República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00034-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-20211)
Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y
departamento del Atlántico
Tema: régimen de liquidación de cesantías. Subtema 1: régimen de liquidaciones
de cesantías – retroactivo y anualizado–.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2020, por la Sección B, Sala de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Pedro María Lobo Domínguez solicitó la nulidad del Oficio núm. 2868 del
15 de agosto de 2014, expedido por el secretario de educación departamental del
Atlántico, que le negó el derecho a que sus cesantías se liquidaran con el régimen
retroactivo y su consecuente reajuste. El Tribunal negó las pretensiones, porque el
actor se vinculó en 1992, en vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo cual era
beneficiario del régimen de liquidación anualizado de cesantías. Inconforme con
esta decisión, el accionante interpone recurso de apelación. En esta oportunidad, la
Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, dado que el demandante
es beneficiario el régimen de liquidación de cesantías anualizado.
1 Expediente digital.
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento del Atlántico
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Pedro María Lobo Domínguez, mediante apoderado judicial, formuló
demanda2, el 18 de marzo de 20153, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag y el departamento del Atlántico, Secretaría de Educación del Atlántico, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. Declarar la nulidad del Oficio núm. 2868 del 15 de agosto de 2014 que negó
la solicitud relativa a que el régimen de cesantías del demandante fuera el
retroactivo.
3. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
el actor pidió:
Se ordene la corrección del régimen de liquidación de cesantías que se viene
aplicando a mi poderdante, es decir, que se les empiece a aplicar el régimen de
retroactividad en vez del de anualidades.
Se ordene la correspondiente reliquidación y consignación de los dineros que se han
dejado de reconocer a favor de mi poderdante en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de acuerdo con las normas y derechos alegados.
Se ordene el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde
que las obligaciones se hicieron exigibles.
4. Igualmente, solicitó que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 189 del CPACA, que se liquidaran intereses comerciales y moratorios si
no se efectuaba el pago de forma oportuna como lo prevé el artículo 195 de esa
norma, que se actualizara la condena conforme al artículo 187 de la aludida
disposición y que se condenara al pago de costas y agencias en derecho en los
términos del artículo 188 del CPACA y el Acuerdo núm. 1887 del 26 de junio de
2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
2 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 1 a 12 del archivo digital.
3 Según la certificación expedida por el jefe de la oficina de servicios para los juzgados administrativos del
circuito judicial de Barranquilla, el 16 de junio de 2015, que obra en Samai, índice 2,
17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-00034, página 16 del
archivo digital.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento del Atlántico
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El municipio de Palmar de Varela nombró al señor Pedro María Lobo
Domínguez en el cargo de docente territorial, con recursos propios, con antelación
al 30 de diciembre de 1996.
7. El actor, desde ese momento, ha recibido el pago de los intereses a las
cesantías de forma anualizada.
8. Posteriormente el accionante radicó escrito de petición el 20 de junio de 2014
ante la Secretaría de Educación del Atlántico, en el que pidió que le certificaran cuál
era su régimen de liquidación de cesantías, en virtud del cual fue afiliado al Fomag.
9. La entidad emitió respuesta el 7 de julio de 2014 en la que expuso que el
accionante se afilió al Fomag, en el régimen de anualidad.
10. En este orden, el demandante radicó nuevamente petición el 17 de julio de
2014 ante la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico, en la que
solicitó que se corrigiera su régimen de liquidación de cesantías para que no fuera
anualizado, sino retroactivo. Asimismo, el actor reclamó que se reliquidaran y
ajustaran los dineros que se le dejaron de reconocer en el Fomag.
11. La demandada expidió el Oficio núm. 2868 del 15 de agosto de 2014 en el
que le negó al demandante lo pedido. Sostuvo que era improcedente modificar el
régimen de cesantías anualizado por el de retroactividad, ya que la vinculación del
actor al servicio docente tuvo lugar después del 1.° de enero de 1990, con carácter
municipal y recursos propios.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. El accionante citó como vulneradas las siguientes: Constitución Política,
artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 90 y 209; Ley 6ª de 1945: Ley 65 de 1946; Ley
91 de 1989; Ley 4ª de 1992; Ley 60 de 1993; Ley 115 de 1994; Ley 344 de 1996;
decretos 2767 de 1945, 1160 de 1947, 2755 de 1966, 3118 de 1968, 2563 de 1990,
196 de 1995, 1582 de 1998, y demás que resulten concordantes.
13. En el concepto de violación, el demandante expuso que la parte demandada
al proferir el acto administrativo incurrió en la causal de nulidad de violación de las
normas en que acto debía fundarse, porque, con la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989, el régimen de liquidación de las cesantías de los docentes nacionales y
nacionalizados cambió de retroactivo a anualizado. No obstante, este no fue el caso
de quienes se vincularon por orden territorial, porque la norma no previó
modificación frente al régimen específico de esa clase de docentes.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento del Atlántico
14. Así, la Ley 91 de 1989 no modificó el régimen de liquidación de cesantías
vigente para los docentes oficiales, vinculados al servicio público, a través de
recursos propios de las entidades territoriales. Por tanto, cuando el artículo 15 de la
referida norma hace referencia a «que se vincule con posterioridad», esto solo
aplica frente al personal nacional o nacionalizado vinculado al Fomag y no al servicio
público docente.
15. En consecuencia, el legislador cuando sancionó la Ley 60 de 1993 tuvo la
intención de conservar los derechos adquiridos y el régimen prestacional vigente
que tenían los docentes en su respectiva entidad territorial. Por ello, a pesar de que
la Ley 91 de 1989 estableció de manera genérica un nuevo sistema de liquidación
de cesantías, el Congreso de la República y la Rama Ejecutiva del Poder Público
han reglamentado la materia especial de los docentes territoriales vinculados antes
del 31 de diciembre de 1996, quienes como el demandante conservan el sistema
de liquidación retroactivo.
16. Por lo tanto, en aplicación del Decreto 196 de 1995 – que reglamentó la
vinculación de los docentes territoriales al Fomag– los municipios y departamentos
han realizado las correspondientes afiliaciones, por lo cual la Ley 91 de 1989 no
podía aplicarse a quienes solo hasta el año 1995 contaron con la posibilidad de
incorporarse al Fomag. Adicionalmente, esta vinculación no implicó que perdieran
sus derechos adquiridos, porque solo con posterioridad a 1995 la Nación asumió el
pago de las prestaciones sociales. De este modo, no se podían desconocer los
derechos de quienes fueron nombrados entre el 1.° de enero de 1990 y el 30 de
diciembre de 1996.
17. En atención a lo expuesto, los docentes solo cambiaron su régimen de
liquidación de cesantías, a partir de la promulgación de la Ley 344 de 1996 el 31
diciembre de ese año. Por lo tanto, las situaciones que se consolidaron, en
aplicación de normas anteriores, debían protegerse y el proceso de nacionalización
de la educación trajo consigo la ausencia de pago de los salarios y prestaciones
mínimas requeridas según la ley. A raíz de lo anterior, si a los docentes territoriales
la Ley 91 de 1989 les negó la posibilidad de beneficiarse de su afiliación al Fomag,
no podría considerarse que con esta normativa cambió su régimen de cesantías.
18. Seguidamente, el demandante planteó que la entidad incurrió en la causal de
nulidad de falsa motivación, ya que es deber del Estado garantizarle al docente el
régimen prestacional vigente a la fecha de su vinculación, a menos que según la
Ley 344 de 1996 este haya decidido acogerse de manera expresa al nuevo
ordenamiento jurídico, lo que no ocurrió en el caso particular. Por consiguiente, era
inaceptable que sus cesantías se liquidaran bajo el régimen anualizado, cuando lo
procedente era aplicar el sistema de retroactividad.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
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2.2. Contestación de la demanda
19. El departamento del Atlántico, por conducto de apoderado judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad no ha vulnerado ni
amenazado los derechos del demandante. Sostuvo que el actor no podía pretender
beneficiarse de un régimen de cesantías que no le era propio a partir de su
vinculación, ya que según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 quienes se vincularon
con posterioridad al 1.° de enero de 1990 tenían un régimen de liquidación
anualizado de cesantías, sin retroactividad.
20. En consonancia, la entidad indicó que debía privilegiarse la aplicación de la
normativa especial sobre la general con sustento en la naturaleza del cargo del
accionante como docente. También expresó que, si bien al expedirse el artículo 13
de la Ley 344 de 1996 se amplió la aplicación del referido sistema a los servidores
del Estado, esto se hizo sin perjuicio de lo establecido en la Ley 91 de 1989.
21. Por consiguiente, la parte demandada planteó como excepciones la falta de
legitimación en la causa por pasiva y la genérica4.
22. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag no contestó la
demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. La Sección B, Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió sentencia, el 29 de mayo de 2020, en la que negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
24. El Tribunal consideró que, según la jurisprudencia de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989
diferenció los docentes nacionalizados de los nacionales y territoriales. Además, en
el parágrafo segundo de esa disposición se estableció la forma de reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la
ley.
25. En igual sentido, el Tribunal precisó que, a pesar de que la normativa no hizo
referencia específica a cuál sería el régimen de cesantías aplicable a los docentes
territoriales, en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989 se creó el Fomag con el fin de
atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, que
estuvieran vinculados a la fecha de promulgación, y aquellos que ingresaran con
posterioridad. En efecto, del contenido del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y del
ordinal tercero de esta disposición se extrae que los docentes nacionalizados que
estuvieran vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantenían el sistema de
retroactividad.
4 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 74 a 90 del archivo digital.
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26. Por su parte, aclaró que a los docentes nacionales y los vinculados a partir
del 1.° de enero de 1990 (nacionales y territoriales) se les aplicarían las normas
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema
anualizado de cesantías sin retroactividad. Del mismo modo, a juicio del Tribunal, lo
estableció el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, porque este previó que los docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas distritales o
departamentales, sin solución de continuidad, y los de nuevas vinculaciones, serían
beneficiarios del régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.
27. En ese sentido, el fallador precisó que no por el hecho de que un docente
haya sido nombrado entre 1990 y 1996, por el alcalde o el gobernador, adquiría el
carácter de territorial que lo hacía beneficiario de las normas prestaciones anteriores
a la Ley 91 de 1989, porque esta prerrogativa solo cobijó a quienes cumplieron la
exigencia del artículo 10 de la Ley 43 de 1975. Por oposición, todos los demás
educadores que ingresaran a partir de 1990 lo hicieron en calidad de nacionales o
nacionalizados, a pesar de que su nombramiento lo haya emitido un representante
de la entidad territorial.
28. Así las cosas, el Tribunal determinó que el municipio de Palmar de Varela
nombró al señor Pedro María Lobo Domínguez en el cargo de docente mediante
Decreto núm. 031 del 1.° de abril de 1992, en el cual tomó posesión el 7 de abril
siguiente. Por lo anterior, el 17 de julio de 2014 le pidió a la Secretaría de Educación
del departamento del Atlántico, Fomag que le corrigiera el régimen de cesantías. No
obstante, esta última resolvió negativamente la solicitud en el Oficio núm. 2868 del
15 de agosto de 2014.
29. En este contexto, destacó que al actor le resulta aplicable el régimen
prestacional y salarial de los docentes del orden nacional dispuesto en la Ley 91 de
1989, en la medida en que las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las
previsiones de la Ley 91 de 1989 para los docentes que se incorporaran en nuevas
vinculaciones en plantas departamentales o distritales.
30. Adicionalmente, refirió que el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 les confirió a los
alcaldes y gobernadores facultades para trasladar, remover, controlar y administrar
a los docentes y administrativos de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados, cuyo nombramiento contaba con el aval del Ministerio de Educación
Nacional. En línea con esto, no se podían equiparar las condiciones salariales y
prestacionales de los docentes con las de demás empleados del régimen general
territorial o aquellos que conservaron sus condiciones con antelación a la vigencia
de la Ley 91 de 1989, porque estos se benefician de un sistema especial.
31. El Tribunal mencionó que el demandante no tenía razón en punto a que por
ser un docente vinculado antes de la expedición de la Ley 344 de 1996 tiene derecho
a que sus cesantías se liquiden retroactivamente. Lo anterior, dado que el artículo
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
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13 de la citada Ley excluyó expresamente de su aplicación a los docentes que se
vincularan luego del 1.° de enero de 1990, cuando entró en vigor la Ley 91 de 1989.
32. En conclusión, la providencia sostuvo que como el accionante se vinculó el
1.° de abril de 1992, y tomó posesión en el cargo el 7 de abril de ese año, luego de
que ya estaba vigente la Ley 91 de 1989, el reconocimiento de sus cesantías se
regía por lo dispuesto en las normas vigentes para los empleados públicos del orden
nacional. Ello implicaba su sujeción a un sistema anualizado, sin retroactividad, y
con el beneficio del reconocimiento de intereses. Por su parte, el Tribunal se abstuvo
de condenar en costas, porque el demandante no incurrió en temeridad, deslealtad,
dilación ni formuló una pretensión irrazonable5.
2.4. Recurso de apelación
33. El demandante, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación.
Pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a todas las
pretensiones de la demanda. Formuló los siguientes motivos de inconformidad:
34. El actor considera que su situación debe analizarse dentro de la categoría de
docente territorial, porque según las pruebas que obran en el expediente –la
confesión del apoderado del departamento del Atlántico y la certificación del 3 de
julio de 2014 – fue vinculado a través de un nombramiento municipal, con cargo a
recursos propios, y posteriormente fue asumido por el departamento del Atlántico a
través del Sistema General de Participaciones (SGP). En consecuencia, no quedó
sometido al artículo 10 de la Ley 43 de 1975, y conservó su condición de docente
territorial, incluso tras su incorporación al SGP, según lo dispone el artículo 1.° del
Decreto 196 de 1995.
35. A partir de la exposición de motivos de la Ley 91 de 1989 y de la
jurisprudencia del Consejo de Estado –sentencia de unificación CE-SUJ2 núm. 001
del 14 de abril de 2016, expediente núm. 15-001-33-33-010-2013-00134-01–, el
accionante afirma que dicha ley protegió los derechos de los docentes que se
vincularon con anterioridad al 1.° de enero de 1990. En línea con esto, que los
docentes vinculados entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1996, no quedaron
sujetos al régimen allí previsto, sino al régimen prestacional vigente en la respectiva
entidad territorial, el cual se conserva pese a su incorporación al Fomag.
36. Asimismo, invocó el Decreto 196 de 1995, la Ley 60 de 1993 y la Ley 115 de
1994, para sostener que el régimen de cesantías de los docentes municipales,
distritales o departamentales es el propio de los empleados territoriales, con
independencia de la afiliación al Fomag.
37. Con base en ello, concluye que el auxilio de cesantías debía liquidarse de
manera retroactiva, conforme a la Ley 6.ª de 1945, la Ley 65 de 1946 y los decretos
5 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 364 a 372 del archivo digital.
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2767 de 1945 y 1160 de 1947, por haberse vinculado antes del 30 de diciembre de
1996, y que solo a partir de la Ley 344 de 1996 procedía la liquidación anual. Esta
postura se apoya en precedentes del Consejo de Estado (sentencia del 10 de
febrero de 20116) y del Tribunal Administrativo de Boyacá, que han determinado el
régimen de cesantías con base en la fecha y naturaleza del nombramiento 7.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. La magistrada ponente admitió el recurso de apelación mediante auto del 2
de diciembre de 20258. Dispuso que en firme esa decisión, y sin necesidad de otra
providencia, las partes contarían con un término de 10 días para presentar sus
alegatos de conclusión. Vencido ese plazo, se surtiría el traslado al Ministerio
Público por igual término. Finalmente, se ordenó notificar esa providencia al
procurador delegado ante la corporación y a las partes.
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. Parte demandada
39. El apoderado sustituto del departamento del Atlántico expresó que no
existían fundamentos jurídicos ni probatorios que respaldaran la declaratoria de
nulidad del Oficio núm. 2868 del 15 de agosto de 2014, mediante la cual la
Secretaría de Educación le negó al demandante el derecho a que sus cesantías
fueran liquidadas con el régimen retroactivo. Puntualmente, el actor partió de una
premisa errada al considerar que porque fue nombrado por una entidad territorial se
le aplicaba automáticamente el régimen de cesantías por retroactividad, con lo cual
se desconoció el marco normativo especial que rige a los docentes, en particular lo
dispuesto en la Ley 91 de 1989.
40. El referido apoderado indicó que, en el caso concreto, quedó probado que el
señor Pedro María Lobo Domínguez fue nombrado a través del Decreto núm. 031
del 1.° de abril de 1992, y tomó posesión en el cargo el 7 de abril de ese año, es
decir que esto ocurrió con posterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989, lo que
permitía concluir que goza de un régimen de cesantías anualizado y no hay
disposición que autorice extender el beneficio solicitado a quienes, como el actor,
ingresaron después del 1.° de enero de 1990. En este orden, el acto administrativo
demandado se ajustó al ordenamiento jurídico, y a una debida interpretación de las
normas y la jurisprudencia, sin que se pueda advertir error, omisión o falsa
motivación.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10
de febrero de 2011, exp. 52001-23-31-000-2006-01365-01 (0088- 2010).
7 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 002 2015-00034
RECURSO DE APELACIÓN.pdf.
8 Samai, índice 38.
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41. Debido a lo anterior, el apoderado del departamento del Atlántico adujo que
la entidad demandada no desconoció un derecho adquirido, toda vez que el
accionante no consolidó una situación jurídica en el régimen de retroactividad,
comoquiera que ingresó al servicio cuando dicho sistema ya no era aplicable para
los docentes oficiales. Así pues, pidió que se mantuviera la legalidad del Oficio núm.
2868 y de la sentencia de primera instancia.
42. Bajo este entendido, el aludido apoderado manifestó que no es posible
extender el régimen de retroactividad a quien ingresó al servicio en el año 1992,
aunado a que el cumplimiento de la entidad se reafirma con el pago de los intereses
de cesantías en aplicación del sistema de liquidación anualizado. Por consiguiente,
pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia9.
43. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 11 de febrero de
202610, sin pronunciamiento de las restantes partes ni del procurador delegado ante
la corporación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
45. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32811
del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
46. ¿El demandante tiene derecho a que sus cesantías se liquiden con el
régimen de retroactividad, en vez del anualizado, con la consecuente reliquidación
y consignación de los dineros dejados de percibir y el pago de los intereses
moratorios, por haberse vinculado como docente territorial entre el 1.° de enero de
1990 y el 31 de diciembre de 1996?
9 Samai, índice 42.
10 Samai, índice 43.
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
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47. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen de liquidación de cesantías de los docentes, (ii) el régimen de
cesantías aplicable a los empleados públicos. A partir de las anteriores
consideraciones se destacarán (iii) hechos probados y (iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes
48. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación12 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»13, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:
Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.
[…]
12 Artículo 3.
13 Artículo 4.
10
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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento del Atlántico
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.
49. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará
un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).
50. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1.° de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional14.
3.3.2. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
51. Como se dejó anotado en el acápite anterior, la Ley 91 de 1989 respetó los
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
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derechos adquiridos de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
respecto de la aplicación del régimen de cesantías que regía a los empleados
públicos del orden territorial, por lo que, sobre el particular, cabe recordar que la Ley
6 de 1945 regulaba el régimen de cesantías retroactivo, en los siguientes términos:
Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones sociales:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
[…].
52. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.
Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.
53. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196815, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
15Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
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enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.
54. Luego, la Ley 344 de 199616 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
[…].
55. Mediante el Decreto 1582 de 199817 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:
Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.
16 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
17 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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56. Por su parte, el Decreto 1919 de 200218, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
57. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de
conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.
3.4. Hechos probados relevantes
58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:
59. La Alcaldía Municipal de Palmar de Varela nombró al señor Pedro María Lobo
Domínguez maestro municipal mediante el Decreto núm. 031 del 1.° de abril de
199219. En el referido cargo se posesionó el 7 de abril de 199220, y según la
certificación emitida por el rector y el secretario de la Institución Educativa Técnica
Comercial de Palmar de Varela, del 13 de febrero de 2006, prestó sus servicios
como docente desde el 1°. de marzo de 1991, en adelante21.
60. Con posterioridad, mediante la Resolución núm. 00541 del 30 de abril de
2012, el demandante fue ascendido al grado 14 del Escalafón Nacional Docente 22.
61. Según la certificación expedida por el secretario de educación departamental,
el 3 de julio de 2014, de conformidad con la fecha de nombramiento del accionante
este goza de una vinculación de carácter municipal con recursos propios del
municipio y fue asumido por el SGP del departamento del Atlántico, a partir del 1.°
de enero de 2003, según la Ley 715 de 200123.
62. El señor Pedro María Lobo Domínguez, y otras personas, por conducto de
apoderado judicial, radicaron solicitud ante la Secretaría de Educación del
18 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
19 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 150 a 151 del archivo digital.
20 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 28 y 153 del archivo digital.
21 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, página 218 del archivo digital.
22 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, página 28 del archivo digital.
23 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, página 28 del archivo digital.
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departamento del Atlántico, Fomag, el 17 de julio de 201424, en la que pidieron el
reconocimiento del derecho a que sus cesantías se liquidaran con el régimen
retroactivo, en vez del anualizado; que se realizara la correspondiente reliquidación
y reajuste de los dineros dejados de reconocer en el Fomag y que se les pagara la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías. Igualmente
solicitaron que se les reconozcan los intereses corrientes y moratorios generados
desde que la obligación se hizo exigible.
63. El secretario de educación departamental del Atlántico expidió el Oficio núm.
2868 del 15 de agosto de 201425 en el que manifestó que era improcedente
modificar el régimen de cesantías anualizado por el de retroactividad, con ocasión
a que la vinculación al servicio público municipal se dio con posterioridad al 1.° de
enero de 1990, de tipo municipal y con recursos propios. Dispuso que los docentes
distritales, departamentales y municipales quedarían sujetos a la Ley 91 de 1989 y,
por tanto, su régimen de cesantías era el de anualidad, previsto en el artículo 15,
numeral 3, literal b) de la Ley 91 de 1989.
64. Por tanto, correspondía al Fomag pagar un interés anual sobre las cesantías
existentes acreditadas al 31 de diciembre de cada año, y era equivocada la
interpretación según la cual los docentes municipales, vinculados antes de la Ley
344 de 1996, eran beneficiarios de una liquidación retroactiva.
65. Finalmente, según la certificación expedida por el secretario de educación
departamental, el 3 de julio de 2014, a la que ya se ha hecho referencia, el señor
Pedro María Lobo Domínguez presta sus servicios en el departamento del Atlántico,
en la Secretaría de Educación Departamental y labora en la Institución Educativa
Técnica Comercial de Palmar de Varela26. De esta situación también da cuenta la
certificación emitida por la coordinadora de la Oficina de Hoja de Vida de la
Secretaría de Educación departamental, el 14 de junio de 201627.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
66. En el presente asunto, la Sala debe determinar si el demandante tiene
derecho a que sus cesantías se liquiden con el régimen de retroactividad en vez del
anualizado. Asimismo, si a partir de ello hay lugar a reliquidar y consignar los dineros
que se le dejaron de reconocer en el Fomag y el pago de los intereses moratorios.
67. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la
demanda al considerar que el actor se vinculó en vigencia de la Ley 91 de 1989 y
24 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 22 y 23 archivo digital.
25 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 18 a 20 del archivo digital.
26 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, páginas 18 a 20 del archivo digital.
27 Samai, índice 2, 17_ED_014201500034OFIC(.PDF) NroActua 2, expediente digitalizado, 001.EXP 2015-
00034, 140 a 141 del archivo digital.
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por eso se le aplicaba el régimen prestacional y salarial de los docentes del orden
nacional. Precisó que el hecho de que el accionante no se hubiera vinculado antes
de la expedición de la Ley 344 de 1996, no le otorgaba el derecho a que sus
cesantías se liquidaran retroactivamente.
68. Inconforme con esta decisión, el actor apeló. Sustentó que el municipio de
Palmar de Varela lo nombró en calidad de docente territorial, con cargo a sus propios
recursos. Además, indicó que le era inaplicable el sistema anualizado de cesantías,
de que trata la Ley 91 de 1989, conforme a la exposición de motivos de esta norma
y el contenido de la Ley 60 de 1993. Por ende, a su parecer, conservó el régimen
que tenía en la entidad territorial, ya que se vinculó antes del 30 de diciembre de
1996.
69. En este contexto, la Sala precisa que no es posible que el apoderado del
departamento del Atlántico hubiera confesado, frente a la vinculación del
demandante, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
porque el artículo 195 del CGP dispone que será inválida la confesión de los
representantes de las entidades públicas. Asimismo, en este asunto no se
desconoce que el municipio de Palmar de Varela vinculó al señor Pedro María Lobo
Domínguez en el cargo de maestro municipal y que se asumió por el departamento
del Atlántico, a partir del 1.° de enero de 2003, en los términos de la Ley 715 de
2001. De esto dio cuenta el Decreto núm. 031 del 1.° de abril de 1992 y la
certificación expedida por el secretario de educación departamental del Atlántico, el
3 de julio de 2014, pruebas efectivamente valoradas.
70. No obstante, aunque el actor refiere que no quedó sometido al artículo 10 de
la Ley 43 de 1975 y conservó su condición de docente territorial, incluso tras su
incorporación al SGP, la naturaleza de la vinculación docente no determina el
régimen de liquidación de las cesantías, ya que según el literal b) del numeral 3 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, quienes se hubieran vinculado desde el 1.° de
enero de 1990 se regirían por las normas aplicables a los empleados públicos del
orden nacional.
71. Bajo este entendido, como lo precisó la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al proferir la sentencia de unificación CE-SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de
201628, con independencia de si se trata de docentes nacionales o territoriales,
quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990, se regirían por la citada
normativa. En este sentido también se ha pronunciado la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al destacar lo siguiente:
el artículo 15 (numeral 3, letra b) de la Ley 91 de 1989 dispone que los docentes
que se vinculen a partir del 1º. de enero de 1990, como en el presente asunto (8 de
febrero de 1993), «el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
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31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad», es decir,
que la norma no precisa si se trata de docente nacional, nacionalizado o territorial,
como los define el artículo 1°. ibidem29, sino que los incluye a todos; y, según dice
el principio general de interpretación jurídica, «donde la ley no distingue no le es
dado al interprete hacerlo»30.
72. Así las cosas, aunque la Ley 91 de 1989 respetó los derechos adquiridos,
esto solo ocurrió frente a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989.
En igual sentido, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reguló lo relativo a la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes ingresaran al Estado a partir
de su entrada en vigor. Sin embargo, esta disposición de manera expresa previó
que lo allí indicado regía sin perjuicio de lo establecido en la Ley 91 de 1989, que
aplica especialmente para el personal docente oficial, como el aquí demandante.
73. Por ende, no resulta válido que el accionante pretenda interpretar el
contenido de la Ley 91 de 1989, en el sentido de que los docentes territoriales
vinculados entre el 1°. de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 son sujetos
del régimen prestacional vigente en la respectiva entidad, en tanto el alcance y la
interpretación de la Ley 91 de 1989 fueron aspectos definidos en la sentencia de
unificación CE-SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 201631. Tampoco encuentra la Sala
alguna justificación para considerar que solo a partir de la entrada en vigor de la Ley
344 de 1996 procedía la liquidación anual, ya que como se expuso, los docentes
gozan de un régimen especial, cuya norma aplicable es la Ley 91 de 1989, la cual
prevalece en esta clase de asuntos frente a la Ley 344 de 199632.
74. En razón a lo expuesto, como el actor se vinculó en vigencia de la Ley 91 de
1989, aspecto que no se discute, es beneficiario del régimen de liquidación
anualizado y no del retroactivo. De ahí que no sea posible otorgarle el derecho a
beneficiarse del sistema anterior, pues esto se sustenta en una indebida
interpretación de la normativa, como es el caso de la Ley 60 de 1993, y de la
jurisprudencia33. Por tanto, el criterio relevante en este asunto es la vinculación del
29 Ley 91 de 1989, artículo 1°: «Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de noviembre de 2022, exp. 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022).
31 La providencia analizó la exposición de motivos del proyecto de ley núm. 49 de 1989, y determinó que «la
segunda situación es la descrita por el inciso 2 del numeral 1 de la norma, que dice lo siguiente: Los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 (sean nacionales o nacionalizados, agrega la
Sala), para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se
expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley».
32 Así lo precisó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 13 de julio de
2022, exp. 19001-23-33-000-2015-00558-02 (2102-2022).
33 En la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 13 de julio de
2022, exp. 19001-23-33-000-2015-00558-02 (2102-2022), se consideró que la demandante era beneficiaria del
régimen de liquidación anualizado de cesantías porque se vinculó como docente desde el 29 de septiembre de
1990, después de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento del Atlántico
actor al servicio docente oficial, más no la afiliación al Fomag o la naturaleza de su
nombramiento.
75. Por último, la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, el 10 de febrero de 2011, no es precedente para este caso.
En particular, allí se determinó que la demandante pertenecía al régimen retroactivo
de liquidación de sus cesantías porque se vinculó desde 1981, mientras que en el
asunto concreto se probó que el accionante ingresó a la docencia oficial a través de
nombramiento realizado en el año 1992.
76. En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, lo
relevante para definir el régimen de liquidación de las cesantías del docente es su
fecha de vinculación, a partir de la aplicación de la Ley 91 de 1989. De ahí que las
interpretaciones distintas que hubieren hecho los tribunales administrativos, como
el Tribunal Administrativo de Boyacá, al cual el actor hace referencia, no alteran el
sentido de la decisión.
3.6. Conclusión de la decisión
77. La Sala concluye que el señor Pedro María Lobo Domínguez no tiene
derecho a que sus cesantías se liquiden con el régimen retroactivo, en lugar del
anualizado, con la consecuente reliquidación y consignación de los dineros dejados
de percibir y el pago de intereses moratorios. Lo anterior, dado que la liquidación
anual se aplica a los docentes designados con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 91 de 1989, como ocurre en su caso. En consecuencia, el acto
administrativo demandado conserva su legalidad, razón por la cual la Sala
confirmará la sentencia de primera instancia.
4. Costas
78. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 34 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
34 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00034-01 (2233-2021)
Demandante: Pedro María Lobo Domínguez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento del Atlántico
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia apelada, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Reconocer como apoderado sustituto del departamento del Atlántico al
abogado Ronald de Jesús Larios Sanjuan, identificado con cédula de ciudadanía
número 1.140.855.770 y portador de la tarjeta profesional número 259.556 del
Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del memorial que obra a índice
42 del Sistema de Gestión Judicial, Samai.
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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