Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00105-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00105-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2019-00105-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiséis (26) febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1
Vinculado: Fiduprevisora S.A2
Tema: reliquidación de cesantías parciales. Subtema 1: régimen de liquidación de
cesantías parciales del personal docente; reiteración jurisprudencia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 28 de enero de 2021, por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Luz Mery Vanegas Vargas solicitó la nulidad parcial de la Resolución
núm. 1145 del 26 de abril de 2019 expedida por la Secretaría de Educación de
Casanare, mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de una cesantía
parcial. Sostuvo que dicho reconocimiento debió efectuarse conforme al régimen de
retroactividad, por cuanto, a su juicio, este era el sistema aplicable en atención a
que prestó sus servicios como docente desde el 8 de febrero de 1989.
1 En adelante Fomag.
2 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf, 13_ED_ACTUACIONE_07AUTOADMISORIOPD.
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Luz Mery Vanegas Vargas, mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.
2.1.1. Pretensiones
i. Declarar la nulidad parcial de la Resolución núm. 1145 del 26 de abril de
2019, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare, por medio de
la cual se le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías parciales.
ii. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar a la actora sus cesantías parciales de manera retroactiva,
puesto que su vinculación como docente es desde el 8 de febrero de 1989,
con la inclusión de los factores salariales devengados, liquidados con base
en el último salario, de conformidad con lo previsto en la Ley 6ª de 1945,
Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947.
iii. Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag al pago de
las diferencias que resulten entre los valores pagados conforme a la
Resolución núm. 1145 del 26 de abril de 2019 y aquellos que surjan de la
reliquidación retroactiva de la cesantía parcial.
iv. Condenar a la parte accionada a consignar las sumas adeudadas
debidamente indexadas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), así como reconocer los intereses moratorios y dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4. Por último, condenar en
costas a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así5:
i. La señora Luz Mery Vanegas Vargas ha prestado sus servicios al municipio
de Tauramena en calidad de docente con vinculación municipal desde el 8
de febrero de 1989.
3 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDA.
4 En adelante CPACA.
5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDA, folios 5 al 6.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
ii. La demandante el 28 de febrero de 2019 solicitó al Fomag, a través de la
Secretaría de Educación de Casanare, el reconocimiento de sus cesantías
parciales, las cuales fueron reconocidas mediante Resolución núm. 1145 del
26 de abril de 2018, por un valor de $24.675.601. Acto administrativo que fue
notificado el 8 de mayo de 2019.
iii. Indicó que, a pesar de la fecha de su vinculación como docente municipal, la
liquidación de sus cesantías fue realizada con base en lo previsto en el literal
b), numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y no conforme a la Ley 6ª
de 1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946; decreto 1160 de 1947 que
prevén su pago de forma retroactiva.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122; las leyes 6ª de 1945, artículos 12 y 17, literal
a), 65 de 1946, artículo 1; 60 de 1993, artículo 6; 115 de 1994, artículo 176; 1071
de 2006, artículo 5; 344 de 1996, artículo 13; 4ª de 1992, artículo 2; decretos 1160
de 1947, artículos 1, 2, 5 y 6; 2767 de 1945, artículo 1; 1848 de 1969, artículo 89;
1045 de 1978, artículos 5, 40 y 45; 2563 de 1990, artículos 7 y 9;196 de 1995,
artículo 5;1582 de 1998, artículo 1.
4. Precisó que, la accionada al no tener en cuenta el tiempo real de vinculación,
desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, según el cual, a partir
de la publicación de la referida normativa, quienes se vinculen a entidades del
Estado quedarán sometidos al régimen de cesantía anualizadas, lo que implica que
hasta el 31 de diciembre de 1996 subsistió el régimen retroactivo de cesantías, tanto
parciales como definitivas, para los empleados públicos del orden territorial.
5. Señaló que, con la expedición de la Ley 60 de 1993, el legislador pretendió
conservar los derechos adquiridos y el respeto por el régimen prestacional vigente
en cada entidad territorial para los docentes departamentales, municipales o
distritales.
6. Sostuvo que el artículo 5 del Decreto 196 del 25 de enero de 1995 dispuso
que a los docentes afiliados al Fomag al momento de su entrada en vigor se les
debía garantizar el respeto por el régimen prestacional vigente al tiempo de su
vinculación. En consecuencia, a los no cobijados por la Ley 91 de 1989, es decir,
los nacionales y nacionalizados, les resultaba aplicable el régimen de retroactividad
de las cesantías propio de los empleados públicos del orden territorial, el cual se
mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 344 de 1996.
7. Indicó que cumple con los requisitos legales para que la entidad accionada
le reconozca, reliquide y pague sus cesantías parciales con el régimen retroactivo.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
2.2. Contestación de la demanda
8. El Departamento de Casanare, por medio de apoderada, contestó la
demanda6 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que no le
corresponde asumir la obligación. Sostuvo que, en el evento de accederse a lo
solicitado, la competencia para el reconocimiento y pago recae en el Fomag y en la
Fiduprevisora7.
9. Propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989 y la Ley 962 de 2005, el Fomag
fue creado como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
sin personería jurídica cuyo fin es el de efectuar el pago de las prestaciones sociales
de sus afiliados. En este sentido, insistió que es dicha entidad la responsable de
atender las pretensiones incoadas en el presente asunto.
10. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y la Fiduprevisora S.A
no contestaron la demanda.
11. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento de Casanare, se advierte que mediante providencia
del 3 de septiembre de 20208, el Tribunal la declaró probada.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia el 28 de enero de
20219 en la que negó las pretensiones de la demanda y no consideró procedente
condenar en costas a la demandante. La decisión se sustentó en las siguientes
consideraciones:
13. La demandante ostenta la calidad de docente con vinculación departamental.
Asimismo, afirmó que mediante Resolución núm. 1074 del 24 de abril de 2019
expedida por la Secretaría de Educación Departamental se le reconoció el pago de
unas cesantías parciales con destino a reparación de vivienda.
14. Precisó en relación con la vinculación laboral de la docente lo siguiente10:
6 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 21_ED_ACTUACIONE_15CONTESTACIOD.
7
Administradora de los recursos del Fomag.
8 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 29_ED_ACTUACIONE_23AUTO85001233300.
9 Samai, Tribunal Administrativo de Casanare, exp. 85001-23-33-000-2019-00105-00, índice 019.
10 Cuadro visible en la sentencia objeto de apelación. Samai, Tribunal Administrativo de Casanare, exp. 85001-
23-33-000-2019-00105-00, índice 019, folios 10 y 11.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acto de Lugar de Contratante Duración Desde Hasta
vinculación prestación
del servicio
Contrato de Tauramena Intendencia de 9 meses y 8 de 30 de
trabajo 0137 Casanare 22 días febrero de noviembre
1989 de 1989
Contrato de Tauramena Intendencia de 11 meses y 16 de abril 31 de marzo
prestación Casanare 15 días de 1990 de 1991
de servicios
0164
Contrato a Tauramena Intendencia de 1 año 1 de abril 31 de marzo
término fijo Casanare de 1991 de 1992
0384
Contrato a Tauramena Departamento 11 meses 18 de 18 de
término fijo de Casanare enero de diciembre
623 1993 de 199311.
15. Indicó que su nombramiento en propiedad se produjo el 31 de enero de 1994
como docente en la Escuela Rural Municipal La Batallera en el municipio de
Tauramena. Igualmente, señaló que para tener derecho al régimen de cesantías
retroactivas es necesario que el docente se encuentre vinculado de manera
continua con anterioridad al 1 de enero de 1990, lo que no ocurrió en el presente
asunto. Por consiguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, las cesantías de la demandante deben ser liquidadas anualmente, tal
como lo hizo la entidad accionada.
2.4. Recurso de apelación
16. La demandante, mediante apoderado interpuso recurso de apelación12, con
el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda
a las pretensiones.
17. Consideró que el fallo apelado desconoció de forma evidente la totalidad de
los tiempos de servicio prestados como docente, a partir del 8 de febrero de 1989,
labor ejecutada mediante contratos de trabajo en el municipio de Tauramena.
Señaló que la entidad demandada, al momento de liquidar su cesantía parcial, tomó
como referencia únicamente la fecha de ingreso al magisterio oficial, es decir, el 17
de julio de 1995.
18. Agregó que la entidad demandada no certificó la totalidad del tiempo
laborado, pues en el acto administrativo demandado solo se certificó que fue
11 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 10_ED_ACTUACIONE_04ANEXOS, folios 16 al 17.
12 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 62_ED_ACTUACIONE_56RECURSOAPELACIÓN.
5
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
nombrada desde el 8 de febrero de 1989, y se limitó a indicar que su ingreso a la
docencia oficial fue a partir del 17 de julio de 1995.
19. Adujo que el fallador de primera instancia desconoció precedentes
jurisprudenciales como la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca13, en la que se dispuso:
En ese orden de ideas, la Sala colige que la modalidad del nombramiento sea en
propiedad o temporal, no determina quienes pueden o no ser afiliados al FOMAG,
pues lo necesario para el ingreso del docente al citado fondo, es la existencia de la
relación legal y reglamentaria con la administración.
Así las cosas, resulta claro que al determinarse que el demandante estuvo vinculado
como docente territorial en temporalidad antes del 1º. de enero de 1990, le asiste
derecho a que sus cesantías sean liquidadas de manera retroactiva, de suerte que
no puede considerarse que el 03 de diciembre de 1989 hubo una ruptura laboral del
actor con la docencia oficial, pues el tiempo en que el docente estuvo desvinculado
corresponde al periodo de vacaciones (…).
20. Sostuvo que de conformidad con lo decidido en la sentencia apelada, la Ley
91 de 1989 modificó la manera de liquidar las cesantías a los docentes, cuando
realmente la referida ley en ningún momento varió la forma de liquidación del auxilio
de los docentes vinculados por las entidades territoriales, ya que de conformidad
con lo previsto en la Ley 60 de 1993 «el personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial».
21. Insistió que debe aplicarse para el presente asunto el régimen de
retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y que estuvo
vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, la cual cambió la forma de
realizar la liquidación del auxilio, que a su vez fue reglamentada por el artículo 5 del
Decreto 1582 de 1998 que dispuso que los servidores del nivel territorial vinculados
antes del 31 de diciembre de 1996 se les debe respetar el régimen retroactivo.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 5 de mayo de 202214, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.
13 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 21 de junio de 2019, exp. 25000-23-42-000-2017-
05499-00.
14 Samai, índice 006.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas
en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el
artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de apelación contra
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, en los términos del artículo 32815 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
25. ¿Le asiste derecho a la señora Luz Mary Vanegas Vargas a que sus
cesantías parciales sean reliquidadas con fundamento en el régimen de
retroactividad, por haber sido vinculada a la docencia oficial con anterioridad al 1 de
enero de 1990?
26. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen de liquidación de cesantías de los docentes, (ii) el régimen de
cesantías aplicable a los empleados públicos. A partir de las anteriores
consideraciones se destacarán (iii) hechos probados y (iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes
27. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación16 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»17, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:
15 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
16 Artículo 3.
17 Artículo 4.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.
28. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará
un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).
29. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
desde el 1.° de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional18.
3.3.2. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
30. La Ley 91 de 1989 respetó los derechos adquiridos de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 respecto de la aplicación del régimen
de cesantías que regía a los empleados públicos del orden territorial, por lo que,
sobre el particular, cabe recordar que la Ley 6 de 1945 regulaba el régimen de
cesantías retroactivo, en los siguientes términos:
Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones sociales:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de
servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
[…].
31. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.
32. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196819, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.
33. Luego, la Ley 344 de 199620 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularán a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
[…].
34. Mediante el Decreto 1582 de 199821 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
19 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
20 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
21 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:
Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.
35. Por su parte, el Decreto 1919 de 200222, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
36. De acuerdo con el anterior recuento normativo, a los empleados públicos que
se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 se les respetó la posibilidad de
conservar el régimen de cesantías retroactivo, mientras que para los incorporados
al servicio oficial con posterioridad a dicha fecha, sus cesantías se regirían por el
sistema anualizado que fue creado por la Ley 50 de 1990 para el sector privado de
conformidad con la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley 91
de 1989 para el personal docente oficial, como lo estableció el artículo 13 de aquella
normativa.
3.4. Hechos probados
37. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:
38. La señora Luz Mery Vanegas Vargas celebró contrato de trabajo núm. 0137,
con la intendencia de Casanare, para prestar sus servicios como docente desde el
8 de febrero de 1989 al 30 de noviembre del mismo año23.
39. Por medio de contrato de prestación de servicios núm. 002, se vinculó a la
intendencia de Casanare para ejercer labores educativas en el municipio de
Tauramena, entre el 17 de abril de 1990 hasta el 31 de marzo de 199124.
22
Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
23 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folio 5.
24 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
11 y 12.
11
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40. La demandante suscribió contrato de trabajo núm. 0164 con la intendencia
de Casanare, para ejercer como docente desde el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de
marzo de 199225.
41. Igualmente, celebró los contratos de trabajo y de servicio con la gobernación
de Casanare núm. 384 y 623, por los periodos comprendidos entre el 1 de abril al
31 de diciembre de 1992; y el 18 de enero al 18 de diciembre de 1993,
respectivamente26.
42. Mediante Decreto 014 del 31 de enero de 1994, expedido por el alcalde de
Tauramena, la actora fue nombrada en propiedad como docente de básica primaria
en la Escuela Rural Municipal la Batallera, cargo del cual tomó posesión el 4 de
febrero de la misma anualidad27.
43. Se observa, además, certificación emitida por el alcalde municipal de
Tauramena en la que se indicó los periodos laborados por la demandante28.
44. Constan formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral
expedido por el Fomag, en el que se consigna que el régimen de cesantías de la
actora es el anualizado29.
45. A través de la Resolución núm. 1145 del 26 de abril de 2019, objeto de la
demanda, el secretario de educación de Casanare reconoció a la docente la suma
de $24.675.601 por concepto de cesantías parciales, con destino a reparación y
ampliación de vivienda30.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
46. Corresponde determinar si a la demandante le asiste razón en cuanto a la
procedencia de reliquidar las cesantías parciales conforme al régimen de
retroactividad. Sostiene que debe aplicarse dicho sistema, por cuanto su vinculación
como docente ocurrió con anterioridad al 1 de enero de 1990.
47. La primera instancia negó lo pretendido al considerar que, pese a que la
actora registró varias vinculaciones temporales, estas no tuvieron carácter continuo
antes del 1 de enero de 1990. Además, advirtió que su nombramiento en propiedad
únicamente se produjo el 31 de enero de 1994. En consecuencia, afirmó que, de
conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la liquidación de sus cesantías
25 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
13 y 14.
26 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
18 al 21.
27
Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
22 al 24.
28 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folio
36.
29 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
231 al 233 / 295 al 296.
30 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
280 al 283.
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debe efectuarse bajo el régimen anualizado, tal como lo realizó la entidad
demandada.
48. Esta Sala, a partir del análisis de los medios de prueba recaudados,
encuentra demostrado que la vinculación de señora Luz Mery Vanegas Vargas al
ejercicio docente, ocurrió de la siguiente manera: (i) contrato de trabajo desde el 8
de febrero de 1989 al 30 de noviembre del mismo año; (ii) contrato de prestación de
servicios a partir del 16 de abril de 1990 al 31 de marzo de 1991; (iii) contrato de
trabajo a término fijo desde el 1 de abril de 1991 al 31 de marzo de 1992; (iv) contrato
de servicios desde el 18 de enero de 1993 al 18 de diciembre del mismo año; y (v)
nombramiento en propiedad mediante Decreto 014 del 31 de enero de 1994,
expedido por el alcalde de Tauramena.
49. En este sentido, y de conformidad con el marco normativo de la presente
providencia, resulta claro que la relación legal de la demandante, en calidad de
docente con el municipio de Tauramena, inició cuando tomó posesión del cargo por
nombramiento en propiedad, es decir, 4 de febrero de 1994. Así se observa en el
formato único para la expedición de certificados de salarios y de historia laboral del
Fomag, fechado el 14 de febrero de 201331.
50. Aunado a lo expuesto, la demandante solicitó sus cesantías parciales, las
cuales fueron reconocidas mediante la Resolución núm. 1145 del 26 de abril de
2019, expedida por el secretario de educación de Casanare32 y liquidadas conforme
al régimen anualizado. No obstante, al presentar el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, la actora insistió que el régimen aplicable debía ser
el retroactivo, por considerar que su vinculación data del 8 de febrero de 1989.
51. Sobre el particular, se reitera que el literal b) del numeral 3 del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 preceptúa que a los educadores con vinculación a partir del 1.°
de enero de 1990, el Fomag les reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, calculadas anualmente
y sin retroactividad; en tal sentido, como lo ha precisado esta Sección, la norma
cobijó a todos los docentes con independencia del tipo de vinculación nacional,
nacionalizado o territorial, sin que sea dable la aplicación de la Ley 344 de 1996,
que excluyó al personal docente regido por la Ley 91 de 198933.
52. En el presente asunto está demostrado que, si bien la demandante tuvo una
vinculación con anterioridad al 1 de enero de 1990, según contrato celebrado por el
período comprendido entre el 8 de febrero de 1989 al 30 de noviembre de 1989, lo
cierto es que existió solución de continuidad porque el siguiente contrato se
suscribió el 16 de abril de 1990. Por consiguiente, no puede considerarse la
31 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
231 al 233.
32 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
280 al 283
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
27 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16).
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
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vinculación inicial para efectos de concluir que el régimen de cesantías aplicable
sea el que aduce la actora.
53. En relación con el argumento de la recurrente, según el cual la entidad
demandada no certificó la totalidad del tiempo laborado, debido a que el acto
acusado únicamente acreditó su ingreso al magisterio oficial a partir del 17 de julio
de 1995, resulta claro que dicha inconformidad no resulta atendible. Lo anterior
obedece a que, conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, se
demostró que la demandante no acreditó un ejercicio continuo y sin solución de
continuidad durante el periodo que pretende hacer valer.
54. Si bien la resolución que reconoció las cesantías parciales tomó como fecha
de ingreso a la docencia oficial el 17 de julio de 1995, la verificación del expediente
permite establecer que dicho nombramiento en propiedad tuvo lugar el 31 de enero
de 1994 y que la posesión del cargo ocurrió el 4 de febrero del mismo año. Sin
embargo, esta inexactitud no modifica la conclusión esencial —la actora no cumplió
el tiempo continuo requerido antes del 1 de enero de 1990 para acceder al régimen
de retroactividad en el reconocimiento de sus cesantías—34.
55. Por otra parte, los argumentos de la apelación relacionados con el
desconocimiento de la jurisprudencia de algunos tribunales administrativos y de
esta misma Corporación, sea lo primero precisar que las subsecciones que integran
esta Sección Segunda tienen una línea jurisprudencial consolidada acerca de la
aplicación del régimen de liquidación anual de cesantías para todos los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1990, de conformidad con la Ley 91 de 1989,
para lo cual, es preciso analizar la continuidad en la prestación del servicio docente
con la finalidad de establecer la fecha determinante para la aplicación del régimen
correspondiente35.
56. En reciente jurisprudencia, esta Subsección, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2025, proferida en el expediente 25000-23-42-000-2017-00503-01
(2978-2022), precisó que el reconocimiento del derecho de un docente al régimen
retroactivo de cesantías exige verificar si la vinculación existente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 mantuvo continuidad en la prestación del
servicio educativo. En consecuencia, cuando la misma se ve interrumpida y el
docente adquiere una nueva posesión con posterioridad al 1 de enero de 1990, este
queda sometido al régimen anualizado de cesantías, cuyo reconocimiento y
liquidación deben efectuarse conforme a dicho sistema36.
34 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 48_ED_ACTUACIONE_42EXPEDIENTEADML, folios
22 al 24. Decreto 014 de 1994 «Por medio del cual se nombre en propiedad a un docente de Básica Primaria
en la Escuela Rural Municipal La Batallera» y la posesión del cargo.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5
de febrero de 2015, exp. 85001-23-33-000-2019-00051-01 (0124-2022).
36 Criterio reiterado por la Corporación en las siguientes sentencias: (i) 27 de noviembre de 2017, exp. núm.
70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16); (ii) 23 de junio 2022, exp. núm. 85001-23-33-000-2018-00147-01
(1342-2020); (iii) 25 de abril de 2024, exp. núm. 85001-23-33-000-2019-00002-01 (0470-2021); (iv) 26 de
septiembre de 2024, exp. núm. 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022); (v) 12 de septiembre de 2024,
exp. núm. 19001-23-33-000-2019-00138-01 (1878-2024): (vi) 29 de noviembre de 2024, exp. núm. 15001-23-
33-000-2020-02454-01 (2122-2024).
14
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
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de Prestaciones Sociales del Magisterio
57. Conforme a lo hasta aquí planteado, la decisión del Tribunal Administrativo
de Casanare resulta respetuosa del precedente judicial vigente de esta
Corporación, como órgano de cierre de esta jurisdicción. En cuanto a la fuerza
vinculante del precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional37 ha precisado:
En esos términos, esta Corporación precisó que “[e]l derecho de acceso a la
administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad
del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la
sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del
principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas
de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces
va a ser razonable, consistente y uniforme”38.
Lo anterior indica que en el ejercicio de la función judicial se expresa, de una parte,
el principio de legalidad a la hora de hallar el contenido normativo de la disposición
y así establecer, en estricto sentido, el derecho aplicable, y, de la otra, el principio
de igualdad que exige, por parte de la autoridad encargada de administrar justicia,
la efectiva verificación de que ante procesos que obedezcan a las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas, sean aplicados los mismos derechos, deberes y
obligaciones.
58. Así las cosas, no es factible la liquidación de las cesantías parciales por el
régimen de retroactividad como lo pretende la demandante, dado que al haber
perdido continuidad en la prestación del servicio como docente entre el 30 de
noviembre de 1989 «fecha en la que terminó su primer vínculo laboral» y el 16 de abril
de 1990 «cuando inició el siguiente contrato», para esta última ya era aplicable el
régimen anualizado de cesantías. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión de la decisión
59. En atención a lo consignado, la Sala concluye que a la señora Luz Mery
Vanegas Vargas no le asiste derecho a que sus cesantías parciales sean
reliquidadas conforme el régimen retroactivo, puesto que la liquidación anual se
aplica a los docentes designados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
91 de 1989, como ocurre en su caso. Si bien tuvo vinculaciones en la prestación del
servicio educativo con anterioridad a dicha ley, no logró acreditar la continuidad
entre su primera vinculación y las posteriores para el reconocimiento del auxilio. En
consecuencia, la resolución demandada conserva su legalidad.
4. Costas
60. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario39 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
37
Corte Constitucional, sentencia SU-406 del 2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; reiterada en fallo T-
210 de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
38 Sentencia C-836 de 2001.
39
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare
del 28 de enero de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad
con la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00105-01 (2865-2021)
Demandante: Luz Mery Vanegas Vargas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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