Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2018-00147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2018-00147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2018-00147-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM
Temas: Cesantías parciales de docente - reliquidación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante la cual declaró la excepción de prescripción y negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Jesús Hernando Alvarado Yacuma,
1
Folios 3 a 28.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la
nulidad parcial de la Resolución 0971 del 25 de abril de 2018, expedida por la
Secretaría de Educación del departamento del Casanare - FNPSM, por medio de la
cual se le reconocieron sus cesantías parciales.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
actor solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reconocer sus
cesantías parciales en forma retroactiva, «tomando como base el tiempo de
servicios a partir de su vinculación como docente (4 de mayo de 1993) y
liquidadas sobre el último salario devengado con la totalidad de los factores
salariales»; ii) pagar las diferencias que se originen entre las cesantías
reconocidas en la Resolución 0971 del 25 de abril de 2018 y el monto que resulte
de reliquidarlas de manera retroactiva, con los correspondientes ajustes de ley; iii)
dar cumplimiento a la sentencia y reconocer los intereses moratorios en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; iv) actualizar el valor de las
condenas con base en el IPC,2 como lo autoriza el artículo 187 ibidem; y v) sufragar
las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) Desde el 4 de mayo de 1993, el señor Jesús Hernando Alvarado Yacuma ha
prestado sus servicios de manera ininterrumpida al municipio de Tauramena,
como docente municipal - cofinanciado.
ii) El 2 de abril de 2018, el actor solicitó sus cesantías parciales ante la Secretaría
de Educación del departamento del Casanare - FNPSM.
iii) Por Resolución 0971 del 25 de abril de 2018, las referidas entidades
reconocieron la prestación en comento; sin embargo, omitieron incluir la totalidad
2
Índice de Precios al Consumidor.
2
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
de la vinculación del interesado, pues fue nombrado «por contrato de servicios
docentes» desde el 4 de mayo de 1993; sin embargo, solamente se computó el
tiempo laborado desde el 7 de febrero de 1994.
iv) El mencionado acto tampoco tuvo en cuenta que las cesantías debían
liquidarse con el régimen de retroactividad contemplado en la Ley 6 de 1945 y
demás normas concordantes y complementarias.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122 de
la Constitución Política; 12 y 17 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 2 de
la Ley 4 de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la Ley 115 de 1994; 13 de la Ley
344 de 1996; 5 de la Ley 1071 de 2006; 1 del Decreto 2767 de 1945; 1, 2, 5 y 6
del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto
1045 de 1978; 7 y 9 del Decreto 2563 de 1990; 5 del Decreto 196 de 1995; 1 del
Decreto 1582 de 1998.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) Hasta la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, las cesantías de los docentes
territoriales se reconocían bajo el régimen de retroactividad; sin embargo, las
entidades públicas han afirmado que a partir de la expedición de dicha norma el
auxilio se liquida en forma anualizada para todos los educadores nacionales,
nacionalizados o territoriales.
ii) La Ley 60 de 1993 protegió los derechos adquiridos de los docentes
departamentales, distritales y municipales, quienes conservaron el régimen
prestacional de cada entidad territorial a la que pertenecían.
iii) La Ley 344 de 1996 dispuso que los empleados del orden territorial tendrían un
sistema de liquidación anual de cesantías. En consecuencia, los profesores
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territoriales vinculados antes del 31 de diciembre de 1996, fecha de entrada en
vigencia de la aludida norma, tienen derecho a que la prestación se liquide en
forma retroactiva, conforme venía operando antes de expedirse esa ley.
iv) La Ley 115 de 1994 estableció un régimen especial para los educadores
estatales y aclaró que no se podrían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales de esos servidores. Esta garantía también se consagró en las Leyes 4 de
1992, 60 de 1993 y en el Decreto 196 de 1995.
v) El acto acusado desconoció el pago integral de las cesantías parciales del
demandante, por lo que se causó la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de
2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el reconocimiento
completo del auxilio.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM se abstuvo de contestar la
demanda.3
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 31 de octubre de
2019, declaró la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) El municipio de Tauramena contrató al señor Jesús Hernando Alvarado Yacuma
como educador por el período comprendido entre el 4 de mayo y el 18 de
diciembre de 1993; sin embargo, dicha relación obedeció a un contrato de
servicios, es decir, que cualquier reclamación frente a ese lapso debía elevarse
dentro de los 3 años siguientes a la culminación del vínculo contractual, pero ello
3
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 65.
4
Folios 212 a 217.
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no ocurrió y, por lo tanto, se configuró la prescripción de las cesantías reclamadas
frente a la época indicada.
ii) Conforme lo dispuso la Ley 91 de 1989, las cesantías parciales reconocidas al
actor debían liquidarse bajo el régimen anualizado y no el retroactivo en los
términos solicitados en la demanda, por cuanto el interesado inició sus labores
como docente con posterioridad al 1 de enero de 1990.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:5
i) El fallo apelado no analizó la normativa especial que reguló la situación de los
profesores vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990.
ii) La parte accionada desconoció la totalidad de los tiempos laborados por el
demandante, quien ingresó al servicio del municipio de Tauramena desde el 4 de
mayo de 1993, en virtud de un contrato de servicios, por ende, dicho tiempo
también debía certificarse con el fin de que las cesantías parciales se liquidaran
desde ese momento y no a partir del 7 de febrero de 1994 como se hizo en la
resolución demandada.
iii) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de los tribunales
administrativos del país, se encuentra acreditado que el accionante tiene la
condición de docente municipal cofinanciado y no nacional o nacionalizado por
incorporación.
iv) La Ley 91 de 1989 mantuvo el régimen de retroactividad para liquidar las
cesantías de los educadores departamentales o municipales y solamente previó la
aplicación del sistema anualizado para los nacionales y nacionalizados. En
5
Folios 219 a 232.
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
consecuencia, debe respetarse el régimen prestacional que los venía rigiendo al
momento de su afiliación al FNPSM, sin imponerles renuncias o exclusiones, es
decir, que para reconocer el referido auxilio al personal territorial vinculado entre el
1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996, se debe tomar el último salario
devengado.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El actor guardó silencio en esta etapa.6 El FNPSM solicitó que se confirme la
sentencia apelada por cuanto la Ley 91 de 1989 buscó unificar el régimen
prestacional de los docentes, sin tener en cuenta la forma de vinculación, esto es,
nacional, nacionalizada o territorial; por lo tanto, las cesantías deben liquidarse en
forma anualizada para todos los educadores que ingresaron al servicio a partir del
1 de enero de 1990.7
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el actor tiene derecho a lo siguiente: i) obtener la
reliquidación de sus cesantías parciales con inclusión de los tiempos laborados
antes del 7 de febrero de 1994, por haberse vinculado por contrato; y ii) acceder a
la reliquidación del referido auxilio con el sistema de retroactividad, previsto en la
6
Según constancia secretarial visible en el folio 246.
7
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
8
Según constancia secretarial visible en el folio 246.
6
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Ley 6 de 1945, pese a que su ingreso al magisterio fue posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro - FNA, y
dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó
los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos
y trabajadores oficiales»9, y «proteger dicho auxilio contra depreciación
monetaria»;10 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del estado debían ser liquidadas y
entregadas al FNA; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de
Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
9
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
10
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías11, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo12. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje
a título de intereses sobre las cesantías.
En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional
encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de
cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
11
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
12
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (resalta la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
De igual manera, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la
norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de
cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus
artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo
Nacional de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
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continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.13
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos14 se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto
debían proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998,
que es la siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la
siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen,
un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las
características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición (se resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 215 del Decreto 1252 de 2000 y 316 del Decreto 1919 de 2002.
Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
13
Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la
Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
14
Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
15
«Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías
retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o
entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
16
«Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de
cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1252 de 2000.»
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales17 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes
territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al
reconocimiento de sus prestaciones, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a
partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley
a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
17
De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional.
Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los docentes
vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos
aquellos cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar
si se trata de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o
departamentales) pues, precisamente, la expresión está precedida de una «y»,
que es copulativa, es decir que «se usa para unir palabras»18, por ello la Sala
entiende que además de los nacionales y nacionalizados a que se refiere la
primera frase de la norma, adiciona o incluye a aquellos que se vincularan al
servicio docente con posterioridad a la fecha límite allí establecida, y en torno a
estos no se hizo diferenciación en relación con la autoridad de la que proviniera el
nombramiento del docente, por lo que ha de entenderse que se trata de todos, sin
discriminación alguna.
La Ley 60 de 1993, en su artículo 6º, en torno a los docentes territoriales
determinó que «[serían] incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la
respectiva entidad territorial»; no obstante en el artículo 3, numeral 5, ibídem, en
torno a los de la planta de personal de los establecimientos educativos
territoriales, que fueran remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que
tenían el carácter territorial, en los siguientes términos:
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con
18
www.rae.es.
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las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del
personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o.
de la presente Ley.
Ahora bien, el artículo 175 de la Ley 115 de 1994, estableció la posibilidad de que
los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en
los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y
secundaria y de educación media, se afiliaran al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; sin embargo, solo hasta el Decreto 196 del 25 de enero
de 1995, se reglamentaron los artículos 6 y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de
1994, y en lo que respecta a la afiliación de los docentes territoriales al dicho
fondo, determinó lo siguiente:
Artículo 5º.- Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con
recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén
vinculados a la fecha de vigencia del presente Decreto, serán incorporados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el
procedimiento establecido en el capítulo IV de este Decreto y el cumplimiento de los
requisitos formales establecidos para el efecto, quedando eximidos de los requisitos
económicos fijados para afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a
una caja de previsión o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les
respetará el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación
y no se les podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y
las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente Decreto.
Los docentes que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio con posterioridad a la incorporación de que trata el inciso
inmediatamente anterior, deberán cumplir todos los requisitos de afiliación
de naturaleza formal o normativa y económica y se afiliarán con sujeción al régimen
establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos reglamentarios y en las
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. (Resalta la Sala).
Valga aclarar que el aludido decreto, también se refirió a la clasificación de
docentes que estaba contenida en la Ley 91 de 1989, pues, en su artículo 3º lo
previó así:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto,
los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
13
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales. (Se resalta).
La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los
docentes territoriales al aludido fondo, el Decreto 3752 de 2003, preceptuó:
Artículo 1. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto,
a más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1. La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la
entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar. (Resaltado fuera de texto).
Parágrafo 2. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.
Artículo 5. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento: […]
2.3. Hechos probados
14
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
• El gobernador de Casanare y el señor Jesús Hernando Alvarado Yacuma
suscribieron contrato de trabajo a término fijo, por el período comprendido entre el
4 de mayo y el 18 de diciembre de 1993, para que el segundo pusiera «al servicio
del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el
desempeño de las funciones de SOLUCIÓN DOCENTE en calidad de BACHILLER
PEDAGÓGICO», siendo su lugar de trabajo la vereda El Jaguito del municipio de
Tauramena. Igualmente, se indicó que el contrato no generaría el pago de
prestaciones sociales a favor del docente y que «a cambio disfrutará del receso
escolar de mitad de año (30 días) y 18 días de diciembre remunerado». 19
• El 31 de enero de 1994, por Decreto 016, el alcalde del municipio de Tauramena
nombró en propiedad al demandante como bachiller pedagógico para desempeñar
el cargo de docente en básica primaria en la vereda Las Delicias.20 El interesado
tomó posesión del empleo el 7 de febrero de 1994.21
• El 2 de abril de 2018, el señor Jesús Hernando Alvarado Yacuma le solicitó al
departamento del Casanare las cesantías parciales con destino a reparación y
ampliación de vivienda.22
• El 25 de abril de 2018, por Resolución 0971, la Secretaría de Educación de
Casanare le reconoció al actor la suma de $15.345.199, por concepto de
liquidación parcial de cesantías, teniendo en cuenta el tiempo de servicios
prestados en forma continua entre el 7 de febrero de 1994 y el 30 de diciembre de
2017.23
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Reliquidación de las cesantías parciales con inclusión de tiempos
19
Folios 34 a 35.
20
Folios 42 a 43.
21
Folio 44.
22
Información extraída de la Resolución 0971 del 25 de abril de 2018 (folios 29 a 32).
23
Folios 29 a 32.
15
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
laborados por contrato de trabajo
El demandante solicitó la reliquidación de sus cesantías parciales «tomando como
base el tiempo de servicios a partir de su vinculación como docente (4 de mayo de
1993)».
Por su parte, la entidad demandada reconoció la referida prestación con
fundamento en el período laborado entre el 7 de febrero de 1994 y el 30 de
diciembre de 2017.
Ahora bien, en el plenario se encuentra acreditado que el actor celebró contrato de
trabajo a término fijo con el gobernador de Casanare para laborar como docente
en la vereda El Jaguito del municipio de Tauramena, durante el período
comprendido entre el 4 de mayo y el 18 de diciembre de 1993. Además, en dicho
instrumento se indicó que el interesado no tendría derecho a percibir prestaciones
sociales.
Posteriormente, por Decreto 016 del 31 de enero de 1994, el alcalde de
Tauramena nombró al señor Alvarado Yacuma como educador de básica primaria
y la posesión tuvo lugar el 7 de febrero de 1994.
Bajo este contexto, se observa que el demandante celebró un verdadero contrato
de trabajo con el departamento del Casanare, en cual se determinó que el primero
tendría la calidad de «docente» y el segundo de «empleador»; sin embargo,
expresamente se pactó que tal vinculación no daría lugar al pago de prestaciones
sociales.
En este orden de ideas, la administración se apartó del ordenamiento superior al
momento de efectuar la referida designación, por cuanto el contrato de trabajo en
la administración pública se encuentra instituido para la vinculación de
trabajadores oficiales, pero aquella no era la condición del accionante, al tenor del
artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, pues se trataba de un educador adscrito a
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Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
una entidad territorial y no estaba encargado de la construcción y sostenimiento de
obras públicas.
Ahora bien, el referido contrato con el departamento del Casanare culminó el 18
de diciembre de 1993 y desde el 7 de febrero de 1994 el actor fue vinculado
nuevamente como docente, mediante un acto administrativo y al amparo de una
relación legal y reglamentaria, pero esta vez adscrito al municipio de Tauramena.
En este orden de ideas, no hubo continuidad entre una y otra vinculación, ya que
se presentó una interrupción en la prestación del servicio equivalente a 35 días
hábiles; los empleadores fueron entidades territoriales diferentes, una del orden
departamental y la otra municipal; y el señor Alvarado Yacuma desarrolló su labor
docente en instituciones educativas distintas. En consecuencia, se trata de
relaciones laborales independientes y obedecen a modalidades de ingreso con
características autónomas.
Frente a la solución de continuidad en la relación laboral y su incidencia en el
auxilio de cesantías, esta corporación ha precisado lo siguiente:24
Ahora, se precisa que el precitado art. 5º del Dcto. 1160 de 1947, se aplica
analógicamente al sector público por regular una situación similar. Por ello, no
pueden confundirse, entonces, las interrupciones transitorias con el retiro definitivo
mediante el cual se rompe el vínculo laboral. Por ello, no puede concebirse una
acumulación de tiempos de servicio, fruto de diferentes relaciones de trabajo, en
cada una de las cuales se ha roto la vinculación para efectos de la obtención de una
cesantía definitiva por todos ellos, pues cuando opera la ruptura del vínculo surge
para el interesado el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la prestación y
si no lo hace en tiempo, puede prescribir.
[…] Entonces, si después de un nombramiento y posesión el empleado “rompe” su
vínculo laboral administrativo, v. gr. en virtud de insubsistencia del nombramiento,
renuncia, etc., se entiende, que a partir de su desvinculación tiene derecho a
reclamar su cesantía definitiva por dicho lapso y comienza a correr el término de
prescripción del derecho. […].
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicado:
68001-23-15-000-1997-02873-01 (2702-2000).
17
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
De acuerdo con el anterior lineamiento, cada vez que ocurre un retiro definitivo del
servicio surge el derecho a peticionar las cesantías definitivas, por ende, como el
actor culminó su vinculación derivada del contrato de trabajo a término fijo el 18 de
diciembre de 1993, a partir del día siguiente iniciaba el conteo de la prescripción
para reclamar dicho auxilio, es decir, que tenía hasta el 19 diciembre de 1996 para
exigir el pago de ese beneficio; sin embargo, la petición que originó el acto
acusado se radicó el 2 de abril de 2018, esto es, cuando se había superado en
exceso la referida oportunidad.
Así las cosas, el accionante no puede pretender acumular el tiempo laborado en el
departamento del Casanare entre el 4 de mayo y el 18 de diciembre de 1993 a la
vinculación legal y reglamentaria que inició con el municipio de Tauramena a partir
del 7 de febrero de 1994, con el fin de obtener la reliquidación de las cesantías
parciales debatidas en el sub lite, pues realmente frente al primer lapso se generó
el pago del auxilio en forma definitiva y en esta oportunidad no pueden revivirse
los plazos que dejó fenecer para exigir tal derecho.
En efecto, esta corporación ha sido enfática en sostener que «[e]l retiro definitivo
del servicio rompe el vínculo laboral y a ello no puede oponerse el querer del
servidor público, porque así no lo ha determinado la ley. No puede concebirse
entonces, una acumulación de tiempos de servicio, producto de diferentes
relaciones de trabajo, en cada una de las cuales se haya roto la vinculación, para
efectos de obtener el reconocimiento de la cesantía definitiva por todos, pues
cuando opera la ruptura del vínculo surge para el empleado el derecho a reclamar
el reconocimiento y pago de la prestación aludida y, si no lo hace en tiempo,
puede prescribir su derecho».25
Así las cosas, no es posible ordenar la reliquidación de las cesantías parciales
reconocidas al actor mediante la resolución demandada con el fin de incluir el
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de marzo de 2008, radicado: 66001-
23-31-000-2002-00487-01 (08262-2005). En igual sentido puede consultarse la sentencia proferida por esta
Subsección el 26 de abril de 2018, radicado: 52001-23-33-004-2014-00276-01 (3164-15) .
18
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
tiempo laborado entre el 4 de mayo y el 18 de diciembre de 1993, por cuanto
frente a este lapso debió reclamar oportunamente el auxilio de manera definitiva,
pero como no lo hizo se concluye que prescribió el derecho, conforme lo declaró el
a quo.
2.4.2. Reliquidación de las cesantías parciales bajo el régimen de
retroactividad
La postura de la entidad demandada en torno al régimen que se debe aplicar para
liquidar las cesantías del demandante es el anualizado por haberse vinculado con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, mientras que este
asegura que su prestación se debe liquidar con el sistema de retroactividad, en la
medida en que su vinculación fue anterior al año 1996, fecha en que entró a regir
el régimen anual de cesantías para los empleados del orden territorial.
Al respecto, se debe señalar que tal como se demostró con las pruebas referidas
previamente, la vinculación legal y reglamentaria del accionante inició el 7 de
febrero de 1994, como docente al servicio del municipio de Tauramena, de
manera que esa fecha determina el régimen de liquidación de cesantías que le es
propio, que no es otro que el anualizado, tal como lo consideró la parte accionada.
En efecto, el ingreso del demandante a la docencia oficial se produjo con
posterioridad al 31 de diciembre de 1989, es decir, después de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo que su régimen de cesantías es el que
cobijaba a los empleados públicos del orden nacional, esto es, anualizado, sin
retroactividad y sometido al reconocimiento de intereses.26
Por ello, aunque la Ley 60 de 1993 y el Decreto 196 de 1995 regularon lo relativo
a la afiliación de los docentes territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, ello no quiere decir que a partir de ese trámite empezaba
26
A partir de lo previsto en el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968, la liquidación de las cesantías de los
empleados públicos del orden nacional, es anual y no retroactiva.
19
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Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
a regir el sistema anual, pues, para todos los docentes cuya vinculación laboral
iniciaba desde el 1 de enero de 1990, se previó la liquidación de la prestación bajo
ese régimen -anual- sin importar que estos fueran nacionales, nacionalizados
o territoriales.27
La Sala no desconoce que tanto la Ley 91 de 1989, como el artículo 3 del Decreto
196 de 1995 contienen la clasificación de docentes, como nacionales,
nacionalizados y territoriales; sin embargo, ello no quiere decir que tal enunciación
hubiera tenido el propósito de aplicar, a estos últimos, el régimen prestacional de
la entidad territorial correspondiente, sino realizar una diferenciación que tendría
repercusión, en particular, para aquellos que venían con una vinculación anterior.28
En tales condiciones, esta Subsección debe precisar que si bien es cierto la
incorporación de los docentes territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, que se produciría a partir de lo dispuesto en el Decreto
196 de 1995, garantizaba el régimen prestacional que tuvieran al momento de su
incorporación, también lo es que en el caso del demandante, para efecto de la
liquidación de sus cesantías, el régimen que debía aplicarse no era otro que el
anualizado contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues su
vinculación laboral se produjo con posterioridad a esa disposición.
Precisamente, las pruebas demuestran que el ingreso del señor Jesús Hernando
Alvarado Yacuma, como docente al servicio del municipio de Tauramena ocurrió el
7 de febrero de 1994, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha
establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para que entrara en vigor el
sistema de liquidación de cesantías allí contemplado, y que regía en caso de
nuevas vinculaciones docentes; por lo tanto, es forzoso concluir que el actor se
debe someter al régimen anualizado previsto en dicha norma.
27
Tal es la interpretación que le ha dado la Sala a las disposiciones que en materia de cesantías aplican a los
docentes, tal como se ha dejado sentado, entre otras, en providencia del 19 de octubre de 2017, radicación:
20001 23 39 000 2014 00289 01, número interno: 5010-15, M.P. William Hernández Gómez.
28
Entendiéndose anterior, aquella producida previamente a la vigencia de la Ley 91 de 1989.
20
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,29 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de
la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas
se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo
así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a
la parte demandante, por cuanto se resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto en el sub lite y el FNPSM intervino en esta instancia
presentando alegatos de conclusión.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
21
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del demandante, razón por la que
deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, en cuanto declaró la excepción de
prescripción y negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por
el señor Jesús Hernando Alvarado Yacuma contra la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales deberán ser liquidadas por el a quo.
Tercero. Reconocer personería al abogado Luis Alfredo Sanabria Ríos como
apoderado principal de la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme al poder que obra en la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado. Igualmente, se reconoce a la abogada Lina Lizeth
Cepeda Rodríguez como apoderada sustituta de dicha parte, en atención a la
sustitución radicada también en la referida plataforma.
22
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00147-01 (1342-2020)
Demandante: Jesús Hernando Alvarado Yacuma
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente en comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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