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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01021-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01021-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” que negó las pretensiones de la demanda, según las motivaciones expuestas en la parte considerativa. 26 de septiembre de 2024, radicación: 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022), M.P Luis Eduardo Mesa Nieves. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2021-01021-01 Demandante: Melina Peñaranda Martínez SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-01021-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de marzo de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01021-01
Demandante: Melina Peñaranda Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-01021-01 (6020-2023)
Demandante: Melina Peñaranda Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Temas: Régimen de cesantías retroactivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 21 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “F” que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La señora Melina Peñaranda Martínez por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
que se declare la nulidad parcial de la Resolución 6391 del 19 de noviembre de
2020, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Bogotá reconoció y
ordenó el pago de las cesantías definitivas con el régimen anualizado.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías con el régimen
de retroactividad, ii) se indexen las sumas de dineros adeudadas y iii) se
condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01021-01
Demandante: Melina Peñaranda Martínez

5. La señora Melina Peñaranda Martínez laboró como docente oficial con
vinculación temporal tiempo completo, desde el día 17 de marzo de 1987 hasta
el 21 de julio de 2020.

6. El 30 de octubre de 2020, solicitó ante la Secretaría de Educación de Bogotá –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas.

7. La precitada Secretaría mediante la Resolución 6391 del 19 de noviembre del
mismo año, reconoció y ordenó el pago de la prestación con base en el régimen
anualizado.

Fundamentos de derecho y concepto de violación

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 16, 25,
29, 48, 53, 58 y 228 de la Constitución Política; Ley 4ª de 1992, Ley 5ª de 1969,
Ley 91 de 1989, Leyes 57 y 153 de 1887.

9. En síntesis, en el concepto de violación expuso que la Secretaría de Educación
de Bogotá, en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio al negar el derecho al reconocimiento y pago de las
cesantías con el régimen de retroactividad, impide que la demandante reciba
en forma puntual el pago de la totalidad de la prestación.

10. Sostuvo que para el reconocimiento de las cesantías con el régimen de
retroactividad se debe tener en cuenta la vinculación temporal tiempo completo,
tal como lo ha sostenido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado en diferentes providencias.

Contestación de la demanda1

11. La Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se pronunció sobre los hechos y se opuso a todas y
cada una de las pretensiones de la demanda.

12. Comoquiera que la actora se vinculó el 8 de febrero de 1993, el régimen de
cesantías aplicable es el anualizado. Por lo tanto, el acto administrativo acusado
no se encuentra inmerso en causal alguna de nulidad.

13. Por último, propuso la excepción de «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad».

1 PDF 16 del expediente digital.

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Sentencia de primera instancia2

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“F” mediante sentencia del 21 de junio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas, pues consideró lo siguiente:

15. La señora Melina Peñaranda Martínez laboró como docente al servicio del
Distrito de Bogotá del 17 de marzo de 1987 al 30 de noviembre de 1992, con
interrupciones en temporalidad3 – tiempo completo, y desde el 8 de febrero de
1993, en propiedad, esto es, con posteridad a la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989.

16. Esta norma no exige que a la fecha de su promulgación la docente deba haber
estado vinculada al servicio mediante nombramiento en propiedad para tener
derecho a conservar el régimen de retroactividad en cesantías, siendo admisible
que su vinculación hubiese sido con carácter temporal. No obstante, si entre
una vinculación y otra se presenta solución de continuidad, esto es, interrupción
en el servicio, no es viable tener en cuenta la primera vinculación para efectos
de determinar el régimen aplicable al reconocimiento y pago de las cesantías,
pues una vez culminada dicha relación laboral, la prestación fue liquidada y
pagada, de tal suerte que con el nuevo nombramiento y posesión, surge una
nueva relación laboral que se rige por las normas vigentes.

17. En ese escenario, como se acreditó con la certificación del 8 de diciembre de
2013, expedida por la SED, a la docente le fueron liquidadas sus cesantías de
manera definitiva en los periodos correspondientes a las vinculaciones
temporales que tuvo con esa entidad entre el 17 de marzo de 1987 y el 1° de
diciembre de 1992, año a año, es palpable concluir que hubo terminación de la
relación laboral en cada caso, por lo que, a partir del 8 de febrero de 1993, fecha
en la que tomó posesión de su cargo en propiedad, comenzó un nuevo
nombramiento.

Recurso de apelación4

18. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, sustentándolo en los siguientes términos:

«Para el caso concreto de la demandante, la señora ANA LILIA MENDOZA
FERNÁNDEZ, laboró como docente oficial al FOMAG con vinculación Territorial
DISTRITAL - Recursos propios desde el día 17 de marzo de 1987 realizando aportes
a la seguridad social a través de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL DISTRITO y
desde el 08 de febrero de 1993 a través del FOMAG, tal y como se certifica en el

2
PDF 37 del expediente digital.
3 Término utilizado el tribunal.
4 PDF 40 del expediente digital.

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Demandante: Melina Peñaranda Martínez

FORMATO ÚNICO PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SALARIOS que obra
dentro de los anexos del escrito de demanda, es decir, como se señaló anteriormente
por ser docente con fuente de recursos DISTRITAL-RECURSOS PROPIOS que se
vinculó con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, laborando por el calendario escolar
de cada año desde el año 1985 hasta el retito del servicio, se le debe reconocer y pagar
sus cesantías de forma RETROACTIVA, conforme lo señalado en el artículo 17 de la
Ley 6ªde 1945; el artículo 1º del Decreto 2767 de 1945; el artículo 1º de la Ley 65 de
1946; los artículos 1º y 2º del Decreto 1160 de 1947 y los Decretos 2755 de 1966, 899
de 1991 y ley 91 de 1989. En este punto es importante no perderse de vista que, los
docentes con vinculación Temporal tiempo completo prestaban los servicios en
igualdad de condiciones y obligaciones a los demás docentes así mismo, a la docente
al realizarse la vinculación a través de la Resolución N° 202 de fecha 01 de febrero de
1993, se dio sin que realmente la intención de la administración fuera la interrupción
del servicio de cada docente con la administración, y por el contrario se dio urgencia
en la continuidad de la prestación del servicio del docente para garantizar el servicio
de Educación pública.5»

19. También, puso de presente que se tengan en cuenta los pronunciamientos
emitidos por el Consejo de Estado, entre ellos el fallo de tutela del 3 de octubre
de 2019 y la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

20. Mediante el auto del 5 de marzo de 20246, se admitió el recurso de apelación.

21. Dentro de la oportunidad legal para ello, las partes y el agente del Ministerio
Público guardaron silencio.

22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver el recurso de apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

24. De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está

5 Transcripción con errores incluidos.
6
Actuación visible a índice 06 de la plataforma SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Melina Peñaranda Martínez

circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo
una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso.

Problema jurídico

25. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante, en su calidad
de docente, le asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el
régimen retroactivo o si, le es aplicable el régimen anualizado, como lo
consideró el tribunal de primera instancia.

26. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías, iii)
Régimen de cesantías a favor de los docentes, iv) Hechos probados y v) Caso
concreto.

Cesantías

27. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante, sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, para que tenga un respaldo que no
comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»8

28. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro
de los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el
pago de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a
la dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías9.

29. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

30. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y
el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente10.

31. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del

8 SU 448 de 2016, SU 098-18.
9
Sentencia C-486 de 2016
10«por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»

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Demandante: Melina Peñaranda Martínez

poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.

Régimen anualizado de cesantías

32. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 11, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional. En el artículo 27, se estableció un
régimen anualizado en los siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»

33. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49.

34. El régimen anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho
fondo hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998.

35. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199612, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;

11
Artículo 1° del mencionado Decreto.
12 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

36. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se
extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el
Decreto 1582 de 199813.

37. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se
les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.

38. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo
dispuesto en los artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de
2002.

Régimen de cesantías a favor de los docentes

39. La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», lo hizo como una cuenta especial de la
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.” Dicho
fondo sería el encargado del pago de las prestaciones sociales causadas a
favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación
de dicha ley.

40. Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las
entidades territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente. Al
tenor:

«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]

13 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»

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5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.»

41. De manera que, con la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, en lo concerniente
a las cesantías, sin discriminar entre docentes territoriales, nacionales o
nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, lo siguiente:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta
el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional». (Negrilla fuera de texto)

42. Luego, con la Ley 812 de 200314, se precisó el régimen prestacional de los
docentes oficiales. Así para los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales “que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.” Además, señaló
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “se
administrará en subcuentas independientes, correspondiente a los
recursos de pensiones, cesantías y salud.” (Negrilla y subrayados de la
Sala).
14 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.

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43. En consecuencia, de acuerdo con las normas antes relacionadas, los docentes
vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1990 hacen parte del régimen
anualizado de cesantías y no del régimen retroactivo.

Hechos probados

44. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente 15, la Sala
encuentra acreditado que la demandante estuvo vinculada como docente
temporal – tiempo completo durante los años de 1987 a 1992, y a partir del año
1993 fue nombrada en propiedad, tomando posesión del cargo el 8 de febrero
de ese mismo año, tal como se observa del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral.

45. A la demandante le fueron pagadas las cesantías de los periodos: i) 17/3/1987
a 1/12/1988, ii) 16/1/1989 a 3/12/1989, iii) 22/1/1990 a 2/12/1990, iv) 21/1/1991

15 Formato único para la expedición de certificado de historia laboral visible en las páginas 18 y 19 del expediente

digital.

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a 2/12/1991 y 21/1/1992 a 1/12/1992, tal como fue certificado por la oficina de
personal de la Alcaldía de Bogotá16.

46. A través de la Resolución 1415 del 27 de febrero de 201417, la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá, reconoció y ordenó el pago de las cesantías
parciales a la docente Melina Peñaranda Martínez con el régimen anualizado.
En las consideraciones del acto administrativo se mencionó que la solicitud se
radicó el 9 de diciembre de 2013.

47. A través de la Resolución 6391 del 19 de noviembre de 2020 18 la SED, en
nombre del FOMAG, reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas a
favor de la demandante como docente distrital, en cuantía de 59.213.464 COP.
En las consideraciones del acto administrativo se mencionó que la solicitud se
radicó el 21 de septiembre de ese mismo año.

Caso concreto

48. En el recurso de apelación, se alegó que la parte actora a diferencia de lo dicho
por el tribunal en la sentencia ha sostenido una vinculación laboral
ininterrumpida desde 17 de marzo de 1987. No obstante, del recuento de
hechos probados, advierte la Sala que la relación laboral de la señora Melina
Peñaranda Martínez fue a través de vinculaciones temporales tiempo completo,
es decir que tienen un inicio y fin, situación que no garantiza la continuidad en
el régimen retroactivo.

49. En ese escenario, si bien la demandante prestó sus servicios como docente en
el distrito desde 17 de marzo de 1987 -antes de la entrada en vigor de la Ley 91
de 1989-, lo cierto es que se produjo a través de diferentes relaciones laborales
con interrupciones que superan más del mes entre uno y otro vínculo. Véase:

Vinculación Inicio Finalización

1 Temporal, tiempo completo 17 de marzo de 1° de diciembre de
1987 1988
Interrupción de más de 1 mes

2 Temporal, tiempo completo 16 de enero de 3 de diciembre de
1989 1989
Interrupción de más de 1 mes

3 Temporal, tiempo completo 22 de enero de 2 de diciembre de
1990 1990

16
Página 20 del expediente digital.
17 Páginas 4 a 6 del expediente digital.
18 Páginas 3 a 9 del cuaderno de traslado de la demanda.

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Demandante: Melina Peñaranda Martínez

Interrupción de más de 1 mes

4 Temporal, tiempo completo 21 de enero de 2 de diciembre de
1991 1991
Interrupción de más de 1 mes
Temporal, tiempo completo
5 21 de enero de 1 de diciembre de
1992 1992

50. Lo anterior, permite concluir a la Sala que la vinculación que determina en este
caso el régimen de cesantías aplicable a la señora Peñaranda Martínez, es la
del 8 de febrero de 199319; en tanto a partir de dicha fecha inició su relación en
forma ininterrumpida en el servicio público docente, a través de un
nombramiento. En este sentido, no tiene vocación de prosperidad el argumento
planteado por la parte apelante, que busca considerar el tiempo de servicio
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, pues se reitera que se
trató de varias vinculaciones temporales con interrupciones. Tiempos de
servicios discontinuos, que dada su naturaleza no constituyen una misma
relación jurídica de trabajo, y por ende no garantizan su permanencia en el
sistema retroactivo de cesantías, tal como lo ha sostenido esta Corporación en
reiteradas ocasiones20.

51. Por lo anterior, es forzoso concluir que a la parte demandante le resulta
aplicable el régimen anualizado establecido en la Ley 91 de 1989, el cual rige
para los docentes sin distinción en cuanto a la naturaleza de la vinculación.

52. Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento relacionado con la
aplicación de las providencias proferidas por esta Corporación, entre ellas la del
3 de octubre de 2019 y del 9 de septiembre de 2021, ya que se trata de casos
disímiles al aquí analizado, como el relativo a la primacía de la realidad sobre
las formas.

53. Aunado a lo anterior, esta Corporación como organismo de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha sostenido en forma pacífica que
los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989, gozan del régimen anualizado de cesantías, postura que mantiene la
Subsección21, sin que las vinculaciones temporales garanticen la
permanencia en el régimen retroactivo de cesantías.

19 Tal como se advierte del Formato Único para la expedición de tiempos laborados.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación: 20001-23-

31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-01 (0293-
2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
26 de septiembre de 2024, radicación: 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022), M.P Luis Eduardo Mesa
Nieves.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación: 20001-23-

31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-01 (0293-
2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01021-01
Demandante: Melina Peñaranda Martínez

54. Otro aspecto importante es que las cesantías de la docente para los años 1987
a 1992 fueron pagadas, lo que reafirma que aquellas vinculaciones temporales
terminaron y a partir de su nombramiento en propiedad -8 de febrero de 1993-
se inició un nuevo vínculo sin interrupciones en el servicio, por lo que es esta
última fecha la que se tiene en cuenta para la determinación del régimen de
cesantías.

55. Así las cosas, dadas las particularidades del caso, advierte la Sala que la
demandante no demostró haber ingresado al servicio docente antes de la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 mediante una relación laboral
ininterrumpida y permanecido en ella. Por el contrario, su ingreso continuo fue
después de dicha norma, razón por la que se confirmará la negativa de las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

56. En el caso no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.

57. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos de la apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” que negó las
pretensiones de la demanda, según las motivaciones expuestas en la parte
considerativa.

26 de septiembre de 2024, radicación: 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022), M.P Luis Eduardo Mesa
Nieves.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01021-01
Demandante: Melina Peñaranda Martínez

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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