Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00129-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00129-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2019-00129-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00129 01 (0293-2022)
Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Régimen de cesantías con retroactividad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 22 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Casanare, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, en torno a
la aplicación del régimen de retroactividad de cesantías.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Ana Josefa Fernández Méndez formuló
demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de la Resolución 2889 del 9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00129 01 (0293-2022)
Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
de noviembre de 2018, expedida por la Secretaría de Educación de Casanare, por
medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial, en cuanto
se liquidó con el sistema anual y no con el retroactivo.
Como consecuencia, solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento,
liquidación y pago de su cesantía definitiva con base en el régimen de retroactividad;
ii) ordenar a la entidad demandada que pague las diferencias de su auxilio producto
de la liquidación con el aludido régimen; iii) reconocer la indexación sobre las sumas
de dinero adeudadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Ley
1437 de 2011; iv) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 ibidem; y v) condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
(i) La señora Ana Josefa Fernández Méndez ha prestado sus servicios de manera
ininterrumpida, como docente, al servicio del municipio de Paz de Ariporo desde el
9 de febrero de 1989 «de vinculación DEPARTAMENTAL – RECURSOS PROPIOS».
(ii) Por medio de petición formulada el 1.º de octubre de 2018, la accionante solicitó
ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento
y pago de sus cesantías parciales, la cual fue resuelta mediante la Resolución 2889
del 9 de noviembre de 2018.
(iii) A pesar de la vinculación de la actora, se aplicó el régimen de cesantías de que
trata el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y no el establecido en las Leyes 6.ª de 1945
y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, que prevén que tal
liquidación se debe hacer en forma retroactiva.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122 de
la Constitución Política; 12 y 17, literal a), de la Ley 6.ª de 1945; 1 de la Ley 65 de
1946; 2, literal a) de la Ley 4.ª de 1992; 6 de la Ley 60 de 1996; 176 de la Ley 115
de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996; 5, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006; 1 del
Decreto 2767 de 1945; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848
de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 7 y 9 del Decreto 2563 de 1990; 5
del Decreto 196 de 1995; y 1 del Decreto 1582 de 1998.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) Según las competencias fijadas en los artículos 3 de la Ley 91 de 1989 y 56 de
la Ley 962 de 2005, al secretario de educación de la entidad territorial le corresponde
tramitar el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes, entre ellas,
lo relativo a las cesantías parciales y definitivas.
(ii) La Ley 6.ª de 1945, en sus artículos 12 y 17, creó el auxilio de cesantías y, en el
artículo 1 ibidem, hizo extensiva la aplicación de sus previsiones a los asalariados
de cualquiera de las ramas del poder público, disposición que también está
contenida en el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945, que la reglamentó, y que fue
ratificada en los artículos 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947. Además, tanto el
Decreto 1848 de 1969 como el 1045 de 1978 establecieron la compatibilidad entre
la cesantía del trabajador y cualquiera de las pensiones a su favor.
(iii) La Ley 91 de 1989 cambió sustancialmente la fórmula para liquidar las cesantías
de los docentes; sin embargo, dicha disposición no modificó el sistema de
liquidación de las cesantías de los maestros vinculados a las entidades territoriales.
En efecto, el artículo 2 de la Ley 4.ª de 1992 garantizó el respeto de los derechos
adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los
regímenes especiales.
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iv) Bajo las anteriores condiciones se expidió la Ley 60 de 1993, la cual no alteró el
sistema de liquidación de cesantías de los docentes y, por el contrario, en su artículo
6 estableció que se les respetaría el régimen prestacional vigente de la entidad
territorial; en similares términos, en el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 se definió
que los salarios y prestaciones de aquellos no se podrían desmejorar.
v) En aplicación de lo previsto en el Decreto 196 de 1995, las entidades territoriales
afiliaron a los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
con lo cual se radicó en este la obligación de pagar sus cesantías, pero tal
circunstancia no implica que se hubiera generado un cambio en torno al régimen de
liquidación de ese auxilio, pues solo a partir de la Ley 344 de 1996 se originó una
modificación en el sistema para calcular esa prestación, respecto de los empleados
del orden territorial, de manera que aquellos vinculados entre el 1.º de enero de
1990 y el 31 de diciembre de 1996 conservarían el régimen de retroactividad.
vi) Tales antecedentes permiten concluir que la demandante tiene derecho a la
liquidación de sus cesantías con el sistema de retroactividad, pues solo los docentes
territoriales vinculados con posterioridad a la Ley 344 de 1996 están amparados por
el sistema de liquidación anual.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) actuando por intermedio de apoderada, contestó la demanda1 y se
opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, se sustentó en los
siguientes argumentos:
(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, pero
sin personería jurídica, cuya finalidad consiste en atender las prestaciones sociales
1 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 16.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
de los docentes, y sus recursos son administrados por La Previsora S.A. producto
de un contrato de fiducia mercantil suscrito entre esta y el Ministerio de Educación.
(ii) El aludido ministerio no es la entidad llamada a responder por los asuntos
relacionados con el reconocimiento, liquidación y pago de las pensiones de los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Además, el
régimen de liquidación de las cesantías de la demandante es el anualizado.
(iii) Deben prosperar las excepciones de legalidad de los actos administrativos
acusados, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico y cobro de
lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 22 de julio
de 2021,2 denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:
(i) De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, la demandante laboró
como docente, al servicio del municipio de Paz de Ariporo, bajo la modalidad de
contratos, durante los periodos comprendidos entre el 9 de febrero y el 30 de
noviembre de 1989, el 9 de abril de 1990 y el 30 de marzo de 1991, el 1.º de abril
de 1991 y el 31 de marzo de 1992 y del 1.º de febrero y al 31 de diciembre de 1993.
(ii) Adicionalmente, fue nombrada mediante el Decreto 0038 del 21 de febrero de
1994, como docente para desempeñar su labor en la Concentración Urbana
Panorama, del aludido municipio, empleo del cual tomó posesión el 1.º de febrero
de 1994.
(iii) Lo anterior quiere decir que la vinculación laboral de la demandante entre el 9
2 2 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 32.
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de febrero de 1989 y el 1.º de octubre de 2018 —fecha en que solicitó las cesantías
parciales— no fue continua, sino que ha sido interrumpida y, por ende, la liquidación
de su prestación debe atender, únicamente, los tiempos continuos laborados, razón
por la cual se concluye que el régimen de liquidación de cesantías que debe
aplicarse es el de liquidación anual, tal como se hizo en el acto acusado, pues la
vinculación laboral continua ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989.
(iv) Por último, en este caso no hay lugar a imponer condena en costas, bajo el
criterio usado en controversias anteriores y porque no hay prueba de que se
hubieran generado erogaciones a cargo de la entidad demandada.
1.4. El recurso de apelación
La demandante, actuando por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación,3 que sustentó así:
(i) En la sentencia de primera instancia no se abordó el análisis de la normativa que
reguló las vinculaciones de los docentes con posterioridad al 1.º de enero de 1990;
además, se desconocen los tiempos de servicios que fueron ininterrumpidos con el
municipio de Paz de Ariporo desde el 9 de febrero de 1989.
(ii) La entidad, en su certificado se limita a mencionar que la señora Fernández
Méndez fue nombrada en propiedad desde el 1 de febrero de 1994, pese a que
debió certificar todo el tiempo laborado para el municipio de Paz de Ariporo.
(iii) La sentencia omite tener en cuenta pronunciamientos judiciales emitidos por
otros Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de los cuales se extrae que la
exigencia del artículo 15, numeral 3, literal A, de la Ley 91 de 1989, para los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, no conlleva
3 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 34.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
que su nombramiento hubiera sido en propiedad con antelación a su entrada en
vigencia, ni que hubiera existido continuidad y, en ese orden, como la accionante se
vinculó el 9 de febrero de 1989 y la norma no distinguió la naturaleza de tal relación
laboral, no se puede desestimar el tiempo anterior a la mencionada ley, para efecto
del reconocimiento de sus cesantías con el régimen que se pretende.
(iv) Similar contexto se analizó en la sentencia emitida por el Consejo de Estado, el
17 de agosto de 2011, en el radicado 25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06)
según el cual «basta que exista un vínculo laboral [anterior a la Ley 91 de 1989]4 el
cual puede darse bajo un nombramiento en propiedad, en provisionalidad, en
periodo de prueba o, como en este caso, en interinidad». También debe atenderse
los antecedes jurisprudenciales emitidos por dicha corporación, en sentencias del
28 de febrero de 2008, radicación 25000 23 25 000 2003 04095 01 (3700-2005) y
del 10 de febrero de 2011, radicación 52001 23 31 000 2006 01365 (0088-10).
(v) Por otra parte, no se puede desconocer la calidad de docente territorial de la
demandante, y no nacional ni nacionalizada, y que el criterio de liquidación anual de
cesantías se hizo extensivo, a través de la Ley 91 de 1989, a los docentes
nacionalizados nombrados a partir del 1.º de enero de 1990, lo que no ocurrió
respecto de los docentes territoriales, pues, en torno a ellos, la Ley 60, en su artículo
6, entre otras, establecieron la garantía del respeto de los derechos prestacionales
de la entidad territorial y solo fue hasta la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996
que los docentes vinculados con posterioridad a ella se hicieron destinatarios del
sistema de liquidación anual de cesantías.
(vi) Finalmente, en lo que se refiere a la imposición de costas procesales, no es
viable una condena de esta naturaleza por el solo hecho de resolver desfavorables
las pretensiones.
1.5. Pronunciamiento de la contraparte en segunda instancia
4 La precisión en el corchete la hace la Sala, para contextualizar la transcripción.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) no hizo pronunciamiento en segunda instancia.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto6.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si es viable disponer la reliquidación de las cesantías
parciales de la señora Ana Josefa Fernández Méndez, de acuerdo con el régimen
de retroactividad de cesantías que pretende.
2.2. Marco normativo
La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
5 Sobre el particular, en la plataforma Samai no aparece registrado ningún memorial que hubiera
presentado la entidad durante el término que la ley dispone para ese efecto.
6 En la plataforma Samai no aparece registrado concepto por parte del agente del Ministerio Público.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»7, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»8;
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías9, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo10. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
7 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
8 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
9 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
10 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el
sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos,
al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar
un día de salario por cada retardo.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y
siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.11
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos12 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la
siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición (se resalta).
11 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de
1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
12 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
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Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 213 del Decreto 1252 de 2000 y 314 del Decreto 1919 de 2002.
Ahora bien, en lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo
3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más
del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales15 que
se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la
promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem consagró lo relativo al reconocimiento de
las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
13 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de
cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral
en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
14 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y
el Decreto 1252 de 2000.»
15 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente
Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento de esa prestación a
favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales
o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resalta la
Sala).
Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los docentes
vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos aquellos
cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar si se trata
de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o departamentales) pues,
precisamente, la expresión está precedida de una «y», que es copulativa, es decir
que «se usa para unir palabras»,16 por ello la Sala entiende que además de los
nacionales y nacionalizados a que se refiere la primera frase de la norma, adiciona
16 www.rae.es.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
o incluye a aquellos que se vincularan al servicio docente con posterioridad a la
fecha límite allí establecida, y en torno a estos no se hizo diferenciación en relación
con la autoridad de la que proviniera el nombramiento del docente, por lo que ha de
entenderse que se trata de todos, sin discriminación alguna.
La Ley 60 de 1993, en su artículo 6, en torno a los docentes territoriales determinó
que «[serían] incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la respectiva
entidad territorial»; no obstante en el artículo 3, numeral 5, ibídem, en torno a los de
la planta de personal de los establecimientos educativos territoriales, que fueran
remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que tenían el carácter territorial,
en los siguientes términos:
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con
las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del
personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de
la presente Ley.
Ahora bien, el artículo 175 de la Ley 115 de 1994, estableció la posibilidad de que
los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en
los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria
y de educación media, se afiliaran al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; sin embargo, solo hasta el Decreto 196 del 25 de enero de 1995, se
reglamentaron los artículos 6 y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y en lo
que respecta a la afiliación de los docentes territoriales al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, determinó lo siguiente:
Artículo 5º.- Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con
recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén
vinculados a la fecha de vigencia del presente Decreto, serán incorporados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el procedimiento
establecido en el capítulo IV de este Decreto y el cumplimiento de los requisitos
formales establecidos para el efecto, quedando eximidos de los requisitos
económicos fijados para afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a una
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caja de previsión o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les respetará
el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se les
podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las entidades
antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios
interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente Decreto. Los docentes
que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con
posterioridad a la incorporación de que trata el inciso inmediatamente anterior,
deberán cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y
económica y se afiliarán con sujeción al régimen establecido en la Ley 91 de 1989,
en sus decretos reglamentarios y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen
o sustituyan. (Resalta la Sala).
Valga aclarar que el aludido decreto, también se refirió a la clasificación de docentes
que estaba contenida en la Ley 91 de 1989, pues, en su artículo 3 lo previó así:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los
siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales. (Se resalta).
Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los docentes
territoriales al aludido fondo, el Decreto Nacional 3752 de 2003, estableció:
Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de
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los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a
más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad
territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar. (Negrilla fuera de texto).
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.
Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento: (…)
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral de la demandante
(i) El 1.º de febrero de 1994,17 la señora Ana Josefa Fernández Méndez tomó
posesión del cargo de docente en la Concentración Urbana Panorama, del
municipio de Paz de Ariporo, como consecuencia del nombramiento efectuado
mediante el Decreto 0038 del 1.º de febrero de 1994.
(ii) El 24 de octubre de 1994,18 la coordinadora de soluciones docentes de la
Secretaría de Educación y Cultura de Casanare expidió un certificado laboral de la
demandante, en los siguientes términos:
17 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 4.
18 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 4.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
(iii) El 11 de junio de 1998,19 la directora administrativa y financiera de la Secretaría
de Educación de Casanare, expidió certificado de tiempos de servicio de la
demandante, así:
2.3.2. Sobre la reclamación de las cesantías y el reconocimiento de esa
prestación
(i) El 1.º de octubre de 2018,20 la demandante formuló solicitud en la cual exigió el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales para reparación y ampliación de
vivienda.
19 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 4.
20 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 4.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
(ii) El 9 de noviembre de 2018,21 la Secretaría de Educación de Casanare expidió
la Resolución 2889, mediante la cual reconoció las cesantías parciales a favor de la
demandante y, en ella, señaló entre las normas aplicables, la Ley 91 de 1989,
además, la liquidación se hizo con base en los reportes anuales realizados desde
el año 1994.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, que consiste en la inconformidad
de la parte demandante porque no se tomó en cuenta, para efecto del
reconocimiento de sus cesantías con el sistema de retroactividad, el tiempo de labor
que venía desarrollando desde el 9 de febrero de 1989, sino únicamente la relación
laboral continua que habría tenido con posterioridad al 1.º de febrero de 1994,
producto del nombramiento en propiedad efectuado a través del Decreto 0038 de
igual fecha, la Sala considera necesario analizar si la vinculación laboral de la
demandante, en realidad, fue continua entre la primera de las citadas y esta última,
toda vez que uno de los argumentos del tribunal de instancia para denegar las
pretensiones consistió en que no estaba demostrada la continuidad laboral.
En efecto, al verificar el material probatorio recaudado, y relacionado en el acápite
2.3.1. de esta providencia, se pudo establecer que la relación laboral no fue
continua, pues tuvo interrupciones, así:
Desde el 1 de diciembre de 1989 hasta el 28 de abril de 1990.
Desde el 1 de abril de 1992, hasta el 30 de enero de 1993.
Desde el 1 de enero de 1994 hasta el 30 de enero de 1994.
Al respecto, la Sala considera necesario señalar que tal como lo consagran las
Leyes 6.ª de 1945 y Ley 65 de 1946, el reconocimiento de las cesantías con el
21 Expediente digital, índice 6 del aplicativo Samai, archivo 4.
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sistema de retroactividad procede para el servicio ininterrumpido, e, incluso, cuando
se producen las suspensiones o interrupciones en la labor, autorizadas por la ley,
siempre y cuando no ocurra la terminación del vínculo laboral. Así lo ha reconocido
el Consejo de Estado, entre otras, en la providencia cuyo aparte se cita a
continuación:
De conformidad con lo establecido en la ley 65 de 1946, que regula lo concerniente
al auxilio de cesantía retroactivas, los trabajadores de los departamentos,
municipios, intendencias y comisarías, tienen derecho al auxilio de cesantía por
el tiempo trabajado continua o discontinuamente, en los términos previstos en la
ley 6ª de 1945.
Según el artículo 5º del decreto 1160 de 1947, se entiende por servicio discontinuo
para los efectos del auxilio de cesantía, aquél que realiza el empleado oficial
dentro de una misma relación jurídica de trabajo aunque haya suspensiones
o interrupciones en la labor autorizada por la ley, como licencias, incapacidades,
servicio militar, enfermedad, accidente de trabajo y demás situaciones laborales
que NO impliquen terminación del vínculo laboral, de modo que opera la
presunción legal de que no ha existido solución de continuidad22.23
Siendo así, y tal como lo consideró el a quo, en el caso concreto de la demandante,
no se puede entender que hubo continuidad en las relaciones laborales anteriores
a aquella que inició el 1.º de febrero de 1994.
En ese sentido, la Sala debe precisar que si bien es cierto la demandante tuvo varias
vinculaciones laborales anteriores al 31 de diciembre de 1989 —fecha en que entró
a regir el régimen el sistema de liquidación anual de cesantías para los docentes
que ingresaran al servicio con posterioridad— estas fueron discontinuas, pues
siempre hubo interrupción entre una y otra, de, por lo menos, un mes; por lo tanto,
22 Cita propia del texto transcrito: Artículo 5º. Se entiende por servicio discontinuo para los efectos
del auxilio de cesantía a que se refieren los artículos 1º y 3º de la Ley 65 de 1945 en
cuanto a los trabajadores particulares, el que se realiza dentro de un mismo contrato o de una
misma relación jurídica de trabajo, aunque haya habido suspensiones o interrupciones en el
trabajo mismo, como las provenientes de licencias, prestación del servicio militar u otras causas
semejantes. Los otros casos en que el trabajador deja de prestar el servicio, pero sin que el
contrato o la relación de trabajo se suspendan, como el goce de vacaciones, la enfermedad
hasta por ciento ochenta (180) días o el accidente de trabajo hasta por el mismo término
de incapacidad, etc., no se entenderán como soluciones de continuidad del servicio para los
efectos indicados.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2010,
radicación: 20001-23-31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero.
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no constituye tiempo de servicio ininterrumpido que se pueda sumar al que dio
origen a la reclamación de las cesantías objeto de estudio.
Por lo anterior, es importante destacar que la relación laboral de la que se hace
derivar la petición de cesantías formulada por la demandante y que se concedió a
través del acto acusado, es la que inició con posterioridad a la Ley 91 de 1989, como
bien lo identificó el Tribunal y, bajo ese entendido, no se acogerá el argumento
planteado por la parte actora en el recurso de apelación, para que se tome en cuenta
tiempo de servicio anterior a su vinculación continua pues, se repite, se trata de
tiempos de servicio interrumpidos, y ello impide sumarlos a los laborados con
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, a efecto de aplicar un
régimen diferente para la liquidación de las cesantías.
En ese contexto, es necesario insistir en que las cesantías que se reclamaron ante
la administración no son las causadas a favor de la demandante por los períodos
laborados antes del 31 de diciembre de 1989, pues al haber concluido tales
relaciones laborales en cada uno de los periodos citados en el acápite 2.3.1. de esta
providencia, cualquier reclamación al respecto, estaría prescrita. Siendo así, el
periodo de liquidación a tener en cuenta para definir el régimen aplicable es el que
comprende desde la fecha de vinculación continua -que es la que se encuentra
vigente al momento de reclamación de las cesantías- pues este es el factor
determinante para establecer el régimen de liquidación que la ampara.
Es oportuno reiterar y resaltar que, para el caso de la demandante, como su
vinculación laboral continua fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989, es forzosa la aplicación del sistema de liquidación anual fijado en ella, pues,
se repite, la norma se refirió a los docentes vinculados con posterioridad al 1 de
enero de 1990, es decir, hizo alusión a todos aquellos cuya relación laboral iniciara
en forma posterior a esa fecha, sin importar si se trata de nacionales, nacionalizados
o territoriales (municipales o departamentales).
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Adicionalmente, es importante señalar que, en el recurso, la accionante solicitó
tener en cuenta algunos antecedentes que se habrían resuelto por esta corporación,
con similares características, y de los que, en su escrito, concluye que los tiempos
de servicio respecto de las vinculaciones docentes anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, deben ser computables para efecto de mantener el
régimen de retroactividad para la liquidación de las cesantías. Al respecto, se debe
decir lo siguiente:
En primer lugar, se invocó la sentencia del 17 de agosto de 2011, dictada en el
radicado 25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06), en la cual se concluyó que
«basta que exista un vínculo laboral el cual puede darse bajo un nombramiento en
propiedad, en provisionalidad, en periodo de prueba o, como en este caso, en
interinidad»; sin embargo, el contexto fáctico del caso analizado en dicha
providencia difiere del asunto bajo examen pues, en ella, se estudió el
desconocimiento de tiempos laborados por la parte accionante, por haber tenido un
nombramiento en interinidad, pero el análisis no se centró en la discontinuidad del
servicio, sino en el tipo de vinculación, que fue el factor determinante para negar la
inclusión del tiempo de servicio que se pretendía reclamar y, por ende, no se trata
de un precedente que resulte semejante al caso que se examina.
En lo que se refiere a las sentencias del 28 de febrero de 2008, radicación 25000
23 25 000 2003 04095 01 (3700-2005) y del 10 de febrero de 2011, radicación 52001
23 31 000 2006 01365 (0088-10), en las que se refirió que el régimen de liquidación
anual de cesantías es aplicable a los empleados del orden territorial vinculados con
posterioridad a la Ley 344 de 1996, se debe señalar que esta Corporación en
abundante y pacífica jurisprudencia reciente ha sostenido que las previsiones en
torno a la aplicación del régimen de liquidación anual de cesantías para los docentes
se fijaron en la Ley 91 de 1989 y cobijan a todos aquellos que se hubieren vinculado
con posterioridad a esa disposición. Así se ha discurrido: 24
24 Ver también, sentencias del 15 de julio de 2021, Sección Segunda, Subsección A, radicación:
25000 23 42 000 2015 05126 01 (4116-2019); del 5 de agosto de 2021, Sección Segunda,
Subsección B, radicación: 25000 23 42 000 2016 05023 01 (5317-2019); 27 de febrero de 2024,
21
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
[…] Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad
territorial, es decir, el sistema de retroactividad y; (ii) los docentes nacionales y a los
vinculados a partir del 1 de enero de 1990, lo que según la tesis contenida en los
artículos 1 y 2, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier
causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales
y territoriales, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados
públicos del orden nacional, esto es, un sistema anualizado de cesantías, sin
retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.25 [Destaca la Sala]
Ante tales circunstancias, la Sala concluye que, en el caso analizado, la
demandante no acreditó haber ingresado al servicio docente en una fecha anterior
a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, a través de una relación laboral
ininterrumpida, sino que esta solo ocurrió con posterioridad a dicha norma y, en
consecuencia, se debe someter al sistema de liquidación anual allí dispuesto, lo que
conlleva confirmar la sentencia de primera instancia que así lo consideró y que
denegó las pretensiones dirigidas a que la prestación fuera liquidada bajo el sistema
de retroactividad.
Finalmente, la Sala no hará pronunciamiento en torno a las consideraciones del
recurso de apelación relacionadas con la improcedencia de la condena en costas,
toda vez que en la sentencia recurrida no se impusieron estas.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
Subsección A, radicación: 81001 23 39 000 2019 00059 01 (1104-2024) y del 9 de mayo de 2024,
Subsección B, radicación: 85001 23 33 000 2019 00051 01 (5925-2022), entre otras.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, radicación:
25000 23 42 000 2017 04113 01 (3039-2019).
22
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,26 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda formulada por la señora Ana
Josefa Fernández Méndez, toda vez que no tiene derecho a que se liquiden sus
cesantías con el sistema de retroactividad, y se abstendrá de imponer condena en
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Demandante: Ana Josefa Fernández Méndez
costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por Ana Josefa Fernández Méndez contra la Nación (Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio),
conforme a lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
24
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