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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00093-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
5 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2021-00093-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: reliquidación de cesantías parciales. Subtema 1: régimen de liquidación de
cesantías parciales de personal docente; reiteración jurisprudencial.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 9 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Derly Yisela Castro Camargo solicitó la nulidad de la Resolución núm.
2125 del 7 de diciembre de 2020, expedida por la Secretaría de Educación de
Casanare, mediante la cual se le reconocieron unas cesantías parciales, al
considerar que estas debían liquidarse conforme al régimen de retroactividad. El
Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, al
determinar que, existió solución de continuidad en la prestación del servicio entre la
vinculación inicial, que data del 29 de marzo de 1989, y la fecha de su posesión
como docente en propiedad, el 21 de febrero de 1994. Por consiguiente, de
conformidad con el literal b, numeral 3, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, norma
aplicable a aquellos educadores que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
concluyó que la actora se rige por el régimen anualizado de cesantías.

1 En adelante Fomag.

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

Esta Subsección confirmará la decisión anterior, al considerar no le asiste derecho
a la parte actora a que sus cesantías parciales sean reliquidadas conforme el
régimen retroactivo, puesto que la liquidación anual se aplica a los docentes
designados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, como
ocurre en su caso.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Derly Yisela Castro Camargo, mediante apoderado judicial,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

• Declarar la nulidad parcial de la Resolución núm. 2125 del 7 de diciembre de
2020, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare, por medio de la cual
se le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías parciales.

• A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar a la actora las cesantías parciales de manera retroactiva, en
atención a que su vinculación como docente se inició el 29 de marzo de 1989, con
la inclusión de los factores salariales devengados, y liquidadas con base en el último
salario percibido, de conformidad con lo previsto en la Ley 6ª de 1945, el Decreto
2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

• Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag al pago de
las diferencias que resulten entre los valores cancelados conforme a la Resolución
núm. 2125 del 7 de diciembre de 2020 y aquellos que surjan de la reliquidación
retroactiva de la cesantía parcial.

• Condenar a la demandada a consignar las sumas adeudadas debidamente
indexadas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como
reconocer los intereses moratorios y dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3. Por último, condenar en costas a la entidad accionada.

2 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda.
3 En adelante CPACA.

2

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:

• La señora Derly Yisela Castro Camargo ha prestado sus servicios al
municipio de Trinidad en calidad de docente con vinculación municipal desde el 29
de marzo de 1989.

• La demandante el 1 de diciembre de 2020 solicitó al Fomag, a través de la
Secretaría de Educación de Casanare, sus cesantías parciales, las cuales fueron
reconocidas mediante Resolución núm. 2125 del 7 de diciembre de 2020, por un
valor de $9.380.239. Acto administrativo que fue notificado el 10 de diciembre de
2020.

• Indicó que, a pesar de la fecha de su vinculación como docente municipal, la
liquidación de sus cesantías fue realizada con base en lo previsto en el literal b),
numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y no conforme a la Ley 6ª de 1945,
el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947 que prevén
su pago de forma retroactiva. En este sentido, refirió que la entidad accionada tomó
como fecha para liquidar sus cesantías parciales el 21 de febrero de 1994, cuando
lo correcto, a su juicio, era a partir de que fue vinculada por primera vez, esto es, 29
de marzo de 1989.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122; las leyes 6ª de 1945, artículos 12 y 17, literal
a), 65 de 1946, artículo 1; 60 de 1993, artículo 6; 115 de 1994, artículo 176; 1071
de 2006, artículo 5; 344 de 1996, artículo 13; 4ª de 1992, artículo 2; decretos 1160
de 1947, artículos 1, 2, 5 y 6; 2767 de 1945, artículo 1; 1848 de 1969, artículo 89;
1045 de 1978, artículos 5, 40 y 45; 2563 de 1990, artículos 7 y 9;196 de 1995,
artículo 5;1582 de 1998, artículo 1.

4. Precisó que, la accionada al no tener en cuenta el tiempo real de vinculación,
desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, según el cual, a partir
de la publicación de la referida normativa, quienes se vinculen a entidades del
Estado quedarán sometidos al régimen de cesantía anualizadas, lo que implica que
hasta el 31 de diciembre de 1996 subsistió el régimen retroactivo de cesantías, tanto
parciales como definitivas, para los empleados públicos del orden territorial.

5. Señaló que, con la expedición de la Ley 60 de 1993, el legislador pretendió
conservar los derechos adquiridos y el respeto por el régimen prestacional vigente

4 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda.

3

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

en cada entidad territorial para los docentes departamentales, municipales o
distritales.

6. Sostuvo que el artículo 5 del Decreto 196 del 25 de enero de 1995 dispuso
que a los docentes afiliados al Fomag al momento de su entrada en vigor se les
debía garantizar el respeto por el régimen prestacional vigente al tiempo de su
vinculación. En consecuencia, a los no cobijados por la Ley 91 de 1989, es decir,
los nacionales y nacionalizados, les resultaba aplicable el régimen de retroactividad
de las cesantías propio de los empleados públicos del orden territorial, el cual se
mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 344 de 1996.

7. Indicó que cumple con los requisitos legales para que la entidad accionada
le reconozca, reliquide y pague sus cesantías parciales con el régimen retroactivo.

2.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag5 se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, al considerar que los actos demandados están
ajustados a derecho, puesto que se emitieron en estricto cumplimiento de las
normas legales vigentes y aplicables a la actora.

9. Propuso como excepciones: (i) legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad; y (ii) genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia 9 de febrero de
20236 en la que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la
demandante. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:

11. La demandante ostenta la calidad de docente con vinculación municipal y, en
relación con su vinculación laboral, precisó lo siguiente7:

Contrato Tiempo Institución educativa
Orden de servicio núm. 05- 29/03/1989 hasta el Escuela Rural El Milagro,
230 del 29/03/1989 28/04/1989 Trinidad
Núm. 0328 del 09/05/1989 09/05/1989 hasta el Escuela Rural El Guayabal,
30/11/1989 Nunchía
Núm. 038 del 16/04/1990 16/04/1990 hasta el Vereda Corea, Nunchía
31/03/1991
Núm. 405 de 1991 01/04/1991 hasta el Escuela Rural Corea,
31/03/1992 Nunchía
Núm. 0269 de 1992 01/04/1992 hasta el Escuela Nueva Corea,
31/12/1992 Nunchía

5 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 007-Contestación demanda.
6Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 029-Sentencia.
7 Cuadro visible en la sentencia objeto de apelación.

4

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

Núm. 400 de 1993 18/01/1993 hasta el Escuela Rural Corea,
18/12/1993 Nunchía
Núm. 900 del 18/01/1994 18/01/1994 hasta el Escuela El Conchal,
18/12/1994 Nunchía

12. Indicó que la demandante se vinculó en forma continua y reglamentaria como
docente al servicio del municipio de Nunchía, mediante el Decreto 006 del 7 de
febrero de 1994, y tomó posesión del cargo el 21 del mismo mes y año.

13. Asimismo, precisó que, mediante la Resolución núm. 2125 del 7 de diciembre
de 2020, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare, se le reconoció el
pago de unas cesantías parciales, las cuales fueron liquidadas bajo el régimen de
cesantías anualizadas.

14. Concluyó que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de
sus cesantías bajo el régimen de retroactividad, por cuanto su vinculación en
propiedad como docente se efectúo con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989, por lo que consideró que el régimen aplicable es el anualizado.

15. Añadió que, la actora desde que finalizó su vinculación contractual en el año
1989 hasta la fecha en que fue nuevamente incorporada al servicio como docente,
transcurrió un lapso superior a 5 meses, en los cuales no prestó sus servicios de
forma continua, lo cual configuró la solución de continuidad.

16. Precisó que, dada la condición de la demandante como docente, no resulta
procedente la aplicación del régimen de cesantías propio de los servidores
territoriales, en tanto es beneficiaria del régimen previsto en las leyes 91 de 1989,
60 de 1993 y 115 de 1994.

2.4. Recurso de apelación

17. La demandante, mediante apoderado interpuso recurso de apelación8, con el
fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a
las pretensiones.

18. Consideró que el fallo apelado desconoció la totalidad de los tiempos de
servicio prestados como docente, a partir del 29 de marzo de 1989, labor que, a su
juicio, fue ejercida de forma ininterrumpida. Señaló que la entidad demandada, al
momento de liquidar su cesantía parcial, tomó como referencia únicamente la fecha
de ingreso al magisterio oficial, es decir, el 21 de febrero de 1994.

19. Agregó que la entidad demandada no certificó la totalidad del tiempo
laborado, pues en el acto administrativo demandado únicamente se dejó constancia
de que fue nombrada desde el 29 de marzo de 1989, y se limitó a indicar que su

8 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 032-Recurso apelación.

5

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

ingreso a la docencia oficial ocurrió a partir del año 1995, sin reconocer el tiempo
efectivamente servido con anterioridad.

20. Adujo que el fallador de primera instancia desconoció precedentes
jurisprudenciales como la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca9, en la que se dispuso:

En ese orden de ideas, la Sala colige que la modalidad del nombramiento sea en
propiedad o temporal, no determina quienes pueden o no ser afiliados al FOMAG,
pues lo necesario para el ingreso del docente al citado fondo, es la existencia de la
relación legal y reglamentaria con la administración.

Así las cosas, resulta claro que al determinarse que el demandante estuvo vinculado
como docente territorial en temporalidad antes del 1º. de enero de 1990, le asiste
derecho a que sus cesantías sean liquidadas de manera retroactiva, de suerte que
no puede considerarse que el 03 de diciembre de 1989 hubo una ruptura laboral del
actor con la docencia oficial, pues el tiempo en que el docente estuvo desvinculado
corresponde al periodo de vacaciones (…).

21. Sostuvo que de conformidad con lo decidido en la sentencia apelada, la Ley
91 de 1989 modificó la forma para liquidar las cesantías a los docentes, cuando
realmente la referida ley en ningún momento varió la forma de liquidación del auxilio
de los docentes vinculados por las entidades territoriales, ya que de conformidad
con lo previsto en la Ley 60 de 1993 «El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial».

22. Insistió que debe aplicarse para el presente asunto el régimen de
retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y que estuvo
vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, la cual cambió la forma de
realizar la liquidación del auxilio para los servidores, que a su vez fue reglamentada
por el artículo 5 del Decreto 1582 de 1998 que dispuso que los servidores del nivel
territorial vinculados antes del 31 de diciembre de 1996 se les debe respetar el
régimen retroactivo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 23 de noviembre de 202310, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Igualmente, ofició al Tribunal Administrativo de Casanare para
que corrigiera el archivo visible en el índice 26 de la plataforma Samai, toda vez que
la sentencia de primera instancia allí registrada no correspondía al presente asunto.

9 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 21 de junio de 2019, exp. 25000-23-42-000-2017-

05499-00.
10 Samai, índice 004.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
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de Prestaciones Sociales del Magisterio

Finalmente, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no existir
pruebas por decretar en segunda instancia.

24. En cumplimiento de la orden impartida en la providencia señalada en el
numeral anterior, la secretaría de esta sección ofició al Tribunal para los fines
pertinentes11.

25. Se advierte que, en respuesta al citado requerimiento, el Tribunal allegó vía
correo electrónico la sentencia de primera instancia correspondiente al presente
proceso12.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32813
del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

28. ¿Tiene derecho la señora Derly Yisela Castro Camargo a que las cesantías
parciales le sean reliquidadas conforme al régimen de retroactividad, por haber
ingresado a la docencia oficial antes del 1 de enero de 1990?

29. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen de liquidación de cesantías de los docentes, (ii) el régimen de
cesantías aplicable a los empleados públicos. A partir de las anteriores
consideraciones se destacarán (iii) hechos probados y (iv) caso concreto.

11 Samai, índice 009.
12 Samai, índice 011.
13 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes

30. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación14 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»15, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los

14 Artículo 3.
15 Artículo 4.

8

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
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de Prestaciones Sociales del Magisterio

docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.

31. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará
un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).

32. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1.° de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional16.

3.3.2. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos

33. Como se dejó anotado en el acápite anterior, la Ley 91 de 1989 respetó los
derechos adquiridos de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
respecto de la aplicación del régimen de cesantías que regía a los empleados
públicos del orden territorial, por lo que, sobre el particular, cabe recordar que la Ley
6 de 1945 regulaba el régimen de cesantías retroactivo, en los siguientes términos:

Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones sociales:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

[…].

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).

9

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023)
Demandante: Derly Yisela Castro Camargo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

34. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:

Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.

Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.

35. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196817, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:

Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.

36. Luego, la Ley 344 de 199618 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

17 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
18 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;

[…].

37. Con la expedición del Decreto 1582 de 199819 se extendió el régimen
anualizado de liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al
sector privado—a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de
diciembre de 1996 que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.

38. Por su parte, el Decreto 1919 de 200220, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

39. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de
conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.

3.4. Hechos probados

40. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:

19 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en

relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
20 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen

mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.

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41. Mediante orden de servicio núm. 05-230 del 29 de marzo de 1989, se le
comunicó a la demandante que debe prestar sus servicios como educadora
intendencial en la escuela rural El Milagro del municipio de Trinidad.

42. En cumplimiento de lo anterior y según acta de presentación, la docente inició
su labor el 29 de marzo de la misma anualidad21. Como período laborado se
demostró el comprendido entre el 29 de marzo al 28 de abril de 1989.

43. Con posterioridad, la docente Derly Yisela suscribió contrato de trabajo núm.
0328 con la intendencia de Casanare para ejercer labores educativas a partir del 9
de mayo de 1989 hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad22

44. Luego, suscribió los siguientes contratos:

• De prestación de servicios núm. 038 con la intendencia de Casanare
para ejercer labores educativas en el municipio de Nunchía, entre el 16 de
abril de 1990 hasta el 31 de marzo de 199123.

• De trabajo núm. 0405 con la intendencia de Casanare, para ejercer
como docente desde el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 199224.

• De trabajo a término fijo núm. 269 con el departamento de Casanare,
a partir del 1 de abril de 1992 al 31 de diciembre de la misma vigencia 25.

• De prestación de servicios núm. 400 por el periodo comprendido entre
el 18 de enero al 18 de diciembre de 199326.

45. Finalmente, según Decreto 006 del 7 de febrero de 1994, expedido por el
alcalde de Nunchía, la actora fue nombrada docente en la vereda Buena Vista.
Cargo del cual tomó posesión el 21 de febrero de la misma anualidad27.

46. En el formato único para la expedición de certificado de historial laboral
emitido por el Fomag, que se encuentra anexo en los antecedentes administrativos
del acto acusado, se consignó que el régimen de cesantías de la actora es el
anualizado28.

47. La Secretaría de Educación del Casanare, a través de la Resolución núm.
2125 del 7 de diciembre de 2020, objeto de este proceso, reconoció a la docente la
suma de nueve millones trescientos ochenta mil doscientos treinta y nueve pesos

21 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 41 al 42.
22 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 43 al 46.
23 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 47 al 48.

24 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 49 al 50.

25 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folio 51 al 52.

26 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 53 al 58.

27 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 38 al 40.

28Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 013-Antecedentes administrativos, folios 5

al 6.

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$9.380.239 por concepto de cesantías parciales, con destino a reparación y
ampliación de vivienda29.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

48. En el presente asunto, el estudio se circunscribe a determinar si a la
demandante le asiste el derecho a que sus cesantías sean reliquidadas conforme
al régimen de retroactividad. Ello porque, según lo afirmó en la demanda, su
vinculación como docente se produjo con anterioridad al 1 de enero de 1990.

49. El fallador de primera instancia negó lo pretendido al considerar que, pese a
que la actora registró varias vinculaciones temporales, estas no tuvieron carácter
continuo antes del 1 de enero de 1990. Además, porque su nombramiento en
propiedad únicamente se produjo el 21 de febrero de 1994. En consecuencia,
sostuvo que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la liquidación
de sus cesantías debe efectuarse bajo el régimen anualizado, tal como lo realizó la
entidad demandada.

50. Esta Sala, a partir del análisis de los medios de prueba recaudados,
encuentra demostrado que la vinculación de la señora Derly Yisela Castro Camargo
al ejercicio de la docencia en el municipio de Nunchía, ocurrió de esta manera:

(i) contrato de servicio desde el 29 de marzo de 1989 al 28 de abril del
mismo año;
(ii) contrato de trabajo a partir del 9 de mayo hasta el 30 de noviembre de
1989;
(iii) contrato de prestación de servicios desde el 16 de abril de 1990 hasta
el 31 de marzo de 1991;
(iv) contrato de trabajo a partir del 1 de abril de 1991 al 31 de marzo de
1992;
(v) contrato de trabajo desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 1992;
(vi) contrato de prestación de servicios del 18 de enero al 18 de diciembre
de 1993;
(vii) nombramiento en propiedad mediante el Decreto núm. 006 el 7 de
febrero de 1994, expedido por el alcalde de Nunchía.

51. En este sentido, y de conformidad con el marco normativo de la presente
providencia, resulta claro que la relación legal de la demandante, en calidad de
docente, inició cuando tomó posesión del nombramiento en propiedad, es decir, 21
de febrero de 1994. Así se observa en el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral del Fomag, fechado el 23 de noviembre de 202030.

29 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 33 al 37.
30 Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 013-Antecedentes, folios 5 al 6.

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52. Aunado a lo expuesto, la demandante solicitó sus cesantías parciales, las
cuales fueron reconocidas mediante la Resolución núm. 2125 del 7 de diciembre de
2020, expedida por la secretaria de educación de Casanare31 y liquidadas conforme
al régimen anualizado. No obstante, al presentar el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, la actora insistió que el régimen aplicable debía ser
el retroactivo, por considerar que su vinculación data del 29 de marzo de 1989.

53. Sobre el particular, se reitera que el literal b) del numeral 3 del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 preceptúa que a los educadores con vinculación a partir del 1 de
enero de 1990, el Fomag les reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de
las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, calculadas anualmente y
sin retroactividad; en tal sentido, como lo ha precisado esta Sección, la norma cobijó
a todos los docentes con independencia del tipo de vinculación nacional,
nacionalizado o territorial, sin que sea dable la aplicación de la Ley 344 de 1996,
que excluyó al personal docente regido por la Ley 91 de 198932.

54. Así las cosas, en el presente asunto está demostrado que, si bien la
demandante tuvo una vinculación con anterioridad al 1 de enero de 1990, según
contrato celebrado por el período comprendido entre el 29 de marzo de 1989 al 28
de abril de 1989, lo cierto es que existió solución de continuidad porque tal y como
se observa los siguientes contratos se suscribieron entre el «9 de mayo de 1989 al
30 de noviembre de 1989» y del «16 de abril de 1990 al 31 de enero de 1991». Por
consiguiente, no puede considerarse la vinculación inicial para efectos de concluir
que el régimen de cesantías aplicable sea el que aduce la actora.

55. En relación con el argumento de la recurrente, según el cual la entidad
demandada no certificó la totalidad del tiempo laborado, debido a que el acto
acusado únicamente acreditó su ingreso al magisterio oficial a partir del año 1994
resulta claro que dicha inconformidad no es atendible. En efecto, del análisis integral
del acervo probatorio obrante en el expediente se desprende que la demandante no
logró demostrar que durante el período que pretende hacer valer hubiese existido
un ejercicio continuo, ininterrumpido y sin solución de continuidad en la prestación
del servicio docente. Por el contrario, se observa la existencia de un lapso durante
el cual no se acreditó vinculación laboral alguna, circunstancia que impide reconocer
dicho tiempo para efectos de la aplicación del régimen de cesantías retroactivas.

56. Por otra parte, los argumentos de la apelación relacionados con el
desconocimiento de la jurisprudencia de algunos tribunales administrativos y de
esta misma Corporación, sea lo primero precisar que las subsecciones que integran
esta Sección Segunda tienen una línea jurisprudencial consolidada acerca de la
aplicación del régimen de liquidación anual de cesantías para todos los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1990, de conformidad con la Ley 91 de 1989,
para lo cual, es preciso analizar la continuidad en la prestación del servicio docente

31Samai, índice 02 ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip), pdf 001-Demanda, folios 33 al 36.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
27 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16).

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con la finalidad de establecer la fecha determinante para la aplicación del régimen
correspondiente33.

57. En reciente jurisprudencia, esta Subsección, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2025, proferida en el expediente 25000-23-42-000-2017-00503-01
(2978-2022), precisó que el reconocimiento del derecho de un docente al régimen
retroactivo de cesantías exige verificar si la vinculación existente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 mantuvo continuidad en la prestación del
servicio educativo. En consecuencia, cuando la misma se ve interrumpida y el
docente adquiere una nueva posesión con posterioridad al 1 de enero de 1990, este
queda sometido al régimen anualizado de cesantías, cuyo reconocimiento y
liquidación deben efectuarse conforme a dicho sistema34.

58. En consecuencia, la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare resulta
respetuosa del precedente judicial vigente de esta Corporación, como órgano de
cierre de la jurisdicción. En cuanto a la fuerza vinculante del precedente, la Corte
Constitucional35 ha precisado:

En esos términos, esta Corporación precisó que “[e]l derecho de acceso a la
administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad
del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la
sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del
principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas
de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces
va a ser razonable, consistente y uniforme”36.

Lo anterior indica que en el ejercicio de la función judicial se expresa, de una parte,
el principio de legalidad a la hora de hallar el contenido normativo de la disposición
y así establecer, en estricto sentido, el derecho aplicable, y, de la otra, el principio
de igualdad que exige, por parte de la autoridad encargada de administrar justicia,
la efectiva verificación de que ante procesos que obedezcan a las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas, sean aplicados los mismos derechos, deberes y
obligaciones.

59. Así las cosas, no es factible la liquidación de las cesantías parciales por el
régimen de retroactividad como lo pretende la demandante, dado que al haber
perdido continuidad en la prestación del servicio como docente entre el «9 de mayo
de 1989 al 30 de noviembre de 1989» y del «16 de abril de 1990 al 31 de enero de
1991» para esta última ya era aplicable el régimen anualizado de cesantías. Por

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5

de febrero de 2015, exp. 85001-23-33-000-2019-00051-01 (0124-2022).
34 Criterio reiterado por la Corporación en las siguientes sentencias: (i) 27 de noviembre de 2017, exp. núm.

70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16); (ii) 23 de junio 2022, exp. núm. 85001-23-33-000-2018-00147-01
(1342-2020); (iii) 25 de abril de 2024, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00002-01 (0470-2021); (iv) 26 de
septiembre de 2024, exp. núm. 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022); (v) 12 de septiembre de 2024,
exp. núm. 19001-23-33-000-2019-00138-01 (1878-2024); (vi) 29 de noviembre de 2024, exp. núm. 15001-23-
33-000-2020-02454-01 (2122-2024); y (vii) 26 de febrero de 2026, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00105-01
(2865-2021)
35 Corte Constitucional, sentencia SU-406 del 2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; reiterada en fallo T-

210 de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
36 Sentencia C-836 de 2001.

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consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

3.6. Conclusión de la decisión

60. En atención a lo consignado, la Sala concluye que a la señora Derly Yisela
Castro Camargo no le asiste derecho a que sus cesantías parciales sean
reliquidadas conforme el régimen retroactivo, puesto que la liquidación anual se
aplica a los docentes designados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
91 de 1989, como ocurre en su caso. Si bien tuvo vinculaciones en la prestación del
servicio educativo con anterioridad a dicha ley, no logró acreditar la continuidad
entre estas para el reconocimiento del mencionado auxilio. En consecuencia, la
resolución demandada conserva su legalidad.

4. Costas

61. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare
del 9 de febrero de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad
con la parte motiva de la presente providencia.

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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de Prestaciones Sociales del Magisterio

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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