Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00082-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
1 de agosto de 2019
SANCIÓN MORATORIA POR EL NO PAGO DE LAS CESANTÍAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO – Improcedencia / SANCIÓN MORATORIA POR PAGO PARCIAL DE LAS CESANTÍAS ANUALIZADAS – Improcedencia
La jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda de esta Corporación, ha sostenido que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 no le es aplicable a los afiliados al FNA, toda vez que las diferencias establecidas en la regulación legal del sistema de liquidación de cesantías existente entre la Ley 432 de 1998 (FNA) y el administrado por sociedades administradoras de cesantías, son razonables, en razón a los beneficios que reciben los afiliados a esta Empresa Industrial y Comercial del Estado, que se concretan en los programas de vivienda adelantados y los intereses que se reconocen a las cesantías, así como la compensación en el posible rendimiento financiero que podrían obtener de los privados, de manera que no existe una vulneración al derecho a la igualdad. (…). La Sala establece contrario a lo señalado por el apelante único, que el demandante no cumple con la totalidad de los requisitos para ser beneficiario de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anualizadas, pues si bien ostenta la calidad de servidor público territorial, no existe prueba en el expediente que acredite su vinculación a partir de la vigencia de la Ley 344 de 1996 y demás normas concordantes, así como tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado de cesantías, pues del material probatorio se logró probar que pertenece al FNA del ahorro y por tanto su sistema de liquidación de cesantías es el previsto en la Ley 432 de 1998. (…). En gracia de discusión de encontrarse por probado que el demandante pertenecía al régimen anualizado de cesantías previsto por la Ley 344 de 1996 y demás normas concordantes, esta Sala considera oportuno señalar que el hecho de que la administración en virtud del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la secretaría de educación del municipio de Soledad, haya ordenado el reconocimiento y pago de un retroactivo por las anualidades de 2003 a 2010, no implica que el empleador haya incurrido en mora de consignar los auxilios de cesantías correspondientes antes del plazo legalmente establecido y por consiguiente, que el actor sea beneficiario de la sanción que pretende, pues de conformidad con la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 No. 004 de 2016 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación , el hecho generador de la penalidad prevista en la Ley 50 de 1990 es la omisión en la consignación del valor de la liquidación anual antes del 15 de febrero del año siguiente, y no su pago total o parcial, como lo pretende hacer ver la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia del reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de junio de 2018, radicación: 1672-16, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. En cuanto a la improcedencia del reconocimiento de la sanción moratoria por el pago parcial de las cesantías anualizadas, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación: 2011-00628-01.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / DECRETO 3118 DE 1968 – ARTÍCULO 27 / DECRETO 3118 DE 1968 – ARTÍCULO 33 / DECRETO 3118 DE 1968 – ARTÍCULO 49 / LEY 432 DE 1998 – ARTÍCULO 5 / LEY 432 DE 1998 – ARTÍCULO 6 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 08001-23-33-000-2015-00082-01(4769-18)
Actor: RAFAEL ANTONIO MALDONADO IGIRIO
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO
Asunto: Sanción moratoria – Servidor afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2018, por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 - Sala de Decisión Oral – Sección B, mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria del sistema anualizado consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
ANTECEDENTES
La demanda.
2. El señor Rafael Antonio Maldonado Igirio, por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda el 23 de abril de 2015, contra el Municipio de Soledad (Atlántico).
Pretensiones.
a. Declarar la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo de la entidad demandada frente a la petición elevada 27 de noviembre de 2014 que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la cancelación parcial de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2003 a 2010.
b. En consecuencia de la anterior declaración y como restablecimiento del derecho, solicitó condenar al ente territorial demandado al reconocimiento y pago, a título de sanción, de un día de salario por cada día de retardo en la consignación fuera del plazo legal de la totalidad de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2003 a 2010.
c. Igualmente, solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, la actualización de la condena y el cumplimiento del fallo, en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.
3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:
Fundamentos fácticos.
a. El demandante señaló, sin determinar una fecha, que labora en el municipio de Soledad en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales de la secretaría de educación adscrita a dicho ente territorial y que el 30 de julio de 2014, mediante Resolución 0415 el alcalde municipal de Soledad le ordenó «el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de homologación y nivelación salarial al personal administrativo del sector educativo» por las anualidades de 2003 a 2010.
b. Adujo que debido al incumplimiento de la entidad empleadora, en el sentido que las anualidades reclamadas fueron consignadas parcialmente, el 27 de noviembre de 2014 solicitó ante el municipio de Soledad, el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de la totalidad de las cesantías correspondientes a los años 2003 a 2010, petición frente a la cual se configuró el acto ficto acusado.
Normas violadas y concepto de violación.
4. Invocó como normas desconocidas las siguientes disposiciones: artículos 1, 13, 29, 53, 80, 90, 209 y 211 de la Constitución Política; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996; y Decreto 1582 de 1998.
5. Acusó el acto ficto demandado de expedirse con infracción de las disposiciones invocadas, en la medida que con su actuación la administración desconoció los derechos laborales adquiridos por el actor como consecuencia de la no cancelación total por parte del ente territorial de las cesantías por el periodo reclamado (2003 a 2010), así como también, la jurisprudencia de esta Corporación la cual establece que la penalidad prevista en la Ley 50 de 1990, debe reconocerse en aquellos eventos en que el empleador consigne fuera del plazo legal la prestación aludida.
Contestación de la demanda.
6. El municipio de Soledad consideró que la mora no le es imputable en tanto el pago completo de las cesantías aducidas por el demandante se hizo efectivo de manera oportuna una vez se llevaron a cabo todos los trámites del proceso de homologación y nivelación salarial en el que se encontraba inmerso el personal administrativo del sector educativo perteneciente al ente territorial. Aunado a ello, sostuvo que el demandante al estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, no le es dable el reconocimiento de la sanción que pretende, tal como así lo ha considerado previamente esta Corporación.
7. Invocó como medios de defensa, i) indebida acumulación de pretensiones por cuanto «la demandante pretende se pague varias veces la misma pretensión que no es procedente y por ende prohibido»; ii) falta de competencia, al considerar que en virtud de la cuantía el conocimiento del presente asunto es de los juzgados administrativos; y finalmente iii) buena fe, teniendo en cuenta que el ente territorial ha actuado de manera transparente conforme al ordenamiento jurídico.
Audiencia Inicial
8. El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B en audiencia inicial celebrada el 18 de noviembre de 2015, una vez agotado el saneamiento del proceso, declaró no probada la excepción de falta de competencia y señaló que las demás serían resueltas en la sentencia en la medida que se relacionan con el fondo del asunto; finalmente fijo el litigio a folio 79 del expediente, en los siguientes términos:
« […] determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996, causada por la falta de consignación de las cesantías al fondo administrador al que se encontraba afiliado, correspondiente a los años 2003 a 2010.»
Sentencia de primera instancia.
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 – Sala de Decisión Oral – Sección B mediante fallo del 11 de mayo de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien hubo una mora en la consignación de las cesantías por el periodo reclamado (2003 a 2010), el demandante no tiene derecho a la sanción que pretende por pertenecer al FNA del ahorro, sistema que de conformidad con la Ley 432 de 1998, el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 y la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, no da lugar al reconocimiento y pago de una penalidad, sino al cobro de intereses moratorios a favor del mismo fondo, sin que ello resulte desconocedor del derecho a la igualdad, dada las particularidades de dicho régimen y los beneficios que ostenta sus afiliados.
Recurso de apelación.
10. La parte demandante manifestó, contrario a lo señalado por el a quo, que si tiene derecho a la sanción pretendida, teniendo en cuenta que i) se vinculó al servicio del municipio de Soledad en el año 2003, fecha para la cual se encontraba vigente el Decreto 1582 de 1998, que establece que el sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos vinculados a partir del 14 de enero de 2003; ii) ostenta la calidad empleado público; iii) se encuentra afiliado a un fondo, y iv) sus cesantías le fueron consignadas extemporáneamente.
11. Sostuvo, que el régimen de cesantías es el mismo para cualquier empleado vinculado con posterioridad a la entrada en rigor de la Ley 344 de 1996 por lo que ante el incumplimiento por parte del empleador de la consignación oportuna de las cesantías, sin importar el fondo al que se encuentre afiliado el empleado, se tiene derecho a la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 , máxime si se tiene en cuenta que el FNA (al cual se encuentra vinculado el actor) al igual que los demás fondos tienen por objeto la administración de la prestación aludida de los servidores públicos y los trabajadores del sector privado, de tal forma que la naturaleza jurídica de aquellos no excluye al interesado del derecho de que se le reconozca la aludida penalidad.
12. Adujo de conformidad con los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, en la medida en que el tribunal de instancia no tuvo en cuenta al momento de proferir el fallo los precedentes jurisprudenciales en los que reconoció la sanción moratoria pretendida a empleados públicos afiliados al FNA del ahorro, lo que no solo desconoce el derecho a la igualdad, el articulo 53 superior, entre otros postulados constitucionales, sino también que el actor al encontrarse bajo el régimen anualizado de cesantías, el cual resalta es igual para todos, tiene un derecho adquirido de que se le reconozca la aludida sanción ante el incumplimiento del empleador
Alegatos de conclusión en segunda instancia.
13. El municipio de Soledad sostuvo que el demandante no le resulta aplicable la sanción que pretende por cuanto pertenece al sistema de cesantías previsto para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, el cual no prevé una penalidad a favor del empleado por la consignación tardía de cesantías, aunado a ello, indicó que el hecho de que la administración mediante Resolución 0415 de 2014, haya concedido un concepto de retroactivo por homologación y nivelación salarial no implica que dicho acto tenga efectos retroactivos «reviviendo situaciones consolidadas años atrás y sobre las que en su momento, se actuó conforme a derecho.»
14. Finalmente, solicitó en el evento en que el actor tuviera derecho a la sanción aludida, se establezca la prescripción del derecho y además que la penalidad solicitada no es un emolumento sobre cual se pueda ordenar la actualización o indexación.
15. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio según consta a folio 219 del expediente.
CONSIDERACIONES
Análisis del asunto.
16. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Problema Jurídico.
17. Establecer si es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 como consecuencia de la consignación parcial de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2003 a 2010, teniendo en cuenta que el actor se encuentra afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, o si por el contrario al regirse por el sistema previsto en la Ley 432 de 1998, no tiene derecho a la penalidad pretendida.
18. Para resolver la controversia planteada, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos afiliados al Fondo Nacional de Ahorro (FNA); (iii) antecedentes jurisprudenciales; y (v) solución del caso.
Sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos afiliados al Fondo Nacional de Ahorro (FNA).-
19. El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro, dispuso a partir del 1° de enero de 1969 en su artículo 27, que cada año calendario, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause a favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
20. El artículo 33 ibídem, consagró el pago de intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3° de la Ley 41 de 1975.
21. El artículo 49 del Decreto 3118 de 1968, reguló las consignaciones a cargo del empleador en favor de sus empleados y trabajadores, de la siguiente manera:
«La Nación, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente manera:
a. Mensualmente, las entidades en referencia deberán depositar en el Fondo una doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar al auxilio de cesantía, y
b. Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades depositarán en el Fondo la diferencia que resulte entre la liquidación de que trata el artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la liquidación».
22. Por su parte, la Ley 432 de 1998 por la cual se reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, en su artículo 5° permitió que el personal vinculado al sector territorial pudiera afiliarse a este fondo para que administrara sus cesantías, reconociera los intereses y protegiera dicha prestación contra la pérdida de valor adquisitivo. Señaló el referido artículo lo siguiente:
«Artículo 5º. Afiliación de servidores públicos. A partir de la vigencia de la presente Ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
No se aplica lo anterior al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989.
Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional de Ahorro solo podrán trasladarse a una sociedad administradora de fondos de cesantías, transcurridos tres años desde la afiliación, siempre que no tengan obligación hipotecaria vigente con el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo.- En los casos en que los servidores públicos tengan régimen de retroactividad en las cesantías, el mayor valor será responsabilidad de la entidad empleadora». (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
23. En cuanto a las transferencias de las sumas dinerarias causadas por concepto de cesantías, el artículo 6º ibídem, previó al tenor:
«Artículo 6º. Transferencia de cesantías. Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html" \l "193" 193 del Decreto 19 de 2012. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de Ia respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de Ia autoridad correspondiente.
PARÁGRAFO. Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de Ia obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de Ia Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que Ia reglamenten, modifiquen o sustituyan.» (Resaltado fuera del texto original)
24. De acuerdo con la norma transcrita, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías durante el transcurso del mes de febrero y el incumplimiento de los funcionarios competentes, sin justa causa, los hará incurrir en las faltas disciplinarias, de conformidad con el régimen disciplinario vigente. Ahora bien, el parágrafo estableció de manera expresa que las fechas establecidas en dicho artículo no son aplicables a las entidades públicas del orden departamental y municipal, así como tampoco el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan.
25. En ese orden de ideas, es claro que existen diferencias entre los sistemas de liquidación y manejo de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial, en tanto se afilien al Fondo Nacional del Ahorro o a los fondos privados administradores creados por la Ley 50 de 1990, según se expone a continuación:
Régimen anualizado - fondos privados de cesantías
Fondo Nacional del Ahorro
Beneficiarios
El servidor público del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que opte por afiliarse a los fondos privados de cesantías.
El servidor público del nivel territorial que opte por afiliarse al FNA
Liquidación
El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.
Oportunidad
El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija.
En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados.
Intereses
El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
El Fondo Nacional de Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, un interés equivalente al 60% de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora correspondiente al año inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente.
En caso de incumplimiento del empleador
A favor del servidor público: Sanción de un día de salario por cada día de retardo.
La ley no consagró sanción moratoria en favor del servidor público. En su lugar, establece el derecho a cobrarle a las entidades empleadoras intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora.
Antecedentes Jurisprudenciales.-
26. La Corte Constitucional mediante sentencia C-625 de 1998, al pronunciarse sobre la exequibilidad de algunos apartes de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11 y 12 de la Ley 432 de 1998, planteó el siguiente problema jurídico: «[…] el Fondo Nacional de Ahorro al haber sido transformado en empresa industrial y comercial del Estado, en virtud de la Ley 432 de 1998, le deben ser aplicadas, en su integridad, las normas que rigen a las sociedades administradoras de fondos de cesantías y pensiones y a los establecimientos de crédito para vivienda». Para resolver, argumentó lo siguiente:
«El Fondo Nacional de Ahorro, si bien administra las cesantías de sus afiliados, como lo hacen las administradoras de fondos de cesantías y pensiones, éstas tienen características claramente distintas con el Fondo Nacional, en atención a la propia naturaleza del objeto que cada entidad desarrolla. En efecto, las administradoras tienen ánimo de lucro, no otorgan crédito hipotecario, se rigen por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, administran las pensiones (administración del negocio de pensiones sobre el que el Fondo Nacional de Ahorro no participa), distribuye sus utilidades y ganancias entre sus dueños (asunto éste ajeno al Fondo).
En el caso del Fondo Nacional de Ahorro, también atendiendo la propia naturaleza de sus objetivos, en su condición de entidad de derecho público, su labor está encaminada, además de pagar las cesantías de sus afiliados, a otorgarles créditos en condiciones claramente favorables. Al carecer de ánimo de lucro, no reparte ganancias a nadie, y, en consecuencia, sus utilidades y excedentes financieros sólo puede invertirlos en el desarrollo de su propio objeto: otorgar crédito de vivienda a los afiliados que lo precisen. Su objeto es ajeno a la administración de pensiones.
Desde la presentación del proyecto de ley, que, posteriormente, se convirtió en la ley 432 de 1998, se advirtió que el propósito de esta transformación no era asimilarse a las sociedades administradoras de fondos de cesantía y de pensiones, sino que el proyecto (producto del acuerdo logrado con las organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores estatales), pretendía que se dotara al Fondo de los instrumentos necesarios para continuar entregando soluciones de vivienda a sus afiliados, y corregir una desventaja notoria que existía en contra de sus afiliados, respecto del bajo rendimiento de sus cesantías. La ley, en este aspecto, pretende proteger las cesantías de sus afiliados, reconociéndoles una rentabilidad mínima.
Sobre estos propósitos, se transcribe lo pertinente de la exposición de motivos:
"Debe resaltarse que el proyecto ratifica y fortalece en cabeza del Fondo Nacional de Ahorro una misión socialmente ambiciosa, que va mucho más allá de la de ser un simple administrador de cesantías, cual es la de llegar a ser la entidad que facilite el mayor número de viviendas en beneficio de los sectores económicamente más vulnerables; y esto sólo es posible si se considera a la cesantía como la prestación social que tiene como propósito fundamental acumular un ahorro para la adquisición de vivienda." (Gaceta del Congreso, 23 de mayo de 1997, año VI, No. 155, pág. 7).»
27. Así, el máximo tribunal constitucional precisó que las entidades estatales empleadoras le deben consignar mensualmente al Fondo Nacional del Ahorro, las doceavas partes que corresponden a las cesantías de sus trabajadores, lo que no ocurre con los fondos privados. En consecuencia, el pago de los intereses está a cargo de dicho fondo y no de los empleadores; razón por la cual, las diferencias entre uno y otro régimen encuentran justificación en relación con el objeto social del FNA y la finalidad de establecer un equilibrio, por lo que declaró la exequibilidad de las normas demandadas.
28. Al respecto, la jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda de esta Corporación, ha sostenido que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 no le es aplicable a los afiliados al FNA, toda vez que las diferencias establecidas en la regulación legal del sistema de liquidación de cesantías existente entre la Ley 432 de 1998 (FNA) y el administrado por sociedades administradoras de cesantías, son razonables, en razón a los beneficios que reciben los afiliados a esta Empresa Industrial y Comercial del Estado, que se concretan en los programas de vivienda adelantados y los intereses que se reconocen a las cesantías, así como la compensación en el posible rendimiento financiero que podrían obtener de los privados, de manera que no existe una vulneración al derecho a la igualdad.
Solución del caso.
29. En el sub júdice, el tribunal de instancia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el actor no tiene derecho a la sanción del sistema anualizado por cuanto se encuentra afiliado al FNA del ahorro, régimen que de conformidad con la Ley 432 de 1997 y el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 , no da lugar al reconocimiento y pago de una penalidad, sino al cobro de intereses moratorios a favor del mismo fondo.
30. La parte actora en su calidad de apelante único, si bien no discute el hecho de que se encuentra afiliado al FNA del ahorro, argumentó que ello no es óbice para negarle el derecho al reconocimiento de la sanción que pretende, pues al haberse vinculado al servicio del municipio de Soledad en la anualidad de 2003 de conformidad con el Decreto 1582 de 1998 le resulta aplicable el sistema anualizado y por ende, ante el incumplimiento del empleado en la consignación oportuna de las cesantías anualizadas, le asiste la penalidad de la Ley 50 de 1990, máxime cuando admitir lo contrario devendría en una vulneración al derecho a la igualdad y en un desconocimiento de los derechos que ya fueron adquiridos.
31. Frente a ello, el acervo probatorio aportado al proceso es el siguiente:
31.1. Con la demanda se allegó Resolución 0415 de 30 de julio 2014, suscrita por el Alcalde municipal de Soledad, por la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de homologación y nivelación salarial al señor Maldonado Igirio en su calidad de empleado administrativo del sector educativo del municipio de Soledad, así:
AÑO
DEVENGADO INDEXADO
APORTES PARAFISCALES
APORTES PATRONALES
TOTAL
2003
$2.361.874
$130.864
$275.131
$2.767.870
2004
$2.250.006
$132.026
$284.064
$2.666.637
2005
$1.602.147
$98.760
$215.522
$1.916.428
2006
$1.753.429
$112.725
$249.000
$2.115.155
2007
$1.806.580
$122.582
$275.124
$2.204.286
2008
$1.827.406
$132.671
$301.299
$2.261.376
2009
$1.653.093
$125.059
$284.013
$2.062.165
2010
$1.534.479
$118.723
$269.624
$1.922.827
TOTALES
$14.789.014
$973.411
$2.154.318
$17.916.743
APORTES PARAFISCALES
APORTES PATRONALES
APORTES DEL FUNCIONARIO
ENTIDADVALORAPORTEVALORAPORTE VALORCajacopi
$432.627
Cesantías
$757.884
SALUD
$276.427
Sena
$54.078
Salud
$570.568
PENSIÓN
$263.264
ICBF
$324.470
Pensión
$789.792
Escuela e Institución Técnica
$108.157
ARP
$36.074
ESAP
$54.078
TOTAL
$973.411
TOTAL
$2.154.318
TOTAL
$539.691
31.2. Petición elevada por el actor el 27 de noviembre de 2015 con el fin de solicitar «a quien corresponda me sean cancelada la indemnización o sanción moratoria por el no giro oportuno de la totalidad de mis cesantías al fondo que me encontraba afiliada durante los años 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 de acuerdo a los estipulado en la Ley 344 de 1996, reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, norma que remite y se complementa con lo dispuesto en los artículo 99, 102, 104 y subsiguientes de la Ley 50 de 1990» en tanto dichas cesantías solo fueron giradas en su totalidad a través de la Resolución 415 de 2014.
31.3. Con las pruebas decretadas en la audiencia inicial, se allegó Certificación de 12 de enero de 2016, suscrita por la «Coordinadora GARFC Entidades» del Fondo Nacional del Ahorro, por la cual se informa que el señor Rafael Antonio Maldonado Igirio, se encuentra afiliado a dicho fondo desde la anualidad 1995, y además se relacionan las cesantías reportadas por el municipio de Soledad durante las vigencias de 2010 a 2013, así:
FECHA
AÑO REPORTE
ABONOS
06/24/2010
2010
$1.124.529
06/25/2010
2010
$167.475
04/20/2011
2008
0
04/25/2011
2010
$894.398
03/16/2012
2011
1.118.588
04/03/2013
2012
1.196.932
04/30/2014
2013
1.237.643
31.4. Certificados de 25 de enero y 22 de febrero de 2016, por el cual el jefe de división administrativa y financiera de la secretaría de educación municipal de Soledad hace constar que el señor Rafael Antonio Maldonado Igirio se vinculó al ente territorial mediante nombramiento en propiedad desde el 1 de enero de 1995 en el cargo de auxiliar de servicios generales.
32. De acuerdo con la documental relacionada en precedencia, la Sala de decisión establece que el demandante desde la anualidad de 1995 se encontraba afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, supuesto que no es objeto de discusión, pues se observa del escrito del recurso de apelación que la parte actora admite pertenecer a dicho fondo, no obstante considera que la naturaleza de aquel no impide el reconocimiento de la sanción pretendida, pues debido a su vinculación al servicio del ente territorial demandado en la anualidad de 2003, el sistema de liquidación por el cual se rige es el anualizado previsto por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y demás normas concordantes, y tal virtud, teniendo en cuenta el incumplimiento del empleador en el pago total de la prestación aludida por las anualidades de 2003 a 2010, debió aplicársele la penalidad de la Ley 50 de 1990.
33. Al respecto, sea lo primero señalar que si bien el demandante indicó que se vinculó al municipio de Soledad en la anualidad de 2003, no existe prueba dentro del proceso que dé cuenta de ello, o en su defecto que contradiga las certificaciones 25 de enero y 22 de febrero de 2016, por las cuales el jefe de división administrativa y financiera de la secretaría de educación del ente territorial demandado informó que el actor se vinculó al servicio del referido municipio el 1 de enero de 1995; carga que de conformidad con el artículo 167 del CGP, le correspondía al señor Maldonado Igirio, pues es deber de las partes probar el supuesto de hecho que alegan.
34. Ahora, independientemente de la fecha de vinculación del demandante al municipio de Soledad, dado que está acreditado del material, que desde 1995 e inclusive para las anualidades de 2003 a 2010, fechas en las que alega no le fueron consignadas de manera total las cesantías anualizadas, el señor Maldonado Igirio se encuentra afiliado al FNA, su sistema de liquidación es el previsto en la Ley 432 de 1998, en donde la entidad pública empleadora deberá transferir al fondo una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías devengadas en el mes inmediatamente anterior y el cual como se expuso en el acápite precedente, es un régimen que no puede ser equiparable al anualizado previsto en la Ley 50 de 1990, en atención al objeto que uno y otro desarrollan frente a sus afiliados y en tal virtud no es procedente la aplicación de la sanción allí contemplada.
35. En efecto, no es cierto como lo aduce la parte actora, que los servidores públicos territoriales que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, independientemente del fondo al que se afilien son automáticamente regidos por el sistema anualizado de cesantías, pues es claro que el legislador condicionó la aplicación de dicho sistema a quienes se afiliaren a fondos privados, y previó un régimen de liquidación y manejo de cesantías distinto e independiente a favor de los empleados públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro.
36. Al respecto, se resalta que por mandato del artículo 122 de la Constitución Política «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», de suerte que los servidores públicos solo podrán devengar lo que la ley señale, entonces no es dable aplicarle el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los afiliados al FNA, porque se trata de regímenes diferentes de liquidación, administrados el primero de ellos por sociedades administradoras de carácter privado, y el segundo, por una empresa social e industrial del Estado;.
37. En relación con el desconocimiento del derecho a la igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, frente a las providencias que el demandante alega fueron proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico en primera instancia, y en las cuales afirmó se ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anualizadas a servidores públicos afiliados al FNA, está la Sala establece que debido a que aquellas no fueron aportadas al proceso; carga que como se expuso le corresponde al demandante, no es posible efectuar su análisis y por consiguiente determinar si existió o no la aludida vulneración, no obstante ello, se reitera que la sección segunda de esta Corporación ha sostenido que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 no le es aplicable a los afiliados al FNA, sin que por ello exista una transgresión al derecho de igualdad, en razón a que los beneficios de uno y otro sistema son sustancialmente diferentes, de tal modo que extender la aplicación de la sanción a los beneficiarios del sistema previsto en la Ley 432 de 1998 conllevaría a la vulneración del principio de inescindibilidad.
38. En conclusión, la Sala establece contrario a lo señalado por el apelante único, que el señor Maldonado Igirio no cumple con la totalidad de los requisitos para ser beneficiario de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anualizadas, pues si bien ostenta la calidad de servidor público territorial, no existe prueba en el expediente que acredite su vinculación a partir de la vigencia de la Ley 344 de 1996 y demás normas concordantes, así como tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado de cesantías, pues del material probatorio se logró probar que pertenece al FNA del ahorro y por tanto su sistema de liquidación de cesantías es el previsto en la Ley 432 de 1998 .
39. Conforme lo expuesto, se desestima el cargo del demandante relativo a que el tribunal de instancia desconoció que el actor en virtud de la relación laboral con el municipio de Soledad y ante el incumplimiento de este de pagar totalmente las cesantías anualizadas de 2003 a 2010 dentro del plazo legal, tenía un derecho adquirido que derivaba en el reconocimiento de la sanción moratoria pretendida, pues pertenece a un sistema que por disposición legal lo excluye del régimen establecido en el artículo 99 de Ia Ley 50 de 1990 y demás normas que Io reglamenten y por tal razón, la Sala de decisión establece que en este caso no se desconoció ningún derecho constitucional derivado de la negativa de la administración frente al reconocimiento de la penalidad por la falta de consignación del auxilio de cesantías de los años 2003 a 2010.
40. Finalmente, en gracia de discusión de encontrarse por probado que el demandante pertenecía al régimen anualizado de cesantías previsto por la Ley 344 de 1996 y demás normas concordantes, esta Sala considera oportuno señalar que el hecho de que la administración en virtud del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la secretaría de educación del municipio de Soledad, haya ordenado el reconocimiento y pago de un retroactivo por las anualidades de 2003 a 2010, no implica que el empleador haya incurrido en mora de consignar los auxilios de cesantías correspondientes antes del plazo legalmente establecido y por consiguiente, que el actor sea beneficiario de la sanción que pretende, pues de conformidad con la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 No. 004 de 2016 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, el hecho generador de la penalidad prevista en la Ley 50 de 1990 es la omisión en la consignación del valor de la liquidación anual antes del 15 de febrero del año siguiente, y no su pago total o parcial, como lo pretende hacer ver la parte actora.
41. En ese orden, se establece que aun en el evento hipotético que se encontrare probado que el actor es beneficiario del sistema anualizado de cesantías y que perteneciere afiliado a un fondo privado, no tendría derecho a la sanción pretendida, por cuanto, el hecho que la administración en el sentir del demandante haya realizado un «pago parcial» de la prestación aludida por el periodo de 2003 a 2010, no es óbice para que se cause la referida penalidad, en tanto ello deriva únicamente como consecuencia de la mora del empleador en la consignación del auxilio de cesantías antes del plazo previsto por el legislador.
42. Conforme a los razonamientos esbozados, la Sala confirmará con la sentencia proferida el 11 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Atlántico – Despacho 003 – Sala de Decisión Oral – Sección B, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria del sistema anualizado consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
43. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 – Sala de Decisión Oral – Sección B, el 11 de mayo de 2018, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor Rafael Antonio Maldonado Igirio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia ingresó al Despacho con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación el 25 de noviembre de 2017 que obra a folio 489 del expediente.
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011
Folio 21.
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Folios 1 a 2 del expediente. Folios 4 a 5. Consejo de Estado, Sentencia de 23 de agosto de 2007, Rad. 2004-00503, C.P.: Jaime Moreno García; Sentencia de 31 de enero de 2008, Rad. 2000-00615, C.P.: Alfonso Vargas Rincón.
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Folios 40 a 46 del expediente. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Rad. 2012-00127-01 (3764-13), C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Folios 77 a 80 del expediente. Folios 160 a 168 del expediente.
«Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
[…]
ARTÍCULO 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.»
No se especifican las providencias en las cuales se fundamenta. Folios 177 a 188.
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Rad. 2001-00631-00, Actora: Mónica Sofía Marín Miranda, Rad. 2013-00656-00, Actor: Édison Naranjo Valero
Folios 206 a 218.
“Artículo 27º.- Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.”
“Artículo 33º.- Intereses en favor de los trabajadores.
El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47.”
“Por la cual se modifica el Decreto-ley 1253 de 1975 y se dictan otras disposiciones. (…) Artículo 3º.- El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta intereses del 12 por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentren en poder de establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47 del Decreto 3118 de 1968.”
“Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.”
Transformó el Fondo Nacional del Ahorro en Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Comercio). Sentencia C-625 de 1998. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra. Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 5 de diciembre de 2013. Rad. No. 08001-23-31-000-2011-01269-01 (0229-2013). C.P.: Dr. Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia de 27 de abril de 2017. Rad. 2013-00442-01 (1389-2015. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y en el mismo sentido, sentencia del 14 de junio de 2018. Rad. 2013-00357-02 (1672-2016).
«Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
[…]
ARTÍCULO 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=345" \l "13" 13 de la Ley 344 de 1996 y HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3701" \l "5" 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Folios 13 a 18. Folio 12. Transcripción literal. Folios 79 y 80. Folio 92 y reverso. Extracto de intereses a las cesantías de 10 de diciembre de 2015, que obra a folio 93 y reverso del expediente. Folio 98. Folio 102
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Folio 98. Folio 102
« ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA.
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
« Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 5 de diciembre de 2013. Rad. No. 08001-23-31-000-2011-01269-01 (0229-2013). C.P.: Dr. Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia de 27 de abril de 2017. Rad. 2013-00442-01 (1389-2015. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y en el mismo sentido, sentencia del 14 de junio de 2018. Rad. 2013-00357-02 (1672-2016).
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
« Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
« Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
Rad. 2011-00628-01, Sentencia de 25 de Agosto de 2016.
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