RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2014-00063-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00063-02

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00063-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 25 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 6, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandante en favor de las entidades demandantes, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FREDY IBARRA MARTÍNEZ Presidente de la Subsección DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA Magistrado Magistrado 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2014-00063-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de julio de 2026

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria
Demandado: Municipio de Granada

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 6, que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa, negó las pretensiones de la demanda, y
condenó en costas a la parte demandante. La Sala es competente para proferir
esta providencia porque decide un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia dictada por un tribunal administrativo, el cual conoció el proceso en
primera instancia debido a su naturaleza y a la cuantía estimada en la demanda.1

SÍNTESIS

La parte actora solicita que se declare la responsabilidad civil extracontractual de
el Municipio de Granada por los perjuicios generados por la omisión en el
cumplimiento de su deber de recuperación del espacio público ocupado
irregularmente por terceros frente al predio de la demandante, ubicado en el
kilómetro 1 de la vía nacional que de Granada conduce al Municipio de San Juan
de Arama. La primera instancia negó las pretensiones por falta de legitimación en
la causa por activa. La Sala confirma la decisión, en tanto que la demandante no
acreditó su condición de propietaria ni de poseedora material del inmueble para
la época de los hechos.
I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. La señora Doris Consuelo Perilla Sanabria promovió demanda, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, el 16 de diciembre de 2013, subsanada
el 2 de abril de 2014, en contra del Municipio de Granada, con el fin de obtener
la indemnización por los perjuicios causados en razón a la omisión en el
cumplimiento de su deber de recuperación del espacio público, ocupado
irregularmente por terceros frente a la propiedad de la demandante, ubicada en

1
Según el numeral 6° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 los tribunales administrativos conocen en
primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV, lo que al
momento de presentación de la demanda ascendía a DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS). En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($351.000.000).

1

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

el kilómetro 1 de la vía nacional que de Granada conduce al Municipio de San
Juan de Arama (Meta).

2. Las pretensiones de la presente demanda corresponden a:

1.- Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE GRANADA - META, es
administrativamente responsable en razón a la omisión en el cumplimiento de sus
funciones Constitucionales y Legales que le imponen el deber de la recuperación
del espacio público, ubicado frente a la propiedad de la señora DORIS
CONSUELO PERILLA SANABRIA, ubicado en el Municipio de Granada – Meta,
en el Kilómetro 1 Vía a San Juan, estación Garibaldi, en razón a que este espacio
público se encuentra ocupado, bajo la mirada silente y la actitud permisiva y
omisiva de la Administración Pública del Municipio de Granada – Meta.
2- Que en consecuencia se ORDENE al MUNICIPIO DE GRANADA -META al
pago de los perjuicios causados a la señora DORIS CONSUELO PERILLA
SANABRIA, quien como consecuencia de la actitud omisiva y permisiva de la
administración del MUNICIPIO DE GRANADA - META, no ha podido hacer uso,
goce y disposición de su predio, ocupación ésta que ha venido ocasionándole de
manera continua e ininterrumpida una cuantiosa pérdida económica equivalente a
la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS DIARIOS que a la fecha asciende a la
suma de trescientos cincuenta y un millones de pesos ($ 351.000.000) M/te,
liquidados desde el momento en que la señora DORIS CONSUELO PERILLA
SANABRIA adquirió el inmueble y hasta el momento de presentación de esta
demanda.
3 – Que la anterior suma de dinero, deberá ser reajustada en la misma proporción
diaria, liquidada hasta el momento en que efectivamente el MUNICIPIO DE
GRANADA-META, realice las diligencias a su cargo y recupere el espacio público
frente a la propiedad de la señora DORIS CONSUELO PERILLA SANABRIA, con
el propósito de que pueda usar, gozar y disponer de su inmueble conforme a la
naturaleza del mismo.
4- Que igualmente, el valor de la condena, DEBERÁ SER INDEXADO, conforme
al I.P.C desde el momento de presentación de esta demanda y hasta cuando el
pago se verifique, habida consideración de la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda por el solo paso del tiempo.
5 – La anterior tasación de perjuicios, se hace bajo la gravedad del juramento,
conforme a las exigencias del artículo 206 del Código General del Proceso.2

3. La demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

3.1 La señora Doris Consuelo Perilla Sanabria suscribió un contrato de promesa
de compraventa el 21 de septiembre de 2010 con el señor Rómulo Castañeda
García, sobre un predio con un área aproximada de 10.000 m², identificado con
el folio de matrícula inmobiliaria N.º 236‑32169 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de San Martín (Meta), el cual colinda en una extensión
aproximada de ochenta (80) metros con la vía nacional que comunica a Granada
con San Juan de Arama.

3.2 Al momento de realizarse la entrega material del inmueble, se constató que
una porción significativa de la franja ubicada entre el predio y la carretera nacional
se encontraba ocupada por personas que habitaban dicho sector, circunstancia
que afectaba el acceso y el uso normal del bien.

2 Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.

2

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

3.3 El 4 de octubre de 2010, el señor Rómulo Castañeda García, en su condición
de vendedor, solicitó a la administración vial de Granada la restitución de la zona
de la carretera, poniendo en su conocimiento la existencia de una invasión sobre
dicha franja.

3.4 Mediante oficio DT‑MET 14996 del 20 de octubre de 2010, el Instituto Nacional
de Vías – INVIAS atendió la solicitud formulada e informó que, tras una
inspección ocular, se verificó la ocupación de la zona en una extensión
aproximada de 64 metros, precisando que la protección y la conservación de
dicha área de uso público correspondía al alcalde Municipal de Granada.

3.5 De acuerdo con, el 18 de noviembre de 2010, el señor Rómulo Castañeda
García ofició a la Alcaldía de Granada, solicitando su intervención para la
recuperación del espacio público en cuestión, en atención a que la ocupación
impedía el uso y goce normal del terreno objeto del negocio jurídico.

3.6 Posteriormente, el 10 de noviembre de 2011, el alcalde de Granada profirió la
Resolución N.º 722, mediante la cual inició el “trámite de restitución de una zona
de exclusión de la carretera nacional en la vía de acceso sector de la calle 15 N.º
16‑116, manzana B, casa 38, barrio Simón Bolívar, salida al Municipio de San
Juan de Arama – Meta;” no obstante, dicha actuación fue revocada a través de
la Resolución N.º 115 del 29 de febrero de 2012.

3.7 Más adelante, se expidió la Resolución N.º 133 del 1.º de marzo de 2012,
mediante la cual, el alcalde dispuso nuevamente el inicio del trámite de restitución
del espacio, el cual concluyó con la Resolución N.º 244 del 7 de mayo de 2012,
que ordenó “la recuperación del espacio público indebidamente ocupado por el
señor Omar Pinzón, correspondiente al área ocupada de la zona de exclusión de
la carretera nacional en la vía que de Granada conduce a San Juan de Arama”.

3.8 A la fecha de presentación de la demanda, la diligencia de recuperación del
espacio público no se había materializado, razón por la cual no ha podido usar ni
gozar del inmueble conforme a su naturaleza y ubicación, al encontrarse
prácticamente bloqueada su vía de acceso, situación que a su juicio, le ha
generado un detrimento económico.

3.9 La administración municipal incurrió en una conducta omisiva respecto del
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, pues, no obstante
la naturaleza del bien como (“espacio público”) este se encontraba registrado
catastralmente como inmueble de aprovechamiento particular, respecto del cual
el municipio admitía, cobraba y percibía el impuesto predial, el cual, según lo
manifestado por el ocupante del predio, señor Omar Pinzón, era asumido por él,
conforme a los recibos de pago allegados a la actuación administrativa.
Asimismo, sostuvo que la administración estaba obligada a reubicar al señor
Pinzón “(…) en un lugar de habitación de condiciones dignas que le garantice su
paz y sosiego doméstico (…)”.

3

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

B. Posición de la parte demandada

4.El Municipio de Granada solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda:
4.1 Sostuvo, en primer lugar, que no se configuró un daño antijurídico, un requisito
indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

4.2 Manifestó que la ocupación del espacio público por terceros no había sido
declarada ilegal por autoridad judicial competente y que la administración carecía
de facultades para adoptar decisiones de naturaleza jurisdiccional que pudieran
afectar derechos fundamentales de los ocupantes, en particular, de personas en
situación de vulnerabilidad; en ese contexto, afirmó que su actuación había sido
prudente y respetuosa del debido proceso, y que se habían adelantado las
actuaciones administrativas orientadas a la recuperación del espacio público
dentro de los márgenes constitucionales y legales.

4.3 Afirmó que la demandante adquirió el inmueble con pleno conocimiento de la
ocupación preexistente, la cual era anterior a la compraventa. Por tal razón,
consideró que la supuesta afectación no podía imputarse a la administración, en
la medida en que la actora contaba con acciones legales frente al vendedor del
predio, las cuales no ejerció. En consecuencia, sostuvo que no era jurídicamente
admisible trasladar al ente territorial la responsabilidad por una situación que no
creó ni agravó.

4.4 Propuso las excepciones de: i) hecho exclusivo y determinante de un tercero
debido a que la ocupación del espacio público obedecía a terceros, ajenos a la
administración, y ii) la excepción de inepta demanda, al considerar que el medio
de control escogido no era el procedente. A su juicio, la controversia debía
haberse promovido mediante una acción popular, por cuanto lo que se
cuestionaba era la supuesta omisión de la administración en la protección del
espacio público y no la causación de un daño antijurídico indemnizable a través
de la acción de reparación directa.

4.5 Sostuvo que la demandante no acreditó la existencia real y cierta de un
perjuicio, en particular del lucro cesante alegado, pues las afectaciones
económicas invocadas se fundaron en conjeturas y escenarios hipotéticos, sin
respaldo probatorio. Indicó que no se demostró el ejercicio previo de una
actividad comercial ni la pérdida efectiva de ingresos atribuible a una acción u
omisión de la administración, y que, además, la cuantificación de los perjuicios
resultaba desproporcionada y carente de sustento técnico o contable, de tal
manera que, aun en el evento hipotético de reconocerse algún daño, no podría
alcanzar las sumas reclamadas en la demanda.3

C. Sentencia recurrida

5. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión N.º 6, mediante sentencia
del 25 de febrero de 2021 resolvió:

3 Índice 2 Samai. 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.

4

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
Magistrado Carlos Enrique Ardila Obando, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa
por activa, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, en virtud de lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante. En consecuencia,
una vez ejecutoriada esta providencia, ingrésese el expediente al Despacho
para la fijación de agencias en derecho, y posteriormente realícese la
liquidación de las costas por Secretaría.(…).

5.1 Para fundamentar su decisión, examinó de oficio la legitimación en la causa
por activa, al considerarla un presupuesto indispensable para proferir una
decisión de mérito. Precisó que la legitimación en la causa no constituía una
excepción de fondo, sino una condición procesal, y que resultaba necesario
distinguir entre la legitimación de hecho, referida a la comparecencia formal al
proceso y la legitimación material, atinente a la titularidad sustancial del derecho
o interés lesionado.

5.2 Señaló que, cuando las pretensiones indemnizatorias se fundan en la
afectación de un bien inmueble, la legitimación en la causa por activa exige la
acreditación del derecho de dominio, en tanto únicamente el propietario se
encuentra habilitado para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados
de la limitación al uso, goce y disposición del bien. Para tal efecto, recordó que
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el derecho de dominio
sobre inmuebles se acredita mediante escritura pública debidamente inscrita en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

5.3 Precisó que ni los contratos de promesa de compraventa ni otros documentos
de carácter privado resultaban idóneos para acreditar el derecho de dominio, y
que el certificado de tradición y libertad constituía el medio de prueba idóneo y
suficiente para demostrar la titularidad del bien cuando se invoca como
fundamento de las pretensiones. En consecuencia, concluyó que la ausencia de
dicho instrumento impedía tener por acreditada la calidad de propietaria alegada
por la demandante.

5.4 Afirmó que la demandante no había aportado la escritura pública ni el
certificado de tradición y libertad en el que constara la inscripción del dominio a
su favor; observó que su interés se sustentaba únicamente en un contrato de
promesa de compraventa celebrado con el señor Rómulo Castañeda García,
negocio jurídico que no acredita la transferencia del derecho real de dominio, ni
se encontraba demostrado que hubiese sido perfeccionado o protocolizado.

5.5 Advirtió, además, que de los pagos del impuesto predial se desprendía que la
demandante nunca figuró como sujeto pasivo del tributo, ni antes ni después de
la presentación de la demanda, circunstancia que, aunque no acredita la
titularidad del dominio, reforzaba la conclusión de que no existía evidencia alguna
de una relación jurídica actual y consolidada de la actora con el inmueble, ni de
la transferencia del derecho de propiedad a su favor

5

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

5.6 Consideró, igualmente, que no se encontraba acreditada la posesión del
predio por parte de la demandante, en tanto, ella reconoció no haber habitado el
inmueble, no haber desarrollado actividades económicas ni realizado inversiones
en él. Sumado a ello, estimó que las actuaciones adelantadas por la demandante
como interesada en el trámite administrativo de restitución del espacio público no
resultaban suficientes para estructurar una situación posesoria jurídicamente
relevante.

5.7 Concluyó que no se encontraba configurada la legitimación en la causa por
activa, lo cual impedía emitir un pronunciamiento de fondo sobre la presunta
omisión administrativa, la existencia del daño antijurídico y la imputación de
responsabilidad al municipio demandado. En consecuencia, desestimó las
pretensiones de la demanda por ausencia de uno de los presupuestos procesales
esenciales.

5.8 Finalmente, condenó en costas a la demandante.4

D. Recurso de apelación

6. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los siguientes reparos:
6.1 Consideró que el tribunal erró al declarar la falta de legitimación en la causa
por activa, por exigir la acreditación del derecho de dominio, pese a que la
controversia se originaba en la conducta omisiva de la administración frente a la
ocupación del espacio público que afectaba el predio de su representada.
6.2 Sostuvo que el fallo desconoció la institución de la posesión prevista en el
artículo 762 del Código Civil,5 según la cual el poseedor se reputa dueño,
negándole todo efecto jurídico y desconociendo los derechos que el
ordenamiento reconoce a quien ejerce una posesión legítima.

6.3 Afirmó que, aunque el tribunal admitió la existencia de un contrato de promesa
de compraventa, omitió reconocer que dicho documento servía como sustento de
la situación posesoria a favor de la demandante, quien debía ser tenida como
dueña, al menos en ese plano, en ausencia de tacha o reparo sobre ese negocio
jurídico.

6.4 Adujo que la sentencia privilegiaba una exigencia formal de acreditación de la
propiedad sobre la esencia del litigio, que era la vulneración de los derechos de
quien explotaba legítimamente el predio y sufría perjuicios por la desidia de la
administración, lo cual resultaba contradictorio en un sistema jurídico que
reconoce a la posesión efectos relevantes, incluso susceptibles de medidas
cautelares, transferencia y de remate.

6.5 Finalmente, afirmó que la tesis acogida por el tribunal implicaba trasladar a la
demandante la responsabilidad por los perjuicios sufridos, al sanear la conducta

4 Índice 8 Samai del tribunal.
5 Artículo 672. Definición de posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de

señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que
la tenga en lugar y a nombre de él.

6

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

omisiva y permisiva de la administración por la sola ausencia de un título
traslaticio de dominio inscrito.6

E. Trámite relevante en segunda instancia

7. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 15 de octubre de 2021. 7
El 22 de noviembre de 2022, el apoderado de la demandante aportó pruebas en
segunda instancia: i) la escritura pública N.º 1729 del 24 de junio de 2022 y ii) el
Certificado de tradición de 27 de julio de 2022 del inmueble con matrícula N.º
236-71603.8 La demandante, mediante oficio del 26 de junio de 2023, precisó
información relacionada con las pruebas aportadas.9 Mediante auto del 6 de julio
de 2023 se incorporaron como pruebas documentales las allegadas por la
demandante en segunda instancia.10 El 29 de agosto de 2023, se corrió traslado
de dichas pruebas a las partes,11 y, finalmente, el 13 de diciembre de 2023, se
corrió traslado para alegar de conclusión de conformidad con el artículo 247 del
CPACA.12

II. CONSIDERACIONES

F. Aspectos procesales

8. El artículo 164, literal i), del CPACA establece que el medio de control de
reparación directa debe promoverse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del daño si fuere en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de la ocurrencia.
8.1 En el caso concreto, el término debe contarse a partir del 7 de mayo de 2012,
fecha en la que el Municipio de Granada reconoció la ocupación irregular del
inmueble y ordenó la recuperación del espacio público mediante el respectivo
acto administrativo.13 En consecuencia, el término de caducidad empezó a correr
el 8 de mayo de 2012 y, en principio, vencía el 8 de mayo de 2014.
8.2 El término se suspendió con ocasión de la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada el 6 de diciembre de 2012,14 cuyo trámite concluyó con
la declaratoria de conciliación fallida el 7 de febrero de 2013, lo que implicó una
suspensión de sesenta y tres (63) días calendario, de conformidad con el artículo
21 de la Ley 640 de 2001. Así, el vencimiento del término de caducidad se
extendió hasta el 10 de julio de 2014. En consecuencia, el medio de control fue

6 Índice 10 Samai del tribunal.
7 Índice 5 Samai.
8 Índice 13 Samai.
9 Índice 15 Samai. Afirmó que las pruebas aportadas en segunda instancia corresponden al mismo predio

objeto de la demanda “ sino como años después se efectuó el divisorio y el folio de matrícula inmobiliaria
23632169 fue cerrado”(…).
10
Índice 19 Samai.
11 Índice 24 Samai.
12 Índice 33 Samai.
13 Índice 2 Samai. 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.
14 Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.

7

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

ejercido oportunamente, toda vez que la demanda se presentó el 16 de diciembre
de 2013.15
G. Sentido de la decisión

9. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se declaró la falta de legitimación en la
causa por activa respecto de la demandante Doris Consuelo Perilla Sanabria, en
tanto no se acreditó su condición de propietaria ni de poseedora material del
inmueble en cuestión, para la época en que ocurrieron los hechos.

H. Legitimación en la causa por activa

10. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que la legitimación
en la causa por activa exige la existencia de una relación sustancial entre quien
demanda y el derecho cuya protección se reclama. En ese sentido, solo se
encuentra legitimado quien tiene vocación para ostentar la titularidad del
derecho, bien por mandato legal o por acreditar su condición de perjudicado
frente al daño cuya reparación se solicita. La ausencia de este presupuesto no
constituye una excepción de mérito ni una causal de rechazo de la demanda,
sino un requisito necesario para proferir sentencia, de manera que su falta impide
al juez acceder a las pretensiones. Al respecto, el Consejo de Estado señaló:

La legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la
relación sustancial que debe existir entre las partes en el proceso y el interés
sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona a quien se le exige la
obligación es a quien habilita la ley para actuar procesalmente. (…) Está
legitimado en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la
titularidad de un derecho otorgado por la ley y, específicamente, cuando se
interponen demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa,
quien demuestre en el proceso su condición de perjudicado con la acción u
omisión que produjo el daño que se reclama con la demanda. La falta de
legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las
pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y
necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no
se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no puede acceder a las
pretensiones16

10.1 Así, la jurisprudencia ha resaltado que la legitimación material por activa
constituye un requisito necesario para que las pretensiones puedan prosperar,
pues su ausencia impide el reconocimiento del daño antijurídico alegado, en la
medida en que no se demuestra que la lesión haya afectado de manera personal
a quien demanda. Ello se explica porque la legitimación en la causa no opera
como una excepción de fondo, sino como una condición previa y necesaria para
la adopción de una decisión de mérito, tal como lo ha sostenido el Consejo de
Estado de manera reiterada:

La falta de legitimación en la causa constituye postura sólidamente decantada
por la jurisprudencia, consistente en excluirla de las excepciones de fondo,
dado que estas últimas enervan la pretensión en su contenido, mientras que la
legitimación es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de
mérito favorable, sea a las pretensiones del demandante o a las excepciones

15 Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de julio de 2016, expediente 68001-
23-33-000-2015-00144-01 (55205), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

8

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

propuestas por el demandado. [...] La falta de legitimación material en la causa,
por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como
sí lo hace una excepción de fondo, sino que impide el nacimiento del derecho
a obtener una condena.17

10.2 En conclusión, la legitimación material en la causa, por activa o por pasiva,
exige la acreditación de un interés jurídico sustancial derivado del vínculo directo
con los hechos que dieron lugar a la demanda, cuya ausencia impide al juez
emitir un pronunciamiento de mérito favorable.

I. Análisis del caso concreto

11. Para efectos de establecer si la demandante acreditó su legitimación en la
causa por activa, la Sala se limitará al examen de las pruebas estrictamente
relevantes para tal fin.

11.1 En el expediente obra copia del contrato de promesa de compraventa
suscrito el 21 de septiembre de 2010 entre el señor Rómulo Castañeda García,
en calidad de promitente vendedor, y la demandante Doris Consuelo Perilla
Sanabria, como promitente compradora, respecto del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 236‑32169.18

11.2Así mismo, en audiencia de pruebas celebrada el 5 de diciembre de 2017
se practicó interrogatorio de parte a la demandante Doris Consuelo Perilla
Sanabria, quien manifestó expresamente:

Nunca he podido disfrutar de ese predio porque no tengo acceso a él, yo
vivo en otro lado (…) En ese momento, el mismo que ha tenido hasta ahora.
Es un lote de una (1) hectárea pues, la expectativa o la proyección mía era,
pues hacer una casa campestre y a la vez como tiene un área, un frente casi
de ochenta y dos (82) metros, pues hacer unos locales comerciales. Pero como
eso generaba bastante inversión, inicialmente se iba a hacer como un parador
de ganado que en el momento pues no generaba mucha inversión; eso era
inicialmente lo que se tenía mientras yo solicitaba un crédito a una cooperativa
del Banco Popular, crédito que me hicieron posteriormente y el cual me tocó
hacer otra inversión, porque como siempre he tenido ese problema de que no
he podido disfrutar de mi inmueble, no he podido hacer ninguna inversión
allí.19 (Negrillas de la Sala).

11.3 Igualmente, obra en el expediente Formulario de Calificación – “Constancia
de Inscripción” expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro
correspondiente al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º
236‑32169, en el cual constan las siguientes anotaciones: Anotación No. 2 fecha
26 de marzo de 2003, radicación 2003‑1357, escritura pública N.º 284 del 14 de
marzo de 2003 otorgada en la Notaría Única de Granada, valor del acto
$10.000.000, especificación 101 – compraventa, modo de adquirir, figurando
como personas que intervienen en el acto de: Ludivia Muñoz Garibello; a:
Rómulo Castañeda García.20

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 76001-

23-31-000-1999-00989-01, MP. Hernán Andrade Rincón.
18 Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.
19 Índice 2 Samai.17_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.Audiencia de pruebas de 5 de

diciembre de 2017. Del minuto 9.21 al minuto 19.27.
20 Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.

9

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

11.4 En el trámite de la segunda instancia, la demandante aportó las siguientes
pruebas correspondientes al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º
236‑71603, abierto con base en la matrícula inmobiliaria No. 236‑32169, para
acreditar que era la titular del derecho de dominio:21

11.5 i) Copia de la escritura pública No. 1729 del 24 de junio de 2022, otorgada
en la Notaría Única de Granada, correspondiente a un contrato de compraventa,
por valor de $68.000.000, mediante el cual el señor Alexander Castañeda Cobo
transfirió el derecho de dominio del inmueble a favor de la demandante Doris
Consuelo Perilla Sanabria y ii) Certificado de Tradición y Libertad del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 236‑71603 se desprende, entre otras,
la siguiente información registral relevante:

11.5.1Anotación No. 2: corresponde a la escritura pública No. 1444 del 24 de
mayo de 2022, otorgada en la Notaría Única de Granada, mediante la cual se
efectuó una adjudicación en sucesión intestada, figurando como transferente
Rómulo Castañeda García y como adquirente Alexander Castañeda Cobo,
quien adquirió el 100 % del derecho de dominio.

11.5.2 Anotación No. 3: corresponde a la escritura pública No. 1729 del 24 de
junio de 2022, otorgada en la Notaría Única de Granada, mediante la cual
Alexander Castañeda Cobo transfirió el derecho de dominio del inmueble a favor
de la demandante Doris Consuelo Perilla Sanabria, inscripción que figura como
vigente en el folio de matrícula inmobiliaria.

11.5.3 Adicionalmente, la demandante aportó oficio aclaratorio de 26 de junio de
2023, mediante el cual precisó que las pruebas documentales allegadas en
segunda instancia corresponden al predio objeto de la demanda, e indicó que la
variación en la identificación registral obedece a que, años después de la
presentación de la demanda, se adelantó el respectivo proceso de división
material, como consecuencia del cual el folio de matrícula inmobiliaria No.
236‑32169 fue cerrado, y se abrió uno nuevo para el inmueble resultante.22

Insuficiencia del contrato de promesa de compraventa como fundamento
de la legitimación en la causa por activa

12. La Sala considera que el contrato de promesa de compraventa celebrado en
2010, aportado con la demanda, no acredita la legitimación en la causa por activa
de la demandante Doris Consuelo Perilla Sanabria para reclamar los perjuicios
derivados de la alegada omisión administrativa.

12.1 Conforme a la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia, quien
recibe un bien en virtud de un contrato preparatorio lo hace en calidad de mero
tenedor, en la medida en que dicho negocio jurídico no transfiere el dominio ni la
posesión, salvo que exista una estipulación expresa, clara e inequívoca en
contrario. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
ha precisado el alcance de la entrega de bienes en los contratos preparatorios:

21 Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.
22 Índice 15 Samai.

10

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

Quien recibe la cosa en virtud de una promesa de compraventa, la recibe
como mero tenedor porque, al quedar pendiente la entrega de la escritura
pública, está reconociendo dominio ajeno. Solo en casos excepcionales,
cuando en el texto del contrato se estipula de manera clara, explícita e
inequívoca que se entrega la posesión material y no solo la tenencia, podrá el
promitente comprador reputarse poseedor con ánimo de señor y dueño.23
(negrillas de la Sala).

12.2 En el contrato de promesa de compraventa celebrado el 21 de septiembre
de 2010 no se pactó la entrega anticipada de la posesión material del inmueble
con ánimo de señor y dueño. Por el contrario, de su texto se desprende que la
entrega material quedó expresamente pactada para la fecha del otorgamiento de
la escritura pública de compraventa, conforme a la cláusula octava, en la que se
estipuló: “En la fecha del otorgamiento de la escritura pública el promitente
vendedor hará la entrega material del inmueble al promitente comprador”, lo que
excluye que, a partir de dicho negocio jurídico, la demandante hubiera adquirido
la posesión del bien.24

12.3 Aunado a lo anterior, la demandante reconoció de manera expresa el dominio
ajeno hasta el año 2022, fecha en la que adquirió el inmueble mediante escritura
pública debidamente inscrita. Para la Sala tal reconocimiento impide la
consolidación anterior a la fecha del derecho real mencionado y confirma que,
para la época de los hechos discutidos, la actora carecía de un título jurídico
idóneo para sustentar el interés cuya reparación se solicita.

Ausencia de posesión material durante el período objeto del litigio

13. La Sala advierte que la demandante estructuró su reclamación indemnizatoria
sobre la condición de propietaria del inmueble, tal como se desprende de las
pretensiones de la demanda. En esa medida, examinar la posesión como
fundamento autónomo de la legitimación en la causa implicaría pronunciarse
sobre una calidad que no fue alegada en la demanda inicial, lo que supondría
una modificación de la causa petendi en segunda instancia, contraria al principio
de congruencia y a los límites funcionales del juez de apelación. No obstante,
dado que en el recurso de apelación la recurrente sostuvo que ostentaba la
calidad de poseedora material del bien y cuestionó la decisión del tribunal con
fundamento en dicho argumento, la Sala efectuará algunas consideraciones
sobre el particular exclusivamente para dar respuesta a los cargos formulados
contra la sentencia recurrida.

13.1 En efecto, en su interrogatorio de parte confesó que nunca habitó, explotó ni
disfrutó el inmueble, debido a la ocupación del bien por terceros y a la
imposibilidad de acceder a él. La manifestación evidencia la inexistencia del
elemento material del corpus, indispensable para la configuración de la posesión
de conformidad con el artículo 762 del Código Civil.25

23 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de julio de 2010, expediente 1001-

3103-014-2005-00154-01, MP William Namén.
24
Índice 2 Samai, 16_ED_50001233300020140006(.pdf) NroActua 2.
25 Artículo 672. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que

el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a
nombre de él.

11

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

13.2 En consecuencia, no se acreditó la calidad de poseedora de la demandante,
porque la promesa de compraventa celebrada en 2010 habría dado lugar a una
mera tenencia de naturaleza contractual de conformidad con el artículo 775 del
Código Civil,26 condición que tampoco se verificó en el caso concreto de acuerdo
con lo dispuesto en la referida promesa. En todo caso, la mera tenencia sería
insuficiente para legitimar la reclamación de perjuicios derivados de la omisión
administrativa que se alega ocurrió en el año 2012, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2342 del Código Civil.27

13.3 Así, aun desde una perspectiva fáctica, para la Sala no se demostró ejercicio
alguno de dominio material sobre el inmueble para el año 2012, momento en que
se habría consolidado la omisión administrativa alegada, lo que hace
improcedente la reclamación de perjuicios asociados a una afectación que no
recayó de manera directa y personal sobre la demandante. Lo anterior se
armoniza con el criterio reiterado del Consejo de Estado en materia de
legitimación material en la causa, según el cual:

La legitimación material en la causa alude a la participación real de las
personas en el hecho que origina la presentación de la demanda y/o a la
titularidad del derecho reclamado, independientemente de que hayan sido
parte procesal. […] En este orden, dado que la condición de poseedor […] no
está demostrada y, por contera, del interés jurídico que le asiste para reclamar
la indemnización de perjuicios por su pérdida, la Sala desestimará la pretensión
de la parte actora, toda vez que frente a dicha pretensión el aquí demandante
no se encuentra legitimado materialmente en la causa.28

13.4 Ahora bien, respecto a las pruebas aportadas en segunda instancia las
cuales son la escritura pública No. 1729 del 24 de mayo de 2022 y el Certificado
de Tradición de junio de 2022, ratifican la falta de legitimación histórica. Los
documentos prueban que la demandante adquirió el dominio diez (10) años
después de los hechos y ocho (8) años después de instaurada la demanda.

13.5 Sobre el particular, la Subsección ha fijado un criterio reciente y vinculante
que resuelve con exactitud la situación de la recurrente, al señalar que la
adquisición de la propiedad con posterioridad a la consolidación del daño es
ineficaz para efectos indemnizatorios:

La legitimación material en la causa exige que quien demanda sea el titular del
interés jurídico debatido al momento de la ocurrencia del daño. En acciones de
reparación directa por ocupación permanente u omisión administrativa, la
calidad de dueño o poseedor debe detentarse (sic) para la época en que se
causaron los perjuicios. La adquisición del bien con posterioridad a la
consolidación del daño no habilita al nuevo adquirente para reclamar

26 Artículo 775. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a

nombre del dueño. El acreedor prendario*, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de
habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les
pertenece.
27 Artículo 2342. Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la
cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga
perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la
cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2024, expediente

08001‑23‑33‑000‑2015‑00364‑02 (71.232), MP Fernando Alexei Pardo Flórez.

12

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

indemnizaciones por hechos ocurridos cuando carecía de vinculación jurídica
con el predio, salvo que exista cesión expresa de los derechos litigiosos.29

13.6 En el presente asunto, es evidente que el daño derivado de la supuesta
omisión administrativa en la recuperación del espacio público colindante al
inmueble de la demandante, y no de una ocupación del inmueble en sí mismo,
se consolidó, a más tardar, en el año 2012, con la expedición de la Resolución
244 del 7 de mayo de ese año. Para entonces, la demandante no ostentaba la
condición de propietaria ni tenía un derecho real sobre el inmueble, de modo que
el eventual derecho a reclamar la reparación de los perjuicios se radicaba en
cabeza de quienes eran sus titulares para esa época, sin que en el expediente
obre prueba de cesión de derechos litigiosos o indemnizatorios a favor de la
actora.

13.7 Bajo esa premisa, la Sala considera que las pruebas de segunda instancia
no tienen la virtud de sanear la falta de legitimación, sino que, por el contrario,
confirman que al momento en que se consolidó el daño la demandante era ajena
a la relación jurídica de propiedad del inmueble objeto del litigio.

13.8 Por lo anterior, la Sala concluye que ni el contrato de promesa de 2010 ni la
adquisición sobreviniente en 2022 acreditan la legitimación en la causa por activa
de la señora Doris Consuelo Perilla Sanabria para el periodo objeto de la
controversia.

J. Costas

14. De conformidad con el artículo 188 del CPACA,30 y el numeral 1 del artículo
365 del CGP,31 se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante,
las cuales deberán incluir las agencias en derecho que se hubieren causado; las
costas procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada por el Tribunal
Administrativo del Meta, según dispone el artículo 366 del CGP.32

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 7 de febrero de 2025, expediente

08001233300020160024001, MP Alberto Montaña Plata.
30 Artículo 188. Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
31 Artículo 365. Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, súplica, queja, revisión o un incidente, salvo los procesos en que se ventile un interés
público. (…)
32 Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en

el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior
(…)”.

13

Radicado: 50001-23-33-000-2014-00063-02 (67327)
Demandante: Doris Consuelo Perilla Sanabria

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 25 de febrero de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 6, que declaró la falta
de legitimación en la causa por activa.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte
demandante en favor de las entidades demandantes, las cuales serán tasadas
de manera concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con
lo establecido en el artículo 366 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.