Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00810-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2020-00810-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00810-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00810-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00810-01 (4895-2024)
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Régimen de cesantías retroactivas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 23 de febrero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones de la demanda
La señora Edita Bernarda Cultid Martínez por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare
la nulidad de la Resolución 2208 del 25 de octubre de 2019, por medio de la cual la
Secretaría de Educación de Nariño – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le liquidó las cesantías parciales.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías con el régimen de
retroactividad, ii) se cancele la diferencia que resulte una vez realizada la reliquidación
con el régimen retroactivo, iii) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, iv)
el ajuste del valor conforme el IPC que certifique el DANE y (v) el cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
1.1. Hechos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
La señora Edita Bernarda Cultid Martínez ha prestado sus servicios como docente al
municipio de Funes - Nariño de manera ininterrumpida desde el 26 de mayo de 1988,
vinculación municipal.
El 17 de octubre de 2019, solicitó ante la secretaría de Educación de Nariño – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales, la cual fue resuelta mediante la Resolución 2208 del 25 de octubre
del mismo año.
Sin embargo, desconoció la entidad la totalidad de los tiempos laborados, ya que su
nombramiento se efectuó desde el 26 de mayo de 1988 y para la liquidación se tomó
el 1 de octubre de 1994.
A pesar de la vinculación de la demandante, se aplicó el régimen de cesantías
contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y no el establecido en las Leyes 6ª
de 1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, que prevén que
tal liquidación se debe hacer en forma retroactiva.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25,
29, 53, 58, 67 y 122 de la Constitución Política; 12 y 17, literal a), de la Ley 6.ª de 1945;
1 del Decreto 2767 de 1945; 1° de la Ley 65 de 1946; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de
1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 7 y 9 del
Decreto 2563 de 1990; 2, literal a) de la Ley 4.ª de 1992; 6 de la Ley 60 de 1996; 176
de la Ley 115 de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996; 5 del Decreto 196 de 1995; 1 del
Decreto 1582 de 1998 y 5, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006.
En síntesis, en el concepto de violación expuso que la demandante tiene derecho a
que el reconocimiento y pago de su prestación sea bajo la aplicación de la Ley 6ª de
1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947 y demás normas
que consagran su pago de forma retroactiva.
El acto administrativo acusado desconoció que por expreso mandato de las normas
antes mencionadas, se debían conceder las cesantías parciales bajo el régimen
retroactivo, dado que la actora demostró cumplir con los requisitos legales para el
efecto.
1.3. Contestación de la demanda
La Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio se pronunció sobre los hechos y se opuso a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda. Con fundamento en lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
El régimen general de cesantías tiene origen en la Ley 6ª de 1945, norma donde se
dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente percibirían
entre otras prestaciones, un auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo o jornal
por cada año de servicios y a nivel territorial en el Decreto 2767 de año 1945 que
consagró las prestaciones sociales de los empleados y obreros.
La Ley 91 del año 1989 señaló que el personal docente nacional y nacionalizado que
se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, para efecto de las prestaciones
económicas y sociales se regirán por el régimen anualizado de cesantías y los
docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.
En este contexto es claro que a la demandante no le asiste el derecho a que le sea
reconocido el régimen de retroactividad en las cesantías, dado que su vinculación fue
posterior al 1° de enero de 1990.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 23 de febrero de 20241,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, con
base en los siguientes argumentos.
«Inicialmente la demandante se vinculó mediante contrato de trabajo el día 21 de enero
de 1988 para ejercer labores como profesora en el municipio de Funes, nexo que, bajo
la modalidad ya referenciada, en principio, se habría extendido entre el 1º de enero de
1988 hasta el 31 de diciembre de ese año; no obstante, el 15 de mayo 1988 se emite
el Decreto No. 011 con el que, el vínculo mediante contrato de trabajo, se entendería
que termina, para tornarse legal y reglamentario. Y a partir de este nombramiento-
según una de las certificaciones que reposan en el plenario-, la actora permaneció en
su cargo como docente, asistiéndole el derecho a la retroactividad de sus cesantías.
Sin embargo, contrario a lo asentado en la constancia26, el mencionado decreto fue
derogado mediante su homólogo del 30 de agosto de 1988 y tal parece, aunque no
existe certeza de ello-, la actora continuó vinculada, pero mediante contrato de trabajo
o al menos, así se infiere del pago que se afirma se efectuaría hasta el 31 de diciembre
de 1988 en los términos pactados en aquel.
En consecuencia, el vínculo del que se predica el reconocimiento del régimen de
retroactividad, se extinguió con la derogatoria del Decreto No. 11 del 15 de mayo de
1988, advirtiendo que, la parte actora no reclamó dicha prerrogativa a partir de ningún
otro nexo, verbigracia, para el caso, aquel que tuvo lugar en razón del contrato de
trabajo firmado el 21 de enero de 1988 y que se entendería continuó en razón de lo
ocurrido con el nombramiento27. No obstante, bajo la consideración que el citado
1 Folios 75 a 86 del expediente físico.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
decreto permaneció en el mundo jurídico al menos entre el 26 de mayo de 1988 –
fecha de la posesión- y el 30 de agosto de 1988- data de emisión del Decreto No.
24-, es menester que la Sala se refiera a los efectos de la derogatoria, pues tal situación
puede incidir en el régimen aplicable a la actora en materia de retroactividad de
cesantías.
[…]
Así las cosas, para los efectos que interesan, se tendría que pese a la derogatoria del
Decreto No. 11 del 15 de mayo de 1988, este creó una situación jurídica particular y,
por ende, surtió efectos jurídicos entre las fechas ya señaladas, por lo que, se trataría
de un vínculo con la potencialidad de otorgar a la actora, el beneficio del régimen de
retroactividad.
Para corroborar esa posibilidad, será necesario establecer la continuidad del nexo
laboral y, al respecto, se reitera que, aunque la relación laboral sí tuvo lugar, aquella
se extinguió el 30 de agosto de 1988, para tornarse en un vínculo diferente, esta vez,
en la modalidad de contrato de trabajo del que valga insistir no se tiene certeza de su
continuación y finiquito.
Ahora, la cronología enseña que el 16 de diciembre de 1989, se emite el Decreto No.
22, por el cual, al parecer se reintegra nombra nuevamente a la señora Cultid como
docente; sin embargo, no es posible tener certeza de este vínculo en tanto el
documento no fue allegado por el municipio de Funes29, asimismo, este acto
administrativo no fue mencionado en la demanda30 como tampoco se registra en
ninguna de las otras constancias que conforman el expediente, destacándose entre
ellos, el formato de historia laboral de la docente.
En ese contexto, se desconoce sí este vínculo en efecto tuvo lugar y de ser así hasta
cuando permaneció, acotando que, la incertidumbre se incrementa al constatar que en
el Decreto No. 39 de 23 de noviembre de 1994, la actora es nombrada en propiedad
“por incorporación”, esto es, en relación a aquellos docentes que se encontraban
contratados, lo que significaría que de existir la vinculación legal y reglamentaria en el
año 1989 finiquitó en algún momento, para nuevamente tornarse en un nexo
contractual – desconociéndose las fechas exactas de ello-.
Luego, se emite el ya referido Decreto 039 del 23 de noviembre de 1994 y, esta vez,
a diferencia de las anteriores ocasiones, se tiene certeza del vínculo y de su
continuidad».
Concluyendo que, aunque el vínculo de la demandante que se surtió entre el 26 de
mayo de 1988 al 30 de agosto de 1988 tendría la vocación de dar lugar al régimen de
retroactividad de las cesantías, aquel se interrumpió hasta el año de 1994, sin que
pueda considerarse el nombramiento del 16 de diciembre de 1989, al no tener certeza
de este y al no haberse expuesto como sustento fáctico de las pretensiones.
Tampoco, era posible acudir al nexo contractual, por cuanto, no fue ese el soporte del
líbelo y, además se desconocen los lapsos así laborados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
En otros términos, de las pruebas documentales aportadas no es posible determinar
que se trata de un solo vínculo sin solución de continuidad desde el 26 de mayo de
1988, cuando la demandante fue nombrada docente municipal mediante el Decreto 11
del 15 de mayo de 1988 y, por el contrario, se infiere que luego de su derogatoria, el
nexo fue contractual, ignorando las fechas exactas de ello.
Por último, atendiendo a los artículos 188 del CPACA y el 365 del CGP, condenó en
costas a la demandante, por ser la parte vencida dentro del proceso.
1.5. Recurso de apelación
El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia en el cual solicitó «se provea favorablemente
concediendo este recurso, para que sea remitido al Honorable Consejo de Estado, y
sea éste quien ordene el reconocimiento y pago de la totalidad de las pretensiones en
las condiciones y por los montos señalados en la demanda». El cual sustentó en los
siguientes términos:
La sentencia de primera instancia desconoció la totalidad de los tiempos laborados por
la señora Edita Bernarda Cultid Martínez, puesto que la docente prestó sus servicios
de forma ininterrumpida en el municipio de Funes - Nariño desde el 26 de mayo de
1988; y las entidades a realizar la liquidación de las cesantías parciales tomaron como
fecha de ingreso la del 1 de octubre de 1994.
El ente territorial certificó que la demandante fue nombrada desde el 26 de mayo de
1988, pero liquidó sus cesantías a partir de 1 de octubre de 1994, pese a que debió
certificar todo el tiempo laborado, en virtud de la historia laboral que manejan.
No se tuvieron en cuenta los pronunciamientos judiciales emitidos por otros Tribunales
de lo Contencioso Administrativo, los cuales exponen que la exigencia del artículo 15,
numeral 3, literal A, de la Ley 91 de 1989, para los docentes nacionalizados vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989, no conlleva que su nombramiento hubiera sido en
propiedad con antelación a su entrada en vigencia, ni que hubiera existido continuidad
y, en ese orden, como la accionante se vinculó el 26 de mayo de 1988 con el municipio
de Funes - Nariño y la norma no distinguió la naturaleza de tal relación laboral, no se
puede desestimar el tiempo anterior a la mencionada ley, para efectos del
reconocimiento pretendido.
Tanto el fallo apelado como las entidades desconocieron que el nombramiento de la
docente es de naturaleza territorial, no nacional, y mucho menos nacionalizado por
incorporación.
Conforme al criterio establecido en el fallo, la Ley 91 de 1989 modificó sustancialmente
la fórmula para liquidar dicha prestación social a los docentes, sin entender que la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
misma ley mantuvo intacto el régimen de liquidación de cesantías, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcional por facción de año laborado,
aplicado a los docentes nacionales, pero en su artículo 15, numeral tercero, literal A);
lo hizo extensivo a los docentes nacionalizados nombrados a partir del 1° de enero de
1990.
Así las cosas, es claro que esta norma en ningún momento modificó el sistema de
liquidación de cesantías de los docentes vinculados por las entidades territoriales
(departamentales y municipales).
Debido a una equivocada interpretación de la ley en cuanto al sistema de liquidación
de cesantías de los docentes territoriales y desconociendo que la norma que permitió
su vinculación al FNPSM, obliga a respetar el régimen prestacional vigente al momento
de su afiliación, sin imponer renuncias o exclusiones, a estos docentes se les ha venido
aplicando, al momento de reconocer y pagar auxilios de cesantías, la normatividad
contenida en la Ley 91 de 1989 en cuanto a la no retroactividad de cesantías a los
nombrados entre el 1º de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996.
Por lo expuesto, es evidente que en este caso se debe aplicar el sistema de
retroactividad de las cesantías para los empleados del orden territorial y que estuvo
vigente hasta la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, que cambió la forma de
liquidar esta prestación para todos los servidores, que a su vez fue reglamentada por
el artículo 5º del decreto de 1582 de 1998.
Esto significa que los docentes territoriales, nombrados antes del 31 de diciembre de
1996, se les debe respetar la liquidación de las cesantías de manera retroactiva y que
equivalen a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional por fracción de
año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los tres
últimos meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año (ley 6º de
1945).
Finalmente, en lo que se refiere a la imposición de costas procesales, no es viable una
condena de esta naturaleza por el solo hecho de la no prosperidad de las pretensiones.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante el auto del 15 de noviembre de 20242, se admitió el recurso de apelación.
Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, los sujetos procesales guardaron silencio.
2 Actuación visible a índice 06 de la plataforma SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
Por su parte, el agente del Ministerio Público3 al emitir su concepto solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y en su lugar, acceder a las súplicas de la demandante.
Ello, en atención a que la señora Cultid Martínez se vinculó el 15 de mayo de 1988, es
decir antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.
Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver el recurso de apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo4.
De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
2.1. Problema jurídico
Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante, en su calidad de
docente, le asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el régimen
retroactivo o si, le es aplicable el régimen anualizado, como lo consideró el tribunal de
primera instancia.
De igual manera, se verificará si hay lugar a revocar la condena en costas impuestas
a la parte demandante o si es pertinente confirmar lo decidido sobre este punto.
Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Cesantías, 2.3. Régimen anualizado de cesantías, 2.4 Régimen
de cesantías a favor de los docentes, 2.5. Costas, 2.6. Hechos probados y 2.7. Caso
concreto.
2.2. Cesantías
El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un ahorro
para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una ayuda
3 Actuación visible a índice 12 de la plataforma SAMAI
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que no
comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»5
La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro de los
principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de las
acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad humana
y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro de esas
prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías6.
Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su contenido
opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a),
ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente7.
Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.
2.3. Régimen anualizado de cesantías
Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 8, que se
encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional. Según
el artículo 27, se estableció un régimen anualizado en los siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
5 SU 448 de 2016, SU 098-18.
6 Sentencia C-486 de 2016
7 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
8 Artículo 1° del mencionado Decreto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los empleados tal
como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo 49, que señaló
lo siguiente:
«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y las
empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo
Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en
favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente
a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y
b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán derecho
a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la liquidación.»
Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la causación
de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.
Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 19969, respecto de las cesantías dispuso
lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen anualizado de
cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50 de 1990
9 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a los
servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199810.
La Ley 50 de 199011, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se
autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno
Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en
todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.
10 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
11 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de
cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el
Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las
instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y
Subrayado fuera de texto original).
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31
de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado
en normas anteriores.
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se acogieran al
régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en
la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:
«Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan
acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la
solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios
para su expedición (se resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de
cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los artículos 2
del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.
2.4. Régimen de cesantías a favor de los docentes
La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio», lo hizo como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos
recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
la cual el Estado tenga más del 90% del capital.” Dicho fondo estaría dotado de
mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios
en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad; y sería el encargado del
pago de las prestaciones sociales causadas a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de dicha ley.
Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las entidades
territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente. Al tenor:
«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.»
De manera que, con la entrada en vigor de la Ley 91 se creó un nuevo régimen
prestacional para los docentes nacionales y todos aquellos que se vinculen a partir del
1 de enero de 1990. En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento de
esa prestación a favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales,
nacionales o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, en los siguientes
términos:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta
el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional». (Negrilla fuera de texto)
Luego, con la Ley 812 de 200312, se precisó el régimen prestacional de los docentes
oficiales. Así para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales “que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley.” Además, señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio “se administrará en subcuentas independientes,
correspondiente a los recursos de pensiones, cesantías y salud.” (Negrilla y
subrayados de la Sala).
Por su parte, la obligación de afiliación de todos los docentes del servicio público del
país al Fomag a más tardar el 31 de octubre de 200413, surgió con el Decreto 3752 de
200314, y su falta de afiliación implica la responsabilidad de la entidad territorial
nominadora frente a la totalidad de las prestaciones.
En consecuencia, de acuerdo con las normas antes relacionadas, los docentes
vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1990 hacen parte del régimen
anualizado de cesantías y no del régimen retroactivo.
2.5. Costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispone la condena en costas dentro de la
jurisdicción contenciosa administrativa, de la siguiente manera:
«Artículo 188. Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
Ahora bien, para la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia que
condenó en costas a la parte vencida, se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021,
norma que introdujo una modificación al antedicho artículo 188 del CPACA, así:
«Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
13 Como en idéntico se había desarrollado en el Decreto 0196 de 1995, por medio del cual se reglamentan
parcialmente el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la
incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
disposiciones.
14 Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la
Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»
Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso trae algunas reglas sobre
la condena en costas:
«Artículo 365. Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…]»
2.6. Hechos probados
Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
i) El día 21 de enero de 198815 se celebró contrato de trabajo a término fijo entre
el alcalde de Funes – Nariño y la profesora Edita Bernarda Cultid Martínez,
donde se destacan las siguientes cláusulas:
«PRIMERA.- La contratista, se compromete a prestar los servicios como profesor
Municipal en el Colegio Cooperativo de Funes, jurisdicción del municipio de Funes.
SEGUNDA.- La contratista se compromete a prestar los servicios en forma continua por
el periodo fiscal de 1988, comprendido desde el primero de enero al 31 de diciembre de
1988.»
ii) El alcalde municipal de Funes – Nariño mediante el Decreto 011 del 15 de mayo
de 198816, nombró docente municipal a la señora Edita Bernarda Cultid
Martínez, incluyéndola en la planta de personal de la respectiva entidad,
posesionándose el 26 del mismo mes y año.
iii) Luego, el posterior mandatario municipal expidió el Decreto 24 del 30 de agosto
de 198817, por medio del cual derogó el Decreto 11 de 1988 y ordenó el pago
de las mesadas atrasadas con sus respectivas doceavas y hasta el 31 de
diciembre de acuerdo con el contrato suscrito inicialmente.
En las consideraciones del acto administrativo se expuso:
15 Páginas 3 y 4 del PDF 29 del expediente digital.
16 Páginas 38 a 40 del PDF 1 del expediente digital.
17 Páginas 8 y 9 del PDF 29 del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
«1.-que con fecha julio primero de mil novecientos ochenta y ocho, la oficina
jurídica de la Contraloría Departamental en concepto No. 183, alude que el
señor exalcalde, quiso asegurar la estabilidad laboral de la profesora Bernarda
Cultid Martínez, sin existir disponibilidad presupuestal para el pago en nómina
y aconseja que se puede optar por continuar con el contrato de servicios ya que
para eso si existe presupuesto.
2.- que se ha presentado la mentada profesora en asocio del profesor Miguel
Ángel Mora presidente del Sindicato de profesores del municipio, como también
en asocio de un profesional en derecho y se les ha enterado en forma verbal e
indicándoles el concepto en referencia, lo mismo que el presupuesto municipal
en el rubro correspondiente y manifestó que se le resuelva su situación en la
cancelación de sus sueldos. Enterada de la legalidad de lo actuado por la
Alcaldía, manifiesta firmar la cuenta de cobro y retirar los dineros del contrato
de trabajo de acuerdo a lo presupuestado…18»
iv) Por su parte, el mismo alcalde en uso de sus atribuciones legales, a través de
la Resolución 02 del 23 de enero de 199019, procedió a comisionar a la docente
al Colegio Mixto Cooperativo. En las consideraciones se ostentó:
«Que mediante Decreto No. 022 de diciembre dieciséis de mil novecientos
ochenta y nueve, se ordenó el reintegro a la docencia municipal a la profesora EDITA
BERNARDA CULTID MARTÍNEZ, cuyo lugar de trabajo asignado es la Vereda la Mesa
de Este Municipio.
Que el señor rector del Colegio Mixto Cooperativo de este Municipio en comunicado de
la fecha, solicita se resuelva el impase presentado en ese centro educativo por la falta
de un profesor de química.
Teniendo en cuenta que la profesora mencionada es licenciada en esa área, la Alcaldía
Municipal de Funes Nariño resolvió comisionarla 20».
v) Finalmente, el alcalde de Funes la nombró en propiedad a través del Decreto
039 del 23 de noviembre de 199421, tomando posesión el mismo día, pero con
efectos fiscales a partir del 1° de octubre del mismo año22.
En el citado decreto se plasmó dentro de las consideraciones, lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar en propieda a EDITA BERNARDA CULTID
MARTÍNEZ, identificada con C. de C. No. 27,395.037 expedida en Pupiales (Nar), grado
nueve (9) en el Escalafón nacional, para desempeñar el cargo de docente por
incorporación – en el Colegio Mixto Cooperativo Funes que funciona en este
municipio23»
Incorporación que, conforme a las consideraciones vertidas en el acto
administrativo, se produjo en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1°-
del artículo 6 de la Ley 60 de 1993. Norma que consagraba: «Los docentes
18 Transcripción con posibles errores incluidos.
19 Página 9 del PDF 29 del expediente digital.
20 Transcripción con posibles errores incluidos.
21 Página 41 del PDF 1 del expediente digital.
22 Página 11 del PDF 29 del expediente digital.
23 Transcripción con posibles errores incluidos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
temporales vinculados por contrato a los servicios educativos estatales antes
del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera docente serán
incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos
en donde vienen prestando sus servicios, previo estudio de necesidades y
ampliación de la planta de personal. La vinculación de los docentes temporales
será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad con un plan de
incorporación que será proporcional al incremento anual del situado fiscal y con
recursos propios de las entidades territoriales y en un término no mayor a los
seis años contados a partir de la publicación de la presente Ley»24
vi) Mediante la Resolución 2208 del 25 de octubre de 201925, la secretaría de
Educación departamental de Nariño, en nombre y representación de la Nación,
reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales de la docente Edita
Bernarda Cultid Martínez.
vii) De otro lado, la rectora de la Institución Educativa Municipio de Funes -IEMF en
constancia del 30 de enero de 202026, indicó que la docente Cultid Martínez
trabaja en dicho colegio mediante Decreto 039 de 23 de noviembre de 1994
cuando fue nombrada por incorporación, pero labora desde el 26 de mayo de
1988 sin ninguna interrupción.
viii)Conforme al formato único para la expedición de certificado de historia laboral27,
la docente ingresó al servicio el 1° de octubre de 1994, nombrada mediante el
Decreto 039 de 1994.
ix) De acuerdo con el extracto de cesantías expedido por Fiduprevisora S.A., el
pago de dicha prestación se realiza desde el año 199428.
x) La secretaría de Educación de Nariño certificó29 que la demandante labora en
el Colegio Cooperativo Funes desde el 1° de octubre de 1994 y la secretaria de
gobierno de Funes en respuesta al auto de mejor proveer del 15 de septiembre
de 202330 certificó lo siguiente:
VINCULACIÓN FECHAS CARGO
Contrato de trabajo de fecha Desde el primero de enero Profesora municipal en el
enero 21 de 1988 de 1988 hasta el 31 de Colegio Cooperativo de
diciembre de 1988 Funes
Decreto 011 de mayo 15 de De fecha 15 de mayo de Profesora municipal del
1988 1988 Colegio Cooperativo de
Funes
24 Declarada inexequible mediante sentencia C- 555 de 1994
25 Páginas 34 a 36 del PDF 1 del expediente digital.
26 Página 45 del PDF 1 del expediente digital.
27 Páginas 85 y 86 del PDF 1 del expediente digital.
28 Página 87 del PDF 1 del expediente digital.
29 Página 60 del PDF 1 del expediente digital.
30 PDF 24 del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
Acta de posesión del 26 de Desde el 26 de mayo de
mayo de 1988 1988
Decreto 24 de agosto 30 de De fecha agosto 30 de 1988 Decreto “por el cual se
1988 deroga el Decreto Número
011, de mayo quince (15) de
mil novecientos ochenta y
ocho (1988) atendiendo
ordenamientos jurídicos de la
Contraloría Departamental
Resolución No. 02 de 1990 Enero 23 de 1990 Comisiónese a la Profesora
“por la cual se hace una EDITA BERNARDA CULTID
comisión” MARTÍNEZ, al colegio Mixto
Cooperativo de este
Municipio
Decreto 039 de noviembre 23 Desde el 1 de octubre de Cargo como profesora
de 1994 1994 municipal del Colegio Mixto
Cooperativo de Funes
Acta de posesión de
noviembre 23 de 1994 Nombrar en propiedad, grado
nueve (9) en el escalafón
nacional, para desempeñar el
cargo de docente por
incorporación en el Colegio
Mixto Cooperativo de Funes
2.7. Caso concreto
Tanto en el libelo demandatorio como en el recurso de apelación, se alega que la parte
actora a diferencia de lo dicho por el tribunal en la sentencia ha sostenido una
vinculación laboral ininterrumpida desde el 26 de mayo de 1988. No obstante, del
anterior recuento probatorio, advierte la Sala que no se encuentra acreditada la
existencia de un vínculo laboral continuo al servicio docente oficial desde la fecha
mencionada.
Véase que de los documentos aportados, si bien no existe duda que la señora Edita
Bernarda Cultid Martínez fue nombrada docente mediante Decreto 011 del 15 de mayo
de 1988, posesionándose el 26 de mayo del mismo año; también se advierte que dicho
nombramiento fue derogado por medio del Decreto 024 de agosto de 1988, acto
administrativo que ordenó el pago de los salarios hasta el mes de diciembre conforme
al contrato de trabajo firmado inicialmente el 1 de enero de 1988, es decir que la
demandante ante la derogatoria del nombramiento prestó sus servicios amparada en
el contrato de trabajo cuya fecha de terminación era el 31 de diciembre de 1988.
Posteriormente, a través de la Resolución 02 del 23 de enero de 1990 se comisionó a
la señora Cultid Martínez para que ejerciera su labor docente en el Colegio Mixto
Cooperativo de Funes, es de resaltar que tal situación se produjo en virtud de su
reintegro a través del «Decreto 022» del 16 de diciembre de 1989 -es decir unos días
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
antes de la entrada en vigor de la Ley 91-, lo que en principio le otorgaría el beneficio
del régimen retroactivo de cesantías.
No obstante, reitera la Sala que no se acreditó la continuidad en la prestación del
servicio por parte de la señora Cultid Martínez.
Pese a que el decreto antedicho da cuenta del reintegro de la actora, lo cierto es que
se desconoce si dicha vinculación se produjo en virtud de un vínculo legal o mediante
la celebración de contratos de servicios educativos, máxime que, cuando se produce
su incorporación en propiedad, ello tiene lugar en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993 prerrogativa para aquellos docentes que venían
vinculados por contratos de prestación de servicios educativos, esto es, vinculaciones
de tipo temporal.
Es decir, que solo a partir del 1° de octubre del año 1994, es claro que la demandante
tuvo una relación sin interrupciones en la prestación del servicio.
Si bien la rectora de la Institución Educativa Municipio de Funes – IEMF certificó que
la docente tuvo una vinculación continua desde el 26 de mayo de 1988, esta constancia
se emite con fundamento en un vínculo que fue posteriormente derogado, por lo que
no es cierto que desde esa fecha no existe solución de continuidad. Documento en el
cual solamente se da cuenta del Decreto 039 del 23 de noviembre de 1994, es decir
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.
Contrario a lo manifestado por la apelante, la entidad demandada no desconoció la
totalidad de los tiempos laborados por la demandante, en tanto en cumplimiento del
requerimiento realizado mediante auto del 15 de septiembre de 2023 relacionó todas
las vinculaciones y sus modalidades con el municipio de Funes; sin embargo, de su
análisis no puede inferirse válidamente su continuidad antes del año 1994.
En ese escenario, si bien la demandante prestó sus servicios como docente en el
municipio de Funes desde el 26 de mayo de 1988 -antes de la entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989-, cierto es que no se acreditó que tal vinculo hubiera permanecido
en el tiempo sin solución de continuidad.
Además, de conformidad con las consideraciones del Decreto 039 del 23 de noviembre
de 1994, el nombramiento se hizo atendiendo la figura de la incorporación, la cual
conforme el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se aplicaba a los docentes
temporales vinculados por contrato. Calidad esta que no garantiza la no solución de
continuidad en el vínculo, como lo ha establecido esta Corporación.
Vinculación inicio Fin
Contrato de trabajo de fecha 1° de enero de 1988 31 de diciembre de 1988
enero 21 de 1988
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
Decreto 011 de mayo 15 de 26 de mayo de 1988 Este decreto de nombramiento
1988 –posesionado el 26 de fue derogado mediante el
mayo- homólogo 24 del 30 de agosto
de 1988.
Decreto 24 de agosto 30 de Se desconoce Se desconoce
1988
a. Nombramiento del 16 23 de enero de 1990 Se desconoce
de diciembre de 1989
por medio del cual se
ordenó el reintegro
b. Resolución No. 02 de
1990 “por la cual se
hace una comisión”.
Decreto 039 de noviembre 23 1° de octubre de 1994 Como mínimo hasta la fecha de
de 199431 presentación de la demanda.
Lo anterior, permite concluir a la Sala que la vinculación que determina en este caso
el régimen de cesantías aplicable a la señora Edita Bernarda Cultid Martínez, es el 1°
de octubre de 1994; en tanto a partir de dicha fecha inició su relación en forma
ininterrumpida en el servicio público docente, producto de su nombramiento mediante
Decreto 039 del 23 de noviembre del mismo año.
En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el argumento planteado por la
parte apelante, que busca considerar el tiempo de servicio anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, pues se trató de una vinculación que inició el 26 de
mayo de 1988 y duró hasta el 30 de agosto del mismo año, cuando a través del Decreto
24, se derogó el Decreto 011 del 15 de mayo de 1998, con base en el concepto emitido
por la Contraloría Departamental de Nariño32.
Cabe resaltar que dentro del material probatorio no reposa ninguna prueba que
desvirtúe la no interrupción en el servicio, sino hasta el año 1994, cuando la señora
Cultid Martínez fue nombrada en propiedad, es decir con posterioridad al 1 de enero
de 1990, sin distinción sobre la naturaleza de la vinculación.
También discurre la parte apelante que se tengan en cuenta las providencias de esta
Corporación, en donde se trataron casos con situaciones fácticas similares frente a la
validez de los tiempos trabajados antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989,
para efectos de mantener el régimen retroactivo en la liquidación de las cesantías.
Para ello, trajo a colación la sentencia del 17 de agosto de 2011, identificada bajo el
radicado 25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06), en la que se concluyó que es
31 Nombramiento por incorporación.
32 Página 8 del PDF 29 del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
suficiente la existencia de un vínculo laboral, ya sea mediante un nombramiento en
propiedad, provisionalidad o periodo de prueba, interinidad, no obstante advierte la
Sala, que el contexto del caso analizado es disímil al aquí objeto de estudio, dado que
en aquel proceso se discutió el desconocimiento de tiempos laborados debido a un
nombramiento en interinidad y no la continuidad del servicio. Por lo tanto, existen
elementos de disanalogía entre uno y otro caso.
En cuanto a las sentencias del 28 de febrero de 2008, radicado 25000 23 25 000 2003
04095 01 (3700-2005), y del 10 de febrero de 2011, radicado 52001 23 31 000 2006
01365 (0088-10), donde se indicó que el régimen de liquidación anual de cesantías es
aplicable a los empleados territoriales vinculados después de la Ley 344 de 1996, esta
Subsección ha sostenido en su línea jurisprudencial que las disposiciones sobre el
régimen de liquidación anual de cesantías para los docentes se establecieron en la
Ley 91 de 1989 y aplican a todos los vinculados después de la entrada en vigor de la
norma en comento 33.
Esta Corporación como organismo de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ha sostenido en forma pacífica desde el año 201034, que los docentes
vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, gozan del
régimen anualizado de cesantías, postura que mantiene la Subsección 35, sin que las
vinculaciones temporales garanticen la permanencia en el régimen retroactivo de
cesantías.
Dadas las particularidades del caso, advierte la Sala que la demandante no demostró
haber ingresado al servicio docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989 mediante una relación laboral ininterrumpida y permanecido en ella. Por el
contrario, su ingreso ininterrumpido fue después de dicha norma, razón por la que se
confirmará la negativa de las pretensiones de la demanda.
Finalmente, en cuanto a la condena en costas, en el recurso se afirmó que el hecho
de ser vencido en el proceso no implica por sí mismo que se condene en costas,
máxime cuando la norma contiene un ingrediente subjetivo.
Realizado el examen a la condena impuesta, advierte la Sala que la sentencia de
primera instancia fue proferida en vigencia de la Ley 2080 de 2021, norma que en su
artículo 47 establece: «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal», aspecto que no fue valorado por el tribunal al
33 2244-2024, 1104-2024, 1657-2023, 0293-2022, 3610-2022, 6685-2022, 1648-2021, 1987-2020, entre otras.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Gustavo Gómez Aranguren, Bogotá D.C., sentencia
del 25 de marzo de 2010, radicado 63001 23 31 000 2003 01125 01 (0620-2009)
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación: 20001-23-
31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-01 (0293-
2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
26 de septiembre de 2024, radicación: 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022), M.P Luis Eduardo Mesa
Nieves.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
momento de imponer la condena en costas, por lo que procede su revocatoria.
Por lo tanto, se revocará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia en
cuanto a la condena en costas y se confirmará en los demás apartados la decisión
inicial, por las razones expuestas en precedencia.
2.8. Condena en costas
En el caso no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo expresado,
en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba
una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a aplicar esa sanción, lo
cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y
la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 23 de febrero de
2024 por el del Tribunal Administrativo de Nariño en cuanto a la condena en costas
impuesta, según las motivaciones expuestas en la parte considerativa. En
consecuencia, quedará así:
«SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia»
SEGUNDO. Confirmar en sus demás apartados la sentencia de primera instancia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00810-01
Demandante: Edita Bernarda Cultid Martínez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.