceptos fueron trasladados con posterioridad al Fondo Horizonte S.A., «valor que
ya contaba con la liquidación correspondiente a los intereses del año 2010.»

Recurso de apelación.

14. El apoderado de la parte demandante4 inconforme con la decisión anterior
solicitó sea revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda,
pues, a su juicio, se cumple con el principio de congruencia entre lo decidido en sede

2
Folios 84 a 88 del expediente físico.
3
Folios 153 a 157 del expediente físico.
4
Folios 100 a 105 del expediente físico.

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Demandante: Carmen Elena González Padilla

administrativa y lo demandado, por lo que el fallador de primer grado realizó una
interpretación restrictiva de la reclamación administrativa.

15. Una inferencia lógica y razonada de la petición, «pese a no ser enfática, da
claridad de lo que se pretende, por cuanto se refiere a los intereses moratorios
causados por la omisión de la demandada en liquidar y consignar de manera completa
y oportuna las cesantías de la actora, y se tiene además que dentro de los
fundamentos usados en dicho escrito se cita el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, con
lo que se debe entender que existe suficiencia y claridad en lo pretendido».

16. Al no incluir la doceava parte de la bonificación por servicios prestados en las
cesantías del año 2010, la prestación no fue consignada de manera completa y
oportuna, incumplimiento por el cual la parte demandada está llamada a responder, de
manera que le asiste derecho a la sanción moratoria establecida en artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, disposición aplicable a la demandante por principio de favorabilidad.

17. Lo decidido por el a quo respecto de los intereses de cesantías no guarda
simetría con lo pedido en la demanda, esto es, que la no inclusión de la doceava parte
de la bonificación por servicios prestados en las cesantías del año 2010 llevó a que
tampoco fueron liquidados de manera correcta. Intereses cuyo reconocimiento y pago
corresponde a la demandada y no al fondo público, por encontrarse afiliada a un fondo
privado.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

18. Por medio del auto del 5 de julio de 20225 se admitió el recurso de apelación,
del cual se corrió traslado para alegar de conclusión el 5 de octubre de 20226.

19. Dentro de la oportunidad legal, la parte demandante7 manifestó que, contrario a
lo señalado por el a quo, la sanción moratoria fue pretendida desde la reclamación
inicial, además de reiterarse en los recursos instaurados. Asimismo, se encuentra
acreditado que las cesantías no fueron consignadas el 15 de febrero de 2011 en el
fondo dispuesto por el empleado, por lo que tiene derecho a la sanción moratoria
contenida en la Ley 50 de 1990.

20. La parte demandada8 adujo que al no existir identidad entre los razonamientos
expuestos en los recursos que dieron lugar a los actos enjuiciados y lo pedido en la
demanda, no se agotó el procedimiento administrativo en debida forma. Y, en cuanto
a las cesantías y los intereses, ambos conceptos fueron trasladados del Fondo
Nacional del Ahorro al Fondo Horizonte S.A. por lo que no se adeuda tal pretensión.

5
Folio 2 del expediente físico.
6
Folio 169 del expediente físico.
7
SAMAI. Índice: 00027.
8
SAMAI. Índice: 00028.

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Demandante: Carmen Elena González Padilla

21. Finalmente, el agente del Ministerio Público9 solicitó modificar la sentencia de
primera instancia en el sentido de acceder a la reliquidación de los intereses de
cesantías del año 2010 y el pago de la diferencia de lo cancelado por dicho concepto
y confirmar en lo relativo a la sanción moratoria por no haber sido reclamada en sede
administrativa.

22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

23. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo10.

24. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico.

25. Le corresponde a la Subsección determinar si se cumplió con el requisito de la
reclamación administrativa previa a la demanda respecto de la sanción moratoria
dispuesta en la Ley 50 de 1990.

26. En caso afirmativo, si a la demandante le asiste derecho a la sanción moratoria
aludida con ocasión del «retardo en la consignación de la totalidad» de las cesantías
del año 2010, por no haberse incluido en su liquidación la doceava parte de la
bonificación por servicios prestados.

27. Asimismo, si hay lugar a acceder a la reliquidación de los intereses de cesantías
de la anualidad 2010 con ocasión al reajuste del auxilio.

28. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías, iii) Régimen
aplicable a los servidores de la Rama Judicial y iv) Caso concreto.

9
SAMAI. Índice: 00030.
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Carmen Elena González Padilla

Cesantías.

29. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo
que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo
que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital11.»

Régimen anualizado de cesantías.

30. Con la expedición de la Ley 344 de 199612, se generalizó en el sector público el
régimen anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió
incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de
199813.

31. La Ley 50 de 199014, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo. […]»

11
SU 448 de 2016, SU 098-18.
12
Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la
presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente,
sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se
vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional.
13
«Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a
partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de
Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998»
14
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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Demandante: Carmen Elena González Padilla

32. Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la
consignación del valor de las cesantías en la cuenta individual, liquidación que
conforme al numeral 1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva
anualidad laborada o la fracción correspondiente.

Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial.

33. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 33 de 198515, a
partir del 1º de enero de 1985, las personas que ingresen a la Rama Judicial se rigen
en materia de cesantía por el Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que
lo adicionen y reglamenten.

34. Asimismo, el artículo 12 del Decreto 57 de 199316, estableció que «las cesantías
de los servidores públicos de la rama judicial se sujetan al Decreto 3118 de 1968, que
establece el pago anual y definitivo, y a las normas que lo modifiquen, adicionen o
reglamenten, pero para su pago se aplica el artículo 7º de la Ley 33 de 1985».

35. Seguidamente, el artículo 13 de la Ley 344 de 199617 señaló que, en materia de
cesantías, a las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado, les
serán aplicables las normas legales vigentes, correspondientes al órgano o entidad al
cual se vinculen.

36. Desde esta perspectiva, la Ley 344 de 1996, que es posterior al Decreto 57 de
1993, complementa el régimen dispuesto por el Decreto 3118 de 1968, por lo tanto,
también es aplicable a la Rama Judicial18.

Caso concreto.

15
«Artículo 7o. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la Caja Nacional de Previsión asumirán
directamente el pago de dicha prestación a partir del 1o de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los empleados
oficiales de dichas entidades hasta concurrencia del valor de transferencias que éstas hubieren efectuado “Quienes a partir del
1o de enero de 1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las
que lo adicionen y reglamenten en lo relacionado con la liquidación y el pago de sus cesantías».
16
ARTÍCULO 12. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar que tomen la opción
establecida en este Decreto o se vinculen por primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de
capacitación y cualquier otra sobrerremuneración (sic). Las primas de servicios, vacaciones, navidad y las demás prestaciones
sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen,
adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7o de la Ley 33 de 1985.
A los servidores públicos que tomen esta opción se les liquidarán las cesantías causadas con base en la nueva remuneración, si
tuvieren derecho a ellas y en adelante su liquidación y pago se hará en los mismos términos establecidos en el Decreto
extraordinario 3118 de 1968 y en la Ley 33 de 1985.
17
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la
presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: “a)
El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente,
sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; “b) Les serán aplicables las
demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias
a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo».
18
Posición adoptada en proveídos con núm. Interno: 3117-2022. 1016-2021, 0443-2021, entre otros. (C. P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.)

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021)
Demandante: Carmen Elena González Padilla

37. Expone la señora Carmen Elena González Padilla, que, contrario a lo señalado
por el tribunal, sí agotó la reclamación previa en sede administrativa de la sanción
moratoria por retardo en la consignación de las cesantías, por lo que su causación
debe ser estudiada de fondo.

38. Advierte la Sala que le asiste razón a la parte demandante, pues, aunque en la
reclamación del 14 de marzo de 201219 que dio lugar al oficio núm. DES-00921 del 10
de abril de 201220, no se hizo alusión expresa a la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990 y solo se señaló dicha norma para referirse a los intereses de cesantías,
la penalidad sí fue objeto de petición ante la administración a través de los recursos 21
de reposición y, en subsidio, apelación; frente a los cuales, se profirió respuesta clara
en las Resoluciones núm. 00725 del 25 de junio de 201222 y 7271 del 29 de noviembre
de 201723, en sentido negativo.

39. Y es que el acto inicial y los que resuelven los recursos configuran una unidad
jurídica según lo establecido en el artículo 163 del CPACA24.

40. De manera que, al haberse decidido en sede administrativa la penalidad, no
existe duda del cumplimiento del requisito de procedibilidad enunciado. Sin embargo,
no hay lugar a acceder a la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías,
pues «esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías consagrada en la ley referida no procede cuando

1919
Folios 15 a 18 del expediente físico. «De igual forma, le solicito el reconocimiento de la reliquidación y pago del doce por
ciento (12%) de los intereses legales a ella debidos en dicho año, con la inclusión del factor salarial antes referido; el
reconocimiento y pago de la indemnización que trata el artículo 5 del Decreto Reglamentario 116 de 1976, el cual asciende a una
suma adicional igual a los intereses legales causados en el año descrito y los intereses moratorios a que hubiere lugar por dicha
omisión.»
20
Folio 10 del expediente físico.
21
«Quien suscribe, JOHN ALBERTO ALBOR ORTEGA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando
en mi calidad de apoderado especial de la Sra. CARMEN ELENA GONZÁLEZ PADILLA, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 32.731.946, tal como consta en el poder especial que presenté junto con la solicitud
por ud. me permito solicitarle se reponga, en subsidio apelo, la decisión adoptada en el oficio DES 00921 del 10 de abril de 2012,
notificado personalmente el 20 de los mismos mes y año, por el que se resolvió la solicitud de reliquidación y pago del concepto
de la doceava (12°) parte de la prima por año cumplido en las cesantías causadas 2010 a la señora CARMEN GONZÁLEZ
PADILLA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Doceava (12°) parte de la prima por año cumplido en las cesantías causadas 2010.
La sanción moratoria por falta de consignación del auxilio de cesantía está consagrada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 en
los siguientes términos: "..El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a. El 31 de
diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las
normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se
liquide definitivamente.
3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a
nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada día de retardo.".
Siguiendo la línea de lo anterior, tenemos que, de acuerdo a 10 señalado por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, si
las cesantías no se pagan dentro de los plazos señalados por la ley, hay que pagar precepto, esto es un día de salario por cada
día de retardo.» (Transcrito con errores del recurso presentado en sede administrativa visible en Folio 19 a 22 del expediente
físico.)
22
Folio 11 del expediente físico.
23
«Teniendo en cuanto la anterior normatividad y la jurisprudencia, es claro indicar que la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990
no se aplica para el pago de las cesantías anualizadas en la Rama Judicial». (Visible en folios 12 a 14 del expediente físico)
24 Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe
individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos
que los resolvieron. [...]

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021)
Demandante: Carmen Elena González Padilla

lo que sucede es la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que
debió pagarse»25.

41. Por lo que, la diferencia en el monto de la liquidación de la prestación social con
ocasión a una reliquidación no genera el derecho a reclamar el pago de la sanción
moratoria contenida en la Ley 50 de 1990, pues esta solo procede cuando se trata del
supuesto fáctico establecido en el numeral 3 del artículo 99 de dicha disposición26.

42. Por otra parte, a la demandante sí le asiste derecho a la reliquidación de los
intereses a las cesantías, toda vez que, de conformidad con el numeral 2 del artículo
99 de la Ley 50 del 1990, estos deben ser calculados con respecto a la suma causada
por concepto de auxilio de cesantías en el año al que correspondan, y comoquiera que
el valor de la prestación del año 2010 fue reajustado con la inclusión de la bonificación
de servicios prestados27, la misma suerte corren sus respectivos intereses, suma que
deberá ser cancelada por la entidad empleadora.

43. Intereses que no fueron reliquidados, pese a lo consignado en el oficio núm.
DES-00921, cuando se dispuso la remisión del expediente administrativo de la actora
al nivel central para que se encargara de su reconocimiento, lo anterior por cuanto
vista la Resolución núm. DESAJBAR18-2268 del 25 de abril de 201828, que ejecutó la
Resolución 7271, en ella solo se reconoció el valor de la diferencia correspondiente a
la doceava de la bonificación por servicios29, y nada se resolvió acerca de los intereses
por dicho reajuste, pago que además no se encuentra acreditado dentro del proceso.

44. Con arreglo a lo anterior, la Sala revocará parcialmente el numeral primero de
la sentencia del 13 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, declarará la nulidad
parcial de los actos demandados en lo atinente a los intereses a las cesantías.

25
«¿Procede la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 cuando se paga tardíamente una diferencia en la liquidación
de las cesantías anualizadas? Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria consagrada en Ley 50 de
1990 no procede cuando lo que existe es una controversia sobre el valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío, esto es,
con incumplimiento de los términos señalados en el numeral 3.° del artículo 99 ibidem.» Ver: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William Hernández Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-
02188-01 (6664-2019) y A, sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-
2015-01238-01 (5257-2021).
26
Así lo ha considerado esta subsección en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de
2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2021). Y sentencia del 3 de febrero
de 2022, C.P. William Hernández Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).
27
«Una vez efectuada la respectiva revisión referente a la doceava de la Bonificación por Servicios Prestados de la liquidación de
cesantías para el año 2010, se pudo detectar que no se tomó en cuenta al momento en que el sistema liquidó, por lo cual tiene
derecho al resarcimos y cancelación de dicho concepto».
28
«ARTICULO PRIMERO. - Reconocer a favor de CARMEN ELENA GONZALEZ PADILLA con la cédula de ciudadanía número
32.731.946 la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ..... ($
534.354,00), por concepto diferencia correspondiente a la doceava de la Bonificación de Servicios de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. - La suma señalada en el artículo anterior, se pagará por intermedio de la Tesorería de la Dirección
Seccional Administración Judicial Barranquilla, a favor del FONDO DE CESANTIAS PORVENIR, con cargo al rubro A-1-0-5-1-2,
recurso 10, Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 13618, de la unidad (8), del Presupuesto de la Rama Judicial.»
(Folio 115 del expediente físico.)
29
Equivalente a $ 532.354 COP.

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Demandante: Carmen Elena González Padilla

45. A título de restablecimiento del derecho, condenará a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Barranquilla al
reconocimiento y pago del reajuste de los intereses a las cesantías tomando en
consideración la reliquidación del auxilio con inclusión de la bonificación de servicios
prestados. Valor que deberá ser ajustado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.

46. Finalmente, se confirmará en todo lo demás la providencia apelada, pues si bien
no se comparte lo considerado por el a quo en torno a la no reclamación en sede
administrativa de la sanción moratoria, no hay lugar a acceder a dicha pretensión.

Condena en costas.

47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas frente a la parte vencida en el proceso.

49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación prosperan de manera parcial, por lo
que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso.

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar parcialmente el numeral primero la sentencia la sentencia del 13
de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar:

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021)
Demandante: Carmen Elena González Padilla

«PRIMERO. Declarar la nulidad parcial del oficio núm. DES-00921 del 10 de abril de
2012 y de las Resoluciones núm. 00725 del 25 de junio de 2012 y 7271 del 29 de
noviembre de 2017 en lo atinente a los intereses a las cesantías, y, en consecuencia,

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Barranquilla al
reconocimiento y pago en favor de la señora Carmen Elena González Padilla del
reajuste de los intereses a las cesantías tomando en consideración la reliquidación del
auxilio con inclusión de la bonificación de servicios prestados. Valor que deberá ser
ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.»

SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia por lo expuesto en precedencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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