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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00057-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00057-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del tres (3) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia del tres (3) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025), el cual quedará así: TERCERO. CONDENAR a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a RELIQUIDAR la cesantía parcial, aplicando el régimen de retroactividad, desde el 1 de septiembre de 1989 y hasta que se haga el pago de las cesantías parciales. Las sumas de dinero que resulten de la diferencia entre lo liquidado en el régimen prestacional con anualidad y lo liquidado en el régimen prestacional con retroactividad, se indexarán, conforme al IPC desde el 1 de septiembre de 1989, aplicando la fórmula expuesta en la parte considerativa de esta providencia, hasta que efectivamente se cancele la totalidad de las sumas TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2020-00057-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00057-01(2293-20251)
Demandante: Nancy Johana Ortega Martínez
Demandado: Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio-FOMAG-Fiduprevisora
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Régimen de liquidación de cesantías parciales
docente
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del tres (3) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones

La señora Nancy Johana Ortega Martínez, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin, de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

i) Resolución No. 0917-05-2019 del 24 de mayo de 2019, expedida por la secretaria
de educación del departamento del Cauca, mediante la cual, se liquidó la cesantía
parcial de la demandante con el régimen de anualidad.

1
Expediente electrónico
2
Samai, actuaciones del tribunal de origen, índice 37, archivo 5

2

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

ii) Resolución No. 1363-07-2019 del 17 de julio de 2019, emitida por la misma
autoridad, a través de la cual, resolvió el recurso interpuesto confirmando en todas
sus partes la decisión impugnada.
iii) El acto ficto presunto negativo, derivado de la falta de respuesta a la petición
radicada el 1 de octubre de 2019, ante la Fiduprevisora S.A.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) ordenar a la entidad demandada el
reconocimiento del régimen prestacional con retroactividad como docente, conforme a lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945; el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945; el
artículo 1 de la Ley 65 de 1946; los artículos 1 y 2 del Decreto 1160 de 1947; los Decretos
2755 de 1966 y 2277 de 1979; el artículo 5 del Decreto 196 de 1995, y la Ley 91 de 1989;
(ii) modificar el régimen prestacional de anualidad por el de retroactividad; (iii) liquidar
las cesantías bajo el régimen prestacional de retroactividad desde el 10 de septiembre
de 1989 «fecha del nombramiento de la demandante» hasta el momento en que se haga efectivo
el pago de dichas acreencias; (iv) reconocer y pagar la suma de dinero que resulte de la
diferencia entre lo liquidado bajo el régimen prestacional de anualidad y lo que
corresponda conforme al de retroactividad; (v) indexar las sumas adeudadas desde el 10
de septiembre de 1989; (vi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192, 193 y 195 del CPACA; y (vii) condenar en costas a la entidad demandada3.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante fue nombrada como docente municipal en el cargo de directora de la
Escuela Rural Mixta de Las Cruces, mediante Decreto No. 040 del 8 de septiembre de
1989, expedido por la Alcaldía Municipal de Mercaderes (Cauca), cargo del cual, tomó
posesión el 10 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, y sin solución de continuidad, la Alcaldía Municipal de Mercaderes
expidió el Decreto No. 027 del 23 de febrero de 1994, por medio del cual, nombró a la
señora Ortega Martínez como docente para laborar en la Escuela Nacionalizada Rural
Mixta La Despensa de ese municipio, posesionándose mediante Acta No. 020 del 23 de
septiembre de 1994.

3
Samai, actuaciones del tribunal de origen, índice 37, archivo 5, Página 2-4. – se cita conforme se relacionan las pretensiones en la
demanda.

3

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

El 8 de mayo de 2019, bajo el radicado No. 2019-CES741135, la actora presentó ante el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitud de reconocimiento y pago de
cesantía parcial.

La secretaria de educación del departamento del Cauca, mediante resolución No. 0917-
05-2019 del 24 de mayo de 2019, reconoció la cesantía parcial bajo el régimen de
anualidad, a partir del año de 1994, omitiendo los períodos comprendidos entre 1989 a
1994. En la parte considerativa del acto se indicó que: «[…] según certificado No. 13188 del
08/04/2019, expedida por secretaria de educación del departamento del Cauca se comprobó que prestó
sus servicios como docente durante 24 años, 10 meses y 7 días, lapso comprendido desde el 23/02/1994
hasta 30/12/2018 de forma continua».

Contra la citada resolución, la actora interpuso recurso de reposición, radicado bajo No.
CAU2019ER031314 del 11 de julio de 2019, por encontrarse en desacuerdo con los
períodos liquidados y reconocidos, toda vez que el acto administrativo efectuó la
liquidación desde 1994 bajo el régimen de anualidad.

Mediante Resolución No. 1363-07-2019 del 17 de julio de 2019, la secretaría de
educación del departamento del Cauca resolvió el recurso, confirmando la decisión
recurrida. En dicho acto se precisó que la demandante debía radicar ante la Fiduprevisora
S.A. la solicitud de cambio del régimen prestacional, acompañada de los documentos
correspondientes. Sin embargo, pese a que la peticionaria presentó tal solicitud el 1 de
octubre de 2019, no obtuvo respuesta, configurándose así el silencio administrativo
negativo.

Aduce la actora que, desde su incorporación al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, la cesantía ha sido liquidada bajo el régimen de anualidad «esto es, mediante el
pago de intereses anuales»., cuando debió aplicarse el régimen retroactivo previsto para los

docentes territoriales. Resalta que su nombramiento en propiedad se efectuó en 1989
por el Municipio de Mercaderes, lo que la hace beneficiaria de dicho régimen.

Finalmente, manifiesta que, actualmente continúa prestando sus servicios como docente
en la Institución Educativa Cinco Días, del municipio de Timbío, Departamento del Cauca.

4

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

1.2. Concepto de violación.

La parte actora invocó como normas trasgredidas las siguientes: artículos 2, 6, 13, 25,
29,53, 90,121,209 de la Constitución Política; artículo 17 de la Ley 6 de 1945; artículo 1
del Decreto 2767 de 1945, artículo 1 de la Ley 65 de 1946, artículo 1, 2 y 6 del Decreto
1160 de 1947, artículo 1 del Decreto 2755 de 1966, artículo 45 del Decreto No. 1045 de
1978, artículo 2 y 3 del Decreto Ley 2277 de 1979, artículo 1,2,3,4,15 de la ley 91 de
1989, artículo 6 de la ley 60 de 1993, articulo 2,5,7,9 del Decreto 196 de 1995, artículo
13 de la ley 344 de 1996- régimen de retroactividad-, articulo 5 decreto 1582 del 5 de
agosto 1998, decreto 2712 de 1999, Decreto 1919 de 2002.

La parte demandante sostiene que los actos administrativos expedidos por la Secretaría
de Educación del Cauca (Resoluciones N.º 0917-05-2019 y 1363-07-2019) adolecen de
falsa motivación y vulneran el principio de legalidad, lo que afecta su validez.

En primer lugar, argumenta que las resoluciones carecen de una motivación real y veraz,
pues las razones expuestas no corresponden a la realidad fáctica ni jurídica. Según el
artículo 42 del CPACA, todo acto debe estar debidamente motivado, pero en este caso
la administración negó el reconocimiento del régimen retroactivo de cesantías con
fundamentos dilatorios, al exigir nuevamente documentos que reposaban en el
expediente. A pesar que, cumplió con el requerimiento, la Fiduprevisora no emitió
respuesta, lo cual, evidencia negligencia y desconocimiento del derecho de petición.

En segundo lugar, se alega violación del principio de legalidad, dado que los actos
impugnados desconocen las normas constitucionales, legales y jurisprudenciales
aplicables. La administración habría citado disposiciones de manera parcial o interesada
para justificar su decisión, ignorando normas que reconocen el derecho a la cesantía
retroactiva, como las Leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 91 de 1989 y 344 de 1996, entre
otras.

En consecuencia, los actos administrativos se consideran viciados de nulidad por
contrariar el ordenamiento jurídico y vulnerar los derechos de la docente.

5

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

2. Contestación de la demanda.

Las entidades demandadas no contestaron la demanda.4

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del Tres (3) de abril de Dos Mil
Veinticinco (2025)5, accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

El A-quo comprobó que la demandante fue vinculada como docente antes del 31 de
diciembre de 1989, mediante Decreto Municipal N.º 040 de 1989, y continuó laborando
sin interrupción hasta su nombramiento en propiedad en 1994. Por ello, el régimen
aplicable a sus cesantías es el retroactivo conforme al artículo 17 de la Ley 6° de 1945,
la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes.

Determinó que no era de recibo los argumentos planteados por la entidad demandada,
referidos a que la vinculación anterior a enero de 1990, fue de carácter provisional, y que
por ello, para el pago de las cesantías, tenía que tenerse en cuenta la vinculación en
propiedad que se hizo a partir del 23 de febrero de 1994, esto porque el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, alude a la vinculación anterior, sin distinguir que la misma bien puede
ser en provisionalidad o en propiedad, siendo que, lo relevante, es que se haya dado
antes del 31 de diciembre de 1989.

Expuso que, la administración, al reconocerle las cesantías bajo el régimen anual,
desconoció su vinculación anterior y aplicó erróneamente el sistema de anualidad. En
consecuencia, se ordenó la nulidad de los actos administrativos que efectuaron dicho
pago y dispuso la reliquidación de las cesantías conforme al régimen retroactivo, con
indexación de los valores.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones Nos. 0917-05-2019, del 24 de mayo de
2019 y 1363-07-2019 del 17 de julio de 2019, proferidas por la Secretaría de Educación del
Departamento del Cauca, mediante las cuales ordenó la liquidación parcial de las cesantías
y se resolvió el recurso de reposición, a favor de la docente NANCY JOHANA ORTEGA
MARTINEZ, en aplicación del régimen de anualidad.

4
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 8. En auto del 6 de diciembre del 2024 que fija fecha para audiencia inicial, se
dejo constancia que las entidades no habían contestado la demanda.
5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 27

6

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

SEGUNDO: ORDENAR A LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a RECONOCER
el régimen prestacional con retroactividad que legalmente le corresponde a la docente Nancy
Johana Ortega Martínez, conforme a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 6° de 1945, la
Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes.

TERCERO. CONDENAR a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a RELIQUIDAR la
cesantía parcial, aplicando el régimen de retroactividad, desde el 10 de septiembre de 1989
y hasta que se haga el pago de las cesantías parciales. Las sumas de dinero que resulten de
la diferencia entre lo liquidado en el régimen prestacional con anualidad y lo liquidado en el
régimen prestacional con retroactividad, se indexarán, conforme al IPC desde el 10 de
septiembre de 1989, aplicando la fórmula expuesta en la parte considerativa de esta
providencia, hasta que efectivamente se cancele la totalidad de las sumas.

CUARTO: Sin condena en costas, según lo expuesto.»

4. El recurso de apelación

La entidad demandada, solicitó la revocatoria de la sentencia, con fundamento en los
siguientes argumentos6:

Aduce que, de acuerdo con las pruebas aportadas, la docente fue nombrada con
vinculación de carácter nacional, no nacionalizada ni territorial. En tal sentido, el régimen
retroactivo de cesantías solo aplica a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989 o a los territoriales, no a quienes tengan vinculación nacional.

Expone que, como la docente tomó posesión en 1994, y en esa misma fecha fue afiliada
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el régimen
aplicable es el de anualidad, pues, a partir de entonces el FOMAG asumió el
reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

6
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 30
7
Samai, índice 4

7

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer: ¿Si la señora Nancy Johana Ortega Martínez, le asiste
razón jurídica para solicitar el reconocimiento y pago de las cesantías bajo el régimen
retroactivo por cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 6 de 1945 y ley 91 de 1989?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen de cesantías de los empleados
públicos; 2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes; 2.4. Hechos
probados; y 2.5. Caso concreto.

2.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos.

La Ley 6ª de 1945, en el literal a) del artículo 17, estableció para los empleados y obreros
nacionales el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo o jornal por
cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año de acuerdo con lo
señalado por el literal f) del numeral 12 de la misma disposición legal.

Mediante el Decreto 2767 de 1945, se extendió la prestación social a los empleados y
obreros al servicio de los departamentos, intendencias, comisarias, o municipios que
tiene derecho a la totalidad de prestaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 6ª de
1945.

Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para
indicar que:

8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

8

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera
de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa,
tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o
discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa
de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias
y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los
trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 36 de la misma
Ley.»

Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación, así:

«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio
de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último
sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los
tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en
los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses».

Luego, el Decreto 1160 de 1947 estableció que los empleados al servicio de la Nación,
de cualquiera de las ramas del poder público, tienen derecho a recibir el auxilio de
cesantías y señaló que para liquidar las cesantías se tomará como base el último sueldo
o jornal a menos que este haya sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, en cuyo
caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o
en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de 12 meses [artículo 6 ibidem].

Por otra parte, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro, con el objetivo
de efectuar el pago oportuno del auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores
oficiales [artículo 2, literal a] y proteger este auxilio frente a la depreciación monetaria
[artículo 2, literal b]. A su vez, el artículo 3 de esta norma, estableció que las cesantías
de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían liquidarse y
entregarse al Fondo. Por otro lado, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar
la liquidación del auxilio de cesantía causado hasta el 31 de diciembre de 1968 en favor
de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

9

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

Por su parte, los artículos 279, 2810 y 3311 del precitado Decreto empezó un plan de
«desmonte del régimen de retroactividad de cesantías”, en el cual se estableció a partir

del 1 de enero de 1969 el sistema de liquidación de cesantías anualizadas para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades antes enunciadas.

Posteriormente, la Ley 344 de 1996, dispuso en su artículo 13 que las personas que se
vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán un régimen anualizado de
cesantías, cuya liquidación se hará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la
que debe realizarse cuando finalice la relación laboral.

Por su lado, la Ley 432 de 1998, reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, pero preservó
la administración eficiente de las cesantías con las funciones de recaudar y pagar a los
afiliados y proteger el auxilio de las cesantías de la pérdida del valor adquisitivo [artículo
3 literales a, b y c].

A su vez, el Decreto 1582 de 199812 destacó que la liquidación anual de los empleados
de nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los
fondos privados de cesantías se debe hacer con aplicación de la Ley 50 de 1990;
mientras que la liquidación de quienes están vinculados al Fondo Nacional del Ahorro
debe efectuarse teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 432 de 1998.

Por otro lado, el Decreto 1252 de 2000, estableció que los servidores públicos que al 25
de mayo de 2000 venían disfrutando del régimen retroactivo de cesantías, conservarán
dicho beneficio hasta la terminación de la relación laboral.

Por último, el Decreto 1919 de 2002 en el artículo 3 extendió el régimen de prestaciones
sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, a los servidores del orden territorial y determinó que quienes son beneficiarios

9
ARTÍCULO 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración
del respectivo empleado o trabajador.
10
ARTÍCULO 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, Departamento
Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del Estado, liquidará la cesantía que
corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.
11
ARTÍCULO 33. Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del
nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o
trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales
y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47.
12
Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los
servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.

10

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

del régimen retroactivo de cesantías, continuarán disfrutando del mismo.

2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes.

La Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, en el artículo 3 creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, «como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta […] » para atender las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de promulgación de la citada disposición legal y los que se vinculen
con posterioridad a ella, serán automáticamente afiliados a este Fondo.

El artículo 2 de esta disposición especial estableció que la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán las obligaciones prestacionales con los docentes,
en ella destacó:

«Artículo 2. ° De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal
docente, de la siguiente manera:

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas
prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con
las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley
43 de 1975».

Respecto a la vigencia y aplicación de la precitada Ley, el artículo 15 hizo la siguiente
precisión sobre la vinculación, así:

«Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional
que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

11

Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley».

[…]

Especialmente, en lo referente a las cesantías el numeral 3 de este mismo artículo,
destacó:

«3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre
el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías
generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes
al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente
a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales
vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Destaca la Sala]

Con fundamento en las disposiciones normativas antes citadas, se advierte una distinción
entre los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y aquellos
que ingresaron con posterioridad. A los primeros, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio les reconocerá un auxilio equivalente a un mes de salario por
cada año de servicio, o proporcionalmente por fracción laborada, con base en el último
salario devengado, es decir, bajo el régimen retroactivo de cesantías. En cambio, a los
docentes vinculados a partir del 1.º de enero de 1990, dicho Fondo les pagará un interés
anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas por anualidades y sin retroactividad. En consecuencia, las cesantías de estos
últimos se reconocerán conforme al régimen anualizado.

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Número Interno: 2293-2025
Demandante: Nancy Johana Ortega Martinez
Demandado: Fondo Nacional de prestación social del magisterio

Ahora bien, la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación en sentencia del 30
de noviembre de 201713, estableció sobre el régimen de las cesantías de los docentes,
así:

«De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de
la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a
los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los
artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se
lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les
aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir,
un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de
intereses».

Siguiendo en esa misma dirección, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B”, en sentencia del 7 de febrero de 201914, precisó que los docentes que ingresen con
posterioridad al 1 de enero de 1990, las cesantías serán liquidadas bajo el sistema
anualizado, en ese sentido, destacó:

« […] se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de enero de 1990,
por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, y ostentar la calidad de
cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales
aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, puesto que por
disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros «[…] que se
vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el
futuro.», como lo es la Ley 344 de 199615 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989,
consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las «[…] personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.».

En ese orden de ideas, a partir de la Ley 91 de 1989 se unificó el régimen laboral de los
docentes oficiales en el cual los equiparó al de los empleados del orden nacional, es
decir, bajo el sistema anualizado de cesantías, con excepción de los educadores que
estuvieren vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989 a quienes se les
respetará los derechos adquiridos, en otras palabras, el régimen de retroactividad de esta
prestación social.

2.3 Hechos probados.

13
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “A”. Expediente: 70-001-23-33-000-2014-
00290-01
14
Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Radicación 54001-23-33-000-2016-00298-01
15
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones.»

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Número Interno: 2293-2025
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A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y conforme con los hechos constatados por
esta Corporación, se destaca:

a) Por Decreto No. 040 del 8 de septiembre de 1989, el alcalde municipal de
Mercaderes, nombró a la demandante como directora de la escuela rural Mixta
de las Cruces16. Cargo del cual, tomó posesión mediante acta de fecha 10 de
septiembre de 1989, con efectos fiscales a partir del 1 de septiembre de 1989.17

b) El Decreto No. 027 del 23 de febrero de 1994, por medio del cual el alcalde
municipal de Mercaderes nombró a la demandante en propiedad como docente
de básica primaria de la Escuela Nacionalizada Rural Mixta La Despensa, fue
posesionada mediante Acta No. 020 del 23 de septiembre de 1994.18

c) Derecho de petición presentado ante la Fiduprevisora S.A. el 1 de octubre de
2019, mediante el cual, la demandante solicitó la modificación del régimen de
cesantías del sistema de anualidad al de retroactividad19.

d) En la audiencia inicial celebrada el 13 de diciembre del 202420, se decretó
prueba de oficio, ordenando a la parte demandada allegar; copia íntegra y
auténtica de la hoja de vida o expediente administrativo de la demandante;
certificado de tiempo de servicios y salarios devengados; así como el
certificado y documentación correspondiente de todo el proceso de afiliación
de la señora Ortega Martínez al FOMAG, aportando, de existe, el convenio
interadministrativo suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.

En cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada adjuntó las
certificaciones que obran en su poder, respecto de la docente:

16
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37, archivo 4, pág. 1
17
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37, archivo 4, pág. 2
18
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37, archivo 4, pág. 5
19
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37, archivo 3
20
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 13

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Formato único para la expedición de certificado de historia, consecutivo No.
13188 expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio21, destacándose que:

-Mediante Decreto 040 del 8 de septiembre de 1989, fue nombrada en la
escuela rural mixta de las Cruces, a partir del 1 de septiembre de 1989. Y las
diversas vinculaciones como docente en el municipio de Mercaderes.

A su vez, se específica como fecha de inicio el día 1 de septiembre de 1989 y
de finalización el 22 de febrero de 1994.

-Mediante Decreto 027-A del 23 de febrero de 1994, fue nombrada en
propiedad por el alcalde del municipio de Mercaderes, como docente de básica
primaria de la Escuela Nacionalizada Rural Mixta La Despensa, ejerciendo el
cargo a partir de la citada fecha.

Igualmente, se establece como tiempo total de servicio 11 años, 1 meses y 25
días, como docente en primaria.

e) Resolución No. 0917-05-2019 del 24 de mayo de 2019, por medio del cual, la
secretaria de educación y cultura del departamento del Cauca, reconoció a la
docente cesantías parciales con destino a reparaciones locativas. En el acto
administrativo, se relaciona lo siguiente22:

«Que según certificación No. 13188 del 08/04/2019, expedida por la Secretaria de Educación y
Cultura del Departamento del Cauca, se comprobó que prestó sus servicios durante 24 años 10
meses 7 días, lapso comprendido desde el 23/02/1994 hasta 30/12/2018 en forma continua».

f) Resolución No. 1363-07-2019 del 17 de julio de 2019, por medio del cual, la
secretaria de educación y cultura del departamento del Cauca, resolvió no
reponer el acto administrativo No. 0917-05-2019 del 24 de mayo de 2019.23

21
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 17, pág. 17 y 18
22
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37, archivo 2, pag 4-7
23
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37, archivo 2, pag 8-11. Acto notificado el 14 de agosto del 2019

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2.3 Caso concreto.

De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se acreditó que, la señora Nancy
Johana Ortega Martínez fue nombrada mediante el Decreto No. 040 del ocho (8) de
septiembre de Mil Novecientos Ochenta y nueve (1989), para desempeñar el cargo de
directora de la escuela rural Mixta de las Cruces. Del cual, tomó posesión mediante acta
de fecha Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), con
efectos fiscales, a partir del primero (1) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y
Nueve (1989). El acto administrativo fue expedido por el alcalde municipal de
Mercaderes, Cauca.

Mediante Decreto No. 027 del veintitrés (23) de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), el mandatario del citado municipio nombró en propiedad a la demandante,
como docente de básica primaria, adscrita a la escuela nacionalizada Rural Mixta La
Despensa, siendo posesionada mediante Acta No. 020 del veintitrés (23) de septiembre
del mismo año, con efectos fiscales a partir de dicha fecha.

Por su parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través del
formato único para la expedición de Certificado de Historia Laboral Consecutivo No.
13188, especifica la fecha de ingreso y finalización de la docente:24:

La secretaria de educación y cultura del departamento del Cauca, mediante Resolución
No. 0917-05-2019 del veinticuatro (24) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), reconoció
a la señora Ortega Martínez cesantías parciales con destino a reparaciones locativas,
correspondientes al tiempo comprendido entre 1994 y 2018, cuya liquidación se realizó
con el régimen anualizado.

De conformidad con el material probatorio, está demostrado que, la demandante el
primero (1) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), fue vinculada como

24
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 17, pág. 18

16

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directora docente, nombramiento que fue de suscrito por el alcalde del municipio de
Mercaderes. Además, no registra interrupciones ni novedades en la prestación de sus
servicios entre esa fecha y el veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) de acuerdo con el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral No. 13188, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), documento que fue aportado por esa entidad y, no fue tachado de
falso.

A partir del veintitrés (23) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), adquirió
la propiedad en el magisterio y continuó laborando de manera continua hasta el treinta
(30) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), según consta en el acto administrativo
No. 0917-05-2019 del veinticuatro (24) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019).

Precisado lo anterior, en lo que respecta al personal docente, la Ley 91 de 1989
estableció que los educadores nacionalizados que se vincularon antes del 31 de
diciembre de 1989 conservan el régimen territorial anterior, es decir, el sistema de
cesantías retroactivas. Por el contrario, los docentes nacionales y aquellos que
ingresaron a partir del 1.º de enero de 1990, sin importar si su nombramiento fue nacional
o territorial, quedaron sujetos al régimen general del orden nacional, consistente en un
sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad, pero con el pago de intereses.

En consecuencia, y conforme a los lineamientos jurisprudenciales de esta Corporación,
no son de recibo los planteamientos expuestos por la entidad demandada, toda vez que,
el régimen aplicable para el reconocimiento de las cesantías parciales, no depende del
tipo de vinculación o de la afiliación al FOMAG, sino de la fecha de ingreso al servicio,
esto es, hasta el 31 de diciembre de 1989. Además, está demostrado que la señora
Nancy Johana Ortega Martínez, ha laborado como docente sin solución de continuidad,
cumpliendo así con los presupuestos previstos en la Ley 6 de 1945, la cual, exige la
prolongada relación laboral como requisito esencial para acceder al reconocimiento de la
prestación reclamada bajo el régimen retroactivo.

Vistas así las cosas, no prosperan los argumentos expuestos por la parte apelante; en
consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión de primera instancia, modificando
el ordinal tercero, en lo que respecta a la fecha a partir de la cual, deberá reliquidarse la
cesantía parcial bajo el régimen de retroactividad, es decir, desde el primero (1.º) de

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septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), y no como equivocadamente lo
determinó el A quo.

2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del tres (3) de abril de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia del tres (3) de abril de Dos
Mil Veinticinco (2025), el cual quedará así:

TERCERO. CONDENAR a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a
RELIQUIDAR la cesantía parcial, aplicando el régimen de retroactividad, desde el 1 de
septiembre de 1989 y hasta que se haga el pago de las cesantías parciales. Las sumas
de dinero que resulten de la diferencia entre lo liquidado en el régimen prestacional con
anualidad y lo liquidado en el régimen prestacional con retroactividad, se indexarán,
conforme al IPC desde el 1 de septiembre de 1989, aplicando la fórmula expuesta en la
parte considerativa de esta providencia, hasta que efectivamente se cancele la totalidad
de las sumas

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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