Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00195-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00195-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00195-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Sanción moratoria por pago incompleto de las cesantías
definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual denegó las súplicas de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Faustina Martínez Escobar, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución
9155-6 del 24 de noviembre de 2017 por la cual se negó el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías definitivas, en aplicación
de lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó (i) condenar a la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y al
departamento de Caldas a reconocer y pagar la sanción moratoria establecida en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día
de retardo, contados desde los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la
petición de cesantías definitivas ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el
pago de la totalidad de la prestación, reconocida mediante la Resolución 9155-6 del
24 de noviembre de 2017; (ii) reconocer los ajustes de valor sobre las sumas
adeudadas, con base en el índice de precios al consumidor certificado por el Dane;
(iii) reconocer los intereses moratorios, desde el día siguiente de la ejecutoria de la
sentencia y hasta la fecha en que se efectúe el pago; y (iv) condenar en costas
procesales y agencias en derecho a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través
del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una subcuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial y administrativa, sin personería jurídica, y, en dicha
norma, se le asignó la competencia de pagar las cesantías de los docentes de los
establecimientos educativos del sector oficial.
(ii) El 29 de febrero de 2016, la demandante, en su condición de docente al servicio
del departamento de Caldas, solicitó ante la Nación (Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) el reconocimiento y pago de sus
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
cesantías definitivas, las cuales se reconocieron a través de la Resolución 3400-6
del 29 de abril de 2016, y se pagaron el 26 de agosto de 2016, por intermedio de la
entidad bancaria.
(iii) Mediante el Decreto 1545 de 2013 se estableció la prima de servicios para el
personal docente, en cuyo artículo 5 se determinó que constituía factor salarial para
liquidar las cesantías.
(iv) Como al finalizar la relación laboral no se pagó la totalidad de las cesantías de
la demandante, formuló petición el 3 de agosto de 2017, encaminada a lograr el
ajuste de su prestación, para que se incluyera, dentro de ella, la prima de servicios;
de igual manera, se pretendió el reconocimiento de la sanción moratoria, a partir del
día 70 siguiente a la radicación de la petición inicial de cesantías y hasta cuando se
produjera el pago de las diferencias que surgieran, como consecuencia de la
inclusión de tal factor.
(v) La petición anterior fue resuelta mediante la Resolución 9155–6 del 24 de
noviembre de 2017, en la cual se ordenó el ajuste de la prestación y se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida. Aun a pesar de que las
cesantías fueron solicitadas el 29 de febrero de 2016, el pago total de la prestación,
incluyendo el valor reconocido a través de la resolución previamente citada, se
produjo el 5 de febrero de 2018, lo que quiere decir que la entidad incurrió en 587
días de mora.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, 1 y 2 de la Ley
244 de 1995 y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) La demandante laboró como docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y, al finalizar su relación laboral, se había expedido el
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
Decreto 1545 del 19 de julio de 2013, mediante el cual se estableció la prima de
servicios, como factor salarial para la liquidación de prestaciones económicas.
(ii) Las cesantías definitivas no fueron liquidadas, en su momento, con la inclusión
de todos los factores de ley, pues no se tuvo en cuenta el antes relacionado y, en
respuesta al requerimiento que se hizo con el propósito de que se incluyera, la
entidad reajustó su prestación y lo incorporó dentro de la liquidación.
(iii) Pese a lo anterior, la administración se abstuvo de reconocer la sanción
moratoria solicitada, sin considerar que, con el reajuste de sus cesantías definitivas,
a través del acto acusado, no solo se ratifica el derecho a la inclusión de tales
emolumentos, sino que se hace evidente la mora en que incurrió al no reconocer en
forma completa su prestación.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El departamento de Caldas
La autoridad territorial demandada, por intermedio de su apoderado, contestó la
demanda1 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, invocó
los siguientes argumentos:
(i) La Secretaría de Educación solo se encarga de recibir y radicar las solicitudes de
prestaciones sociales de los docentes, de acuerdo con los requisitos prestablecidos
por la Fiduciaria La Previsora S.A., pero es esta quien se encarga de estudiar,
verificar y aprobar el proyecto de acto administrativo y remitirlo, una vez se
encuentre en firme, para el correspondiente pago; de manera que cualquier mora
en la cancelación de la prestación es atribuible a la entidad fiduciaria.
(ii) Las pretensiones de la demanda se refieren en forma exclusiva al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no al ente territorial; por lo tanto,
se debe tener en cuenta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
1 Folios 79 a 82.
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
rogada y, en ese sentido, el departamento debe ser desvinculado del trámite.
(iii) Deben prosperar las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, buena fe y
prescripción.
1.2.2. La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio)
El ente ministerial, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda y se opuso
a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, invocó los argumentos que se
relacionan a continuación:
(i) La Ley 91 de 1989 contiene un régimen especial para el reconocimiento de las
cesantías de los docentes, además, el Decreto 2831 de 2005 reglamentó dicha ley
y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y estableció el trámite reglado para resolver
las peticiones sobre prestaciones sociales de dichos servidores, en el cual se
conceden unos términos diferentes a los establecidos en la Ley 244 de 1995, por lo
cual no es aplicable la penalidad establecida en dicha norma.
(ii) Además, no procedería reconocer indexación sobre la sanción pretendida, pues
ello constituiría una doble sanción con cargo a la parte demandada.
(iii) En consideración a lo expuesto, deben prosperar las excepciones de falta de
integración del contradictorio con la entidad territorial y con la entidad fiduciaria;
ineptitud de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio; inexistencia del demandado por falta de relación de este con el
reconocimiento pretendido; caducidad; prescripción; inaplicabilidad de la Ley 1071
de 2006 al gremio docente por ser titular de un régimen especial; detrimento
patrimonial al Estado; cobro de lo no debido; buena fe y la genérica.
1.3. La sentencia apelada
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 23 de septiembre de
20192 negó las súplicas de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
(i) La teleología de la Ley 1071 de 2006 se contrae a que las solicitudes de cesantías
parciales o definitivas sean atendidas prontamente; sin embargo, el legislador no
estableció sanción moratoria en casos en que se produzca el pago tardío de
reajustes a las cesantías o ajustes realizados sobre dicha prestación.
(ii) En atención a lo anterior y como las pruebas obrantes en el expediente permiten
concluir que la penalidad que se reclama en este proceso surge de la tardanza en
el pago del valor del reajuste de las cesantías ordenado a través de la Resolución
9155-6 del 24 de noviembre de 2017, en la que se ordenó incluir la prima de
servicios dentro de la liquidación de la prestación reconocida a favor de la
demandante, se infiere que no es viable tal reconocimiento, pues ese supuesto
fáctico no se enmarca en la situación descrita en la norma.
1.4. El recurso de apelación
La demandante, actuando por intermedio de apoderado, interpuso el recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia.3 Para sustentar su
oposición indicó lo siguiente:
(i) En el caso que se analiza, aunque existió un reconocimiento expreso sobre las
cesantías y un pago, este se debe considerar parcial, comoquiera que la parte
interesada no estaba de acuerdo con el monto reconocido. En ese sentido, se debe
aplicar el precedente de la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dictada en el proceso 19001 23 31 000 2003 02134 01 (1496-11), M.P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren y la Sentencia de Unificación del 27 de marzo de 2007,
radicación 76001 23 31 000 2000 02513 01, M.P. Jesús María Lemus Bustamante,
según las cuales una de las hipótesis que puede «dar lugar a la existencia de un
conflicto, respecto de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de
2 Folios 148 a 153.
3 Folios 156 a 159 del expediente digital.
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
las cesantías definitivas» es cuanto «d) existe pronunciamiento expreso sobre las
cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el mondo
reconocido»; dichos antecedentes no fueron atendidos por parte del tribunal.
(ii) En el presente asunto se configura el supuesto examinado en la sentencia de
unificación aludida, en tanto que la demandante no estuvo de acuerdo con el monto
reconocido por concepto de las cesantías y, en ese sentido, se configura la hipótesis
según la cual se produjo un pago inferior al que tenía derecho; por lo tanto, la
sanción debió proceder desde el momento en que se tuvo que realizar el pago de
la prestación, hasta aquel en que sea pagada la diferencia, producto del cálculo que
surgió al incorporar el factor que no se incluyó en la oportunidad debida.
(iii) Es importante tener en cuenta que los derechos de los trabajadores no son
dádivas de la administración, por ende, no se puede considerar que la entidad actuó
de manera generosa con la demandante, pues la inclusión del factor en mención
fue el reconocimiento de un legítimo derecho que le correspondía. Adicionalmente,
la solicitud de reajuste de las cesantías se formuló cuando aún no habían
transcurrido tres años desde la desvinculación del servicio, situación que legitima
su reclamación, la cual también se convalida con el acto acusado, que reconoció el
reajuste pretendido.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada guardaron silencio en esta etapa procesal.4
1.7. El Ministerio Público
El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto 5 en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. De su exposición se destaca
lo siguiente:
4 En el informe secretarial que obra en el folio 14 no se hace mención de la actuación que hubiera
realizado las partes en esta etapa y en la plataforma Samái no aparece memorial de alegatos de
conclusión por ninguna de ellas.
5 Índice 33 del aplicativo Samái.
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
(i) La demandante, en el recurso, reafirma la solicitud del libelo, en cuanto considera
que al no haberse pagado la totalidad de las cesantías al terminar la relación laboral,
se dan los presupuestos para que se reconozca a su favor la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006; sin embargo, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha concluido que dicha penalidad no se origina cuando se incurre en
mora por el pago de un reajuste ordenado con posterioridad al reconocimiento de la
prestación.
(ii) Como la controversia que se analiza no se refiere al pago tardío de las cesantías
definitivas, caso en el cual sí procedería la penalidad reclamada, sino que surge de
la diferencia generada por un reajuste realizado a la prestación en un acto posterior,
ello excede la órbita de aplicación de la ley que contiene el fundamento de la
demanda.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si (i) la diferencia surgida por la reliquidación de las
cesantías, ordenada a favor de la demandante, genera la sanción moratoria por el
pago tardío del auxilio.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y
jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de
los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
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artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;7
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo
6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo9. Además, en los artículos 6 y 7
ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida
del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de
intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador10.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales12 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
12 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Demandante: Faustina Martínez Escobar
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Resalta la
Sala].
La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
13
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
(i) El 29 de febrero de 2016,13 la señora Faustina Martínez Escobar solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
(ii) El 29 de abril de 2016,14 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación del departamento de Caldas) expidió la
Resolución 3400-6, mediante la cual reconoció las cesantías definitivas a la
demandante, debido a que la desvinculación del servicio se produjo el 30 de
diciembre de 2015; para tal efecto, tuvo en cuenta los siguientes factores: sueldo
mensual, primas de navidad, de vacaciones y de alimentación.
(iii) El 26 de agosto de 2016,15 quedaron a disposición de la demandante sus
cesantías, a través del banco BBVA, según constancia emitida por la Fiduprevisora
S.A.
(iv) El 3 de agosto de 2017,16 la demandante, por intermedio de apoderado, formuló
solicitud con destino a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) en la cual reclamó: a. el reajuste de sus
cesantías, con inclusión de la prima de servicios; b. la sanción moratoria por el no
pago oportuno del aludido factor, como integrante de su prestación definitiva; y c. la
indexación sobre el valor reconocido por concepto de la sanción por mora.
(v) El 24 de noviembre de 2017,17 el secretario de educación del departamento de
Caldas expidió la Resolución 9155 – 6, por la cual reconoció y ordenó el pago de un
ajuste a las cesantías definitivas de la demandante y dentro de los factores
integrantes de la liquidación de la prestación ordenó incluir la prima de servicios, lo
que arrojó una diferencia por la suma de $5.476.050, respecto del valor reconocido.
La entidad, en torno a la solicitud de sanción moratoria pretendida en la petición que
le dio origen al aludido acto administrativo, se pronunció en los siguientes términos:
13 Según se desprende la resolución que obra en el folio 27.
14 Folio 27.
15 Folio 23.
16 Según constancia de radicado que obra en el folio 21.
17 Folios 35 y 36.
14
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
Como se observa las obligaciones de la Secretaría de Educación se limitan al trámite
de la prestación dentro de los términos, no siendo de competencia de la entidad
territorial la aprobación ni el pago de las mismas, por tal razón no es atribuible mora
alguna. Tal como establece el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, corresponde a la
Fiduprevisora como administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de las prestaciones sociales
reconocidas a favor de los docentes.
[…]
ARTÍCULO QUINTO: Se determina con respecto a la sanción moratoria, estarse a lo
dispuesto en la Resolución No 3400-6 del 29/04/2016, por corresponder a las
compentencias (sic) del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.18
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A efecto de resolver el problema jurídico planteado, es necesario señalar que lo que
persigue la parte demandante es que se acceda a la sanción moratoria, por la
diferencia surgida con ocasión de la reliquidación de sus cesantías definitivas a
causa de la inclusión de la prima de servicios, por lo que el análisis se circunscribirá
a ese aspecto.
Lo expuesto quiere decir que la indemnización moratoria que se pretende en la
demanda no tiene como fundamento el pago tardío del auxilio de cesantías
definitivas, como tal, sino la diferencia de valor de ese auxilio que se habría
generado como consecuencia de la reliquidación ordenada por la propia entidad
demandada, por no haber incluido, en la liquidación inicial, el factor de prima de
servicios.
Como sustento de su postura, el apoderado de la demandante considera que la
sentencia del a quo no atendió razonamientos legales y doctrinarios, ni un análisis
crítico y aplicación de los presupuestos de las sentencias dictadas por el Consejo
de Estado en las providencias de la Sección Segunda, con radicado 19001 23 31
000 2003 02134 01 (1496-11), y de la Sala Plena, con radicado 76001 23 31 000
2000 02513 01.
18 En todo caso, la Sala precisa que ni en las consideraciones ni en la parte motiva de la resolución
a que se hace referencia se hizo ninguna mención en torno a la sanción moratoria.
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Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
Pues bien, al revisar el contenido de la providencia recurrida, se observa que, en
efecto, el tribunal no se pronunció en relación con los antecedentes mencionados
por la parte recurrente; sin embargo, basó su postura en las providencias emitidas
el 13 de agosto19 y 4 de octubre,20 ambas de 2018, por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en las que se concluyó que si bien es cierto
la omisión de inclusión de un factor en la liquidación de las cesantías causó una
diferencia en el valor de la prestación «también lo es que el pago tardío de dicha
diferencia, no se puede considerar como mora en la (sic) pago de la prestación y,
por ende, tenga la connotación de generar la sanción a que alude la norma, pues,
es precisamente ésta la que no contempla esa posibilidad, es decir, que sobre el
pago tardío de una diferencia resultante en la liquidación de la cesantía, la entidad
pueda ser condenada al pago de la sanción moratoria».
Lo anterior quiere decir que el análisis de la controversia, por parte de la primera
instancia, se sujetó a los supuestos fácticos planteados en la demanda, a la luz de
las recientes providencias aplicables al caso, por identidad de fundamentos de
hecho con los que eran objeto de estudio; en ese sentido, lo que se advierte es que
la parte actora no está de acuerdo con las conclusiones a las que arribó el Tribunal
como consecuencia del examen que hizo respecto de la controversia y, por ello,
acude al estudio realizado en las providencias aludidas.
En razón de lo anterior, la Sala considera necesario mencionar que en la sentencia
de unificación invocada por la parte recurrente, el análisis se centró a definir cuál
era la acción procedente para exigir el reconocimiento de la sanción moratoria, en
efecto, sobre el particular consideró:21
Respecto de la acción judicial procedente para reclamar el pago de la sanción
moratoria por no haberse pagado oportunamente las cesantías ha habido diversas
posiciones en las Secciones Segunda y Tercera de esta Corporación. Con miras a
unificar los diversos criterios jurisprudenciales […]
19
Radicación 73001 23 33 000 2014 00539 01 (4485-15), M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20 Radicación 08001 23 33 000 2014 00421 01 (3490-15), M. P. César Palomino Cortés.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación: 76001-23-31-000-
2000-02513-01(IJ), sentencia del 27 de marzo de 2007, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.
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Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
[…]
La reseña de las distintas posiciones sentadas por esta Corporación le permite
concluir a la Sala que el cambio de criterios ha obedecido al afán de proteger al
empleado cesante perjudicado por el incumplimiento o el retardo en el pago de sus
cesantías definitivas. Sin embargo la disparidad existente impone precisar cuáles
acciones y en qué eventos deben utilizarse para que el administrado tenga la certeza
de que está invocando la acción adecuada a los fines perseguidos.
[…]
(i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser
controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
(ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía
judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la
sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó
en forma tardía.
(iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se
encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce
el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva.
(iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman
el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante
esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser
ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente.
Ahora bien, la Sala no desconoce que, dentro del estudio realizado por la Sala Plena
para llegar a las anteriores conclusiones, se abordó un acápite denominado «5.3.4.
Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el
interesado no está de acuerdo con el monto reconocido» y que, al respecto, se
consideró:
En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo
del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la
suma adeudada es una acreencia laboral.
Sin embargo, es evidente que la referencia realizada al respecto no determina que
sea procedente o sea viable la sanción moratoria ante tales reclamaciones, sino que
el único propósito de incluir tales consideraciones fue informar la acción adecuada
en el evento de que algún interesado manifieste desacuerdo con el monto de la
17
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
prestación, o de la sanción, lo que no quiere decir que se haya dado por sentado
que sí se debe reconocer la sanción moratoria ante una diferencia de valor de
cesantías, como la que se reclama en el sub lite.
Por ende, la Sala considera que el precedente de unificación invocado por la parte
demandante no es aplicable con el propósito de que se defina favorablemente el
litigio, sino que, se insiste, su interés fue identificar la acción, hoy medio de control,
procedente ante las disconformidades que pudieran formular los interesados.
Ahora bien, en el otro antecedente invocado por la parte demandante, 22 se señaló
lo siguiente:
No se compadece con el sentido de la normatividad mencionada que la indemnización
por la falta de pago oportuno de cesantías se genere sólo ante el incumplimiento del
término de 45 días contados a partir del momento en que se encuentre en firme el
acto administrativo que las reconozca, porque se dejaría desamparado al ex servidor
en el evento en que la administración tarde más de los 15 días para expedirlo […]
La anterior consideración tampoco sirve de fuente a la pretensión de la demandante,
pues trata no solo sobre el término para pagar las cesantías, sino aquel para expedir
el acto administrativo de reconocimiento de la prestación, es decir, en momento
alguno señala que la sanción por mora consagrada en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 se origine ante la tardanza en el pago de una diferencia generada por
una reliquidación o reajuste de la prestación.
Por el contrario, es necesario precisar que la Sala, en reiteradas ocasiones, ha
sostenido que la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías no
procede respecto de las diferencias de valor de tal prestación que se originen a
causa una reliquidación de la prestación. Sobre el particular, se ha dicho:
En el caso analizado, la entidad demandada sí reconoció oportunamente las
prestaciones y cesantías definitivas del demandante al momento de su
desvinculación; sin embargo, con ocasión de la expedición de la sentencia C- 1433
22 Consejo de Estado, sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2013, radicación:
19001 23 31 000 2003 02134 01, número interno: 1496-11, M. P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
18
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
de 2000 y del Decreto 2720 de diciembre 27 de 2000, se causó una diferencia en
la liquidación de las mismas, pero el pago inoportuno de esa diferencia no
puede considerarse mora en la consignación de tal prestación, que tenga la
magnitud de generar la sanción a que alude la norma trascrita.23 (Se resalta).
En similares términos se señaló en sentencia24 cuyo aparte se transcribe:
[…]
En tal sentido, si bien se causó una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas, la cancelación pago inoportuna de esa diferencia no puede
considerarse mora en el pago de tal prestación, que tenga la magnitud de generar
la sanción a que alude la norma señalada.
[…]
La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que la finalidad del
legislador con la norma aludida, fue determinar el término perentorio para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, sin que
una diferencia en la liquidación de la prestación social, conlleve a la autoridad
judicial a imponer la sanción frente a una circunstancia fáctica que no se
encuentra prevista en la ley25. (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, se debe concluir que los antecedentes citados, así como los
invocados por el a quo, sí han resuelto situaciones similares a la planteada, en este
caso, por la señora Martínez Escobar, de modo que aunque se dispuso la
reliquidación de sus cesantías definitivas para que, dentro de ellas, se incluyera
como factor salarial computable para la liquidación, la prima de servicios, la
diferencia que surgió en la liquidación de la prestación social no da lugar a reconocer
la indemnización moratoria que se reclamó en la demanda.
El apoderado de la demandante considera que tal circunstancia sí constituye un
elemento causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de un pago
incompleto, toda vez que desde que se efectuó la liquidación de la prestación, se
debió realizar en legal forma, esto es, con todos los factores que debieron integrarla,
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación
13001-23-31-000-2007-00225-01, número interno 1483-13. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017,
radicación 08001-23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
25 Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad.
13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B.
Sentencia de 8 de septiembre de 2017. Rad. 08001233300020140035501. C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez. En el mismo sentido, sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad. 08001233300020140035501;
Sentencia de 18 de mayo de 2017. Rad. 66001233300020130021301.
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Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
pues el pago fragmentado debe generar igual sanción que la cancelación tardía de
la totalidad de su monto.
Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, como quiera que, tal como se indicó
en la providencia citada con antelación, la sanción moratoria no se causa por la
cancelación o pago inoportuno de «una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas», la cual, incluso, en el caso concreto, se reconoció en un acto
administrativo autónomo, expedido tiempo después de haber quedado el firme la
resolución de reconocimiento de la prestación.
Las razones anteriores dan lugar a confirmar la sentencia de primera instancia en
cuanto denegó las pretensiones de la demanda frente a la reclamación de la sanción
moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías por reliquidación
de la prestación.
2.5. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,26 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que denegó la pretensión de sanción moratoria producto de la diferencia
surgida por la reliquidación de las cesantías definitivas de la señora Faustina
Martínez Escobar, y que no se debe imponer condena en costas de segunda
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto negó las pretensiones de la demanda
en el proceso promovido por Faustina Martínez Escobar contra la Nación (Ministerio
21
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00195 01 (6398-2019)
Demandante: Faustina Martínez Escobar
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y el
departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones
que anteceden.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte motiva.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
22
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