Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00587-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2017-00587-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00587-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00587-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de abril de 2025
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Sahagún
Temas: Régimen de cesantías retroactivas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Elviro Antonio Herazo Berrocal por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución 178 del 2017, por medio de la cual
la Secretaría de Educación de Sahagún reconoció y ordenó el pago de las
cesantías parciales con la aplicación del régimen anualizado.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías con el régimen
de retroactividad, ii) se indexen las sumas de dineros adeudadas y iii) se
condene en costas a la entidad demandada.
Hechos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. El señor Elviro Antonio Herazo Berrocal labora como docente oficial del
municipio de Sahagún, desde marzo de 1995.
6. Con solicitud radicada bajo el consecutivo 2017-CES-436872 del 12 de mayo
de 2017, peticionó ante la Secretaría de Educación de Sahagún el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. La cual fue resuelta por
medio de la Resolución 178 de 2017, que liquidó las cesantías con el régimen
anualizado.
7. Debido al tipo de nombramiento, que es carácter territorial, y considerando que
la vinculación se efectuó antes del 31 de diciembre de 1996, debió aplicarse el
sistema de liquidación de retroactividad.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 81 de la Ley 812
de 2003; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1° del Decreto 2767 de 1945; 1° de la Ley 65
de 1946; 6° del Decreto 1160 de 1947; 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos
2755 de 1966 y 1582 de 1998.
9. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso
que el acto demandado no se encausó en las normas en que debía fundarse.
Pues al ser nombrado docente antes del 31 de diciembre de 1996, sin
autorización del Ministerio de Educación Nacional, se le debe aplicar en materia
de liquidación de cesantías el régimen de retroactividad.
10. Liquidar su prestación con el sistema anualizado trae como consecuencia que
el actor deje de recibir una suma importante de dinero que resulta menos
favorable a sus intereses.
Contestación de la demanda
11. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 1 al contestar la demanda se pronunció sobre los
hechos y se opuso a todas las pretensiones por carecer de sustento fáctico y
jurídico para su prosperidad.
12. Además, la parte demandante no acreditó siquiera sumariamente que el acto
administrativo demandado haya sido expedido con infracción de las normas en
que debería fundarse, sin competencia, en forma irregular, con
1 Expediente digital – “10_Contestación.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa
motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
13. Propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación”, “pago de lo no
debido”, “compensación”, “buena fe”, “genérica”.
14. El municipio de Sahagún también se pronunció sobre los hechos y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones.
15. Para el ente territorial, existen dos regímenes de cesantías, estos son el
retroactivo2 y el anualizado. Este último cobija a las personas vinculadas a partir
del 31 de diciembre de 1996. Por su parte, los docentes se rigen por lo dispuesto
en la Ley 91 de 1989.
16. Por lo que, de acuerdo con la normatividad el acto administrativo demandado
se encuentra ajustado a derecho y sin vicios de nulidad.
17. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 18 de marzo de
20213, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el docente fue
nombrado y posesionado en el año 1995, es decir con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la que «es menester encuadrar el
caso en la legislación vigente con anterioridad».
19. Indicó que no le asiste razón al señor Herazo Berrocal cuando afirma que por
ser un docente con vinculación anterior a la expedición de la Ley 344 de 1996,
tiene derecho a que sus cesantías le sean liquidadas retroactivamente.
20. Como su nombramiento se produjo en el mes de marzo de 1995, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, el reconocimiento
de sus cesantías se rige por el régimen anualizado, sin retroactividad y sujeto a
intereses4.
Recurso de apelación 5
2 folio 58 del expediente físico.
3 Expediente digital – “025_SENTENCIA.pdf”
4 Sentencia de primera instancia folio118 « Colorario, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
se les respetaría el régimen prestacional vigente para la entidad territorial, y para el caso de las cesantías esta se
calcularía bajo el sistema de retroactividad, sin embargo, los vinculados con posterioridad a esa data, sin distinguir
entre nacionales y territoriales, se les aplica el sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad.»
5 Expediente digital – “028_Recurso de apelacion.pdf”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
21. El apoderado del demandante inconforme con la decisión adoptada por el
tribunal interpuso el recurso de apelación con el cual solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan la totalidad de las
pretensiones.
22. Puso de presente que la tesis del a quo es «errática», porque si bien desde la
nacionalización todos los docentes fueron asumidos por la Nación, y a su vez,
se les prohibió a las entidades territoriales crear nuevas plazas y efectuar
nombramientos de profesores sin la previa autorización del Ministerio de
Educación Nacional, la realidad indicó otra cosa.
23. No solo se hicieron nombramientos de docentes que quedaron cobijados por la
nacionalización, sino que los entes territoriales ante las necesidades de
atención de la creciente población estudiantil vincularon docentes sin la
autorización antes mencionada, teniendo estos la condición de territoriales y
quedando «por fuera de la regulación contenida en la Ley 91 de 1989, que se
profirió para regular lo concerniente a los educadores nacionales y
nacionalizados, pero no a esa nueva categoría de docentes- los territoriales-.»
24. El artículo 4 de la norma en comento no hizo referencia a los docentes
territoriales, ni permitía su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
25. Estos fueron regulados por la Ley 60 de 1993, los cuales no «mantuvieron las
provisiones contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que
se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las
plantas departamentales y distritales», pues el cambio de régimen solo inició
con la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
26. Argumentos validados por el Consejo de Estado en sus múltiples sentencias.
Además, la decisión de primera instancia desconoce los principios pro homine,
favorabilidad e igualdad al no aplicar el régimen más favorable al trabajador.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
27. Mediante auto del 23 de octubre de 2023 6 se admitió el recurso de apelación.
28. Dentro de la oportunidad legal 7, el agente del Ministerio Público y las partes
guardaron silencio.
6 Página 170 del expediente físico.
7Luego de admitido el recurso de apelación. Pues se advierte del expediente físico que, concedido el recurso de
apelación, la entidad demandada NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se pronunció sobre el recurso ante el
Tribunal de Córdoba, en el cual solicita se confirme la sentencia de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
29. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8.
31. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
Problema jurídico
32. Le corresponde a la Subsección determinar si al demandante, en su calidad de
docente, le asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el régimen
retroactivo o si le es aplicable el régimen anualizado, como lo consideró el
tribunal de primera instancia.
33. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Cesantías, ii) Régimen anualizado de cesantías, iii)
Régimen de cesantías a favor los docentes, iv) Hechos probados y v) Caso
concreto.
Cesantías
34. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, para que este tenga un respaldo que
no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»9
35. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro
de los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el
pago de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 SU 448 de 2016, SU 098-18.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
la dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías. 10
36. Con relación a esta prestación, la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
37. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y
el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente 11.
38. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.
Régimen anualizado de cesantías
39. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro12, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional. En el artículo 27, se estableció un
régimen anualizado en los siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
40. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49.
10 Sentencia C-486 de 2016
11 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
12 Artículo 1° del mencionado Decreto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
41. El régimen anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho
fondo hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998.
42. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 13, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
43. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la
Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se
extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el
Decreto 1582 de 1998 14.
44. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se
les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.
45. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación
retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo
dispuesto en los artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de
2002.
Régimen de cesantías a favor de los docentes
46. La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», lo hizo como una cuenta especial de la
13 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
14 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públ icos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.” Dicho
fondo sería el encargado del pago de las prestaciones sociales causadas a
favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación
de dicha ley.
47. Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las
entidades territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente. Al
tenor:
«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.»
48. De manera que, con la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, en lo concerniente
a las cesantías, sin discriminar entre docentes territoriales, nacionales o
nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, lo siguiente:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta
el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional». (Negrilla fuera de texto)
49. Luego, con la Ley 812 de 2003 15, se precisó el régimen prestacional de los
docentes oficiales. Así para los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales “que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.” Además, señaló
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “se
administrará en subcuentas independientes, correspondiente a los
recursos de pensiones, cesantías y salud.” (Negrilla y subrayados de la
Sala).
50. En consecuencia, de acuerdo con las normas antes relacionadas, los docentes
vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1990 hacen parte del régimen
anualizado de cesantías y no del régimen retroactivo.
Hechos probados
51. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
52. Mediante el Decreto 137 del 15 de marzo de 199516, el alcalde municipal de
Sahagún nombró en propiedad al actor, para desempeñar el cargo de docente
en la Institución Educativa Bajo Grande, del que tomó posesión el 17 de marzo
de ese mismo año.17
53. A través de la Resolución 178 del 11 de julio de 2017 18, la Secretaría de
Educación y Cultural de Sahagún reconoció y ordenó el pago de las cesantías
parciales al docente Elviro Antonio Herazo Berrocal con vinculación Municipal
bajo el régimen anualizado. En las consideraciones del acto administrativo
quedó consignado que la prestación fue solicitada el 8 de marzo de 2017.
Caso concreto
54. Para el apelante, al realizar las entidades territoriales nombramientos después
del proceso de nacionalización, sin la autorización del Ministerio de Educación,
la vinculación del señor Elviro Antonio Herazo Berrocal como docente tiene
carácter territorial. Esta naturaleza no modificó su régimen de cesantías con la
15 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
16 Páginas 12 y 13 del expediente físico.
17 Página 14 del expediente físico.
18 Página 11 del expediente físico.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, ya que dicho cuerpo normativo
únicamente se refirió a los educadores nacionales y nacionalizados.
55. Ahora bien, advierte la Sala que, aunque no existe discusión respecto a que la
vinculación del docente Elviro Antonio Herazo es de carácter municipal 19, como
se desprende entre otros de la resolución de reconocimiento de cesantías
parciales, esto no implica, por sí solo, que sea beneficiario del régimen con
retroactividad.
56. En el caso de los docentes territoriales, aunque la Ley 60 de 1993 y el Decreto
196 de 1995 regularon lo relativo a su afiliación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de ello no se infiere que a partir de ese
trámite empezaba a regir el sistema anualizado, pues para todos los
educadores cuya vinculación laboral iniciaba desde el 1 de enero de 1990,
se previó la liquidación de la prestación bajo ese régimen, sin importar que estos
fueran nacionales, nacionalizados o territoriales 20. (Negrilla de la Sala)
57. Así las cosas, comoquiera que el ingreso del demandante a la docencia oficial
se produjo en marzo de 1995, esto es con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989, le es propio el régimen anualizado y no el de retroactividad,
tal como lo consideró el a quo.
58. El argumento anterior deja sin fundamento el reparo del señor Herazo Berrocal
cuando afirmó tener derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías de
acuerdo con el régimen retroactivo debido a su vinculación como empleado
antes de la entrada en vigencia de Ley 344 de 1996. Se reitera el régimen
anualizado de los docentes inició con la Ley 91 de 1989.
59. En cuanto a la existencia de sentencias relacionadas en el escrito de alzada, que
apoyan su causa, cabe recordar que esta Corporación como organismo de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha sostenido en forma pacífica
desde el año 2010 que los docentes vinculados con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 91 de 1989, gozan del régimen anualizado de cesantías,
postura que mantiene la Subsección 21 hasta la presente providencia.
19. El acto administrativo de nombramiento fue expedido por una autoridad del orden territorial sin la intervención
de la Nación – Ministerio de Educación, y si bien su expedición ocurrió con posterioridad al proceso de
nacionalización del sector educativo que empezó con la Ley 43 de 1975, no se observa en el mencionado acto
administrativo que la plaza corresponda a una que haya sido nacionalizada. Además, así se consignó en la hoja de
revisión de la prestación visible a folio 22 del expediente físico.
20 Al efecto, ver entre otras sentencias la del 19 de octubre de 2017, radicación: 20001 23 39 000 2014 00289 01,
número interno: 5010-15, M.P. William Hernández Gómez y la del 1° de agosto de 2024, radicación 25000 23 42
000 2017 05406 01, interno 1648-2021, M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación: 20001-23-
31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-01 (0293-
2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
60. Ahora bien, pese a que en el recurso fue planteada una supuesta vulneración de
los principios de igualdad, favorabilidad, entre otros, lo cierto es que no se
expresaron las razones de hecho y de derecho que sirvieran de base a tal
afirmación, y mucho menos, que estas pueden ser evidenciadas del análisis de
los actos demandados y lo decidido por el juez de instancia, de acuerdo a lo aquí
expuesto.
61. Así las cosas, evidenciado que el señor Elviro Herazo Berrocal se vinculó al
servicio docente en marzo de 1995, es decir, con posterioridad a la vigencia de
la Ley 91 de 1989, sus cesantías se rigen por el sistema anualizado, tal como lo
concluyó el Tribunal Administrativo de Córdoba.
62. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
63. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala
de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
64. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte tal situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
26 de septiembre de 2024, radicación: 52001-23-33-000-2019-00437-01 (2570-2022), M.P Luis Eduardo Mesa
Nieves.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00587-01 (1007-2023)
Demandante: Elviro Antonio Herazo Berrocal
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.