República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-00088-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Secretaría
de Educación, Fiduprevisora S.A
Tema: reliquidación de cesantías parciales. Subtema 1: sentencia inhibitoria y
decisión previa de la administración. Subtema 2: régimen de liquidación de
cesantías parciales de personal docente; reiteración jurisprudencia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 10 de julio de 2020, por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se inhibió para pronunciarse de
fondo sobre las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Daissy Monastoque Salgado solicitó la nulidad parcial de la Resolución
núm. 4978 del 11 de septiembre de 2015, expedida por la Secretaría de Educación
de Bogotá, por medio de la cual se le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías
parciales. En primera instancia, el Tribunal se inhibió para pronunciarse de fondo
sobre las pretensiones de la demanda. Con todo, consideró que la accionante no
tenía derecho a las cesantías retroactivas. Inconforme con esta decisión, la actora
apeló para insistir en lo pretendido. La Subsección revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Secretaría de Educación, Fiduprevisora
S.A
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Daissy Monastoque Salgado, mediante apoderado judicial, formuló
demanda1 el 14 de enero de 20162, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Secretaría de
Educación, Fiduprevisora S.A, de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. Declarar la nulidad parcial de la Resolución núm. 4978 del 11 de septiembre
de 2015, expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, por medio de la cual
se le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías parciales.
3. Declarar que la accionante tiene derecho a que la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, a través del Fomag, le pague sus cesantías parciales de
manera retroactiva, al tener en cuenta el 25 de abril de 1986 como fecha de su
vinculación, las cuales debían liquidarse con el último salario devengado con todos
los factores salariales, en los términos de la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de
1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
4. Declarar que, a futuro, la actora tiene derecho a que la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fomag le siga liquidando, reconociendo y pagando sus
cesantías retroactivamente.
5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a pagar el valor que resultare entre los valores efectivamente
reconocidos en la Resolución núm. 4978 del 11 de septiembre de 2015, y aquellos
que corresponderían por reliquidación de las cesantías parciales con el régimen
retroactivo.
6. Finalmente, pidió ordenarle a la entidad demandada que dé cumplimiento al
fallo; que se incorporen los ajustes de valor sobre las sumas adeudadas de acuerdo
con el Índice de Precios al Consumidor (IPC); que se paguen los intereses
moratorios y que se condene en costas a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
1 C. Principal, folios 23 a 47.
2 C. Principal, folios 23 y 48.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Secretaría de Educación, Fiduprevisora
S.A
8. La señora Daissy Monastoque Salgado ha prestado sus servicios en Bogotá
en calidad de docente con vinculación distrital, desde el 25 de abril de 1986.
9. La demandante, el 25 de junio de 2015, solicitó al Fomag, Secretaría de
Educación de Bogotá, el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, las
cuales fueron reconocidas mediante la Resolución 4978 del 11 de septiembre de
2015, por un valor de $30.000.000. Acto administrativo que se notificó el 16 de
septiembre de 2015.
10. Indicó que, a pesar de la fecha de su vinculación como docente por horas
cátedra, el 25 de abril de 1986, la entidad demandada liquidó sus cesantías con la
fecha de ingreso al magisterio oficial desde su nombramiento en propiedad, el 8 de
febrero de 1993. En consecuencia, aplicó el régimen previsto en el literal b), numeral
3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y no el regulado en la Ley 6 de 1945, el
Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, que prevén
su pago de forma retroactiva.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. La demandante citó como vulneradas: la Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122; las leyes 6 de 1945, artículos 12 y 17, literal
a), Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946, artículo 1; Decreto 1160 de 1947,
artículos 1, 2, 5 y 6; Decreto 1848 de 1969, artículo 89; Decreto 1045 de 1978,
artículos 5, 40 y 45; Decreto 2363 de 1990, artículos 7 y 9; Ley 4 de 1992, artículo
2, literal a); Ley 60 de 1993, artículo 6; Ley 115 de 1994; artículo 176; Decreto 196
de 1995, artículo 5; Ley 344 de 1996, artículo 13; Decreto 1582 de 1998, artículo 1;
Ley 1071 de 2006, artículo 5, parágrafo; sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre la materia.
12. Precisó que los docentes territoriales vinculados hasta el 31 de diciembre de
1996 conservarían el sistema retroactivo de liquidación de sus cesantías. En este
orden, el acto administrativo demandado realizó una interpretación errónea de la
normativa, porque la accionante tiene el derecho de conformidad con la Ley 6 de
1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946, el Decreto 1160 de 1947, que
prevén su pago presente y futuro.
13. Igualmente, la demandante destacó que el acto administrativo enjuiciado
incurrió en falsa motivación, toda vez que el régimen de retroactividad mantuvo su
vigencia hasta la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. Por consiguiente, cumplió
con los requisitos legales para beneficiarse de dicho sistema.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Secretaría de Educación, Fiduprevisora
S.A
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
14. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a todas las
pretensiones de la demanda y pidió que se condenara en costas y agencias en
derecho a la demandante. Afirmó que esta no probó tener la calidad de docente
territorial, razón por la cual le aplica el sistema anualizado de cesantías y planteó,
como excepciones, la legalidad del acto administrativo; la prescripción; el cobro de
lo no debido; y la genérica3.
2.2.2. Secretaría de Educación de Bogotá y Fiduprevisora S.A
15. La Secretaría de Educación de Bogotá y la Fiduprevisora S.A no contestaron
la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia del 10 de julio de 2020, se declaró inhibido para pronunciarse sobre
el fondo de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos.
17. Señaló que la señora Daissy Monastoque Salgado se vinculó a la Secretaría
de Educación de Bogotá el 8 de febrero de 1993 como docente de tiempo completo
y que, el 25 de junio de 2015, solicitó el reconocimiento de cesantías parciales,
petición que fue resuelta mediante la Resolución 4978 del 11 de septiembre de
2015, en la que se le reconoció una suma por dicho concepto.
18. El Tribunal advirtió que, aunque contra ese acto solo procedía el recurso de
reposición, el cual no era obligatorio, la demandante no acreditó haber solicitado
previamente ante la administración el reconocimiento de las cesantías parciales con
retroactividad. Estimó que no se cumplió el presupuesto de decisión previa, pues
debe existir congruencia entre lo pedido en sede administrativa y lo reclamado ante
la jurisdicción, de manera que el juez contencioso no puede pronunciarse sobre una
controversia que no fue previamente puesta en conocimiento de la administración.
19. En efecto, el fallo indicó que «revisado el expediente se observa que el 25 de
junio de 2015, la actora solicitó a la administración el desembolso de un monto a
título de cesantía parcial, para compra de vivienda», sin embargo, la actora «no ha
pedido a la entidad el reconocimiento de las cesantías con el régimen de
retroactividad. Por tanto, «no se cumplió con el requisito de agotamiento de la vía
gubernativa o de reclamación administrativa».
3 C. Principal, folios 130 a 133.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
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20. En gracia de discusión, consideró que, en todo caso, la demandante se
vinculó a la planta de personal docente desde el 8 de febrero de 1993, de modo que
no es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, «en tal hipótesis lo que
procedería era negar las pretensiones». Sin embargo, precisó que no había lugar a
hacer un pronunciamiento de fondo.
21. El Tribunal no se pronunció sobre las costas4.
2.4. Recurso de apelación
22. La accionante interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que sí tiene
derecho al reconocimiento de las cesantías retroactivas, porque «debe aplicarse el
sistema de retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y
que estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la ley 344 de 1996, que cambió
la forma de liquidar esta prestación para todos los servidores».
23. Sostuvo que el fallo desconoció la normativa especial aplicable a los
docentes vinculados con anterioridad al 1.º de enero de 1990 y omitió valorar que
la demandante habría prestado servicios desde el 25 de abril de 1986, pese a que
la entidad tomó como fecha de ingreso el 8 de febrero de 1993. A juicio de la
apelante, la modalidad de vinculación (temporal, territorial o en propiedad) no
desvirtúa el derecho al régimen retroactivo de cesantías, puesto que lo relevante es
la existencia de una relación legal y reglamentaria con la administración.
24. Asimismo, la recurrente afirmó que la Ley 91 de 1989 no modificó el régimen
de cesantías de los docentes territoriales, y que las normas posteriores, como la
Ley 60 de 1993, la Ley 115 de 1994, el Decreto 196 de 1995, la Ley 344 de 1996 y
el Decreto 1582 de 1998, protegieron el régimen prestacional vigente al momento
de la vinculación o incorporación al Fomag.
25. En criterio de la recurrente, los docentes territoriales nombrados antes del 31
de diciembre de 1996 tienen derecho a que se les «respete la liquidación de las
cesantías de manera retroactiva».
26. En este orden de ideas, la accionante reitera que cumple con todos los
requisitos, en la medida que «todo docente territorial nombrado entre el 1.º de enero
de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 se le viene liquidando esta prestación año por
año y sobre los saldos anuales se le han pagado los intereses respectivos,
desconociendo de plano su derecho a la liquidación retroactiva»5.
4 C. Principal, folios 228 a 234.
5 Samai, exp. 25000234200020160008800, índice 61.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
27. Mediante auto del 9 de agosto de 20246, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia. Aceptó la renuncia de los
abogados de la Secretaría de Educación de Bogotá, le reconoció personería al
nuevo representante y ordenó notificar esa decisión personalmente al procurador
delegado ante la corporación y a las partes en los términos del artículo 205 del
CPACA.
28. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 28 de agosto de
20247, sin pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
encuentra que estos reprochan la decisión de negar el derecho. No obstante, lo
cierto es que como la pretensión sustancial de la apelante presupone un
pronunciamiento de fondo, y este solo procede si previamente se supera el examen
del aspecto procesal– existencia de una decisión previa de la administración–, la
Sala procederá a estudiarlo. Por consiguiente, conforme a la competencia del juez
de segunda instancia prevista en el artículo 3288 del Código General del Proceso
(CGP), corresponde a la Sala definir si:
31. ¿En el caso particular se incumplió el requisito de existencia de una decisión
previa de la administración frente a las cesantías de la actora?
6 Samai, índice 20.
7 Samai, índice 24.
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
6
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32. En caso de que esta respuesta sea negativa, la Sala resolverá si ¿le asiste
derecho a la demandante a que sus cesantías parciales se reliquiden con el régimen
retroactivo, por haberse vinculado a la docencia oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1990?
33. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) actuación administrativa; (ii) el régimen de liquidación de cesantías de los
docentes; (iii) el régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos. A partir
de las anteriores consideraciones se destacarán (iv) hechos probados y (v) caso
concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Actuación administrativa
34. De conformidad con el artículo 138 del CPACA, que regula el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, «toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño».
35. Lo anterior, debe interpretarse en armonía con el artículo 161 del CPACA,
que prevé que la presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de los
requisitos previstos en los siguientes casos:
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
36. En ese tenor, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha definido la
actuación administrativa «como un presupuesto procesal de carácter obligatorio
para quien pretenda demandar la legalidad de un acto administrativo y de contenido
particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo»9. Ha
destacado de esta figura los siguientes aspectos:
En virtud de ella, el ciudadano debe, antes de instaurar el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitar su reconocimiento ante la
administración si esta no se ha pronunciado oficiosamente[…] y, de haberlo hecho,
debatir la validez del acto ante esta; lo que puede hacer a través de la interposición
de los recursos que la ley establece como obligatorios. De esta manera, se logra
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22
de noviembre de 2018, exp. 080012333000201500845 01 (3906-2017).
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que esta revise los argumentos fácticos y jurídicos de la decisión y si es del caso, la
revoque, modifique o aclare[…].
Bajo tales supuestos, el agotamiento de la actuación administrativa constituye:
i) una garantía de los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos frente
al actuar de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una
oportunidad para que la administración reevalúe sus actos administrativos y corrija
las equivocaciones contenidas en estos y, iii) un presupuesto procesal para
presentar la demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Ahora, el artículo 74 del CPACA establece los recursos que proceden contra los
actos administrativos, entre los que incluyó el de reposición, apelación y el de queja,
cuando se rechace este último.
De igual manera, el artículo 76 ibídem fijó el procedimiento que debe seguirse para
la presentación de los medios de impugnación aludidos y además, en los incisos 4.º
y 5.º señaló que el recurso de apelación «será obligatorio para acceder a la
jurisdicción» mientras que «Los recursos de reposición y de queja no serán
obligatorios».
Así las cosas, únicamente el recurso de apelación se torna en ineludible, luego
cuando la administración otorgue la oportunidad para presentarlo, su interposición
es forzosa antes de radicar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
so pena de que esta no sea estudiada.
Por el contrario, si la administración no ofrece la posibilidad de interponer el recurso
aludido, quien pretenda demandar la nulidad de un acto administrativo puede acudir
directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso–Administrativo, ello de conformidad
con el inciso 2.º del ordinal 2.º del artículo 161 del CPACA según el cual «Si las
autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral».
37. En ese contexto, la jurisprudencia ha precisado10 que en sede judicial no es
posible modificar sustancialmente ni introducir nuevas solicitudes distintas de
aquellas formuladas ante la administración, en tanto es en la vía administrativa
donde se plantea la pretensión y se brinda a la entidad la oportunidad de
pronunciarse sobre ella. En consecuencia, debe existir congruencia entre lo
solicitado en sede administrativa y lo pretendido en la demanda, ya que lo contrario
desnaturaliza el propósito del agotamiento de la vía gubernativa11.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2019, radicado 54001-23-
31-000-2004-01397-02 (3372-16), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de julio de 2018, radicado: 05001-23-
31-000-2011-01137-01 (3998-13), M.P César Palomino Cortés; Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
27 de abril de 2016. Radicado: 68001-23-31-000-2009-00603-01 (4575-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015. Radicación: 25000-23-25-000-2004-
00247-01 (1886-2012), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
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3.3.2. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes
38. La Ley 91 de 1989 que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación12 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»13, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:
Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones previstas en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
12 Artículo 3.
13 Artículo 4.
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en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.
39. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero de 1990, a quienes el fondo les
pagará un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).
40. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1.° de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional14.
3.3.3. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
41. Como se dejó anotado en el acápite anterior, la Ley 91 de 1989 respetó los
derechos adquiridos de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
respecto de la aplicación del régimen de cesantías que regía a los empleados
públicos del orden territorial, por lo que, sobre el particular, cabe recordar que la Ley
6 de 1945 regulaba el régimen de cesantías retroactivo, en los siguientes términos:
Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
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de las siguientes prestaciones sociales:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
[…].
42. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.
Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.
43. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196815, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
15Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
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La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.
44. Luego, la Ley 344 de 199616 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularan a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
[…].
45. Mediante el Decreto 1582 de 199817 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:
Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.
46. Por su parte, el Decreto 1919 de 200218, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
16 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
17 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
18 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
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de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
47. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de
conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.
3.4. Hechos probados
48. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra probado lo siguiente:
49. La señora Daissy Monastoque Salgado laboró como docente en horas
cátedra en el Instituto Educativo Distrital Almirante Padilla, desde el 25 de abril de
1986 al 30 de noviembre de 198619.
50. Posteriormente, trabajó del 21 de abril de 1987 al 30 de noviembre de 1987
en horas cátedra en el Instituto Educativo Aldemar Rojas. También prestó servicios,
en los siguientes períodos, en horas cátedra: (i) del 10 de marzo de 1988 al 30 de
noviembre de 1988; (ii) del 29 de marzo de 1989 al 30 de noviembre de 1989 y (iii)
del 30 de abril de 1990 al 30 de noviembre de 199020.
51. Luego, la actora se vinculó como docente en interinidad, del 11 de septiembre
de 1991 al 8 de noviembre de 1991; y posteriormente tuvo una vinculación temporal
de tiempo completo del 28 de febrero de 1992 al 30 de noviembre de 1992.
52. La demandante se vinculó como docente en propiedad, mediante la
Resolución núm. 202 del 1.° de febrero de 199321, cargo en el cual tomó posesión
el 5 de febrero de 199322, con efectividad al 8 de febrero de 199323.
53. Posteriormente, el 25 de junio de 2015, la actora reclamó ante el Fomag el
reconocimiento de sus cesantías parciales para compra de vivienda o lote24.
54. En consecuencia, la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de
Educación de Bogotá profirió la Resolución núm. 4978 del 11 de septiembre de
19 C. Principal, folio 15.
20 Ibidem.
21 C. Principal, folios 10 a 12.
22 C. Principal, folios 13 y 16.
23 C. Principal, folio 8.
24 C. Principal, folio 95.
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201525, en la que le reconoció a la docente Daissy Monastoque Salgado una suma
por concepto de liquidación parcial de cesantías correspondientes al período de
servicio entre el 8 de febrero de 1993 al 30 de diciembre de 2014. Precisó que,
según la certificación núm. 78580 del 28 de mayo de 2015, emitida por el jefe del
Grupo de Certificaciones Laborales de la Secretaría de Educación de Bogotá, la
accionante prestó sus servicios del 8 de febrero de 1993 al 30 de diciembre de 2014.
Así, las cesantías que sirvieron de base para la liquidación fueron las reportadas de
1993 a 2014.
55. Este acto administrativo se le notificó a la accionante personalmente el 16 de
septiembre de 201526, oportunidad en la que se le puso de presente que procedía
el recurso de reposición dentro de los 10 días. No obra constancia en el expediente
de que la actora lo hubiera interpuesto.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
56. Corresponde determinar si se incumplió el requisito de existencia de una
decisión previa de la administración en cuanto al reconocimiento de las cesantías.
En caso de que esta respuesta sea negativa, la Sala atenderá si le asiste el derecho
a la demandante a que sus cesantías parciales se liquiden con el régimen
retroactivo, por haberse vinculado a la docencia oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1990.
57. Al descender al caso bajo estudio, el Tribunal se declaró inhibido para
pronunciarse de fondo. Consideró que la demandante no acreditó haber solicitado
en sede administrativa la liquidación de sus cesantías parciales con retroactividad.
Consecuentemente, estimó incumplido el requisito de decisión previa, por falta de
congruencia entre lo solicitado en sede administrativa y en lo reclamado en la
demanda, de ahí que no se satisficiera el «requisito de agotamiento de la vía
gubernativa o de reclamación administrativa». En gracia de discusión, sostuvo que
la demandante no es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, porque se
vinculó a la planta docente desde el 8 de febrero de 1993.
58. La accionante apeló para indicar que sus cesantías deben liquidarse con
retroactividad. Precisó que prestó servicios desde el 25 de abril de 1986, y que los
docentes territoriales nombrados antes del 31 de diciembre de 1996 conservan ese
régimen. En ese orden de ideas, la actora reiteró que cumplió con los requisitos
exigidos. Al respecto, se destaca que si bien el Tribunal profirió una decisión
inhibitoria, en todo caso, estudió y negó el reconocimiento del derecho.
25 C. Principal, folios 3 a 5.
26 C. Principal, folio 6.
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• En cuanto al privilegio de la decisión previa de la administración
59. Al respecto, la Sala considera que la señora Daissy Monastoque Salgado
reclamó ante el Fomag, el 25 de junio de 201527, el reconocimiento de sus cesantías
parciales. Aunque la solicitud no precisó el régimen retroactivo, la Secretaría de
Educación de Bogotá profirió la Resolución núm. 4978 del 11 de septiembre de
201528, en la que le reconoció a la actora una suma por concepto de liquidación
parcial de sus cesantías.
60. En particular, en dicho acto administrativo la entidad demandada tuvo en
cuenta – como período– que la actora prestó sus servicios como docente del 8 de
febrero de 1993 al 30 de diciembre de 2014. A partir de ello, le liquidó sus cesantías
con el régimen anualizado, con sustento en los reportes generados desde 1993 a
2014.
61. Al respecto, se advierte que existe un acto administrativo que definió la
liquidación de las cesantías bajo el régimen anualizado. Ese acto resolvió la
situación jurídica de la accionante, constituye el objeto de control en este proceso,
y de allí se desprende el restablecimiento pretendido en este asunto 29.
62. Así lo ha considerado la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en otras decisiones similares, en las que ha estudiado de fondo el asunto
de reliquidación de las cesantías parciales con el régimen retroactivo, a partir de
ejercer un control de legalidad sobre el acto administrativo de reconocimiento30. Por
ello, en el presente asunto sí existe un acto objeto de control que se pronunció sobre
el derecho a las cesantías, de modo que la administración sí tuvo la oportunidad de
estudiar el derecho reclamado.
63. Así pues, no se incumplió el requisito de la decisión previa de la
administración, en los términos del artículo 138 del CPACA, dado que existe un acto
administrativo definitivo– Resolución núm. 4978 del 11 de septiembre de 2015–,
objeto de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, en el cual la entidad
demandada estudió el reconocimiento de las cesantías parciales de la actora.
64. En todo caso, la Sala destaca que aun cuando la actora no interpuso
reposición en contra de la Resolución núm. 4978 del 11 de septiembre de 2015, el
único recurso obligatorio para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
27 C. Principal, folio 95.
28 C. Principal, folios 3 a 5.
29 Artículo 138 del CPACA.
30 Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de abril de 2026,
exp. 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de febrero de 2026, exp.
85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, exp. 25000-23-42-
000-2017-00503-01 (2978-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 9 de mayo de 2024, exp.
85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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administrativo es el de apelación. Por tanto, ello no constituye un presupuesto para
predicar un indebido agotamiento de la actuación administrativa.
65. Finalmente, para la Sala es importante destacar que el Tribunal tenía el deber
de verificar desde la admisión de la demanda los presupuestos procesales que le
permitieran emitir una decisión de fondo. Sin embargo, cursó la primera instancia
sin advertir alguna irregularidad, pues se admitió la demanda en auto del 14 de
diciembre de 2017, al tener por reunidos los «requisitos de forma establecidos en la
ley»31, y en la audiencia inicial se efectuó el saneamiento del proceso, sin observar
«causal de nulidad que invalide lo hasta ahora actuado»32.
66. Por consiguiente, el análisis debe favorecer un pronunciamiento de fondo
sobre lo debatido, porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha proscrito los
fallos inhibitorios, los cuales solo proceden ante la ausencia de otras alternativas a
la luz del ordenamiento jurídico33. Sin embargo, en este evento existe un acto
administrativo controlable.
67. En casos como el presente, la Constitución Política, en el artículo 228, regula
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, de
modo que las normas procedimentales deben interpretarse acorde con el acceso a
la administración de justicia y el derecho al debido proceso.
68. Como se precisó en el acápite de la formulación de los problemas jurídicos,
el Tribunal sí efectuó un pronunciamiento sobre el derecho de la accionante. Ello
autoriza a concluir que, en garantía de los derechos invocados, procede verificar si
procede la reliquidación de las cesantías parciales de la demandante con el régimen
retroactivo34, dado que su apelación se dirige a obtener una decisión de fondo.
• En lo relativo al derecho de la demandante a la liquidación de sus
cesantías con el régimen retroactivo
69. De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, la señora Daissy
Monastoque Salgado laboró en calidad de docente con las siguientes vinculaciones
y periodos35:
31 C. Principal, folio 55.
32 C. Principal, folio 179.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9
de marzo de 2006, exp. 200501218(AC).
34 En la audiencia inicial, el Tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: «(i) Hay lugar a hacer
pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías con retroactividad,
al no haberse acreditado solicitud en sede administrativa y no haberse demandado acto administrativo mediante
el cual se negara lo pretendido? En caso afirmativo: (i) cuál es el régimen del auxilio de cesantías que cobija a
la demandante y su alcance? (ii) cuáles son las disposiciones aplicables en lo relativo al reconocimiento y pago
del auxilio de cesantía parcial? (iii) según tales disposiciones, hay lugar al reconocimiento, liquidación y pago
de las cesantías parciales, de manera retroactiva?».
35 C. Principal, folios 105 y 106.
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Tabla 1.
Vinculación Acto administrativo Fecha de inicio Fecha de finalización
Horas cátedra Oficio núm. 0185 del 23 25 de abril de 1986 30 de noviembre de
de noviembre de 1986
«1992».
Horas cátedra Oficio – sin número– del 21 de abril de 1987 30 de noviembre de
29 de septiembre de 1987
«2004».
Horas cátedra Resolución núm. 0336 10 de marzo de 1988 30 de noviembre de
del 26 de febrero de 1988
1988
Horas cátedra Resolución núm. 0455 29 de marzo de 1989 30 de noviembre de
del 8 de marzo de 1989 1989
Horas cátedra Resolución núm. 1004 30 de abril de 1990 30 de noviembre de
del 19 de abril de 1990 1990
Interinidad Oficio – sin número– del 11 de septiembre de 8 de noviembre de 1991
11 de septiembre de 1991
1991
Tiempo completo Oficio– sin número– del 28 de febrero de 1992 30 de noviembre de
20 de julio de 1994 1992
Nombramiento en Resolución núm. 202 del 8 de febrero de 1993 Sin fecha de finalización
propiedad 1.° de febrero de 1993
70. En este escenario, obra la Resolución 202 del 1.° de febrero de 1993 36, que
nombró a la actora como docente en propiedad, cargo en el cual tomó posesión el
5 de febrero de 199337, con efectividad al 8 de febrero de 199338.
71. A partir de lo anterior, está demostrado que la relación legal y reglamentaria
de la actora, en calidad de docente, inició con el nombramiento en propiedad, a
partir del 8 de febrero de 1993. Aunque la accionante tuvo vinculaciones previas al
1.° de enero de 1990, estas no fueron continuas39. Existió una terminación de la
relación laboral, porque el último vínculo, anterior a la vigencia de la Ley 91 de 1989,
finalizó el 30 de noviembre de 1989, y la siguiente designación como docente en
horas cátedra fue el 19 de abril de 1990, con fecha de inicio el 30 de abril siguiente.
De ahí se extrae que la demandante permaneció 92 días hábiles fuera del servicio,
toda vez que existió un nuevo nombramiento mediante la Resolución núm. 1004 del
19 de abril de 1990.
72. El régimen de liquidación de cesantías se determina por la regla de la relación
legal y reglamentaria. Los vínculos anteriores interrumpidos no trasladan su régimen
a una nueva vinculación. Por consiguiente, no puede considerarse la fecha inicial –
25 de abril de 1986– para efectos de concluir que el régimen de cesantías aplicable
36 C. Principal, folios 10 a 12.
37 C. Principal, folios 13 y 16.
38 C. Principal, folio 8.
39 Al respecto, sobre la solución de continuidad, consultar las siguientes sentencias proferidas por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado: sentencia del 23 de abril de 2026, exp. 85001-23-33-000-
2021-00093-01 (3535-2023) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 85001-
23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 17 de noviembre de
2025, exp. 19001-23-33-000-2020-00057-01(2293-2025) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera y sentencia
del 13 de noviembre de 2025, exp. 25000-23-42-000-2017-00503-01 (2978-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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es el que aduce la actora, porque la última fecha de ingreso a la docencia fue el 8
de febrero de 1993.
73. Ciertamente, aunque la modalidad de la vinculación no incide en el derecho
al régimen retroactivo de liquidación de cesantías, en el caso concreto la fecha
relevante es aquella en la que inició la relación legal y reglamentaria con la
administración, la cual fue posterior a la vigencia de la Ley 91 de 1989. Por ende,
no hay lugar a considerar que el fallo desconoció la normativa especial aplicable a
los docentes vinculados con anterioridad al 1.° de enero de 1990.
74. Bajo este entendido, como lo precisó la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al proferir la sentencia de unificación CE-SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de
201640, con independencia de si trata de docentes nacionales o territoriales, quienes
ingresaron a partir del 1. ° de enero de 1990, se regirían por la citada normativa. En
este sentido también se ha pronunciado la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al destacar lo siguiente:
El artículo 15 (numeral 3, letra b) de la Ley 91 de 1989 dispone que los docentes
que se vinculen a partir del 1º. de enero de 1990, como en el presente asunto (8 de
febrero de 1993), «el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al
31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad», es decir,
que la norma no precisa si se trata de docente nacional, nacionalizado o territorial,
como los define el artículo 1°. ibidem41, sino que los incluye a todos; y, según dice
el principio general de interpretación jurídica, «donde la ley no distingue no le es
dado al intérprete hacerlo»42.
75. Así las cosas, aunque la Ley 91 de 1989 respetó los derechos adquiridos,
esto solo ocurrió frente a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989.
En igual sentido, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reguló lo relativo a la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes ingresaran al Estado a partir
de su entrada en vigor. Sin embargo, esta disposición de manera expresa previó
que lo allí indicado regía sin perjuicio de lo establecido en la Ley 91 de 1989, que
aplica especialmente para el personal docente oficial, como la aquí demandante.
76. De lo que se sigue que, no es acertada la interpretación de la accionante del
contenido de la Ley 91 de 1989, en el sentido de que los docentes territoriales
vinculados entre el 1°. de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 son sujetos
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
41 Ley 91 de 1989, artículo 1°: «Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de noviembre de 2022, exp. 25000-23-42-000-2017-01194-02 (1325-2022).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Secretaría de Educación, Fiduprevisora
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del régimen prestacional vigente en la respectiva entidad, en tanto el alcance y la
interpretación de la Ley 91 de 1989 fueron aspectos definidos en la sentencia de
unificación CE-SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 201643. Tampoco encuentra la Sala
alguna justificación para considerar que solo a partir de la entrada en vigor de la Ley
344 de 1996 procedía la liquidación anual, ya que como se expuso, los docentes
gozan de un régimen especial, cuya norma aplicable es la Ley 91 de 1989, la cual
prevalece en esta clase de asuntos frente a la Ley 344 de 199644.
77. Dado que la vinculación en propiedad se produjo el 8 de febrero de 1993, el
régimen aplicable es el anualizado. Por tanto, no procede la liquidación retroactiva,
pues esta se sustenta en una indebida interpretación de las leyes 60 de 1993, 115
de 1994, los decretos 196 de 1995 y 1582 de 1998 y de la jurisprudencia 45. El criterio
relevante en este asunto es la vinculación de la actora al servicio docente oficial,
con la precisión de que existió una ruptura por la terminación del vínculo el 30 de
noviembre de 1992, y un nuevo nombramiento con efectos a partir del 8 de febrero
de 1993.
78. Al respecto, la Sala destaca el criterio fijado por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 26 de abril de 2018 46:
Otrora, esta Corporación ha considerado que no se puede confundir el retiro definitivo
con las interrupciones transitorias47, en la medida que, en el primero, opera la ruptura
del vínculo, como por ejemplo la renuncia o cualquiera de las causas legales de
desvinculación y surge para el interesado el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas (sujetas a prescripción si no se reclaman
oportunamente), mientras que, para el segundo, se trata de suspensiones o
interrupciones del servicio por situaciones administrativas amparadas en la ley (como
las provenientes de licencias no remuneradas,vacaciones o licencias por enfermedad
o accidentes de trabajo), en las que no hay solución de continuidad.
43 La providencia analizó la exposición de motivos del proyecto de ley núm. 49 de 1989, y determinó que «la
segunda situación es la descrita por el inciso 2 del numeral 1 de la norma, que dice lo siguiente: Los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 (sean nacionales o nacionalizados, agrega la
Sala), para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se
expidan en el futuro, con las excepciones previstas en esta Ley».
44 Así lo precisó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 13 de julio de
2022, exp. 19001-23-33-000-2015-00558-02 (2102-2022).
45 En la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 13 de julio de
2022, exp. 19001-23-33-000-2015-00558-02 (2102-2022), se consideró que la demandante era beneficiaria del
régimen de liquidación anualizado de cesantías porque se vinculó como docente desde el 29 de septiembre de
1990, después de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
26 de abril de 2018, exp. 52001-23-33-004-2014-00276-01(3164-15). M.P. William Hernández Gómez.
47 Sobre auxilio de cesantía, el artículo 5 del Decreto 1160 de 1947, prevé que «Se entiende por servicio
discontinuo para los efectos del auxilio de cesantía a que se refieren los artículos 1º y 2º de la Ley 65 de 1946,
en cuanto a los trabajadores particulares, el que se realiza dentro de un mismo contrato o de una misma relación
jurídica de trabajo, aunque haya habido suspensiones o interrupciones en el trabajo mismo, como las
provenientes de licencias, prestación del servicio militar y otras causas semejantes. Los otros casos en que el
trabajador deja de prestar el servicio, pero sin que el contrato o la relación de trabajo se suspendan, como el
goce de vacaciones, la enfermedad hasta por ciento ochenta (180) días, o el accidente de trabajo hasta por el
mismo término de incapacidad, etc., no se entenderá como soluciones de continuidad del servicio, para los
efectos indicados».
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
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Cabe señalar, que la solución de continuidad opera cuando transcurren más de 15
días sin interrupción en el servicio48, que como ya se dijo no se puede confundir con
el retiro o la ruptura de la prestación del mismo, que es una situación definitiva, como
la que le atañe al demandante, en el asunto sub examine, quien permaneció por 49
días hábiles fuera del servicio, toda vez que su nuevo periodo laboral inició el 11 de
noviembre de 2011.
79. Aplicado lo anterior al caso particular, el vínculo de la demandante, como
docente de tiempo completo, terminó el 30 de noviembre de 1992, de suerte que
permaneció 45 días hábiles fuera del servicio, toda vez que se posesionó el 5 de
febrero de 1993, en el cargo para el cual fue nombrada en propiedad mediante la
Resolución núm. 202 del 1.° de febrero de 1993, con fecha de inicio del 8 de febrero
de 1993. Por ende, su régimen de cesantías es anualizado.
3.6. Conclusión de la decisión
80. De conformidad con lo anterior, la respuesta a los problemas jurídicos es
negativa porque en el caso particular no se incumplió el requisito de la decisión
previa de la administración, toda vez que la Resolución 4978 del 11 de septiembre
de 2015 es el acto que definió la situación jurídica de la accionante, y resulta
controlable por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
81. Por su parte, efectuado un estudio de fondo del asunto, a la demandante no
le asiste el derecho a que sus cesantías parciales se liquiden con el régimen
retroactivo, porque su último ingreso a la docencia oficial (dada la solución de
continuidad) fue el 8 de febrero de 1993. Así, es dable concluir que, lo procedente
es revocar la sentencia apelada, que se declaró inhibida para pronunciarse de
fondo, y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
4. Costas
82. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 49 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
48 Artículo 10 del Decreto 1045 de 1978.
49 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00088-01 (0615-2023)
Demandante: Daissy Monastoque Salgado
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia apelada, que se inhibió para hacer un
pronunciamiento de fondo, y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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