Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00050-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2018-00050-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00050-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00050-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
Demandante: Juan Calvo de Ávila
Demandado: Nación – Ministerio de Educación y departamento del Atlántico-
Secretaría de Educación.
Tema: Sanción moratoria por pago tardío diferencias de cesantías
reconocidas en proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. El señor Juan Calvo de Ávila instauró demanda en contra del departamento del
Atlántico - Secretaría de Educación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 00507 del 22 de enero de 2017 y del
acto administrativo del 9 de febrero de 2017 mediante los cuales se le negó el
reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación completa y oportuna de
las cesantías.
3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la indemnización
moratoria de los años 1999 a 2009 cuando se le canceló el restante de las cesantías
adeudadas y, de ahí en adelante, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65
del CST. Que la condena sea ajustada conforme al IPC y, se impongan costas y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
agencias en derecho a la parte pasiva.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que labora en la Secretaría de Educación departamental del Atlántico y a través de
los actos demandados se le negó la indemnización moratoria por el no giro,
consignación y pago de forma completa y oportuna de sus cesantías debido a la
homologación de cargos y nivelación salarial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Se indicaron como normas violadas los artículos 4, 11, 13, 29, 53 y 209 de la
Constitución; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 138 del CPACA y, 8 de la Ley 153
de 1887, así mismo, la Ley 344 de 1996.
7. En el concepto de la violación se adujo que la Constitución consagra la
irrenunciabilidad de los derechos mínimos del trabajador, especialmente el pago
completo y oportuno de los salarios y prestaciones sociales.
8. Que el pago de las cesantías se dio de forma incompleta por la no homologación a
tiempo de cargos y la nivelación salarial, a pesar de que la Ley 4ª de 1992 que
desarrolló el artículo 13 de la Constitución, ordenó el equilibrio de los salarios
nacionales con los territoriales.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
9. El 3 de marzo de 20231 el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda
y ordenó la vinculación de la Nación- Ministerio de Educación, entidad que no
contestó la demanda.
10. El departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones indicando que no
existe agotamiento de reclamación por parte del actor teniendo en cuenta que la
Resolución 507 del 22 de enero de 2017 habla acerca del reconocimiento y pago de
los valores retroactivos del personal administrativo que se financia con los recursos del
sistema general de participaciones de conformidad con la aprobación del estudio
técnico y certificación de la deuda por el Ministerio de Educación Nacional dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial pero en ningún aparte de la
resolución se toca el tema relacionado a la sanción moratoria frente a lo cual si el
interesado presentaba alguna inconformidad debió interponer los recursos dentro de
los términos de ley. En lo que respecta al Oficio de fecha 9 de febrero de 2017, dijo
que no se puede tomar como si fuera un acto administrativo porque a través de él
únicamente se le suministró una información sin hacerse referencia a la sanción por
mora hoy deprecada.
1
Luego de haber sido inadmitida en auto del 22 de febrero de 2018 y rechazada en proveído del 24 de mayo de la misma
anualidad; decisión que fue objeto de recurso de apelación decidido el 20 de septiembre de 2022, revocándola parcialmente.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
11. En auto del 7 de noviembre de 2025, en aplicación de la figura de sentencia
anticipada, entre otras decisiones, se ordenó correr traslado a las partes para alegar
de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
12. En sentencia del 9 de diciembre de 2025 el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones al considerar que los “intereses moratorios” tienen
una naturaleza sancionatoria y requieren norma expresa que los autorice. Que no
existía suficiencia probatoria sobre la fecha en que la entidad demandada realizó el
pago del retroactivo de los derechos salariales y prestacionales reconocidos, de
manera que no se probó que hubiera transcurrido un largo periodo entre el acto de
reconocimiento y su pago o que se hubiera incurrido en una dilación injustificada,
teniendo en cuenta la complejidad de los trámites económicos y administrativos para
terminar los procesos de homologación y nivelación salarial.
13. Que, en el acto administrativo cuestionado, las sumas de dinero que resultaron a
favor del demandante fueron reconocidas de forma indexada, por lo que al haberse
traído a valor presente no hay lugar a reconocer intereses moratorios a su favor,
además, porque no existe norma que los contemple.
RECURSO DE APELACIÓN
14. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que
existió un error de derecho por indebida calificación de los intereses moratorios como
exclusivamente sancionatorios, dado que también cumplen una función resarcitoria,
pues compensan la pérdida de poder adquisitivo del dinero y el retardo en el
cumplimiento de obligaciones laborales ciertas y exigibles.
15. Que existió una falsa motivación en cuanto se afirmó que las sumas de dinero
reconocidas fueron indexadas lo que impide el reconocimiento de intereses moratorios,
porque se trata de figuras que responden a finalidades distintas y compatibles.
16. Finalmente, dijo que se desconoce el principio de la favorabilidad y de la mora
objetiva y una errónea valoración de la carga probatoria contrariando los principios de
protección y facilidad probatoria.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. El 10 de julio de 2026 se admitió el recurso de apelación. Las partes no efectuaron
pronunciamientos adicionales.
18. El agente del Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia recurrida
por considerar que el retardo en el reconocimiento y pago del retroactivo fruto de la
homologación encuentra una explicación objetiva en el desarrollo del procedimiento
legalmente establecido y no en un incumplimiento jurídicamente imputable a la
administración. Que, por ello, no existe fundamento jurídico para acceder al
3
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
reconocimiento de intereses o de la indemnización moratoria, pues la indexación
constituye el mecanismo procedente para preservar el valor real de las acreencias
reconocidas durante el tiempo que demandó la culminación del proceso de
homologación.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
19. Constatadas las pretensiones de la demanda con las consideraciones de la
sentencia y los argumentos vertidos en el recurso de apelación, concluye la Sala que
no existe congruencia, en tanto lo solicitado es el reconocimiento de la sanción
moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías y de la consagrada en el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, el Tribunal de Primera
Instancia orientó su decisión, valga la redundancia, al reconocimiento de lo que
denominó “intereses moratorios” “por la expedición tardía del acto administrativo que
ordenó en su favor el reconocimiento y pago de valores retroactivos como empleado
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial”, sentido en el cual le asiste
razón al recurrente cuando afirmó que se confundió la naturaleza jurídica de la sanción
pretendida.
20. Precisado lo anterior, justamente en observancia del principio de congruencia
citado, la Sala deberá determinar si al demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus
cesantías correspondiente a los años 1999 a 2009 y, a la establecida en el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo.
Improcedencia de la sanción moratoria por la tardía consignación de diferencias
de las cesantías
21. En el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se consagró el régimen especial de
cesantías y, de manera específica se estableció una sanción en caso de mora en la
consignación del valor de aquellas en la cuenta individual, así:
“Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo
4
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.”
22. En diferentes oportunidades esta Corporación ha sostenido que la sanción
moratoria no está prevista para aquellos eventos en los que se produzca una
consignación o pago tardío de una diferencia o reajuste de las cesantías2, al
considerar:
“El apoderado de la demandante considera que tal circunstancia sí constituye un
elemento causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de un pago
incompleto, toda vez que desde que se efectuó la liquidación de la prestación, se
debió realizar en legal forma, esto es, con todos los factores que debieron
integrarla, pues el pago fragmentado debe generar igual sanción que la
cancelación tardía de la totalidad de su monto.
Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, como quiera que, tal como se indicó
en la providencia citada con antelación, la sanción moratoria no se causa por la
cancelación o pago inoportuno de «una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas», la cual, incluso, en el caso concreto, se reconoció en un acto
administrativo autónomo, expedido tiempo después de haber quedado el firme la
resolución de reconocimiento de la prestación”3
23. Aunque el asunto traído a colación se refiere a una diferencia por la reliquidación
de las cesantías ante la inclusión de un factor salarial, el razonamiento allí consignado
aplica perfectamente cuando se trata de una diferencia en la liquidación, pero con
ocasión del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial.
24. También se ha dicho por parte de esta Corporación:4
“En ese contexto, la Sala considera que no le asiste derecho al actor al
reconocimiento y pago de sanción moratoria por la diferencia reclamada, pues, con
independencia del reconocimiento efectuado por la administración en el
mencionado acto, la sanción moratoria no está prevista para el evento en que se
produzca un pago tardío de una diferencia o reajuste de las cesantías, en este
caso, surgida como consecuencia de la homologación y nivelación salarial.”
25. En efecto, esta Subsección ha considerado que, ante una diferencia en la
liquidación de las cesantías, el pago inoportuno no puede constituir mora en la
consignación de tal prestación, que tenga el efecto de generar la sanción moratoria5.
26. En consecuencia, la inoportuna cancelación de una diferencia o reajuste en la
liquidación de la prestación social no conlleva la imposición de la sanción porque se
trata de una circunstancia fáctica que no se encuentra prevista en la ley.6
2
Ver reciente decisión Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 13 de noviembre de 2025, radicado
08001-23-33-000-2015-00154-02 (3627-2023).
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de julio de 2024, radicado 17001-23-33-000-2018-00195-
01 (6398-2019).
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2025 radicado 76001 23 33 000 2016
00947 01 (5332-2022).
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicado 13001-23-31-000-2007-
00225-01 (1483-2013).
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de febrero de 2022, radicado 25000-23-42-000-2019-
02188-01 (6664-2019) y Sentencia del 15 de julio de 2021, radicado 68001-23-33-000- 2015-01238-01 (5257-2021).
5
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
Resolución del caso concreto
27. Conforme lo considerado por la jurisprudencia citada en precedencia, la diferencia
en la liquidación de las cesantías como resultado de la homologación de cargos y
nivelación salarial no constituye un escenario que genere el derecho al pago de la
sanción moratoria prevista para la no consignación oportuna de las cesantías (Ley 50
de 1990), ni la indemnización por falta de pago regulada en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo porque esta última consagra como premisa principal el no pago
de salarios y prestaciones debidas a la terminación de un contrato lo que no está
demostrado en este caso.
28. Entonces, no puede darse un alcance diferente a la norma, porque para que se
genere el derecho a la sanción, se debe partir de la hipótesis prevista en el precepto
legal, la consignación inoportuna de las cesantías y no de una diferencia o reajuste de
su valor.
29. Repárese que la sanción moratoria se genera, como consecuencia de la no
consignación de las cesantías, es decir, se causa ante el desconocimiento por parte
del empleador de los términos allí previstos y no, por la inoportuna consignación o
pago de unas diferencias generadas por un reajuste salarial, pues así no lo contempló
el legislador.
30. En lo que toca al argumento relacionado con la carga de la prueba se advierte que
no es cierta la afirmación conforme la cual en estos casos la misma se invierte y es la
administración quien tiene la carga de probar los hechos, pues ello contraría lo
establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso que establece: “Incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”, por tanto, le asistía al extremo interesado el deber de
acreditar los supuestos fácticos que soportaban sus pretensiones y al no hacerlo, la
consecuencia no puede ser otra que la negación de las pretensiones, como en, efecto
aconteció.
31. Lo expuesto para insistir en que los argumentos vertidos en el recurso de apelación
carecen de asidero, lo que conlleva a confirmar la sentencia recurrida que denegó
las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en este proveído.
De la condena en costas de segunda instancia
32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
6
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00050-02 (1522-2026)
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
34. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
35. En consecuencia, no se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
prosperaron algunos de los planteamientos expuestos en el recurso de apelación, pese
a que la sentencia será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo considerado en la parte motiva.
Segundo. NO CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones
expuestas en la presente providencia.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.