Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00623-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00623-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00623-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2016 00623 01 (4423-2023)
Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1 y otro2
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
Decisión: Confirma sentencia. Se configuró la prescripción de la sanción
moratoria.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia de primera instancia del 23 de julio de 2020 expedida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. Los señores Julián Eduardo Saavedra Sánchez, Mauricio Fernando Saavedra
Sánchez, María Amparo Sánchez Rendón y Beatriz Helena Osorio Galeano, esta última
en representación de la menor Laura Ximena Saavedra Osorio, instauraron demanda
contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de la referencia con el objeto
de que se declare la nulidad del Oficio SE-FPSM 0302 del 7 de abril de 2016, mediante
el cual se les negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 por la consignación inoportuna de unas cesantías definitivas,
en su condición de beneficiarios de Fernando Saavedra Valbuena.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitaron se ordene a las entidades
demandadas reconocer y pagar los «[i]ntereses [m]oratorios de las [c]esantías
reconocidas mediante Resoluciones 0299 del 12 de diciembre de 2006 y 0465 del 10 de
julio de 2015», así como la indemnización moratoria prevista en las disposiciones citadas,
se disponga el cumplimento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA3 y
se imponga condena en costas a las accionadas.
3. Argumentaron que a través de la Resolución 0299 del 12 de diciembre de 2006,
se reconocieron las cesantías; sin embargo, de «manera errada» solo se liquidó el
1 En adelante, Fomag.
2 Municipio de Manizales.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Radicación: 17001 23 33 000 2016 00623 01 (4423-2023)
Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
periodo laborado por el causante entre el 28 de agosto de 1986 y el 16 de abril de 2006,
pese a que prestó sus servicios de manera continua desde 1974.
4. Agregaron que la entidad ajustó el valor de la prestación mediante la Resolución
0465 del 10 de julio de 2015 y el pago se efectuó «de manera total e integral, solo hasta
el mes de [f]ebrero de 2016», circunstancia que, en su criterio, configura la penalidad
reclamada.
Contestación de la demanda.
5. El municipio de Manizales4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
alegando que la obligación de reconocer y pagar las prestaciones de los docentes y sus
beneficiarios recae de manera exclusiva en el Fomag.
6. Indicó que al haber sido reconocidas las cesantías mediante la Resolución 0299
del 12 de diciembre de 2006, cualquier interés moratorio que eventualmente se pudiere
generar se encuentra afectado por prescripción. Mencionó que el ajuste de la liquidación
de la prestación no habilita la procedencia de la sanción moratoria y propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda,
necesidad de integración del litisconsorcio por pasiva con el departamento de Caldas y
la Fiduprevisora S.A., caducidad y la genérica.
7. El Fomag5 adujo que el responsable del pago de la penalidad discutida es el
ente territorial. Afirmó que, aunque el trámite superó los términos establecidos en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, estas no son aplicables al caso, pues los docentes
nacionales o nacionalizados cuyas prestaciones están a cargo del Fondo cuentan con un
régimen especial regulado por el Decreto 2831 de 2005 y la Ley 91 de 1989. Formuló las
excepciones de falta de integración del contradictorio, ineptitud de la demanda,
«inexistencia del demandado […]», caducidad, prescripción, régimen prestacional
especial e inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 a los docentes, detrimento patrimonial
al Estado, cobro de lo no debido, buena fe y la genérica.
Sentencia apelada.6
8. El Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad parcial del oficio
acusado, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por las demandadas
respecto de la sanción moratoria que se produjo entre el «7 de diciembre de 2006» y el
14 de mayo de 2007, y negó las demás pretensiones.
9. Puntualizó que la parte actora pretende el reconocimiento de dicha
indemnización por todo el tiempo en que habría durado el trámite de reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas, esto es, desde su reclamación el 25 de agosto de 2006
hasta el 16 de febrero de 2016, fecha en que se pagó el reajuste de dicha prestación.
4 Folios 95 a 110 del expediente digital.
5 Folios 116 a 140 ibidem.
6 Folios 241 a 250 ibidem.
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Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
10. En ese orden, dividió el análisis en dos momentos: el primero, derivado de la
petición de cesantías reconocidas mediante la Resolución 0299 del 12 de diciembre de
2006, cuyo pago se efectuó el 15 de mayo de 2007; y el segundo, relativo al reajuste
realizado por medio de Resolución 0465 del 10 de julio 2015, cuyo valor fue consignado
el 16 de febrero de 2016.
11. En ese escenario, negó el restablecimiento del derecho argumentando que la
sanción moratoria derivada de la liquidación inicial de las cesantías prescribió en mayo
de «2010», mientras que la solicitud en sede administrativa fue radicada más de 3 años
después de su exigibilidad el 5 de abril de 2016. En lo que atañe a la reliquidación o ajuste
de cesantías indicó que no genera sanción moratoria, pues al ser una norma
sancionatoria requiere de una disposición expresa que no admite la aplicación por
analogía para esa circunstancia.
12. Advirtió que no procedía computar la mora teniendo en cuenta la fecha de
interposición del recurso contra el acto que reconoció las cesantías, debido a las dudas
existentes sobre su radicación. Agregó que, si bien los accionantes allegaron un
documento que da cuenta de un escrito presentado el 19 de diciembre de 2006, se solicitó
a las entidades que certificaran de quién era la firma allí consignada y estas informaron
que «no correspondía a ningún funcionario de los que representa al Fondo».
Recurso de apelación.7
13. Inconformes con la decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación aduciendo que el Tribunal desestimó la existencia del recurso interpuesto el 19
de diciembre de 2006 contra el acto que reconoció las cesantías definitivas; además,
existe prueba que demuestra que «la rúbrica de recibido del escrito de recurso es la
misma que obra en otros documentos de docentes».
14. Cuestionaron que el a quo dividiera el trámite en dos momentos, es decir, la
solicitud del referido auxilio y su posterior ajuste, pues tal decisión desconoce los efectos
jurídicos de la impugnación y del término «excesivo» que tomó la administración para
resolverlo. A partir de lo anterior, señalaron que el Tribunal aplicó la prescripción de la
penalidad pretendida respecto del primer reconocimiento y consideró que tal penalidad
era improcedente respecto del reajuste, «exonerando injustificadamente a la entidad
frente a su […] infracción».
15. Plantearon que la mora debe contabilizarse teniendo en cuenta la fecha de
radicación del mencionado recurso conforme lo indica la jurisprudencia 8, así:
De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el
recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el
recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días
de interpuesto.
7 Folios 254 a 255 ibidem.
8 Para tal efecto se cita un aparte de la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de junio de 2018.
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Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
16. Destacaron que se les impuso una carga probatoria adicional al exigirles
demostrar la veracidad de un documento aportado en debida forma al proceso y frente al
cual, «en ninguna de las etapas procesales, los demandados alegaron tacha de
falsedad».
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
17. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación9
y el 27 de junio de 202410 se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos
de conclusión, término durante el cual los demandantes11 reiteraron los argumentos de
la demanda; por su parte, el municipio de Manizales12 y el Fomag13 insistieron en lo
expuesto en las contestaciones de la demanda.
18. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto14
en el que pidió confirmar la sentencia apelada. Refirió que en el presente asunto operó
la prescripción y frente a la controversia relacionada con el recurso de reposición del 19
de diciembre de 2006, puso de presente que la determinación de la validez o legalidad
de un documento es una cuestión que desborda la competencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y del Ministerio Público.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP),15 el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
20. Según los reparos concretos planteados procederá la Sala a estudiar si el
Tribunal debió considerar la interposición del recurso de reposición contra el acto que
reconoció las cesantías definitivas, a efectos de determinar el cómputo de la sanción
moratoria reclamada.
Análisis del problema jurídico.
9 Índice 6 de Samai.
10 Índice 11 ibidem.
11 Índice 17 ibidem.
12 Índice 18 ibidem.
13 Índice 19 ibidem.
14 Índice 20 ibidem.
15 Aunque también se produjo una modificación en el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, esta no estaba
vigente para el momento en que se interpuso la apelación.
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Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró probada la
excepción de prescripción de la penalidad pretendida y negó las demás pretensiones de
la demanda.
22. En el sub lite está probado que la señora María Amparo Sánchez Rendón, en
calidad de cónyuge supérstite del señor Fernando Saavedra Valbuena, el 25 de agosto
de 200616 radicó solicitud dirigida al reconocimiento y pago de unas cesantías definitivas.
23. El Fomag reconoció y ordenó dicha prestación a favor de los beneficiarios del
causante a través de la Resolución 0299 del 12 de diciembre de 2006,17 la cual fue
notificada personalmente en la misma fecha.18 El pago de la acreencia se realizó el 15
de mayo de 2007.19
24. Obra en el expediente un escrito de fecha 19 de diciembre de 200620, en cuya
referencia se indica «recurso de reposición» contra la decisión administrativa atrás
mencionada, con el que se busca la inclusión de la totalidad del tiempo de servicio
laborado por el señor Fernando Saavedra Valbuena en la liquidación de sus cesantías
definitivas. En el aludido documento se observa el siguiente recibido:
16 Información tomada de la resolución 0299 del 12 de diciembre de 2006 visible en los folios 48 a 50 del
expediente digital.
17 Visible en los folios 48 a 50 ibidem.
18 Folios 51 a 52 ibidem.
19 Se precisa que, aunque el Tribunal señaló en la sentencia que «[a] través de documento que data del 10
de abril de 2019, el gerente de la sucursal centro del banco BBVA informó que los pagos autorizados
mediante la Resolución 0299 del 12 de diciembre de 2006 fueron puestos a disposición de los beneficiarios
el día 15 de mayo de 2007, y no presentaron reprogramaciones. Y que los pagos autorizados mediante
Resolución 465 del 10 de julio de 2015 fueron puestos a disposición de los beneficiarios el día 24 de
septiembre de 2015, pero que por no cobro fueron reintegrados el día 26 de octubre de 2015 con
reprogramación realizada el día 12 de febrero de 2016», no se encontró dicho documento en el expediente.
No obstante, la fecha de pago se constata a través de los certificados emitidos por la misma entidad
bancaria a nombre de Julián Eduardo Saavedra Sánchez y María Amparo Sánchez Rendón (folio 55 del
expediente digital). Además, este hecho no fue objeto de controversia durante el proceso.
20 Folios 5 y 58 del expediente digitalizado.
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Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
25. El 16 de diciembre de 2014,21 los accionantes pidieron a la entidad que emitiera
respuesta de fondo respecto del recurso interpuesto, solicitud que registra el siguiente
sello de radicado:
26. Por medio de la Resolución 0465 del 10 de julio de 201522 se reajustó la
liquidación del auxilio de cesantías. Debido a la tardanza en obtener el pago de la
prestación, los actores formularon petición el 5 de abril de 201623 dirigida a lograr el
reconocimiento de la sanción moratoria hasta la fecha en que se consignó el valor «total
de la deuda» producto de la modificación realizada. No obstante, la demandada negó la
reclamación a través del Oficio SE-FPSM 0302 del 7 de abril de 2016.24
27. Ahora bien, la parte recurrente sostiene que el Tribunal erró al no haber
valorado el recurso de reposición del 19 de diciembre de 2006 dirigido contra el acto que
reconoció las cesantías y como consecuencia pretende que para el cómputo de la
indemnización objeto de debate se considere dicho escrito, pues no se puede desconocer
la veracidad de su presentación ni contenido ya que no fue cuestionado mediante tacha
de falsedad por las demandadas.
28. El Tribunal manifestó que con el objeto de dar claridad a la aludida
circunstancia, ofició a las Secretarías de Educación de Manizales y Caldas y a partir de
las respuestas obtenidas se estableció que la firma del documento no corresponde a
ningún funcionario autorizado, carece del sello oficial de radicación y no figura registro
alguno en el sistema de atención al ciudadano.25
29. De lo anterior se desprende que no existe certeza sobre la presentación de
ese recurso, pues si bien el oficio al que se refirió en el párrafo 24 que antecede exhibe
una firma manuscrita, no cuenta con el sello de recibido por parte de la entidad
21 Folios 68 a 70 del expediente digital.
22 Folios 27 a 28 ibidem.
23 Folios 29 a 30 ibidem.
24 Folio 39 ibidem.
25 Concretamente en la página 9 de la sentencia. Asimismo, consta en los folios 151 a 162 del expediente
digital los requerimientos realizados por el tribunal y las respuestas allegadas.
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Radicación: 17001 23 33 000 2016 00623 01 (4423-2023)
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demandada, requisito que sí contiene, por ejemplo, el requerimiento citado en el párrafo
25. Por consiguiente, no se puede constatar su recepción en la entidad demandada.
30. Con todo, incluso de haber estado probada tal circunstancia, ello no cambiaría
la fecha a partir de la cual empezó a correr la sanción moratoria, teniendo en cuenta que
las cesantías fueron reclamadas el 25 de agosto de 2006, de modo que los 15 días para
responder la petición vencieron el 15 de septiembre de 2006, es decir que el acto
administrativo se expidió extemporáneamente el 12 de diciembre de 2006. De haber sido
oportuna su expedición, era necesario que transcurrieran 5 días más para lograr la
ejecutoria del acto,26 esto es, hasta el 22 de septiembre de 2006, y a partir del día
siguiente se debían contabilizar los 45 días para que el pago hubiera sido oportuno, lo
que daba hasta el 29 de noviembre de 2006, pero este solo se materializó el 15 de mayo
de 2007.
31. Lo anterior quiere decir que, a partir del 30 de noviembre de 2006, día
siguiente al vencimiento del término con que contaba la entidad para realizar el pago de
la prestación, se empezó a causar la mora y se mantuvo hasta el 14 de mayo de 2007,
día anterior al pago.
32. La sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 fijó las reglas
jurisprudenciales en torno a la prescripción extintiva de la sanción moratoria por el no
pago o pago tardío de las cesantías definitivas, y señaló que el término para su
configuración «se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto
es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo
de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad,
se configura la prescripción total». También se precisó que dicho término se
interrumpe por una sola vez con la reclamación oportuna por parte del beneficiario, sin
que este pueda formular peticiones sucesivas y, en todo caso, que «[s]i la administración
reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho por prescripción, esa
circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción moratoria».
33. Adicionalmente, en esta última providencia se determinó que las reglas de
unificación que allí se definieron «son aplicables retrospectivamente a todos los asuntos
que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas
retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada», de
manera que ese es el criterio interpretativo que se debe aplicar en este proceso27 a fin de
identificar la fecha a partir de la cual se hacía exigible la sanción moratoria con miras a
establecer si se configuró la prescripción extintiva.
34. En ese contexto, aunque el Tribunal indicó que la sanción moratoria se hizo
exigible el 16 de mayo de 2007,28 del conteo previamente realizado se evidencia que, en
realidad, su exigibilidad inició el 30 de noviembre de 2006; por lo tanto, la petición
dirigida a obtener su reconocimiento radicada el 5 de abril de 2016 fue extemporánea,
26 Para este caso, aplica el término de 5 días pues para la época en que debió expedirse el acto, la
ejecutoria seguía las reglas del Decreto 01 de 1984.
27 Lo anterior porque estaba pendiente de definición en sede judicial.
28 Página 17 de la sentencia apelada.
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Radicación: 17001 23 33 000 2016 00623 01 (4423-2023)
Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
pues se formuló cuando habían transcurrido más de tres años, lo que lleva a concluir que,
en todo caso, se configuró la prescripción extintiva de la penalidad. Sin embargo, se
modificará el numeral tercero para precisar que la prescripción se predica respecto de la
sanción causada entre el 30 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2007.
35. Finalmente, se reitera que la indemnización moratoria no está prevista para el
evento de un pago tardío de una diferencia de la prestación, surgida como consecuencia
de una reclamación formulada en forma posterior a la firmeza del acto administrativo que
reconoce las cesantías definitivas. La jurisprudencia de la Sección Segunda ha sido
pacífica en considerar que en esos casos no es viable acceder a la penalidad. Así se ha
considerado: 29
El apoderado de la demandante considera que tal circunstancia sí constituye un elemento
causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de un pago incompleto, toda vez que
desde que se efectuó la liquidación de la prestación, se debió realizar en legal forma, esto
es, con todos los factores que debieron integrarla, pues el pago fragmentado debe generar
igual sanción que la cancelación tardía de la totalidad de su monto.
Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, como quiera que, tal como se indicó en la
providencia citada con antelación, la sanción moratoria no se causa por la cancelación o pago
inoportuno de «una diferencia en la liquidación de las cesantías definitivas», la cual, incluso,
en el caso concreto, se reconoció en un acto administrativo autónomo, expedido tiempo
después de haber quedado el firme la resolución de reconocimiento de la prestación.
36. En consecuencia, le asistió razón al a quo al negar las pretensiones, en la
medida en que la sanción consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 es
aplicable cuando el empleador incumple con el pago de las cesantías o lo hace de manera
tardía, por lo que no es pertinente aplicarla por analogía ni por vía de interpretación a
situaciones no establecidas en la norma.
Condena en costas.
37. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
38. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2024, radicación
17001 23 33 000 2018 00195 01, número interno 6398-2019.
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Radicación: 17001 23 33 000 2016 00623 01 (4423-2023)
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39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
40. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto no
le prosperaron los argumentos de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
expedida el 23 de julio de 2020, por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido
de que la prescripción allí declarada abarca la sanción moratoria que se produjo entre el
30 de noviembre de 2006 al 14 de mayo de 2007.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Se condena en costas a la parte demandante en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
9
Radicación: 17001 23 33 000 2016 00623 01 (4423-2023)
Demandante: Julián Eduardo Saavedra Sánchez y otros
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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