RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2015-00364-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2015-00364-02

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2015-00364-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO, constituyó un acto de ilegalidad, toda vez que el señor GENARO GUELL FLOREZ, en su calidad de INSPECTOR SEGUNDO DE POLICÍA DE REACCIÓN INMEDIATA DE BARRANQUILLA, CARECÍA DE COMPETENCIA MATERIAL y FUNCIONAL, para el ejercicio del desarrollo del desalojo o del despojo, como quiera que dicha competencia material, estaba en ese momento y está radicada en cabeza de la JUSTICIA ORDINARIA, en los procesos definidos para los JUECES CIVILES DE LA REPÚBLICA, por expreso mandato de Ley y tal como fue establecido por el superior jerárquico de este inspector en el STATUS QUO ya antes referenciado” 9. III. CONSIDERACIONES 34. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, se procede a resolver en segunda instancia el presente asunto. 35. Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de competencia y caducidad. Objeto de la apelación 36. La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que está sujeta a los reparos concretos expuestos por el apelante único contra la decisión que le resultó desfavorable. 9 Folios 1.114 a 1.128 del cuaderno de primera instancia. 7 Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232) Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Reparación directa 37. Bajo ese contexto, la discusión gira en torno a determinar si se demostró la condición de poseedor del señor Harol José Sáez Gale sobre una franja de terreno del Lote 4, identificado con el número de matrícula inmobiliaria n.° 040- 34989, pues, como se verá más adelante, el cargo formulado contra la negativa de las pretensiones por la destrucción de los bienes durante la diligencia de desalojo del 5 de junio de 2013 no fue debidamente sustentado por la parte actora. 38. La Sala debe precisar que, si bien el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de los señores Harol Sáez Gale y Candelaria Gricel Paternina Romero por las mismas razones, en el recurso de apelación no se formuló cuestionamiento alguno tendiente a rebatir la conclusión del a quo respecto de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2015-00364-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

18 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – no se probó la
condición de poseedor y, por ende, del interés que le asiste para reclamar por la pérdida
del bien del que supuestamente fue despojado / RECURSO DE APELACIÓN - alcance –
deber de sustentación de la totalidad de los cargos propuestos en el recurso de apelación.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 4 de agosto de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

2. Los demandantes -quienes aducen ser poseedores de dos hectáreas de terreno
de un lote de mayor extensión denominado Lote 4 o Tamarindo II- pretenden que
se declare la responsabilidad de las demandadas por la pérdida de la posesión
que detentaban de manera quieta y pacífica por más de 10 años sobre dicha franja
de terreno, debido a la diligencia de desalojo que se llevó a cabo el 5 de junio de
2013, la cual califican de irregular, así como por la destrucción de las mejoras y la
pérdida de los animales y cultivos que tenían en él.

II. ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 8 de noviembre de 20151, los señores Harol José Sáez
Gale y Candelaria Gricel Paternina Romero, quienes actúan en nombre propio y
representación de sus hijas menores Sofía Andrea y Andrea Carolina Sáez
Paternina, por conducto de apoderado judicial, promovieron demanda de
reparación directa contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, con el fin de que se declare su responsabilidad por
la pérdida de la posesión que los demandantes detentaban sobre el predio El
Platanal, ubicado en zona rural de Barranquilla, a causa de la diligencia de

1 Folio 391 del cuaderno de primera instancia.

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

desalojo que se llevó a cabo el 5 de junio de 2013, así como por la destrucción de
sus bienes2.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

5. En enero de 2003, los señores Harol José Sáez Gale y Candelaria Gricel
Paternina Romero tomaron posesión de dos hectáreas de un inmueble de mayor
extensión conocido como Lote 4 o Tamarindo II, ubicado en el corregimiento Juan
Mina de Barranquilla y lo denominaron “El Platanal”.

6. De acuerdo con la parte actora, la posesión de los demandantes fue pacífica y
tranquila, “nunca fueron perturbados, no conocieron propietario, poseedor ni
tenedor”, de ahí que se dedicaran a actividades de agricultura, así como a la cría
de animales, los cuales eran comercializados en el mercado de Barranquilla.

7. Se indicó que la posesión sobre “El Platanal” se ejerció “durante más de 10 años”,
hasta el momento en que escucharon rumores acerca de proyectos de
construcción como la vía que de Cartagena conduce a Barranquilla, la zona franca
y la avenida circunvalar.

8. Se adujo que, por la importancia que adquirió el Lote 4 o Tamarindo II, se iniciaron
los trámites para su legalización, dando apertura al folio de matrícula inmobiliaria
n.° 040-34989 de la oficina de instrumentos públicos de Barranquilla, en el que
aparecía que su propietario era la sociedad Cardenar Ltda. en liquidación.

2 “I-1. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía

Nacional y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía son administrativamente responsables de los
perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente debido o consolidado y lucro cesante debido y
futuro y morales, derivada de la responsabilidad por falla del servicio como consecuencia de los hechos
administrativos en la que incurrieron las demandadas en su función jurisdiccional de policía al ocasionársele
un grave daño y perjuicio a los señores Harol José Sáez Gale y Candelaria Gricel Paternina Romero y sus
hijas Sofía Andrea Sáez Paternina y Andrea Carolina Sáez Paternina como consecuencia del despojo al que
fueron sometidos los demandantes poseedores al ser destruidas la parcela El Platanal, que hace parte del
lote 4 (El Tamarindo II), ubicado eel municipio de Galapa Atlántico, con un área de dos hectáreas, con las
siguientes medias y linderos (…). El predio en comento poseía cultivos de siembra, cría de animales y
herramientas de trabajo, así: 750 matas de plátano, 2.500 palos de yuca de cosecha, 4 palos de mango de 3
metros de altura, 80 matas de ahuyama paridas, 20 palos de papaya parinderos, dos palos de coco medianos,
1 palo de naranja dulce mediano, 1 palo de limón parido, 1 palo de guayaba parido, 50 matas de ají topitos,
un galpón para pollos de engorde con área de 84 metros con 1.050 pollos, 4 patos grandes, 8 bultos de
alimento de levante de pollos, una carretilla de plástico, 1 caja de herramientas de 36 dados, 1 hacha con
mango, 1 pala draga con sus mangos, 4 rulas, 1 azadón, 1 palín, 1 cavador, 2 tanques plásticos para
almacenar agua de 1.000 litros cada uno, 80 comederos plásticos para pollos, 1 bomba fumigadora colima
manual, con base en la ilegalidad del hecho administrativo o falla del servicio y la derivada arbitrariedad
administrativa o vía de hecho efectuada contra el inmueble en posesión de los demandantes, en calidad de
esposo, madre, hijas a quienes represento legalmente. I-2. Condenar a pagar en consecuencia al Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía como reparación del daño por los perjuicios morales y materiales
causados las siguientes sumas de dinero (…). Para el señor Harol José Sáez Gale la indemnización por
concepto de daño emergente debido o consolidado la suma de $6.000’000.000, por el valor del metro
cuadrado del despojo (…). Además, se solicitará lo correspondiente a daños y perjuicios sobre cultivos, crías
y enseres que arrojó la demolición y destrucción derivada de la responsabilidad patrimonial por falla del
servicio como consecuencia de los hechos administrativos en los que incurrieron las demandadas, en su
función jurisdiccional de policía, sobre los siguientes conceptos cultivos, crías, enseres (…) total: $69’150.200.
Lucro cesante o debido futuro se dejará al arbitrio del señor juez, cuya tasación se tendrá cuantitativamente
como lo pagado por el daño emergente en razón al hecho de haberse efectuado ese gasto, sobre todos los
daños irrogados a las demandadas, recursos del propio peculio del señor Harol José Sáez Gale o lo que se
determine con criterio especialista de perito designado por su despacho. Perjuicios morales: Harol José Sáez
Gale 100 salarios. Candelaria Gricel Paternina Romero 70 salarios. Sofía Andrea y Andrea Carolina Sáez
Paternina 50 salarios. I-3. Que como consecuencia de la condena en concreto que eventualmente haya de
proferirse según las circunstancias probatorias del proceso se disponga dar cumplimiento a lo preceptuado
por los arts. 192 del CPACA y 283 y 284 del CGP (…)”.

2

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

9. Se mencionó que en el proceso de liquidación de la sociedad Cardenar Ltda., el
Lote 4 le fue adjudicado a la sociedad Warehouse Overseas Enterprises Corp.

10. Se relató que, el 9 de mayo de 2008, el señor Guillermo Cárdenas Peláez,
administrador y tenedor del lote 4, presentó una querella policiva por perturbación
de la posesión contra personas indeterminadas, la cual fue asignada a la
Inspección Quinta de la Policía Urbana de Barranquilla.

11. Se afirmó que, el 11 de julio de 2008 se llevó a cabo la audiencia pública y
diligencia de inspección ocular, a la que se presentó el abogado Milton Ramón
Vargas Colina, como apoderado de los señores Ranci Gómez Mejía, Martina
Padilla Cuadro, Roberto Yepes Meza, Winkman Mercado, Orlando Jiménez,
Andrés Ortega, Alfredo Arroyo, Roberto Martínez, Luis Páez García, Inocencio
Torres y Leandro Valderrama, para manifestar su oposición; sin embargo, el señor
Harol José Sáez no acudió “porque estaba en un lugar muy distante dentro del
Lote 4”.

12. Se relató que, el 25 de agosto de 2008, la Inspectora Quinta de la Policía Urbana
de Barranquilla decretó de manera provisional una medida de statu quo sobre el
bien objeto de la querella y que, mediante Resolución 239 del 8 de septiembre
siguiente, concedió el amparo policivo solicitado, decisión que fue confirmada el
17 de julio de 2009 por la Oficina de Inspecciones y Comisarías de Barranquilla.

13. Se indicó que la diligencia de desalojo se fijó para el 24 de agosto de 2009, pero
que, con ocasión de las denuncias formuladas ante varias entidades de control,
así como la presentación de una acción de tutela, la Inspectora Quinta de la Policía
Urbana de Barranquilla mediante proveído del 31 de marzo de 2010, “dejó en
libertad a las partes para acudir a la justicia civil para que fuera esta la que
definiera la problemática sobre esos terrenos”, razón por la cual decretó
nuevamente una medida de statu quo sobre el predio.

14. Se narró que, el 24 de mayo de 2010, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía, nueva adquirente del Lote 4, le solicitó a la Inspección de Reacción
Inmediata de Barranquilla el cumplimiento del amparo policivo decretado en la
Resolución 239 del 8 de septiembre de 2008, ante la evidencia de que personas
indeterminadas ingresaban nuevamente al terreno.

15. En proveído del 24 de mayo de 2010, la Inspección Segunda de Reacción
Inmediata de Barranquilla acogió la solicitud de seguimiento al amparo policivo y
el 26 de mayo siguiente realizó la diligencia de verificación y seguimiento.

16. Finalmente, se afirmó que el 5 de junio de 2013 se llevó a cabo el desalojo del
señor Sáez y su familia, diligencia en la que se “desplazó a los animales” y se
destruyeron su vivienda y los cultivos.

17. De acuerdo con la parte actora, las entidades demandadas debían ser declaradas
patrimonialmente responsables por la pérdida de la posesión que detentaban
sobre dos hectáreas del Lote 4, la destrucción de las mejoras realizadas y la
pérdida de animales y cultivos, con fundamento en lo siguiente:

3

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

18. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por cuanto el desalojo
que llevó a cabo la Inspección de Policía Segunda de Reacción Inmediata
desconoció la medida de statu quo decretada sobre el Lote 4 por la Inspección de
Policía Quinta de Barranquilla, la cual, según se dijo, le impedía realizar ese tipo
de diligencias, mientras la justicia civil definía la situación jurídica del predio. De
igual manera, se le atribuyó responsabilidad por la demolición completa de las
mejoras que había en las dos hectáreas de terreno, sin respetar su derecho al
debido proceso.

19. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, por promover acciones para
desalojar a los demandantes, las cuales fueron atendidas por la Inspección
Segunda de Reacción Inmediata de Barranquilla.

20. La Policía Nacional, toda vez que sus actuaciones debieron orientarse a proteger
los derechos de los demandantes, en lugar de acompañar la ejecución de una
diligencia en la que la Inspección de Policía Segunda de Reacción Inmediata de
Barranquilla “no tenía competencia”.

Contestación de la demanda

21. La Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Alegó
la inexistencia de nexo de causalidad entre su actuación y el daño reclamado por
los actores, toda vez que se limitó a brindar acompañamiento a los funcionarios
de la Inspección Segunda de Reacción Inmediata que adelantaron la diligencia
de desalojo3.

22. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se opuso a las pretensiones.
Indicó que dentro de sus funciones no estaba adelantar procedimientos policivos
por perturbación a la posesión, sino realizar actuaciones tendientes a ofrecer
soluciones de vivienda a sus afiliados, por lo que carecía de legitimación material
en la causa por pasiva. Agregó que, como propietaria del inmueble identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 040-34989 de la oficina de instrumentos
públicos de Barranquilla, tenía derecho a solicitar la protección de sus derechos
ante las autoridades competentes, máxime cuando en el caso concreto existía un
amparo policivo que pretendían desconocer los demandantes.

23. Adujo que no se allegó prueba de la posesión alegada por los demandantes, así
como tampoco del desarrollo de actividades agrícolas, por cuanto ninguno de
ellos aparecía relacionado en alguna providencia o acta diligenciada en el
procedimiento policivo. Por último, señaló que la parte actora pretendía confundir
al juzgador de instancia, por cuanto entrelazaba hechos de dos procedimientos
policivos promovidos por el señor Guillermo Cárdenas Peláez, uno por los Lotes
1 y 2 y el otro por el Lote 4, pero por situaciones distintas. Propuso las
excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de
causa para demandar, inexistencia de la obligación y/o cobro de lo no debido 4.

3 Folios 585 a 598 del cuaderno de primera instancia.
4 Folios 646 a 651 del cuaderno de primera instancia.

4

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

24. El Distrito Especial, Industrial y Turístico de Barranquilla afirmó que el daño
alegado por los demandantes no era antijurídico, dado que los demandantes
invadieron el predio a sabiendas de que tenía propietarios. Aseguró que en la
demanda se narraron únicamente algunos hechos y que las decisiones y
actuaciones desplegadas por sus funcionarios se ciñeron a lo normado en la
Constitución Política y la ley5.

Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 4 de agosto de
2023, negó las súplicas de la demanda por considerar que no se demostró la
posesión alegada por los demandantes, así como tampoco la destrucción de los
bienes descritos en la demanda.

26. Afirmó que el Lote 4 o Tamarindo II, identificado con la matrícula inmobiliaria n.°
040-34989, perteneció a la sociedad Cardenar Ltda. en liquidación, luego, a la
sociedad Warehoeuse Overseas Enterprise Corp. y, por último, a la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, sin que en el expediente reposara algún
documento que reconociera a los demandantes como poseedores de una parte
del terreno. Señaló que la parte actora tampoco demostró la destrucción de sus
bienes durante la diligencia de desalojo, pues ni siquiera había prueba de su
existencia. Advirtió que los inspectores de policía que declararon en el proceso y
el acta que se suscribió el 5 de junio de 2013 coincidían en indicar que la diligencia
se llevó en calma y que en el lugar no había presencia de animales o viviendas,
de lo único que se dejó constancia fue de la existencia de uno o que otro cultivo
cerca de unos hornos hechizos que se encontraron en el lote 4, los cuales habían
sido instalados recientemente para quemar carbón.

27. Refirió que la sola afirmación acerca de la causación de un daño antijurídico era
insuficiente para tenerlo por acreditado, dado que debían allegarse pruebas
pertinentes, conducentes y suficientes al plenario, de ahí que ante el
incumplimiento de la carga probatoria que le correspondía a la parte actora,
resultaba inane abordar la imputación6.

Recurso de apelación

28. La parte actora interpuso recurso de apelación, con fundamento en los siguientes
argumentos:

29. Luego de referirse a la carga probatoria que les incumbe a las partes, a la
autonomía e independencia judicial y al deber que les asiste a los jueces de fallar
conforme a las pruebas allegadas al plenario, señaló que el Tribunal
Administrativo del Atlántico realizó una valoración aislada de los medios
probatorios allegados al proceso, los cuales daban cuenta de la posesión del
señor Sáez Gale, así como de las actuaciones irregulares de las demandadas.

5 Folios 540 a 560 del cuaderno de primera instancia.
6 Folios 1.079 a 1.095 del cuaderno de primera instancia.

5

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

30. Sostuvo que, en el acta de la diligencia del 5 de junio de 2013, suscrita por el
Inspector de Policía Segundo de Reacción Inmediata de Barranquilla, se dejó
constancia de la posesión alegada por el aquí actor, toda vez que el señor Harol
Sáez Gale manifestó que tenía una “posesión desde hace tiempo”, lo que, a su
vez, se encontraba respaldado con el testimonio del señor Luis Escorcia León,
quien señaló que el aquí demandante ocupaba la parcela denominada “El
Platanal” con ánimo de señor y dueño, la cual era destinada “a cultivos de pan
coger y la explotación avícola y ganadera”. Cuestionó que para negar su condición
de poseedor el Tribunal a quo le otorgara valor probatorio al testimonio de la
señora Alicia Bustos Ledesma, Inspectora Quinta de Policía de Barranquilla,
cuando ella ni siquiera participó en la diligencia de desalojo.

31. Frente a los daños ocasionados por la destrucción de las mejoras (vivienda y
establos) y pérdida de animales, indicó que en el acta del 5 de junio de 2013 se
consignó que la diligencia de desalojo contó con el apoyo de integrantes de la
Policía Nacional, así como del escuadrón antimotines Esmad, “el cual para la
época de ocurrencia de los hechos, estaba precedido por un actuar violento y su
presencia en el lugar del desalojo, implicaba por sí mismo, un despliegue de
violencia e intimidación física y psicológica, no puede entenderse que el señor
HAROL JOSÉ SÁEZ GALE y su grupo familiar pudiese hacerle frente a un
destacamento policial del escuadrón ESMAD, para defender su pequeña
parcela”7.

32. Afirmó que en la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que la
persona que inició el trámite de la querella por perturbación a la posesión fue el
señor Guillermo Cárdenas, cuya intención fue despojar a los ocupantes del predio,
así como tampoco se analizaron las actuaciones de los funcionarios del Distrito
Especial de Barranquilla y de la Caja de Vivienda Militar. Aseguró que, de haberlo
hecho, el Tribunal a quo se habría percatado de que se trató de una diligencia de
desalojo irregular, por cuanto el Inspector de Policía Segundo de Reacción
Inmediata no tenía competencia para practicarla, debido a la medida de statu quo
decretada sobre el Lote 4 por la Inspectora Quinta de Policía de Barranquilla.

33. A continuación, citó extractos de dos sentencias dictadas por las Subsecciones A
y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado8, para señalar que en el caso
“se configura el cumplimiento inadecuado por parte de las demandadas y la falla
del servicio conforme a lo expuesto y debidamente probado en el libelo de la
demanda”:

“La génesis del desalojo en donde se configura el daño al demandante y su núcleo
familiar deviene de la solicitud presentada por el Coronel RUBÉN DARÍO MESTIZO
REYES, actuando en nombre y representación de la CAJA PROMOTORA DE
VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA, en su calidad de Gerente General de ese

7 A renglón seguido, manifestó: “La violencia psicológica, el infundir temor a las personas sin agredirlas

físicamente, presupone un actuar contrario a derecho, Maxime al tratarse de personas en las cuales la
violencia ha marcado su pasado reciente como es el caso del señor HAROL JOSÉ SÁEZ GALE, a quien,
mediante una actuación de desalojo precedida por el acompañamiento de miembros de policía nacional,
escuadrón ESMAD, fue privada de la posesión de la parcela EL PLATANAL y desmontada su vivienda y los
establos avícola y ganadero”.
8 Sentencias del 22 de octubre de 2015, exp. 33.977. C.P. Hernán Andrade Rincón y del 1° de febrero de

2012, exp. 22.464. C.P. Jaime Orlando Santofimio.

6

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

entonces, le confiere poder a la Dra. MERY BENITEZ ROMERO, para que le
representase y le solicitara al señor INSPECTOR DE REACCIÓN INMEDIATA, para
que se le diera igualmente cumplimiento al fallo de Amparo Policivo, sobre el lote de
terreno No. 4, en la que figuraba como querellante, el señor GUILLERMO CARDENAS
PELAEZ, con la finalidad de obtener la restitución del inmueble antes mencionado, este
amparo policivo deviene como consecuencia del amparo policivo acaecido con fecha 8
de septiembre de 2008, dictado en primera instancia por la INSPECCIÓN QUINTA DE
POLICÍA DE BARRANQUILLA, promovido por el querellante, señor GUILLERMO
CARDENAS PELAEZ, y confirmada en segunda instancia, según proveído de fecha 17
de julio de 2009, por el Jefe de la Oficina de Inspecciones y Comisarias de Barranquilla,
cuando ya había transcurrido casi seis meses de haber quedado ejecutoriada la
sentencia de segunda instancia, y haberse transcurrido más de ocho meses del decreto
de STATUS-QUO, SOBRE DICHA ACTUACIÓN en auto de fecha 31 de marzo de
2010, en el cual se ordenó abstenerse del amparo policivo, se decreta el STATUS QUO
antes mencionado hasta que el conflicto se resolviera ante la jurisdicción ordinaria (pág.
189-192 del cuaderno 1 de la demanda), Sin embargo, el Dr. GENARO GUELL,
INSPECTOR SEGUNDO DE POLICÍA DE REACCIÓN INMEDIATA, ejecuta un
desalojo en concurso con la Policía Nacional y cuerpo del SMAD, a cargo del Mayor
ANDRÉS MANTILLA, que al igual éste Agente del ESTADO, debió medir las
consecuencias de la ilegalidad y arbitrariedad del señor GENARO GUELL FLOREZ,
INSPECTOR SEGUNDO DE POLICÍA DE REACCIÓN INMEDIATA, y sin embargo
era su deber evitarlo y no lo hizo sino que, contra el demandante y su núcleo familiar,
el día 5 de junio de 2013, del predio del lote 4, TAMARINDO II, ejecutan el desalojo
antes expuesto ocasionándole grave daño material y moral tumbándole su mejora de
vivienda y sembrados con retroexcavadora y maquinaria pesada y desplaciéndole de
todos los animales y bienes que poseía, además de vulnerar sus derechos reales sobre
la posesión que ostentaba sobre el bien inmueble donde se asentaba dentro del lote
de terreno antes citado.

Dicho comportamiento además de configurar una grave FALLA EN EL SERVICIO,
constituyó un acto de ilegalidad, toda vez que el señor GENARO GUELL FLOREZ, en
su calidad de INSPECTOR SEGUNDO DE POLICÍA DE REACCIÓN INMEDIATA
DE BARRANQUILLA, CARECÍA DE COMPETENCIA MATERIAL y FUNCIONAL,
para el ejercicio del desarrollo del desalojo o del despojo, como quiera que dicha
competencia material, estaba en ese momento y está radicada en cabeza de la
JUSTICIA ORDINARIA, en los procesos definidos para los JUECES CIVILES DE LA
REPÚBLICA, por expreso mandato de Ley y tal como fue establecido por el superior
jerárquico de este inspector en el STATUS QUO ya antes referenciado” 9.

III. CONSIDERACIONES

34. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, se procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.

35. Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
competencia y caducidad.

Objeto de la apelación

36. La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino
que está sujeta a los reparos concretos expuestos por el apelante único contra la
decisión que le resultó desfavorable.

9 Folios 1.114 a 1.128 del cuaderno de primera instancia.

7

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

37. Bajo ese contexto, la discusión gira en torno a determinar si se demostró la
condición de poseedor del señor Harol José Sáez Gale sobre una franja de
terreno del Lote 4, identificado con el número de matrícula inmobiliaria n.° 040-
34989, pues, como se verá más adelante, el cargo formulado contra la negativa
de las pretensiones por la destrucción de los bienes durante la diligencia de
desalojo del 5 de junio de 2013 no fue debidamente sustentado por la parte
actora.

38. La Sala debe precisar que, si bien el Tribunal Administrativo del Atlántico negó
las pretensiones de los señores Harol Sáez Gale y Candelaria Gricel Paternina
Romero por las mismas razones, en el recurso de apelación no se formuló
cuestionamiento alguno tendiente a rebatir la conclusión del a quo respecto de la
segunda de las personas mencionadas, en tanto que los argumentos de la parte
actora giraron únicamente en torno a las pruebas que daban cuenta de la
posesión ejercida por el señor Sáez Gale sobre una franja del Lote 4, de ahí que
en esta providencia no se emita ningún pronunciamiento sobre la aludida
demandante.

39. Por otro lado, se estima pertinente señalar que, aunque en la apelación se
hicieron afirmaciones genéricas relacionadas con la carga probatoria de las
partes y el deber del juez de fallar conforme a las pruebas que se arrimen al
proceso, tales manifestaciones ni siquiera representan un verdadero
cuestionamiento en contra de los fundamentos de hecho y/o de derecho que
sirvieron de sustento a la providencia impugnada, razón por la cual respecto de
ellas no se hará ningún pronunciamiento.

40. Si lo pretendido por el recurrente era desvirtuar las razones que expuso el
Tribunal a quo para negar las pretensiones, tenía que formular argumentos
tendientes a desvirtuarlas, pues son los reparos concretos contra la providencia
impugnada los que fijan el campo de actuación del superior jerárquico, “cuya
función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la
parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que
legalmente le hubieren sido asignadas”10.

Primer argumento de la apelación. Condición de poseedor del señor Sáez
Gale.

En reiteradas oportunidades, la Sección Tercera de esta Corporación11 ha
señalado que la legitimación material en la causa se refiere a la participación real
de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, razón
por la cual su análisis se contrae a determinar si existe o no “relación real de la

10 Según lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, “… El juez de segunda instancia

deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…)” (se destaca). En
concordancia con lo anterior, en el artículo 320 ibidem se estableció lo siguiente: “… Fines de la apelación.
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
“Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71” (se destaca).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de

2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 14.452, reiterada por esta Subsección, entre muchas otras, en
la sentencia del 14 de marzo de 2018, exp. 44.761.

8

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

parte demandada o de la demandante con la pretensión que aquella formula o la
defensa que aquella realiza”, pues la existencia de dicha relación constituye
condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o
a otra12.

41. A su vez, esta Subsección ha precisado que la legitimación material en la causa
corresponde a un elemento inherente a la titularidad del derecho en controversia
y que consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de acuerdo con
la ley sustancial tiene interés en que mediante sentencia de fondo se resuelva si
existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida y, frente al
demandado, en ser el sujeto que tiene interés para discutir u oponer la pretensión
del demandante13.

42. Como se indicó, el señor Harol José Sáez Gale acudió a este proceso como
poseedor14 desde el año 2003 de dos hectáreas que hacían parte de un lote de
mayor extensión identificado con la matrícula inmobiliaria n.° 040-34989 del cual
fue desalojado el 5 de junio de 2013 por la Inspección Segunda de Reacción
Inmediata de Barranquilla, por lo que pretende que se le indemnicen los perjuicios
causados como consecuencia de la afectación a su derecho.

43. Para el Tribunal a quo, la condición de poseedor alegada por el actor no se
demostró; sin embargo, la parte actora cuestionó esa conclusión con fundamento
en que la manifestación del señor Sáez Gale que quedó consignada en el acta de
la diligencia del 5 de junio de 2013 daba cuenta de esa situación, así como la
declaración del señor Luis Escorcia León.

44. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por las razones que pasan a
exponerse a continuación.

45. Según lo dispuesto en el artículo 762 del Código Civil, la posesión es la tenencia
de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, “sea que el dueño o el que
se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar

12 “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras,

para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado
en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta
recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un
hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona
que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la
causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos
en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe
responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación
de las súplicas del demandante” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia 22 de noviembre de 2001, exp. 13.356. C.P. María Elena Giraldo Gómez;
reiterada por esta Subsección en sentencia del 14 de marzo de 2018, exp. 44.761.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

23 de noviembre de 2017, exp. 34.982. C.P. Hernán Andrade Rincón.
14 “El artículo 2342 del Código Civil, al definir los titulares del derecho a la reparación por los daños causados,

estableció que éste se extendía no solo al propietario, sino también al poseedor e, inclusive, en ciertos
eventos, también al usufructuario, al habitador y al usuario. Así reza la norma: ‘Puede pedir esta
indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero,
sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación
o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero
sólo en ausencia del dueño …’. Con fundamento en el artículo transcrito, ha entendido la Sección que el
poseedor se encuentra legitimado para solicitar el resarcimiento de los perjuicios que se causen a su
derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de
marzo de 2004, exp. 12.289. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

9

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

y a nombre de él”. El poseedor se reputa dueño, mientras otra persona no
justifique serlo.

46. Bajo esa descripción, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que los
elementos de la posesión son dos: el corpus y el animus, los cuales deben ser
acreditados mediante prueba idónea por quien acude en esa condición15.

47. El primero (corpus), de carácter material, consiste en la detentación física del bien
por sí o por otra persona. En otras palabras, es la manifestación de la tenencia
con actos positivos o materiales, tales como “el corte de maderas, la construcción
de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual
significación” -artículo 981 del Código Civil-. Es así, como “por medio del corpus
la posesión se hace visible y pública. Son los hechos que la pregonan ante todos”.

48. El segundo (animus), de naturaleza subjetiva, radica en la intención manifiesta y
la verdadera convicción de ser dueño del bien. Es decir, es el elemento
intencional, la tenencia con “ánimo de señor y dueño”, la realización de actos
materiales ejecutados “sin el consentimiento del que disputa la posesión”16 -
artículo 981 del Código Civil-.

49. Los medios de prueba allegados al proceso evidencian que el Lote 4, identificado
con la matrícula inmobiliaria n.° 040-389339 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Barranquilla, hizo parte de un predio rural de mayor extensión17, cuyo
propietario era la sociedad Cardenar Ltda., así como también que durante el

15 Sobre el tema, esta Corporación ha advertido que “en el derecho colombiano la posesión demanda
acreditar actos materiales, actos que no se limitan a la acreditación de la tenencia de un bien, puesto que a
la prueba de esa tenencia ha de agregarse aquella que demuestre que ella ha tenido lugar sin reconocimiento
alguno de derecho de otros sobre la misma cosa. En ese sentido, se destaca que la persona que pretenda
acreditar la condición de poseedor de un bien en un proceso contencioso administrativo deberá demostrar
tanto los hechos positivos (corpus) como el elemento intencional (animus), mediante cualquiera de los medios
probatorios que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil tiene por establecidos, y adicionalmente,
de las presunciones legales susceptibles de ser desvirtuadas, que el Código consagra”. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del sentencia de 18 de
septiembre de 2023, exp. 68007. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
16 “Cuando la posesión no se deriva del derecho de propiedad, se basa en una situación de hecho, no

corresponde a un derecho preexistente y se colige de la demostración de dos situaciones: De una
manifestación externa, es decir del signo o de los actos que lo revelan ante los ojos de los terceros. Esta
manifestación de voluntad externa, se constituye por una situación de hecho que consiste en una relación
material directa o indirecta entre una persona y una cosa. Dicho de otro modo, es lo que se llama el corpus;
éste se entiende como el conjunto de actos materiales que se están realizando continuamente durante todo
el tiempo que dure la posesión y, además, constituyen su manifestación visible, la manera de ser comprobada
por los sentidos. De un estado anímico, o sicológico del poseedor en que se considera como señor y dueño
(animus); éste es el respaldo a los actos posesorios ejercidos sobre la cosa; es la voluntad de tenerla para
sí, de modo libre e independiente de la voluntad de otra persona, y en función del derecho correspondiente,
sea que éste realmente exista en cabeza del poseedor o no; sin este ánimo se da solo una fría relación física,
sin alma, un hecho material sin verdadero contenido jurídico, sin vida ante el derecho” (se destaca). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, exp.
12497; reiterada por esta Subsección, entre otras, en las sentencias del 1° de octubre de 2014, exp. 33767.
C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y del 19 de marzo de 2021, radicación n.° 52001233300020130038001
(AG).
17 Ante la inminente liquidación de la sociedad Cardenar Ltda., en reunión extraordinaria del 15 de diciembre

de 2003, sus socios acordaron englobar en un solo predio los lotes denominados San Juan de Dios, La
Montaña, Los Pericos, El Encanto y San Marcos. Éste, a su vez, se desenglobaría en cuatro lotes de terreno
(Lote 1, Lote 2, Lote 3 y Lote 4), los cuales se repartirían entre los socios, de acuerdo con su porcentaje
accionario. Folios 39 a 45 del cuaderno de pruebas 1.

10

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

proceso de liquidación de dicha sociedad ese lote le fue adjudicado el 3 de
diciembre de 200418 a Warehouse Overseas Enterprises Corp.19.

50. Asimismo, se probó que el 9 de mayo de 2008, el señor Guillermo Cárdenas
Peláez, aduciendo ser el administrador y poseedor del Lote 4, formuló una querella
por perturbación a la posesión contra personas indeterminadas20.

51. El conocimiento del asunto le correspondió a la Inspección de Policía Quinta de
Barranquilla21, autoridad que el 11 de julio de 2008 adelantó una diligencia de
inspección ocular con intervención de peritos a la que acudieron los señores Ranci
Gómez Mejía, Martina Padilla, Roberto Yepes, Wikman Mercado, Orlando
Jímenez Acosta, Andrés Ortega Sierra, Alfredo Arroyo Vargas, Roberto Rafael
Martínez, Luis Alberto Páez García, Inocencio Torres Gómez y Leandro
Valderrama para manifestar su oposición, así como también el señor Víctor de La
Torre Cervantes, pero por distintos motivos. En el acta se dejó constancia que
ninguno de los opositores residía en el predio en mención.

52. Resuelta negativamente la oposición, la Inspectora Quinta de Policía de
Barranquilla ordenó la elaboración del respectivo informe pericial y decretó una
medida de statu quo provisional22.

53. El 24 de julio de 2008 se presentó el informe pericial en el que se indicó que
durante el recorrido se observó el cerramiento de algunas partes del predio, la
construcción de unos cambuches en plástico y madera y la existencia de dos
hornos para quema de carbón. Se describió la remoción de rastrojos y apertura
de caminos de herradura en algunas partes, así como también la existencia de
cultivos recientes de maíz, frijol, ahuyama, patilla, ñame, plátano y melón. Se
enfatizó en que la permanencia de personas no era fija, sino transitoria, dado que
ingresaban al predio para vigilar los procesos de quema de carbón y usaban los
cambuches para resguardarse. En ese sentido, se concluyó:

“… la presencia de personas no es permanente, sino ocasional y transitoria, se
trata de una ocupación escondida y clandestina de personas ajenas al
predio”23.

54. El 24 de agosto de 2008, el señor Guillermo Cárdenas Peláez informó a la
Inspección de Policía Quinta de Barranquilla que personas desconocidas seguían
ingresando al lote, amenazaban a sus vigilantes y construían cambuches, por lo
que el 25 de agosto siguiente se dictó una orden de policía con el propósito de
mantener el statu quo decretado sobre el inmueble24.

18 Dicho acto fue registrado el 3 de marzo de 2004 y aparece en la anotación n.° 3 del folio de matrícula

inmobiliaria. Folio 45 del cuaderno de primera instancia.
19 En la identificación que se hizo en el acta n.° 14 de la junta de socios de Cardenar Ltda. se dejó constancia

que el Lote 4 lindaba con los Lotes 1 y 3. A su vez, que era un predio o lote de terreno desenglobado de uno
de mayor extensión que tomaba parte de Los Pericos y La Montaña, con extensión era de 143 hectáreas +
5.042 metros cuadrados. Folios 36 a 39 del cuaderno de pruebas 1.
20 Folios 1 a 26 del cuaderno de pruebas 3.
21 Folios 21 a 40 del cuaderno de pruebas 3.
22 Folios 42 a 45 del cuaderno de pruebas 3.
23 Folios 99 a 111 del cuaderno de pruebas 3.
24 Folio 126 del cuaderno de pruebas 3.

11

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

55. Mediante Resolución 239 del 8 de septiembre de 2008, la Inspección Quinta de
Policía de Barranquilla concedió el amparo a la posesión y/o tenencia solicitado
por el señor Cárdenas Peláez sobre el Lote 4. Como consecuencia de lo anterior
se ordenó el cese de cualquier acto de perturbación, volver las cosas al estado
anterior y el cerramiento total del terreno, lo cual estaría a cargo del querellante 25.

56. El 4 de noviembre de 2008, el señor Guillermo Cárdenas Peláez solicitó el
cumplimiento de la orden de policía dictada en la Resolución 239 de 2008, debido
a que se venían presentando conatos de invasión26.

57. El 22 de enero27 y el 13 de marzo de 200928, el señor Cárdenas Peláez reiteró su
solicitud29.

58. El 16 de marzo de 2009, la Inspección de Policía Quinta de Barranquilla realizó
una visita al inmueble en la que se advirtió la presencia de 3 familias30, en total 17
personas adultas y 3 menores31, a quienes se les informó acerca del amparo
policivo de la Resolución 239 de 2008 y se les indicó que, como consecuencia,
serían desalojadas el 20 de marzo siguiente32. Ninguna de ellas corresponde al
demandante o sus familiares.

59. En providencia del 17 de julio de 2009, la Oficina de Inspección y Comisarías de
Barranquilla confirmó íntegramente la Resolución 239 de 200833.

60. El 1° de septiembre de 2009 se realizó la diligencia de cumplimiento de la
Resolución 239 de 2008 en la que desalojaron a todos los ocupantes del predio,
el cual se entregó vacío a la apoderada del querellante para que procediera con
su cerramiento34. Ninguno de los ocupantes que se identificaron durante el
recorrido corresponde al señor Harol Sáez Gale o sus familiares.

61. El 24 mayo de 2010, la Caja de Vivienda Militar y Policía, nueva adquirente del
predio35, solicitó el cumplimiento del amparo policivo decretado sobre el Lote 436.

62. El 26 de mayo de 2010, la Inspección de Reacción Inmediata de Barranquilla llevó
a cabo una visita de seguimiento y control a la Resolución 239 de 2008. Durante
el recorrido del predio se constató el levantamiento de cambuches y la presencia

25 Folios 138 a 150 del cuaderno de pruebas 3.
26 De acuerdo con la petición, los conatos de invasión eran propiciados por la familia de La Torre, la cual les

pagaba a personas para que ingresaran al predio. Dicha familia manifestó su oposición a las diligencias
realizadas en el predio, así como también interpuso recurso de apelación contra la Resolución 239 de 2008.
Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas 5.
27 Folio 24 del cuaderno de pruebas 5.
28 Folio 46 del cuaderno de pruebas 5.
29 Indicó que, aunque los conatos de invasión venían siendo controlados por la Policía Nacional, se pedía la

intervención de la inspección de policía para que hiciera cumplir la Resolución 239 de 2008, debido a que la
perturbación del predio continuaba, al punto que se empezaron a levantar construcciones.
30 Los representantes de esas familias se identificaron como Jesús Castro Yepes, Andrés Rafael Ortega

Sierra y Eber Julio Ramírez.
31 Folio 63 del cuaderno de pruebas 5.
32 Folio 63 del cuaderno de pruebas 5.
33 Folios 53 a 55 del cuaderno de pruebas 4.
34 Folios 63 a 69 del cuaderno de pruebas 4.
35 El negocio de compraventa se registró el 22 de enero de 2010. Folio 11 del cuaderno de pruebas 6.
36 Folio 36 del cuaderno de pruebas 6.

12

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

de personas en algunos de ellos37. Varias de las personas eran reincidentes,
mientras que otras manifestaron haber sido contratados para trabajar en la quema
de carbón. Todos ellos fueron desalojados y sus cambuches desmantelados. La
identificación de dichas personas quedó registrada en el acta de la diligencia, sin
que aparezca consignado el nombre del demandante o sus familiares38.

63. En este proceso se recibió la declaración de la señora Alicia Bustos Ledesma 39,
inspectora de policía que tuvo a su cargo la diligencia del 26 de mayo de 2010. En
cuanto a lo ocurrido ese día, afirmó:

“… sí estuve en la diligencia, esa diligencia se había hecho, fue apelada la
decisión, luego el inspector general confirmó esa decisión. Las apelaciones
son en efecto devolutivo. (…) se sacaron a unos señores del lote, pero esas
personas se volvieron a meter. Se pidió la materialización de la decisión, pero
se volvieron a meter. Cuando al dueño del lote le sale la decisión a favor lo
vende y lo adquiere la Caja de Vivienda de la Policía y llegan con un equipo
para lotear para vivienda, pero encuentran que nuevamente están estas
personas (…). Ya se había hecho el cumplimiento y me tocó hacer la
diligencia, una especie de reiteración, fue así que se hizo la diligencia con el
ESMAD. En desarrollo de la diligencia se conminó a los señores que
desocuparan el lote y lo hicieron. Les recomendé que pusieran vigilancia.
Posteriormente no regresé al lote, no sé si se ha construido o no.
PREGUNTADO. Describa qué encontró en el mencionado lote. CONTESTÓ.
Esa diligencia se hizo en 2010, pero recuerdo que era un lote abierto, cercado
con madrinas de palitos y alambre de púas, pero la gente entraba y salía.
Había muy pocas personas, pero fueron llegando más personas. Era un
terreno irregular, no era plano, había montañitas de tierra, no recuerdo la
extensión. Encontramos uno o dos hornos de carbón. Construcciones de
casas no había. Cuando relacionamos a las personas dieron las direcciones
donde vivían. Había cambuches para guarecerse del sol y fogones para
cocinar. Niños no recuerdo que hubiésemos encontrado. Eran personas
adultas” 40.

64. En 2011 y 2012, la Caja de Vivienda Militar y Policía realizó peticiones en similar
sentido, por lo que se adelantaron las respectivas visitas de verificación y desalojo
de los ocupantes. El señor Harol Sáez Gale no aparece identificado en ninguna
de tales diligencias41.

37 Los nombres de las personas encontradas en la visita de verificación que fueron desalojadas y a quienes

se les dio la orden de desmontar sus cambuches son los siguientes: Jhony Hernández Dica, Henry
Hernández, Adolfo Iginio Manjarres, Pedro Salcedo Fernández, Domingo Arias Pacheco, Oscar Ruíz
Ocampo, José Rafael Pérez, Estanislao Cisnero Leal, Inocencio José Torres, Joaquín Arias Díaz, Joaquín
Anaya Cerpa, Eduardo Antonio Hernández, Oswaldo José Imbett, Sabino Manuel Caña, Inocencio Pérez
Borja, Evert Julio Ramírez Dávila, Manuel Menco Vanegas, Harold Alfredo Llanos, Jairo Gabriel Arias
Pacheco, Luz Myriam Arias Pacheco, con sus hijos menores, Elías Cisnero Leal y Santiago Forero. Folios 43
a 47 del cuaderno de pruebas 6.
38 Ibid.
39 Si bien el ordenamiento jurídico califica como sospechosas las declaraciones de personas que se

encuentren en circunstancias que puedan afectar su imparcialidad –por razones de parentesco,
dependencia, relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales, entre otras– lo cierto es
que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que sus dichos no pueden despacharse de plano,
sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente
y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en las reglas de la sana crítica. Así, en lo que a este
caso interesa, pese a la sospecha que recae en la declaración de la señora Bustos Ledesma, por haber
atendido en su condición de inspectora de policía la aludida diligencia, la Sala valorará su testimonio, por
cuanto sus declaraciones son espontáneas, claras y coherentes y, además, porque se acompasan con los
demás medios probatorios que reposan en el expediente.
40 Folios 862 y 862 del cuaderno de primera instancia.
41 Folios 36 a 47 del cuaderno de pruebas 6 y folios 1 a 25 del cuaderno de pruebas 7.

13

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

65. El 27 de mayo de 2013, la Caja de Vivienda Militar y de Policía informó que
nuevamente un grupo de individuos intentaban levantar cambuches, cercarlos y
quemar maleza en el Lote 4. En la petición se identificó a algunos reincidentes42,
así como también se indicó que otras personas indeterminadas pretendían
asentarse en el predio43.

66. El 5 de junio de 2013, el Inspector Segundo de la Unidad de Reacción Inmediata
de Barranquilla se constituyó en audiencia pública para verificar el cumplimiento
de la Resolución 239 de 2008, acompañado de la Policía Nacional y los órganos
de control. Durante el recorrido se encontraron varias personas en el predio, entre
ellas, el señor Harol José Sáez Gale.

67. De lo ocurrido con el aquí demandante se dejó constancia en los siguientes
términos:

“Acto seguido se continúa con el recorrido y se encuentra una mejora en block
comercial tipo samo, con una viga de amarre con dos ventanales,
recibiéndonos una señora que se identifica como, se corrige, se deja
constancia que se encontró un criadero de pollos cubierto entre maderas y
plásticos, cuyo propietario es el señor Harol Sáez Gale y la señora Fidelia
Segunda Pertuz Palmera, quienes manifiestan que tengo una posesión
hace algún tiempo, quiero que me ayuden con algo, ya tengo un criadero
de pollos, unos 1.050, los pollos tienen unos 20 días. Acto seguido, la
apoderada del querellante manifiesta que pone a disposición una camioneta
para el traslado de los pollos. En este punto de la diligencia, el despacho en
consideración a que un señor desde que llegamos a la diligencia viene
haciendo acompañamiento desde el inicio de la diligencia procede a
identificarse con el apoyo de la Policía Nacional, exhibe la c.c. a nombre
Hernández Monterrosa Eduardo Antonio, a quien el despacho procede a
interrogarlo sobre el sitio donde reside y manifiesta soy campesino de la finca
Tamarindo y se niega a firmar el acta. Acto seguido se ordena continuar con
el recorrido (…)” (se destaca).

68. En este proceso se recibió la declaración del señor César Guell Flórez44, inspector
de policía encargado de adelantar dicha diligencia, quien afirmó:

“… esa diligencia la adelanté por tratarse de una orden que había sido
confirmada. Una vez que me llegó el expediente aprehendí conocimiento y
ordené una inspección ocular y programé la diligencia a la que fui
acompañado por la Fuerza Pública, el comisario de familia, igualmente por el
personero y por el secretario de la inspección. Esa diligencia transcurrió de
forma normal. En esa diligencia encontramos una cantidad de cambuches,
algunos desalojados. Algunas personas se retiraron de manera voluntaria. La
parte demandante en algunas ocasiones les dio un apoyo económico para
que se trasladaran a otra parte. La fuerza pública no tuvo necesidad de
intervenir, pues todo se adelantó en perfecta calma. PREGUNTADO. Diga el
declarante que otros elementos encontró en el predio. CONTESTÓ. Son
casuchas rústicas. Había algunos animales como gallinas, pero en escasas

42 Los nombres referidos en la solicitud fueron los siguientes: Martina Padilla Cuadros, Roberto Yepes, Rancy

Gómez Mejía, Wikman Mercado Fuentes, Orlando Jiménez Acosta, Andrés Ortega Sierra, Alfredo Rafael
Arroyo Vargas, Roberto Martínez García, Luis Alberto Pérez García y Leandro Valderrama Caicedo.
43 Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas 6.
44 Al igual que la señora Alicia Bustos Ledesma, el testimonio del señor César Guell Flórez también puede

considerarse sospechoso por la relación de dependencia que hay con el Distrito de Barranquilla, al ser
funcionario de dicha institución; sin embargo, su relato resulta coherente, no fue tachado de sospechosos por
las partes y en el expediente no reposa prueba alguna que desvirtúe lo manifestado por él. Folios 912 y 912
del cuaderno de primera instancia.

14

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

proporciones, no se encontró pan coger (…). PREGUNTADO. Informe si
identificó al señor Harol José Sáez. CONTESTÓ. Me es posible recordar ese
nombre. PREGUNTADO. Alguno de los invasores se opuso manifestando
algún título o posesión. CONTESTÓ. No, ninguno demostró siquiera la calidad
de desplazado”45.

69. Por último, se debe señalar que en este proceso también se decretó y se recibió
la declaración del señor Luis Escorcia León, conocido de los demandantes, para
deponer acerca de la posesión que ejercía el señor Harol José Sáez Gale. Sobre
el particular, refirió:

“… los conozco porque hacían parte de una organización llamada
Asodesplacan o Tamarindo II, una urbanización de desplazados que tuvo su
asentamiento en una fracción del Lote 4 en el área metropolitana de
Barranquilla. Este lote colinda con el predio El Tamarindo y el lote 1 de Simón
Char y la familia Manga. A mediados de 2010 tuve la oportunidad de participar
en un espacio denominado mesas de tierras que tuvieron origen en la
gobernación del Atlántico y para la fecha en que se realizaron los hechos
fungía como gobernador el dr. Verano de la Rosa. En ese espacio
interinstitucional se dejaron constancia de los hechos acaecidos en distintos
predios del área metropolitana de Barranquilla en el que se incluye el Lote 4
donde tenía asiento o posesión el señor Harol Sáez y su señora esposa”46.

70. Del análisis de los medios probatorios en conjunto emerge que la posesión
alegada por el señor Harol José Sáez Gale de una franja de terreno del Lote 447
desde el año 2003 no se encuentra demostrada.

71. La presencia del aquí demandante en el Lote 4 solo aparece el 5 de junio de 2013,
cuando fue identificado como una de las personas que días antes ingresaron al
predio de manera clandestina y fueron desalojadas.

72. Antes de esa fecha no hay prueba de la presencia del señor Sáez Gale o de la
ejecución de algún acto que diera cuenta que ostentaba la tenencia de una franja
del lote y, menos aún, de su intención de creerse dueño del bien, pues durante
los recorridos efectuados en las visitas anteriores ningún funcionario se encontró
o dejó constancia de él, siendo llamativa la diligencia de cumplimiento de la
Resolución 239 de 2008, en la que se indicó que el Lote 4 se entregó
completamente vacío a la apoderada del querellante, libre de construcciones y
personas, las cuales fueron desalojadas, sin que alguna de ellas se corresponda
al señor Sáez Gale.

73. El hecho de que, en la diligencia del 5 de junio de 2013, el señor Sáez Gale hubiera
manifestado “tengo una posesión hace algún tiempo”, no modifica la anterior
conclusión, por cuanto se trata de una afirmación genérica sin respaldo probatorio
alguno y que, incluso, se contradice con los hechos relatados con antelación.

45 folios 910 a 912 del cuaderno de primera instancia.
46 folios 732 y 733 del cuaderno de primera instancia.
47 Se recuerda que la titularidad del dominio del Lote 4, identificado con la matrícula inmobiliaria n.° 040-

389339 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla la detentó inicialmente la sociedad Cardenar
Ltda. en liquidación, luego, Warehouse Overseas Enterprises Corp. y, después, la Caja Promotora de
Vivienda Militar y Policía.

15

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

74. Contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, la declaración del señor Luis
Escorcia de León tampoco ofrece credibilidad alguna para la Sala, toda vez que
el referido señor se limitó a señalar que el señor Harol José Sáez Gale era
poseedor o tenía asiento en el Lote 4 desde 2010, sin explicar las razones de su
dicho y sin describir en qué consistían los actos de señor y dueño que
supuestamente ejercía sobre él48, de ahí que la Sala no le otorgue mérito
probatorio a sus afirmaciones, menos aún, cuando las demás pruebas allegadas
al plenario conducen a la Sala a inferir una situación completamente distinta, esto
es, que el ingreso al predio por parte del aquí demandante ocurrió apenas unos
días antes de ser desalojado.

75. La afirmación de la parte actora, según la cual los actos materiales con ánimo de
señor y dueño del señor Sáez Gale se revelaban con la construcción de una casa
de habitación en la que residía con su familia, la construcción de establos para
animales, los cuales eran comercializados y la siembra de cultivos de pan coger49,
tampoco fue demostrada. El día del desalojo, se advirtió que el demandante
estaba solo, que no había casa, ni cultivos, ni establos. Lo único que se encontró
a su nombre fue un criadero de pollos que era compartido con la señora Fidelia
Segunda Pertuz Palmera, cubierto con maderas y plásticos, los cuales, según lo
manifestado por el propio demandante, no tenían más de 20 días, por lo que para
irse pidió que le brindaran ayuda “con algo”.

76. En las condiciones analizadas, dado que la condición de poseedor del señor Harol
José Sáez Gale de una franja de terreno del Lote 4 no está demostrada y, por
contera, del interés jurídico que le asiste para reclamar por la supuesta pérdida
del derecho de posesión, la Sala desestimará el cargo formulado contra la
sentencia apelada, toda vez que frente a dicha pretensión el aquí demandante no
se encuentra legitimado materialmente en la causa50.

77. Sobre el particular, así se ha pronunciado esta Subsección:

“La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que quien alega la causación
de un daño debe probar la titularidad del derecho, hecho, bien o interés
jurídicamente protegido que le fue menoscabado, es decir, su conexión con

48 “Respecto de la posesión ha de recordarse que ésta es una relación material entre el individuo y la cosa,

que igualmente exige la presencia de dos (2) elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han definido
como el corpus y el animus, para referirse el primero a ese elemento volitivo de considerarse el poseedor
dueño de la cosa, de tal manera que no reconozca a nadie más mejor derecho que el suyo; y el segundo, al
poder de hecho de obrar sobre la cosa, sea que se tenga directamente o por intermedio de otra persona.
Según los hermanos Mazeaud ‘la posesión es el poder de hecho. La propiedad, el usufructo, otro derecho
real, es el poder de derecho. Para determinar quién es poseedor, se examina, pues, la situación de hecho
sin indagar si esa situación de hecho corresponde a una situación de derecho; es decir, si el poseedor es
propietario o titular de otro derecho real’”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del
25 de julio de 2019, radicado n.° SC2776-2019.
49 Sobre el particular, la Sala se remite al pie de pág. n.° 2, en el que se transcribió la pretensión indemnizatoria

y la descripción de los bienes y cultivos que supuestamente fueron destruidos.
50 “La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho que tiene

una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto de la relación
jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado
en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese
sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante
con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al
paso que la segunda (la legitimación por pasiva) es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene
el deber de satisfacer el derecho reclamado” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de octubre de 2013, exp. 33.767. C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.

16

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

el objeto del daño, de manera que en virtud de este se le pueda reparar. Esto,
por cuanto, en principio, quien debe ser indemnizada es la persona que
realmente sufrió un detrimento y que demanda debidamente por ello (…).
Cabe destacar que existe una estrecha relación entre el daño para quien
aduce que se ha producido y la legitimación en la causa por activa, aspecto
que resulta determinante para concluir si al demandante le asiste o no un
interés legítimo y cierto para concurrir al proceso”51.

78. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará este aspecto de la sentencia de
primera instancia.

Segundo cargo de la apelación. Destrucción de mejoras durante la diligencia
de desalojo52

79. Para el Tribunal a quo, la parte actora tampoco demostró la destrucción de sus
bienes durante la diligencia de desalojo del 5 de junio de 2013, en la medida en
que ni siquiera se probó su existencia, pues los medios probatorios allegados al
plenario daban cuenta de que la referida diligencia se llevó en calma y que en el
lugar no había presencia de animales o viviendas, de lo único que se dejó
constancia fue de la existencia de uno o que otro cultivo cerca de unos hornos
hechizos para quemar carbón que se encontraron en el lote 4, los cuales no tenían
relación alguna con el aquí demandante.

80. Asimismo, advirtió que la sola afirmación acerca de la causación de un daño
antijurídico era insuficiente para tenerlo por acreditado, dado que debían allegarse
pruebas pertinentes, conducentes y suficientes al plenario, de ahí que ante el
incumplimiento de la carga probatoria que le correspondía a la parte actora,
resultaba inane abordar la imputación.

81. Pese a que la parte actora manifestó su desacuerdo con esa decisión, en el
recurso de la apelación no se advierte algún argumento tendiente a controvertir
los fundamentos de esa conclusión, en tanto que, además de intentar modificar la
causa petendi de la demanda, la parte actora se limitó a señalar que el Tribunal
Administrativo del Atlántico omitió tener en cuenta el comportamiento de la
persona que presentó la querella, así como el desplegado por los funcionarios del
Distrito Especial de Barranquilla y de la Caja de Vivienda Militar, sin reflexionar en
que ese no fue el motivo por el cual se despacharon desfavorablemente sus
pretensiones, lo cual evidencia que no realizó el mínimo ejercicio argumentativo
de indicar cuáles fueron los yerros -de hecho o de derecho- en que, a su juicio,
habría incurrido el a quo.

82. Se recuerda que en la demanda, la parte actora fue enfática en señalar que sus
bienes, tales como casa, establos y cultivos fueron destruidos por la acción

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

6 de julio de 2022, exp. 67.873.
52 La Sala estima oportuno señalar que, si bien el señor Harol José Sáez Gale no se encuentra legitimado

para reclamar perjuicios por la afectación a sus supuestos derechos de posesión, lo cierto es que la persona
que puede reclamar la reparación del perjuicio no es solo quien ostenta la condición de propietario o
poseedor, sino también el usufructuario, habitador o usuario, siempre y cuando tenga el interés jurídico
para demandar por los daños causados (art. 2342 CC) y dado que del acta de la diligencia del 5 de junio
de 2013 se desprende que el señor Harol José Sáez Gale tenía un “criadero de pollos cubierto entre
maderas y plásticos de no más de 20 días” dentro del lote 4, se concluye que cuenta con legitimación
para reclamar por la destrucción de las mejoras que supuestamente había en él.

17

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

violenta de las autoridades que llevaron a cabo la diligencia y que ello conllevó a
la pérdida de sus animales; sin embargo, en el recurso de apelación, ya no se
aduce esa situación, sino que se indica que la sola presencia del escuadrón móvil
antidisturbios de la Policía Nacional -Esmad- implicaba por sí mismo, un
despliegue de violencia e intimidación física y psicológica contrario a derecho, por
lo que el señor Harol Sáez Gale debía ser reparado por esa situación.

83. Como en anteriores oportunidades lo ha explicado esta Subsección, los jueces
carecen por completo de facultades para variar la causa petendi que se plantea
en la demanda, pues la modificación del petitum y del marco fáctico implica un
“desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso”53, en la medida
en que se sorprende a la contraparte con cargos que nunca tuvo la posibilidad de
rebatir o de controvertir a lo largo del proceso.

84. Lo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes con
posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto no pueden modificar ni
agregar aspectos a la controversia que se propone54, de ahí que ni el recurso de
apelación ni los alegatos de conclusión tengan por objeto el que las partes
adicionen o modifiquen sus demandas, dado que con ello sorprenderían a su
contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no se tuvo la oportunidad de
defenderse55.

85. En ese sentido, dado que las anteriores manifestaciones, relacionadas con la
intimidación física y sicológica por la sola presencia del Esmad, ni siquiera
representan un verdadero cuestionamiento en contra de los fundamentos de
hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia impugnada, sino
que lo único que reflejan es la intención de la parte actora de modificar la causa
petendi, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de los cambios realizados
en la apelación, por tratarse de un daño diferente al que se alegó en la demanda.

86. Como se anotó de manera precedente, el Tribunal a quo también estimó que, ante
la ausencia de prueba del primer elemento de la responsabilidad -el daño
antijurídico-, resultaba inane proseguir con el estudio de la imputación.

87. Para el recurrente, en la sentencia de primera instancia no se tuvieron en cuenta
las actuaciones del señor Guillermo Cárdenas Peláez, cuya intención al presentar
la querella fue despojar a los ocupantes del predio, así como tampoco de los
funcionarios del Distrito Especial de Barranquilla o los de la Caja de Vivienda
Militar, toda vez que, de haberlo hecho, el Tribunal a quo se habría percatado de
que se trató de una diligencia de desalojo irregular.

88. Como puede verse, en el reparo expresado contra la decisión de primera instancia
no se ataca directamente ninguna de sus conclusiones, sino que se insiste en la

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

24 de octubre de 2016, exp. 34.357. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada por esta Subsección, entre otras,
en las sentencias del 20 de febrero de 2020, exp. 54.407. C.P. María Adriana Marín; del 13 de agosto de
2020, exp. 59.791 y del 20 de noviembre de 2020, exp. 64.865.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

30 de julio de 2021, exp. 50.728. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

13 de agosto de 2021, exp. 65.589.

18

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

falla endilgada a las demandadas para señalar que en el proceso se demostró su
responsabilidad por el incumplimiento de sus funciones.

89. Lo que se observa entonces es que con el argumento propuesto el señor Harol
José Sáez Gale pretende desviar la atención del análisis del daño antijurídico para
que se analicen las imputaciones específicas que formuló contra las entidades
demandadas y que solo eso resulte suficiente para que se les imponga el deber
de reparar, desbordando no solo el alcance del recurso de apelación, sino la
estructura de la responsabilidad del Estado, establecida en el artículo 90 de la
Constitución Política, cuya configuración, como bien se dijo en el fallo de primera
instancia son: daño antijurídico e imputación56.

90. En ese sentido, toda vez que la parte actora, en lugar de rebatir los fundamentos
de hecho y de derecho que sirvieron de sustento a la providencia impugnada,
utilizó el recurso de apelación para reiterar las faltas de las entidades
demandadas, sin referirse a las razones por las cuales, en su criterio, el daño
alegado en la demanda sí estaba demostrado, para la Sala se impone concluir
que el cargo no fue sustentado.

91. Con fundamento en lo expuesto, dado que el cargo propuesto contra la decisión
que negó las pretensiones por falta de prueba de la posesión alegada por el actor
no está llamado a prosperar y que, más allá del desacuerdo que el recurrente
manifiesta contra la decisión que no encontró acreditada la destrucción de sus
bienes durante la diligencia de desalojo del 5 de junio de 2013, no se advierten
verdaderos motivos que estén dirigidos a desvirtuar las razones en las que se
fundó el Tribunal para negar las pretensiones de la demanda por falta de
acreditación del daño, se confirmará en su integridad la providencia impugnada.

Costas

92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el procedimiento civil -hoy CGP-.

93. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. A su
vez, el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

56 Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: “Ahora bien, como se ve, el actual mandato

constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones
según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos
requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable
a una acción u omisión de una autoridad pública. (…) para esta Corporación el inciso primero del artículo 90
consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la
responsabilidad extracontractual, sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la
ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual), así como también la responsabilidad patrimonial
del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.

19

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

94. Las agencias en derecho se fijan con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 2003. En esta
instancia se fija como agencias en derecho la suma de seis millones doscientos
cuarenta y tres mil ciento veinticuatro pesos ($6’243.124), en favor del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Nación - Ministerio de Defensa
• Policía Nacional y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, suma que
corresponde al 0.1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia57.

95. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del CGP58.

96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante, en favor de las entidades demandadas.

Para el efecto, las agencias en derecho en segunda instancia se fijan en la suma
de seis millones doscientos cuarenta y tres mil ciento veinticuatro pesos
($6’243.124).

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo del Atlántico.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

57 En la demanda se pretendió el reconocimiento de perjuicios por la suma de $6.243’124.700.
58 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas […]”.

20

Radicación: 080012333000201500364 02 (71.232)
Actor: Andrea Carolina Sáez Paternina y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.