Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2020-02454-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: Régimen de liquidación de cesantías definitivas docente
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ana Ofelia García García presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a
que se declarara la nulidad de la Resolución 003145 del 30 de abril de 2019, por
medio de la cual el secretario de educación de Boyacá le reconoció y ordenó el
pago de unas cesantías definitivas.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con aplicación del
régimen de liquidación retroactiva por su condición de docente con vinculación
1 En lo que sigue Fomag.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
municipal desde el 20 de febrero de 1995; ii) el pago de la sanción moratoria
prevista en el Decreto 1071 de 2006 y de los intereses a los que haya lugar; iii) la
indexación de las sumas que resultaren; y iv) la condena en costas a la parte
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. AnaOfelia García García fue nombrada en propiedad por el alcalde de
Chiquinquirá como docente de carácter municipal en la Escuela Normal Nacional
Sor Josefa del Castillo Guevara, cargo que desempeñó entre el 20 de febrero de
1995 y el «31 de diciembre de 2018».
3.2. El 9 de abril de 2015, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, las cuales fueron concedidas a través de la Resolución 003202 del 19
de mayo de 2015.
3.3. El 28 de marzo de 2018, pidió el reconocimiento de las cesantías definitivas,
petición que fue resuelta por medio de la Resolución 003145 del 30 de abril de
2019, suscrita por el secretario de educación de Boyacá, a través de la cual se
accedió al pago de la prestación solicitada. La liquidación del emolumento fue con
el régimen anualizado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 83, 90, 94, 121,
122 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 del Decreto 2767
de 1945; 1 y 2 de la Ley 65 de 1946; 2 del Decreto 1252 de 2002; y 2, 3, 137 y
138 del CPACA; y las leyes 244 de 1995; y 1071 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. El acto administrativo acusado desconoció que, de conformidad con lo previsto
en las normas que regulan el reconocimiento de las cesantías parciales o
definitivas, el régimen de liquidación de la prestación social de los docentes
municipales vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1996 fue el
retroactivo.
3 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «1_ED_001. NYR. 2019 - 00150. EXPEDIENTE DIGITAL.PDF(.PDF) NroActua 3»,
folios 5 a 11.
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Demandante: Ana Ofelia García García
5.2. Así entonces, al haber sido nombrada como maestra de carácter municipal el
20 de febrero de 1995, esto es antes del 30 de diciembre de 1996, tenía derecho
a que se le liquidaran sus cesantías definitivas con el régimen retroactivo y no con
el anualizado como se realizó en la resolución que reconoció la prestación social.
5.3. El pago inoportuno de las cesantías generó un grave detrimento al patrimonio
público ante la acusación de la sanción moratoria, además que causó perjuicios
a los beneficiarios de dicha prestación.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a las súplicas de la demanda por considerar que carecía de
fundamentos facticos y jurídicos, bajo las siguientes consideraciones4:
6.1. El régimen de cesantías es anual a partir del 1º de enero de 1990 sin distinción
de la calidad del docente, sea nacional, nacionalizado o territorial. Por tanto, al
haber sido vinculada la demandante con posterioridad a esa fecha, le resulta
aplicable dicho régimen y no el retroactivo.
6.2. A la demandante no le asiste el derecho a la sanción moratoria, toda vez que
en las disposiciones que regulan el auxilio de las cesantías de los docentes
afiliados al Fomag no se estableció ello por el no pago oportuno de tal prestación.
6.3. Por último, propuso las excepciones de: i) falta de competencia por factor
cuantía; ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; iii)
imposibilidad de aplicar el régimen retroactivo de cesantías por vinculación
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; iv) improcedencia de
condena en costas; y v) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, en sentencia
proferida el 8 de noviembre de 2023 declaró probada la excepción «imposibilidad
de aplicar el régimen retroactivo de cesantías por vinculación posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989», propuesta por el Fomag, y en consecuencia negó
las pretensiones de la demanda. A su vez, se abstuvo de condenar en costas.
4 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «1_ED_001. NYR. 2019 - 00150. EXPEDIENTE DIGITAL.PDF(.PDF) NroActua 3»,
folios 122 a 134.
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8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:
8.1. La Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes que se hubieran vinculado con
posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha de entrada en vigencia de esa ley,
tenían derecho a que las cesantías les fueran liquidadas anualmente y sin
retroactividad, en consecuencia, tal como lo afirmó el Fomag, el parámetro
determinante para establecer a qué régimen pertenecía el docente era su fecha
de vinculación, al margen de que este tipo de vinculación fuera nacional o
territorial.
8.2. Así las cosas, como Ana Ofelia García García se vinculó como docente oficial
el 20 de febrero de 1995, esto es, con posterioridad al 1 de enero de 1990, el
régimen de cesantías al que pertenecía era el anualizado sin retroactividad.
8.3. La condena en costas era improcedente, pues no se demostró su causación,
en consideración a lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
1.4. El recurso de apelación
9. Ana Ofelia García García interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos6:
9.1. El a quo desconoció que el reconocimiento de las cesantías de los docentes
oficiales territoriales vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1996, fecha
de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, debía ser de conformidad con el
régimen retroactivo, según lo previsto en la normativa especial que reguló la
prestación.
9.2. Así las cosas, al ser una maestra de carácter municipal vinculada al servicio
educativo el «28 de febrero de 1995» en virtud del nombramiento efectuado por el
alcalde de Chiquinquirá (Boyacá), es decir con anterioridad al 30 de diciembre de
1996, se hizo acreedora a la aplicación del régimen de retroactividad de cesantías
establecido en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945 y
1160 de 1947.
5 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, Samai índice 15, actuación «Sentencia de Primera
Instancia», documento «19_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_NIEGAPRET(.pdf) NroActua
15».
6 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, Samai índice 20, actuación «RECIBE MEMORIALES
ONLINE», documento «20_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 20».
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Demandante: Ana Ofelia García García
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 7, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si a la demandante le asiste el derecho
a la liquidación del auxilio de cesantías definitivas de conformidad con el régimen
retroactivo?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
13. La Ley 91 de 1989 creó al Fomag como una cuenta especial de la nación con
el fin de atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y
estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. (…)
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de
entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.
7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Ana Ofelia García García
(…)
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.
(…)
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa
de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya
sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo
período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de
diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional» (se resalta).
14. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes Fomag pagará un auxilio equivalente a 1 mes de salario por cada año de
servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los
docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde
el 1° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
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anualmente y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán
con el régimen anualizado.
15. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1
de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde
a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»8.
16. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación9, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al
1° de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 10, sostuvo lo
siguiente:
«(…) la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6
de 1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de
enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados,
quienes estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden
nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
9 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018,
Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia
del 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad.
2015- 00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero
de 2019, Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
10 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Demandante: Ana Ofelia García García
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación
del sistema financiero durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 201611, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los
docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales
que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes
mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia
de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción
entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los
empleados públicos del orden nacional (…)» (se resalta).
17. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear al Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los empleados públicos
18. Ahora bien, en relación con el régimen de cesantías de los empleados públicos
es preciso realizar el recuento normativo para advertir su regulación y
modificaciones.
19. La Ley 6ª de 1945 regula el régimen de cesantías retroactivo que consiste en
liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en su artículo 17
precisó que:
«Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de
sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente
se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero
de 1942 (…)».
20. Derecho prestacional que se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios con el Decreto 2767 de 1945 «(p)or el cual
se determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los
Departamentales y Municipios».
11 «Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con
Rad. 2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez».
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
21. Luego, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para
indicar que:
«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de
1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12 y 36 de la misma Ley».
22. Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su
liquidación, así:
«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad
con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio,
si este fuere menor de doce meses».
23. Con posterioridad, el Decreto 1160 de 1947 otorgó el derecho a percibir el
auxilio de las cesantías a los empleados al servicio de la nación de cualquier rama
del poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio,
con la aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era
inferior a ese lapso.
24. En efecto, del anterior recuento es claro que hasta este punto el régimen de
cesantías de los empleados públicos era de carácter retroactivo, por cuanto
para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.
25. No obstante, con posterioridad y paulatinamente la forma de liquidación de las
cesantías fue modificado al régimen anualizado. Así, con el Decreto 3118 de
1968 «(p)or el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre
auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras
disposiciones» se estableció la liquidación anual de las cesantías para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional, con excepción de las
de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros
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de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa
nacional y en su artículo 27 sobre la forma de liquidación precisó:
«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que
anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador (…)».
26. De igual forma en el sector privado la Ley 50 de 1990 12 cambió el régimen de
cesantías al anualizado y con la expedición de la Ley 344 de 1996 «(p)or la cual se
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» se dispuso la liquidación
anual de los auxilios de cesantías a quienes se vincularán a las entidades del
Estado a su entrada en vigencia, esto es el 31 de diciembre de 1996. Para tal
efecto señaló:
«Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo (…)».
27. Estesistema de liquidación en principio no cobijó específicamente a los
servidores públicos del orden territorial, quienes seguían sujetos al régimen de
cesantías dispuesto en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es al retroactivo.
Fue con el Decreto 1582 de 1998 «por el cual se reglamenta parcialmente los artículos
13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores
públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia» que se
extendió el régimen anualizado de liquidación de cesantías a los empleados del
nivel territorial por disposición del artículo 1 que remitió a las normas pertinentes
sobre el auxilio anualizado a la Ley 50 de 1990, en el que se había determinado
la liquidación de cesantías anualizadas en el sector privado. Esto señaló la norma:
12 [p]or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432
de 1998».
28. Lo anterior fue complementado con lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002
«(p)or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y
se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial»
que en su artículo 3 fijó la siguiente regla: «[l]os empleados públicos a quienes se
les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del
mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
29. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 estableció que los
servidores públicos que al 25 de mayo de 2000 disfrutaban del sistema retroactivo
de cesantías, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación
laboral en el organismo o entidad en la que se aplicara esa modalidad
prestacional. Por ende, la disposición les permitió continuar con esta prerrogativa
a aquellos que estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344
de 1996.
30. En consecuencia, a los empleados públicos le son aplicables el régimen de
cesantías retroactivas para quienes se vincularon a la administración pública
hasta el 30 de diciembre de 1996 y anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (el 31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial «(s)in perjuicio de los
derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989» que se insiste
contiene el régimen especial de los docentes.
2.3. Lo probado dentro del proceso
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
31.1. Ana Ofelia García García nació el 25 de marzo de 195913 y laboró como
docente de básica secundaria al servicio del municipio de Chiquinquirá en la
Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa Castillo Guevara entre el 20 de
febrero de 1995 y el 13 de enero de 201914.
31.2. Se encuentra afiliada al Fomag desde el 20 de febrero de 199515.
31.3. A través de la Resolución 003145 del 30 de abril de 201916, suscrita por el
secretario de educación del departamento de Boyacá, en nombre y
representación del Fomag, se le reconoció y ordenó el pago en su favor de unas
cesantías definitivas, cuya liquidación se realizó en consideración con el régimen
anualizado. La prestación correspondió al tiempo comprendido entre 1995 y 2019
y el monto resultó en $25.568.729. En este acto administrativo se consideró lo
siguiente:
«Que mediante solicitud radicada bajo el número 2019-CES-721929 de fecha 28 de
Marzo de 2019, la señora ANA OFELIA GARCÍA GARCÍA (…), solicita el
reconocimiento y pago de una CESANTÍA DEFINITIVA, por los servicios prestados
como docente de vinculación MUNICIPAL (Financiado), en el Departamento de
Boyacá.
Que según certificación de historia laboral, expedida por la Secretaría de Educación
de Boyacá, se comprobó que el docente ha prestado sus servicios durante el lapso
comprendido del 20 de Febrero de 1995 al 13 de Enero de 2019.
(…)
Que los valores de cesantías reportados para esta liquidación son:
AÑO VALOR
1995 $267.823.00
1996 $402.584.00
1997 $677.277.00
1998 $1.018.238.00
13 Según cédula de ciudadanía. Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 3, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1_ED_001. NYR. 2019 - 00150. EXPEDIENTE
DIGITAL.PDF(.PDF) NroActua 3», folio 39.
14 De conformidad con el Decreto 0075 del 20 de febrero de 1995 y el formato único para la
expedición de historia laboral del 25 de febrero de 2019. Samai Tribunal Administrativo de Boyacá,
índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1_ED_001. NYR. 2019 - 00150.
EXPEDIENTE DIGITAL.PDF(.PDF) NroActua 3», folios 66 y 43 a 45, respectivamente.
15 Conforme con el formato único para la expedición de historia laboral del 25 de febrero de 2019.
Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «1_ED_001. NYR. 2019 - 00150. EXPEDIENTE DIGITAL.PDF(.PDF) NroActua 3»,
folios 43 a 45
16 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «1_ED_001. NYR. 2019 - 00150. EXPEDIENTE DIGITAL.PDF(.PDF) NroActua 3»,
folios 22 a 25.
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
1999 $683.068.00
2000 $1.170.974.00
2001 $1.494.010.00
2002 $1.567.326.00
2003 $1.651.806.00
2004 $1.733.736.00
2005 $1.966.552.00
2006 $1.920.546.00
2007 $2.006.972.00
2008 $2.514.092.00
2009 $2.676.197.00
2010 $2.670.621.00
2011 $2.767.326.00
2012 $2.874.075.00
2013 $3.036.727.00
2014 $3.227.303.00
2015 $3.506.566.00
2016 $3.817.255.00
2017 $4.276.454.00
2018 $4.512.930.00
2019 $235.883.00
TOTAL $52.676.341.00
TAL CESANTÍAS LÍQUIDAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($52.676.341)
MCTE.
(…)
Qué se debe descontar de la presente liquidación el valor de: VEINTISIETE
MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($27.107.612)
M/CTE., por concepto de avances de cesantías parciales.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la señora ANA OFELIA GARCÍA GARCÍA (…),
una Cesantía Definitiva por la suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($52.676.341) MCTE, que le corresponde por el tiempo de servicio laborado como
docente de vinculación MUNICIPAL (Financiado) en el Departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pagará a
la interesada las sumas a qué se refiere este artículo, a través de la entidad fiduciaria,
verificación de turno y disponibilidad presupuestal, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: De la suma reconocida, descontar el valor de: VEINTISIETE
MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($27.107.612)
M/CTE, por concepto de anticipo de cesantías parciales pagadas conforme lo
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
estipulado en la parte considera activa de esta resolución, para un neto de cesantías
a pagar por valor de VEITICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($25.568.729) M/CTE.
(…)» (sic).
2.3. Caso concreto
32. El tribunal negó las pretensiones de la demanda al encontrar probada la
excepción «imposibilidad de aplicar el régimen retroactivo de cesantías por vinculación
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989», propuesta por el Fomag.
33. Para tal efecto, consideró que la Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes que
se hubieran vinculado con posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha de entrada
en vigencia de esa ley, tenían derecho a que las cesantías les fueran liquidadas
anualmente y sin retroactividad, en consecuencia como Ana Ofelia García García
se vinculó como docente oficial el 20 de febrero de 1995, esto es, con
posterioridad al 1 de enero de 1990, el régimen de cesantías al que pertenecía
era el anualizado sin retroactividad.
34. Por su parte, la actora estimó que al ser una docente municipal vinculada al
servicio educativo el «28 de febrero de 1995» en virtud del nombramiento efectuado
por el alcalde de Chiquinquirá (Boyacá), esto es previo al 30 de diciembre de
1996, se hizo acreedora a la aplicación del régimen de retroactividad de cesantías
establecido en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945 y
1160 de 1947.
35. Para resolver el problema jurídico planteado, con fundamento en lo expuesto
en al capítulo anterior, se advierte que i) Ana Ofelia García García laboró como
docente en propiedad por nombramiento en la Institución Educativa Normal
Superior Sor Josefa Castillo Guevara de municipio de Chiquinquirá (Boyacá) entre
el 20 de febrero de 1995 y el 13 de enero de 2019; ii) posteriormente, previa
solicitud, por medio de la Resolución 003145 del 30 de abril de 2019, suscrita por
el secretario de educación del departamento de Boyacá, en nombre y
representación del Fomag, se le reconoció y ordenó el pago de las cesantías
definitivas en cuantía de $25.568.729, correspondientes al tiempo comprendido
entre 1995 y 2019 y cuya liquidación se realizó con el régimen anualizado.
36. Dicha resolución es el acto acusado en el presente proceso, pues consideró la
demandante que el auxilio de cesantías debió liquidarse con el régimen
retroactivo y no con aplicación del anualizado.
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Demandante: Ana Ofelia García García
37. De conformidad con el recuento normativo relacionado en precedencia, en
cuanto a las cesantías, se establece en el numeral 3, literal b), del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 que los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de
1990, como sucede en el presente asunto (20 de febrero de 1995), el Fomag
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes
al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad,
sin distinción si trata de docente nacional, nacionalizado o territorial, como los
define el artículo 1 ibidem pues los incluye a todos.
38. En el asunto, la demandante fue nombrada como docente el 20 de febrero de
1995, es decir, con posterioridad al 1º de enero de 1990, por lo tanto, para la
liquidación de sus cesantías la cobija el régimen anualizado contenido en la Ley
91 de 1989 de conformidad con la fecha de su vinculación y no el retroactivo
previsto en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945 y 1160
de 1947 como lo pretende la demandante.
39. Así pues, en criterio de esta Sala, se reitera, al tomar posesión el 20 de febrero
de 1995 (con posterioridad al 1° de enero de 1990 cuando entró en vigencia la
Ley 91 de 1989), se sometió al nuevo régimen de cesantías, las cuales se liquidan
de forma anualizada, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
40. Ahora bien, se recuerda que a los empleados públicos les resulta aplicable el
régimen de cesantías retroactivas para los que ingresaron a la administración
pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y anualizadas creadas por la Ley 50 de
1990, en un principio para el sector privado y extendidas por la Ley 344 de 1996
a aquellos que se vincularon con posterioridad a esta última norma (31 de
diciembre de 1996), con inclusión de los territoriales, sin perjuicio de previsto en
la Ley 91 de 1989 que contiene el régimen especial de los docentes.
41. Así entonces, si bien es cierto que el régimen retroactivo de las cesantías se
conservó hasta la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 para los empleados
públicos del orden territorial, entre otros, lo cierto es que ello no aplicable a la
actora, puesto que su régimen para el reconocimiento de la prestación se debe
realizar en consideración a la Ley 91 de 1989 por su condición docente.
42. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda,
2.4. Costas
43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
15
Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma17.
46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
47. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Ana Ofelia García García
no tiene derecho a beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías, en cuanto
la liquidación anual se aplica a todos los docentes designados después de la
vigencia de la Ley 91 de 1989 como en su caso. Por lo tanto, para su liquidación
era preciso tener en cuenta la vinculación ocurrida el 20 de febrero de 1995.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
17 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
16
Radicado: 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-2024)
Demandante: Ana Ofelia García García
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda presentada por Ana Ofelia García García
contra el Fomag.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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