Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-90091-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2015 00091 01 (6070-2019)
Demandante: Merys del Socorro Coronado Jiménez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – departamento
del Atlántico – municipio de Luruaco
Tema: Sanción moratoria por la omisión de consignación de
cesantías
Decisión: Prescripción. Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 7 de junio de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda
Con la demanda se pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Oficio nro. EE102699 expedido por el Ministerio de Educación Nacional el 24 de
diciembre de 2014, Oficio sin número del 7 de enero de 2015 emitido por el
municipio de Luruaco y Oficio nro. 0300 del 28 de enero de 2015 emanado del
departamento del Atlántico, por medio de los cuales se negó el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 y sus decretos
reglamentarios, por el retardo en la consignación de cesantías en el FNPSM.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó: (i) se reconozca y paguen las
cesantías y sus intereses correspondiente a los años 1994 a 2005, (ii) se
reconozca y pague la sanción moratoria establecida en la Ley 344 de 1996,
producto de la omisión en la consignación de dichos periodos en el fondo
administrador de las cesantías al que se encontraba afiliado el servidor, (iii) se
liquide la sanción moratoria desde el 14 de febrero del año siguiente a la
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Demandante : Merys del Socorro Coronado Jiménez
causación del auxilio de cesantías respectivo, hasta la fecha en que se efectúe
la consignación, (iv) se ajuste la condena tomando como base el índice de
precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 del CPACA,(iv) se
reconozcan los intereses moratorios y (v) se condene en costas a las
demandadas.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Merys del Socorro Coronado Jiménez fue nombrada como docente
del municipio de Luruaco mediante el Decreto 047 del 14 de enero de 1994,
posesionándose el 24 de febrero del mismo año. Sin embargo, no fue afiliada
oportunamente por el municipio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, Decreto 196 de 1995,
derogado por la Ley 715 de 2001.
Las entidades demandadas no consignaron de forma oportuna las cesantías
anualizadas de los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005; por ello, se hacen merecedoras de la sanción mora
establecida en la Ley 50 de 1990, correspondiente a un día de salario por cada
día de retardo, desde el 14 de febrero del año siguiente al que se causó el auxilio.
El 1° de diciembre de 2014, la demandante solicitó al municipio de Luruaco la
consignación de las cesantías correspondiente a los años adeudados en el
respectivo fondo, y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por dicha
omisión, solicitud que fue resuelta negativamente en el Oficio sin número del 7
de enero de 2015 por el secretario general y de gobierno del municipio de
Luruaco.
La misma solicitud, fue presentada ante el departamento de Atlántico y el
Ministerio de Educación Nacional, siendo negadas por medio de los oficios
2014EE102699 y 0300 del 24 de diciembre de 2014 y 28 de enero de 2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 13, 29, 53 y 209
de la Constitución Política; 83, 138, 187, 188, 192 y 195 del CPACA; 15 de la
Ley 91 de 1989; 4 del Decreto 196 de 1995 derogado por la Ley 715 de 2001; 13
de la Ley 344 de 1996; 1° del Decreto 1582 de 1998 y 21 y subsiguientes del
Decreto 1063 numeral 3 del artículo 20 del C.P.C.
En síntesis, en el concepto de violación expuso que con la expedición de los
actos demandados se vulneraron los derechos mínimos laborales, dado que los
trabajadores se encuentran en una indefensión manifiesta ante esta
circunstancia.
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Demandante : Merys del Socorro Coronado Jiménez
La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, el municipio de Luruaco y el departamento del Atlántico, al no
consignar las cesantías al fondo dentro de los plazos establecidos en la
normatividad, generaron una conducta omisiva y violatoria que es causante de
nulidad y que va en detrimento de los derechos de la servidora pública.
1.4. Contestación de la demanda
El departamento del Atlántico 1 al contestar la demanda afirmó que con su
actuar no se han visto amenazados ni vulnerados los derechos de la actora,
puesto que no le asiste ningún tipo de obligación con la demandante.
Señaló que el Oficio nro. 0300 del 28 de enero de 2015 se encuentra legal y
constitucionalmente ajustado a derecho, dado que no reviste formas de
ilegalidad como falta de competencia, desviación del poder, violación de una
norma superior o falta de motivación.
Luego de reseñar algunas decisiones de la Corte Constitucional, manifestó que
la demandante no puede pretender ser incluida en un régimen de cesantías que
no le es propio, teniendo en cuenta que su vinculación fue desde el 26 de
diciembre del 2000.
Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y
“genérica e innominada”.
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Luruaco guardaron
silencio.
1.5. Sentencia de primera instancia2
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 7 de junio de
2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Disponiendo en
su parte resolutiva lo siguiente:
«Primero. - Declárase probada de oficio la excepción de prescripción extintiva,
respecto de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de
cesantía correspondientes a los años 1994 a 2005, acorde con las motivaciones
precedentes.
Segundo.- Declárase la nulidad parcial de los oficios Nos 2014EE102699 del 24 de
diciembre de 2014, proferido por el Asesor Secretaría General de la Unidad de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional; 0300 del 28 de enero
de 2015 proferido por el Secretario de Educación del Atlántico; y del oficio carente
de número de fecha 7 de enero de 2015, suscrito por el Secretario General y de
Gobierno del municipio de Luruaco.
1 Folios 104 a 116 del expediente físico.
2 Folios 212 a 234 del expediente físico.
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Tercero.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del auxilio de cesantía
y los intereses sobre aquél, en favor de la señora Merys del Socorro Coronado
Jiménez, correspondiente a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 de conformidad con las competencias asignadas en
la Ley 91 de 1989.
Cuarto.- Sin costas (numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso).
[…]»
Consideró el a quo, que al encontrarse acreditado que la actora ingresó como
docente al servicio del municipio de Luruaco el 24 de febrero de 1994, en
principio le aplica el régimen anualizado de cesantías, que ordena a la entidad
nominadora liquidar definitivamente la prestación por anualidad o fracción
correspondiente, así como que dicho valor se consigne hasta el 14 de febrero
del año siguiente. No obstante, de acuerdo con los lineamientos dispuestos en
la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, el término
prescriptivo aplicable a la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, es
el establecido en el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual
las acciones laborales prescriben en 3 años, contados a partir del momento en
que la obligación se hizo exigible.
Así las cosas, la sanción moratoria del último año reclamado por la señora
Coronado Jiménez correspondiente a 2005, se hizo exigible el 15 de febrero de
2006. A partir de dicha fecha la actora tenía 3 años para su reclamación, por lo
que el término fenecía el 15 de febrero de 2009; sin embargo, solo hasta el 27
de noviembre y el 1 de diciembre de 2014 presentó su solicitud, es decir, por
fuera del término dispuesto en la normatividad aplicable.
En ese escenario, entre la fecha en que se causó la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías, y la fecha en que se radicó la solicitud
de reconocimiento de sanción moratoria, esto es noviembre y diciembre de 2014,
transcurrieron más de 3 años sin que se hubiese interrumpido el término de la
prescripción.
Por lo anterior, pese a que uno de los puntos a dilucidar era lo relativo a la
aplicación a los docentes de las normas contenidas en las leyes 50 de 1990 y
344 de 1996, al margen de cualquier controversia lo relevante del caso es que
en caso de ser procedente se encontraba prescrita en su totalidad.
En cuanto al pago del auxilio de cesantías y sus intereses por los periodos 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, el tribunal
advirtió que no existe prueba indicativa que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio hubiese efectuado tal reconocimiento, por lo que, en
caso de no haberlo hecho, ordenó se reconozca el auxilio de cesantías y los
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intereses por las anualidades 1994 a 2005, dado que corresponde a su
competencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989.
1.6. Recurso de apelación3.
El apoderado de la parte demandante inconforme con lo decidido en primera
instancia interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó se revoque la
sentencia. La sustentación de recurso se dividió en varios aspectos así: i)
naturaleza del auxilio de cesantías, ii) la sanción moratoria, aplicación del
fenómeno de la prescripción y iii) la omisión del a quo en dar cumplimiento a los
artículos 287 del CGP, y los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
En cuanto a la naturaleza del auxilio de cesantías, luego de relacionar y
desarrollar las normas que regulan la mencionada prestación, afirmó que todo
empleador debe responder por esta obligación, sin que resulte admisible un
problema de afiliación o certeza en cuanto a esta obligación, para eludir la
responsabilidad que le asiste en cuanto a este derecho.
Frente a las consideraciones del tribunal sobre la prescripción, manifestó que
mientras el vínculo laboral se encuentre vigente no se configura dicho fenómeno
lo cual se deduce de la interpretación sistemática de la Ley 50 de 1990 y los
artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política, en el entendido que las cesantías
es la pretensión principal la cual a la fecha del recurso no ha sido consignada a
favor del trabajador, así las cosas su exigibilidad surge a partir del
reconocimiento judicial de la consignación de las cesantías y por ende la sanción
se convierte en una prestación de tracto sucesivo hasta que se consignen las
cesantías.
La exigibilidad de la sanción moratoria surge cuando se reconoce la
consignación de las cesantías en sede judicial, por lo que esta penalidad no es
una prestación principal sino un derecho accesorio de las cesantías, que
adquiere la connotación de obligación de tracto sucesivo hasta que se consignen
las cesantías, por lo tanto, no se aplica el fenómeno prescriptivo. Lo que no
sucede si el proceso hubiese tenido como única pretensión el reconocimiento de
la sanción moratoria.
El tribunal de primera instancia incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente al realizar una distorsionada y tergiversada
interpretación de la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016, debido a que
la sanción moratoria no se encuentra afectada por la prescripción total mientras
se encuentre vigente la relación laboral y no se hayan consignado las cesantías.
Ahora, si en gracia de discusión opera el fenómeno prescriptivo, debe aplicarse
la prescripción trienal de las porciones de la sanción moratoria.
3 Folios 248 a 257 del expediente físico.
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Reiteró que la prescripción de la sanción moratoria regida por la Ley 344 de 1996
y sus normas complementarias, comienza a correr una vez se consignan las
cesantías, pues hacer el conteo antes de, vulnera el debido proceso y el derecho
a la igualdad de los demás trabajadores.
Conforme los pronunciamientos del Consejo de Estado4, la prescripción resulta
inoperante, ya que su contabilización es a partir de su exigibilidad, esto es
cuando termina el vínculo laboral.
Finalmente, agregó que el tribunal ordenó el reconocimiento de las cesantías,
pero en la sentencia no se cumplió con lo establecido en el artículo 287 del CGP,
el inciso final del artículo 187, 192 e inciso 4 del 195 del CPACA5, en resumen,
afirmó:
«Ocurre que el Honorable Tribunal al momento de proferir la sentencia no cumplió
lo establecido en el art. 287 del C.G.P y el art. 187 inciso 4° del CPACA., como
también lo previsto en los artículos 192 y 195 del inciso 4° del CPACA., en el
sentido de que pretermitió dentro del contenido de su decisión hacer las
declaraciones de condenas anteriormente pedidas y enunciadas en los numerales
precedentes (7, 9 y 10) del libelo demandatorio (acápite de petitum), como era su
deber legal como operador jurídico, provocando al interesado un agravio o
perjuicio a las pretensiones del Demandante (a)».
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto del 28 de enero de 20206, se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.
En esta oportunidad, el apoderado de la parte demandante 7 reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio8 insistió en que el régimen anualizado de cesantías no
aplica para el caso de los docentes, por cuanto estos gozan de un régimen de
cesantías exceptuado consagrada en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91
de 1989.
El agente del Ministerio Público 9 que actúa ante esta Corporación en su
concepto solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia.
4 Sentencias del 20 de noviembre de 2014 con radicado 2012-00339, del 27 de agosto de 2015 con radicado
2011-00941, del 5 de septiembre de 2014 y auto del 22 de enero de 2015.
5 Transcripción con posibles errores.
6 Folio 290 del expediente físico.
7 Folios 202 a 204 del expediente físico.
8 Folios 303 a 306 del expediente físico.
9 Folios 321 a 330 del expediente físico.
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Control de legalidad. Tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10.
El artículo 328 del Código General del Proceso dispone que, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
Esta Sala de Subsección determinará si la sentencia de primera instancia que
declaró probada la excepción de prescripción se encuentra ajustada a derecho
o, por el contrario, como alega la parte demandante en el recurso, dicho
fenómeno jurídico no operó o en caso de operar debe ser de forma parcial.
Superado lo anterior, se establecerá si omitió el a quo pronunciarse sobre
algunas pretensiones de la demanda.
A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.3.) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y 2.4.) caso
concreto.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Cesantías
El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador,
sino «en lo que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un
respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»11
La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 SU 448 de 2016, SU 098-18.
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de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la
dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía 12.
Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
La Ley 6 de 1945 13 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y
el artículo 17, literal a) de la ley en cita, consagró que ese auxilio se reconocería
a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente 14.
Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.
2.3.2. Régimen anualizado de Cesantías
Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 15, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional, estableciendo en el artículo 27, la
novedad de un régimen anualizado, en los siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49, que regula lo siguiente:
12 Sentencia C-486 de 2016
13 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
14 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
15 Artículo 1° del mencionado Decreto.
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«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos
y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el
Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se
causen en favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente
a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y
b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»
Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.
Cabe indicar que, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 16 , respecto de las
cesantías dispuso lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley
50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió
incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582
de 199817.
16 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
17 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista
en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998»
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La Ley 50 de 199018, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la
misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el
efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación
se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en
todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar,
el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar
a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que
cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.»
(Negrilla y Subrayado fuera de texto original).
De lo citado en precedencia, tenemos que la sanción por mora en la consignación
de las cesantías anualizadas prevista en el numeral 3°, tiene como presupuesto
necesario su liquidación en la forma prevista en el numeral 1°, es decir que se
debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva anualidad laborada o la
fracción correspondiente.
18 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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2.3.3. Régimen de cesantías a favor de los docentes
La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», estableció los términos de docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; así en el artículo 3, se prescribe la
creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “como una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una
entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más
del 90% del capital.” Dicho fondo estaría dotado de mecanismos regionales que
garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad
territorial sin afectar el principio de unidad; y sería el encargado del pago de las
prestaciones sociales causadas a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de dicha ley.
Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las
entidades territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente;
mientras que el artículo 5 ibidem desarrolla las funciones del citado fondo, entre
estas, la de efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado al
mismo.
De manera que, con la entrada en vigor de la Ley 91 se creó un nuevo régimen
prestacional de carácter especial para los docentes nacionales y todos aquellos
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990; pero en lo no regulado, el
numeral 1 del artículo 15 dispuso que «se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro».
En todo caso, en el mismo artículo se dispuso en concreto que: «los docentes
nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad
con las normas vigentes».
Luego, con la Ley 812 de 2003 19 , se precisó el régimen prestacional de los
docentes oficiales. Así los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
«que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.» Además, se señaló
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio «se administrará
en subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de
pensiones, cesantías y salud.» (Negrilla y subrayados de la Sala).
19 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
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Por su parte, la obligación de afiliación de todos los docentes del servicio público
del país al Fomag a más tardar el 31 de octubre de 200420, surgió con el Decreto
3752 de 200321, dejándose sentado que la falta de afiliación de dicho personal
implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora frente a la
totalidad de las prestaciones.
En relación con la forma como serían girados los recursos con destino al
plurinombrado Fondo, a fin de cubrir la carga prestacional de la Nación, el
artículo 7 enseña:
«Artículo 7º. Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los aportes que de acuerdo con la Ley 812 de 2003 debe
recibir el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se descontarán
directamente de los recursos de la participación para educación del Sistema
General de Participaciones y de los recursos que aporte adicionalmente la Nación
en los términos de la Ley 812 de 2003, para lo cual las entidades territoriales
deberán reportar a la fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, la
información indicada en el artículo 8º del presente decreto.»
Y a su turno el artículo 8 el trámite para el reporte de la información de las
entidades territoriales, y el artículo 9 lo relativo al monto total de aportes al
Fomag, que debe ser proyectado por la sociedad fiduciaria conforme la
información de las entidades en cita. Disponiéndose en el artículo 10, el giro de
los aportes, en orden a que «El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
cargo a la participación para educación de las entidades territoriales en el
Sistema General de Participaciones, girará directamente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, descontados del giro mensual, en las
fechas previstas en la Ley 715 de 2001, los aportes proyectados conforme al
artículo anterior de acuerdo con el programa anual de caja PAC, el cual se
incorporará en el presupuesto de las entidades territoriales sin situación de
fondos.(…)»
La normativa citada, permite establecer la existencia de un complejo y especial
procedimiento para el giro de los recursos al Fomag a fin de sufragar las
obligaciones prestacionales de su competencia; nótese entonces, que dicho
fondo administra los recursos asignados para cubrir las obligaciones
prestacionales a su cargo mediante subcuentas, una de ellas de las cesantías
para todos los docentes afiliados (artículo 81 de la Ley 812 de 2003); más no
aplica cuenta individuales para recibir y administrar las cesantías de los docentes
como ocurre con los fondo privados que administran dicha prestación.
20 Como en idéntico se había desarrollado en el Decreto 0196 de 1995, por medio del cual se reglamentan
parcialmente el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la
incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan
otras disposiciones.
21 Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001
y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
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También es oportuno referir, que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de 27 de julio de 2017 22, al revisar un caso sobre el derecho a la
sanción moratoria por la no consignación o consignación tardía de las cesantías
en el Fomag, de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, tema de análisis
por la Sala en este caso concreto, concluyó que la misma no era aplicable a los
docentes23, al considera que el régimen especial de docentes contemplado en la
Ley 91 de 1989, frente a la prestación social – cesantías, es diferente al
anualizado previsto en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, ésta última,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.
Con la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-202324 de 11 de octubre de
2023, se supera toda discusión frente a la aplicación de la sanción moratoria
contenida en Ley 50 de 1990 a los docentes. En esta oportunidad, la Sala Plena
de la Sección Segunda dispuso lo siguiente:
«Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen
derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al
personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será
aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99,
como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.” (Negrilla de la
Sala)
La decisión en comento es de aplicación inmediata en todos los procesos en
curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que se estudió;
constituyendo entonces, precedente obligatorio las consideraciones expuestas
en dicha sentencia al tenor de los artículos 10 y 102 del CPACA, para todos los
temas en discusión tanto en vía administrativa como judicial; dejando a salvo los
casos en los que ya ha operado la cosa juzgada.
Por lo que la Sala, para resolver, atenderá a los lineamientos expuestos en dicho
fallo de unificación.
2.4 Caso concreto
Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala
acreditado que mediante el Decreto 040 del 14 de enero de 199425 la señora
22 C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez - exp. 4854-14
23 En el mismo sentido se encuentran, entre otras, las sentencias del 21 de mayo de 2009, expediente 23001-
23-31-000-2004-00069-02. (0859-08). C.P.: Bertha Lucía Ramírez de Páez; de 21 de octubre de 2011,
expediente 19001-23-31-000-2003-01299-01 (0672-09) C.P.: Gustavo Gómez Aranguren; del 14 de
diciembre de 2015, expediente 66001-23-33-000-2013-00189-01 (1498-14) C.P.: Gerardo Arenas Monsalve;
del 17 de noviembre de 2016, expediente 66001-23-33-000-2013-00190-01 (1520-2014) CP: William
Hernández Gómez.
24 Expediente 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
25 Así se evidencia del formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 23 de octubre
de 2014.
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Merys Coronado Jiménez fue nombrada en el cargo de maestra municipal de la
Institución Educativa Básica de Santa Cruz de Luruaco - Atlántico, del cual tomó
posesión el 24 de febrero del mismo año26.
El 1° de diciembre de 2014 27 , la señora Coronado Jiménez a través de
apoderado, solicitó ante la alcaldía del municipio de Luruaco - Atlántico, el
reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses de los años 1994 a 2005.
A su vez, peticionó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
contemplada en la Ley 50 de 1990, por el retardo en la consignación de dichos
periodos. La misma solicitud fue replicada ante el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Atlántico el 27 de noviembre y el 5 de diciembre
de 201428, respectivamente.
El Ministerio de Educación el 24 de diciembre de 201429 comunicó a la actora
que la petición fue remitida al departamento del Atlántico – secretaría de
educación del Atlántico por ser de su competencia.
El municipio de Luruaco a través del Oficio sin número del 7 de enero de 2015
informó con relación al pago de las cesantías y los intereses de la demandante,
lo siguiente30:
«Pago de cesantías e intereses de cesantías año 1995: Canceladas el día 27 de
diciembre de 1995, según orden de pago No. 5604586 del Banco Agrario de
Colombia.
Pago de cesantías e intereses de cesantías año 1996: Canceladas el día 17 de
enero de 1997, según orden de pago No. 1324 por valor de $221.736 COP.
Pago de cesantías e intereses de cesantías años 1997: Canceladas el día 16 de
enero de 1998, según orden de pago No. 2665 por valor de $259.907 COP.
Pago de cesantías e intereses de cesantías años 1998 al 2002: Canceladas el
día 20 de octubre del 2005, según orden de pago No 15817 y cheque No 0000219
del Banco Agrario de Colombia por valor de $1.136.416.
Las solicitudes de pagos de las Cesantías e intereses sobre cesantías y demás
emolumentos salariales correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005
equivocadamente reclamadas al municipio de Luruaco por parte de sus
poderdantes, deben efectuarlos al Departamento del Atlántico o en su defecto al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que debe ser de su
conocimiento, que estos Docentes en virtud de la Ley 715 del 2001 a partir del 1°
de enero del 2003, pasaron a la planta de personal de la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico.
Aprovechamos la oportunidad para manifestarle a usted, que sus poderdantes han
actuado con TEMERIDAD o MALA FE, tal como lo establece el artículo 79 del
Código General del Proceso al observar de manera obvia la carencia de
fundamento legal en la demanda, ya que de manera desleal pretenden cobrar unas
cesantías que ya fueron canceladas y recibidas por ellos, y a sabiendas que no le
asisten razón alguna insisten en hacerlo.
26 Acta de posesión obrante en el cuaderno anexo.
27 Folios 16 y 17 del expediente físico.
28 Folios 18 y 19 del expediente.
29 Folio 21 del expediente físico.
30 Folio 22 a 26 del expediente físico.
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Con la Temeridad y Mala fe de sus representados, pudieron haber llevado a cometer
graves errores a la Administración Municipal con las consecuencias legales que
esto representa, de no haber sido por los libros y archivos de la misma, donde
reposan pruebas fehacientes que demuestran la veracidad de nuestras
actuaciones, por consiguiente esta Administración elevará QUEJA y DENUNCIA
ante los entes competentes tales como la Comisión de Ética del Magisterio,
Ministerio de Educación Nacional, FECODE y la ADEA para que ellos estudien y
analicen la conducta anti ÉTICA e INMORAL de estos Docentes, quienes
pretendieron hacerle trampas a una entidad que por mucho tiempo le dio sustento
y el pan de cada día para ellos y su familia, y hoy su conducta raya con el principio
de MORALIDAD, conocido también como de PROBIDAD, LEALTAD Y BUENA FE,
entendiendo este como el conjunto de reglas presidida por el imperativo ético a que
deben ajustar sus comportamiento todos los sujeto»31
Y el departamento del Atlántico el 28 de enero de 201532 informó que remitió la
solicitud a Fiduprevisora S.A., por ser la entidad competente para dar respuesta.
Pues bien, de lo previamente expuesto, es claro que la demandante pretende el
reconocimiento y pago de las cesantías e intereses de las cesantías de los años
1994 a 2005, y la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, por la
omisión de consignación de las cesantías anuales de dichos periodos.
Frente a la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada
de la no consignación de las cesantías anualizadas de los años 1994 a 2005,
cuya prescripción fue declarada en la sentencia de primera instancia, resulta
necesario dilucidar en primer lugar, si a la parte demandante se le aplica la
sanción moratoria reclamada.
Para ello, cabe recordar que en la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre del año 2023, se unificó jurisprudencia frente a la sanción moratoria por
la tardanza en la consignación de las cesantías anuales a los docentes, fijando
la siguiente regla de unificación: «Los docentes estatales afiliados al FOMAG
no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema
de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al
personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será
aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99,
como un mínimo de protección social en favor del docente estatal». Precedente
de aplicación inmediata y obligatoria a todos los procesos en curso33.
Dada la particularidad que dentro del expediente no reposa prueba alguna, que
dé cuenta que en los periodos discutidos -año 1994 a 2005-, la docente se
31 Transcripción con errores incluidos.
32 Folio 30 del expediente físico.
33 «Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de aplicación inmediata a todos los procesos que se
encuentren en curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de manera
que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen
precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial.»
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encontrará afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Sala aplicará la segunda parte de la regla de unificación antedicha34. Por lo tanto,
a la demandante sí le asiste el derecho a reclamar la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas.
Por lo anterior, la Sala precisará en segundo lugar si la misma se encuentra
afectada por la prescripción o no.
Para la parte apelante el término extintivo no es procedente por cuanto en la
sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, se consideró que
las cesantías no prescriben mientras se encuentre vigente la relación laboral, lo
que hace imposible la prescripción de la sanción por ser un derecho accesorio
de esta.
Pese a lo dicho por la apelante, la sentencia de unificación antes mencionada, si
bien consideró que las cesantías no prescriben durante la vigencia del vínculo
laboral, dispuso algo diferente frente a la sanción moratoria, al concluir: «2. la
sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de la
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.», oportunidad en la cual se consideró que la
misma no tiene el carácter de accesoria de las cesantías.
Esa misma posición fue reiterada en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-
2020 del 6 de agosto de 2020, donde se sentó jurisprudencia frente a la
prescripción así:
«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro
de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente
por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir
del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción
moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.»
Lo anterior permite concluir que, en efecto, la sanción o indemnización moratoria
del auxilio de cesantías anualizadas está sometida a la prescripción extintiva, por
lo que la reclamación deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a
partir de su causación y se genera automáticamente por el incumplimiento o
tardanza, el 15 de febrero del año siguiente.
Postura que fue reiterada recientemente por esta Corporación en la sentencia
34 Valga aclarar que la demandante, en la actualidad, sí está afiliada al fondo referido, pero, para la fecha en
que se generó el derecho a las cesantías de los años 1999 a 2003, no se había producido tal afiliación.
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SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre del año 2023.
Lo expuesto en precedencia lleva a concluir que la decisión adoptada por el
tribunal de primera instancia se encuentra ajustada a las providencias de
unificación, entre ellas aquella que se adujo por la recurrente fue desconocida.
Así las cosas, teniendo claro que la sanción moratoria no depende de la
existencia o no del vínculo laboral, el término para reclamar la sanción moratoria
por la inoportuna consignación de las cesantías en el caso de marras empezó a
correr de la siguiente forma:
Periodo de Fecha en la que surgió la Fecha en que operó la prescripción
cesantías mora
1994 15 de febrero de 1995 15 de febrero de 1998
1995 15 de febrero de 1996 15 de febrero de 1999
1996 15 de febrero de 1997 15 de febrero de 2000
1997 15 de febrero de 1998 15 de febrero de 2001
1998 15 de febrero de 1999 15 de febrero de 2002
1999 15 de febrero de 2000 15 de febrero de 2003
2000 15 de febrero de 2001 15 de febrero de 2004
2001 15 de febrero de 2002 15 de febrero de 2005
2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006
2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007
2004 15 de febrero de 2005 15 de febrero de 2008
2005 15 de febrero de 2006 15 de febrero de 2009
En ese escenario, considera la Sala que tal como lo encontró el a quo, en el caso
de marras operó el fenómeno de prescripción de la sanción moratoria, en tanto
la demandante presentó la reclamación administrativa el 27 de noviembre, 1° y
5 de diciembre de 2014, esto es por fuera del término establecido por el
legislador, por lo que se constata que dejó transcurrir un lapso superior a tres (3)
años sin presentar la reclamación administrativa de la sanción moratoria.
Prescripción que no opera de forma parcial, en tanto, si bien la sanción mora se
causa y acumula diariamente, no es una prestación periódica por tratarse de una
penalidad indivisible de ejecución instantánea, y su acrecimiento en el tiempo no
la convierte en una obligación divisible, de tal manera que el término de
prescripción define un límite claro hasta cuándo se puede reclamar.
También considera la apelante que el Tribunal omitió resolver las pretensiones
7, 9 y 10 de la demanda, con lo cual desconoció los artículos 287 del CGP, y los
artículos 187 inciso 4°, 192 y 195 inciso 4 del CPACA, al momento de ordenar el
pago o consignación de las cesantías, aspecto este último que no fue objeto del
recurso de apelación.
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El artículo 287 del C.G.P., consagra la adición de la sentencia, norma que
contiene dos supuestos, a saber: i) cuando se omite la resolución de cualquiera
de los dos extremos de la litis y ii) cuando no se resuelve cualquier otro punto
que debía ser objeto de pronunciamiento, aspecto que no ocurre en este caso,
pues lo pretendido en los numerales 7, 9 y 10 es el ajuste de la condena y los
intereses moratorios, lo que da a lugar cuando la condena impuesta implica el
pago de una suma de dinero, no obstante en este caso lo ordenado es el
reconocimiento de un derecho prestacional y sus intereses para las anualidades
1995 a 2002 en caso de no haberse cancelado.
Además, esta subsección en un asunto similar, en providencia del 30 de
noviembre de 202335 consideró:
«Y de otra, porque al tenor del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 los intereses a
las cesantías de los docentes se liquidan sobre el saldo total acumulado de la
prestación, valor al cual se le aplica el DTF certificado por la Superintendencia
Financiera de Colombia, tasa de interés que resulta superior al IPC.... Así, se
estima que como la entidad debe efectuar la liquidación año a año con el saldo
existente de las cesantías, no es posible el reconocimiento de un ajuste adicional
por cuanto los intereses incluyen la corrección monetaria. Por lo que, contrario
a lo señalado por el apelante, esta Subsección considera que el Tribunal no
omitió pronunciamiento sobre estos puntos, dado que era improcedente acceder
a ellos.»
Así las cosas, ante la no prosperidad del recurso, se confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró probada la excepción de prescripción.
2.5. Condena en costas
En el caso concreto, no se condenará en costas a la parte demandante; pues si
bien antes esta Sala de Subsección valoraba objetivamente la conducta de la
parte vencida para determinar si había lugar a condenar en costas, lo cierto es
que, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, se procede hacer un
estudio sobre la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que, en esos términos, al hacer extensiva esa
interpretación al caso analizado, no se advierte dicha carencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 7 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de prescripción
35 sentencia con radicado 08001-23-33-000-2015-00082-01 (6324-2019)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 08001-23-33-000-2015-00091-01
Demandante : Merys del Socorro Coronado Jiménez
extintiva respecto de la sanción moratoria y ordenó a la Nación – Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, en caso de no haberlo
hecho, reconocer el auxilio de cesantías de la señora Coronado Jiménez
correspondiente a los años 1994 a 2005, según las motivaciones expuestas en
la parte considerativa.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto
en las motivaciones de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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