Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05406-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05406-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05406-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05406-01 (1648-2021)
Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Régimen de cesantías con retroactividad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la
cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Carlos Alberto Cortés Camargo formuló
demanda, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 2017554897 de 20 de
junio de 2017, emitido por la Secretaría de Educación de Cundinamarca – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por medio de la cual le negó la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
liquidación de las cesantías teniendo en cuenta el régimen de retroactividad.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago de su
cesantía, con base en el régimen de retroactividad; ii) ordenar el reconocimiento y
pago de la indexación de las cesantías anuales causadas; iii) ordenar el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iv) reconocer los
reajustes de valor, de conformidad con el artículo 187 ibidem; y, v) condenar en
costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
(i) El señor Carlos Alberto Cortes Camargo fue nombrado como docente desde el
19 de enero de 1994, en el municipio de Cundinamarca, posesionándose el 15 de
marzo del mismo año.
(ii) El 25 de mayo de 2017, el señor Cortes Camargo solicitó ante la Secretaría de
Educación de Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el pago de las cesantías aplicando el régimen de retroactividad.
(iii) Por Oficio 2017554897 de 20 de junio de 2017, la Secretaría de Educación de
Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le puso
de presente que era improcedente reconocer sus cesantías con base en el régimen
antes mencionado, por cuanto le era aplicable el anualizado.
(iv) El 19 de julio de 2017, presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación y el 29 de agosto del mismo año, esta se declaró
fallida por falta de ánimo conciliatorio.
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1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 53, 58, 228 y 336 de
la Constitución Política; las Leyes 6ª de 1945; 57 y 153 de 1997; 91 de 1989; 4.º de
1992; 5 de 1969; y, 344 de 1996; y, el Decreto 2277 de 1979.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) El acto demandado está afectado por violación de la ley, toda vez que los
artículos 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945 crearon el auxilio de cesantías y tal prestación
se hizo extensiva a los trabajadores territoriales -de los departamentos, intendencias
y comisarías, y municipios-, por virtud del artículo 1 ibidem, régimen que permaneció
vigente de conformidad con las diferentes disposiciones que posteriormente
consagraron tal emolumento.
(ii) De igual manera, sobre esa materia, y en torno a los docentes, el legislador, en
el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 estableció que el personal docente con vinculación
departamental, distrital y municipal sería incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se le respetaría el régimen prestacional
vigente de la entidad territorial; además, la Ley 4 de 1992 determinó que la fijación
del régimen salarial y prestacional allí dispuesto se haría garantizando los derechos
adquiridos.
(iii) Por otro lado, la Ley 115 de 1994 estableció un régimen especial para los
educadores estatales, pero en él indicó que, en ningún caso, se podrían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales de los docentes, garantía que también se
consagró en el Decreto 196 de 1995, artículo 5, entre otros.
(iv) Con fundamento en todo lo anterior, a los docentes territoriales se les debe
seguir aplicando el régimen de retroactividad de cesantías, pues solo con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996 se previó, para los empleados del orden
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territorial, el régimen de liquidación anual, en aplicación de la Ley 344 de 1996 y su
Decreto reglamentario 1582 de 1998.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
La entidad demandada no contestó la demanda.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 30 de enero de 2020,1 denegó las pretensiones de
la demanda, pues consideró lo siguiente:
(i) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, al personal docente vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989,
se les respetaría el régimen prestacional vigente para la entidad territorial y para el
caso de las cesantías este se calcularía bajo el sistema de retroactividad, sin
embargo, a los vinculados con posterioridad a dicha fecha, sin distinguir entre
docente nacionales y territoriales, se les aplicaría el sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad.
(ii) En este asunto, el señor Carlos Alberto Cortes Camargo se vinculó como
docente en propiedad, desde el 15 de marzo de 1994, es decir, que su
nombramiento se surtió con posterioridad al proceso de nacionalización
desarrollado por la Ley 43 de 1975, que inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el
31 de diciembre de 1980, razón por la cual se le aplica el régimen prestacional y
salarial de los docentes del orden nacional contemplado en la Ley 91 de 1989.
1 Folios 151 a 154.
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(iii) Aunado a lo anterior, las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, mantuvieron las
previsiones contempladas en la Ley 91 de 1989, para todos los docentes que se
incorporaran sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas
departamentales y distritales, a partir del 1.º de enero de 1990.
(iv) En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Cortes Camargo se
vinculó como docente al servicio del municipio de Cundinamarca desde el mes de
marzo de 1994, sus cesantías comenzaron a generarse a partir de dicha anualidad,
razón por la cual deben ser liquidadas anualmente y sin retroactividad.
(v) Condenó en costas de primera instancia a la parte actora, por cuanto fue la parte
vencida en el proceso.
1.4. El recurso de apelación
El demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación2 y lo
sustentó así:
(i) Su vinculación docente fue territorial, como consta en el decreto de
nombramiento, razón por la cual en su caso, aplica el régimen de retroactividad de
cesantías, dado que para los empleados del orden territorial el sistema de
liquidación anual solo empezó a regir para quienes ingresaron al servicio con
posterioridad al 30 de diciembre de 1996, producto de lo ordenado en la Ley 344 de
1996, de modo que, como su vínculo inició antes de esa fecha, debe conservar el
régimen anterior, garantía que fue respetada por virtud de lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 196 de 1995.
(ii) No era dable la condena en costas en primera instancia, dado que no se incurrió
en mala fe y el demandante no cuenta con los recursos económicos suficientes para
sufragarlas.
2 Folios 162 a 166.
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1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. Del demandante3
Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte
interesada guardó silencio.
1.5.2. Del demandado
La Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales se
opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, con base en las razones que se enuncian a continuación:
(i) Las pretensiones de la demanda carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que
las disposiciones invocadas como violadas se ciñeron a las disposiciones en que
debían fundarse.
(ii) La Ley 91 de 1989 constituye un régimen especial en lo que respecta al
reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales de los docentes que están
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tal normativa
fue la que se tuvo en cuenta para liquidar la prestación del demandante.
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el demandante puede ser beneficiario de la
liquidación de cesantías con el sistema de retroactividad, previsto en la Ley 6ª de
3 Índice Samai (cuaderno principal).
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1945.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»4, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»5;
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
4 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
5 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías6, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo7. Además, en los artículos 6 y 7
ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida
del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de
intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el
sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos,
al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
6 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
7 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar
un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y
siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
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continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores8.
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos9 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la
siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición (se resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 210 del Decreto 1252 de 2000 y 311 del Decreto 1919 de 2002.
Ahora bien, en lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo
3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
8 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de
1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
9 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
10 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de
cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral
en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
11 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y
el Decreto 1252 de 2000.»
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Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más
del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales12 que
se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la
promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem consagró lo relativo al reconocimiento de
las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente
Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento de esa prestación a
favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales
o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
12 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resalta la
Sala).
Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los docentes
vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos aquellos
cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar si se trata
de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o departamentales) pues,
precisamente, la expresión está precedida de una «y», que es copulativa, es decir
que «se usa para unir palabras»13, por ello la Sala entiende que además de los
nacionales y nacionalizados a que se refiere la primera frase de la norma, adiciona
o incluye a aquellos que se vincularan al servicio docente con posterioridad a la
fecha límite allí establecida, y en torno a estos no se hizo diferenciación en relación
con la autoridad de la que proviniera el nombramiento del docente, por lo que ha de
entenderse que se trata de todos, sin discriminación alguna.
La Ley 60 de 1993, en su artículo 6º, en torno a los docentes territoriales determinó
que «[serían] incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la respectiva
entidad territorial»; no obstante en el artículo 3, numeral 5, ibídem, en torno a los de
la planta de personal de los establecimientos educativos territoriales, que fueran
remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que tenían el carácter territorial,
en los siguientes términos:
13 www.rae.es.
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Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con
las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del
personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de
la presente Ley.
Ahora bien, el artículo 175 de la Ley 115 de 1994, estableció la posibilidad de que
los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en
los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria
y de educación media, se afiliaran al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; sin embargo, solo hasta el Decreto 196 del 25 de enero de 1995, se
reglamentaron los artículos 6 y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y en lo
que respecta a la afiliación de los docentes territoriales al dicho fondo, determinó lo
siguiente:
Artículo 5º.- Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con
recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén
vinculados a la fecha de vigencia del presente Decreto, serán incorporados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el procedimiento
establecido en el capítulo IV de este Decreto y el cumplimiento de los requisitos
formales establecidos para el efecto, quedando eximidos de los requisitos
económicos fijados para afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a una
caja de previsión o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les respetará
el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se les
podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las entidades
antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios
interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente Decreto. Los docentes
que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con
posterioridad a la incorporación de que trata el inciso inmediatamente anterior,
deberán cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y
económica y se afiliarán con sujeción al régimen establecido en la Ley 91 de 1989,
en sus decretos reglamentarios y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen
o sustituyan. (Resalta la Sala).
Valga aclarar que el aludido decreto, también se refirió a la clasificación de docentes
que estaba contenida en la Ley 91 de 1989, pues, en su artículo 3º lo previó así:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los
siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 05406-01 (1648-2021)
Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales. (Se resalta).
Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los docentes
territoriales al aludido fondo, el Decreto Nacional 3752 de 2003, estableció:
Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de
los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a
más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad
territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar. (Negrilla fuera de texto).
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.
Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento: (…)
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Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante
Mediante Decreto 006 de 19 de enero de 1994, el alcalde del municipio de el Colegio
de Cundinamarca nombró, en propiedad, al señor Carlos Alberto Cortes Camargo
como docente en la planta de personal,14 cargo del cual tomó posesión el 15 de
marzo de 1994.15
2.3.2. Sobre la reclamación de las cesantías definitivas y su reconocimiento
i) El 1.º de junio de 2017, el señor Carlos Alberto Cortes Camargo formuló
reclamación con el fin de que sus de cesantías le fueran reconocidas y pagadas con
base en el régimen de retroactividad.16
ii) A través de Oficio 2017554897 de 20 de junio de 2017, la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, le informó lo siguiente:17
Se responde a los docentes, que de los actos de nombramiento mencionados se
desprende que su vinculación al sistema educativo estatal, a través del municipio de
el colegio, ocurrió con posterioridad a la vigencia de la ley 91 de 1989, y por lo tanto,
su régimen prestacionales es el correspondiente a las normas aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la citada norma.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
14 Folios 2 y 3.
15 Folio 91.
16 Folios 6 a 9.
17 Folios 10 a 14.
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Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
que la postura de la entidad en torno al régimen que se debe aplicar para liquidar
las cesantías del demandante es el anualizado porque su vinculación se produjo
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, mientras que este
asegura que su prestación se debe liquidar con el sistema de retroactividad, en la
medida en que su vinculación fue anterior a diciembre de 1996, fecha en que entró
a regir el régimen anual de cesantías para los empleados del orden territorial.
Al respecto, se debe señalar que tal como se demostró con las pruebas referidas
previamente, la vinculación laboral del accionante inició el 15 de marzo de 1994,
como docente al servicio de la planta de personal docente del municipio de el
Colegio de Cundinamarca, de manera que esa fecha determina el régimen de
liquidación de cesantías que le es propio, que no es otro que el anualizado, tal como
lo consideró el a quo.
En efecto, el ingreso del demandante a la docencia oficial se produjo con
posterioridad al 31 de diciembre de 1989, es decir, después de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo que su régimen de cesantías es el que
cobijaba a los empleados públicos del orden nacional, esto es, anualizado, sin
retroactividad y sometido al reconocimiento de intereses.18
Por ello, aunque la Ley 60 de 1993 y el Decreto 196 de 1995 regularon lo relativo a
la afiliación de los docentes territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, ello no quiere decir que a partir de ese trámite empezaba a regir el
sistema anual, pues, para todos los docentes cuya vinculación laboral iniciaba
desde el 1 de enero de 1990, se previó la liquidación de la prestación bajo ese
régimen -anual- sin importar que estos fueran nacionales, nacionalizados o
territoriales.19
La Sala no desconoce que tanto la Ley 91 de 1989, como el artículo 3 del Decreto
18 A partir de lo previsto en el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968, la liquidación de las cesantías
de los empleados públicos del orden nacional, es anual y no retroactiva.
19 Tal es la interpretación que le ha dado la Sala a las disposiciones que en materia de cesantías
aplican a los docentes, tal como se ha dejado sentado, entre otras, en providencia del 19 de octubre
de 2017, radicación: 20001 23 39 000 2014 00289 01, número interno: 5010-15, M.P. William
Hernández Gómez.
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 05406-01 (1648-2021)
Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
196 de 1995 contienen la clasificación de docentes, como nacionales,
nacionalizados y territoriales; sin embargo, ello no quiere decir que tal enunciación
hubiera tenido el propósito de aplicar, a estos últimos, el régimen prestacional de la
entidad territorial correspondiente, sino realizar una diferenciación que tendría
repercusión, en particular, para aquellos que venían con una vinculación anterior.20
En tales condiciones, esta Subsección debe precisar que si bien es cierto la
incorporación de los docentes territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, que se produciría a partir de lo dispuesto en el Decreto 196
de 1995, garantizaba el régimen prestacional que tuvieran al momento de su
incorporación, también lo es que en el caso del demandante, para efectos de la
liquidación de sus cesantías, el régimen que debía aplicarse no era otro que el
anualizado contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues su vinculación
laboral se produjo con posterioridad a esa disposición.
Precisamente, las pruebas demuestran que el ingreso del señor Cortes Camargo,
como docente al servicio del municipio de el Colegio (Cundinamarca), ocurrió en
marzo de 1994, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha establecida
en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para que entrara en vigor el sistema de
liquidación de cesantías allí contemplado, y que regía en caso de nuevas
vinculaciones docentes; por lo tanto, es forzoso concluir que se debe someter al
régimen anualizado allí establecido, lo que impone confirmar la sentencia recurrida
que así lo dispuso.
2.5. De la condena en costas en primera instancia
El demandante solicitó revocar la condena en costas que se le impuso en primera
instancia, pues, considera que: no realizó conductas tendientes a dilatar el proceso;
no actuó de mala fe; y no cuenta con los medios económicos para sufragarlas.
Al respecto, la Sala precisa que, por mandato del artículo 188 del CPACA, la
20 Entendiéndose anterior, aquella producida previamente a la vigencia de la Ley 91 de 1989.
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 05406-01 (1648-2021)
Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, conforme con los criterios fijados
en el artículo 365 del CGP habrá lugar a condenar en costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, sin que se requiera
un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.
Del estudio del expediente, se tiene que en el presente asunto se causaron agencias
en derecho, dado que el apoderado de la entidad demandada participó en el
proceso, pues, asistió a la audiencia inicial y descorrió traslado para alegar de
conclusión.
En ese orden de ideas, no están llamados a prosperar los argumentos de la
apelación en este aspecto, en atención a los criterios establecidos en el artículo 365
del Código General del Proceso, pues, se atendió a los parámetros de causación
de acuerdo con la actividad de las partes.
3. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,21
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 05406-01 (1648-2021)
Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
4. Conclusión
Con los anteriores argumentos se concluye que el señor Carlos Alberto Cortes
Camargo es beneficiario del régimen anualizado para la liquidación de sus
cesantías, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que
denegó la aplicación del régimen de retroactividad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil veinte
(2020), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 05406-01 (1648-2021)
Demandante: Carlos Alberto Cortes Camargo
proceso promovido por el señor Carlos Alberto Cortes Camargo, contra la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo.- No condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
GMSM
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