Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00454-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de marzo de 2025
Radicado: 25001-23-42-000-2021-00454-01
Demandante: Aura Graciela González Pinzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25001-23-42-000-2021-00454-01 (3768-2023)
Demandante: Aura Graciela González Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Temas: Régimen de cesantías retroactivas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “E” que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La señora Aura Graciela González Pinzón por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones 001183 del 15 de septiembre de
2020 y 002055 del 16 de diciembre del mismo año, por medio de las cuales la
Secretaría de Educación de Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio le liquidó las cesantías definitivas con el régimen
anualizado.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías con el régimen
de retroactividad, ii) se cancele la diferencia que resulte una vez realizada la
reliquidación con el régimen retroactivo, iii) el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, iv) el ajuste del valor conforme el IPC que certifique el
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Demandante: Aura Graciela González Pinzón
DANE y (v) el cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
Hechos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. La señora Aura Graciela González Pinzón ha prestado sus servicios como
docente al municipio de Junín de manera ininterrumpida desde el 3 de abril de
1989, vinculación nacional.
6. El 1° de septiembre de 2020, solicitó ante la Secretaría de Educación de
Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, la cual fue resuelta mediante
la Resolución 001183 del mismo mes y año.
7. Sin embargo, la entidad demandada desconoció la totalidad de los tiempos
laborados, ya que su nombramiento se efectuó desde el 3 de abril de 1989 y
para la liquidación se tomó el 27 de abril de 1994.
8. Contra el acto administrativo mencionado anteriormente se interpuso recurso
de reposición, el cual fue resuelto a través de la Resolución 002055 del 16 de
diciembre de 2020, confirmando la decisión inicial.
9. A pesar de la vinculación de la demandante, se aplicó el régimen de cesantías
contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y no el previsto en las Leyes
6ª de 1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, que
prevén que tal liquidación se debe hacer en forma retroactiva.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13,
23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122 de la Constitución Política; 12 y 17, literal a), de la
Ley 6.ª de 1945; 1 del Decreto 2767 de 1945; 1° de la Ley 65 de 1946; 1, 2, 5 y
6 del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto
1045 de 1978; 7 y 9 del Decreto 2563 de 1990; 2, literal a) de la Ley 4.ª de 1992;
6 de la Ley 60 de 1996; 176 de la Ley 115 de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996;
5 del Decreto 196 de 1995; 1 del Decreto 1582 de 1998 y 5, parágrafo, de la
Ley 1071 de 2006.
11. En síntesis, en el concepto de violación expuso que la demandante tiene
derecho a que el reconocimiento y pago de su prestación sea bajo la aplicación
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Demandante: Aura Graciela González Pinzón
de la Ley 6ª de 1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de
1947 y demás normas que consagran su pago de forma retroactiva.
12. El acto administrativo acusado desconoció que por expreso mandato de las
normas antes mencionadas, se debían conceder las cesantías parciales bajo el
régimen retroactivo, dado que la actora demostró cumplir con los requisitos
legales para el efecto.
Contestación de la demanda1
13. La Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se pronunció sobre los hechos y se opuso a todas y
cada una de las pretensiones de la demanda. Con fundamento en lo siguiente:
14. Al vincularse la demandante como docente desde el 27 de abril de 1994, es
evidente que el reconocimiento y pago de las cesantías se encuentra regulado
por lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir
con el régimen anualizado, de tal forma que no resulta procedente que la
prestación sea liquidada en forma retroactiva.
Sentencia de primera instancia2
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“E” mediante sentencia del 10 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante, con base en los
siguientes argumentos:
16. La señora Aura Graciela González Pinzón se vinculó al servicio público docente
en las siguientes modalidades y periodos:
Institución Desde Hasta Modalidad e intensidad
Colegio Departamental 03-04-1989 30-11-1989 Hora cátedra: 24 horas
Nacionalizado Claraval - semanales
Junín
Interrupción: 2 meses y 10 días
Colegio Departamental 12-02-1990 30-11-1990 Hora cátedra: 24 horas
Nacionalizado Claraval - semanales
Junín
Interrupción: 2 meses
Colegio Departamental Ana 01-02-1991 30-11-1991 Hora cátedra: 23 horas
Francisca Lara – Pacho semanales
Cundinamarca Interrupción: 2 meses
01-02-1992 30-11-1992 Hora cátedra: 22 horas
semanales
Interrupción: 2 meses
01-02-1993 30-11-1993 Hora cátedra: 16 horas
semanales
Interrupción: 2 meses
1
PDF 12 del expediente digital.
2 PDF 29 del expediente digital.
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Demandante: Aura Graciela González Pinzón
01-02-1994 31-03-1994 Hora cátedra: 16 horas
semanales
17. Posteriormente, fue nombrada en propiedad como docente en el Colegio
Departamental Nacionalizado Ana Francisca Lara de Pacho Cundinamarca, por
parte de la alcaldía de ese municipio a través del Decreto 067 de 30 de marzo
de 1994, tomando posesión en el cargo desde el 27 de abril de 1994.
18. En lo que respecta al auxilio de cesantías, por medio de la Resolución 001183
de 15 de septiembre de 20203, la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
actuando en nombre y representación del FNPSM, le reconoció sus cesantías
definitivas bajo el régimen anualizado por el periodo comprendido entre los años
1994 y 2019. El cual fue confirmado en todas y cada una de sus partes por la
Resolución 002055 del 16 de diciembre de la misma anualidad.
19. En esos términos, sostuvo que si bien la señora González Pinzón prestó sus
servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, ello se realizó a
través de vinculaciones temporales y por horas cátedras, modalidades que no
garantizan la continuidad, máxime cuando quedó acreditado que transcurrió un
lapso de al menos un mes entre cada uno de los vínculos laborados.
20. La única vinculación continua e ininterrumpida tuvo lugar a partir del 27 de abril
de 1994 cuando fue nombrada en propiedad, es decir con posterioridad a la
vigencia de la Ley 91 de 1989, razón por la que sus cesantías deben liquidarse
con el régimen anualizado.
21. Por último, atendiendo a los artículos 188 del CPACA y el 365 del CGP, condenó
en costas a la demandante, por ser la parte vencida dentro del proceso.
Recurso de apelación4
22. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia en el cual solicitó «se provea favorablemente
concediendo este recurso, para que sea remitido al Honorable Consejo de
Estado, y sea éste quien ordene el reconocimiento y pago de la totalidad de las
pretensiones en las condiciones y por los montos señalados en la demanda».
El cual sustentó en los siguientes términos:
23. La sentencia de primera instancia desconoció la totalidad de los tiempos
laborados por la señora Aura Graciela González Pinzón, puesto que la docente
fue nombrada de forma ininterrumpida en el municipio de Junín desde el 3 de
abril de 1989; y las entidades al realizar la liquidación de las cesantías parciales
tomaron como fecha de ingreso la del 27 de abril de 1994.
3 Confirmada por medio de la Resolución 002055 de 16 de diciembre de la misma anualidad
4 PDF 31 del expediente digital.
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24. El ente territorial certificó que la demandante fue nombrada desde el 3 de abril
de 1989, pero liquidó sus cesantías a partir del 27 de abril de 1994, pese a que
debió certificar todo el tiempo laborado, en virtud de la historia laboral que
manejan.
25. No se tuvieron en cuenta los pronunciamientos judiciales emitidos por otros
Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales exponen que la
exigencia del artículo 15, numeral 3, literal A, de la Ley 91 de 1989, para los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, no
conlleva que su nombramiento hubiera sido en propiedad con antelación a su
entrada en vigencia, ni que hubiera existido continuidad y, en ese orden, como
la accionante se vinculó el 3 de abril de 1989 con el municipio de Junín y la
norma no distinguió la naturaleza de tal relación laboral, no se puede desestimar
el tiempo anterior a la mencionada ley, para efectos del reconocimiento
pretendido.
26. Tanto el fallo apelado como las entidades demandadas desconocieron que el
nombramiento de la docente es de naturaleza territorial, no nacional, y mucho
menos nacionalizado por incorporación.
27. Conforme al criterio establecido en el fallo, la Ley 91 de 1989 modificó
sustancialmente la fórmula para liquidar dicha prestación social a los docentes,
sin entender que la misma ley mantuvo intacto el régimen de liquidación de
cesantías, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcional por facción de año laborado, aplicado a los docentes nacionales,
pero en su artículo 15, numeral tercero, literal A); lo hizo extensivo a los
docentes nacionalizados nombrados a partir del 1° de enero de 1990.
28. Así las cosas, es claro que esta norma en ningún momento modificó el sistema
de liquidación de cesantías de los docentes vinculados por las entidades
territoriales (departamentales y municipales).
29. Debido a una equivocada interpretación de la ley en cuanto al sistema de
liquidación de cesantías de los docentes territoriales y desconociendo que la
norma que permitió su vinculación al FNPSM, obliga a respetar el régimen
prestacional vigente al momento de su afiliación, sin imponer renuncias o
exclusiones, a estos docentes se les ha venido aplicando, al momento de
reconocer y pagar auxilios de cesantías, la normatividad contenida en la Ley 91
de 1989 en cuanto a la no retroactividad de las cesantías a los nombrados entre
el 1º de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996.
30. Por lo expuesto, es evidente que en este caso se debe aplicar el sistema de
retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y que
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estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, que cambió
la forma de liquidar esta prestación para todos los servidores, que a su vez fue
reglamentada por el artículo 5º del Decreto de 1582 de 1998.
31. Esto significa que los docentes territoriales, nombrados antes del 31 de
diciembre de 1996, se les debe respetar la liquidación de las cesantías de
manera retroactiva y que equivalen a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcional por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
si no ha sido modificado en los tres últimos meses, o en caso contrario sobre el
salario promedio del último año (Ley 6 de 1945).
32. Finalmente, en lo que se refiere a la imposición de costas procesales, manifestó
que no es viable una condena de esta naturaleza por el solo hecho de la no
prosperidad de las pretensiones.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
33. Mediante el auto del 6 de febrero de 20255, se admitió el recurso de apelación.
34. Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, los sujetos procesales guardaron silencio.
35. Por su parte, el agente del Ministerio Público6 al emitir su concepto solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, dado que la vinculación con
vocación de permanencia en el servicio docente de la demandante fue a partir
del 27 de abril de 1994.
36. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver el recurso de apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
37. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
38. De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo
5 Actuación visible a índice 17 de la plataforma SAMAI.
6
Actuación visible a índice 22 de la plataforma SAMAI
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso.
Problema jurídico
39. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante, en su calidad
de docente, le asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el
régimen retroactivo o si, le es aplicable el régimen anualizado, como lo
consideró el tribunal de primera instancia.
40. De igual manera, se verificará si hay lugar a revocar la condena en costas
impuestas a la parte demandante o si es pertinente confirmar lo decidido sobre
este punto.
41. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías, iii)
Régimen de cesantías a favor de los docentes, iv) Costas, v) Hechos probados
y vi) Caso concreto.
Cesantías
42. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador,
sino «en lo que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador
tenga un respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su
mínimo vital.»8
43. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro
de los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el
pago de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a
la dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías9.
44. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
45. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y
8 SU 448 de 2016, SU 098-18.
9 Sentencia C-486 de 2016
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el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente10.
46. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.
Régimen anualizado de cesantías
47. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 11, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional. Según el artículo 27, se estableció
un régimen anualizado en los siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
48. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49.
49. El régimen anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho
fondo, que hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998.
50. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199612, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
10 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
11
Artículo 1° del mencionado Decreto.
12 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
51. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se
extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el
Decreto 1582 de 199813.
52. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se
les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.
53. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo
dispuesto en los artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de
2002.
Régimen de cesantías a favor de los docentes
54. La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», lo hizo como una cuenta especial de la
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.” Dicho
fondo estaría dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación
descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio
de unidad; y sería el encargado del pago de las prestaciones sociales causadas
a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la
promulgación de dicha ley.
13 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
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55. Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las
entidades territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente. Al
tenor:
«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.»
56. De manera que, con la entrada en vigor de la Ley 91, en lo concerniente a las
cesantías, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales o
nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, en los siguientes
términos:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta
el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional». (Negrilla fuera de texto)
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57. Luego, con la Ley 812 de 200314, se precisó el régimen prestacional de los
docentes oficiales. Así para los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales “que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.” Además, señaló
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “se
administrará en subcuentas independientes, correspondiente a los
recursos de pensiones, cesantías y salud.” (Negrilla y subrayados de la
Sala).
58. En consecuencia, de acuerdo con las normas antes relacionadas, los docentes
vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1990 hacen parte del régimen
anualizado de cesantías y no del régimen retroactivo.
Costas
59. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispuso la condena en costas dentro de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de la siguiente manera:
«Artículo 188. Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
60. Ahora bien, para la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia
que condenó en costas a la parte vencida, se encontraba vigente la Ley 2080
de 2021, norma que introdujo una modificación al antedicho artículo 188 del
CPACA, así:
«Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»
Hechos probados
61. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditado que la señora Aura Graciela González Pinzón prestó sus servicios
en la entidad territorial por el sistema de horas cátedra así15:
Decreto Fechas Intensidad horaria
2768 del 7 de diciembre de A partir del 3 de abril de 24 horas cátedras
1989 1989 y durante el año semanales
escolar (30 de noviembre)
14
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
15 Tal como fue certificado por la directora de personal de instituciones educativas de la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, actuación visible en la página 49 del expediente digital.
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1950 del 6 de agosto de A partir del 12 de febrero de 24 horas cátedras
1990 1990 y durante el año semanales
escolar (30 de noviembre)
0213 del 26 de enero de A partir del 1° de febrero de 16 horas cátedras
199316 1993 hasta el 30 de semanales
noviembre de 1993
62. Información que coincide con lo certificado por el rector y la secretaria del
Colegio Departamental Técnico Comercial Ana Francisca Lara de Pacho –
Cundinamarca.
63. Y solo hasta el año 1994, la docente fue nombrada mediante el Decreto 067 del
30 de marzo de 199417, en propiedad en el Colegio Departamental
Nacionalizado Ana Francisca Lara, posesionándose el 27 de abril de 1994.
64. De la historia laboral a partir del anterior nombramiento, da cuenta el formato
único expedido por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, así:18
TIPO DE FECHA A.A. DESDE
NOVEDADES No de A.A.
A.A. d m y d m y
Tipo de Novedad Ing. y Reing.
1 Plantel Educativo ANA FRANCISCA LARA Decreto DECD 067 30/03/1994 27/04/1994
Municipio Pacho (Cun)
Tipo de Novedad Encargo
2 Plantel Educativo ANA FRANCISCA LARA Decreto DECM 090 27/06/1996 27/06/1996
Municipio Pacho (Cun)
Tipo de Novedad Continuidad
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
3 Plantel Educativo DEPARTAMENTAL RURAL Otro 000 01/09/2010 01/09/2010
ANTONIO NARIÑO - SEDE
Municipio Cajicá (Cun)
TIEMPO TOTAL 4 - 2 -26
65. Y si bien se allegó contrato de prestación de servicios nro. 0619 suscrito entre el
departamento de Cundinamarca y la señora Aura González Pinzón, para
desarrollar las labores como profesora por un término de 8 meses, lo cierto es
que se desconoce el periodo en el que se desarrolló, al no contener los
extremos del vínculo. Aunado a lo anterior, su ejecución no fue certificada por
ninguna autoridad.
66. Por medio de la Resolución 001183 del 15 de septiembre de 202020, la
Secretaría de Educación departamental de Cundinamarca, en nombre y
representación de la Nación, reconoció y ordenó el pago de las cesantías
definitivas de la docente Aura Graciela González Pinzón con el régimen
16 Páginas 55 y 56 del PDF 4 del expediente digital.
17 Páginas 59 a 62 del PDF 4 del expediente digital.
18
Páginas 66 a 68 del PDF 4 del expediente digital.
19 Páginas 57 y 58 del PDF 4 del expediente digital.
20 Páginas 31 a 35 del PDF 4 del expediente digital.
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anualizado, dado que la demandante prestó sus servicios de forma
ininterrumpida desde el 27 de abril de 1994 hasta el 30 de junio de 2020.
67. Contra el anterior acto administrativo se interpuso recurso de reposición 21, el
cual fue resuelto a través de la Resolución 002055 del 16 de diciembre de
202022, reponiendo la decisión inicial solo en cuanto al valor descontado por
cancelación de cesantías parciales.
Caso concreto
68. En el recurso de apelación, se alega que la parte actora a diferencia de lo dicho
por el tribunal en la sentencia de primera instancia ha sostenido una vinculación
laboral ininterrumpida desde el 3 de abril de 1989. No obstante, del recuento
de hechos probados, advierte la Sala que la relación laboral sostenida entre la
señora Aura Graciela González Pinzón y el servicio oficial docente, fue a través
de horas cátedra y por periodos determinados, situación que no garantizó la
continuidad en el régimen retroactivo.
69. En ese escenario, si bien la demandante prestó sus servicios como docente en
el municipio de Junín - Cundinamarca desde 3 de abril de 1989 -antes de la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989-, lo cierto es que se produjo a través de
diferentes vinculaciones que superan los 2 meses en la prestación del servicio
hasta su ingreso en propiedad el 27 de abril de 1994.
70. Lo anterior, permite concluir a la Sala que la vinculación que determina en este
caso el régimen de cesantías aplicable a la señora González Pinzón, es la del
año 1994; en tanto a partir de dicha fecha inició su relación en forma
ininterrumpida en el servicio público docente, a través de un nombramiento.
71. No prospera el argumento planteado por la parte apelante, tendiente a que se
tenga en cuenta el tiempo de servicio anterior a la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989, pues se trató de varias vinculaciones temporales. Tiempos de
servicios discontinuos, que dada su naturaleza no constituyen una misma
relación jurídica de trabajo, y por ende no garantizan su permanencia en el
sistema retroactivo de cesantías, tal como lo ha sostenido esta Corporación en
reiteradas ocasiones23.
21 Páginas 44 y 45 del PDF 4 del expediente digital.
22 Páginas 39 a 41 del PDF 4 del expediente digital.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación: 20001-
23-31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-
01 (0293-2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicación: 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022), M.P Luis
Eduardo Mesa Nieves.
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72. Por lo anterior, es forzoso concluir que a la parte demandante le aplica el
régimen anualizado, en razón a que la Ley 91 de 1989, rige para los docentes
sin distinción en cuanto a la naturaleza de la vinculación.
73. Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento relacionado con la
aplicación de las providencias proferidas por esta Corporación, por lo siguiente:
74. Si bien en la sentencia del 17 de agosto de 2011, identificada bajo el radicado
25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06), se concluyó que es suficiente la
existencia de un vínculo laboral, ya sea mediante un nombramiento en
propiedad, provisionalidad o periodo de prueba, interinidad, lo cierto es que para
la Sala, el contexto del caso analizado es disímil al aquí objeto de estudio, dado
que en aquel proceso se discutió el desconocimiento de tiempos laborados
debido a un nombramiento en interinidad y no la continuidad del servicio. Por lo
tanto, existen elementos de disanalogía entre uno y otro caso.
75. En cuanto a las sentencias del 28 de febrero de 2008, radicado 25000 23 25
000 2003 04095 01 (3700-2005), y del 10 de febrero de 2011, radicado 52001
23 31 000 2006 01365 (0088-10), donde se indicó que el régimen de liquidación
anual de cesantías es aplicable a los empleados territoriales vinculados
después de la Ley 344 de 1996, esta Subsección ha sostenido que las
disposiciones sobre el régimen de liquidación anual de cesantías para los
docentes se establecieron en la Ley 91 de 1989 y aplican a todos los vinculados
después de la entrada en vigor de la norma en comento24.
76. Esta Corporación como organismo de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ha sostenido en forma pacífica desde el año 2010 25, que los
docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989, gozan del régimen anualizado de cesantías, postura que mantiene la
Subsección, sin que las vinculaciones temporales garanticen la permanencia en
el régimen retroactivo de cesantías.
77. Dadas las particularidades del caso, advierte la Sala que la demandante no
demostró haber ingresado al servicio docente antes de la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989 mediante una relación laboral ininterrumpida y
permanecido en ella. Por el contrario, su ingreso continuo fue después de dicha
norma, razón por la que se confirmará la negativa de las pretensiones de la
demanda.
78. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, en el recurso se afirmó que el
hecho de ser vencido en el proceso no implica por sí mismo que se condene en
24 Radicados internos. 2244-2024, 1104-2024, 1657-2023, 0293-2022, 3610-2022, 6685-2022, 1648-2021, 1987-
2020, entre otras.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Gustavo Gómez Aranguren, Bogotá D.C., sentencia
del 25 de marzo de 2010, radicado 63001 23 31 000 2003 01125 01 (0620-2009)
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costas.
79. Advierte la Sala que la sentencia de primera instancia fue proferida en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, norma que en su artículo 47 establece: «En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
80. Evidenciado por la Sala que al momento de imponer la condena en costas el
tribunal no valoró esta circunstancia, procede la revocatoria del numeral
segundo de la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena en costas
y se confirmará en los demás apartados la decisión inicial, por las razones
expuestas en precedencia.
Condena en costas
81. En el caso no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
82. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 10 de febrero de
2023 por el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “E” en cuanto a la condena en costas impuesta, según las motivaciones
expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, quedará así:
«SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia»
SEGUNDO. Confirmar en sus demás apartados la sentencia de primera instancia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.
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CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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