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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00240-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00240-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA y, por tanto, INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo, según las consideraciones expuestas. TERCERO: CONFIRMAR los restantes numerales de la parte resolutiva de Sentencia de 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección B, según las consideraciones expuestas. CUARTO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante, las cuales deberán tasarse de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. QUINTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2016-00240-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2025

Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: reparación directa - ocupación de inmueble por obra pública - presupuestos procesales
• legitimación en la causa - falta de legitimación activa en la causa - fallo inhibitorio

Síntesis del caso: el demandante solicita que un municipio responda por los daños ocasionados
a un predio del que alega ser propietario, producto de la ejecución de obras públicas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en
contra de la Sentencia de 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sección B, que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al actor1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante -1.2. Posición de la parte demandada - 1.3.
Posición de los terceros con interés en el proceso - 1.4. Sentencia recurrida - 1.5. Recurso de
apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 10 de marzo de 2016, Mario Enrique Varón Olarte (en adelante, el
demandante) presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, en contra del Municipio de Puerto Colombia – Atlántico (en
adelante, el Municipio), con el objeto de que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (se trascribe):

“PRIMERA: Que se reconozca y pague los perjuicios causados por parte de las
obras públicas adelantadas por el municipio de Puerto Colombia, obras que han
causado daño o afectación al inmueble de mi propiedad ubicado en el casco
urbano de esa municipalidad, más exactamente en la calle 2 No. 10C - 121,
trabajos estos que sacaron del mercado inmobiliario el predio antes enunciado,
limitando su comercialización, perdiendo el uso al que lo tenía destinado su
propietario.

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 1 a 8 del cuaderno 1.

Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se disponga que
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO, disponga el reconocimiento y
pago la indemnización y lucro cesante por la ocupación de hecho, así como el
haber limitado comercialización del citado inmueble ubicado en la calle 2 No.
10C - 121.
TERCERA: Que, en virtud de la presente solicitud, se grave al MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA - ATLANTICO, a pagar los intereses comerciales desde la ejecutoria de
la decisión y moratorios como lo dispone el Art. 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CUARTA: Que el valor que se llegare a conciliar se tomará desde la fecha de la
iniciación de las obras ejecutadas por el MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA -
ATLÁNTICO, mediante contratos de obras celebrado entre ese ente territorial y el
consorcio Puerto Colombia, el día 26 de octubre de 2010; así como el contrato
de obra pública 001 del 2010 CANALIZACIÓN DEL ARROYO GRANDE EN EL
MUNICIPIO DE puerto Colombia, suscrito con la sociedad JPG y COMPAÑÍA S.A.,
al igual que el contrato de obra pública No. 2013-02-15-001, celebrado entre el
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO y la empresa CUG DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., el día 15 de febrero de 2013.
QUINTA: Que, de llegar a acuerdo conciliatorio favorable a las pretensiones de
esta solicitud, se le dé cumplimiento en los términos del Art. 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

2. La parte demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las
siguientes afirmaciones y hechos3-4:

3. 1) El demandante ejercía de forma pacífica su propiedad sobre un inmueble,
ubicado en la calle 2 No. 10C-121 del municipio de Puerto Colombia – Atlántico,
hasta que el 26 de octubre de (se trascribe) “(…) 2010, [el Municipio] (…)
comenzó a adelantar obras públicas en inmediaciones del inmueble (…) [y] al
iniciar la obra de estabilización ambiental de las playas del [Municipio] (…) el
material a utilizar para dichos trabajos fue depositado [en el predio del
demandante], sin existir orden expresa por parte de mi poderdante”. En total se
ocupó un área de 1.759 m2.

4. 2) Igualmente, el 15 de febrero de 2013, el Municipio celebró contrató (se
trascribe) “(…) con la empresa GUC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, cuyo
objeto e[ra] la construcción de pavimento de concreto rígido (…) de la calle
11 entre carreras 3 y 5 del barrio La Loma (…) con la ejecución de los contratos
de pavimentación (…) se restringió el acceso al inmueble en un 61%, con la
construcción de estribos y rampas”.

5. 3) El demandante tenía proyectado (se trascribe) “(…) una unidad
residencial de 11 viviendas y con las obras (…) no [se] permitió el desarrollo del

3 Mediante escrito de subsanación de 5 de junio de 2017, el demandante adicionó y corrigió los hechos planteados en

la demanda inicial. Folios 54 y 55 del Cuaderno 1.
4 En la demanda se refirió que también se generaron daños por el (se trascribe) “(…) contrato [celebrado] con JPG Y

COMPAÑÍA S.A. [para] la canalización del Arroyo Grande, obras que al ser ejecutadas afectaron el costado norte del
inmueble, disminuyendo el área programada por mi representado para ejecutar las obras por él proyectadas.” Sin
embargo, mediante Auto de 31 de julio de 2017 (Folios 59 a 62 del Cuaderno 1), a través del que se admitió la demanda,
luego de haberse subsanado, el Tribunal decidió (se trascribe) “2. Rechazase la demanda respecto de la pretensión
por los perjuicios que se habrían ocasionado por las obras del canal del Arroyo Grande (…)”. Lo anterior, (se trascribe)
“(…) teniendo en cuenta que la liquidación del contrato de obra pública No. 001 de 2010 (Canalización del Arroyo
Grande) cuya ejecución habría ocasionado perjuicios que el accionante pretende sean resarcidos, se efectuó en
septiembre de 2013 (…)” y, si la demanda se radicó el 10 de marzo de 2016, operó la caducidad.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

proyecto concebido, limitando su comercialización, pues quedó con un área
menor, por lo que es evidente la existencia de un daño como consecuencia
[de] los trabajos de obra realizados (…)” por el Municipio.

1.2. Posición de la parte demandada

6. El Municipio contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones. Alegó que
(se trascribe) “(…) exist[ía] total ausencia de acervo probatorio para demostrar
la presunta ocupación del inmueble afectado y la imposibilidad material de
esa ocupación de conformidad con la ubicación geográfica del inmueble y
[aquella] de la ejecución del contrato No. 2015-02-15-001 (…) de la Calle 11
entre carreras 3 y 5 del barrio Loma Fresca (…) por la localización geográfica
de la ejecución de la obra e[ra] imposible que afect[ara] por ocupación un
inmueble ubicado en la calle 2 No. 10C-121 (…)”. En relación con el contrato
para construcción de obras para la estabilización y recuperación ambiental de
las playas del Municipio, alegó que en la (se trascribe) “(…) demanda no se
hac[ía] referencia alguna con respecto de los daños causados (…) [y] al no
solicitarse indemnización alguna (…) oficiosamente no se pueden otorgar (…)”.

7. En relación con los perjuicios que se alegaron, indicó que también carecían
de soporte probatorio pues el demandante(se trascribe) “(…) nunca radicó en
la Secretaría de Desarrollo Territorial del Municipio documentos, ni estudios, ni
planos solicitando la licencia de uso de suelo y menos licencia de construcción
del referido proyecto (…) a la demanda anexo (…) planos y fichas de la idea
preliminar del proyecto, pero en ningún momento presentaron siquiera
radicado de la solicitud de otorgamiento de licencia de construcción (…)”, lo
cual hace que el demandante tuviera una mera expectativa de proyecto. Con
base en lo anterior, propuso la excepción que denominó “inexistencia de
responsabilidad de la demandada”.

1.3. Posición de los terceros con interés en el proceso6

8. La sociedad G.U.C. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. contestó la
demanda7 y se opuso a las pretensiones. Alegó que (se trascribe) “(…) no se
enc[contraba] acreditado en el expediente que el inmueble al que hac[ía]
referencia la parte demandante (…) sea de su propiedad (…) careciendo de
objeto en la causa activa (…)”. Afirmó que, en todo caso, las obras de
pavimentación realizada no generaron daño alguno porque (se trascribe) “(…)
se enc[ontraban] muy alejadas del inmueble al que hac[ía] referencia el

5 Folios 115 a 127 del cuaderno 1.
6 Mediante Auto de 31 de julio de 2017 (Folios 59 a 62 del Cuaderno 1), a través del que se admitió la demanda, luego

de haberse subsanado, el Tribunal decidió (se trascribe) “(…) 1.3. Notifíquese al representante legal del Consorcio
Puerto Colombia, señor Alberto Munarriz Salcedo y al señor Gildardo Usma Cortés, en su condición de representante
legal de Guc Diseños y Construcciones S.A.S, como terceros con interés en el resultado del proceso, de conformidad
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.”
7 Folios 93 a 98 del Cuaderno 1.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

demandante, de hecho, ni siquiera est[aban] en barrios aledaños, y los
separa[ba] una distancia de tres (3) kilómetros entre el predio y las obras
ejecutadas (…)”. Propuso las excepciones que denominó “inexistencia de
nexos de causalidad”; “falta de legitimación en causa por pasiva” y la
“genérica”.

9. El Consorcio Puerto Colombia y la sociedad Canteras Munarriz S.A.S.,
miembro del consorcio, contestaron la demanda8 y se opusieron a las
pretensiones. Alegaron que el demandante no era dueño del predio
presuntamente dañado pues en el folio de matrícula No. 040-141510,
correspondiente al predio, que fue aportado con la contestación y no con la
demanda, se evidenciaba que (se trascribe) “(…) Inversiones Verloz en
comandita simple (…) adquirió mediante compra celebrada con Mario Varón
Olarte [demandante] en fecha diecinueve (19) de marzo de 2013, en los
términos contenidos en la escritura pública número 391, otorgada en la notaría
séptima de Barranquilla.” Por lo tanto, no era cierto que el demandante (se
trascribe) “(…) [fuera] el actual titular de los derechos de dominio y posesión
material sobre el inmueble antes indicado.” Propuso las excepciones que
denominó “ausencia de daño”; “ausencia e inexistencia de nexo causal”;
“ausencia absoluta de culpa del demandado”; “ausencia de daño
cuantificable”; “mala fe y temeridad”; “falta de legitimación en la causa por
activa”; “actuación conforme a derecho”; “ausencia de requisito de
procedibilidad” y la que resulte probada.

1.4. Sentencia recurrida

10. El 12 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección B,
profirió Sentencia de primera instancia9, en la que decidió (se trascribe):

“Falla:
1. Negar en su totalidad las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. Condenar en costas a la parte demandante.
3. Notificar la presente providencia a las partes y al agende del Ministerio Público.”

11. El Tribunal consideró que (se trascribe) “(…) el demandante no logró
acreditar con precisión o claridad la ocurrencia del daño que habría
ocasionado los perjuicios de carácter patrimonial que pretend[ía] [fueran]
resarcidos. En efecto, las fotografías aportadas en la demanda (…) y en
conjunto con los demás medios de prueba (...) no e[ra] posible identificar con
certeza que se trat[aba] del predio objeto de esta demanda y mucho menos
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocupación de hecho que le
acusa al Municipio (…)”.

8 Folios 93 a 98 del Cuaderno 1.
9 Folios 333 a 340 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

12. Además, consideró que (se trascribe) “(…) tampoco se lograron acreditar
las afectaciones del inmueble que estuvo bajo dominio del demandante por
las obras de pavimentación (…) pues la parte actora se limitó a hacer relato
frente a la presunta imposibilidad de disponer del inmueble (…)”. Por tanto,
concluyó que no se demostró que las obras públicas hubieran frustrado
facultades de uso y goce del inmueble.

1.5. Recurso de apelación

13. La parte demandante interpuso recurso de apelación10. Alegó que la
acción se fundó, principalmente, en los trabajos de estabilización de las playas
del Municipio, las cuales afectaron su terreno. Ello (se trascribe) “(…) se
enc[ontraba] debidamente demostrado en el proceso y probado con la
experticia aportada (…) prueba que no fue objeto de controversia, por lo que
e[ra] válida y de pleno derecho, lo cual contrad[ecía] en forma abrupta lo
considerado por el despacho en su decisión, en el sentido [de] que no se
enc[ontraba] debidamente demostrado el hecho o hechos que ocasionaron
perjuicios a mi representado (…)”. Alegó que las conclusiones del perito, que
acompañó la inspección judicial, no tuvieron en cuenta la actualización de
área y linderos del inmueble, inscritas desde 2008, por lo que no podían ser
tenidas en cuenta.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia - 2.2 Presupuestos procesales - 2.3. Sobre la condena
en costas.

2.1. Síntesis de la controversia

14. La Sala revocará la Sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará probada la excepción
de la falta de legitimación en la causa del demandante porque, para el
momento de presentación de la demanda, no era el propietario del inmueble
presuntamente dañado con la ocupación. En consecuencia, la Sala se inhibirá
para pronunciarse de fondo.

2.2. Presupuestos procesales

15. El Tribunal negó las pretensiones porque consideró que no estaba
acreditado el daño alegado pues, de las pruebas obrantes en el expediente,
(se trascribe) “(…) no [era] posible identificar con certeza que se trat[ara] del
predio objeto de esta demanda y mucho menos de las circunstancias de

10 Folios 348 a 352 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

tiempo, modo y lugar de la ocupación de hecho (…)”. Por su parte, el apelante
alegó que el Tribunal no efectuó una valoración adecuada de los dictámenes
periciales porque, contrario a su conclusión, el daño quedó demostrado.

16. No obstante, la Sala encuentra que no puede pronunciarse sobre el fondo
del asunto, toda vez no se encuentran reunidos todos los presupuestos
procesales para dictar sentencia, en específico, porque para el momento de
presentación de la demanda el demandante no era dueño del predio
presuntamente ocupado y, por tanto, carece de legitimación en la causa para
reclamar daños que solo podía sufrir mientras ostentaba la calidad de
propietario.

17. El Tribunal concluyó que en el expediente obraba (se trascribe) “certificado
de libertad y tradición del inmueble con matrícula No. 040-141510, el cual
correspond[ía] a la dirección Calle 2 No. 10C-121 del municipio de Puerto
Colombia, en el cual se da[ba] cuenta [de] que el demandante hasta el 19 de
marzo de 2013 ostentó la calidad de propietario del inmueble”; consideración
que la Sala comparte, en virtud del documento que obra en el expediente. Por
tanto, según el referido certificado de tradición11, es claro que para la fecha
de presentación de la demanda (10 de marzo de 2016) el demandante carecía
de derecho de dominio sobre el inmueble, porque mediante Escritura Pública
391 de 19 de febrero de 2013, inscrita el 19 de marzo de 2013 (anotación 9),
vendió el inmueble. A pesar de lo anterior, el Tribunal decidió de fondo y negó
las pretensiones.

18. La Sala no comparte esa decisión porque solo hasta el 19 de marzo de 2013
se le podían causar daños derivados de la ocupación del inmueble y, para el
momento de presentación de la demanda no tenía dominio sobre el inmueble
presuntamente dañado, lo cual implicaba que el demandante carecía de
legitimación en la causa pues, según lo ha considerado esta Corporación, no
existía identidad entre las partes del proceso y los titulares de la relación jurídica
debatida12. Es decir, si la presente controversia, según la demanda, versa sobre
un daño consistente en la afectación patrimonial por ocupación permanente
de un predio, que el demandante alegó de su propiedad (fundamentos de
hecho y derecho), el legitimado en la causa para solicitar (pretensiones) la
reparación correspondiente debía ser titular del inmueble, calidad de la que

11 Certificado de Tradición del folio de matrícula inmobiliaria No. 040-141510, expedido el 5 de junio de 2018. Folios 165

a 169 del Cuaderno 1.
12 La legitimación en la causa es un elemento procesal “(…) relacionado con la calidad o el derecho que tiene una

persona (natural o jurídica), como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las
pretensiones de la demanda (…) se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el
demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo (…)”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 31 de enero
de 2019, Exp. 43.511. Reiterada, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 23 de septiembre de 2024, Exp. 63.249; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de septiembre de 2024, Exp. 68.632; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de septiembre de 2024, Exp.
70.617; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 14 de
julio de 2023, Exp. 54.997; entre otras.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

carece el demandante13. Además, este último tampoco demostró tener algún
otro tipo de relación jurídica con el bien inmueble (posesión, tenencia,
ocupación), de forma tal que estuviera legitimado en la causa para pretender
reparación por la ocupación que alegó.

19. Por lo tanto, al quedar demostrada la falta de legitimación en la causa del
demandante no se encuentran configurados todos los presupuestos procesales
necesarios para obtener una decisión de fondo y, por tanto, se debe revocar
la decisión de primera instancia. En su lugar, la Sala declarará probada la
excepción de falta de legitimación activa en la causa y se inhibirá para decidir
de fondo14, sin que ello implique denegación de justicia, en contra del
demandante, pues el juez de segunda instancia también tiene un deber legal
de verificar la configuración de los presupuestos procesales15. En este sentido,
se revocará el numeral primero de la Sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda, y se confirmarán los restantes, por no haber
sido objeto de apelación.

2.3. Condena en costas

20. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365
numeral 1 del CGP, la Sala condenará en costas y agencias en derecho de
esta instancia a la parte demandante, toda vez que se resolvió
desfavorablemente su recurso de apelación. Ambas deberán ser tasadas y
liquidadas, de forma concentrada, por el Tribunal de primera instancia, según
lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.

13 “Sin perjuicio de la falta de claridad respecto del inmueble que la demandante identificó como objeto de ocupación

y del inmueble respecto del cual se solicitó la licencia de construcción, se advierte que la actora no allegó el respectivo
folio de matrícula inmobiliaria ni el certificado de libertad y tradición de ninguno de los predios de los que aduce ser la
propietaria y sobre los cuales habría recaído la afectación temporal y la afectación por la expedición del nuevo POT.
(…) La Sala Plena de esta Sección, en relación con la prueba idónea de la propiedad de bienes inmuebles o sujetos a
registro, en providencia de unificación de su jurisprudencia, puntualizó que la inscripción o el registro del título en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en
especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos
eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se
fundamenten las pretensiones de la demanda.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, Sentencia de 22 de octubre de 2021, Exp. 52.449.
14 En casos similares, en donde se encuentra probada la no configuración de presupuestos procesales, como la

legitimación en la causa, se ha indicado que la decisión debe ser inhibitoria. En efecto, “(…) se advierte que en la parte
dispositiva el a quo no deja expresa la decisión de inhibirse por haber comprobado la falta de legitimación en la causa
de la parte demandante y, aunque estableció la ausencia de ese presupuesto procesal, negó las pretensiones de la
demanda, lo cual es impropio dado que no existió un análisis de fondo sobre estas, razón por la cual se modificará en
lo pertinente la providencia.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de
25 de noviembre de 2011, Exp. 24.587. Reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia de 23 de agosto de 2024, Exp. 67.246; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 8 de agosto de 2024, Exp. 28.476; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 17 de junio de 2024, Exp. 47.632; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 24 de abril de 2024, Exp.
53.403; entre otras.
15 Si la ausencia de presupuestos procesales no fue advertida por el juez de primera instancia, ello no impide su análisis

en esta instancia, pues la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al unificar su jurisprudencia en
relación con el marco de competencia del juez ad quem en virtud del recurso de apelación, reiteró que la legitimación
en la causa por pasiva o por activa se puede analizar de manera oficiosa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, Exp. 46.005.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2016-00240-01 (68.329)
Demandante: Mario Enrique Varón Olarte
Demandado: Municipio de Puerto Colombia - Atlántico
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: declara falta de legitimación activa en la
causa

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 12 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección B, que negó las
pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN
ACTIVA EN LA CAUSA y, por tanto, INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de
fondo, según las consideraciones expuestas.

TERCERO: CONFIRMAR los restantes numerales de la parte resolutiva de
Sentencia de 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Atlántico, Sección B, según las consideraciones expuestas.

CUARTO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante, las
cuales deberán tasarse de manera concentrada por el tribunal de primera
instancia.

QUINTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
(aclaración de voto)

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

8 de 8

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