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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00154-02

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00154-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 16 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia por lo expuesto en precedencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00154-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de noviembre de 2025

Radicado: 08001-23-33-000-2015-00154-02 (3627-2023)
Demandante: Iris Acosta Zúñiga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00154-02 (3627-2023)
Demandante: Iris Acosta Zúñiga
Demandado: Municipio de Soledad

Temas: Sanción moratoria por consignación de cesantías.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 16 de agosto de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Iris Acosta Zúñiga por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó la nulidad del acto
administrativo ficto configurado el 4 de febrero de 2025 que negó la sanción moratoria
por «las cesantías canceladas parcialmente de los años 2003 a 2010»

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) la sanción moratoria «que se generó por el pago parcial de las
cesantías causadas en los años 2003 a 2010», ii) los intereses corrientes y moratorios
desde que se originó la penalidad, iii) los perjuicios sufridos, de conformidad con el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, iv) la actualización de la condena de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA y v) el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.

Hechos.

1
Índice 2 SAMAI. Expediente digital – “2015-00154 PARTE 1.pdf”. Págs. 1 a 9.

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Radicado: 08001-23-33-000-2015-00154-02 (3627-2023)
Demandante: Iris Acosta Zúñiga

4. La señora Iris Acosta Zúñiga se encuentra vinculada al municipio de soledad en
el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Educación Municipal.

5. El 4 de noviembre de 2014 solicitó la sanción moratoria «generada por el pago
incompleto de las cesantías causadas de los años 2003 a 2010», con fundamento en
las Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Reclamación que fue resuelta de manera negativa
en el acto ficto demandado.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 13, 29, 53,
80, 90, 209 y 211 de la Constitución Política; 138, 152, 162, 166 y siguientes del
CPACA; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1583
de 1998 y «1063».

7. Al desarrollar el concepto de la violación, expuso que tiene derecho a la sanción
moratoria por cada uno de los períodos en que sus cesantías fueron canceladas de
manera parcial, hasta que se verifique el pago de las sumas reconocidas en la
Resolución núm. 0429 de 2014, que concedió las diferencias causadas con ocasión a
una nivelación salarial.

Contestación de la demanda.

8. El Municipio de Soledad2 adujó que si bien la actora se encontraba laborando
en el cargo de auxiliar administrativo, y por medio de la Resolución núm. 0429 del 30
de julio de 2014 fue homologada al cargo de secretaria código 440 grado 02, las
cesantías de los años 2003 a 2010 fueron canceladas con el salario vigente en ese
momento, por lo que no hay lugar a la sanción moratoria con ocasión a la nivelación
salarial.

9. El acto administrativo enjuiciable que definió la situación jurídica es la
Resolución núm. 0429, pues determinó los valores que serían pagados por concepto
de prestaciones sociales.

10. Finalmente, la demandante no tiene derecho a la sanción moratoria establecida
en la Ley 344 de 1996, dado que se encuentra afiliada al Fondo Nacional del Ahorro –
(FNA).

Sentencia de primera instancia.

11. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 16 de agosto de
20193 negó las pretensiones de la demanda. Para ello consideró que la actora se
encuentra vinculada al municipio de Soledad desde el 23 de abril de 1997, con

2
Expediente digital – “2015-00154 PARTE 2.pdf”. Págs. 31 a 44.
3
Expediente digital – “2015-00154 PARTE 7- CONCEDE APELACION.pdf”. Págs. 12 a 31.

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Demandante: Iris Acosta Zúñiga

posterioridad al 31 de diciembre de 1996, por lo que se encuentra cobijada por el
régimen analizado.

12. Y de acuerdo con certificación expedida por COLFONDOS reporta cesantías
para las «vigencias de 2004 a 2017», las cuales fueron trasladadas al Fondo Nacional
del Ahorro el 31 de agosto de 2009.

13. Por lo que se encontró demostrado que las cesantías de «2003» a 2007 fueron
consignadas de manera oportuna, por lo que no hay lugar a la penalidad contenida en
la Ley 50 de 1990. Y en cuanto a las sumas correspondientes a los años «2008 a
2010», pues para ese momento la actora se encontraba afiliada al FNA, que se rige
por lo dispuesto en la Ley 432 de 1998, norma que no prevé la sanción moratoria
solicitada.

14. Y de conformidad la jurisprudencia del Consejo de Estado4, la sanción moratoria
no está prevista para pagos tardíos de nivelaciones salariales.

Recurso de apelación.

15. El apoderado de la parte demandante5 inconforme con la decisión anterior
solicitó sea revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, pues
le asiste derecho a la sanción moratoria establecida en las Leyes 50 de 1990 y 344 de
1996 dado que «está probado que el Municipio de Soledad no pagó de manera
completa las cesantías, teniendo en cuenta que mediante la Resolución núm. 0429 del
30 de julio de 2014 reconoció y pagó la nivelación u homologación que tenía mi
mandante en cada una de esas anualidades»6, esto es, «desde el año 2003 hasta el
2009, años en los cuales fueron reconocidas homologación y en los cuales se
incrementó el salario y no se pagó el incremento de esas cesantías»7.

16. Trajo a colación la sentencia C-836 de 2001 proferida por la Corte Constitucional
e invocó los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad y, para
concluir que estos fueron desconocidos por el tribunal que «en otras ocasiones en
casos de igual supuesto fáctico ha condenado al pago de la SANCIÓN MORATORIA»,
incluso, respecto de empleados afiliados al FNA.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

17. Por medio del auto del 5 de agosto de 20248 se admitió el recurso de apelación.

4
Citó: Sentencia del Consejo de Estado del 1 de marzo de 2018. Rad. No. 2014-00376. Sección Segunda – Subsección “A”. C.
P. Gabriel Valbuena Hernández.
5
Expediente digital – “2015-00154 PARTE 7- CONCEDE APELACION.pdf”. Págs. 39 a 49.
6
Transcrito con errores del recurso de apelación.
7
Transcrito con errores del recurso de apelación.
8
Índice 14 SAMAI.

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Demandante: Iris Acosta Zúñiga

18. Dentro de la oportunidad legal para alegar de conclusión, las partes y el agente
del Ministerio Público guardaron silencio.

19. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

20. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo9.

21. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico.

22. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante le asiste
derecho a la sanción moratoria por consignación incompleta de las cesantías
anualizadas en los años 2003 a 2009 producto de la homologación salarial reconocida
mediante la Resolución núm. 0429 del 30 de julio de 2014.

23. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías y iii) Caso
concreto.

Cesantías.

24. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo
que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo
que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital10.»

Régimen anualizado de cesantías.

9
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10
SU 448 de 2016, SU 098-18.

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Demandante: Iris Acosta Zúñiga

25. Con la expedición de la Ley 344 de 199611, se generalizó en el sector público el
régimen anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió
incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de
199812.

26. La Ley 50 de 199013, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo. […]»

27. Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la
consignación del valor de las cesantías en la cuenta individual, liquidación que
conforme al numeral 1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva
anualidad laborada o la fracción correspondiente.

Caso concreto.

28. Expone la señora Iris Acosta Zúñiga, que, contrario a lo señalado por el tribunal,
le asiste derecho a la sanción moratoria establecida en las Leyes 50 de 1990 y 344 de

11
Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la
presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente,
sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se
vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional.
12
«Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a
partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de
Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998»
13
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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Demandante: Iris Acosta Zúñiga

1996 por pago incompleto de las cesantías de los años 2003 a 2009 con ocasión a
una homologación salarial.

29. La Sala encuentra acreditado que la demandante prestó servicios al municipio
de Soledad en calidad de auxiliar administrativo desde 2003 a 201014. Y,
seguidamente, por medio de la Resolución núm. 0429 del 30 de julio de 2014 la entidad
ordenó «el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de
homologación y nivelación salarial al personal administrativo del sector educativo en
el Municipio del Soledad/Atlántico»15 , entre ellos, las diferencias por concepto de
auxilio de cesantías correspondientes a las anualidades señaladas.

30. El 4 de noviembre de 201416 peticionó la penalidad aludida, pues «dichas
cesantías solamente fueron giradas en su totalidad y reconocidas las diferencias a
través de la Resolución No 0429».

31. Sobre la penalidad establecida en las disposiciones invocadas «esta
Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías consagrada en la ley referida no procede cuando lo que sucede
es la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que debió pagarse»17.

32. Vista la demanda y la reclamación administrativa, la sanción pretendida no tiene
fundamento en la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías, sino en la
diferencia del valor que se generó como resultado de la nivelación salarial18 ordenada
en la Resolución núm. 0429, hipótesis que no genera el derecho a reclamar el pago
de la sanción moratoria contenida en la Ley 50 de 1990, pues esta solo procede
cuando se trata del supuesto fáctico establecido en el numeral 3 del artículo 99 de
dicha disposición19.

33. Si bien, la apelante alude que el tribunal desconoció precedente horizontal que
resolvió en casos similares de manera favorable, las supuestas decisiones no fueron

14
De conformidad con certificado laboral visible en: expediente digital – “2015-00154 PARTE 1.pdf”. Pág. 14.
15
Transcrito con errores de la Resolución 0429 del 30 de julio de 2014 visible en: ibidem. Págs. 15 a 19.
16
Ibidem. Pág. 13.
17
«¿Procede la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 cuando se paga tardíamente una diferencia en la liquidación
de las cesantías anualizadas? Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria consagrada en Ley 50 de
1990 no procede cuando lo que existe es una controversia sobre el valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío, esto es,
con incumplimiento de los términos señalados en el numeral 3.° del artículo 99 ibidem.» Ver: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William Hernández Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-
02188-01 (6664-2019) y A, sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-
2015-01238-01 (5257-2021).
18
Sobre la sanción moratoria como consecuencia de una nivelación salaria ver: « tal circunstancia no generó una infracción de
la norma jurídica por parte de la entidad empleadora y, por lo tanto, no se genera la consecuencia jurídica que de ella se deriva,
esto es, la sanción moratoria, toda vez que la inoportuna cancelación de una diferencia que se generó por el reajuste salarial y
prestacional ordenado por la entidad demandada, no se encuentra contemplado en los supuestos normativos y jurisprudenciales
referidos en precedencia. En ese sentido, contrario a lo señalado por la recurrente, el hecho de que la administración haya
liquidado un monto por cesantías conforme al salario devengado en los períodos deprecados y que luego este haya sido objeto
de un reajuste producto de un incremento salarial tardío y la consecuente reliquidación de la prestación, no conlleva a determinar
que se configuró la penalidad deprecada.» (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de octubre
de 2021, C. P. William Hernández Gómez, núm. Interno: 3462-2019.
19
Así lo ha considerado esta subsección en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre
de 2025, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves, Radicación núm. 08001-23-33-000-2018-00526-01 (4293-2021). Sentencia del 15 de
julio de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2021). Y sentencia del 3 de
febrero de 2022, C.P. William Hernández Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).

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Demandante: Iris Acosta Zúñiga

traídas en el recurso, y, en todo caso, como ya se explicó, esta posición no se
encuentra acorde con la postura jurisprudencial vigente de esta Corporación.

34. Vista la sentencia C-836 de 2001 invocada en el recurso, en ella la Corte
Constitucional concluye que los jueces solo pueden apartarse del precedente cuando,
«expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión», precepto que no es aplicable al caso concreto, pues, como se explicó, la
decisión del a quo corresponde a la posición actual de esta Corporación en torno a la
improcedencia de la sanción moratoria dispuesta en la Ley 50 de 1990 como
consecuencia del pago de las diferencias por concepto de cesantías, conforme a los
precedentes antes citados.

35. Con arreglo a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 16 de agosto de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones
de la demanda.

Condena en costas.

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas frente a la parte vencida en el proceso.

38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

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Demandante: Iris Acosta Zúñiga

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 16 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia por lo
expuesto en precedencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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