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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05409-02

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05409-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

Tema: régimen de liquidación de cesantías. Subtema 1: sistemas – retroactivo y
anualizado–.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag y el Procurador 56 Judicial II para Asuntos Administrativos, contra
la sentencia proferida el 12 de abril de 2024, por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Neyla Miranda Herrera solicitó la nulidad del Oficio núm. S-2017-62550
del 24 de abril de 2017, expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, Fomag,
que le negó la liquidación de sus cesantías con el régimen de retroactividad. El
Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, porque, en su
criterio, la docente trabajó sin interrupción desde el 24 de mayo de 1989, lo que la
hacía beneficiaria del régimen de liquidación retroactivo. Inconformes con esta
decisión, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el Procurador 56
Judicial II para Asuntos Administrativos interpusieron recursos de apelación. En esta
oportunidad, la Subsección revocará la sentencia apelada para, en su lugar, negar
íntegramente las pretensiones de la demanda.

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Neyla Miranda Herrera, mediante apoderada judicial, formuló
demanda el 2 de noviembre de 20171, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad del Oficio núm. S-2017-62550 del 24 de abril de 2017,
expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, Fomag, que le negó a la actora
la liquidación de sus cesantías con el régimen de retroactividad.

3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante pidió el reconocimiento
del «régimen de retroactividad, esto es, liquidar las cesantías reconociendo y
pagando un (1) mes de salario por cada año de servicio o de manera proporcional,
equivalente a la suma de ($58.737.718), de conformidad con la Ley 6 de 1945,
artículo 17, literal a); Ley 65 de 1946, artículo 1 y; Decreto 1160 de 1947, artículo 6
y demás normas concordantes y complementarias; valor que deberá indexarse para
el día del pago».

4. Igualmente, solicitó que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA, que se efectuaran los ajustes de valor de conformidad
con el artículo 187 del CPACA y que la entidad demandada reconociera y pagara
los intereses moratorios. Finalmente, que se le condenara en costas y agencias en
derecho.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La Alcaldía Mayor de Bogotá nombró a la señora Neyla Miranda Herrera
mediante la Resolución núm. 202 del 1.° de febrero de 1993. En este cargo se
posesionó el 5 de febrero de 1993.

7. Ha prestado sus servicios ininterrumpidamente durante 24 años, 8 meses y
10 días, del 5 de febrero de 1993 al 15 de octubre de 2017.

1 C. Principal, folios 24 y 32.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

8. Posteriormente, la demandante interpuso reclamación el 20 de abril de 2017
ante la Secretaría de Educación de Bogotá, Fomag, en la que pidió el
reconocimiento del régimen retroactivo en la liquidación de sus cesantías.

9. La demandada expidió el Oficio S-2017-62550 del 24 de abril de 2017, en el
que negó lo pedido por improcedente.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. La accionante citó como vulneradas las siguientes: Constitución Política,
artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 53, 58, 228 y 336; Ley 4 de 1992, artículo 2, literal
a); Ley 6 de 1945; Ley 65 de 1946; Decreto 1160 de 1947; Decreto 1498 de 1986;
Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993 y Decreto 1919 de 2002.

11. En el concepto de violación, la demandante expuso que el proceder ilegal de
la administración ha impedido que sus cesantías se liquiden con el régimen de
retroactividad de la forma en que lo prevé la Ley 6 de 1945, artículo 17, literal a); la
Ley 65 de 1946, artículo 1.° y el Decreto 1160 de 1947, artículo 6, pese a que es
una docente territorial vinculada ininterrumpidamente desde el 5 de febrero de 1993.

12. En línea con esto, la actora sostuvo que la Secretaría de Educación de
Bogotá y el Fomag desconocieron los beneficios adquiridos por los diferentes
regímenes que rigen a los servidores públicos y prohíben la desmejora de los
salarios y de las prestaciones sociales. Además, expresó que se desconoció el
sistema especial de retroactividad, el cual resulta aplicable a los docentes
vinculados con antelación a la expedición de la Ley 344 de 1996.

13. En particular, la señora Neyla Miranda Herrera manifestó que el acto
enjuiciado es nulo por infracción manifiesta de la Constitución Política, la ley y los
decretos. Hizo referencia a que el asunto relacionado con la retroactividad de las
cesantías ya había sido decantado por la jurisprudencia del Consejo de Estado2.

2.2. Trámite procesal relevante

14. El magistrado sustanciador del Tribunal, en auto del 7 de diciembre de 20173,
rechazó la demanda al considerar que operó la caducidad del medio de control. Al
efecto, destacó que la actora debió demandar la resolución que le reconoció sus
cesantías definitivas pero que, en todo caso, el Oficio S-2017-62550 del 24 de abril
de 2017 se notificó el 3 de mayo de 2017, por lo que el término para demandarlo

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia del 10

de febrero de 2011, exp. 52001-23-31-000-2006-01365-01 (0088-10). Consejo de Estado, sentencia del 25 de
marzo de 2010, exp. 63001-23-31-000-2003-01125-01 (0620-09). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2016, exp. 08001-23-31-000-
2011-00752-01 (1528-14). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 16 de junio de 2016, exp. 08001-23-31-000-2011-00717-01 (4586-2015).
3 C. Principal, folios 33 y 34.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

vencía el 4 de septiembre de 2017. No obstante, la accionante radicó solicitud de
conciliación el 11 de agosto de 2017 (cuando le restaban 23 días) y la audiencia se
celebró el 5 de octubre siguiente. Por ende, el plazo iba hasta el 30 de octubre, pero
la demanda se interpuso hasta el 2 de noviembre de 2017.

15. Inconforme con esta decisión, la demandante apeló4 y sostuvo que aún
estaba vinculada, por lo que era procedente el reconocimiento de sus cesantías con
el régimen de retroactividad. En razón a ello, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 24 de julio de 2020 5, revocó el
auto del 7 de diciembre de 2017, al considerar que se trató de prestaciones
periódicas, esto es, el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas en
vigencia de la relación laboral. En cumplimiento de lo ordenado, el Tribunal admitió
la demanda y vinculó a la presente acción a la Fiduprevisora S.A6.

2.3. Contestación de la demanda

2.3.1. Secretaría de Educación de Bogotá

16. La Secretaría de Educación de Bogotá, mediante apoderado judicial, se
opuso a todas las pretensiones de la demanda. Sostuvo que su intervención está
condicionada a la elaboración de los actos administrativos, pero quien aprueba la
liquidación de las cesantías parciales o definitivas es el Fomag, a través de la
Fiduprevisora.

17. Asimismo, expresó que los docentes vinculados a partir del 1.° de enero de
1990, para efectos del reconocimiento de sus cesantías, serían destinatarios del
sistema de liquidación anualizado sin retroactividad. En consecuencia, la actora no
tiene el derecho pretendido porque se vinculó a partir de febrero de 1993. Planteó
como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva 7; la legalidad de
los actos acusados; la prescripción y la genérica8.

2.3.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

18. La entidad, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la prosperidad de
las súplicas de la demanda. En particular, destacó que la actora se posesionó el 5
de febrero de 1993, con ocasión de un nombramiento en propiedad y se afilió al
Fomag el 21 de mayo de 1996. En consecuencia, se rige por el régimen anualizado
de cesantías, porque inició la prestación de sus servicios con posterioridad al 1.° de
enero de 1990.

4 C. Principal, folios 35 a 37.
5 C. Principal, folios 43 y 44.
6 C. Principal, folio 53.
7 El Tribunal resolvió esta excepción y la negó, mediante auto del 3 de agosto de 2023. C. Principal, folios 117

a 119.
8 C. Principal, folios 60 a 64.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

19. Planteó como excepciones, el cobro de lo no debido; la inexistencia de la
obligación y la genérica9.

2.4. Sentencia de primera instancia

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia, el 12 de abril de 2024, en la que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena
en costas, así:

Primero: Declarar la nulidad del Oficio S-2017-62550 del 24 de abril de 2017, que
negó el reconocimiento y pago de las cesantías de conformidad con el régimen de
retroactividad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y
pagar a la señora Neyla Miranda Herrera, identificada con cédula de ciudadanía
41.697.225, las cesantías liquidadas con retroactividad, pagando un mes de salario
por cada año de servicios, computando todo el tiempo trabajado, teniendo en cuenta
el último salario devengado (a menos que haya tenido modificaciones en los últimos
3 meses), computando todo aquello que implique directa o indirectamente,
retribución ordinaria y permanente de servicios. Al anterior reconocimiento, deberá
ser deducido lo que le haya sido cancelado a la demandante, por concepto de
liquidación de cesantías parciales bajo el régimen de anualidad, en caso de haber
sido así. […]

Quinto: se niegan las demás pretensiones de la demanda.

21. El Tribunal consideró que la accionante se vinculó como docente temporal en
el colegio Distrital Rodrigo Lara Bonilla de Bogotá a partir del 24 de mayo de 1989,
y posteriormente fue nombrada en propiedad desde el 8 de febrero de 1993. Precisó
que esta situación no desvirtuaba el tiempo laborado desde el 2 de marzo de 1989
(sic)10 porque según la certificación que obraba a folios 14 y 15 del expediente la
docente trabajó «sin interrupción».

22. En este orden de ideas, a juicio del Tribunal, como la demandante inició la
prestación de sus servicios el 24 de mayo de 1989, con anterioridad al 1.° de enero
de 1990, es beneficiaria del régimen de liquidación retroactivo en los términos del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, la actora tiene el derecho, dado
que el pago de sus cesantías se rige por las leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y los
decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947.

9 C. Principal, folios 87 a 92.
10 La sentencia de primera instancia refirió en punto a la fecha «2 de marzo de 1989»; no obstante, tanto las

pruebas obrantes en el expediente como el conjunto de la providencia son consistentes en que la primera
vinculación de la accionante fue el 24 de mayo de 1989, fecha que es la correcta.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

23. El Tribunal no condenó en costas porque no existió mala fe ni abuso del
derecho11.

2.5. Recursos de apelación

2.5.1. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

24. La entidad demandada, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, pidió que se revoque, y en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes motivos:

25. La accionante se vinculó al servicio docente en 199312 y, por ende, el régimen
de liquidación de cesantías aplicable es el anualizado, porque su vinculación se dio
con posterioridad al 1.° de enero de 1990, que prevé lo propio para esta clase de
docentes. Por ende, a la actora le resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 3,
literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

26. Esta postura la fijó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en el concepto emitido el 22 de mayo de 199613. La entidad apelante afirmó que
esta corporación, a través de decisiones de la Sección Segunda14, ha determinado
la imposibilidad de aplicar el régimen retroactivo de cesantías a una vinculación
posterior a la vigencia de la Ley 91 de 1989.

27. En este orden, la actora no es beneficiaria de las disposiciones del artículo 6
de la Ley 60 de 1993, en los términos de la sentencia proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del 22 de febrero de 201815 16.

2.5.2. Procurador 56 Judicial II para Asuntos Administrativos

28. El Procurador 56 Judicial II para Asuntos Administrativos interpuso recurso
de apelación, y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se negaran las súplicas de la demanda. Para el efecto, expuso los siguientes
argumentos:

29. La demandante no tiene derecho a que sus cesantías se liquiden con el
régimen retroactivo. En efecto, la actora estuvo vinculada en dos oportunidades al
servicio docente, en primer lugar, del 24 de mayo de 1989 al 30 de noviembre de
1992; y, en segundo lugar, mediante nombramiento en propiedad por parte del
Distrito Capital de Bogotá, efectuado mediante la Resolución núm. 202 del 1.° de
11 C. Principal, folios 139 a 149.
12 La apelante también refiere que la actora se vinculó como docente a partir del 21 de mayo de 1996.
13 Expediente radicado al núm. 820 de 1996, M.P. Javier Henao Hidrón.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de febrero de

2018, exp. 17001-23-33-000-2015-00825-01 (5085-2016).
15 Ibidem.
16 C. Principal, folios 165 a 169.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

febrero de 1993. De ahí se advierte que hay solución de continuidad entre la
vinculación de la accionante como docente temporal y su nombramiento en
propiedad, al tratarse de dos relaciones laborales distintas, entre las que hubo
interrupción superior a 15 días hábiles.

30. En igual sentido, la actora en su reclamación solo hizo referencia al vínculo
a partir del 5 de febrero de 1993, lo que era «natural» porque entre el 24 de mayo
de 1989 y el 30 de noviembre estuvo sometida al régimen retroactivo. Bajo este
entendido, la solicitud se sustentó en la vinculación docente antes del 30 de
diciembre de 1996. Sin embargo, perdió el derecho a acogerse a dicho sistema,
pues su vínculo se interrumpió (la relación cesó al 30 de noviembre de 1992), por lo
que a partir del 5 de febrero de 1993 y hasta el 15 de octubre de 2017, período en
el cual laboró ininterrumpidamente, se sujetó al régimen anualizado.

31. El agente del Ministerio Público citó varias sentencias del Consejo de Estado
sobre la solución de continuidad17 y la condición de beneficiaria del régimen de
liquidación, a partir del contenido de la Ley 91 de 198918. Agregó que, de acuerdo
con la línea de esta corporación, los docentes vinculados con posterioridad al 1.° de
enero de 1990 están sometidos al régimen anualizado de cesantías, por ende, no
son beneficiarios de la liquidación con retroactividad19 20.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

32. La magistrada ponente admitió los recursos de apelación mediante auto del
10 de marzo de 202521, en los términos del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Ordenó notificar personalmente al procurador
delegado ante la corporación y al agente del Ministerio Público que interpuso la
apelación, y a las partes de conformidad con el artículo 205 del CPACA.

33. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 21 de marzo de
202522, sin pronunciamiento de las partes.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

15 de abril de 2021, exp. 25000-23-42-000-2017-00813-01(1838-19). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp.
25000-23-42-000-2018-01973-01 (2514-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2022, exp. 25000-23-42-000-2018-01142-01 (5146-
2019).
18 Consejo de Estado, sentencia del 15 de noviembre de 2018, exp. 68001-23-33-000-2015-00850-01(2966-17).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 19
de octubre de 2017, exp. 5010-2015, del 27 de noviembre de 2017, exp. 0472-2016, del 19 de enero de 2015,
exp. 4400-2013, del 25 de marzo de 2010, exp. 0620-2009, del 22 de febrero de 2018, exp. 17001-23-33-000-
2015-00825-01(5085-16), del 27 de noviembre de 2017, exp. 0472-2016 y del 26 de enero de 2023, exp. 25000-
23-42-000-2020-01124-01 (2593-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencias del 12 de junio de 2020, exp. 54001-23-33-000-2016-00235-01(2974-17),
del 24 de noviembre de 2022, exp. 25000-23-42-000-2019-01188-01 (2533-2022) y del 15 de enero de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2023-05285-01.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

29 de febrero de 2024, exp. 52001-23-33-000-2020-00103-01 (6206-2022).
20 C. Principal, folios 176 a 180.
21 Samai, índice 4.
22 Samai, índice 8.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es
competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de
conformidad con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

35. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
interpuestos contra el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de
la demanda, y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 32823 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si la demandante tiene derecho a que sus cesantías
sean reconocidas y liquidadas conforme al régimen retroactivo, en consideración a
que prestó sus servicios como docente entre el 24 de mayo de 1989 y el 30 de
noviembre de 1992 y, posteriormente, fue vinculada en propiedad a partir del 5 de
febrero de 1993. Para resolver este interrogante, la Sala deberá establecer:

36. ¿El debate planteado en sede administrativa y judicial se circunscribió
exclusivamente a la vinculación de la actora a partir del 5 de febrero de 1993? ¿La
demandante se vinculó por primera vez al servicio docente oficial con posterioridad
al 1.° de enero de 1990? En caso de acreditarse que la actora prestó sus servicios
como docente oficial desde el 24 de mayo de 1989, ¿esa vinculación se interrumpió,
de manera que, a partir del 5 de febrero de 1993, surgió una nueva relación laboral?

37. Para resolver estos interrogantes, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el régimen de liquidación de cesantías de los docentes, (ii) el régimen de cesantías
aplicable a los empleados públicos. A partir de las anteriores consideraciones se
destacarán (iii) hechos probados y (iv) caso concreto.

23 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

8

Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes

38. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación24 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»25, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio

24 Artículo 3.
25 Artículo 4.

9

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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
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equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.

39. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero de 1990, a quienes el fondo les
pagará un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).

40. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1.° de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional26.

3.3.2. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos

41. Como se dejó anotado en el acápite anterior, la Ley 91 de 1989 respetó los
derechos adquiridos de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
respecto de la aplicación del régimen de cesantías que regía a los empleados
públicos del orden territorial, por lo que, sobre el particular, cabe recordar que la Ley
6 de 1945 regulaba el régimen de cesantías retroactivo, en los siguientes términos:

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).

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Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones sociales:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

[…].

42. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:

Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.

Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.

43. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 1968 27, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:

Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o

27Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.

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empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.

44. Luego, la Ley 344 de 199628 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;

[…].

45. Mediante el Decreto 1582 de 199829 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.

46. Por su parte, el Decreto 1919 de 200230, en su artículo 3, ratificó que los

28 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
29 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en

relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
30 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen

mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.

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«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

47. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de
conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.

3.4. Hechos probados relevantes

48. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra probado lo siguiente:

49. Según el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
del 9 de junio de 2022, emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C, la
señora Neyla Miranda Herrera tuvo las siguientes vinculaciones como docente
temporal de tiempo completo31:

Tabla 1.

Tipo de novedad y plantel Desde Hasta
educativo
Temporal tiempo completo 24 de mayo de 1989 3 de diciembre de 1989
IED Rodrigo Lara Bonilla
Temporal tiempo completo 22 de enero de 1990 3 de diciembre de 1990
IED Rodrigo Lara Bonilla
Temporal tiempo completo 18 de enero de 1991 30 de noviembre de 1991
IED Rodrigo Lara Bonilla
Temporal tiempo completo 20 de enero de 1992 30 de noviembre de 1992
IED Rodrigo Lara Bonilla

50. Con posterioridad, la accionante fue nombrada en propiedad mediante la
Resolución núm. 202 del 1.° de febrero de 199332, con posesión el 5 de febrero de
1993 e inicio de labores el 8 de febrero siguiente33.

51. La actora reclamó ante el Fomag, el 20 de abril de 201734, que sus cesantías
se reconocieran con el régimen de retroactividad, y que estas se liquidaran de

31 C. principal, folio 24. Samai, exp. 25000234200020170540900, índice 37,
https://drive.google.com/drive/folders/1_wNVKl16tZrAQkEwRAsy2NJWk1nNxt3r, 2017-05409 tac, I-2022-
61002_16.pdf.
32 C. Principal, folios 3 a 8.
33 C. principal, folio 25. Samai, exp. 25000234200020170540900, índice 37,
https://drive.google.com/drive/folders/1_wNVKl16tZrAQkEwRAsy2NJWk1nNxt3r, 2017-05409 tac, I-2022-
61002_16.pdf.
34 C. Principal, folios 9 a 12.

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conformidad con la Ley 6 de 1945, artículo 17, literal a); Ley 65 de 1946; artículo 1.°
y Decreto 1160 de 1947, artículo 6, con un mes de salario por cada año de servicio
o proporcional. Al efecto, sostuvo que fue nombrada mediante la Resolución núm.
202 del 1.° de febrero de 1993, cargo en el cual se posesionó el 5 de febrero
siguiente, y adujo que a los docentes territoriales vinculados antes de la expedición
de la Ley 344 de 1996 se les aplica el régimen de retroactividad.

52. El profesional especializado de la Dirección de Talento Humano de la
Secretaría de Educación de Bogotá expidió el Oficio núm. S-2017-62550 del 24 de
abril de 201735, en el que negó la aplicación del régimen de retroactividad, porque
la actora fue nombrada a través de la Resolución núm. 202 del 1.° de febrero de
1993. Por ende, era beneficiaria del sistema anualizado.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

53. En el presente asunto, la Sala debe determinar si la demandante tiene
derecho a que sus cesantías se reconozcan y liquiden con el régimen retroactivo,
por haberse vinculado inicialmente del 24 de mayo de 1989 al 30 de noviembre de
1992, y después como docente en propiedad a partir del 5 de febrero de 1993.

54. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda porque,
a su juicio, la docente trabajó «sin interrupción» desde el 24 de mayo de 1989. Por
ende, como inició la prestación de sus servicios con anterioridad al 1.° de enero de
1990, consideró que era beneficiaria del régimen de liquidación retroactivo.

55. Inconformes con esta decisión, la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag y el Procurador 56 Judicial II para Asuntos Administrativos interpusieron
recursos de apelación. El Fomag insistió en que dada la vinculación de la actora,
que tuvo lugar en 1993, es beneficiaria del régimen de liquidación de cesantías
anualizado. El procurador sostuvo que hubo solución de continuidad entre la
vinculación de la señora Neyla Miranda Herrera como docente temporal y su
nombramiento en propiedad, al tratarse de dos relaciones laborales distintas, entre
las que hubo una interrupción superior a 15 días hábiles.

56. Al respecto, se advierte que en sede administrativa, en la conciliación como
requisito de procedibilidad, y en la demanda, la parte actora sustentó que el inicio
de su vinculación fue el 5 de febrero de 1993, con el argumento de que a los
docentes territoriales vinculados antes de la Ley 344 de 1996 les era aplicable el
régimen de liquidación retroactivo de cesantías. De ahí que la situación fáctica se
delimitó a la vinculación de la demandante a partir de 1993.

57. No obstante, en los alegatos de primera instancia, la accionante relacionó los
tiempos laborados como docente con antelación a la entrada en vigor de la Ley 91

35 C. Principal, folio 23.

14

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de 1989 y refirió la no solución de continuidad entre este vínculo y el nombramiento
en propiedad del 1.° de febrero de 1993. Consideró, al efecto, que la Secretaría de
Educación de Bogotá le reconoció el tiempo «desde 1989 hasta 1992, según consta
en el certificado de historia laboral allegado al expediente»36 y pidió tener en cuenta
estas circunstancias al momento de fallar.

58. Al efecto, la Sala no advierte irregularidad que vicie el proceso, toda vez que
las pretensiones de la demanda estaban dirigidas al reconocimiento de las
cesantías de la actora con el régimen retroactivo, y con fundamento en esto el
Tribunal fijó el litigio37. Por tanto, era imprescindible que esta autoridad analizara
todos los tiempos laborados y las pruebas allegadas al expediente.

59. Además, los períodos de vinculación docente los certificó la propia entidad
demandada en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 9 de junio de 202238, lo que impide considerar que se afectó el debido
proceso39.

60. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, la Sala observa que, de
conformidad con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, del 9 de junio de 202240, la accionante laboró en calidad de docente
temporal de tiempo completo en los siguientes períodos: (i) del 24 de mayo de 1989
al 3 de diciembre de 1989; (ii) del 22 de enero de 1990 al 3 de diciembre de 1990;
(iii) del 18 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 1991; y (iv) del 20 de enero de
1992 al 30 de noviembre de 1992. Finalmente, se vinculó en propiedad a partir del
8 de febrero de 1993.

61. La Secretaría de Educación de Bogotá emitió este Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, lo allegó a este proceso al remitir el
expediente administrativo, y este coincide plenamente con el aportado por la actora
a folios 14 y 15 del expediente, de fecha 23 de abril de 2015, que tuvo en cuenta el
Tribunal para proferir su decisión. En consecuencia, el referido formato es un
documento sobre el cual las partes ejercieron su derecho de contradicción y acredita
los períodos de vinculación.

62. También obra en el expediente la Resolución núm. 202 del 1.° de febrero de
199341 que nombró a la accionante como docente en propiedad. A partir de ello, la
Sala pasa a verificar si existió solución de continuidad, para lo cual tendrá en cuenta

36 C. Principal, folio 124, reverso.
37 El Tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: «se contrae a determinar si a la señora Neyla Miranda

Herrera, tiene derecho a que se le reconozca sus cesantías con el régimen de retroactividad, conforme a la Ley
6 de 1945, ley 65 de 1946 y demás normas concordantes».
38 Samai, exp. 25000234200020170540900, índice 37,
https://drive.google.com/drive/folders/1_wNVKl16tZrAQkEwRAsy2NJWk1nNxt3r, 2017-05409 tac, I-2022-
61002_16.pdf.
39 La Constitución Política, en el artículo 228, regula el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las

formas procesales, de modo que las normas procedimentales (relativas al principio de congruencia) deben
interpretarse acorde con el acceso a la administración de justicia y el derecho al debido proceso.
40 Ibidem.
41 C. Principal, folios 3 a 8.

15

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la postura fijada por la Subsección en decisiones similares42 y el criterio de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
proferida el 26 de abril de 201843:
Otrora, esta Corporación ha considerado que no se puede confundir el retiro definitivo
con las interrupciones transitorias44, en la medida que, en el primero, opera la ruptura
del vínculo, como por ejemplo la renuncia o cualquiera de las causas legales de
desvinculación y surge para el interesado el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas (sujetas a prescripción si no se reclaman
oportunamente), mientras que, para el segundo, se trata de suspensiones o
interrupciones del servicio por situaciones administrativas amparadas en la ley (como
las provenientes de licencias no remuneradas, vacaciones o licencias por
enfermedad o accidentes de trabajo), en las que no hay solución de continuidad.

Cabe señalar, que la solución de continuidad opera cuando transcurren más de 15
días sin interrupción en el servicio45, que como ya se dijo no se puede confundir con
el retiro o la ruptura de la prestación del mismo, que es una situación definitiva, como
la que le atañe al demandante, en el asunto sub examine, quien permaneció por 49
días hábiles fuera del servicio, toda vez que su nuevo periodo laboral inició el 11 de
noviembre de 2011.

63. En el presente caso, está demostrado que la actora laboró en calidad de
docente con anterioridad al 1.° de enero de 1990. Aunque esto constituye un
supuesto de hecho relevante para analizar la procedencia del régimen retroactivo
de cesantías, esa circunstancia no es suficiente por sí sola para determinar que se
tiene el derecho, toda vez que debe verificarse la continuidad de la relación laboral.
Al efecto, existió solución de continuidad en el servicio, porque transcurrieron más
de 15 días hábiles de interrupción, como se evidencia en el siguiente cuadro:
Tabla 2.

Vinculación Desde Hasta Interrupción (días
hábiles)
Temporal tiempo completo 24 de mayo de 1989 3 de diciembre de 1989 31
Temporal tiempo completo 22 de enero de 1990 3 de diciembre de 1990 30
Temporal tiempo completo 18 de enero de 1991 30 de noviembre de 1991 32

42 Al respecto, sobre la solución de continuidad, consultar las siguientes sentencias proferidas por la Subsección

B de la Sección Segunda del Consejo de Estado: sentencia del 23 de abril de 2026, exp. 85001-23-33-000-
2021-00093-01 (3535-2023) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 85001-
23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 17 de noviembre de
2025, exp. 19001-23-33-000-2020-00057-01(2293-2025) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera y sentencia
del 13 de noviembre de 2025, exp. 25000-23-42-000-2017-00503-01 (2978-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

26 de abril de 2018, exp. 52001-23-33-004-2014-00276-01(3164-15). M.P. William Hernández Gómez.
44 Sobre auxilio de cesantía, el artículo 5 del Decreto 1160 de 1947, prevé que «Se entiende por servicio

discontinuo para los efectos del auxilio de cesantía a que se refieren los artículos 1º y 2º de la Ley 65 de 1946,
en cuanto a los trabajadores particulares, el que se realiza dentro de un mismo contrato o de una misma relación
jurídica de trabajo, aunque haya habido suspensiones o interrupciones en el trabajo mismo, como las
provenientes de licencias, prestación del servicio militar y otras causas semejantes. Los otros casos en que el
trabajador deja de prestar el servicio, pero sin que el contrato o la relación de trabajo se suspendan, como el
goce de vacaciones, la enfermedad hasta por ciento ochenta (180) días, o el accidente de trabajo hasta por el
mismo término de incapacidad, etc., no se entenderá como soluciones de continuidad del servicio, para los
efectos indicados».
45 Artículo 10 del Decreto 1045 de 1978.

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Temporal tiempo completo 20 de enero de 1992 30 de noviembre de 1992 45
Nombramiento en 8 de febrero de 1993 Sin fecha de finalización -
propiedad

64. Por ende, la vinculación que inició el 24 de mayo de 1989, y que le concedería
a la actora el derecho a beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías, terminó
el 3 de diciembre de 1989, y el 22 de enero de 1990 se inició un nuevo vínculo. Así
pues, esta vinculación inicial fue objeto de interrupción, lo que dio paso al
surgimiento de una nueva relación laboral.

65. En punto a esto, la Sala advierte que contrario a lo indicado por la parte
actora, el formato no incluyó todo el tiempo que corrió de 1989 a 1992, como si
hubiera sido continuo. En cambio, en el Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral allegado por la entidad demandada, el 9 de junio de
2022, se consignaron las distintas fechas de inicio y de terminación, como se extrae
de los contenidos de las tablas 1 y 2.

66. En consecuencia, hubo solución de continuidad entre la vinculación de la
actora como docente temporal y su nombramiento en propiedad. De ahí que la
relación que inició el 24 de mayo de 1989 y terminó el 3 de diciembre de 1989, se
interrumpió por 31 días hábiles hasta el nuevo ingreso de la accionante el 22 de
enero de 1990.

67. Por lo tanto, el régimen de liquidación de las cesantías reclamadas en el caso
particular se determina por la fecha en que inició la relación legal y reglamentaria,
el 8 de febrero de 1993. Los vínculos anteriores interrumpidos no trasladan su
régimen a una nueva vinculación. Por consiguiente, la actora es beneficiaria del
sistema anualizado, dado que su último ingreso a la docencia oficial fue posterior al
1.° de enero de 1990, y se aplica el numeral 3, literal b) del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

68. En estos términos se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 7 de diciembre de 202146, al analizar un caso
similar al presente. En esa oportunidad, la Sala revocó la sentencia de primera
instancia que había accedido a la aplicación del régimen retroactivo, con sustento
en las siguientes consideraciones:

21. De acuerdo a las vinculaciones que se acreditan en el proceso y relacionadas en
el cuadro que precede, se obtiene que la demandante obtuvo vinculaciones
anteriores al 1.° de enero de 1990. Sin embargo, al examinar cada una de ellas, se
observa que todas tuvieron el carácter de temporal sin que se establezca continuidad
y permanencia en el tiempo en el ejercicio de la labor docente, dado que la mayor
duración que se acredita en el ejercicio de la labor es de 10 meses y 12 días y entre
la terminación de un vínculo y la celebración del nuevo trascurrió un término mayor a

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7

de diciembre de 2021, exp. 25000234200020180197301 (2514-2021). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

un mes (1) y quince (15) días, lo que sin duda deja ver la ruptura en la relación
contractual.

22. Aunado a ello, es claro que el vínculo temporal que sostuvo la demandante con
la administración distrital para el año 1992 feneció en fecha 30 de noviembre de ese
mismo año y su posterior ingreso en propiedad al sector docente oficial se produjo
en fecha 8 de febrero de 1993, observando que entre aquella y esta trascurrió un
lapso de 2 meses y 7 días, de manera que, no hay lugar a duda de la existente
solución de continuidad en la prestación de sus servicios como educadora, sin que
resulte posible tenerle en cuenta para la liquidación de sus cesantías los periodos
comprendidos desde el año 1986 en forma continua y bajo el régimen de
retroactividad.

23. La norma general que se encuentra consagrada en el artículo 10 del Decreto
1045 de 197847, señala que « […] hubo solución de continuidad cuando medien más
de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad», de suerte
que dicha norma ha previsto que el tiempo que debe trascurrir entre una y otra
situación administrativa – retiro del servicio y nueva vinculación – no podrá superar
los quince (15) días hábiles para efectos de conservar la continuidad en el servicio.

69. En consecuencia, la postura consolidada de la Subsección es que opera
solución de continuidad cuando entre una y otra vinculación transcurren más de 15
días hábiles, supuesto que se verifica en el caso bajo examen. Por tanto, resulta
improcedente tener en cuenta los períodos laborados antes de la vigencia de la Ley
91 de 1989, para efectos de liquidar las cesantías con el régimen retroactivo.

70. Puntualmente, como lo precisó la Sección Segunda del Consejo de Estado,
al proferir la sentencia de unificación CE-SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 201648,
con independencia de si trata de docentes nacionales o territoriales, quienes
ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990, se regirían por la citada normativa. En
este sentido también se ha pronunciado la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al destacar lo siguiente:

El artículo 15 (numeral 3, letra b) de la Ley 91 de 1989 dispone que los docentes
que se vinculen a partir del 1º. de enero de 1990, como en el presente asunto (8 de
febrero de 1993), «el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al
31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad», es decir,
que la norma no precisa si se trata de docente nacional, nacionalizado o territorial,
como los define el artículo 1°. ibidem49, sino que los incluye a todos; y, según dice

47 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los

empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
49 Ley 91 de 1989, artículo 1°: «Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance

indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

el principio general de interpretación jurídica, «donde la ley no distingue no le es
dado al intérprete hacerlo»50.

71. Así las cosas, aunque la Ley 91 de 1989 respetó los derechos adquiridos,
esto solo ocurrió frente a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989.
En igual sentido, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reguló lo relativo a la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes ingresaran al Estado a partir
de su entrada en vigor. Sin embargo, esta disposición de manera expresa previó
que lo allí indicado regía sin perjuicio de lo establecido en la Ley 91 de 1989, norma
que prevalece para el personal docente oficial, como la demandante.

72. Lo anterior guarda correspondencia con el artículo 6 de la Ley 60 de 199351,
frente a las nuevas vinculaciones. De este modo, los docentes nombrados entre
1990 y 1996, como la actora, no se rigen por las normas prestacionales del orden
territorial aplicables antes de la Ley 91 de 1989, sino por esta última disposición.

3.6. Conclusión

73. En síntesis, aunque la demandante se vinculó al servicio docente a partir del
24 de mayo de 1989, lo cierto es que operó la solución de continuidad. Por ende,
no le asiste el derecho a que sus cesantías se reconozcan y liquiden con el régimen
retroactivo. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia apelada, y, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

4. Costas

74. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 52 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

17 de noviembre de 2022, exp. 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022).
51 «El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a

las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial».
52 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05409-02 (4112-2024)
Demandante: Neyla Miranda Herrera
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Vinculada: Fiduprevisora S.A

decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena
en esta instancia, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en
las anteriores conductas.

75. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone negar las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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