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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00051-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00051-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: ARTICULO 1: Reconocer al Docente HÉCTOR GABINO TUAY SIGUA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.361.129, la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($23.632.183.00); por concepto de liquidación parcial de cesantías, con destino a Construcción de Vivienda. Valor que le corresponde por el tiempo de servicio como Docente de vinculación Departamental Recursos Propios. ARTÍCULO 2: El valor reconocido en el artículo anterior, será cancelado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la entidad Fiduciaria La Previsora S.A., según acuerdo suscrito entre la nación y esta entidad. […]27. 50. El director educativo de la Secretaría de Educación de Casanare, a través de certificación núm. 630-2704 del 9 de diciembre de 202028, informó y relacionó los contratos suscritos entre el docente y el departamento de Casanare que aparecen relacionados en los párrafos 41 al 45 de esta providencia. 3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala 51. En el presente asunto, el estudio se circunscribe a determinar si al demandante le asiste el derecho a que sus cesantías sean reliquidadas conforme al régimen de retroactividad. Ello porque, según lo afirmó en la demanda, su vinculación como docente se produjo con anterioridad al 1 de enero de 1990. 52. A su turno, el fallador de primera instancia negó lo pretendido al considerar que, pese a que al actor registró su vinculación a partir del 6 de febrero de 1989 y tuvo diversas vinculaciones, estas no fueron de carácter continuo e ininterrumpido antes del 1 de enero de 1990, para lo cual expuso: […] si bien la vinculación del docente inició a partir del 06 de febrero de 1989 la misma no fue continua e ininterrumpida, pues entre el primer contrato suscrito en la mencionada fecha y la siguiente vinculación contractual del 16 de abril de 1990, transcurrieron más de 30 días. Igual situación se presenta entre la finalización del contrato No. 0277 y el inicio del contrato No. 0339 aunado a que desde su último vínculo contractual del 31 de diciembre de 1993 hasta la fecha en que fue nombrado […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2021-00051-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: reliquidación de cesantías parciales. Subtema 1: régimen de liquidación de
cesantías de personal docente; reiteración jurisprudencial. Subtema 2: régimen
anualizado de cesantías

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 15 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Héctor Gabino Tuay Sigua solicitó la nulidad de la Resolución núm. 1701
del 5 de octubre de 2020, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare,
mediante la cual se reconocieron cesantías parciales. No obstante, sostuvo que
dicho auxilio debía liquidarse conforme al régimen de retroactividad.

El Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que existió solución de continuidad en la prestación del servicio entre la
vinculación inicial, ocurrida el 6 de febrero de 1989, y su posesión como docente en
propiedad el 1 de febrero de 1994. Por consiguiente, con fundamento en el literal b,
numeral 3, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, concluyó que el actor se rige por el
régimen anualizado de cesantías, aplicable a quienes ingresaron con posterioridad
al 1 de enero de 1990.

Esta Subsección confirmará la decisión recurrida, en tanto no le asiste derecho al
demandante a que sus cesantías parciales sean reliquidadas conforme al régimen

1 En adelante Fomag.

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

retroactivo, dado que el régimen anualizado resulta aplicable a los docentes
vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, como ocurre
en su caso.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Héctor Gabino Tuay Sigua, mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

• Declarar la nulidad parcial de la Resolución núm. 1701 del 5 de octubre de
2020, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare, por medio de la cual
se le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías parciales.

• A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada reconocer y pagar las cesantías parciales conforme al régimen de
retroactividad, en atención a que su vinculación como docente se produjo el 6 de
febrero de 1989. Indicó que dicha prestación debe liquidarse con inclusión de los
factores salariales devengados y con base en el último salario percibido, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y
el Decreto 1160 de 1947.

• Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag al pago de
las diferencias que resulten entre los valores cancelados conforme a la Resolución
núm. 1701 del 5 de octubre de 2020 y aquellos que surjan de la reliquidación
retroactiva de la cesantía parcial.

• Condenar a la demandada a consignar las sumas adeudadas debidamente
indexadas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como
reconocer los intereses moratorios y dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3. Por último, condenar en costas a la entidad accionada.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:

2 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 001 demanda.
3 En adelante CPACA.
4 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 001 demanda.

2

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

• El señor Héctor Gabino Tuay Sigua ha prestado sus servicios al municipio de
Paz de Ariporo en calidad de docente con vinculación departamental desde el 6 de
febrero de 1989.

• El demandante, el 25 de septiembre de 2020, solicitó al Fomag, a través de
la Secretaría de Educación de Casanare, el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución núm. 1701 del 5 de
octubre de 2020, por un valor de $23.632.183, acto que fue notificado el 9 de octubre
de 2020.

• Indicó que, pese a que su vinculación como docente data de 1989, la
liquidación de sus cesantías se realizó con fundamento en el literal b) del numeral
3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y no conforme al régimen de retroactividad
previsto en la Ley 6.ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el
Decreto 1160 de 1947. En ese sentido, señaló que la entidad demandada tomó
como base el 1 de febrero de 1994 para efectuar la liquidación de las cesantías
parciales, cuando, a su juicio, debió considerarse la fecha inicial de vinculación, esto
es, el 6 de febrero de 1989.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122; la Ley 6ª de 1945 artículos 12 y 17 literal a);
Ley 4ª de 1992 artículo 2 literal a); 115 de 1994 artículo 176; 344 de 1996 artículo
13; 1071 de 2006 artículo 5; los decretos 1160 de 1947 artículos 1, 2, 5 y 6; 2767
de 1945 artículo 1; 1045 de 1978 artículos 5, 40 y 45; 2563 de 1990 artículos 7 y 9;
196 de 1995 artículo 5; 1582 de 1998 artículo 1.

4. Manifestó que, el acto demandado vulneró los derechos adquiridos de
conformidad con lo dispuesto en el literal a) artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, pues
pese a que la Ley 91 de 1989 introdujo un nuevo sistema de liquidación de
cesantías, el Congreso de la República, así como el Ejecutivo regularon lo relativo
a dicho auxilio, y establecieron que los docentes territoriales vinculados hasta el 31
de diciembre de 1996 conservarían el régimen retroactivo para la liquidación de sus
cesantías.

5. Sostuvo que el artículo 5 del Decreto 196 del 25 de enero de 1995 dispuso
que a los docentes afiliados al Fomag al momento de su entrada en vigor se les
debía garantizar el respeto por el régimen prestacional vigente al tiempo de su
vinculación. En consecuencia, a los no cobijados por la Ley 91 de 1989, es decir,
los nacionales y nacionalizados, les resultaba aplicable el régimen de retroactividad
de las cesantías propio de los empleados públicos del orden territorial, el cual se
mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 344 de 1996.

3

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

6. Precisó que, la accionada al no tener en cuenta el tiempo real de vinculación,
desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, según el cual, a partir
de la publicación de la referida normativa, quienes se vinculen a entidades del
Estado quedan sometidos al régimen de cesantía anualizadas, lo que implica que
hasta el 31 de diciembre de 1996 subsistió el régimen retroactivo de cesantías para
los empleados públicos del orden territorial.

7. Por último, indicó que reúne los requisitos legales para que la entidad
accionada le reconozca, reliquide y pague sus cesantías parciales con el régimen
retroactivo.

2.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag contestó la demanda5
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Señaló que al señor Héctor Gabino
Tuay Sigua no le asiste razón, por cuanto su vinculación como docente tuvo lugar
con posterioridad al 1 de enero de 1990; en ese sentido, de conformidad con lo
previsto en la Ley 91 de 1989, mediante la cual se creó el Fomag, el régimen
aplicable es el de cesantías anualizadas.

9. Propuso como excepciones, las siguientes: (i) vinculación del litisconsorte
necesario; (ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; (iii)
ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; y (vi) cobro de lo no
debido.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia el 15 de junio de
20236, en la que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas al demandante, con fundamente en las siguientes consideraciones:

11. Refirió que de acuerdo con el acervo probatorio se logró determinar los
contratos laborales y de prestación de servicios mediante los cuales el actor laboró
como docente en diferentes periodos, así:

• Contrato de trabajo núm. 0011: el señor Héctor Tuay Sigua prestó sus
servicios como docente en el Colegio Juan José Rondón de Paz de Ariporo,
desde el 6 de febrero de 1989 hasta el 30 de noviembre de 1989.
• Contrato de prestación de servicios núm. 157: el actor desempeñó
labores educativas en el Colegio Juan José Rondón de Paz de Ariporo, desde
el 16 de abril de 1990 hasta el 31 de marzo de 1991.

5 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdfs 8 y 9.
6 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 24_ fallo.

4

Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
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Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

• Contrato de trabajo a término fijo núm. 0277: para la prestación del
servicio en el Colegio Juan José Rondón de Paz de Ariporo, del 1 de abril de
1991 al 31 de marzo de 1992.
• Contrato de trabajo a término fijo núm. 0339: mediante el cual el
señor Tuay Sigua prestó sus servicios como docente en el Colegio Juan José
Rondón de Paz de Ariporo, del 1 de febrero de 1993 al 31 de diciembre de
1993.
• Decreto núm. 0069 del 1 de febrero de 1994: por medio del cual se
nombró al señor Héctor Gabino Tuay Sigua como docente del Colegio Juan
José Rondón de Paz de Ariporo, tomando posesión en la misma fecha.

12. Lo anterior fue ratificado con la certificación del 9 de diciembre de 2020,
emitida por la Secretaría de Educación de Casanare, en la que constan los periodos
laborados con anterioridad al nombramiento del actor, ocurrido el 1 de febrero de
1994.

13. Indicó que, la Secretaría de Educación de Casanare en nombre del Fomag,
expidió la Resolución núm. 1701 del 5 de octubre de 2020, mediante la cual
reconoció el pago de una cesantía parcial a favor del demandante por la suma de
veintitrés millones seiscientos treinta y dos mil ciento ochenta y tres pesos
$23.632.183.

14. Explicó que la vinculación del docente no fue continua desde el 6 de febrero
de 1989 y el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que solicitó el pago de sus
cesantías parciales. Expresó que, el actor prestó sus servicios de manera temporal
y con interrupciones, tal y como lo reseñó en el siguiente cuadro:

Vinculación Desde Hasta Días de
interrupción
Contrato No. 0011 06 de febrero de 1989 30 de noviembre de 88 días
1989 hábiles
Contrato No. 157 16 de abril de 1990 31 de marzo de 1991 0 días hábiles
Contrato No. 0277 01 de abril de 1991 31 de marzo de 1992 205 días
hábiles
Contrato No. 0339 01 de febrero de 1993 31 de diciembre de 1993 20 días
hábiles
Decreto No. 0069 01 de febrero de 1994 30 de diciembre de 2019 0 días hábiles
nombramiento en
propiedad
Fuente: tomado de la sentencia de primera instancia7.

15. Añadió que, pese a que la vinculación del docente inició el 6 de febrero de
1989, esta no fue continua ni ininterrumpida, habida cuenta que entre el primer
contrato suscrito y el siguiente trascurrieron más de 30 días. Precisó que, entre la
terminación del contrato núm. 0277 y la suscripción del contrato núm. 0339 también
se presentó una interrupción; de igual forma, entre el último vínculo contractual, el

7 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 24_fallo.

5

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de Prestaciones Sociales del Magisterio

31 de diciembre de 1993, y su nombramiento mediante el Decreto núm. 0069 del 1
de febrero de 1994, transcurrieron más de 15 días hábiles.

16. En este orden de ideas, el régimen de cesantías aplicable al demandante es
el anualizado, en la medida en que la vinculación anterior al 1 de enero de 1990 no
fue continua, por lo que no resulta procedente acumular dicho tiempo para acceder
al beneficio pretendido.

17. Precisó que, como motivación del acto acusado se consignó que las
cesantías parciales reconocidas al actor fueron liquidadas bajo el régimen
anualizado, pues se tomó el valor de las reportadas año tras año desde 1994 hasta
el 2019, según lo previsto en el literal b), numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 «norma aplicable a aquellos docentes que ingresaron a partir del 1 de enero
de 1990».

18. Concluyó que el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de
sus cesantías bajo el régimen de retroactividad, por cuanto su vinculación al servicio
educativo oficial fue posterior al 1 de enero de 1990, por lo que le es aplicable el
régimen anualizado de cesantías.

19. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA modificado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021

2.4. Recurso de apelación

20. El demandante, mediante apoderado interpuso recurso de apelación8, con el
fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a
las pretensiones.

21. Consideró que el fallo apelado desconoció la totalidad de los tiempos de
servicio prestados como docente, a partir del 6 de febrero de 1989, labor que, a su
juicio, fue ejercida de forma ininterrumpida. Señaló que la entidad demandada, al
momento de liquidar su cesantía parcial, tomó como referencia únicamente la fecha
de ingreso al magisterio oficial, es decir, el 1 de febrero de 1994.

22. Manifestó que la entidad demandada no certificó la totalidad del tiempo
laborado, en la medida en que en el acto administrativo cuestionado únicamente se
dejó constancia de su vinculación desde el 6 de febrero de 1989 (sic). Indicó que la
liquidación de las cesantías se efectuó exclusivamente a partir del 1 de febrero de
1994, fecha de su ingreso a la docencia oficial, sin reconocer el tiempo previamente
servido que, a su juicio, resulta válido para efectos prestacionales.

8 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal pdf 27_recurso.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

23. Adujo que el fallador de primera instancia desconoció precedentes
jurisprudenciales como la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca9, en la que se dispuso:

En ese orden de ideas, la Sala colige que la modalidad del nombramiento sea en
propiedad o temporal, no determina quienes pueden o no ser afiliados al FOMAG,
pues lo necesario para el ingreso del docente al citado fondo, es la existencia de la
relación legal y reglamentaria con la administración.

Así las cosas, resulta claro que al determinarse que el demandante estuvo vinculado
como docente territorial en temporalidad antes del 1º. de enero de 1990, le asiste
derecho a que sus cesantías sean liquidadas de manera retroactiva, de suerte que
no puede considerarse que el 03 de diciembre de 1989 hubo una ruptura laboral del
actor con la docencia oficial, pues el tiempo en que el docente estuvo desvinculado
corresponde al periodo de vacaciones (…).

24. Destacó que de conformidad con lo decidido en la sentencia apelada, la Ley
91 de 1989 modificó la forma para liquidar las cesantías a los docentes, cuando
realmente la referida ley en ningún momento varió la forma de liquidación del auxilio
de los docentes vinculados por las entidades territoriales, ya que de conformidad
con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993: «El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial».

25. Insistió en que debe aplicarse para el presente asunto el régimen de
retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y que estuvo
vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, la cual cambió la forma de
realizar la liquidación del auxilio para los servidores, normativa que a su vez fue
reglamentada por el artículo 5 del Decreto 1582 de 1998 que dispuso que los
empleados del nivel territorial vinculados antes del 31 de diciembre de 1996 se les
debe respetar el régimen retroactivo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 16 de mayo de 202410, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Igualmente, prescindió del período para correr traslado a las
partes, por no existir pruebas por decretar en segunda instancia. Asimismo, ordenó
la notificación personal de las partes y del Ministerio Público.

9 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 21 de junio de 2019, exp. 25000-23-42-000-2017-

05499-00.
10 Samai, índice 004.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo del Tribunal que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32811 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

29. ¿Le asiste al actor el derecho a que sus cesantías parciales sean reliquidadas
con fundamento en el régimen de retroactividad, por haber sido vinculado a la
docencia oficial con anterioridad al 1 de enero de 1990?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes

30. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación12 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»13, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
12 Artículo 3.
13 Artículo 4.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.

31. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará
un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).

32. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989

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tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1 de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional14.

3.3.2. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos

33. Como se dejó anotado en el acápite anterior, la Ley 91 de 1989 respetó los
derechos adquiridos de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
respecto de la aplicación del régimen de cesantías que regía a los empleados
públicos del orden territorial, por lo que, sobre el particular, cabe recordar que la Ley
6 de 1945 regulaba el régimen de cesantías retroactivo, en los siguientes términos:

Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones sociales:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

[…].

34. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:

Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.

Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).

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35. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196815, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:

Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.

36. Luego, la Ley 344 de 199616 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;

[…].

37. Mediante el Decreto 1582 de 199817 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

15 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
16 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
17 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en

relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.

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Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.

38. Por su parte, el Decreto 1919 de 200218, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

39. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de
conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.

3.4. Hechos probados

40. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:

41. Mediante contrato de trabajo núm. 0011 del 6 de febrero de 1989 19 suscrito
entre el actor y la intendencia de Casanare, este prestó sus servicios como docente
en el colegio Juan José Rondón del municipio de Paz de Ariporo, por el periodo
comprendido entre el 6 de febrero al 30 de noviembre de 1989.

42. A través del contrato de prestación de servicios núm. 157 del 16 de abril de
199020 celebrado con la intendencia de Casanare, el actor laboró como docente
desde el 16 de abril de 1990 al 31 de marzo de 1991.

43. Con posterioridad el docente firmó contrato de trabajo núm. 027721 con la
intendencia de Casanare por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1991 al
31 de marzo de 1992.

18 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen

mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
19 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 1_DEMANDA, folios 47

al 48.
20 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf1 _DEMANDA, folios 49

al 50.
21 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 1_ DEMANDA, folios 51

al 52.

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44. Igualmente se observa contrato de trabajo a término fijo núm. 033922
celebrado con la alcaldía del municipio de Paz de Ariporo para ejercer labores
educativas a partir del 1 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993.

45. Mediante el Decreto núm. 0069 del 1 de febrero de 1994, expedido por el
gobernador de Casanare, el actor fue nombrado docente en propiedad en el colegio
Juan José Rondón de Paz de Ariporo, cargo del cual tomó posesión el mismo día23.

46. Con la certificación de servicios expedida por la Secretaría de Educación y
Cultura del departamento de Casanare, se demostró que el actor ejerció la labor
docente en los siguientes periodos:

DESDE: HASTA:
DIA: 06 MES: 02 AÑO: 89 DIA: 30 MES: 11 AÑO: 89
DIA: 16 MES: 04 AÑO: 90 DIA: 31 MES: 03 AÑO: 91
DIA: 01 MES: 04 AÑO: 91 DIA: 31 MES: 03 AÑO: 92
DIA: 01 MES: 04 AÑO: 92 DIA: 31 MES: 12 AÑO: 92
DIA: 01 MES: 02 AÑO: 93 DIA: 31 MES: 12 AÑO: 93
DIA: 01 MES: 02 AÑO: 94 DIA: 21 MES: 06 AÑO: 94
Información tomada de la certificación allegada al plenario24.

47. Es importante aclarar que al expediente no se aportó el contrato
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de
1992, sin embargo, como dicho lapso no fue considerado por el Tribunal al
momento de establecer los hechos probados y no fue objeto de desacuerdo por
parte del actor en esa instancia, no habrá lugar a hacer referencia al mismo al
desatar el problema jurídico propuesto.

48. La prestación de servicios como docente del colegio Juan José Rondón del
municipio de Paz de Ariporo, la certificó la subdirectora administrativa y financiera
de la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare el 27 de abril de
200125. En dicho documento se consignó que el actor fue nombrado según Decreto
0069 del 1 de febrero de 1994.

49. La liquidación parcial de las cesantías del docente demandante fue efectuada
por la Secretaría de Educación del Casanare, a través de la Resolución núm. 1701
del 5 de octubre de 202026, objeto del presente proceso, en la que dispuso lo
siguiente:

[…]
Que según certificación laboral de fecha 23 de septiembre de 2020, expedida por la
Secretaría de Educación de Casanare, el Docente prestó sus servicios durante

22 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf.1_DEMANDA, folios 53

al 54. Se toma el número del contrato de lo consignado en la sentencia.
23 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 1_DEMANDA, folios 37

al 30.
24 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal pdf. 2_PRUEBAS, folio 37.
25 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 2_PRUEBAS, folio 119.
26 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 1_DEMANDA, folios 34

al 36.

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9.329 días, lapso comprendido del 01/02/1994 al 30/12/2019, en forma continua: de
igual manera, se verificó que el docente tiene vinculación Departamental – Recursos
propios y que en la actualidad se encentra laborando […]

RESUELVE:

ARTICULO 1: Reconocer al Docente HÉCTOR GABINO TUAY SIGUA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.361.129, la suma de VEINTITRÉS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE
($23.632.183.00); por concepto de liquidación parcial de cesantías, con destino a
Construcción de Vivienda. Valor que le corresponde por el tiempo de servicio como
Docente de vinculación Departamental Recursos Propios.

ARTÍCULO 2: El valor reconocido en el artículo anterior, será cancelado por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la entidad Fiduciaria
La Previsora S.A., según acuerdo suscrito entre la nación y esta entidad.

[…]27.

50. El director educativo de la Secretaría de Educación de Casanare, a través de
certificación núm. 630-2704 del 9 de diciembre de 202028, informó y relacionó los
contratos suscritos entre el docente y el departamento de Casanare que aparecen
relacionados en los párrafos 41 al 45 de esta providencia.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

51. En el presente asunto, el estudio se circunscribe a determinar si al
demandante le asiste el derecho a que sus cesantías sean reliquidadas conforme
al régimen de retroactividad. Ello porque, según lo afirmó en la demanda, su
vinculación como docente se produjo con anterioridad al 1 de enero de 1990.

52. A su turno, el fallador de primera instancia negó lo pretendido al considerar
que, pese a que al actor registró su vinculación a partir del 6 de febrero de 1989 y
tuvo diversas vinculaciones, estas no fueron de carácter continuo e ininterrumpido
antes del 1 de enero de 1990, para lo cual expuso:

[…] si bien la vinculación del docente inició a partir del 06 de febrero de 1989 la
misma no fue continua e ininterrumpida, pues entre el primer contrato suscrito en la
mencionada fecha y la siguiente vinculación contractual del 16 de abril de 1990,
transcurrieron más de 30 días. Igual situación se presenta entre la finalización del
contrato No. 0277 y el inicio del contrato No. 0339 aunado a que desde su último
vínculo contractual del 31 de diciembre de 1993 hasta la fecha en que fue nombrado
a través del Decreto 0069 de 01 de febrero de 1994 transcurrieron más de 15 días
hábiles.

27 Se transcribe con errores de texto.
28 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf.1_DEMANDA, folios 44

al 46.

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Por lo anterior, el régimen de cesantías aplicable al demandante es de liquidación
anualizada, pues en todo caso tal y como se relaciona anteriormente, la vinculación
anterior al 01 de enero de 1990 no fue continua y las demás fueron posteriores a la
mencionada fecha, por tanto, no pueden sumarse para determinar el régimen de
cesantías que rige el reconocimiento de la prestación del demandante.
[…]29

53. En consecuencia, sostuvo que las cesantías parciales fueron liquidadas de
conformidad con la normativa aplicable, en la medida en que, a partir del 1 de enero
de 1990, los docentes vinculados al servicio educativo oficial quedaron sometidos
al sistema anualizado de cesantías.

54. Ahora bien, la Sala a partir del análisis de los medios de prueba recaudados,
encuentra demostrado que la vinculación del señor Héctor Gabino Tuay Sigua al
ejercicio de la docencia ocurrió de esta manera:

(i) orden de prestación de servicios núm. 0011 desde el 6 de febrero
hasta el 30 de noviembre de 1989;
(ii) orden de prestación de servicios núm. 157 desde el 16 de abril de 1990
hasta el 31 de marzo de 1991;
(iii) orden de prestación de servicios núm. 0277 desde el 1 de abril de 1991
hasta el 31 de marzo de 1992;
(iv) orden de prestación de servicios núm. 0339 del 1 de febrero hasta el
31 de diciembre de 1993;
(v) nombramiento en propiedad mediante el Decreto núm. 0069 del 1 de
febrero de 1994, expedido por el departamento de Casanare.

55. En este sentido, y de conformidad con el marco normativo de la presente
providencia, resulta claro que la relación legal del demandante, en calidad de
docente, inició cuando tomó posesión del nombramiento en propiedad, es decir, 1
de febrero de 1994.

56. Aunado a lo expuesto, el demandante solicitó sus cesantías parciales, las
cuales fueron reconocidas mediante la Resolución núm. 1701 del 5 de octubre de
2020, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare30 y liquidadas
conforme al régimen anualizado. No obstante, al presentar el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, el actor insistió que el régimen aplicable
debía ser el retroactivo, por considerar que su vinculación data del 6 de febrero de
1989.

57. Sobre el particular, se reitera que el literal b) del numeral 3 del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 preceptúa que a los educadores con vinculación a partir del 1 de
enero de 1990, el Fomag les reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de
las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, calculadas anualmente y
29 Se transcribe con errores de texto.
30 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 1_DEMANDA, folios 32

al 35.

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sin retroactividad; en tal sentido, como lo ha precisado esta Sección, la norma
amparó a todos los docentes con independencia del tipo de vinculación nacional,
nacionalizado o territorial, sin que sea posible la aplicación de la Ley 344 de 1996,
que excluyó al personal docente regido por la Ley 91 de 198931.

58. Así las cosas, en el presente asunto se encuentra acreditado que, si bien el
demandante tuvo una vinculación anterior al 1 de enero de 1990, conforme al
contrato de trabajo núm. 0011, vigente entre el 6 de febrero y el 30 de noviembre
de 1989, dicha relación no se mantuvo de forma continua. En efecto, se demuestran
interrupciones entre los contratos posteriores suscritos en los periodos
comprendidos entre el 16 de abril de 1990 y el 31 de marzo de 1991; el 1 de abril
de 1991 y el 31 de marzo de 1992; y el 1 de febrero de 1993 y el 31 de diciembre
de 1993, así como entre este último vínculo y su nombramiento en propiedad a partir
del 1 de febrero de 1994 como docente en el Colegio Juan José Rondón del
municipio de Paz de Ariporo.

59. En consecuencia, no resulta viable tener en cuenta la vinculación inicial para
concluir que el régimen de cesantías aplicable corresponde al alegado por el
demandante.

60. Ahora bien, en relación con el argumento del recurrente, según el cual la
entidad demandada no certificó la totalidad del tiempo laborado por haber tenido en
cuenta únicamente su ingreso al magisterio oficial a partir del año 1994, la Sala
considera que dicha inconformidad no es atendible. En efecto, del análisis integral
del acervo probatorio se concluye que el demandante no demostró la existencia de
una prestación del servicio docente continua, ininterrumpida y sin solución de
continuidad durante el periodo que pretende hacer valer.

61. Por el contrario, se advierte la existencia de lapsos en los cuales no se
acreditó vínculo laboral alguno, circunstancia que impide reconocer dicho tiempo
para efectos de la aplicación del régimen retroactivo de cesantías.

62. Por otra parte, los fundamentos de la apelación relacionados con el
desconocimiento de la jurisprudencia de algunos tribunales administrativos y de
esta misma Corporación, sea lo primero precisar que las subsecciones que integran
esta Sección Segunda tienen una línea jurisprudencial consolidada acerca de la
aplicación del régimen de liquidación anual de cesantías para todos los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1990, de conformidad con la Ley 91 de 1989,
para lo cual, es preciso analizar la continuidad en la prestación del servicio docente
con la finalidad de establecer la fecha determinante para la aplicación del régimen
correspondiente32.

63. En reciente jurisprudencia, esta Subsección, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2025, proferida en el expediente 25000-23-42-000-2017-00503-01

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

27 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5

de febrero de 2015, exp. 85001-23-33-000-2019-00051-01 (0124-2022).

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(2978-2022), precisó que el reconocimiento del derecho de un docente al régimen
retroactivo de cesantías exige verificar si la vinculación existente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 mantuvo continuidad en la prestación del
servicio educativo. En consecuencia, cuando la misma se ve interrumpida y el
docente adquiere una nueva posesión con posterioridad al 1 de enero de 1990, este
queda sometido al régimen anualizado de cesantías, cuyo reconocimiento y
liquidación deben efectuarse conforme a dicho sistema33.

64. Por lo tanto, la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare resulta
respetuosa del precedente judicial vigente de esta Corporación, como órgano de
cierre de esta jurisdicción. En cuanto a la fuerza vinculante del precedente, la Corte
Constitucional34 ha precisado:

En esos términos, esta Corporación precisó que “[e]l derecho de acceso a la
administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad
del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la
sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del
principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas
de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces
va a ser razonable, consistente y uniforme”35.

Lo anterior indica que en el ejercicio de la función judicial se expresa, de una parte,
el principio de legalidad a la hora de hallar el contenido normativo de la disposición
y así establecer, en estricto sentido, el derecho aplicable, y, de la otra, el principio
de igualdad que exige, por parte de la autoridad encargada de administrar justicia,
la efectiva verificación de que ante procesos que obedezcan a las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas, sean aplicados los mismos derechos, deberes y
obligaciones.

65. Así las cosas, no resulta procedente la liquidación de las cesantías parciales
bajo el régimen de retroactividad, como lo pretende el demandante, en la medida
en que la ausencia de continuidad en la prestación del servicio impide consolidar el
supuesto efectivo que da lugar a su aplicación. Por el contrario, para el momento de
su vinculación definitiva ya se encontraba vigente el régimen anualizado de
cesantías, el cual rige su situación prestacional.

66. En este sentido, no se configuran los presupuestos necesarios para acceder
a lo solicitado, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

33 Criterio reiterado por la Corporación en las siguientes sentencias: (i) 27 de noviembre de 2017, exp. núm.

70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16); (ii) 23 de junio 2022, exp. núm. 85001-23-33-000-2018-00147-01
(1342-2020); (iii) 25 de abril de 2024, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00002-01 (0470-2021); (iv) 26 de
septiembre de 2024, exp. núm. 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022); (v) 12 de septiembre de 2024,
exp. núm. 19001-23-33-000-2019-00138-01 (1878-2024); (vi) 29 de noviembre de 2024, exp. núm. 15001-23-
33-000-2020-02454-01 (2122-2024); (vii) 26 de febrero de 2026, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00105-01
(2865-2021); y (viii) 23 de abril de 2026, exp. núm. 85001-23-33-000-2021-00093-01 (3535-2023).
34 Corte Constitucional, sentencia SU-406 del 2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; reiterada en fallo T-

210 de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
35 Sentencia C-836 de 2001.

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de Prestaciones Sociales del Magisterio

3.6. Conclusión de la decisión

67. En atención a lo consignado, la Sala concluye que al señor Héctor Gabino
Tuay Sigua no le asiste derecho a que sus cesantías parciales sean reliquidadas
conforme el régimen retroactivo, puesto que la liquidación anual se aplica a los
docentes designados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989,
como ocurre en su caso. Si bien acreditó una vinculación en la prestación del
servicio educativo con anterioridad a dicha ley, no demostró la continuidad
necesaria para el reconocimiento del referido auxilio. Por consiguiente, la resolución
demandada conserva su legalidad.

4. Costas

68. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

69. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare
del 15 de junio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad
con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00051-01 (5791-2023)
Demandante: Héctor Gabino Tuay Sigua
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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