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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00437-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00437-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto a la condena en costas impuesta, según las motivaciones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, quedará así: «SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia» SEGUNDO. Confirmar en lo demás la decisión, conforme las motivaciones de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00437-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00437 01 (2570-2022)
Demandante: Martha Rubiela Rodríguez Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Régimen de cesantías retroactivas
Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera
instancia- condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 27 de octubre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

Con la demanda se pretende la nulidad parcial de la Resolución nro. 0534 del 7
de febrero de 2019 emitida por la Secretaría de Educación del Putumayo en
nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de unas cesantías
parciales, en cuanto se liquidó la prestación bajo el régimen anualizado y no con
el retroactivo.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó: (i) se reconozcan y paguen las
cesantías parciales con base en el régimen de retroactividad, (ii) se cancele la
diferencia que resulte una vez realizada la reliquidación con el régimen retroactivo,
(iii) se dé cumplimiento a la sentencia conforme los artículos 192 y 195 del
CPACA, (iv) se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al
consumidor de conformidad con el artículo 187 del CPACA, (v) se reconozcan los
intereses moratorios y (v) se condene en costas a la demandada.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 52001-23-33-000-2019-00437-01
Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señora Martha Rubiela Rodríguez Córdoba ha prestado sus servicios como
docente al municipio del Orito de manera ininterrumpida desde el 20 de
septiembre de 1989, vinculación departamental-recursos propios.

El 5 de diciembre de 2018, la demandante solicitó ante la Secretaría de Educación
del Putumayo en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, la cual fue
resuelta mediante la Resolución nro. 0534 del 7 de febrero de 2019.

Sin embargo, desconoció la demandada la totalidad de los tiempos laborados, ya
que su nombramiento se efectuó desde el 20 de septiembre de 1989 y se tomó
para efectos de la liquidación, el 7 de octubre de 1993.

A pesar de la vinculación de la demandante, se aplicó el régimen de cesantías
contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y no el establecido en las
Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, que
prevén que tal liquidación se debe hacer en forma retroactiva.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23,
25, 29, 53, 58, 67 y 122 de la Constitución Política; 12 y 17, literal a), de la Ley 6.ª
de 1945; 1 del Decreto 2767 de 1945; 1° de la Ley 65 de 1946; 1, 2, 5 y 6 del
Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045
de 1978; 7 y 9 del Decreto 2563 de 1990; 2, literal a) de la Ley 4.ª de 1992; 6 de
la Ley 60 de 1996; 176 de la Ley 115 de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996; 5 del
Decreto 196 de 1995; 1 del Decreto 1582 de 1998 y 5, parágrafo, de la Ley 1071
de 2006.

En síntesis, en el concepto de violación expuso que la demandante tiene derecho
a que el reconocimiento y pago de su prestación, sea bajo la aplicación de la Ley
6ª de 1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947 y
demás normas que consagran su pago de forma retroactiva

El acto administrativo acusado desconoció que por expreso mandato de las
normas antes mencionadas, se debía conceder las cesantías parciales bajo el
régimen retroactivo, dado que la actora demostró cumplir con los requisitos
legales para el efecto.

1.4. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, guardó silencio.
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Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

1.5. Sentencia de primera instancia1

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 27 de octubre de
2021, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos.

Del material probatorio allegado al expediente quedó acreditado que la actora fue
nombrada como docente territorial mediante el Decreto nro. 888 del 20 de
septiembre de 1993, posesionándose el 7 de octubre de ese año; es decir,
posterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

Si bien obra constancia del 15 de marzo de 2020, por medio de la cual la directora
de la Escuela Urbana Integrada “el Porvenir” certificó que la señora Rodríguez
Córdoba laboró en dicho plantel educativo desde el 20 de septiembre al 6 de
octubre de 1989 y certificación del director del Instituto “Luis Carlos Galán” que
constata la labor docente de la actora por los años lectivos 1991-1992 y 1992-
1993, dichas vinculaciones no tuvieron el carácter de nacionalizado, toda vez que
se efectuaron por contratos de prestación de servicios técnicos del programa de
soluciones educativas.

Lo expuesto en precedencia, da cuenta que el acto acusado fue proferido en
debida forma, comoquiera que las cesantías parciales reclamadas se liquidaron
aplicando el régimen anualizado por su condición de docente vinculado con
posterioridad al 31 de diciembre de 1989.

Por último, condenó en costas a la parte vencida.

1.6. Recurso de apelación2.

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia solicitando «se provea favorablemente
concediendo este recurso, para que sea remitido al Honorable Consejo de Estado,
y sea éste quien ordene el reconocimiento y pago de la totalidad de las
pretensiones en las condiciones y por los montos señalados en la demanda». Con
fundamento en los siguientes motivos:

La sentencia de primera instancia desconoció la totalidad de los tiempos laborados
por la señora Martha Rodríguez, puesto que la docente prestó sus servicios de
forma ininterrumpida en el municipio de Orito desde el 20 de septiembre de 1989;
y las entidades a efectos de efectuar la liquidación de las cesantías parciales
tomaron como fecha de ingreso la del 7 de octubre de 1993.

1 PDF 15 del expediente digital.
2 PDF 17 del expediente digital.

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Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

El ente territorial en su certificado se limitó a mencionar que la demandante fue
nombrada en propiedad a partir del año 1993, pese a que debió certificar todo el
tiempo laborado, en virtud de la historia laboral que manejan.

No se tuvieron en cuenta los pronunciamientos judiciales emitidos por otros
Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales exponen que la exigencia
del artículo 15, numeral 3, literal A, de la Ley 91 de 1989, para los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, no conlleva que su
nombramiento hubiera sido en propiedad con antelación a su entrada en vigencia,
ni que hubiera existido continuidad y, en ese orden, como la accionante se vinculó
el 20 de septiembre de 1989 en el municipio de Orito y la norma no distinguió la
naturaleza de tal relación laboral, no se puede desestimar el tiempo anterior a la
mencionada ley, para efectos del reconocimiento pretendido.

Tanto el fallo apelado como las entidades desconocieron que el nombramiento de
la docente es de naturaleza territorial y no nacional, ni mucho menos
nacionalizado por incorporación.

Conforme al criterio establecido en el fallo, la Ley 91 de 1989 modificó
sustancialmente la fórmula para liquidar dicha prestación social a los docentes,
sin entender que la misma ley mantuvo intacto el régimen de liquidación de
cesantías, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional
por facción de año laborado, aplicado a los docentes nacionales, pero en su
artículo 15, numeral tercero, literal A); lo hizo extensivo a los docentes
nacionalizados nombrados a partir del 1° de enero de 1990.

Así las cosas, es claro que esta norma en ningún momento modificó el sistema de
liquidación de cesantías de los docentes vinculados por las entidades territoriales
(departamentales y municipales).

Por una equivocada interpretación de la ley en cuanto al sistema de liquidación de
cesantías de los docentes territoriales y desconociendo que la propia norma que
permitió su vinculación al FNPSM, obliga a respetar el régimen prestacional
vigente al momento de su afiliación, sin imponer renuncias o exclusiones, a estos
docentes se les ha venido aplicando, al momento de reconocer y pagar auxilios
de cesantías, la normatividad contenida en la Ley 91 de 1989 en cuanto a la no
retroactividad de cesantías a los nombrados entre el 1º de enero de 1990 al 31 de
diciembre de 1996.

Por lo expuesto, es evidente que en este caso se debe aplicar el sistema de
retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y que
estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 que cambió la
forma de liquidar esta prestación para todos los servidores, que a su vez fue
reglamentada por el artículo 5º del decreto de 1582 de 1998.

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Finalmente, en lo que se refiere a la imposición de costas procesales, afirmó que
no es viable una condena de esta naturaleza por el solo hecho de la no
prosperidad de las pretensiones.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, los sujetos procesales y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.

Control de legalidad: La Sala deja constancia que el proceso se ha tramitado en
forma legal y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, por
lo que se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

A su vez, de conformidad a lo previsto en el artículo 328 del Código General del
Proceso la competencia de la Sala se encuentra circunscrita a lo expuesto por el
apelante, en atención a que solo una de las partes presentó recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la demandante, en su
calidad de docente, le asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el
régimen retroactivo; o si, le es aplicable el régimen anualizado como lo consideró
el tribunal de primera instancia.

A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.3.) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y 2.4.) caso
concreto.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Cesantías

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un ahorro
para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en
lo que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un
respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»4

La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de los
principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de
las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad
humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro
de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía5.

Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

La Ley 6 de 19456 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente7.

Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías
se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo
devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a
ese lapso.

2.3.2. Régimen anualizado de Cesantías

Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 8, que se
encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, estableciendo en el artículo 27, la novedad de un régimen
anualizado, en los siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,

4 SU 448 de 2016, SU 098-18.
5 Sentencia C-486 de 2016
6 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,

conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
7 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
8 Artículo 1° del mencionado Decreto.

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establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»

La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los empleados
tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo 49,
que regula lo siguiente:

«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos
y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el
Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se
causen en favor de sus empleados y trabajadores.

Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente

a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y

b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»

Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 19969, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen
de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

9 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen anualizado
de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50 de 1990
modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a los
servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199810.

La Ley 50 de 199011, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la
misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el
efecto.

10 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel

territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista
en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998»
11 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación
se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:

a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en
todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.

Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar,
el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar
a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que
cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.»
(Negrilla y Subrayado fuera de texto original).

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:

«Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente
forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen,
un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las
características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición (se resalta).

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Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.

2.3.3. Régimen de cesantías a favor de los docentes

La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», como una cuenta especial de la Nación,
con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía
mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital12. Dicho fondo estaría
dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada
de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad; y sería
el encargado del pago de las prestaciones sociales causadas a favor del personal
docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de dicha ley.

Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las
entidades territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente. Al
tenor:

«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de
cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de
Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus
veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones
sociales no causadas o no exigibles.»

De manera que, con la entrada en vigor de la Ley 91 se creó un nuevo régimen
prestacional de carácter especial para los docentes nacionales y todos aquellos
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990. En lo que tiene que ver con las
cesantías, el reconocimiento de esa prestación a favor de todos los docentes, sin
discriminar si se trata de territoriales, nacionales o nacionalizados, se estableció
en el artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:

12 Artículo 3.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 52001-23-33-000-2019-00437-01
Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a
las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional». (Negrilla fuera de texto)

Luego, con la Ley 812 de 2003 13 , se precisó el régimen prestacional de los
docentes oficiales. Así los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
«que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.” Además, se señaló
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “se administrará
en subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de
pensiones, cesantías y salud.» (Negrillas de la Sala).

Por su parte, la obligación de afiliación de todos los docentes del servicio público
del país al Fomag a más tardar el 31 de octubre de 200414, surgió con el Decreto
3752 de 200315, dejándose sentado que la falta de afiliación de dicho personal
implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora frente a la
totalidad de las prestaciones.

En consecuencia, de acuerdo con las normas antes relacionadas, los docentes
vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1990 hacen parte del régimen
anualizado de cesantías y no del retroactivo.

13 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
14 Como en idéntico se había desarrollado en el Decreto 0196 de 1995, por medio del cual se reglamentan

parcialmente el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la
incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan
otras disposiciones.
15 Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001

y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
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Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

2.4 Caso concreto

Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala que para
acreditar la vinculación durante los años 1989, 1991, 1992 y 1993, se allegaron
las siguientes certificaciones y constancias:

Certificaciones y Tiempo Municipio e I.E
constancias
Expedida por la directora Desde el 20 de septiembre Municipio de Orito, Escuela Urbana Integrada
de la Institución hasta el 6 de octubre de el Porvenir.
Educativa el Porvenir16. 1989
Expedida por el director Por los años lectivos 1991- Municipio de Orito, Instituto Luis Carlos Galán
del Instituto Luis Carlos 1992 y 1992-1993
Galán17.

Luego, el gobernador del departamento del Putumayo en uso de sus atribuciones
legales expidió el Decreto 888 del 20 de septiembre de 199318 «por medio del cual
se hacen unos nombramientos en Educación Básica Primaria» efectuando el
nombramiento de unos docentes, entre ellos la señora Rodríguez Córdoba,
tomando posesión del cargo el día 7 de octubre del mismo año19.

Del formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 19 de
marzo de 2019 20 expedido por el profesional universitario de la Secretaría de
educación del Putumayo, se extrae la siguiente información:

16 Folio 95 del PDF 01 del expediente digital.
17 Folio 97 del PDF 01 del expediente digital.
18 Folios 69 a 74 del PDF 01 del expediente digital.
19 Folio 75 del PDF 01 del expediente digital.
20 Folios 103 a 108 del PDF 01 del expediente digital.

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FECHA
TIPO DE FECHA A.A. DESDE HASTA
NOVEDADES No de A.A. POSESION
A.A.
d m y d m y d m y d m y
Tipo de
Ing. Y Reing.
Novedad
1 Plantel Decreto 888 20/09/1993 07/10/1993 07/10/1993 31/12/1993
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
Plantel
2 secretaría de educación Decreto 52 10/01/1994 01/01/1994 31/12/1994
Educativo

Municipio Mocoa (Put)

Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
3 Plantel Decreto 82 10/01/1995 01/01/1995 29/05/1995
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
4 Plantel Resolución 306 30/05/1995 30/05/1995 31/12/1995
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
5 Plantel Decreto 45 05/01/1996 01/01/1996 03/03/1996
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Traslados
Novedad
6 Plantel Decreto 000060 04/03/1996 04/03/1996 31/12/1996
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
7 Plantel Decreto 45 10/01/1997 01/01/1997 31/12/1997
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
8 Plantel Decreto 47 10/01/1998 01/01/1998 31/12/1998
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
9 Plantel
secretaría de educación Resolución 926 17/12/1998 17/12/1998 31/12/1998
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
10 Plantel Decreto 51 08/01/1999 01/01/1999 11/07/1999
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
11 Plantel Resolución 422 12/071999 12/07/1999 31/12/1999
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
12 Plantel Decreto 2729 27/12/2000 01/01/2000 17/02/2000
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
13 Plantel Resolución 670 16/11/2000 18/02/2000 28/12/2000
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
14 Plantel Resolución 1443 29/12/2000 29/12/2000 31/12/2000
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
15 Plantel Decreto 2713 17/12/2001 01/01/2001 10/12/2001
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
16 Plantel Resolución 1580 11/12/2001 11/12/2001 31/12/2001
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
17 Plantel Decreto 688 10/04/2002 01/01/2002 31/12/2002
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
18 Plantel Decreto 3621 16/12/2003 01/01/2003 08/12/2003
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Traslados
Novedad
19 Plantel Decreto 1148 09/12/2003 09/12/2003 31/12/2003
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
20 Plantel Decreto 4250 16/12/2004 01/01/2004 31/12/2004
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)

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Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
21 Plantel Decreto 928 30/03/2005 01/01/2005 31/12/2005
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Ascensos
Novedad
22 Plantel Resolución 74 02/01/2006 01/01/2006 02/01/2006
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
23 Plantel Decreto 595 27/02/2006 03/01/2006 31/12/2006
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
24 Plantel Decreto 633 02/03/2007 01/01/2007 31/12/2007
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
25 Plantel Decreto 626 29/2002/2008 01/01/2008 31/12/2008
secretaría de educación
Educativo
Municipio Mocoa (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
26 Plantel Convenio 700-702 03/06/2009 01/01/2009 31/12/2009
secretaría de educación
Educativo
Municipio Orito(Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
27 Plantel Decreto 2940 05/08/2010 01/01/2010 30/04/2010
secretaría de educación
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
28 Plantel Acta 1369-1367 26/04/2010 01/05/2010 31/12/2010
secretaría de educación
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
1955-1927-
29 Plantel Decreto 04/04/2011 01/01/2011 31/12/2011
col t gabriela mistral (sp) 1956
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
30 Plantel Decreto 827-826-829 25/04/2012 01/01/2012 31/12/2012
col t gabriela mistral (sp)
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
1001-1002-
31 Plantel Decreto 21/05/2013 01/01/2013 31/12/2013
col t gabriela mistral (sp) 1004
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
32 Plantel Decreto 172-173-174 07/02/2014 01/01/2014 31/12/2014
col t gabriela mistral (sp)
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
1092-1116-
33 Plantel Decreto 26/05/2015 01/01/2015 31/12/2015
col t gabriela mistral (sp) 1060
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
34 Plantel Decreto 120-121-122 26/01/2016 01/01/2016 31/12/2016
col t gabriela mistral (sp)
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Cambio de Sueldo
Novedad
980-981-982-
35 Plantel Decreto 09/06/2017 01/01/2017 31/12/2017
col t gabriela mistral (sp) 983
Educativo
Municipio Orito (Put)
Tipo de
Ing. Y Reing.
Novedad
316-317-319-
36 Plantel Decreto 19/02/2018 01/012018
Sede Bancos De Paramo 322
Educativo
Municipio Garagoa (Boy)

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Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

La señora Martha Rubiela Rodríguez Córdoba el 5 de diciembre de 201821, solicitó
ante la Secretaría de Educación de Casanare el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales, prestación que fue reconocida con la Resolución nro. 0534
del 7 de febrero de 201922, por valor de 31.397.781 COP, descontando un valor
por concepto de cesantías parciales ya pagadas.

En las consideraciones de dicho acto administrativo se plasmó lo siguiente:

«CONSIDERANDO
[…]
Que son normas aplicables entre otros, la Ley 91 de 1989, el Decreto 2755 de 1966
y su Decreto reglamentario No. 888 de 1991 y reglamentos de Cesantías Parciales
emanados del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
[…]
Que para la liquidación de la prestación se tuvo en cuenta el periodo comprendido
entre el 7 de octubre de 1993 al 30 de diciembre de 2017, total de días laborados:
8724.»

Del anterior recuento probatorio, advierte la Sala que la relación laboral de la
señora Martha Rubiela Rodríguez Córdoba no fue continua, debido a que su
vinculación tuvo interrupciones, entre los diferentes periodos, así:

Desde el 20 de septiembre hasta el 6 de octubre de 1989.
Durante los años lectivos 1991-1992 y 1992-1993.
Desde el 7 de octubre de 1993 en adelante.

En ese escenario, si bien conforme la certificación expedida por la directora de la
Escuela Urbana Integrada “el Porvenir” la demandante prestó sus servicios como
docente desde el 20 de septiembre de 1989 -antes de la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989-, lo cierto es que se produjo a través de una vinculación temporal,
existiendo solución de continuidad en la prestación del servicio. Y posteriormente
tuvo nuevas vinculaciones en los años 1991, 1992 y 1993, no obstante, solo hasta
su ingreso el 7 de octubre de 1993, inició una vinculación continua hasta su retiro.

Lo anterior, permite concluir a la Sala que la vinculación que determina en este
caso el régimen de cesantías aplicable a la señora Martha Rubiela Rodríguez
Córdoba, es la del 7 de octubre de 1993; en tanto a partir de dicha fecha inició su
vinculación en forma ininterrumpida en el servicio público docente, producto de su
nombramiento mediante Decreto 888 del 20 de septiembre de 1993. En este
sentido, no tiene vocación de prosperidad el argumento planteado por la parte
apelante, que busca considerar el tiempo de servicio anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, pues se trató de una sola vinculación temporal con

21 Folios 53 y 54 del expediente digital
22 Folios 67 y 68 del PDF 01 expediente digital.

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Demandante : Martha Rubiela Rodríguez Córdoba

solución de continuidad. Tiempo de servicio discontinuo, que dada su naturaleza
no garantiza su ingreso y permanencia en un sistema retroactivo de cesantías.

Cabe resaltar que, en el caso de marras, la vinculación laboral continua fue
posterior al 1° de enero de 1990, por lo que es forzoso es concluir que a la parte
demandante se le aplica el régimen anualizado, pues, se repite, la norma que
consagra dicho régimen para los docentes se refirió a los vinculados con
posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, sin distinción a su carácter de
nacional, nacionalizado o territorial.

También discurre la parte apelante que se debe tener en cuenta las providencias
de esta Corporación, en donde se decidió sobre la validez de los tiempos
trabajados antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, para efectos de
mantener el régimen retroactivo en la liquidación de las cesantías.

Para lo cual mencionó la sentencia del 17 de agosto de 2011, identificada bajo el
radicado 25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06), en la cual se concluyó que
es suficiente la existencia de un vínculo laboral, ya sea mediante un nombramiento
en propiedad, provisionalidad o periodo de prueba, interinidad. No obstante, el
contexto del caso analizado es disímil al aquí analizado, dado que en aquel caso
se discutió el desconocimiento de tiempos laborados debido a un nombramiento
en interinidad y no la continuidad del servicio. Por lo tanto, existen elementos de
disanalogía entre uno y otro caso.

En cuanto a las sentencias del 28 de febrero de 2008, radicado 25000 23 25 000
2003 04095 01 (3700-2005), y del 10 de febrero de 2011, radicado 52001 23 31
000 2006 01365 (0088-10), donde se indicó que el régimen de liquidación anual
de cesantías es aplicable a los empleados territoriales vinculados después de la
Ley 344 de 1996, esta Subsección ha sostenido en forma reiterada que el régimen
de liquidación anual de cesantías para los docentes se estableció en la Ley 91 de
1989 y aplica a todos los vinculados después de la entrada en vigor de esta última
norma. Sobre el particular se ha decidido el asunto en las sentencias con
radicados internos (2244-2024, 1104-2024, 1657-2023, 0293-2022, 3610-2022,
6685-2022, 1648-2021, 1987-2020, entre otras).

También alega que no se tuvieron en cuenta los pronunciamientos emitidos por
diferentes tribunales administrativos, en donde se indicó que no es necesario que
el docente hubiese estado nombrado en propiedad ni mucho menos que se exija
continuidad en el servicio. Sobre este aspecto, se precisa la Sala que el Tribunal
Administrativo de Nariño para la solución de la litis, tuvo en cuenta la
jurisprudencia del Consejo de Estado, aplicable al caso sub examine, por lo que
no fue desconocido el precedente.

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La postura reiterada de esta Subsección 23 ha sido enfática en afirmar que el
reconocimiento de las cesantías bajo el régimen retroactivo procede para el
servicio ininterrumpido, e, incluso, cuando se producen las suspensiones o
interrupciones en la labor, autorizadas por la ley, siempre y cuando no ocurra la
terminación del vínculo laboral.

En ese escenario, tal como lo encontró el tribunal de primera instancia, en el caso
de la demandante no es dable concluir que hubo continuidad en las relaciones
laborales anteriores a su nombramiento en propiedad.

Considera la Sala que la demandante no demostró haber ingresado al servicio
docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 mediante una
relación laboral ininterrumpida, por el contrario, si bien tuvo una vinculación antes
la misma finalizó el 6 de octubre de 1989 y su posterior ingreso ocurrió después
de dicha norma, por lo que la cobija el régimen de liquidación anualizado.

Finalmente, la parte apelante manifestó su inconformidad por la condena en
costas, advirtiendo que las mismas no proceden por el solo hecho de ser vencido
en el proceso.

Para resolver sobre este punto, la Sala advierte que la sentencia de primera
instancia fue proferida en vigencia de la Ley 2080 de 2021, norma que en su
artículo 47 establece: «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal», aspecto que no fue valorado por el tribunal al
momento de imponer la condena en costas, por lo que procede su revocatoria.

Por lo tanto, se revocará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia
en cuanto a la condena en costas y se confirmará en sus demás apartados la
decisión inicial, por las razones expuestas en precedencia.

2.5. Condena en costas

En el caso concreto, no se condenará en costas a la parte demandante; pues si
bien antes esta Sala de Subsección valoraba objetivamente la conducta de la
parte vencida para determinar si había lugar a condenar en costas, lo cierto es
que, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, se procede hacer un
estudio sobre la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que, en esos términos, al hacer extensiva esa
interpretación al caso analizado, no se advierte dicha carencia.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación:

20001-23-31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 85001-23-42-000-
2019-00129-01 (0293-2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 27 de
octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto a la condena
en costas impuesta, según las motivaciones expuestas en la parte considerativa.
En consecuencia, quedará así:

«SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia»

SEGUNDO. Confirmar en lo demás la decisión, conforme las motivaciones de esta
providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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