Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2019-00051-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
Demandados: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Régimen de liquidación de cesantías parciales de docente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
María Lilia Peña Ríos presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a
que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 2749 del 6 de noviembre de
2018 expedida por la Secretaría de Educación de Casanare por la cual reconoció
y ordenó el pago de cesantías parciales.
1 En adelante FOMAG
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de las cesantías parciales de manera
retroactiva de conformidad con las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los decretos
2767 de 1945 y 1160 de 1947; ii) el pago de las diferencias que resultaran entre
los valores efectivamente pagados en virtud de la Resolución 2749 del 6 de
noviembre de 2018 con el que resultara de la reliquidación por concepto de la
cesantía parcial retroactiva, con los correspondientes reajustes de ley; iii) el pago
de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas de acuerdo con lo
dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 192 y numeral 4 del artículo 195 de la Ley
1437 del 2011; iv) el cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y
195 de la Ley 1437 de 2011; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• María Lilia Peña Ríos ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida al
municipio de Recetor (Casanare) desde su nombramiento ocurrido el 1° de febrero
de 1985 y hasta la fecha de la solicitud del reconocimiento de las cesantías, como
docente de vinculación nacional.
• El 17 de septiembre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales, petición que fue resuelta por medio de la Resolución 2749 del 6 de
noviembre de 2018 a través de la cual se accedió al pago de la prestación
solicitada por la suma de $31.858.835, decisión que le fue notificada
personalmente el 15 de noviembre de esa anualidad.
• La entidad demandada desconoció la totalidad de los tiempos de servicio
prestados, pues a pesar de la fecha de su vinculación, el 1° de febrero de 1985,
aplicó el régimen de cesantías previsto en el literal b) numeral 3, del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 y no el de las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, los decretos 2767
de 1945 y 1160 de 1947 y demás normas concordantes y complementarias que
establecen su pago en forma retroactiva.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122
de la Constitución Política; 12 y 17, literal a), de la Ley 6ª de 1945; 1 del Decreto
2767 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 89
del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 7 y 9 del Decreto
2563 de 1990; 2, literal a), de la Ley 4 de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la
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Demandante: María Lilia Peña Ríos
Ley 115 de 1994; 5 del Decreto 196 de 1995; 13 de la Ley 344 de 1996; y 5,
parágrafo, de la Ley 1071 del 2006.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos3:
La resolución demandada desconoció la totalidad de los tiempos de servicio
prestados, comoquiera que fue vinculada desde el 1° de febrero de 1985 de
manera ininterrumpida en el municipio de Recetor, en el cargo de docente; sin
embargo, la entidad a efectos de liquidar las cesantías tomó como fecha de
ingreso al magisterio el 1° de febrero de 1994.
La Ley 91 de 1989 mantuvo intacto el régimen de liquidación de cesantías,
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional por
fracción de año laborado, aplicado a los docentes nacionales pero en su artículo
15, numeral 3, literal a), lo hizo extensivo a los docentes nacionalizados
nombrados a partir del 1° de enero de 1990; asimismo, en el literal b), estableció el
reconocimiento y pago tanto a los educadores nacionales como nacionalizados
nombrados con posterioridad al 1° de enero de 1990, de un interés anual sobre el
saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, por lo que es
claro que la norma no modificó el sistema de liquidación de cesantías de los
docentes vinculados a entidades territoriales.
Es más, la intención del legislador no fue modificar el sistema de liquidación de
cesantías frente a los que fueron vinculados con las entidades territoriales, en
tanto que la Ley 60 de 1993 en su artículo 6 referente al auxilio de cesantías
dispuso que al personal docente con vinculación departamental, municipal o
distrital incorporado al fondo del magisterio se le respetaría el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial y el literal a) del artículo 2
de la Ley 4 de 1992 previó el respeto por los derechos adquiridos de todos los
servidores de los regímenes general y especiales y la prohibición de desmejorar
sus salarios y prestaciones sociales, mandato que se desconoció en el acto
demandado. Por lo tanto, es cierto que la Ley 91 de 1989 estableció de forma
genérica un nuevo sistema de liquidación de cesantías, pero también lo es que a
los docentes territoriales vinculados hasta el 31 de diciembre de 1996 se les
conservó su sistema de liquidación retroactiva.
Por consiguiente, por una equivocada interpretación de la Ley 91 de 1989 frente al
sistema de liquidación de cesantías de los docentes territoriales se desconoció
que esta ley les permitió la vinculación al FOMAG pero también obligó a
3 Índice 2 de samai, expediente digital,
archivo «ED_ONEDRIVE_1_2112022(.zip) NroActua 2»,
carpeta Tomo I Exp. Físico, documento 01-ESCRITO DEMANDA
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respetarles el régimen prestacional vigente al momento de su afiliación, pese a
ello se han aplicado, al momento de reconocer y pagar los auxilios de cesantías,
las disposiciones referidas a la no retroactividad de cesantías de los docentes
nombrados entre el 1° de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 a aquellos
vinculados con anterioridad a la precitada ley con lo cual se ha omitido que estos
conservaran el régimen retroactivo de liquidación, lo que aumenta
considerablemente el monto de cesantías liquidado y efectivamente pagado.
Así, el derecho al reconocimiento y pago de las cesantías se debe hacer con la
aplicación de las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945y
1160 de 1947 no solo en el presente caso sino como una obligación futura, pues el
auxilio puede solicitarse de manera parcial. Lo anterior, por cuanto los docentes
territoriales nombrados antes del 31 de diciembre de 1996 se les debe respetar la
liquidación de las cesantías de manera retroactiva.
En cuanto al efecto moratorio de las cesantías en el sector privado se sanciona al
empleador con 1 día de salario por cada día de retardo, situación que por analogía
y en caso de la existencia de un vacío normativo debe aplicarse, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política (indubio pro operario), pues
la normatividad expresa que regula las garantías laborales y prestacionales del
sector magisterial debe entenderse como una ampliación de las que son
otorgadas al sector privado, y no como una restricción.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente4:
El régimen aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales o distritales y los de las nuevas vinculaciones es el
reconocido en la Ley 91 de 1989, por disposición de la Ley 60 de 1993. Asimismo,
el personal docente que continuaba con vinculación departamental, distrital y
municipal sería incorporado al FOMAG y se les respetaría el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 la obligación
de incorporar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados
con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG surgió con el Decreto
196 de 1995, el cual determinó en su artículo 5 que se debía respetar el régimen
4 Índice 2 de samai, expediente digital,
archivo «ED_ONEDRIVE_1_2112022(.zip) NroActua 2»,
carpeta Tomo I Exp. Físico, documento 12ESCRITO CONTESTACIÓN MIN EDUCACIÓN-FNPSM
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prestacional que tuvieran los docentes al momento de su vinculación, acorde con
lo previsto en el artículo 7 ibidem. En esa medida, el reconocimiento de las
cesantías y los intereses sobre ellas quedaba a cargo de la entidad territorial
cuando se incumpliera la obligación de afiliar al docente al citado fondo.
Los docentes nombrados a partir del año 1990 ingresaron a la categoría de
docentes nacionales, pese a que fueran vinculados por el representante de la
entidad territorial, puesto que no solo por el hecho de que un docente haya sido
nombrado entre los años 1990 y 1996 por el alcalde o gobernador adquiere el
carácter de territorial regido por normas prestacionales del orden territorial
aplicables antes de la Ley 91 de 1989.
Así pues, el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 estableció el régimen
de liquidación del auxilio de cesantías de docentes afiliados a dicho fondo y
excluyó a los beneficiarios de esta norma de los demás regímenes de liquidación
de cesantías previstas en normas generales como las leyes 50 de 1990, 334 de
1996, 244 de 1995 y 1071 de 2006, en tanto, no es posible equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de los docentes a la de los demás
empleados del régimen general territorial o a aquellos que conservaron esta
condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, porque los docentes ostentan un
régimen especial. Luego, a la demandante no le asiste razón al señalar que por
ser una docente vinculada con anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996
tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, además
porque el artículo 13 ibidem excluyó de su aplicación a quienes fueron vinculados
con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es decir, a partir del 1° de enero de 1990.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia proferida el 28 de julio
de 2022 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Para tal
efecto se pronunció en los siguientes términos5:
La demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías con
retroactividad pues su vinculación en propiedad como docente se efectuó con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; como consecuencia,
le es aplicable el régimen anualizado de cesantías.
Adicionalmente, es cierto que con anterioridad a la entrada en vigencia de la
citada ley prestó sus servicios como docente con vinculación contractual pero
5 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2112022(.zip) NroActua 2»,
carpeta Tomo II, documento 55-fallo28jul2022
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también lo es que desde que terminó esa relación contractual a la fecha en que
tomó posesión del cargo en propiedad transcurrieron más de 3 años lo que implica
que el servicio no se prestó de manera continua.
De acuerdo con su condición de docente no resulta procedente aplicarle el
régimen de cesantías propio de los servidores territoriales, pues es beneficiaria del
régimen especial contenido en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994 y
porque la Ley 344 de 1996 excluyó de su campo de aplicación a dichos
servidores.
1.4. El recurso de apelación
María Lilia Peña Ríos interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente6:
El a quo no realizó un estudio de la normatividad especial que reguló las
vinculaciones de los docentes con posterioridad al 1° de enero de 1990, en
especial lo establecido en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993; 5 del Decreto 196
de 1995, 115 de la Ley 115 de 1994, 13 de la Ley 344 de 1996 y 1 del Decreto
1582 de 1998. Asimismo, desconoció la totalidad de los tiempos de servicio, ya
que fue nombrada desde el 1° de febrero de 1985 de manera ininterrumpida en el
municipio de Recetor en el cargo de docente. Sin embargo, la entidad a efectos de
liquidar las cesantías parciales tomó como fecha de ingreso el 1° de febrero de
1994.
La demandada no certificó la totalidad del tiempo de servicio efectivamente
laborado, ya que en la expedición de la copia auténtica del acto administrativo de
nombramiento se limitó a establecer que el nombramiento en propiedad fue a
partir del 1° de febrero de 1994, cuando su obligación era acreditar todos los
tiempos de servicio, debido a que es la guardiana de la historia laboral de los
docentes bajo su tutela y fue ella la que profirió el acto administrativo de
nombramiento.
Se desatendió el precedente según el cual para que los docentes vinculados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989 conservaran el régimen retroactivo de las
cesantías basta con que hubiese existido un vínculo laboral, el cual pudo darse
bajo un nombramiento en propiedad, en provisionalidad, en periodo de prueba o,
en contrato intendencial, pues el artículo 15, numeral 3, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
6 Índice 2 de samai, expediente digital,
archivo «ED_ONEDRIVE_1_2112022(.zip) NroActua 2»,
carpeta Tomo II, documento 58-Recurso apelación sentencia María Lilia Peña
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Demandante: María Lilia Peña Ríos
diciembre de 1989 haber sido nombrado en propiedad ni mucho menos se le exige
continuidad temporal al 31 de diciembre de 19897.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, por cuanto, la
demandante afirmó, sin sustento probatorio, la continua prestación del servicio
docente [contractual y legal y reglamentaria]; pero se amparó en que le
correspondía a la entidad demandada acreditar los tiempos de servicio para
demostrar su permanencia ininterrumpida en la docencia; sin embargo, al no ser
un hecho notorio, ni responder al concepto de afirmaciones y negaciones
indefinidas, excluyentes del deber de probar lo alegado, se debe concluir que no
se demostraron los requisitos exigidos para considerar que sus cesantías debían
liquidarse por el régimen retroactivo y por lo tanto, deben negarse las pretensiones
de la demanda9.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si ¿a la demandante, quien alega tener una
vinculación como docente anterior al 31 de diciembre de 1989, le asiste el derecho
a la liquidación del auxilio de cesantías parciales de conformidad con el régimen
retroactivo?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 17 de agosto del 2011,
radicado 25000-23-25-000-2004-00269-01(1446-06) 01, MP Luis Rafael Vergara Quintero.
8 Índice 4 de samai
9 Índice 13 de samai
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Demandante: María Lilia Peña Ríos
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en
vigencia la Ley 43 de 1975.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
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Demandante: María Lilia Peña Ríos
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional». [Se resalta]
De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los
docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde
el 1° de enero 1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán
con el régimen anualizado.
En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»10
Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación11, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al
1° de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
11 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018,
Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia
del 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad.
2015- 00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero
de 2019, Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 201912, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación
del sistema financiero durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los
docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales
que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes
mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia
de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción
entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los
empleados públicos del orden nacional […]» [Se resalta]
Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el FOMAG para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los empleados públicos
Ahora bien, en relación con el régimen de cesantías de los empleados públicos es
preciso realizar el recuento normativo para advertir su regulación y modificaciones.
12 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
La Ley 6ª de 1945 regula el régimen de cesantías retroactivo que consiste en
liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en su artículo 17
precisó que:
«Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de
sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente
se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de
1942 […]»
Derecho prestacional que se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios con el Decreto 2767 de 1945 «[p]or el cual se
determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los
Departamentales y Municipios».
Luego, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para indicar
que:
«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de
1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12 y 36 de la misma Ley.»
Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación,
así:
«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad
con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio,
si este fuere menor de doce meses».
Con posterioridad, el Decreto 1160 de 1947 otorgó el derecho a percibir el auxilio
de las cesantías a los empleados al servicio de la nación de cualquier rama del
poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio, con la
aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario
por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a
ese lapso.
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
En efecto, del anterior recuento es claro que hasta este punto el régimen de
cesantías de los empleados públicos era de carácter retroactivo, por cuanto para
su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.
No obstante, con posterioridad y paulatinamente la forma de liquidación de las
cesantías fue modificado al régimen anualizado. Así, con el Decreto 3118 de
1968 «[p]or el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre
auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras
disposiciones» se estableció la liquidación anual de las cesantías para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional, con excepción de las de
los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros de las
Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa nacional y en
su artículo 27 sobre la forma de liquidación precisó:
«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que
anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador. (…).»
De igual forma en el sector privado la Ley 50 de 199013 cambió el régimen de
cesantías al anualizado y con la expedición de la Ley 344 de 1996 «[p]or la cual se
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» se dispuso la liquidación
anual de los auxilios de cesantías a quienes se vincularán a las entidades del
Estado a su entrada en vigencia, esto es el 31 de diciembre de 1996. Para tal
efecto señaló:
«Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
13 [p]or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
12
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo […]»
Este sistema de liquidación en principio no cobijó específicamente a los servidores
públicos del orden territorial, quienes seguían sujetos al régimen de cesantías
dispuesto en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es al retroactivo. Fue con el
Decreto 1582 de 1998 «por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la
Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del
nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia» que se extendió el
régimen anualizado de liquidación de cesantías a los empleados del nivel territorial
por disposición del artículo 1 que remitió a las normas pertinentes sobre el auxilio
anualizado a la Ley 50 de 1990, en el que se había determinado la liquidación de
cesantías anualizadas en el sector privado. Esto señaló la norma:
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del
mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432
de 1998.»
Lo anterior fue complementado con lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002 «[p]or
el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se
regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial»
que en su artículo 3 fijó la siguiente regla: «[l]os empleados públicos a quienes se les
esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del
mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 estableció que los
servidores públicos que al 25 de mayo de 2000 disfrutaban del sistema retroactivo
de cesantías, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación
laboral en el organismo o entidad en la que se aplicara esa modalidad
prestacional. Por ende, la disposición les permitió continuar con esta prerrogativa
a aquellos que estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344
de 1996.
En consecuencia, a los empleados públicos le son aplicables el régimen de
cesantías retroactivas para quienes se vincularon a la administración pública hasta
el 30 de diciembre de 1996 y anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
inicialmente para el sector privado y extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (el 31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial «[s]in perjuicio de los
derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989» que se insiste
contiene el régimen especial de los docentes.
2.3. Caso en concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• María Lilia Peña Ríos prestó sus servicios como capacitador rural en el municipio
de Recetor a través de contratos de trabajo con la entonces intendencia de
Casanare en los siguientes períodos14:
Contrato Período
0165 del 10 de abril de 1987 Del 1° de abril al 30 de agosto de 1987
Del 22 de abril de 1988 Del 22 de abril al 22 de agosto de 1988
Del 24 de agosto de 1988 Del 24 de agosto al 24 de septiembre de 1988
0209 del 15 de febrero de 1989 Del 15 de febrero al 30 de noviembre de 1989
• Mediante Decreto 0003 del 4 de enero 1994 fue nombrada en propiedad como
docente con vinculación nacional y tomó posesión en el cargo el 1° de febrero de
199415.
• El FOMAG certificó su afiliación con los siguientes datos16:
• Por medio de la Resolución 2749 del 6 de noviembre de 2018, la Secretaría de
Educación de Casanare - FOMAG reconoció y ordenó el pago de las cesantías
parciales en cuantía de $31.858.835.
14 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2112022(.zip) NroActua 2»,
carpeta Tomo I Exp. Físico, documento 05-ANEXOS DDA
15 Ibídem
16 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2112022(.zip) NroActua 2»,
carpeta Tomo II, documento 45-Respuesta Fiduprevisora -2019-00051
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que i) María Lilia Peña
Ríos suscribió entre el 1° de abril de 1987 y el 30 de noviembre de 1989 contratos
de trabajo con la entonces intendencia de Casanare para prestar sus servicios
como capacitador rural en el municipio de Recetor; ii) posteriormente, fue
nombrada en propiedad el 4 de enero de 1994 como docente nacional, cargo del
cual tomó posesión el 1° de febrero de esa anualidad; iii) fecha esta a partir de la
cual se ha desempeñado como docente de manera ininterrumpida; y iv) previa
solicitud, por medio de la Resolución 2749 del 6 de noviembre de 2018, la
Secretaría de Educación de Casanare - FOMAG reconoció y ordenó el pago de las
cesantías parciales en cuantía de $31.858.835, correspondientes al tiempo
comprendido entre 1994 y 2017. Dicha resolución es el acto acusado en el
presente proceso, pues considera que el auxilio debió liquidarse con el régimen
retroactivo y no con aplicación del anualizado.
De conformidad con el recuento normativo relacionado en precedencia, en cuanto
a las cesantías, se establece en el numeral 3, literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989 que los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, como
sucede en el presente asunto (1° de febrero de 1994), el FOMAG reconocerá y
pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, sin
distinción si trata de docente nacional, nacionalizado o territorial, como los define
el artículo 1 ibidem pues los incluye a todos.
Ahora, es cierto que la demandante suscribió diferentes contratos de trabajo con la
entonces intendencia de Casanare para la prestación del servicio de docente
antes del 31 de diciembre de 1989, también lo es que dicha relación contractual
terminó el 30 de noviembre de 1989 y el 1° de febrero de 1994 fue nombrada en
propiedad como docente, por lo que, para efecto del auxilio de cesantías, existió
solución de continuidad y, por lo tanto, para la liquidación de sus cesantías la
cobija el régimen anualizado contenido en la Ley 91 de 1989 de conformidad con
la fecha de su nueva vinculación y no el retroactivo previsto en las leyes 6ª de
1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947 como lo pretende
la demandante.
Así pues, en criterio de esta Sala, se reitera, perdió continuidad en la prestación
de servicio como docente y al tomar posesión nuevamente el 1° de febrero de
1994 (con posterioridad al 1° de enero de 1990 cuando entró en vigencia la Ley 91
de 1989), se sometió al nuevo régimen de cesantías, las cuales se liquidan de
forma anualizada, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
2.4. Costas
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.17
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que María Lilia Peña Ríos no
tiene derecho a beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías, en cuanto la
liquidación anual se aplica a todos los docentes designados después de la
vigencia de la Ley 91 de 1989 como en su caso y, si bien, es cierto con
anterioridad a dicha ley tuvo vinculaciones a través de contratos de trabajo
también lo es que para efectos del auxilio de cesantías existió solución de
17En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-2022)
Demandante: María Lilia Peña Ríos
continuidad, por lo tanto, para su liquidación era preciso tener en cuenta la nueva
vinculación, esto es la ocurrida el 1° de febrero de 1994.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por María Lilia Peña Ríos contra el Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
17
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