Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00025-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00025-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00025-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de abril de 2025
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00025-01 (1838-2022)
Demandante: Heriberto Solano Arrieta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00025-01 (1838-2022)
Demandante: Heriberto Solano Arrieta
Demandado: Universidad del Atlántico
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B que
negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Heriberto Solano Arrieta por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó que se declare
la nulidad del oficio de fecha 27 de abril de 2012, en el cual la Universidad del
Atlántico negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación
tardía de las cesantías definitivas.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho peticionó el pago de la sanción moratoria desde su causación hasta la
fecha en que fueron canceladas las cesantías.
Hechos.
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
1 SAMAI. 08001233300020150002501. Actuación: “Expediente digital”. Índice 00002. – 01DemandaAnexos.pdf”.
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Radicado: 08001-23-33-000-2015-00025-01 (1838-2022)
Demandante: Heriberto Solano Arrieta
5. El señor Heriberto Solano Arrieta laboró en el cargo de vigilante al servicio de la
Universidad del Atlántico desde el 15 de julio de 1980 hasta el 31 de marzo de
1999.
6. Sus cesantías definitivas fueron reconocidas mediante Resolución núm. 000221
del 6 de abril de 2002.
7. El 29 de julio de 2002, presentó demanda ejecutiva laboral la cual fue repartida al
Juzgado Quinto Laboral del Circuito, bajo el radicado núm. 00327-2002.
8. En 2005, la Universidad del Atlántico alegando dificultades económicas, decide
acogerse a un acuerdo restructuración de pasivos regulado por la Ley 550 de 1999,
e incorpora en la relación de acreedores la obligación contenida en la Resolución
núm. 000221 del 6 de abril de 2002.
9. Mediante la carta de instrucción núm. 201105-0904 del 11 de mayo de 2011, la
Universidad le canceló las cesantías definitivas, pero sin reconocer la sanción
moratoria.
10. El 10 de abril de 2012 el demandante reclamó ante la Universidad del Atlántico el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación de las
cesantías definitivas. Petición que fue negada a través del oficio demandado.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
11. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 5, 6, 13, 25,
29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 244 de 1995 y 100 de 1993 y
los Decretos 1848 de 1969, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 1333 de
1986, 1042 de 1978 y 2628 de 1994.
12. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que
la Ley 244 de 1995 no contempló excepciones para el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria.
13. Transcurrieron más de 60 días de finalizada la relación laboral para realizar el pago
de las cesantías definitivas, que solo ocurrió el 11 de mayo de 2011, por lo que
surge el derecho a la condena solicitada.
Contestación de la demanda.
14. La Universidad del Atlántico al contestar la demanda 2 se pronunció sobre los
hechos y se opuso a todas las pretensiones al considerar que, al momento de
realizar el pago de las obligaciones incluidas en el acuerdo de restructuración de
2
Expediente digital – “05. Traslado-Contestacion.pdf”.
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Demandante: Heriberto Solano Arrieta
pasivos el actor guardó silencio respecto del monto y el concepto que le fue
cancelado.
15. El demandante no presentó reclamación de la sanción moratoria ante el promotor
del proceso de reestructuración de pasivos de la Universidad del Atlántico, por lo
que dicha obligación prescribió tras no ser peticionada dentro de los tres años
siguientes al reconocimiento de las cesantías. No puede alegar su propio error en
su beneficio después de haberse beneficiado del acuerdo.
16. En la actualidad la Universidad del Atlántico ha dejado de pagar a los empleados
parte de su asignación básica atinente a prima de antigüedad y a bonificación por
compensación, por tener origen en una convención colectiva de trabajo. Estos
elementos no pueden ser computados en la liquidación de cesantías.
17. La entidad demandada ingresó a un proceso de restructuración económica
consagrado en la Ley 550 de 1999, por lo que no le es posible atender el pago de
obligaciones causadas con anterioridad al inicio de este trámite.
18. En los acuerdos de reestructuración de pasivos se excluyen los intereses, multas,
sanciones u otros conceptos distintos del capital, entre ellos la indemnización
moratoria que se pretende en esta demanda. Además, en el acuerdo solo pueden
incluirse derechos ciertos causados antes de su suscripción.
19. Propuso las excepciones de «prescripción» y «falta de competencia».
Sentencia de primera instancia.
20. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B mediante
sentencia del 24 de septiembre de 20213, declaró probada la excepción de
prescripción extintiva propuesta por la Universidad del Atlántico, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
21. Tras dejar sentado que a la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 le es
aplicable el término prescriptivo de tres años establecido en el artículo 151 del CST.
Concluyó que la penalidad deprecada en la demanda se hizo exigible a partir del 8
de julio de 2002 y el lapso para reclamarla feneció el 8 de julio de 2005, por lo que
la petición de su reconocimiento y pago fue presentada por fuera del término el 10
de abril de 2012.
22. La existencia de un acuerdo de restructuración de pasivos entre la entidad
demandada y sus acreedores no es justificación para el retardo en la presentación
de la reclamación, pues tal situación no era óbice para reconocer y pagar la
indemnización moratoria.
3 Expediente digital – “030_SENTENCIA.pdf”
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Demandante: Heriberto Solano Arrieta
Recurso de apelación.
23. Inconforme con la decisión anterior, el apoderado del señor Heriberto Solano
Arrieta presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
solicitando que esta sea revocada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes reparos:
24. En los hechos de la demanda su puso de presente la existencia de una demanda
ejecutiva laboral, radicada en el Juzgado 5° Laboral bajo el núm. 00327-2002,
exigiendo el pago de las cesantías definitivas y la sanción moratoria, esta fue
aportada como prueba al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo
cual, el demandante sí pidió oportunamente el pago de la sanción pretendida, e
interrumpió su prescripción. En tanto la norma solo exige el reclamo de esta.
25. En ese momento la entidad universitaria incorpora en la relación de acreedores la
obligación contenida en la resolución núm. 00021 de abril 6 de 2002 al acogerse a
la Ley 550 de 1999 la prescripción quedó «interrumpida», conforme lo señala el
numeral 13 del artículo 58 de la norma.
26. La sanción moratoria es una prestación de tracto sucesivo, pues se va causando
de manera repetida y prolongada en el tiempo, y solo finaliza cuando se cancelan
las cesantías. Por lo tanto, el tratamiento debe ser diferente al de una prestación
de tracto instantáneo, cuyo cumplimiento es integral e inmediato.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
27. Mediante auto del 5 de julio de 20224 se admitió el recurso de apelación.
28. Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante presentó
escrito de alegatos en el cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación5.
29. La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio.
Control de legalidad.
30. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta
causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá a resolver la
apelación, previas las siguientes:
4 SAMAI. 08001233300020150002501. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice 00004.
5. visible índice 00009 SAMAI
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Demandante: Heriberto Solano Arrieta
CONSIDERACIONES
Competencia.
31. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 6.
32. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo el demandante
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos expuestos.
Problema jurídico.
33. Corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia que
declaró probada la excepción de prescripción, se encuentra ajustada a derecho, o,
por el contrario, esta no operó, dado que dicho término fue suspendido con ocasión
de la demanda ejecutiva presentada y el acuerdo de restructuración de pasivos
celebrado por la Universidad del Atlántico.
34. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: I) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria, II) Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023. Prescripción de la sanción moratoria, III) Suspensión de la prescripción en
los casos de restructuración de pasivos (Ley 550 de 1999), IV) Petición previa en
sede administrativa como requisito de procedibilidad, V) Hechos probados y VI)
Caso concreto.
Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
35. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20067, establece
que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» ( subraya
fuera del texto)
36. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
37. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, y su pago, tal como se evidencia en el parágrafo
del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)
38. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró
en esa oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
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39. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 65 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el
cómputo del término de ejecutoria petición
(después de 15 días) acto
pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.
Prescripción de la sanción moratoria.
40. En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o
pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:
«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías
definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan las siguientes
reglas:
(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el
artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se
hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la
prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de
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los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la
prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del
pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una
sola vez con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años,
que no puede ser entendido como un término que habilita al beneficiario
para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de
extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la
oportunidad para reclamar la sanción moratoria.
SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general que las
reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a todos
los asuntos que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán
ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa
juzgada.» (negrilla fuera del texto)
41. En la misma sentencia de unificación, se precisaron las razones para aplicar el
término prescriptivo consagrado en el artículo 151 del Código de Procedimiento
Laboral a la sanción moratoria derivada del reconocimiento y pago tardío de las
cesantías a los servidores públicos. En los siguientes términos:
«3.4.4. Aspectos generales alrededor de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria
De manera previa y para el correcto entendimiento del tema conviene precisar que en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la aplicación del mencionado artículo
151 del CPTSS requiere que se realicen ciertas distinciones que son propias de los
litigios que se adelantan en esta especialidad, dado que la administración manifiesta
su voluntad mediante actos administrativos, expresos o presuntos, y además por la
naturaleza de las nociones de exigibilidad de los derechos, prescripción y la caducidad.
Como primera medida debe recordarse que la exigibilidad está relacionada con el
“derecho de acción” que tiene el beneficiario para acudir a la vía judicial y
administrativa y reclamar el pago de la sanción moratoria, so pena que, de no hacerlo
en el tiempo previsto por las normas procesales para tal efecto, puede correr el riesgo
de perderlo de manera definitiva. Por su parte, la caducidad es un fenómeno cuya
ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer
las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u
operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por
parte del interesado. De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la
inactividad de quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo,
para no perder el derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento
de fondo por parte de las autoridades judiciales1.
Finalmente, la prescripción extintiva, que se analiza en este asunto, es un modo de
extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o
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defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que
motive la inacción de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la
ley en favor de ciertas personas2. Esta figura surge de la necesidad de establecer un
límite temporal para el ejercicio de los derechos, con el fin de proporcionar un nivel
mínimo de certeza y seguridad jurídica a las relaciones interpersonales y se relaciona
con el deber que tiene cada persona de reclamar en tiempo sus derechos, bajo el
riesgo de perder la oportunidad de ejercerlos.
En el ámbito contencioso administrativo, este instituto protege el interés general, el
patrimonio público, la seguridad jurídica y la certeza del derecho, al impedir el
reconocimiento de derechos que fueron reclamados tardíamente por parte de sus
titulares, como consecuencia de su propia incuria. Por ello, dentro del abanico de
obligaciones que tiene el juez, como director del proceso, está la de analizar de manera
oficiosa si en el asunto sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno
extintivo, sin perjuicio, claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De
manera que la prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o
declararse de oficio.
Precisado lo anterior, es pertinente traer a colación la sentencia de unificación CE-
SUJ2 004 de 2016, mediante la cual se fijó como regla jurisprudencial que las
cesantías definitivas son una prestación que está sometida al fenómeno de la
prescripción. En la referida sentencia se dispuso que cuando la mora en el pago de las
cesantías no sea producto de la negligencia del empleador sino atribuible al empleado,
la prestación estará afectada por el fenómeno prescriptivo, pues la omisión de este
último en atender los requerimientos que el empleador le formule para disponer su
pago no puede redundar en un beneficio injustificado a su favor.
En la referida sentencia, se estableció como precedente frente a la sanción moratoria
por el pago tardío o no pago de las cesantías, que está sometida al fenómeno de
prescripción trienal, pues por tratarse de una pena no puede considerarse como un
derecho imprescriptible.
En torno a las reglas que orientan la prescripción extintiva en materia de sanción
moratoria, la Sección Segunda en la sentencia de unificación CE SUJ004 del 25 de
agosto de 2016, dejó sentado el criterio según el cual la sanción moratoria por
pago tardío u omisión en la consignación de cesantías de que trata la Ley 50 de
1990, está sujeta a prescripción y el término aplicable es el regulado en el artículo
151 del CPTSS, toda vez que la prevista en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, ya que para la época dicha penalidad aún
no había sido establecida.
El citado entendimiento fue reiterado en la sentencia CE-SUJ-SII-022 del 6 de agosto
de 2020, en la cual se unificó jurisprudencia con respecto al momento a partir del cual
se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, por la no consignación de las cesantías con régimen de liquidación
anualizado.
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Demandante: Heriberto Solano Arrieta
Lo expuesto pone de presente que el criterio reinante en la jurisprudencia de la Sección
Segunda es el de aplicar para efectos de la sanción moratoria, el término de
prescripción extintiva de tres años consagrado en el artículo 151 del CPTSS.
[…]
Atendiendo a los precedentes enunciados, la Sección Segunda considera que en el
presente caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está
supeditado a la observancia del término de prescripción consagrado en el mencionado
artículo 151 del CPTSS.»
42. Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en el artículo 4
del código sustantivo del trabajo 8, por las siguientes razones:
i) El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las
acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre
particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los
servidores públicos.
ii) La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de
1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la
Ley 165 de 19419, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como
quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral
expresamente señala el término de prescripción para “las acciones que
emanen de las leyes sociales”. Así pues, las leyes sociales no sólo son
aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las
normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación
referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no
a su status». (Negrilla de la Sala)
iii) Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 1982 10, ha
sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo,
en que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto,
el término prescriptivo en ella contenida se aplica en el régimen de los
empleados públicos, conforme a los siguientes argumentos:
8 RTICULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la
Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado,
no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
9 ARTICULO 4°. Ampliase a cuatro años el término de prescripción de las acciones que corresponden al trabajador
para el cobro de su salario y de la indemnización especial por accidente de trabajo.
10 Sentencia del 21 de septiembre de 1982. C.P. Joaquín Vanín Tello. Exp. 6156, mencionada en la providencia
del 23 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02953-02 (2408-2018). C.P: Gabriel Valbuena Hernández.
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«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos,
especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo,
pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo estatuto en
lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual; además, la
exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se encuentren
respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están totalmente
sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte, el artículo
2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce la jurisdicción del
trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen a empleados
públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones de dicho
estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo
del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo
artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan genéricamente de
“obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas en ella, sin
circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del Decreto 2159 no
fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de los derechos
consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido, además, con
posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que sin que
importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o procedimental»
iv) Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la
aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006,
comoquiera que dichas sanciones no existían para la fecha en que fueron
expedidos los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, resulta necesario
acudir para su determinación a la norma general que regula dicho aspecto,
esto es el artículo 151 ibidem.
v) Además, con criterio unificador esta Corporación en las sentencias del 25
de agosto de 2016 11, del 6 de agosto de 2020 12 y del 2 de noviembre de
202313, ha fijado la misma regla.
43. De lo anterior se concluye que, la sanción o indemnización moratoria derivada del
auxilio de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la
reclamación deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su causación
y se genera automáticamente por el incumplimiento o tardanza.
La suspensión de la prescripción en los casos de restructuración de
pasivos (Ley 550 de 1999).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación SUJ-
034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001233300020120020002.
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Demandante: Heriberto Solano Arrieta
44. La Ley 550 de 1999 14 definió los acuerdos de reestructuración de pasivos como
convenciones que se celebran entre una o varias “empresas” con la finalidad de
corregir deficiencias en su capacidad para desarrollar sus operaciones y afrontar
obligaciones pecuniarias, de manera que los sujetos intervinientes puedan
recuperarse dentro de los plazos y condiciones acordadas; asegurando la
continuidad en la prestación del servicio y garantizar el cumplimiento de la función
social de la entidad. 15
45. Esta Sección en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 16, respecto del
acuerdo de reestructuración de pasivos precisó las siguientes características:
«(i) No puede el deudor aprovecharse de su insolvencia y someter al acreedor
a que opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó.
(ii) Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos
previstos en la Ley 550 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y
para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la
negociación o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (Artículo 34
Ley 550 de 1999).
(iii) Las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se
desconocen, sino que se atienden y se sujetan a rebajas, a disminución de
intereses, a plazos o a prórrogas, pero en ningún momento se permite que el
deudor insolvente las desatienda, las desconozca o peor aún, se auto absuelva
de ellas.
(iv) La intención del Legislador siempre ha sido la de proteger las obligaciones
adquiridas con justo título antes de llevar a cabo el respectivo Acuerdo, llegando
inclusive hasta permitir la celebración de Acuerdos que tengan como objeto
suspender, que no desconocer, ciertas prerrogativas laborales que tuviera el
trabajador.»
46. Dichos convenios pueden ser celebrados por las entidades territoriales, como bien
lo dispuso el artículo 58 ibidem:
«Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las
disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de
14 “Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de
los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones
y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”
15
Artículo 5. Acuerdo de reestructuración. Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los
términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que
presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas
puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.
El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin
perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a
pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de agosto de 2016, expediente: 08001-
23-31-000-2011-0062-01
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intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las
entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de
asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las
regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades (…)
47. El numeral 13 del citado artículo 58 contempló la suspensión del término de
prescripción de los derechos en disputa ante la respectiva entidad territorial:
13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se
suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones
respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la
iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad.
De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.»
(Negrita fuera de texto)
48. De este modo, a fin de determinar el lapso de suspensión de la prescripción, resulta
trascendental establecer la fecha de iniciación de la negociación, en cuanto a ello,
los artículos 13 y 14 ibidem dispusieron:
«Artículo 13. Iniciación de la negociación. La negociación del acuerdo se entenderá
iniciada a partir de la fecha de fijación del escrito de la entidad nominadora
previsto en el artículo 11 de la presente ley, sin perjuicio de que se tramiten las
recusaciones que lleguen a formularse en relación con los promotores.
Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación. A partir de la fecha de iniciación
de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el
artículo 27 de esta ley, no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el
empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente
facultados el promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad
del proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten
copia del certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del aviso.
En los anteriores términos se adiciona el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil;
y el juez que fuere informado por el demandado de la iniciación de la negociación y
actúe en contravención a lo dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala
conducta.
Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no
opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el
empresario.» (Negrita fuera de texto)
49. También, resulta relevante esclarecer el plazo de ejecución de acuerdo celebrado,
sobre dicho punto la norma en comento en su artículo 5° inciso 2° estableció que:
«El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se
estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen
para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los
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convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.» (Negrita fuera de
texto)
50. Visto lo anterior, para que opere la cláusula de suspensión de la prescripción frente
a los procesos cuyo objeto verse sobre el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías el interesado debe demostrar: i) que
la entidad se encontraba en proceso de reestructuración de pasivos, ii) que la
acreencia del beneficiario fue incluida dentro de ese trámite y iii) establecer cuándo
se inició la etapa de negociación del Acuerdo, en los términos del artículo 11 de la
Ley 550 de 1999, así como el plazo de ejecución del Acuerdo. 17 Sin poder acudir a
dicho sustento para eximirse de la obligación de reclamar oportunamente el
derecho pretendido.
Petición previa en sede administrativa como requisito de procedibilidad.
51. Uno de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es la previa reclamación ante la autoridad competente
del derecho que se considere vulnerado para obtener su reconocimiento.
52. Así lo dispone el artículo 161 del CPACA que establece los requisitos de
procedibilidad para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en los siguientes términos:
«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:(…)
3. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El
silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente
el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. (…)».
53. Así las cosas, para obtener el reconocimiento judicial de la sanción moratoria
causada en el evento en que el empleador no pague dentro de la oportunidad legal
las cesantías 18, se estima necesario que el interesado acuda a la administración a
realizar su reclamo, y así dar origen a un acto administrativo susceptible de control
17
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023. En la que se consignó
que: «De conformidad con los artículos 13, 14 y 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999, para que opere la cláusula
de suspensión de la prescripción y de la caducidad allí establecida frente a los procesos judiciales de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, debe probarse que la entidad
se encontraba en proceso de reestructuración de pasivos; que la acreencia del beneficiario fue incluida dentro de
ese trámite; y deberá certificarse cuándo se inició la etapa de negociación del Acuerdo, en los términos del artículo
11 de la Ley 550 de 1999, así como el plazo de ejecución del Acuerdo.»
18 Contenida en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006.
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judicial. Pues, de no agotarse el requisito descrito, el juez no podrá emitir
pronunciamiento de fondo.19
Hechos probados
54. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
55. Mediante la Resolución núm. 000221 del 6 de abril de 2002 20 notificada el 22 de
abril de 200221 la Universidad del Atlántico reconoció en favor del señor Heriberto
Solano Arrieta sus cesantías definitivas con ocasión al periodo laboral comprendido
entre el 15 de julio de 1980 y el 31 de marzo de 1999, fecha en la que se aceptó su
renuncia al cargo de vigilante.
56. El 2 octubre de 2008 el vicerrector administrativo y financiero del ente universitario
certificó la incorporación en la relación de acreedores e inventario de acreencias
dentro del proceso de Ley 550 de 1999 de los siguientes créditos en favor del
demandante: i) agencias en derecho con saldo neto de $ 3.660.314 COP y ii) capital
por concepto de cesantías equivalente a $ 36.603.140 COP. 22
57. Conforme a certificación suscrita por el vicerrector administrativo de la entidad el
23 de diciembre de 2011 23, las cesantías definitivas fueron incorporadas conforme
a la Ley 550 de 1999 en el acuerdo de reestructuración de pasivos y canceladas
en su totalidad indexadas mediante la carta de instrucción núm. 201105-0904 del
11 de mayo de 2011 por valor de $ 44.303.940 COP.
58. El 10 de abril de 2012 24 el demandante peticionó ante la Universidad del Atlántico
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna
de las cesantías definitivas. Solicitud que fue resuelta en forma negativa a través
del oficio del 27 de abril de 2012 25, por considerar que las acreencias por concepto
de cesantías del demandado habían sido incluidas y pagadas en el marco de un
acuerdo de restructuración de pasivos, además de haber operado la prescripción.
Caso concreto
59. Contrario a lo resuelto por el a quo, el demandante Heriberto Solano Arrieta arguye
que no ha operado la prescripción de su derecho a reclamar la sanción moratoria
por el pago tardío de sus cesantías reconocidas mediante la Resolución núm.
000221 del 6 de abril de 2002, pues el término de tres años para reclamar lo
19 Así lo ha cosido esta Sección en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 6 de
mayo de 2021, Cp. William Hernández Gómez. Radicación nro. 25000-23-42-000-2014-04192-01(5602-18)
20 Expediente digital – “01DemandaAnexos.pdf”. P.18
21 Ibidem. P. 19.
22 Ibidem. P. 25.
23 Ibidem. P. 20.
24 Ibidem. P. 12.
25 Ibiden P. 14.
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pretendido fue «interrumpido» con ocasión a la presentación de una demanda
ejecutiva y la suscripción de un acuerdo de restructuración de pasivos en el que se
encontraba la Universidad del Atlántico.
60. Visto el material probatorio aportado con la demanda, advierte la Sala, que no se
acreditó reclamación administrativa alguna ante el empleador de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas realizada con anterioridad a
la petición surtida el 10 de abril de 2012 y que tuviera la virtualidad de interrumpir
la prescripción.
61. Y si bien en los hechos de la demanda se hizo alusión a la presentación de una
demanda ejecutiva laboral, y con esta se allegó documento que contiene demanda
ejecutiva dirigida al juez laboral del circuito 26, su radicación no fue acreditada en el
proceso.
62. En cuanto a la suspensión del término prescriptivo con ocasión al acuerdo de
restructuración, reitera la Sala que, para que ello ocurra es necesario que quien la
alega acredite que la acreencia de la que dice ser beneficiario fue incluida dentro
de ese trámite.
63. De las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que, si bien el ente
universitario estuvo incurso en un acuerdo de reestructuración de pasivos y que las
cesantías definitivas del actor hicieron parte de los créditos calificados y graduados,
no sucedió lo mismo con la sanción moratoria contenida las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, la cual pudo haber sido incluida dentro de la oportunidad y conforme
al trámite indicado en la Ley 550 de 1999 y demás normas que regulan la materia. 27
64. Así las cosas, encuentra la Sala que, para este caso, la prescripción del derecho
reclamado no fue suspendida en virtud del aludido acuerdo, pues para ello debían
26 visible a Folio 25
27 Ley 550 de 1999. Artículo 20. Estado de relación de acreedores e inventario de acreencias. Para el desarrollo de
la negociación y, en particular, para la determinación de los derechos de voto de los acreedores externos e internos
y de las correspondientes acreencias, el representante legal del empresario entregará al promotor un estado de
inventario elaborado con base en los estados financieros ordinarios o extraordinarios del empresario o ente
económico respectivo, cortados al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
la promoción por parte del empresario, o de la iniciación de la negociación en los demás casos, y pondrá a su
disposición todos los libros, papeles y documentos que le sirvan de soporte. (…).
Artículo 23. (…) La convocatoria se hará mediante aviso en un diario de amplia circulación en el domicilio del
empresario y en los de las sucursales que éste posea, publicado con una antelación de no menos de c inco (5) días
comunes respecto de la fecha de la reunión. Dicho aviso será inscrito en el registro mercantil de las Cámaras de
Comercio con jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de sus sucursales. Dicha inscripción se sujetará
a la tarifa establecida por el Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil.
Desde la fecha de publicación del aviso de convocatoria a que se refiere el inciso anterior, o dentro de los quince
días comunes anteriores al vencimiento del plazo señalado en el inciso segundo de este Artículo, el promotor tendrá
a disposición de los acreedores toda la información y documentación a que se refiere el Artículo 20 de la presente
ley, acompañada del listado preliminar de votos, votantes y acreencias elaborado por el promotor, junto con sus
correspondientes soportes. Los acreedores, por sí o a través de apoderado, podrán examinar el listado preliminar
de votos, votantes y de acreencias, así como sus correspondientes soportes. Cualquier solicitud de aclaración u
objeción que no haya sido resuelta con anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada durante la
reunión, y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de amigable componedor por ministerio de la ley.
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cumplirse las reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-012-S2 del 18 de
julio de 2018, ratificadas en la providencia SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023, lo que no ocurrió.
65. En consecuencia, conforme lo dispuso el tribunal de primera instancia, en el
presente asunto operó la prescripción para reclamar la sanción moratoria por no
pago oportuno de las cesantías reconocidas en la Resolución núm. 000221 del 6
de abril de 2002, veamos:
66. En el sub examine, se está en presencia de la hipótesis de un acto escrito en tiempo
ya que la resolución que reconoció las cesantías fue expedida por iniciativa propia
sin que mediara solicitud del interesado, así:
CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO EN en cuenta para el 5 días28, posteriores a 45 días posteriores a 70 días posteriores a
TIEMPO cómputo del término de la notificación la ejecutoria la
pago petición
. Personal el 22 de abril Los 5 días de Los 45 días Es decir que en este
La Resolución de 2002.29 ejecutoria se posteriores a la caso la mora empezó
000221, que cumplieron el 29 de ejecutoria, a correr desde el día 9
reconoció abril de 2002. comenzaron a julio de 2002.
oficiosamente las contabilizarse desde
cesantías expidió el el 30 de abril de
2002 y vencieron el
6 de abril de 2002.
8 de julio de 2002.
67. La reclamación en sede administrativa dirigida a obtener la sanción moratoria por
la tardanza en el pago de las cesantías definitivas se radicó el 10 de abril de 2012,
lo que quiere decir que la petición se formuló después de tres (3) años desde que
la obligación se hizo exigible, y ello conlleva la configuración de la prescripción
extintiva de la sanción moratoria.
68. Contrario a lo señalado por el apelante respecto de la naturaleza de la sanción
moratoria, precisa la Sala que si bien esta se causa y acumula diariamente, no es
una prestación periódica por tratarse de una penalidad indivisible de ejecución
28 El acto administrativo fue expedido en vigencia del CCA.
29 Respecto de la notificación personal de las actuaciones administrativas en vigencia del CCA, los artículos 44 y
45 de la norma previeron un término de 5 días siguientes a la expedición del acto para enviar la citación al
interesado a fin de surtir la diligencia de notificación, la cual debía realizarse dentro de los 5 días siguientes al envió
de la citación. Que, para el caso concreto, se cumplieron el 22 de abril de 2002, por lo que se tiene notificado de
manera oportuna.
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instantánea, y su acrecimiento en el tiempo no la convierte en una obligación
divisible, de tal manera que su exigibilidad define el plazo hasta cuándo se puede
reclamar.
69. Así mismo, encuentra la Sala que el argumento referido a la interrupción de la
prescripción con ocasión al inicio de un proceso ejecutivo no está llamado a
prosperar.
70. Pues, pese a que en el escrito introductorio se hizo alusión a la presentación de
una demanda ejecutiva laboral el 29 de julio de 2002, y con esta se allegó
documento que contiene esa denominación dirigida al juez laboral del circuito 30 a
fin de obtener el pago de la suma reconocida en la Resolución núm. 000221 del 6
de abril de 2002 y sus respectivos salarios moratorios, su radicación no fue
acreditada en el proceso.
71. Maxime que en la certificación expedida por el vicerrector administrativo que da
cuenta de las acreencias incorporadas en el inventario de acuerdo de
reestructuración a favor del demandante no consigna que esta tenga origen en un
proceso ejecutivo.
72. Y si bien, en sus alegatos de segunda instancia el recurrente hizo alusión a la
existencia de un oficio en el que se dio a conocer la existencia del mandamiento de
pago al ente universitario, lo cierto es que ello no hizo parte del relato de los hechos
de la demanda, ni se allegó prueba de ello.
73. Por todo lo anterior la Sala confirmará la sentencia del 24 de septiembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B, que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
74. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.
75. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario,
se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
30 visible a Folio 23
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76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 24 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
con aclaración de voto
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
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