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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02620-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02620-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 25 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Myriam Stella Baracaldo González contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02620-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de febrero de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: MYRIAM STELLA BARACALDO GONZÁLEZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO1

Temas: Régimen de pago retroactivo de cesantías para docentes
oficiales. Vinculaciones temporales de tiempo completo
anteriores al 1.° de enero de 1990 y solución de
continuidad por nombramiento en propiedad con
posterioridad a esa fecha.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada Ley 2080 de 2021)
O-027-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 25 de febrero de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Myriam Stella Baracaldo González en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folio 14)

1. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 5762 del 8 de agosto de
2017, por medio de la cual la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago del auxilio de cesantía
definitiva a favor de la libelista bajo el régimen anualizado previsto en la
Ley 91 de 1989.

1 En adelante FNPSM.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

2. Declarar la configuración del silencio administrativo negativo respecto de
la petición formulada por la señora Baracaldo González ante la entidad
demandada el 29 de mayo de 2018, con el fin de que le fueran reconocidas
las cesantías en aplicación del régimen de retroactividad previsto en la Ley
6.ª de 1945.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación, Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
liquidar el auxilio de cesantía bajo el régimen retroactivo, «[…] es decir,
reconociendo y pagando un (1) mes de salario por cada año de servicio o de
manera proporcional, equivalente a la suma de ($40.756.116 M/C), de
conformidad con la Ley 6.ª de 1945, artículo 1° y ; Decreto 1160 de 1947, artículo
6 y demás normas concordantes y complementarias; valor que deberá indexarse
para el día del pago.».

4. Que las sumas adeudadas se paguen con los respectivos ajustes de valor
conforme al IPC, e igualmente se condene a la demandada al abono de los
intereses moratorios conforme al artículo 192 del CPACA.

5. Que se conmine a la parte pasiva a dar cumplimiento al fallo conforme a
las previsiones de la norma en cita, así como al reconocimiento de las
respectivas costas y agencias en derecho.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 14 vuelto a 15)

1. La demandante fue nombrada como docente en propiedad por el Distrito
Capital de Bogotá mediante la Resolución 202 del 1.° de febrero de 1993.
En virtud de ello, esta tomó posesión del cargo el 8 de febrero de 1993 y
fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2. La señora Myriam Stella Baracaldo González prestó sus servicios como
docente oficial por más de 22 años, 2 meses y 6 días desde el 8 de febrero
de 1993 hasta el 3 de enero de 2017. Durante este último año, devengó
como factores salariales del escalafón 14 los siguientes: sueldo, prima de
navidad, prima de vacaciones y prima de servicios.

3. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá en representación del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio expidió la
Resolución 5762 del 8 de agosto de 2017 con la que liquidó de forma
anualizada el auxilio de cesantía definitiva de la libelista.

4. La señora Baracaldo González solicitó el 29 de mayo de 2018 ante la
mentada entidad, el reconocimiento y liquidación de sus cesantías de
acuerdo con la aplicación del régimen de retroactividad previsto en la Ley
6.ª de 1945. Dicha petición no había sido resuelta a la fecha de
presentación de la demanda (5 de diciembre de 2018).

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 23 de junio de 2020 (folio 36), el a quo prescindió de esta en
aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, ello con el fin
de correr traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por
tratarse de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.

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Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

SENTENCIA APELADA
(Folios 44 a 46)

El a quo profirió sentencia escrita el 25 de febrero de 2021, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente expuso que a partir de los artículos 1.°, 2.° y 15 de la Ley 91 de
1989, se puede extraer lo siguiente: i) para los docentes vinculados hasta el
31 de diciembre de 1989 el reconocimiento de las cesantías conservó el
sistema de retroactividad y; ii) para el personal docente nacional,
nacionalizado, y el que se vincule con posterioridad al 1.º de enero de 1990 o
con nombramiento anterior a dicha fecha y solo respecto del mentado auxilio
generado a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo
de estas, liquidadas anualmente y sin retroactividad.

Con base en lo anterior adujo que en el entendido de que la demandante fue
vinculada el 8 de febrero de 1993 por la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá, resulta claro que le es aplicable lo previsto en el literal b) del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, la cual contempla en relación a las cesantías un
sistema anualizado, relativo al reconocimiento y pago de un interés anual
sobre el saldo de estas existente al 31 de diciembre de cada año.

Adicionalmente planteó que en lo atinente al argumento de la parte activa
sobre la aplicabilidad del régimen retroactivo de las cesantías por haber sido
nombrada como docente territorial antes del 30 de diciembre de 1996 según
lo contemplado en el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, este no es procedente
debido a que tal normativa remite necesariamente a la Ley 91 de 1989, la cual
determina que para el personal vinculado con posterioridad al 1.° de enero de
1990, se debe tener en cuenta el régimen anualizado del auxilio de cesantías,
no el retroactivo.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 47 a 53)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada. Para tal efecto
argumentó que en su caso deben tenerse en cuenta las vinculaciones
anteriores al 1.° de enero de 1990, puntualmente para los años lectivos 1988
a 1992 cuando fungió como docente temporal de tiempo completo, los cuales
le permiten acceder al reconocimiento de las cesantías con base en el régimen
retroactivo de liquidación, toda vez que el legislador no distinguió la clase de
nombramiento del docente para mantener dicha regulación, tal como sostuvo
que lo ha planteado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencias
del 12 de marzo de 2020 (2016-05611) y del 5 de julio de 2019 (2017-01918).

Seguidamente señaló que la Ley 344 de 1996 no excluye a los docentes de su
aplicación, sino que solo exceptúa expresamente al personal uniformado de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por lo que la frase del artículo
13 ibidem que contempla: «Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo

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Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

estipulado en la Ley 91 de 1989», hace referencia a que no se puede
menoscabar lo consagrado en otras regulaciones como es el caso de la
liquidación prestacional de los docentes territoriales, pues lo cierto es que la
Ley 91 de 1989, en materia de cesantías únicamente se ocupó de los docentes
nacionales y nacionalizados.

Al respecto añadió que fue la Ley 60 de 1993 la que a través del artículo 6.°
previó la incorporación de los educadores de los distritos, departamentos y
municipios al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por lo
anterior aseguró que el reconocimiento y pago de la retroactividad en las
cesantías se aplica a maestros oficiales nombrados antes del 30 de diciembre
de 1996, de suerte que a la libelista sí le es aplicable la Ley 6.ª de 1945,
máxime si se tiene en cuenta que aquella ejercía como docente antes de la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el asunto sub examine no se presentaron alegaciones finales ni concepto
del Ministerio Público, dado que tampoco fue necesario decretar ni practicar
pruebas de segunda instancia. La ausencia de un período probatorio en esta
oportunidad tornaba improcedente agotar el referido trámite, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, vigente para la época de interposición del recurso
de apelación objeto de estudio).

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada. En el presente caso únicamente la presentó, la parte
demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿La demandante en su calidad de docente oficial tiene derecho a la
reliquidación del auxilio de cesantía definitiva conforme al régimen retroactivo,
en razón a que tuvo una vinculación bajo dicho empleo con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, la cual presentó solución de
continuidad respecto de los siguientes nombramientos posteriores a dicha
data?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: a la demandante no le asiste
el derecho a la reliquidación de sus cesantías definitivas con base en el
régimen retroactivo por los argumentos que a continuación se precisan.

 Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos

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Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

La Ley 6.ª de 1945 en el artículo 17 señaló que, los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un
auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio
prestado con posterioridad al 1.º de enero de 19423.

A su turno, mediante el artículo 1.° del Decreto 2767 de 1945 se extendieron
la totalidad de las prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la
Ley 6.ª de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias,
comisarías y municipios, que incluyó el auxilio de cesantía4.

Posteriormente, la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 modificó las previsiones
sobre cesantías, beneficios que también fueron extendidos a los trabajadores
de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios. A su turno el
Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 definió los parámetros para su
liquidación5, y el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 previó que tendría
derecho a dicho auxilio el empleado inscrito o no en carrera administrativa, sea
cual fuere la causa de su retiro, con la aclaración de que el monto de la
prestación era equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.

Visto lo anterior, este régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por
cuanto para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el
último salario devengado.

Luego, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA),
como un establecimiento público vinculado al otrora Ministerio de Desarrollo
Económico, que dentro de sus objetivos, en el artículo 2.º señaló:

« […]

a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales;

b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del
empleado o trabajador;

c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del
Estado;

d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de
seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;

3 «ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
a).Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación
de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o.
de enero de 1942. […]».
4 «Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al

servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las
prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del
mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en
uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»
5 El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los

Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a
menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de
servicio, si éste fuero menor de doce meses.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y
establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender
oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y

f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no
inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo
económico y social. […]»

Dicho precepto (Decreto 3118 de 1968) también ordenó que se debían liquidar
y entregar al Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional, con excepción de las
de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros
de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa
nacional.

En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del citado Decreto
3118 de 1968, determinó:

«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en
favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo
empleado o trabajador. […]»

En consecuencia, con la expedición del referido Decreto 3118 de 1968,
empezó en el sector público el desmonte de la retroactividad de la prestación
referida, para dar paso al sistema de liquidación anualizado, que en principio
no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes se
encontraban sujetos al régimen de cesantías consagrado en las Leyes 6.ª de
1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo, no obstante, con los postulados que
modificaron su naturaleza y cobertura, permitieron la afiliación a este de los
empleados de las entidades territoriales y sus entes descentralizados (Ley 432
de 1998 y Decreto 1453 de 1998).

Por otra parte, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo
99 de la siguiente manera:

«[…] El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de
la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de
trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre
el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año
o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el

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fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]»

De otra parte, el artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996 6,
extendió el régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 1996), en virtud del cual, la liquidación definitiva debía realizarse
el 31 de diciembre de cada año.

Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 del 5 de agosto de 19987 que
amplió el régimen de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a
los servidores públicos del orden territorial, así:

«[…] El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996
que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los
artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y
el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional
de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de
la Ley 432 de 1998. […]»

En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que decidieran
acogerse al previsto en la precitada Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto
1582 de 1998 previó el siguiente procedimiento:

«[…]

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por
el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a
este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las
cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el
cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición. […]»

Lo anterior fue acogido por el Consejo de Estado en sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 20168, en la cual se señaló:

«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de
cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran
acogido al régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa
prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y
normas concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto
1582 de 1998. […]»

6 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas

facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
7 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de

1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta
materia».
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de

agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que
son viables para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30
de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial.

Sin embargo, para aquellos servidores con vinculación anterior a la Ley 344
de 1996 y beneficiarios del régimen retroactivo, el Decreto 1582 de 1998 les
concedió la posibilidad de acogerse u optar por el régimen anualizado de
cesantías, previa solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del
emolumento al fondo de su elección, tal como lo previó en su artículo 3.°, como
procedimiento necesario para el precitado cambio.

Por otra parte, el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, en el artículo 2.°,
conservó el régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos
que a 25 de mayo de 2000 lo disfrutaban, hasta la terminación de la relación
laboral.

Y en el mismo sentido, el Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, que
extendió el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos de
la rama ejecutiva del poder público del orden nacional a los servidores del
orden territorial, en el artículo 3.° previó que: «[…] Los empleados públicos a
quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán
disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1252 de 2000 […]».

 Régimen de cesantías de los docentes

Conforme a lo señalado por esta Subsección9, el artículo 1.º de la Ley 91 del
29 de diciembre de 1989, «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio» distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, de la siguiente forma:

«[…] Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.° de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

Asimismo, en el parágrafo del artículo 2.° ibidem se estipuló cómo se
reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de
promulgación de la mencionada Ley 91 de 1989, así:

«[…] Artículo 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación
y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
9 Sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: (i) del 19 de octubre de 2017 (número interno 5010-

2015), del 27 de noviembre de 2017 (número interno 0472-2016), del 19 de enero de 2015 (número
interno 4400-2013) y del 25 de marzo de 2010 (número interno 0620-2009).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad
con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y
pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial
en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. […]»

Ahora bien, pese a que allí no se indicó el régimen de cesantías aplicable a
los docentes que la misma norma calificó como territoriales, lo cierto es que el
legislador creó el Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio
para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de esta ley, con
observancia del régimen ya señalado y de los que se vinculen con
posterioridad a ella, tal como lo previó el artículo 4.° ejusdem.

En similar sentido, esto es, el régimen prestacional de los docentes
nacionalizados, nacionales y aquellos que se vinculen a partir del 1.º de enero
de 1990, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, señaló:

«[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad
territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las
normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en
el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. […]»

De manera particular, en lo que atañe a las cesantías, el numeral 3.° de este
mismo artículo señaló:

«[…] A.- Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de
servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último
salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en
caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para
los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo
con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará
un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la
suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación
de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de
captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989,
que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados
públicos del orden nacional-.[…]»

Visto lo anterior, se concluye:

(i) que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de
la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y;

(ii) a los maestros nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de
1990 (lo que según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º,
corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen
a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales),
se les aplicarán las previsiones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional, esto es, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad
y sujeto al reconocimiento de intereses.

De conformidad con dicha intelección, para los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el FNPSM pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no se ha
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario
promedio del último mes.

Sobre el punto es válido resaltar que la aludida falta de distinción efectuada
por el Legislador en cuanto a la calidad de los docentes nombrados y
posesionados a partir del 1.° de enero de 1990, es el criterio fundamental para
verificar en sede administrativa y judicial cada caso presentado por los
docentes oficiales que solicitan la aplicación de uno u otro régimen de
liquidación de cesantías, por cuanto la finalidad de la norma para el sector
educativo era precisamente unificar la situación jurídica prestacional de sus
empleados, y de manera especial dicho auxilio en razón de la creación de un
solo fondo de cubrimiento nacional para responder por estas contingencias.

Al respecto se observa que el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, señaló que el
régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que
se incorporen a las plantas departamentales o distritales, sin solución de
continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley
91 de 1989.

En este sentido, el personal docente que continuaba con vinculación
departamental, distrital y municipal10 sería incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se le respetaría el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial.

Por tanto, la obligación de incorporar a los docentes departamentales,
distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades
territoriales al FNPSM, surgió con el Decreto 196 de 1995, que en el artículo
5.° previó que se debía respetar el régimen prestacional que tuvieran los

10 Docentes designados por los entes territoriales sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10

de la Ley 43 de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el aval de la Nación, los que
conservaban el régimen prestacional de cada entidad territorial.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

docentes al momento de su vinculación, y conforme al artículo 7.° ibidem el
reconocimiento de las cesantías y los intereses sobre las mismas, quedaba a
cargo de la entidad territorial cuando no se realizara dicho traslado.

 Análisis de la situación particular de la demandante

De acuerdo con las consideraciones planteadas en el asunto sub examine, se
observa lo siguiente:

1. La señora Myriam Stella Baracaldo González fue nombrada como docente
al servicio de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá en
los siguientes períodos mediante vinculaciones temporales de tiempo
completo: del 7 de junio al 30 de noviembre de 1988, del 16 de enero al 3
de diciembre de 1989, del 22 de enero al 3 de diciembre de 1990, del 21
de enero al 2 de diciembre de 1991, y del 21 de enero al 30 de noviembre
de 1992, ello tal y como figura en el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral de la demandante proferido por el referido
ente territorial (folios 8 a 9).

2. La demandante fue nombrada en propiedad como docente estatal
conforme a la Resolución 202 del 1.° de febrero de 1993 (folios 3 a 4), cargo
del cual tomó posesión desde el 8 de febrero de la misma anualidad hasta
el 3 de enero de 2017 cuando fue desvinculada por retiro forzoso de
acuerdo con la Resolución 5634 del 14 de septiembre de 2016.

3. A través de la Resolución 5762 del 8 de agosto de 2017 (folios 5 a 6), la
Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá en representación
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció a
favor de la libelista un monto de $45.974.491 por concepto de liquidación
definitiva de sus cesantías calculadas anualmente desde el año 1993 al
2017.

En este punto, la Subsección aclara que si bien obran pruebas que evidencian
sendos nombramientos de la señora Baracaldo González como docente al
servicio del distrito capital de Bogotá antes del 1.° de enero de 1990, estos
tuvieron su origen en razón de vinculaciones temporales de tiempo completo
durante los períodos comprendidos entre el 7 de junio y el 30 de noviembre de
1988, y del 16 de enero al 3 de diciembre de 1989. Lo anterior implica que
dichas relaciones legales y reglamentarias solo se consolidaron hasta las
respectivas fechas límites de ejecución, situación que implicaba el
consecuente reconocimiento de las cesantías definitivas a que hubiera lugar
por cada lapso.

De hecho, en esta causa judicial no se discute la falta de pago del mentado
concepto por los períodos aludidos, sino solo el hecho de que esos vínculos,
en el sentir de la libelista, le otorgaron el derecho a que tal prestación sea
reliquidada en su totalidad con base en la aplicación del régimen retroactivo
previsto en la Ley 6.ª de 1945 para el tiempo restante de servicio acumulado.

Ahora, respecto de la viabilidad de tener en cuenta el 7 de junio de 1988 como
la fecha de inicio de su actividad docente sin interrupciones, debe tenerse en
cuenta que a sabiendas de que con posterioridad a la finalización de ese
período, la demandante tuvo nuevos vínculos intermitentes del 16 de enero al
3 de diciembre de 1989, del 22 de enero al 3 de diciembre de 1990, del 21 de

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Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

enero al 2 de diciembre de 1991, y del 21 de enero al 30 de noviembre de
1992, así como un nombramiento en propiedad como educadora estatal desde
el 8 de febrero de 1993 hasta el 3 de enero de 2017, lo que se advierte en
realidad es que en el ejercicio de la actividad educativa del Estado existieron
varios lapsos de solución de continuidad que implican la existencia no de una
sola relación legal y reglamentaria, sino de varias en diferentes momentos, ello
al punto de que la normativa aplicable en cada oportunidad debe ser la vigente
en cada caso.

En un caso con similitudes fácticas y jurídicas al particular, el Consejo de
Estado11 en sentencia del 31 de julio de 2020 precisó lo siguiente:

«[…] [P]ara que puedan acumularse los tiempos de servicios oficiales con el
propósito de reconocer las cesantías definitivas, es relevante que estos se
hayan prestado con continuidad, sin que haya operado la ruptura del vínculo
laboral; condición que no se cumple en el presente asunto, pues entre las
relaciones laborales del accionante operó la solución de continuidad. En
consecuencia, es improcedente el argumento del apelante referente a que tiene
derecho al reconocimiento de las cesantías retroactivas, con ocasión de su
vinculación desde el año 1979, toda vez que esta se terminó el 23 de agosto
de 1985. Aclarado lo anterior, se indica que conforme se acreditó en el
expediente, el último vínculo del señor Jorge Arturo Pereira Escarria en calidad
de docente fue a partir del 2 de febrero de 1996, como bien lo determinó el A
quo. Por consiguiente, es esta la fecha que se tiene en cuenta para efectos del
reconocimiento de las cesantías definitivas reclamadas. En este orden de
ideas, dado que tal vinculación ocurrió con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, después del 31 de diciembre de 1989,
se considera que las cesantías del actor se liquidan de forma anual. […]».

En virtud de esta línea jurisprudencial, es dable concluir que debido a la
interrupción en el vínculo como docente oficial sostenido por la demandante,
las datas de nombramiento anteriores al 1.° de enero de 1990 resultan
irrelevantes a fin de acceder a una reliquidación prestacional con base en el
sistema de retroactividad, incluso bajo al argumento esgrimido por esta
respecto a su calidad de educadora territorial, ello habida cuenta de que la
normativa aplicable a su caso debido a las posteriores relaciones causadas
desde el 22 de enero de 1990 y siguientes, es la Ley 91 de 1989 en punto al
régimen anualizado de las cesantías, pues es dicho aspecto temporal el que
define el marco jurídico que rige la situación en litigio, no la naturaleza o nivel
del cargo ocupado.

Aclarado lo anterior, se precisa que en virtud de los supuestos fácticos del
presente caso y el acervo probatorio recaudado, tal como lo ha señalado esta
Subsección en asuntos similares12, a pesar de que la demandante fue
nombrada oficialmente en propiedad como docente del distrito capital de
Bogotá desde el 8 de febrero de 1993 y de forma ininterrumpida hasta el 3 de
enero de 2017, este nombramiento se realizó:

i) Con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43
de 1975 que inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 31 de julio de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2017-00647-01(2557-18).
12 Sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: del 22 de febrero de 2018 (número interno 5085-

2016), 30 de noviembre de 2017 (número interno 4992-2015), 27 de noviembre de 2017 (número interno
0472-2016), 19 de octubre de 2017 (número interno 5010-2015), 19 de enero de 2015 (número interno
4400-2013), 25 de marzo de 2010 (número interno 0620-2009); y recientemente en providencia del 4 de
febrero de 2021 (número interno 3188-2019).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

1980, y, en esa medida, se le aplica el régimen prestacional y salarial de los
docentes del orden nacional señalado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las
Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones contempladas
en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se incorporen sin solución
de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y
distritales a partir del 1.º de enero de 1990.

ii) Con las facultades legales otorgadas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989
a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar, remover, controlar y,
en general administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados y cuyo
nombramiento contaba con el aval del Ministerio de Educación Nacional.

iii) De igual manera, no es posible equiparar las condiciones salariales y
prestacionales de docentes a las de los demás empleados del régimen general
territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la
Ley 91 de 1989, en tanto que los educadores oficiales ostentan un régimen
excepcional y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto
a ingreso, ascenso y prestaciones, independientemente de su condición de
empleado público.

iv) Entonces, en el aspecto puntual de la liquidación de cesantías de los
docentes vinculados con posterioridad al 1.º de enero de 1990, el régimen de
cesantías aplicable es el anualizado de conformidad con el artículo 15 numeral
3.°, literal b) de la Ley 91 de 1989.

Con fundamento en lo expuesto, no le asiste razón a la demandante cuando
alega que le era aplicable la Ley 344 de 1996 al haber sido nombrada como
docente oficial territorial con anterioridad a la expedición de esta, y que por
consiguiente tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas
retroactivamente. Ello habida cuenta que dicha norma mantuvo las previsiones
contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los educadores que se
incorporaran sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las
plantas territoriales a partir del 1.º de enero de 1990 como es su caso, debido
a que los nombramientos ocurridos el 7 de junio de 1988 y el 16 de enero de
1989 finalizaron con anterioridad a la data precitada y no pueden ser
contabilizados ni acumulados para situaciones consolidadas posteriormente.

En conclusión: en el presente asunto, toda vez que la demandante presentó
solución de continuidad en su ejercicio de la actividad educativa oficial por
cuanto fue nombrada el 7 de junio de 1988, pero por períodos intermitentes
temporales de tiempo completo que finalizaron en cada oportunidad, y luego
en razón de un vínculo en propiedad, debe tenerse en cuenta para todos los
efectos liquidatorios en materia de las cesantías reconocidas en virtud del acto
administrativo demandado, que aquella ingresó oficialmente al servicio público
como docente estatal a partir de su última relación legal y reglamentaria, esto
es, desde el 8 de febrero de 1993, es decir, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989.

Por lo que el reconocimiento de la mentada prestación se rige por las normas
vigentes para los servidores del orden nacional, es decir, el régimen
anualizado sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses, tal como
lo aplicó en debida forma el FNPSM por medio de la manifestación reprochada.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 25 de febrero
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda, ello habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso
de apelación formulado por la parte activa.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201613, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP14, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público15.

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la demandante, en la medida que a pesar de haber resultado

13 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
14 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
15 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02620-01 (3333-2021)
Demandante: Myriam Stella Baracaldo González

vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP
no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención
de las partes en segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio
y el consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el
artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021), tal como se indica en la constancia secretarial visible en el
índice 8 del registro en SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 25 de febrero de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Myriam Stella Baracaldo González contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y
una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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