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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01182-02

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01182-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: liquidación de cesantías personal docente; reiteración jurisprudencial.
Subtema 1: régimen anualizado de cesantías.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 20 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Gilma Cecilia Mayorga Galindo solicitó la nulidad del Oficio núm. S-2017-
200056 del 14 de diciembre de 2017, expedido por la Secretaría de Educación de
Bogotá, Fomag, mediante el cual le negó la liquidación de sus cesantías conforme
al régimen de retroactividad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que existió solución de continuidad en la prestación del
servicio entre la vinculación inicial, ocurrida el 22 de abril de 1988 al 30 de noviembre
de 1992, y su posesión como docente en propiedad el 8 de febrero de 1993 (sic)2.
Afirmó que la Ley 91 de 1989 no exige que a la fecha de su promulgación la docente
deba estar vinculada al servicio mediante nombramiento en propiedad para
conservar el régimen retroactivo de cesantías, pues resulta admisible la vinculación
con carácter temporal. Asimismo, que, si entre una vinculación y otra se presenta

1 En adelante Fomag.
2 5 de febrero de 1993.

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

solución de continuidad, no es viable tener en cuenta la primera para efectos de
determinar el régimen aplicable al reconocimiento y pago de sus cesantías.

Esta Subsección confirmará la decisión recurrida. A la demandante no le resulta
aplicable el régimen retroactivo de cesantías, sino el régimen anualizado, en razón
a su vinculación a la docencia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91
de 1989.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Gilma Cecilia Mayorga de Galindo, mediante apoderada judicial,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

• Declarar la nulidad del Oficio núm. S-2017-200056 del 14 de diciembre de
2017 expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá y el Fomag, mediante el
cual se negó la liquidación de las cesantías conforme al régimen retroactivo.

• A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a las entidades
demandadas reconocer y pagar las cesantías conforme al régimen mencionado,
esto es, un mes de salario por cada año de servicio o de manera proporcional, por
la suma de $91.870.945, según lo previsto en la Ley 6ª de 1945, la Ley 65 de 1946
y el Decreto 1160 de 1947.

• Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag el pago de
las diferencias que resulten entre los valores cancelados conforme a la Resolución
núm. 1701 del 5 de octubre de 2020 y aquellos que surjan de la reliquidación
retroactiva de la cesantía parcial.

• Condenar a la demandada a consignar las sumas adeudadas debidamente
indexadas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como
reconocer los intereses moratorios y dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo4. Por último, condenar en costas y agencias en derecho a la entidad
accionada.

3 Cuaderno físico, folios 12 al 19.
4 En adelante CPACA.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

• La señora Gilma Cecilia Mayorga de Galindo fue nombrada docente en
propiedad mediante Resolución núm. 202 del 1 de febrero de 1993, por la Secretaría
de Educación de Bogotá; y tomó posesión de este el 5 del mismo mes y año.
Asimismo, fue afiliada al Fomag.

• Sostuvo que laboró ininterrumpidamente entre el 5 de febrero de 1993 al 30
de mayo de 2018, esto es, por 25 años, 3 meses y 25 días. Durante ese último año
laborado, devengó los siguientes factores salariales: sueldo, prima de navidad,
prima de vacaciones y prima de servicios.

• La demandante, el 25 de septiembre de 2020, solicitó al Fomag, a través de
la Secretaría de Educación de Bogotá, el reconocimiento y pago de sus cesantías
conforme al régimen retroactivo.

• Adujo que la Secretaría de Educación de Bogotá mediante Oficio núm. S-
2017-200056 del 14 de diciembre de 2017, liquidó de forma anualizada su auxilio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 5, 6, 13, 23, 25, 53, 58, 228 y 336; la Ley 6ª de 1945, artículo 17 literal a); Decreto
1160 de 1947, artículo 6, parágrafo 1; Decreto Ley 3135 de 1968, artículo 14;
Decreto Reglamentario 1848 de 1969, artículo 102; Ley 91 de 1989, artículos 5 y
15, numeral 3; Ley 4ª de 1992, artículo 2, literal a); Ley 115 de 1994, artículo 176;
Ley 244 de 1995, artículo 2, parágrafo; Decreto Reglamentario 196 de 1995, artículo
2 y Decreto 1919 de 2002, artículos 1 y 3.

4. Sostuvo que la actuación irregular del Fomag ha impedido garantizarle el
derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen de
retroactividad; ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, literal a), de la Ley 6ª
de 1945, el artículo 1 de la Ley 65 de 1946 y el artículo 6 del Decreto 1160 de 1947.

5. En este orden de ideas, las entidades accionadas han desconocido los
derechos adquiridos de los diferentes regímenes, por lo que en ningún caso se
podrán desmejorar los salarios, ni las prestaciones sociales.

6. Adujo que al desconocer su calidad de beneficiaria de un régimen especial
se vulneran sus derechos, por cuanto le corresponde el reconocimiento de sus
cesantías con retroactividad—esto es, a razón de un mes de salario por cada año
laborado sobre el último sueldo devengado.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

7. Expuso que las cesantías de los docentes territoriales que se vinculen con
anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996 deben liquidarse con el régimen
de retroactividad.

2.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag contestó la demanda 5
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Afirmó que a la señora Gilma
Cecilia Mayorga de Galindo no le asiste razón, por cuanto su vinculación como
docente tuvo lugar con posterioridad al 1 de enero de 1990; en ese sentido, de
conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989, mediante la cual se creó el
Fomag, el régimen aplicable es el de cesantías anualizadas, conforme a lo previsto
en el literal b, numeral 3, artículo 15 de la norma en cita.

9. Propuso como excepciones, las siguientes: (i) vinculación del litisconsorte
necesario; (ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; (iii)
ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; y (vi) cobro de lo no
debido.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F profirió sentencia el 20 de septiembre de 2023 6, en la que negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandante, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

11. Refirió que de acuerdo con el acervo probatorio se logró determinar que la
señora Gilma Cecilia Mayorga de Galindo ha laborado como docente al servicio de
la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 22 de abril de 1988 al 30 de
noviembre de 1992, con interrupciones entre los periodos. Igualmente señaló que
registra su vinculación en propiedad a partir del 8 de febrero de 1993 (sic).

12. Expuso que según la certificación núm. 26062009 140214 del 26 de junio de
2009 emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá, la accionante laboró en los
siguientes periodos:

RESOLUCIÓN (AÑO) PERIODO VALOR TIPO DE CESANTÍA
5390-1989 22/04/1986 A $103.111 DEFINITIVA
1/12/1988
7515-1991 16/01/1989 A $ 82.608 DEFINITIVA
3/12/1989
12664-1992 22/01/1990 A $ 99.471 DEFINITIVA
2/12/1990

5 Cuaderno físico, folios 54 al 59.
6 Cuaderno físico, folios 210 al 217.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

16975-1993 21/01/1991 A $ 121.338 DEFINITIVA
2/12/1991
22769-1994 21/01/1992 A $ 152.536 DEFINITIVA
1/12/1992
Tabla tomada de la sentencia de primera instancia.

13. En este orden de ideas, precisó que la demandante laboró como docente
adscrita al distrito de Bogotá para el periodo comprendido entre el 22 de abril de
1988 al 30 de noviembre de 1992, con interrupciones y desde el 8 de febrero de
1993 (sic) en propiedad, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 1990.

14. Agregó que la Ley 91 de 1989 no exige que, al momento de su promulgación,
la docente estuviera nombrada en propiedad para conservar el régimen retroactivo
de cesantías, pues admite vinculación temporal. Con todo ello, si entre
vinculaciones hay interrupción del servicio, no procede considerar la relación
anterior, dado que la prestación ya fue liquidada; en consecuencia, el nuevo
nombramiento origina una relación sometida a las normas vigentes.

15. Adujo que, de conformidad con las pruebas aportadas en el plenario, se
acreditó la terminación de la relación laboral en cada caso; de manera que, a partir
del 8 de febrero de 1993 (sic), fecha en la que tomó posesión de su cargo en
propiedad, se originó un nuevo nombramiento sometido a la normativa vigente para
la época, esto es, la Ley 91 de 1989 y su régimen anualizado. Por lo expuesto,
concluyó que a la demandante no le asiste razón en sus pretensiones, habida
cuenta de que el acto acusado fue expedido con sujeción a las reglas aplicables a
su caso, y en tal virtud negó las súplicas de la demanda.

2.4. Recurso de apelación

16. La demandante, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación7, con
el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda
a las pretensiones.

17. Solicitó que en esta instancia se tengan en cuenta los tiempos laborados
anteriores a la entrada en vigor de la ley 91 de 1989, dado que fue nombrada
docente para laborar en la Secretaría de Educación de Bogotá, bajo la vinculación
«temporal tiempo completo».

18. Afirmó que las interrupciones entre los nombramientos comprendidos entre
1988 y 1993 corresponden al cese de actividades escolares propio del periodo
vacacional, tanto de los estudiantes como de la planta docente.

19. Agregó que el auxilio de cesantías es un derecho económico de carácter
irrenunciable, por tanto, el empleador no lo puede desconocer, por cuanto constituye
el ahorro acumulado por el trabajador en razón al tiempo de servicio prestado.

7 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 044.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

20. A continuación, precisó que la Ley 344 de 1996 no excluye a los docentes de
su ámbito de aplicación, pues la única excepción expresa prevista en dicha norma
recae sobre el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
En tal sentido, la expresión contenida en el artículo 13 de esa ley «sin perjuicio de
los derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de 1989» debe
interpretarse como una salvaguarda frente a lo dispuesto en otras regulaciones,
entre ellas las que rigen la liquidación prestacional de los docentes territoriales. Lo
anterior, en tanto la Ley 91 de 1989, en materia de cesantías, tuvo por objeto
exclusivo a los docentes nacionales y nacionalizados.

21. Al respecto, añadió que fue la Ley 60 de 1993 en su artículo 6, la que dispuso
la incorporación de los educadores de los distritos, departamentos y municipios al
Fomag. En consecuencia, el reconocimiento y pago de la retroactividad en las
cesantías resulta aplicable a los docentes oficiales vinculados antes del 30 de
diciembre de 1996, de modo que a la demandante le es aplicable la Ley 6ª de 1945,
habida cuenta de que se encontraba en ejercicio de sus funciones docentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

22. Mediante auto del 30 de mayo de 20248, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Igualmente, prescindió del período para correr traslado a las
partes, por no existir pruebas por decretar en segunda instancia y ordenó la
notificación personal a las partes y al Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo del tribunal que negó las pretensiones de la demanda y en atención a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3289 del

8 Samai, índice 006.

9 Artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior
sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación

6

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

25. ¿Tiene la demandante derecho a la liquidación del auxilio de cesantías
conforme al régimen retroactivo, en su condición de docente oficial vinculada con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes

26. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación10 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»11, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
10 Artículo 3.

11 Artículo 4.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.

27. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará
un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).

28. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1 de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional12.

3.3.2. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos

29. Como se dejó anotado en el acápite anterior, la Ley 91 de 1989 respetó los
derechos adquiridos de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
respecto de la aplicación del régimen de cesantías que regía a los empleados
públicos del orden territorial, por lo que, sobre el particular, cabe recordar que la Ley
6ª de 1945 regulaba el régimen de cesantías retroactivo, en los siguientes términos:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).

8

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones sociales:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

[…].

30. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:

Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.

Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.

31. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196813, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:

Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.

13 Porel cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

32. Luego, la Ley 344 de 199614 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;

[…].

33. Mediante el Decreto 1582 de 199815 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.

34. Por su parte, el Decreto 1919 de 200216, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

35. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de

14 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
15 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en

relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
16 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen

mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.

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Demandante: Gilma Cecilia Mayorga de Galindo
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de Prestaciones Sociales del Magisterio

conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

36. En el presente asunto, se observa que la señora Gilma Cecilia Mayorga de
Galindo fue nombrada docente al servicio de la Secretaría de Educación del Distrito
Capital de Bogotá en los siguientes periodos mediante vinculaciones temporales de
tiempo completo, así17:

• 22 de abril de 1988 al 1 de diciembre de 1988
• 16 de enero de 1989 al 3 de diciembre de 1989
• 22 de enero de 1990 al 2 de diciembre de 1990
• 21 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 1991
• 20 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992

37. Igualmente, fue nombrada en propiedad a través de la Resolución núm. 202
del 1 de febrero de 1993, y tomó posesión del cargo el 5 de febrero de la misma
anualidad18.

38. Ahora bien, advierte la Sala que, si bien obran en el plenario pruebas que
acreditan diversos nombramientos de la demandante como docente al servicio de
las entidades demandadas con anterioridad al 1 de enero de 1990, estos tuvieron
su origen en vinculaciones temporales de tiempo completo durante los periodos
comprendidos entre el 22 de abril de 1988 y el 30 de noviembre de 1992. De ello se
desprende que esas relaciones legales y reglamentarias se consolidaron
únicamente hasta las respectivas fechas límite de ejecución, lo que dio lugar, en
cada oportunidad, a la liquidación definitiva de las cesantías por el lapso respectivo.

39. Cabe precisar que, si bien la vinculación inicial de la demandante data del 22
de abril de 1988 y se registran nombramientos con carácter discontinuo hasta el
nombramiento en propiedad del 5 de febrero de 1993, lo cierto es que en el ejercicio
de la actividad educativa al servicio del Estado se configuraron varios lapsos de
solución de continuidad. Ello implica la existencia de múltiples relaciones legales y
reglamentarias independientes, cada una de las cuales dio lugar a la liquidación
definitiva de las cesantías correspondientes al respectivo período.

40. Al respecto esta Corporación ha sostenido en asuntos análogos, lo
siguiente19:

17 Cuaderno físico, folios 171 reverso y 172, formato único para expedición de certificado de historia laboral.
18 Cuaderno físico, folios 171 reverso y 172, formato único para expedición de certificado de historia laboral.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

31 de julio de 2020, exp. núm. 25000-23-42-000-2017-00647-01(2557-18).

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de Prestaciones Sociales del Magisterio

«[…] [P]ara que puedan acumularse los tiempos de servicios oficiales con el
propósito de reconocer las cesantías definitivas, es relevante que estos se hayan
prestado con continuidad, sin que haya operado la ruptura del vínculo laboral;
condición que no se cumple en el presente asunto, pues entre las relaciones
laborales del accionante operó la solución de continuidad. En consecuencia, es
improcedente el argumento del apelante referente a que tiene derecho al
reconocimiento de las cesantías retroactivas, con ocasión de su vinculación desde
el año 1979, toda vez que esta se terminó el 23 de agosto de 1985. Aclarado lo
anterior, se indica que conforme se acreditó en el expediente, el último vínculo del
señor Jorge Arturo Pereira Escarria en calidad de docente fue a partir del 2 de
febrero de 1996, como bien lo determinó el A quo. Por consiguiente, es esta la fecha
que se tiene en cuenta para efectos del reconocimiento de las cesantías definitivas
reclamadas. En este orden de ideas, dado que tal vinculación ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, después del 31
de diciembre de 1989, se considera que las cesantías del actor se liquidan de forma
anual. […]».

41. Por lo anterior, se concluye que las interrupciones en el vínculo como docente
oficial, anteriores al 1 de enero de 1990, son irrelevantes para efectos de la
reliquidación del auxilio conforme al régimen retroactivo.

42. Ahora bien, se observa que el nombramiento en propiedad de la docente fue
a partir del 5 de febrero de 199320 y desde esa fecha mantuvo su vinculación de
manera continua e ininterrumpida, con posterioridad al 1 de enero de 1990. Por
consiguiente, no le asiste derecho al reconocimiento y pago de su auxilio bajo el
sistema retroactivo.

43. Lo anterior obedece a que los educadores nombrados con posterioridad al 1
de enero de 1990—como ocurre en el presente asunto—están regidos por el artículo
15 de la Ley 91 de 1989, esto es, por las disposiciones aplicables a los empleados
públicos del orden nacional. De conformidad con dicho régimen, la liquidación de
sus cesantías es anualizada, sistema que establece el reconocimiento de intereses
sobre el saldo acumulado de cesantías a 31 de diciembre de cada anualidad, sumas
que por disposición legal son informados cada año a los beneficiarios, de
conformidad con el literal b) del numeral 3 de la misma normativa.

44. De conformidad con el marco normativo expuesto, se concluye que la
relación legal de la demandante, en calidad de docente, se inició cuando tomó
posesión del nombramiento en propiedad, el 5 de febrero de 1993.

45. Sobre el particular, se reitera que el literal b) del numeral 3 del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 preceptúa que a los educadores con vinculación a partir del 1 de
enero de 1990, el Fomag les reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de
las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, calculadas anualmente y
sin retroactividad; en tal sentido, como lo ha precisado esta Sección, la norma
amparó a todos los docentes con independencia del tipo de vinculación nacional,

20 Cuaderno Físico, folios 171 reverso y 172, visible formato único para la expedición de historia laboral.

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nacionalizado o territorial, sin que sea posible la aplicación de la Ley 344 de 1996,
que excluyó al personal docente regido por la Ley 91 de 198921.

46. En relación con el argumento de alzada referido a que le resulta aplicable la
Ley 344 de 1996 por haber sido nombrada como docente oficial territorial con
anterioridad a su entrada en vigor—y que, por tal razón, es beneficiaria del régimen
retroactivo—, advierte la Sala que la normativa en mención conservó las
disposiciones previstas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se
incorporaran sin solución de continuidad y para las nuevas vinculaciones a las
plantas territoriales a partir del 1 de enero de 1990, como es su caso. Por lo tanto,
la demandante no es beneficiaria del sistema retroactivo, según lo explicado con
antelación22.

47. Sumado a lo expuesto, en reciente jurisprudencia, esta Subsección23, precisó
que el reconocimiento de la cesantía a un docente bajo el régimen retroactivo exige
verificar si la vinculación existente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
91 de 1989 mantuvo continuidad en la prestación del servicio educativo. En
consecuencia, cuando dicha vinculación resultó interrumpida y el docente adquirió
una nueva posesión con posterioridad al 1 de enero de 1990, este queda sometido
al régimen anualizado de cesantías, cuyo reconocimiento y liquidación deben
efectuarse conforme a dicho sistema24.

48. Por lo tanto, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge
el precedente judicial vigente de esta Corporación, como órgano de cierre de esta
jurisdicción. En cuanto a la fuerza vinculante del precedente, la Corte
Constitucional25 ha precisado:

En esos términos, esta Corporación precisó que “[e]l derecho de acceso a la
administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad
del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la
sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del
principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas
de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces
va a ser razonable, consistente y uniforme”26.

Lo anterior indica que en el ejercicio de la función judicial se expresa, de una parte,
el principio de legalidad a la hora de hallar el contenido normativo de la disposición

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

27 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

17 de febrero de 2022, exp. núm. 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021).
23 Sentencia del 13 de noviembre de 2025, proferida en el expediente 25000-23-42-000-2017-00503-01 (2978-

2022).
24 Criterio reiterado por la Corporación en las siguientes sentencias: (i) 27 de noviembre de 2017, exp. núm.

70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16); (ii) 23 de junio 2022, exp. núm. 85001-23-33-000-2018-00147-01
(1342-2020); (iii) 25 de abril de 2024, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00002-01 (0470-2021); (iv) 26 de
septiembre de 2024, exp. núm. 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022); (v) 12 de septiembre de 2024,
exp. núm. 19001-23-33-000-2019-00138-01 (1878-2024); (vi) 29 de noviembre de 2024, exp. núm. 15001-23-
33-000-2020-02454-01 (2122-2024); (vii) 26 de febrero de 2026, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00105-01
(2865-2021); y (viii) 23 de abril de 2026, exp. núm. 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023).
25 Corte Constitucional, sentencia SU-406 del 2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; reiterada en fallo T-

210 de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
26 Sentencia C-836 de 2001.

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y así establecer, en estricto sentido, el derecho aplicable, y, de la otra, el principio
de igualdad que exige, por parte de la autoridad encargada de administrar justicia,
la efectiva verificación de que ante procesos que obedezcan a las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas, sean aplicados los mismos derechos, deberes y
obligaciones.

49. Por lo expuesto, no resulta procedente la liquidación de las cesantías bajo el
régimen de retroactividad, como lo pretende la demandante, habida cuenta de que
la ausencia de continuidad en la prestación del servicio impide consolidar el
supuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Por el contrario, para el momento
de la vinculación definitiva de la demandante, ya se encontraba vigente el régimen
anualizado de cesantías, que es el aplicable a su situación prestacional.

50. En este sentido, no se configuran los presupuestos necesarios para acceder
a lo solicitado, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

3.5. Conclusión de la decisión

51. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que a la señora Gilma Cecilia
Mayorga de Galindo no le asiste derecho a la liquidación de sus cesantías conforme
al régimen retroactivo, por cuanto su vinculación al servicio educativo presentó
solución de continuidad, a pesar de que sus nombramientos se sucedieron desde
el 22 de abril de 1988, con carácter intermitente y de tiempo completo, cada uno de
los cuales culminó al vencimiento del período respectivo. Adicionalmente, la
vinculación en propiedad se produjo con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989, razón por la cual resulta aplicable el régimen de cesantías
anualizadas sin retroactividad, sujeto al reconocimiento de intereses.

4. Costas

51. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de

27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01182-02 (7827-2023)
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Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en ejercicio de la función
jurisdiccional en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, del 20 de septiembre de 2023,
que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de
la presente providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

15

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