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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01327-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01327-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR por las razones expuestas en esta instancia, la sentencia del 30 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. Tercero. Se reconoce personería jurídica a la abogada Yadira Enelia Usuriaga, con cédula de ciudadanía 53.068.902 y tarjeta profesional 193.772 del CS de la J para que represente los intereses del departamento del Valle del Cauca en atención al poder conferido visible en el índice 36 de SAMAI de las actuaciones del Tribunal. 9 Radicación: 76001-23-33-000-2016-01327-01 (6245-2022) Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-01327-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01327-01 (6245-2022)
Demandante: Martha Lucía Córdoba Lozada
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Tema: Reliquidación de sanción moratoria reconocida en el marco del
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. Pago tardío de
diferencias de cesantías reconocidas en proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 30 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La señora Martha Lucía Córdoba Lozada instauró demanda en contra del
departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 8705 del 28 de octubre
de 2015, por medio de la cual se reconoce la sanción moratoria del personal
administrativo de régimen anualizado, en virtud del Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos Ley 550/90, entre otros al señor (a) MARTHA LUCÍA CÓRDOBA LOZADA,
por la mora en la consignación de los excedentes de las cesantías anualizadas al
fondo de cesantías al cual pertenece o perteneció el actor, y que le fueran
consignadas, en el año 2010, conforme lo manifiesta el ente territorial en el propio
acto demandado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2016-01327-01 (6245-2022)

SEGUNDO: DECLARAR que la entidad demandada debe liquidar nuevamente a mi
patrocinado (a) la SANCIÓN MORATORIA de que trata la Ley 50/90, en su artículo
99 numeral 3 sobre el 100% del valor adeudado, y no como lo pretende pagar en un
porcentaje del 70%, para lo cual deberá tener sumo cuidado e incluir las horas extras,
dominicales, festivos y los recargos nocturnos correspondientes al año 2000 que no
fueron liquidados, así como la sanción correspondiente al año 2007, equivalente a
365 días de mora, y la del año 2008, equivalente para los afiliados a fondos privados
de cesantías, a 90 días de mora, y para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, a
645 días de mora, ya que tampoco fueron liquidadas.

TERCERO: DECLARAR que se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONAL el contenido
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en que se ampara la Resolución 8705
del 28 de octubre de 2015, respecto a reconocer solamente el 70% de la deuda, pues
se evidencia que con los mismos se evade total o parcialmente la sanción moratoria
por la consignación tardía de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías en que
se encontraba afiliado a la época en que la entidad territorial estaba en la obligación
de hacerlo […]

CUARTO: CONDENAR a la entidad demandada, a que pague en favor del actor(a)
la SANCIÓN MORATORIA que trata la Ley 50/90 en su artículo 99 numeral 3,
debidamente liquidada, por la mora en la consignación de los excedentes de las
cesantías anualizadas al fondo de cesantías al cual pertenece o perteneció el actor,
y que le fueron consignadas en el año 2010 (Fondos Privados) y 2011 (Fondo
Nacional del Ahorro), conforme lo manifiesta en ente territorial en el propio acto
demandado […]

QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada, a que pague en favor del actor el
100% de la SANCIÓN MORATORIA, habida cuenta que el funcionario público nunca
fue citado dentro del proceso de reestructuración de pasivos para la aprobación del
acuerdo ni para que hiciera parte del mismo y se manifestara respecto del
reconocimiento y liquidación de su sanción moratoria, como consecuencia de la
inaplicación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. […]» (sic)

HECHOS

2. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de los excedentes de sus cesantías generadas por el
incremento salarial reconocido por el Valle del Cauca y la entidad mediante
Resolución 8705 del 28 de octubre de 2015 reconoció el pago de la sanción
moratoria dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a 754 funcionaros
administrativos del sector educativo, acto notificado el 5 de noviembre de 2015.

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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01327-01 (6245-2022)

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

4. Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53 y 209 de la
Constitución, artículo 44 del CPACA, artículo 99 y siguientes de la Ley 50 de 1990.
5. Manifestó que el acto administrativo vulnera derechos laborales al «recortar» la
autonomía individual de los funcionarios sin su consentimiento, bajo un manto legal
y en aras de reestructurar sus deudas.

6. Que la acreencia no fue tenida en cuenta dentro del acuerdo y este no reconoció
todas las sanciones moratorias.

7. Que el pago del 70% del valor de la sanción moratoria vulnera la Constitución
porque dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos no se hizo un llamado
individual de los acreedores, realizándose una liquidación de manera unilateral de
una acreencia laboral que no fue notificada.

8. Que procede la pretensión de inaplicar el acuerdo porque el llamado a los
acreedores nunca se hizo de manera individual respecto de la deuda por concepto
de sanción moratoria y tampoco se había efectuado una liquidación de esta, solo de
manera unilateral determinó la forma en que pagaría.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

9. La demanda fue admitida el 9 de septiembre de 2016, la entidad no contestó la
demanda.

10. La audiencia inicial se llevó a cabo el 20 de marzo de 2018, la de pruebas el 28
de mayo de 2019 y en ella se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2019 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, negó las pretensiones. Argumentó que la entidad no desconoció la forma
de dar publicidad general al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos porque brindó
las garantías a la demandante para la inclusión de la acreencia, sin que se hiciera
presente en esa oportunidad. Que tampoco resulta procedente la reliquidación de
la sanción moratoria, porque para liquidarla solo se debe tener en cuenta el salario
devengado al momento en que surgió la mora y sin lugar a indexación.

12. Que el ente territorial suscribió el 20 de mayo de 2013 con sus acreedores el
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, el cual, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 550 de 1999, es de obligatorio cumplimiento, incluyendo a quienes no

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hayan participado en la negociación o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido
en él.

13. Que no era requisito convocar a los acreedores de manera particular y personal
como lo pretende la demandante, porque tanto la promoción del acuerdo como la
convocatoria a la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto, se
dan a conocer por medio de un aviso en un diario de amplia circulación en el
domicilio del empresario, lo cual se verificó en el presente asunto, y no se
desconoció la forma de dar publicidad además se dieron las garantías para la
inclusión de la acreencia.

14. Que si bien en las cláusulas 15 y 18 del acuerdo no había sido incluida la sanción
moratoria reconocida por vía administrativa, solo la de procesos ordinarios, dicha
interpretación fue avalada en el acta del 31 de agosto de 2015 por el Comité de
Vigilancia, donde se encuentran representados los acreedores con derecho de voz
y voto.

15. Que la sanción moratoria reconocida no constituía una obligación laboral cierta
e indiscutible, preexistente a la celebración del acuerdo, por el contrario, fue
otorgada unilateralmente y por vía administrativa como consecuencia de una mora
en la consignación de unos excedentes de cesantías surgidos de una nivelación
salarial, la cual podía estar sujeta a rebajas o disminuciones e incluso ser
desconocida, teniendo en cuenta que la consignación tardía del retroactivo de las
cesantías derivadas de un reajuste salarial no daba lugar a la sanción, tal como lo
ha considerado el Consejo de Estado.

16. Que tampoco procede la reliquidación con la inclusión de todos los factores
salariales porque solo se debe tener en cuenta el salario para el momento en que
se causó la mora sin indexación porque implicaría una doble penalidad de carácter
económico.

17. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante como parte vencida, en
atención a los dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 366 del CGP fijando las
agencias en derecho en la suma del 0.1% del valor de las pretensiones.

RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que
el departamento los días 11 y 12 de septiembre de 2012 con el fin de dar
cumplimiento al artículo 23 de la Ley 550 de 1999 convocó a los acreedores para
establecer quiénes eran y determinar los derechos de voto, citación a la que acudió
el apoderado para reclamar, entre otros derechos, la sanción moratoria.

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19. Que en el acta de determinación de acreencias y derechos de voto se estipuló
que los saldos por depurar no se les reconocerían a título de acreencia y no se le
otorgaría el derecho al voto. Además, que no se aceptaban las observaciones
presentadas para el reconocimiento de la sanción moratoria, en unos casos por
inexistencia de la decisión judicial que reconociera el derecho y, en los que se
reconoció no se tenía certeza si el pago de la obligación fue intentada a través de
proceso ejecutivo.

20. Que a pesar de lo anterior, en el parágrafo de la cláusula 15 del acuerdo
relacionado con procesos judiciales ordinarios, se mencionó la sanción moratoria
de los regímenes retroactivos y anualizados, sin que ninguna sanción moratoria
fuera reconocida como acreencia, situación que requería la modificación del
acuerdo, trámite que no se efectuó, entonces al expedirse la Resolución 8705 de
2015 y reconocer vía administrativa la sanción moratoria, se ajustó el derecho a un
acuerdo en el que no fue admitida como acreedora.

21. Que debe inaplicarse por inconstitucional el acuerdo porque evade parcialmente
el pago de la sanción moratoria.

22. Que el Comité de Vigilancia en el acta del 9 de diciembre de 2013 determinó
que las sanciones se debían pagar y recomendó conciliar y reconocerlas vía
administrativa, sin que quiera decir que se debía tomar una decisión unilateral,
además, si la recomendación fue conciliar, en ningún momento el departamento
llamó a los acreedores para ello.

23. Que no existe temeridad o mala fe y tampoco prueba de gastos dentro de la
actuación procesal por lo que debe denegarse la condena en costas ordenada en
la sentencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 365 del CGP.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

24. Se admitió el recurso el 5 de diciembre de 2022. La parte demandante y el
Ministerio Público guardaron silencio.

25. La entidad precisó que la acreencia de la demandante hace parte del proceso
de Reestructuración de Pasivos del departamento y por lo tanto no hay lugar a
acceder a las pretensiones de la demanda.

Se resolverá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Improcedencia de la sanción moratoria por la tardía consignación de
diferencias de las cesantías

26. La Ley 50 de 1990, consagró en el artículo 99, el régimen especial
de cesantías y de manera específica estableció una sanción en caso de mora en la
consignación del valor de las cesantías en la cuenta individual:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo. […]»

27. En diferentes oportunidades esta Corporación ha sostenido que la sanción
moratoria no está prevista para aquellos eventos en los que se produzca una
consignación o pago tardío de una diferencia o reajuste de las cesantías.1

«[…] El apoderado de la demandante considera que tal circunstancia sí constituye un
elemento causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de un pago incompleto,
toda vez que desde que se efectuó la liquidación de la prestación, se debió realizar
en legal forma, esto es, con todos los factores que debieron integrarla, pues el pago
fragmentado debe generar igual sanción que la cancelación tardía de la totalidad de
su monto.

Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, como quiera que, tal como se indicó
en la providencia citada con antelación, la sanción moratoria no se causa por la
cancelación o pago inoportuno de «una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas», la cual, incluso, en el caso concreto, se reconoció en un acto
administrativo autónomo, expedido tiempo después de haber quedado el firme la
resolución de reconocimiento de la prestación […]»2

1 Ver decisión Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 13 de

noviembre de 2025, radicado 08001-23-33-000-2015-00154-02 (3627-2023).
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de julio de 2024, radicado

17001-23-33-000-2018-00195-01 (6398-2019).

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28. Si bien el asunto citado se refiere a una diferencia por la reliquidación de
las cesantías ante la inclusión de un factor salarial, el razonamiento allí consignado
aplica, por cuanto se trata acá de un excedente, pero con ocasión del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial.

29. También se ha dicho por parte de esta Corporación:3

«En ese contexto, la Sala considera que no le asiste derecho al actor al
reconocimiento y pago de sanción moratoria por la diferencia reclamada, pues, con
independencia del reconocimiento efectuado por la administración en el mencionado
acto, la sanción moratoria no está prevista para el evento en que se produzca un
pago tardío de una diferencia o reajuste de las cesantías, en este caso, surgida
como consecuencia de la homologación y nivelación salarial.»

30. En efecto, esta Subsección ha considerado que, ante una diferencia en la
liquidación de las cesantías, el pago inoportuno no puede constituir mora en la
consignación de tal prestación, que tenga el efecto de generar la
sanción moratoria.4

31. En consecuencia, la inoportuna cancelación de una diferencia, excedente o
reajuste en la liquidación de la prestación social no conlleva la imposición de la
sanción porque se trata de una circunstancia fáctica que no se encuentra prevista
en la ley.5

Resolución del caso concreto

32. La parte demandante solicita la reliquidación de la sanción moratoria por la
cancelación tardía de los excedentes de las cesantías generadas dentro del proceso
de homologación y nivelación salarial, en el marco del Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos, penalidad reconocida por el departamento a través de la Resolución
8705 del 28 de octubre de 2025.

33. El Tribunal negó las pretensiones, razón por la cual la recurrente insiste en que
como la sanción moratoria por los excedentes de cesantías no fue una acreencia
reconocida dentro del marco de la Reestructuración de Pasivos, debe ser
reliquidada en un 100% con la inclusión de todos los factores salariales y no en un
70% como se hizo en vía administrativa.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2025

radicado 76001 23 33 000 2016 00947 01 (5332-2022)
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicado

13001-23-31-000-2007-00225-01 (1483-2013).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de febrero de 2022, radicado

25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019) y Sentencia del 15 de julio de 2021, radicado 68001-
23-33-000- 2015-01238-01 (5257-2021).

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34. Los presupuestos fácticos del presente asunto están relacionados con la
reliquidación de la sanción moratoria por el pago tardío de excedentes de las
cesantías, pretensión que resulta improcedente, bajo el entendido de que esta
Corporación ha determinado que frente a reajustes o diferencias de las cesantías la
sanción no procede, precisamente por no enmarcarse en lo regulado en la norma.
35. Lo anterior conlleva a que sea innecesario en esta instancia el análisis sobre las
cláusulas pactadas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos o las actas
suscritas por el Comité de Vigilancia, por cuanto la premisa principal del caso
concreto está relacionada con unos excedentes de las cesantías producto del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial del departamento del Valle
del Cauca, razón por la cual, no puede accederse a la reliquidación de la sanción
moratoria pretendida y, en consecuencia, en este aspecto se confirmará la
sentencia, pero por las consideraciones expuestas en esta instancia.

De la condena en costas en ambas instancias

36. La demandante solicitó que se revoque la condena en costas impuesta. En lo
que respecta a este punto de apelación, la Subsección acudirá a la tesis que se
había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021
(25 de enero de 2021), pues se entiende que la decisión de primera instancia fue
proferida previamente a la referida circunstancia (30 de agosto de 2019).

37. Es decir, lo que resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia
apelada, era asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la imposición
de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la temeridad de
las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra la parte
demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado su
causación.

38. En ese orden, al examinar la condena que por concepto de agencias en derecho
impuso el Tribunal, la Subsección advierte que si bien partió del solo presupuesto
objetivo del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 original, en concordancia con el
artículo 365 del Código General del Proceso, lo cierto es que analizada la actuación
procesal, existió causación de las mismas en la medida en que la parte vencedora
presentó alegatos de conclusión en defensa de sus intereses.

39. Por lo dicho, se confirmará el fallo apelado en este punto.

40. Ahora, en relación con la condena en costas en segunda instancia, La
modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura

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armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

42. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron
negadas totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR por las razones expuestas en esta instancia, la sentencia
del 30 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con lo considerado en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas
en la presente providencia.

Tercero. Se reconoce personería jurídica a la abogada Yadira Enelia Usuriaga, con
cédula de ciudadanía 53.068.902 y tarjeta profesional 193.772 del CS de la J para
que represente los intereses del departamento del Valle del Cauca en atención al
poder conferido visible en el índice 36 de SAMAI de las actuaciones del Tribunal.

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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01327-01 (6245-2022)

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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