Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00503-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00503-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00503-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00503-01 (2978-2022)
Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Régimen de liquidación de cesantías parciales de docente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ana Silvia Ayala Fernández presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 001861 del 21 de septiembre de 2016, por
la cual la secretaria de educación del departamento de Cundinamarca, en nombre
del Fomag, le reconoció y ordenó el pago de un auxilio de cesantías parciales para
reparaciones locativas, pero con aplicación del régimen anualizado.
1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00503-01 (2978-2022)
Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de que tiene derecho a que se le reconozca y pague las
cesantías parciales con aplicación del régimen de liquidación retroactiva «tomando
como base el tiempo de servicios a partir de su vinculación como docente (01 de agosto de
1986) y liquidada sobre el último salario devengado con la totalidad de los factores
salariales» [sic]; ii) el pago de la diferencia entre los valores reconocidos respecto de
la que resulte por concepto de liquidación con el régimen retroactivo, con los ajustes
de ley; iii) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 de la
Ley 1437 de 2011; iv) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor3 y conforme al
artículo 187 ibidem; v) el reconocimiento de los intereses moratorios; y vi) la
condena en costas
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. De manera ininterrumpida, desde su nombramiento efectuado el 1° de agosto de
1986 y hasta la fecha de la presentación de la demanda, Ana Silvia Ayala Fernández
ha prestado sus servicios como docente a favor del departamento de
Cundinamarca; inicialmente vinculada por contratos de prestación de servicios y con
posterioridad de manera directa.
3.2. El 13 de abril de 2016, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, las cuales fueron concedidas por la secretaria de educación del
departamento de Cundinamarca, en nombre del Fomag, a través de la Resolución
001861 del 21 de septiembre de 2016, en cuantía de $12’401.549.
3.3. Para el reconocimiento del auxilio la entidad desconoció la totalidad de los
tiempos de servicios prestados, toda vez que «fue nombrada en contrato de prestación
de servicios desde el 01 de agosto de 1986 en el municipio de Caparrapí» (sic).
3.4. A pesar de la fecha de vinculación al servicio docente, la entidad demandada
para liquidar la prestación le aplicó el régimen previsto en el literal b) de la Ley 91
de 1989 y no el regulado por la Ley 6 de 1945 y sus decretos reglamentarios que
previeron su pago en forma retroactiva.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122
3 En lo que sigue IPC.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
de la Constitución Política; 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 1
del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto
1045 de 1978; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la Ley 115 de 199413 de la Ley 344
de 1996; 13 del Decreto 1582 de 1998 y 1 de la Ley 1071 de 2006. En cuanto al
concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
4.1. El acto administrativo acusado desconoció que, de conformidad con lo previsto
en las normas que regulan el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas,
el régimen de liquidación de la prestación social de los docentes municipales
vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1996 fue el retroactivo «cualquiera
que sea la causa de su retiro, hállese o no en carrera administrativa» (sic).
4.2. La Ley 91 de 1989 determinó que los docentes que se nombren como nacionales
a partir del 1° de enero de 1990, se les liquidaría sus cesantías año por año y se les
reconocerán intereses sobre el saldo acumulado a 31 de diciembre de cada
anualidad; no obstante, solo hasta el año de 1995 se les permitió a los docentes
territoriales afiliarse al Fomag, con la condición de que se respetara en todo caso,
el régimen prestacional vigente al momento de efectuarse la afiliación. En efecto,
los docentes vinculados a las entidades territoriales solo vinieron a afiliarse al
Fomag en el año 1996, razón por la cual, debe aplicárseles el sistema de
retroactividad de las cesantías que rigió hasta la entrada en vigencia la Ley 344 de
1998.
4.3. Los docentes territoriales nombrados antes del 31 de diciembre de 1996 se les
debe respetar la liquidación de sus cesantías con el régimen de retroactividad. En
esa medida, teniendo en cuenta que la vinculación de Ana Silvia Ayala Fernández
se produjo con antelación a esa fecha, se le debió reconocer sus cesantías parciales
con el régimen de retroactividad.
1.2. Contestación de la demanda
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5. El Fomag no contestó la demanda .
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida 14 de octubre de 2021 negó las pretensiones de la
demanda sin condena en costas. Para tal efecto, se pronunció en estos términos6:
4 Folios 27 al 51.
5 En la audiencia inicial celebrada el 14 de agosto de 2019, se tuvo por no contestada. Folios 68 al
70A.
6 Folios 180 al 194.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
6.1. De acuerdo con lo previsto por los artículos 1, 2 y 15 de la Ley 91 de 1989,
resulta claro que para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 el
reconocimiento de las cesantías conservó el sistema de retroactividad, mientras
que, para el personal docente nacional, nacionalizado y que se vinculara con
posterioridad al 1° de enero de 1990, el Fomag reconocerá y pagará un interés anual
sobre el saldo causado, liquidadas anualmente y sin retroactividad.
6.2. Entre el 3 de abril de 1986 y el 30 de noviembre de 1993, la demandante prestó
sus servicios de docente a favor del municipio de Caparrapí, vinculada a través de
órdenes y contratos de prestación de servicios celebrados directamente con la
entidad territorial.
6.3. Posteriormente, a través del Decreto 260 del 25 de enero de 1994, el gobernador
de Cundinamarca, el secretario de educación departamental y representante del
Ministerio de Educación Nacional ante el FER la nombraron en propiedad para la
concentración Antonio Nariño del municipio de Madrid [Cundinamarca].
6.4. El hecho de que el acto de nombramiento en propiedad como docente en el
municipio de Madrid haya sido expedido por virtud de la Ley 29 de 1989 y su Decreto
Reglamentario 1706 de esa anualidad, «corrobora que el cargo docente ostentado por
la actora, es de vinculación nacional, ya que lo que se dispuso en la mentada ley, fue la
atribución de la Nación a los alcaldes distritales y municipales, de administrar el personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados,
refiriéndose la ley a una descentralización administrativa» [sic].
6.5. Si bien con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, Ana Silvia
Ayala Fernández laboró como docente vinculada mediante contratos y órdenes de
prestación de servicios «y que tal circunstancia podía mantenerle el derecho, pero
siempre y cuando hubiera continuado como docente territorial», lo cierto es que su
régimen de cesantías fue afectado con ocasión de su nombramiento en propiedad,
el 15 de marzo de 1994, puesto que dicho nombramiento debe entenderse de
carácter nacional.
1.4. El recurso de apelación
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7. Ana Silvia Ayala Fernández interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así :
7.1. Las cesantías de los docentes territoriales cuya vinculación se haya producido
antes del 30 de diciembre de 1996 debe liquidarse con el régimen retroactivo, toda
7 Folios 197 al 205.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
vez que la Ley 91 de 1989 no le resulta aplicable a los docentes territoriales, pues
solo fueron incorporados al Fomag 4 años después de su creación y la Ley 50 de
1990 sólo les sería aplicable si hubiesen sido vinculados después del 1° de enero
de 1997, de manera que la norma y el régimen que les corresponde a estos
docentes es la Ley 6 de 1945.
7.2. Con desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales horizontales, según
los cuales «el legislador no distinguió la clase de vinculación docente para mantener el
régimen retroactivo»8, el a quo descartó el periodo laborado por órdenes y contratos
de prestación de servicios, el cual debió tenerse en cuenta para el reconocimiento
parcial con el régimen retroactivo, en tanto que su vinculación se produjo antes de
la entrada en vigencia de la Ley 91 del 1989.
7.3. La retroactividad de las cesantías es un verdadero derecho económico que no
puede ser desconocido por el empleador o por la autoridad estatal, sin vulnerar
derechos fundamentales pues constituye el ahorro hecho por el trabajador durante
el lapso laborado y se incrementa con el transcurso del tiempo.
7.4. Solo a partir de la publicación de la Ley 344 de 1996, la liquidación de las
cesantías de los docentes territoriales se hará año por año, lo que significa que los
docentes territoriales que fueron afiliados al Fomag entre el 1° de enero de 1990 y
el 31 de diciembre de 1996, se les debe respetar el régimen que les aplicaba la
respectiva entidad territorial, es decir, el contenido en la Ley 6 de 1945, por lo que,
el régimen aplicable para el presente asunto debió ser de retroactividad.
1.6. Pronunciamientos en segunda instancia
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7.5. El recurso así presentado fue admitido mediante auto del 21 de julio de 2022 .
Posteriormente, mediante proveído del 11 de julio de 202510, el despacho ponente
prescindió de la audiencia de alegatos y ordenó correr traslado a las partes.
8. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad11.
9. El Fomag solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez
que para el reconocimiento de la prestación es requisito «sine qua non, la cotización
efectiva al sistema sobre cada rubro pretendido. En ausencia de dicha prueba, no procede
8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda: Sentencias del 20 de junio de 2019,
Rad. 2016-3452; del 21 de junio de 2019, Rad. 2017-05499; y del 27 de junio de 2019, Rad. 2017-
0337.
9 Samai, índice 3.
10 Samai, índice 34.
11 Así se desprende del informe secretarial del 3 de septiembre de 2025. Índice 40 de Samai
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
la reliquidación; y, en subsidio, de incluirse algún factor, debe autorizarse los descuentos
de aportes e indexación»12 [sic].
1.7. El Ministerio Público
9.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con fundamento en que, el
material probatorio daba cuenta de que, al 31 de diciembre de 1989 Ana Silvia Ayala
Fernández estaba vinculada bajo la modalidad contratos y órdenes de prestación
de servicios, la cual resultaba válida para efectos de reconocer las cesantías bajo
el régimen de retroactividad13.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
10. El problema jurídico se contrae a establecer ¿si a Ana Silvia Ayala Fernández,
le asiste el derecho a la liquidación del auxilio parcial de cesantías de conformidad
con el régimen retroactivo?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
11. LaLey 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.
12 Samai, índice 38, 107_MemorialWeb_Alegatos-ProApeSen201700503_(.pdf) NroActua 38.
13 Samai, índice 39, Memorial_FLF_109Concepto(.pdf) NroActua 39.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]
12. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
13. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»14.
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14. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación , al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 16, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15).
15 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.
2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01.
16 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional […]» [Se resalta]
15. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los empleados públicos
16. Ahora bien, en relación con el régimen de cesantías de los empleados públicos
es preciso realizar el recuento normativo para advertir su regulación y
modificaciones.
17. La Ley 6ª de 1945 regula el régimen de cesantías retroactivo que consiste en
liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en su artículo 17 precisó
que:
«Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá
en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942».
18. Derecho prestacional que se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios con el Decreto 2767 de 1945 «(p)or el cual se
determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los
Departamentales y Municipios».
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00503-01 (2978-2022)
Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
19. Luego, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para indicar
que:
«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de
1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12
y 36 de la misma Ley».
20. Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación,
así:
«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad
con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio,
si este fuere menor de doce meses».
21. Con posterioridad, el Decreto 1160 de 1947 otorgó el derecho a percibir el auxilio
de las cesantías a los empleados al servicio de la nación de cualquier rama del
poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio, con la
aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por
cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese
lapso.
22. En efecto, del anterior recuento es claro que hasta este punto el régimen de
cesantías de los empleados públicos era de carácter retroactivo, por cuanto para
su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.
23. No obstante, con posterioridad y paulatinamente la forma de liquidación de las
cesantías fue modificado al régimen anualizado. Así, con el Decreto 3118 de
1968 «(p)or el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre
auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras
disposiciones» se estableció la liquidación anual de las cesantías para los empleados
públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y
Comerciales del Estado del orden Nacional, con excepción de las de los miembros
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros de las Fuerzas
Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa nacional y en su artículo
27 sobre la forma de liquidación precisó:
«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que
anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador».
24. De igual forma en el sector privado la Ley 50 de 1990 17 cambió el régimen de
cesantías al anualizado y con la expedición de la Ley 344 de 1996 «(p)or la cual se
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» se dispuso la liquidación
anual de los auxilios de cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado
a su entrada en vigencia, esto es el 31 de diciembre de 1996. Para tal efecto señaló:
«Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los
Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo».
25. Este sistema de liquidación en principio no cobijó específicamente a los
servidores públicos del orden territorial, quienes seguían sujetos al régimen de
cesantías dispuesto en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es al retroactivo.
Fue con el Decreto 1582 de 1998 «por el cual se reglamenta parcialmente los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los
servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta
materia» que se extendió el régimen anualizado de liquidación de cesantías a los
empleados del nivel territorial por disposición del artículo 1 que remitió a las normas
pertinentes sobre el auxilio anualizado a la Ley 50 de 1990, en el que se había
17 [p]or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
determinado la liquidación de cesantías anualizadas en el sector privado. Esto
señaló la norma:
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del
mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo
5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán
por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998».
26. Lo anterior fue complementado con lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002
«(p)or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se
regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial» que
en su artículo 3 fijó la siguiente regla: «[l]os empleados públicos a quienes se les esté
aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en
los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
27. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 estableció que los
servidores públicos que al 25 de mayo de 2000 disfrutaban del sistema retroactivo
de cesantías, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación
laboral en el organismo o entidad en la que se aplicara esa modalidad prestacional.
Por ende, la disposición les permitió continuar con esta prerrogativa a aquellos que
estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996.
28. En consecuencia, a los empleados públicos le son aplicables el régimen de
cesantías retroactivas para quienes se vincularon a la administración pública hasta
el 30 de diciembre de 1996 y anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (el 31 de
diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial «(s)in perjuicio de los derechos
convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989» que se insiste contiene el
régimen especial de los docentes.
2.4. Caso concreto
29. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
29.1. Entre el 3 de abril de 1986 y el 30 de noviembre de 1993, Ana Silvia Ayala
Fernández prestó sus servicios como docente a favor del municipio de Caparrapí,
vinculada mediante contratos y órdenes de prestación de servicios18.
29.2. Mediante el Decreto 260 del 25 de enero de 1994, fue nombrada en propiedad
por gobernador de Cundinamarca, el secretario de Educación Departamental y
representante del Ministerio de Educación Nacional ante el FER como docente con
vinculación nacional19.
29.3. EL 11 de marzo de 199420, la Secretaría de Educación de Cundinamarca le
comunicó su nombramiento «para la concentración Antonio Nariño del municipio de
Madrid» (sic); cargo del cual tomó posesión en el cargo el 15 de marzo de 199421.
29.4. El Fomag certificó su afiliación con los siguientes datos22:
Régimen de cesantías Retroactivo
Cargo Docente
Nivel Primaria
Tipo de nombramiento Propiedad
Novedades Tipo de A.A No. De A.A Fecha A.A Desde
Tipo de novedad Ing. Y Reing
Plantel COL INFANTES DEL
Decreto DECD260 26/01/1994 15/03/1994
educativo SOCIEGO
Municipio Madrid (Cund)
Tipo de novedad Ascensos
CONCENTRACIÓN
Plantel
URBANA MARÍA TERESA Resolución 8010 20/11/2008 03/03/2008
educativo
ORTÍZ
Municipio Madrid (Cund)
Tipo de novedad Ascensos
CONCENTRACIÓN
Plantel
URBANA MARÍA TERESA Resolución 6426 27/09/2010 23/09/2010
educativo
ORTÍZ
Municipio Madrid (Cund)
Tipo de novedad Traslados
Plantel
María Teresa Ortíz Nueva Decreto 120-122 26/01/2016 10/11/2016
educativo
Municipio Madrid (Cund)
Tipo de novedad Traslados
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL MARÍA Resolución 002344 25/06/2021 25/06/2021
Municipio
TERESA ORTÍZ NUEVA –
SEDE PRINCIPAL
18 Según la certificación expedida el 22 de octubre de 2016, por el alcalde municipal de Caparrapí y
algunos de los contratos y órdenes de prestación de servicios allegados al plenario. Folios 6 al 11.
19 Folios 13 al 16.
20 Folio 17.
21 Folio 12.
22 Samai, índice 31.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
Plantel
Madrid (Cund)
educativo
Tipo de novedad Cambio estructura
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Plantel DEPARTAMENTAL MARÍA
Decreto 284 05/03/2024 01/10/2024
educativo TERESA ORTÍZ NUEVA –
SEDE PRINCIPAL
Municipio Madrid (Cund)
29.5. A través de la Resolución 001861 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría
de Educación del departamento de Cundinamarca-FOMAG reconoció y ordenó el
pago del auxilio de las cesantías parciales en cuantía de $34’350.727, suma a la
que se le descontó $21’949.178 «por concepto de cesantías parciales ya pagadas,
quedando como saldo liquido DOCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($12401549) M/CTE»23 (sic).
2.5. Análisis sustancial
30. De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que Ana Silvia Ayala
Fernández i) entre el 3 de abril de 1986 y el 30 de noviembre de 1993 suscribió
«contratos anuales de 10 meses, de los cuales 18 meses fueron laborados con el FER y
los restantes mediante OPS municipales»24 (sic), para prestar los servicios como
profesora en las Escuelas Rurales el Chorrillo y San Ramon del municipio de
Caparrapí; ii) posteriormente, fue nombrada en propiedad el 25 de enero de 1994,
como docente nacional, cargo del cual tomó posesión el 15 de marzo de esa
anualidad, fecha esta, a partir de la cual se ha desempeñado como docente de
manera ininterrumpida; y iii) previa solicitud, por medio de la Resolución 1861 del
21 de septiembre de 2016, la Secretaría de Educación de Cundinamarca - Fomag
reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales en cuantía de $12’401.549,
correspondientes al tiempo comprendido entre 1994 y 2015. Dicho acto
administrativo es el acto acusado en el presente proceso, pues considera que el
auxilio debió liquidarse con el régimen retroactivo y no con aplicación del
anualizado.
31. De conformidad con el recuento normativo relacionado en precedencia, en
cuanto a las cesantías, se establece en el numeral 3, literal b), del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 que los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990,
como sucede en el presente asunto (15 de marzo de 1994), el Fomag reconocerá y
pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, sin distinción
si trata de docente nacional, nacionalizado o territorial, como los define el artículo 1
23 Folios 3 al 5.
24 Según lo certificado por el alcalde municipal de Caparrapí el 22 de octubre de 2016.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
ibidem pues los incluye a todos.
32. Ahora, si bien es cierto que la demandante suscribió diferentes contratos de
prestación de servicios con el municipio de Caparrapí para la prestación del servicio
de docente antes del 31 de diciembre de 1989, también lo es que dicha relación
contractual culminó el 30 de noviembre de 1993 y solo hasta el 15 de marzo de 1994
tomó posesión en propiedad como docente, por lo que, para efecto del auxilio de
cesantías, existió solución de continuidad y, por lo tanto, para la liquidación de sus
cesantías la cobija el régimen anualizado contenido en la Ley 91 de 1989 de
conformidad con la fecha de su nueva vinculación y no el retroactivo previsto en las
leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947 como
lo pretende la demandante25.
33. De esa situación tenía conocimiento la demandante, pues año a año, desde
1994 se liquidaron sus cesantías y, previamente, a través de las resoluciones 2456
del 10 de enero de 2007 y 2153 del 19 de septiembre de 2012, respectivamente, se
le liquidaron y pagaron auxilios parciales de cesantías por valores de $11’004.180
y $10’944.99826.
34. Así pues, en criterio de esta Sala, se reitera, perdió continuidad en la prestación
de servicio como docente y al tomar posesión nuevamente el 15 de marzo de 1994
[con posterioridad al 1° de enero de 1990 cuando entró en vigencia la Ley 91 de
1989], se sometió al nuevo régimen de cesantías, las cuales se liquidan de forma
anualizada, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
2.6. Costas
41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
25 En el mismo sentido se ha pronunciado esta subsección en las sentencias del 9 de mayo, 13 de
junio y 29 de noviembre de 2024, respectivamente, Rad. 85001-23-33-000-2019-00051-01 (5925-
2022); 85001-23-33-000-2019-00048-01 (6285-2022); y 15001-23-33-000-2020-02454-01 (2122-
2024).
26 Según la parte motiva del acto administrativo demandado.
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.
44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
45. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Ana Silvia Ayala
Fernández no tiene derecho a beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías, en
cuanto la liquidación anual se aplica a todos los docentes designados después de
la vigencia de la Ley 91 de 1989 como en su caso y, si bien, es cierto con
anterioridad a dicha ley tuvo vinculaciones a través de contratos de prestación de
servicios, también lo es que para efectos del auxilio de cesantías existió solución de
continuidad, por lo tanto, para su liquidación era preciso tener en cuenta la nueva
vinculación, esto es la ocurrida el 15 de marzo de 1994.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de octubre de 2021 por el Tribunal
27En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Ana Silvia Ayala Fernández
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Ana Silvia
Ayala Fernández contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
DMGT
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