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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01194-02

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01194-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluyen las agencias en derecho, de acuerdo con lo indicado en la motivación. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01194-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Demandante : María Claret Urrego Sutachán
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema : Liquidación de cesantías por régimen anualizado, mas
no retroactivo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 5 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), que negó las
pretensiones de la demanda del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 20 a 27 y 32 a 34 vuelto). La señora María Claret
Urrego Sutachán, por conducto de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad «[…] Oficio con No. S - 2016-135120
del 8 de septiembre de 2016 expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá
D.C. - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- el cual indica
que no es procedente realizar la liquidación de las cesantías con régimen de
retroactividad» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada
liquidar, en forma indexada, las cesantías con el régimen de retroactividad, de
conformidad con las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947,
junto con los intereses moratorios; y condenarla en costas procesales.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que prestó sus servicios en el

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

Distrito Capital, como docente, desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 15 de
marzo de 2017 y, a través de escrito de 31 de agosto de 2016, pidió «[…] ante
la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio el reconocimiento del régimen de retroactividad en las
cesantías» (sic), lo que le fue negado con el oficio acusado.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo censurado los artículos 1°, 2°, 4°, 5°,
6°, 13, 23, 25, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 17 (letra a) y 12 de
la Ley 6ª. de 1945; 1°. de la Ley 65 de 1946, 6°. de la Ley 60 de 1993, 176 de la
Ley 115 de 1994, 2°. (letra a) de la Ley 4ª. de 1992, 6°. (parágrafo) del Decreto
1160 de 1947; 15 del Decreto 1498 de 1986, 5° y 15 de la Ley 91 de 1989, 2° del
Decreto 196 de 1995, 1° y 3° del Decreto 1919 de 2002.

Aduce que «El proceder ilegal de la Administración no ha permito que […] se
le garantice el derecho al pago de las Cesantías debidamente liquidadas, al
haber incurrido en error y haberle liquidado las cesantías con Intereses,
negándole el derecho a que se liquidan las Cesantías con Retroactividad según
lo contemplado en la Ley 6 de 1945, artículo 17, literal a); Ley 65 de 1946,
artículo 1° y Decreto 1160 de 1947, artículo 6, transgrediendo el artículo 53 de
la Carta» (sic).

Que «[…] es de considerar, el tiempo de servicio prestado por [la actora], es
decir, a partir del 8 de febrero de 2016, fecha de su posesión; y el Acto
Administrativo por el cual fue Nombrado, Resolución No. 202 del 1 de febrero
de 1993 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., lo cual acredita que
la señora MARIA CLARET URREGO SUTACHAN se ha venido desempeñando
en forma ininterrumpida como docente territorial y está facultado para
solicitar la aplicación de este régimen» (sic para toda la cita).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 220 a 223) La Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, por medio de apoderada, se opuso a las súplicas
del medio de control, se pronunció en relación con los hechos, en el sentido de
que algunos son parcialmente ciertos, otros no le constan y los demás no
comportan situaciones fácticas; planteó las excepciones denominadas «COBRO
DE LO NO DEBIDO, LA DOCENTE NO DEMOSTRÓ TENERLA CALIDAD
DE DOCENTE TERRITORIAL, POR LO QUE LE APLICA EL RÉGIMEN DE
LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS» e inexistencia de la obligación o
cobro de lo no debido; y asevera que «[…] la demandante afirma haber sido
vinculada en el año 1993, fecha en la cual el régimen aplicable es el de
2

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
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María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
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liquidación anual y no retroactiva de las cesantías».

1.3 La providencia apelada (ff. 253 a 258). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección E), mediante sentencia de 5 de
noviembre de 2021, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas),
al considerar que «[…] está demostrado que la señora María Claret Urrego
Sutachán se vinculó al servicio público docente en el Distrito Capital de Bogotá
a partir del 8 de febrero de 1993, en calidad de docente de tiempo completo.
Conforme a lo anterior, no cabe duda que la accionante fue vinculada con
posterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989, y de conformidad con las
normas ya transcritas, esto es, el literal b) del numeral 3° del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, tiene derecho a que le liquiden las cesantías, pero con el
régimen anualizado».

1.4 El recurso de apelación (ff. 268 a 274). Inconforme con la anterior
sentencia, la actora, por intermedio de apoderada, interpuso recurso de
apelación, al estimar que «[…] el reconocimiento y pago de la retroactividad
se aplica a docentes vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, sus
cesantías deberán liquidarse con retroactividad, pues así lo establece el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, según el cual el personal docente de vinculación
territorial (distrital, departamental o municipal) será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y se les respetará el régimen
prestacional de la respectiva entidad territorial. Así las cosas […] se rige por
la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la modifican y reglamentan por
ser aplicable a los servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre
de 1996. Máxime cuando el docente ya viene vinculado desde antes de la
entrada en vigencia de la Lev 91 de 1989» (sic para toda la cita).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 26 de enero de
2022 (f. 276) y admitido por esta Corporación a través de auto de 26 de julio
siguiente (f. 281), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; pero en la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta

1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
a la Sala determinar si a la accionante, en su calidad de docente, le asiste el
derecho a la liquidación del auxilio de cesantías definitivas, de conformidad con
el régimen retroactivo, aunque la vinculación en propiedad al magisterio se haya
producido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 19963 estableció que, sin
perjuicio de los derechos convencionales y de lo previsto en la Ley 91 de 1989,
las personas que se vinculen, a partir de su publicación, a los órganos y
entidades del Estado se les efectuará el 31 de diciembre de cada año la
liquidación definitiva de sus cesantías por la anualidad o la fracción respectiva,
y, además, les serán aplicables las restantes normas legales vigentes
compatibles sobre la materia. Sin embargo, antes de esta disposición, las Leyes
60 de 19934 y 115 de 1994 (Ley General de Educación)5 habían dispuesto de
manera categórica que el régimen prestacional de los educadores estatales es el
instituido en la Ley 91 de 1989. Dice el artículo 13:

Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
3
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
4
Ley 60 de 1993, «por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», artículo 6°. «[…] El régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase
de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial».
5
Ley 115 de 1994, artículo 115. «El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del
régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores
estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley. Ver Artículo 26
Decreto Nacional 2277 de 1979 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política,
el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales».
4

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades
del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen
que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo;

El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con
la finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el
momento de la publicación de la presente Ley tengan régimen de
cesantías con retroactividad, se acojan a lo dispuesto en el presente
artículo (aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-428 de 1997).

Parágrafo. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo
no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional.

Esto significa que, desde la promulgación de esta ley, comenzó a regir para otros
servidores públicos (diferentes de los docentes) el régimen anualizado de
liquidación de cesantías6 que modificó el de retroactividad (liquidaciones
anuales y definitivas por retiro), instituido en los artículos 27 y 287 del Decreto
3118 de 1968, creador del Fondo Nacional del Ahorro; pero, en virtud del
artículo 3 del Decreto 1582 de 19988 los servidores públicos vinculados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, con sistema de
retroactividad, podían acogerse, si lo decidían, a la regulación de cesantías de
esta ley. Además, con fundamento en los artículos 13 (letra b), de la Ley 344 de

6
Diario Oficial 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
7
Artículo 27. «Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas
industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores
varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador».
Artículo 28. «Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio,
departamento administrativo, superintendencia, establecimientos públicos o empresa industrial y comercial
del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de
retiro».
8
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
5

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
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Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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19969 y el 1º. del Decreto 1582 de 199810 para su liquidación y pago, se aplica
la Ley 50 de 1990 (artículos 99, 102 y 104) y demás normas concordantes.

En este orden de ideas, la Ley 50 de 1990, en su artículo 99, prevé:

Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá
las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la
suma causada en el año o en la fracción que se liquide
definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador
que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por
cada retardo. […]

Posteriormente, el Decreto 1252 de 30 de junio 2000, «[p]or el cual se
establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos,
los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública», dispuso:

Artículo 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado
a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago
de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990,
344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso
anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo
a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial
que regule las cesantías.

9
Ley 344 de 1996, artículo 13 (letra b). «Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el
literal a) del presente artículo».
10
Decreto 1582 de 1998, artículo 1º: «El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos
privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50
de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998».
6

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
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Magisterio

Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja
Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías
de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo.

Artículo 2°. Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000,
disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en
dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el
organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.

Luego, en el 2002, se expidió el Decreto 1919 de 27 de agosto, «[p]or el cual
se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se
regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel
territorial», en el que, en su artículo 3, se previó que «[l]os empleados públicos
a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías
continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de
1996 y el Decreto 1252 de 2000».

En tal virtud, se ha de puntualizar que fue el Decreto 3118 de 1968, creador del
Fondo Nacional del Ahorro, el que inició en el sector público el desmonte del
régimen de retroactividad de las cesantías para acoger el de la liquidación anual,
y, en su artículo 27, ordenó:

Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del
Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no
podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del
respectivo empleado o trabajador.

Con la Ley 91 de 1989, el legislador fundó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, cuyo propósito
es atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de
la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen
con posterioridad a ella» (artículo 4), para la cual estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:

Artículo 2°.

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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
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María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

[…]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas
hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y
pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden
nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta
la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán
reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían
en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley
43 de 1975.

[…]

Artículo 15º. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando
en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero
de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada
año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los
últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del
último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y
para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha
fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
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Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de
captación del sistema financiero durante el mismo período. Las
cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de
diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

En tales condiciones, de acuerdo con las normas trascritas, los educadores que
se vinculen con posterioridad al 1º. de enero de 1990 deberán acogerse al
régimen de cesantías anualizadas y no al retroactivo.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Resolución 202 de 1° de febrero de 1993 (ff. 4 a 6), expedida por el alcalde
de Bogotá, con la cual nombró, en propiedad, a la accionante como maestra en
la planta de personal docente del Distrito Capital; se posesionó el 8 siguiente (f.
7).

b) Por conducto de oficio S-2016-135120 de 8 de septiembre de 2016, proferido
por la secretaría de educación de Bogotá (ff. 11 y 12), en respuesta a una
petición de la actora, se le informó que sus cesantías definitivas fueron
liquidadas por el régimen anualizado y que no es dable su cálculo en forma
retroactiva, dada su vinculación con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989.

De las pruebas anteriormente relacionadas se desprende que (i) la accionante
prestó sus servicios en condición de maestra para el Distrito Capital desde el 8
de febrero de 1993; y (ii) la secretaría de educación de Bogotá le reconoció sus
cesantías definitivas conforme al régimen anualizado, por lo que pidió su
reliquidación en forma retroactiva, negada a través del acto administrativo
acusado.

Como se anotó en el acápite precedente, el artículo 15 (numeral 3, letra b) de la
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
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María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

Ley 91 de 1989 dispone que los docentes que se vinculen a partir del 1º. de
enero de 1990, como en el presente asunto (8 de febrero de 1993), «el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad», es decir, que la norma
no precisa si se trata de docente nacional, nacionalizado o territorial, como los
define el artículo 1°. ibidem11, sino que los incluye a todos; y, según dice el
principio general de interpretación jurídica, «donde la ley no distingue no le es
dado al interprete hacerlo».

En este mismo sentido, la subsección A de esta sección, en sentencia de 27 de
noviembre de 201712, discurrió así:

En esas condiciones, conforme a lo señalado en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, toda vez que su vinculación se produjo con
posterioridad al 1.º de enero de 1990, independientemente del tipo de
su naturaleza, se le aplican las disposiciones vigentes para los
empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema
anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento
de intereses.

De lo anterior se colige, que en el caso de la vinculación de la
demandante es al régimen anualizado de cesantías al que alude el
artículo 5.º del Decreto 196 de 1995, cuando señala que a los docentes
departamentales, distritales y municipales financiados con recursos
propios, se les respetaría el régimen prestacional que tuvieran al
momento de la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, y no el que pretende le sea aplicado, determinado en las
normas anteriores a la expedición de la Ley 91 de 1989, que
consagraban la retroactividad de las cesantías para los docentes
territoriales.

De igual manera, tal como lo señaló el a quo no es posible equiparar
la condiciones salariales y prestacionales de los docentes a la de los
demás empleados del régimen general territorial o a aquellos que
conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en

11
Ley 91 de 1989, artículo 1°: «Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sentencia de 27 de noviembre de 2017, expediente:
70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16), actor: Pedro José Díaz Fortich, demandado: Ministerio de
Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
10

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

tanto que los docentes ostentan un régimen especial y en esa medida
gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso, ascenso y
prestaciones, independientemente de su carácter. Así mismo, porque
el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excluyó de su aplicación, a los
docentes vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es decir,
a partir del 1.º de enero de 1990.

Por consiguiente, se concluye que la interpretación que sobre su situación y las
normas aplicables efectuó la actora no corresponde a la realidad jurídica, en la
medida en que las disposiciones son claras en prever que basta con revisar la
fecha de vinculación como docente para establecer el régimen de cesantías del
que se es beneficiario, el cual, en este caso, es el anualizado, como
acertadamente se determinó en el acto administrativo acusado.

Por último, se tiene que en el escrito de apelación la demandante solicita la
revocación de la sentencia, que incluye la condena en costas impuesta; sobre el
particular la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto
en el artículo 36513 del CGP, por remisión expresa del artículo 18814 del
CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala
fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único
fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la
imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en
sentencia de 1.º de diciembre de 201615, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

13
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe.
[…]».
14 «
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre laL condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
11

Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,

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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Claret Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la
parte demandante, no se impondrá condena en costas.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda, toda vez que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto censurado; y revocará la condena en costas
impuesta a la actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2021
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección
E), que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Claret
Urrego Sutachán contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a lo expuesto en la
parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluyen
las agencias en derecho, de acuerdo con lo indicado en la motivación.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

13

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