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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00947-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00947-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. Se condena en costas de segunda instancia al señor Rosendo Penagos Losada. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00947-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2016 00947 01 (5332-2022)
Demandante: Rosendo Penagos Losada
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Tema: Sanción moratoria por pago de un excedente del auxilio de cesantías
en virtud de una homologación y nivelación salarial
Decisión: Confirma la que niega pues no procede la reliquidación de la sanción
moratoria, reconocida en sede administrativa, respecto de las
diferencias de cesantías que se produjeron como consecuencia de la
homologación y nivelación salarial; además era viable imponer
condena en costas en primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
de primera instancia del 29 de noviembre de 2019 expedida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad parcial de la
Resolución 8705 del 28 de octubre de 2015 mediante la cual se reconoció la sanción
moratoria en el 70%, por el pago extemporáneo del excedente del auxilio de cesantías
producto de la homologación y nivelación salarial ordenada en el marco del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos de la Ley 550 de 1999.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene al departamento del
Valle del Cauca pagar la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 en cuantía del 100% y no del 70%, por la mora en la consignación de los excedentes
de las cesantías anualizadas (de los años 1997 a 2008)1. Adicionalmente, pidió que se
ajuste la condena, se ordene la indexación de los valores reconocidos, se dé
cumplimiento de la sentencia y se condene en costas a la parte demandada, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 188 y 192 del CPACA. Por último, que se inaplique por

1 Se añade para mayor claridad, años extraídos de la petición – folio 4.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001 23 33 000 2016 00947 01 (5332-2022)
Demandante: Rosendo Penagos Losada

inconstitucional el aparte del Acuerdo de Reestructuración de pasivos de la Ley 550 de
1999 en el cual se pactó pagar las sanciones por mora en el 70%.

3. Argumentó que el 22 de agosto de 2012 le solicitó a la entidad el reconocimiento
de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de los excedentes de las
cesantías generadas por el incremento salarial reconocido por el departamento del Valle
del Cauca.

4. Afirmó que el departamento del Valle del Cauca, mediante Resolución 8705 de
2015 ordenó el pago de la sanción moratoria por vía administrativa a 754 funcionarios
administrativos, producto de la mora en la consignación de los excedentes de cesantías
generados como consecuencia de la homologación y nivelación salarial. El mencionado
acto fue notificado al demandante; sin embargo, renunció a los términos de la ejecutoria
«quedando agotada la vía gubernativa, al no ser objeto de recurso de APELACIÓN»2.

Contestación de la demanda

5. El departamento del Valle del Cauca3 guardó silencio en esta etapa procesal.

Sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al demandante.

7. Para el efecto, tuvo en cuenta por un lado, que el Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos – Ley 550 de 1999 estableció en el parágrafo de la cláusula 15 que solo se
pagaría el 70% de la sanción moratoria causada a los titulares de las acreencias cuya
exigibilidad tuviera fecha anterior a la promoción del acuerdo de reestructuración (15 de
mayo de 2012), y por otro, que «conforme al Acta de fecha 31 de Agosto de 20155, el
Comité de vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, determinó que lo
estipulado en la cláusula anteriormente mencionada6, de igual manera aplica para los

2 Así se afirmó en el hecho tercero de la demanda (folio 22 del expediente físico).
3 Tal como se observa en el informe secretarial visible en folio 55.
4 Folios 139 a 143.
5 Hace referencia al acta suscrita por el comité de vigilancia del acuerdo, información extraída de la
Resolución demandada – folio 9.
6 Hace referencia a las cláusulas 15. PROCESOS JUDICIALES ORDINARIOS. Las sentencias judiciales,

respecto a hechos u omisiones sucedidos antes del inicio de la promoción del presente ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS y proferidas antes o después de tal iniciación se pagarán conforme
a la siguiente regla: Solo se pagará el capital ordenado en la sentencia debidamente ejecutoriada indexado
con el IPC certificado por el DANE y no se reconocerán intereses, costas y agencias en derechos liquidados
en la sentencia. PARAGRAFO. Cuando la principal pretensión haya sido el pago de una sanción por mora
en el cumplimiento del deber de consignación de las cesantías (artículo 99 de la Ley 50 de 1990) o del
deber de pago total o parcial de las cesantías (Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006), sólo
se pagará el 70% del monto de la sanción así reconocida, suma que para su pago sólo será indexada hasta
el día 15 de mayo de 2012, fecha de iniciación de la promoción del acuerdo. Lo anterior sin perjuicio del
reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías correspondiente fallo judicial, evento en el cual sólo
se pagará el 70% de las sumas así reconocidas.
Cláusula 18. «Procesos ejecutivos sanciones por no consignación y por no pago de cesantías. A los
ACREEDORES que iniciaron procesos ejecutivos para obtener el pago de sus acreencias derivadas de
sanciones por no consignación o no pago de las cesantías sólo se pagará el 70% del valor reconocido en

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Demandante: Rosendo Penagos Losada

reconocimientos de Sanción Moratoria por vía Administrativa», lo cual tiene relevancia
pues es mediante dicho comité que se encuentran representados los acreedores.

8. En ese sentido, consideró que en virtud de lo previsto en los artículos 117, 238 y
349 de la Ley 550 de 1999, no es necesario convocar a todos los acreedores de manera
individual, ya que tanto la promoción del acuerdo como la convocatoria de la reunión de
determinación de acreencias y derechos de voto se realizó mediante avisos en los diarios
del país como se pudo constatar en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de allí que la acreencia del demandante sí hace parte del acuerdo de
reestructuración del departamento del Valle del Cauca, así este no haya participado en
la negociación del mismo.

9. Además, señaló que el demandante renunció a los términos de la ejecutoria del
acto acusado sin presentar ningún reparo sobre lo allí determinado, por lo que no es de
recibo «que en sede judicial esgrima que no se le dio la oportunidad de aceptar o rechazar
el 70% de la sanción moratoria y su liquidación, cuando en sede administrativa guardó
silencio»10.

10. Por último, precisó que no es posible acceder al reconocimiento de la sanción
moratoria reclamada por lo siguiente11:

[…] no se trataba de una obligación laboral cierta e indiscutible, preexistente a la
celebración del acuerdo; por el contrario, la misma fue reconocida unilateralmente por vía
administrativa y como consecuencia de la mora en el pago de unos excedentes de
cesantías surgidos de una nivelación salarial reconocida años atrás, por lo cual, podía
estar sujeta a rebajas o disminuciones, e incluso para el caso ser desconocida, teniendo
en cuenta que la consignación tardía del retroactivo de cesantías derivadas de un
reajuste salarial no da lugar a la sanción prevista en el numeral 3° del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado12 [negrillas
propias de la Sala]

11. Con base en lo anterior, concluyó que no era procedente la reliquidación de la
sanción moratoria ordenada mediante Resolución 8705 de 2015, debido a que «para
liquidarla sólo se debe tener en cuenta el salario devengado al momento en que surgió
la mora y sin lugar a indexación»13.

Recurso de apelación

la sentencia que dio origen al proceso ejecutivos, sin incluir costas, agencias en derecho, indexaciones o
intereses de mora».
7 Artículo 11. Publicidad de la promoción del acuerdo de reestructuración.
8 Artículo 34. Reunión de determinación de votos y acreencias.
9 «Artículo 34. Reglamentado por el Decreto 419 de 2000. Efectos del acuerdo de reestructuración. Como

consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los
términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios
respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan
participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él […]».
10 Folio 142 vuelto.
11 Ibidem.
12 Cita propia del texto transcrito «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10

de octubre de 2018, expediente 08001 23 33 000 2014 00387 01 (0279-2016)».
13 Folio 143.

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Demandante: Rosendo Penagos Losada

12. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación14
en el que manifestó su inconformidad con la decisión del a quo de negar la reliquidación
de la sanción moratoria solicitada al considerar que «no se probó la existencia de todos
los factores salariales y que faltaron elementos de juicio que le permitieran enlazar las
pretensiones con los hechos probados»15 pues sí se solicitaron pruebas tendientes a
obtener la liquidación individual realizada a favor del demandante. Sobre la negativa a la
indexación manifestó que esta sí procede a quienes tienen régimen de cesantías
anualizado.

13. Por otro lado, sostuvo que el Tribunal erró al negar las pretensiones basándose
en la sentencia emitida el 10 de octubre de 201816 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, ya que en su sentir la reliquidación de la sanción por
mora solicitada constituye un derecho adquirido y en todo caso, la sentencia aplicada es
posterior a la expedición del acto enjuiciado.

14. Por último, consideró que en la sentencia se erró al declarar prescrito el
derecho solicitado, así como al condenar en costas al demandante, pues no hubo mala
fe, ni temeridad.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto emitido el 16 de febrero de 202317 se admitió el recurso de
apelación y en auto del 6 de julio de 202318 se corrió traslado para alegar de conclusión.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa19.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

17. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si procede el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en el

14 Folios 152 a 155.
15 Folio 154.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2018, expediente

08001 23 33 000 2014 00387 01 (0279-2016).
17 Folio 161.
18 Folio 163.
19 No se observa manifestación al respecto en el informe secretarial visible en el folio 164.

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Demandante: Rosendo Penagos Losada

numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el pago extemporáneo del excedente
de las cesantías producto de un reajuste remuneratorio que surgió como consecuencia
del proceso de homologación y nivelación salarial. Finalmente, se definirá si era
procedente la imposición de la condena en costas a cargo de la parte demandante.

Análisis del problema jurídico

18. En el presente caso, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda pues no hay lugar a la reliquidación de la sanción
moratoria, reconocida en sede administrativa, respecto de las diferencias de cesantías
que se produjeron como consecuencia de la homologación y nivelación salarial, y sí
procede la condena en costas a la parte demandante al resultar vencida en el juicio.

19. En el sub lite, está probado que el departamento del Valle del Cauca homologó
y niveló salarialmente al personal administrativo financiado con recursos del Sistema
General de Participaciones, en virtud de lo cual liquidó de forma retroactiva las diferencias
salariales que surgieron entre el cargo sin homologar y el homologado y nivelado20.
Producto de lo anterior, «el Ministerio de Educación Nacional giró inicialmente en el mes
de marzo del año 2007, los recursos para financiar las obligaciones generadas dentro del
proceso de homologación, incluyendo el pago de los excedentes de las cesantías de los
períodos 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y posteriormente giró en el año 2009, el resto
de los recursos para el pago de los períodos 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2007 y
2008»21, los cuales, según lo reconoce la entidad, fueron pagados de forma
extemporánea22 pues no se atendieron los términos del artículo 99, numeral 3° de la Ley
50 de 199023.

20. Por lo mencionado, el demandante formuló petición24 dirigida a obtener la
sanción por mora en el pago del excedente de las cesantías causada en los años 1997 a
2008, como consecuencia del mencionado proceso de homologación y nivelación
salarial. Dicha solicitud se resolvió a través de la Resolución 8705 del 28 de octubre de
201525, expedida por el departamento del Valle del Cauca en el marco del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos – Ley 550 de 1999, mediante la cual reconoció en sede

20 Información extraída de la resolución demandada (folios 7 a 16).
21 Ibidem.
22 Ibidem, «que el departamento del Valle del Cauca de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, tenía como obligación cancelar, a más tardar el 15 de febrero del 2008,
los períodos correspondientes del 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Y al 15 de febrero de 2010, los períodos
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2007 y 2008 del personal administrativo de régimen anualizado.
[…]
Que como no se cancelaron los excedentes de las cesantías, en los tiempos señalados en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 se generó la mora y por tal razón se hace necesario reconocer y ordenar el pago de
la sanción moratoria».
23 Artículo 99. EL nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes características: […]

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en
cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
24 Folio 2 a 6.
25 Folios 7 a 16.

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Radicación: 76001 23 33 000 2016 00947 01 (5332-2022)
Demandante: Rosendo Penagos Losada

administrativa el pago de la mencionada sanción en el 70% de su valor, para lo cual se
acogió a lo previsto en el parágrafo de la cláusula 1526 del acuerdo mencionado.

21. Al constatar que la sanción moratoria del excedente de las cesantías no se
liquidó teniendo en cuenta el 100% adeudado, sino en el 70%, acudió en sede judicial a
reclamar la reliquidación de la sanción moratoria frente al pago extemporáneo del
excedente, tal como se señaló en precedencia.

22. En ese contexto, la Sala considera que no le asiste derecho al actor al
reconocimiento y pago de sanción moratoria por la diferencia reclamada, pues, con
independencia del reconocimiento efectuado por la administración en el mencionado
acto, la sanción moratoria no está prevista para el evento en que se produzca un pago
tardío de una diferencia o reajuste de las cesantías, en este caso, surgida como
consecuencia de la homologación y nivelación salarial. La jurisprudencia de la Sección
Segunda ha sido pacífica en considerar que en esos casos no es viable acceder a la
penalidad. Así se ha considerado27:

El apoderado de la demandante considera que tal circunstancia sí constituye un elemento
causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de un pago incompleto, toda vez que
desde que se efectuó la liquidación de la prestación, se debió realizar en legal forma, esto
es, con todos los factores que debieron integrarla, pues el pago fragmentado debe generar
igual sanción que la cancelación tardía de la totalidad de su monto.

Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, como quiera que, tal como se indicó en la
providencia citada con antelación, la sanción moratoria no se causa por la cancelación
o pago inoportuno de «una diferencia en la liquidación de las cesantías definitivas»,
la cual, incluso, en el caso concreto, se reconoció en un acto administrativo autónomo,
expedido tiempo después de haber quedado el firme la resolución de reconocimiento de
la prestación.

23. En el anterior contexto, si bien el pronunciamiento del Tribunal se basó en que
el acto de reconocimiento de la sanción moratoria por vía administrativa atendió los
parámetros dados por el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en realidad, dicho
reconocimiento no tenía sustento legal28; por lo tanto, la reliquidación de dicha sanción
tampoco era procedente y en ese sentido se confirmará la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.

26 Cláusula 15. Procesos judiciales ordinarios. […]

Parágrafo. Cuando la principal pretensión haya sido el pago de una sanción por mora en el cumplimiento
del deber de consignación de las cesantías (artículo 99 Ley 50 de 1990) o del deber de pago total o parcial
de las cesantías (Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006), sólo se pagará el 70% del monto
de la sanción así reconocida, suma que para su pago sólo será indexada hasta el día 15 de mayo de 2012,
fecha de iniciación de la promoción del acuerdo. Lo anterior sin perjuicio del reconocimiento y pago de los
intereses a las cesantías correspondiente fallo judicial, evento en el cual sólo se pagará el 70% de las
asumas así reconocidas.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2024, radicación 17001

23 33 000 2018 00195 01, número interno 6398-2019; adicionalmente se puede consultar Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación 08001-23-33-
000-2012-00171-01, número interno 2839-2014 en la que se señaló: «Si bien se causó una diferencia en
la liquidación de las cesantías definitivas, la cancelación pago (sic) inoportuna de esa diferencia no
puede considerarse mora en el pago de tal prestación, que tenga la magnitud de generar la sanción a
que alude la norma señalada.
28 Criterio que se ha aplicado incluso en sentencias anteriores a la expedición del acto, ver la del 9 de abril

de 2014, expediente 13001 23 31 000 2007 00225 01 (1483-13), entre otras.

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Radicación: 76001 23 33 000 2016 00947 01 (5332-2022)
Demandante: Rosendo Penagos Losada

24. En todo caso, se precisa que el análisis probatorio en cuanto a factores
salariales tenidos en cuenta para la liquidación de dicha sanción no hubiera podido llevar
a una conclusión distinta a la negativa de las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, el argumento según el cual la decisión del a quo no podía soportarse en
un pronunciamiento jurisprudencial posterior a la expedición del acto administrativo, en
materia de incompatibilidad entre sanción moratoria e indexación, quedaría sin sustento,
pues, se insiste, no era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria pretendida
y, en todo caso, el criterio jurisprudencial al respecto lo ha aplicado la Corporación incluso
con anterioridad29 a la expedición de dicho acto y que se sigue aplicando en la actualidad.

25. Definido lo anterior, la Sala examinará el reproche formulado en el recurso,
referido a la imposición de la condena en costas. En cuanto a ese aspecto, se observa
que el Tribunal las ordenó a cargo de la parte demandante argumentando que fue esta
la que resultó vencida en el juicio. En efecto, la Sala advierte que esa fue la parte que
resultó vencida, comoquiera que no prosperaron las pretensiones de la demanda, en
consecuencia, sí fue acertada la conclusión del tribunal, en cuanto la parte accionante
fue la que resultó vencida en juicio.

26. Ahora bien, la argumentación del demandante para solicitar que no se imponga
tal condena radica en que su actuar no fue temerario ni de mala fe; sin embargo, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA26 la imposición de estas es objetiva y solo
en los casos en que se ventile un interés público no procede esta, por manera que como
en el caso bajo análisis no se está debatiendo un asunto de tal naturaleza, era viable que
el a quo impusiera esa condena, pues se ajusta a lo normado en la disposición citada y
en ese sentido no es procedente revocar tal decisión.

Condena en costas

27. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

28. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

29 Como puede notarse en sentencias del 8 de junio de 2000, expediente 2214-99, del 10 de noviembre de

2010, expediente 1230-09, entre otras.

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Radicación: 76001 23 33 000 2016 00947 01 (5332-2022)
Demandante: Rosendo Penagos Losada

29. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

30. En este contexto, y comoquiera que no se acogió el reparo30 planteado por el
demandante en el recurso de apelación, se le condenará en costas de segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 29 de noviembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Se condena en costas de segunda instancia al señor Rosendo Penagos
Losada.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

30 Buscaba que se reconociera la sanción moratoria producto de un reajuste realizado en virtud de una

homologación salarial en el marco de un proceso de reestructuración de pasivos.

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