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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2015-00429-01

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2015-00429-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia del 24 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, para en su lugar: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inepta demanda. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte actora y fijar por concepto de agencias en derecho en la segunda instancia, por el valor de veintiocho millones quinientos treinta y tres mil cincuenta pesos ($28’533.050), suma que se reconocerá en favor del Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Transmetro S.A.S., dividida en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital y REMITIRLA al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2015-00429-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – Se encuentra determinado por la fuente
del daño en que se fundamenta la causa petendi y ésta, a su vez, determina la técnica
apropiada para la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo para
hacerlas valer por la vía jurisdiccional - Marca la pauta en la verificación del cumplimiento
de los presupuestos de la demanda y de la acción y, en general, establece la ritualidad con
la que el juez y las partes van a seguir el proceso / CAUSA PETENDI - Su formulación
constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la
controversia y, por ende, delinear la competencia del juez en función del contenido de la
sentencia bajo reglas de congruencia / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Impide que se
adopten decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el
proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio, lo cual no
ocurre en este caso.

Procede la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que declaró probada la excepción de caducidad.

Se solicita la reparación del daño ocasionado por el supuesto desacato de una
medida cautelar decretada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que
suspendió los efectos de los actos administrativos por medio de los cuales se había
limitado la operación del servicio público de transporte terrestre colectivo de
pasajeros.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 24 de mayo de 2024, por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, que decidió la demanda
instaurada el 24 de septiembre de 20151 por el señor Jaime Alfredo Parra Uribe2 en
contra del Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y Transmetro S.A.S., con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por el desacato de la
medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Barranquilla en el marco de una acción de grupo. A título de indemnización, solicitó

1 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice: 16.
“10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_01DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 16”.
2 La demanda fue subsanada para excluir demandantes y si bien el actor dijo actuar en nombre de sus hijos, la

demanda se admitió solo frente a él, quien fue el único solicitante de la conciliación extrajudicial.

Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

el reconocimiento de perjuicios morales3 y materiales en las modalidades de daño
emergente4 y lucro cesante5.

2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal
fueron los siguientes:

3.El señor Jaime Alfredo Parra Uribe era propietario de varios vehículos (buses,
microbuses y busetas), que se encontraban vinculados a las empresas de
Transporte Lolaya Limitada y Monterrey Limitada, a través de las cuales prestaba el
servicio público de transporte colectivo de pasajeros en diferentes rutas del Área
Metropolitana de Barranquilla.

4.Debido a la reestructuración del sistema de transporte público en esa ciudad, el
accionante y otros interesados presentaron una demanda en ejercicio de la acción
de grupo6, en la que solicitaron una medida cautelar consistente en la suspensión
de los efectos de los actos administrativos [de carácter general y particular] por
medio de los cuales se ordenó el retiro gradual de las rutas por la entrada en
operación del Sistema de Transporte Masivo, se redujo la capacidad transportadora
de las empresas que prestaban este servicio y se inhabilitaron los permisos de
operación para la prestación del mismo, entre otras determinaciones.

5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante auto
del 24 de junio de 2011, ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos
de la Resolución 051 del 23 de febrero de 20107 y los actos particulares derivados
que se fundamentaron en esa resolución, atinentes a la supresión de determinadas
rutas de transporte público.

6. Pese a estar vigente dicha medida cautelar, las entidades demandadas
desconocieron los efectos de la referida decisión, pues a partir del 27 de junio de
2013 iniciaron operativos represivos y procedieron a imponer comparendos y multas
e inmovilizar automotores que prestaban el servicio público de transporte en las
rutas denominadas Murillo Soledad 2000, Carrera 44 Centro, Prado - Porvenir y
Valle – Silencio.

7. Agregó que el comportamiento por parte de las autoridades demandadas implicó
el desconocimiento de la orden judicial impartida, lo que generó la afectación
patrimonial pues debió pagar parqueaderos, multas y servicio de grúas, al tiempo
que sus vehículos dejaron de prestar el servicio público de transporte y, por ende,
de generar utilidades8.

3 Solicitó la suma equivalente a trecientos (300) SMLMV.
4 Solicitó la suma de $986’000.000.
5 Pidió la suma de $1.674’000.000.
6 Radicado bajo número: 080013301000220110014300.
7 “Por medio de la cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en

el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana”. Fijó las directrices para adoptar las decisiones relacionadas
con la entrada en operación del Sistema Transmetro en la ciudad de Barranquilla, así como lo relativo a la pérdida
de vigencia de los permisos de operación de rutas sobre las troncales de Transmetro, entre otras medidas.
8 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice 16,
“10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_01DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 16”, páginas 1 a
17 (demanda) y “13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_04AUTOINADMISORIO(.pdf) NroActua
16”, páginas 9 a 18 (subsanación).

2

Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

La defensa

8. El Área Metropolitana de Barranquilla-AMB9, Transmetro S.A.S.10 y el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla11 se opusieron a las pretensiones de
la demanda y formularon la excepción de caducidad. Indicaron que el daño alegado
se concretó en el 2011, cuando se decretó la medida cautelar de suspensión de los
actos administrativos demandados y como la demanda de reparación directa se
instauró en el 2015, esto se hizo por fuera de la oportunidad legal. Por su parte, el
Distrito sostuvo que, de acuerdo con lo señalado en la demanda, el hecho dañoso
tuvo lugar el 27 de junio de 2013, por lo que inicialmente los actores tenían hasta el
27 de junio de 2015 para ejercer la acción indemnizatoria, pero como la demanda
se presentó el 24 de septiembre de ese último año fue extemporánea, aun teniendo
en cuenta la suspensión de los términos por la radicación de la solicitud de
conciliación extrajudicial.

9. Adicionalmente, el AMB propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de
daño antijurídico, por cuanto la referida medida cautelar no se encontraba en firme12
ni se había “practicado”13. Agregó que, de haber estado vigente, su cumplimiento
se limitaba a suspender provisionalmente los efectos de determinadas resoluciones,
lo que no implicaba habilitar al demandante como prestador del servicio de
transporte colectivo de pasajeros ni permitir a las empresas transportadoras la
operación de cualquier ruta; (ii) inexistencia de imputación, por cuanto la entidad no
incurrió en una conducta reprochable, pues, si bien mediante auto del 24 de junio
de 2011 se decretó la suspensión de determinados actos administrativos, no se
expidió oficio alguno para ordenar su cumplimiento. Añadió que las empresas
transportadoras contaban con la autorización para operar determinadas rutas, por
lo que les correspondía a éstas asignar un nuevo recorrido al demandante; e (iii)
inexistencia de perjuicio cierto, toda vez que los solicitados son hipotéticos.

10. El Distrito también propuso la excepción de falta de legitimación material en la

causa por activa, por cuanto los permisos de operación y rutas fueron concedidos a
las empresas de transporte y, en esa medida, eran las únicas legitimadas para
ejercer las reclamaciones por causa de la cancelación o la suspensión de una ruta;
agregó que tales habilitaciones no constituían derechos adquiridos.

11. A su vez, Transmetro S.A.S. formuló las excepciones de: (i) falta de legitimación

en la causa por pasiva, dado que fungía como el ente gestor y ejecutor del Sistema
Integrado de Transporte Masivo, por lo que no tenía competencias normativas ni
policivas y, (ii) ausencia de daño antijurídico, con fundamento en los mismos
argumentos expuestos por la AMB.

9 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice 16,
“17_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_08CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 16”.
10 Ibidem, “18_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_09CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 16”.
11 Ibidem, “16_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_07CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 16”.
12 Pues, para ese momento el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla no había resuelto el

recurso de reposición ni se había pronunciado sobre la procedencia del de apelación.
13 Pues el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla nunca ofició al AMB para que procediera

con la suspensión de la Resolución 051 del 23 de febrero de 2010 y los actos administrativos particulares derivados.

3

Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

Alegatos de conclusión

12. Medianteauto del 19 de julio de 2023, el Tribunal determinó que dictaría
sentencia anticipada y ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público
para que presentaran sus alegatos de conclusión14.

13. La parte actora indicó que los hechos por los que se demanda tuvieron ocurrencia

el 27 de junio de 2013, pero los mismos se extendieron en el tiempo hasta el 24 de
febrero de 2014, fecha en la que la representante legal de la empresa Transportes
Lolaya Limitada le envió una carta al señor Jaime Alfredo Parra Uribe en la que le
llamó la atención por el incumplimiento de la cláusula vigésima (literales d y j) de los
contratos de vinculación de sus vehículos a esa empresa y lo conminó a no
continuar prestando el servicio por el corredor de la calle 45 Murillo15.

14. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 16, Transmetro S.A.S.17

y el AMB18 insistieron en los argumentos esgrimidos en las respectivas
contestaciones19. El Ministerio público guardó silencio.

La decisión del Tribunal

15. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 182A de Ley 1437

de 2011, el Tribunal a quo declaró probada la excepción de caducidad. Previo a
razonar sobre ello, señaló que en este caso resultaba procedente el medio de
control de reparación directa, pues de forma excepcional se podía ejercer cuando
se invocara el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas.

16. Señaló que de acuerdo con lo señalado en el fundamento fáctico de la demanda,

la policía de tránsito de Barranquilla, en coordinación con el AMB y la Secretaría
Distrital de Movilidad de esa ciudad, implementaron el 27 de junio de 2013 unas
medidas administrativas con las que desacataron la medida cautelar de suspensión
provisional de unos actos administrativos, decretada mediante auto del 24 de junio

14 En esa providencia, el a quo indicó que la situación fáctico procesal del presente asunto se subsumía en la

causal tercera del artículo 182A del CPACA, por avizorar probada la excepción de caducidad, motivo por el cual
corrió traslado para alegar de conclusión, por diez días comunes para los extremos procesales y al Ministerio
Público (SAMAI: Tribunal, índice 44).
15 Al respecto, indicó “(…) si esa carta fue expedida bajo esos parámetros coercitivos, era porque el servicio se

estaba prestando por ese corredor con anterioridad, entre las fechas del 27 de junio de 2013, fecha esta en que
fueron inmovilizados y llevados a los patios los vehículos de mi mandante, al 24 de febrero de 2014, fecha esta en
la que se conmina a mi mandante a no continuar prestando el servicio por el corredor de la calle 45 Murillo, pero
tal servicio se estaba prestando bajo el argumento de parte de mi mandante, de la existencia de una medida
cautelar que estaba vigente y hoy sigue vigente porque no se tiene conocimiento que la misma haya sido revocada”
(SAMAI: Tribunal, índice 75).
16 SAMAI: Tribunal, índice 77.
17 SAMAI: Tribunal, índice 62 y 74.
18 SAMAI: Tribunal, índice 66 y 73.
19 Mediante auto del 11 de septiembre de 2023, el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de 19

de julio de 2023, por medio del cual se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Lo anterior sin
afectar el traslado de la demanda y la contestación que los demás sujetos procesales presentaron a la misma, lo
cual se mantendrá incólume. Dicha declaratoria se soportó en la falta de notificación del auto admisorio de la
demanda a la Superintendencia de Transporte (SAMAI: Tribunal, índice: 56). Sin embargo, tal y como obra en
memorial de subsanación de la demanda, el actor en el numeral tercero, expresamente solicitó excluir a esa entidad
como demandada, en los siguientes términos: “Quedan excluido (sic) de la demanda: La Nación – Ministerio de
Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte; Policía Nacional; Agencia Nacional para la Defensa
Jurídica del Estado, quedando de esta manera subsanada la demanda en lo referente a este punto”. SAMAI:
Expediente digital, Tribunal, índice 16,
“13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_04AUTOINADMISORIO(.pdf) NroActua 16”, páginas 9 a
18.

4

Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

de 201120; por ende, consideró que a partir de ese momento los demandantes
tuvieron conocimiento del hecho generador del daño, esto es, de las medidas de
inmovilización de los vehículos de transporte público.

17. Por consiguiente, el término para demandar vencía el 27 de junio de 2015; sin

embargo, como el 22 de ese mes y año se radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial y el 16 de septiembre de ese mismo año se expidió la constancia que
declaró fallida la conciliación, el plazo se extendió hasta el 22 de septiembre
siguiente. Como la demanda se instauró el 24 de septiembre de 2015, concluyó que
el actor excedió el término de dos años previsto en el literal i), numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, para ejercer el medio de control de reparación directa21.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

18. La parte actora afirmó que la decisión anterior vulneró el derecho al debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de legalidad, por
cuanto:

19. (i) No tuvo en cuenta lo expresado en el numeral 9 de los hechos de la demanda,
en el que se señaló que “seguían persistiendo los operativos represivos”, por lo que
se trataba de un daño de tracto sucesivo o ejecución continuada y, en esa medida,
el término de caducidad debía contabilizarse desde su cesación.

20. (ii) El daño se prolongó en el tiempo, como lo acreditaba la Resolución
Metropolitana 050-14, notificada el 17 de junio de 2015, por medio de la cual se
ordenó la apertura de la investigación administrativa por infracción a la codificación
590 de la Resolución 10800 de 2003, contra la empresa de transporte Lolaya
Limitada, el señor Julio César Rada Acosta (conductor del vehículo infractor) y el
aquí demandante, en calidad de propietario del automotor.

21. Teniendo en cuenta lo anterior, adujo que desde que le fue notificada esa
decisión debía computarse el término de caducidad, pues, a partir de esa fecha
“cesó el daño mediante operativos represivos e ilegales utilizando grúas,
inmovilizaron varios vehículos (sic) amedrantando a los conductores que prestaban
el servicio de transporte público de pasajeros…”22.

22. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. El Ministerio Público guardó silencio23.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. El objeto de análisis se circunscribe a verificar si la demanda fue o no instaurada
en el término previsto por la ley, previo a lo cual resulta indispensable determinar el
cauce procesal adecuado para solicitar la reparación del daño que reclama el
demandante.

20 En el marco de una acción de grupo [2011-00143].
21 SAMAI: Tribunal, índice 80.
22 SAMAI: Tribunal, índice 84.
23 SAMAI: índice 10.

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Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

Improcedencia del medio de control de reparación directa
24. La procedencia del medio de control se encuentra determinada por la fuente del
daño en que se fundamenta la causa petendi, lo que permite establecer, a su vez,
la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones y la oportunidad para
hacerlas valer por la vía jurisdiccional, circunstancias que no dependen de la
discrecionalidad de la parte actora y que deben verificarse para el momento en que
se dicta sentencia.

25. En línea con lo anterior, las pretensiones y los hechos que las sustentan definen
las razones por las cuales se inicia un proceso y limitan la competencia del juez,
quien debe fallar basándose en lo que se ha pedido. Su formulación constituye un
acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la
controversia y, por ende, delinear la competencia del juez en función del contenido
de la sentencia bajo reglas de congruencia.

26. El actor en la demanda aduce que el hecho dañoso tuvo origen en el desacato
por parte de las entidades demandadas de la medida cautelar que suspendió
provisionalmente los efectos de “la Resolución 051 del 23 de febrero de 2010 y sus
actos derivados de supresión de rutas (…)”, Resoluciones 326, 327, 328, 329 del
12 de julio de 2010 y 463 del 4 de octubre del mismo año, pues, a pesar de estar
vigente, las autoridades distritales, la policía y los agentes de tránsito procedieron a
realizar operativos en los que inmovilizaron vehículos e impusieron comparendos y
multas. El demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad de las accionadas,
en los siguientes términos literales (incluye posibles errores):

Pretendo el pago de los perjuicios económicos… por los daños materiales y morales
causados, a partir de la fecha de los hechos acaecidos desde el 27 de junio de 2013
cuando la policía de tránsito el SMAD, desacataron la orden del Juez de la
República en coordinación del Área Metropolitana de Barranquilla y Secretaría
Distrital de Movilidad… los cuales firmaron el gran pacto para salvar a
Transmetro…”24.

27. De la misma manera, en la demanda, el actor adujo que ese desacato se
concretó cuando para amedrentar a los propietarios de los vehículos y a las
empresas de transporte el AMB les inició procesos administrativos sancionatorios,
les impuso “multas millonarias”, además, de los gastos que tuvo que asumir por
concepto de parqueaderos y servicios de grúa.

28. Sin embargo, al analizar las pretensiones de condena, se observa que contrario
a lo indicado, los perjuicios económicos que solicita no se derivan del pago de los
mencionados conceptos, sino de la imposibilidad de seguir prestando el servicio
público de transporte colectivo de pasajeros, debido al desacato por parte de las
entidades demandadas de la referida medida cautelar. Así lo revela la formulación
de los perjuicios solicitados25.

24 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice: 16.
“10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCO_01DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 16”, páginas
14 y 15.
25 Por concepto de daño emergente el demandante pidió la suma de $986’000.000; $605’000.000, por el

deterioro de los vehículos SDR604, UYO784, SDR595, UYS522, UYM566, UYV147 debido a la falta de uso y,
$381’000.000, correspondiente a la suma que perdió por la venta de los vehículos: UZC697, UYY938, UYZ633,

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Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

29. De conformidad con lo pretendido, la afectación patrimonial que alega haber
sufrido el señor Jaime Alfredo Parra Uribe se concretó realmente por la “inactividad”
o imposibilidad de prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros a
través de sus automotores, daño que tuvo como génesis los actos administrativos
que ordenaron, entre otras cosas, la supresión de determinadas rutas de transporte
público en el Área Metropolitana de Barranquilla, cuyos efectos fueron suspendidos
en el trámite de la acción de grupo que adelanta el señor Jaime Alfredo Parra junto
con otros accionantes.

30. De manera que el interesado -aquí demandante- debió hacer uso de los
instrumentos jurídicos idóneos para que el juez de la causa adoptara los correctivos
para su cumplimiento y velara por su efectiva ejecución, para lo cual no resultaba
procedente el medio de control ejercido en el sub examine.

31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 241 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo26, frente al incumplimiento de una
medida cautelar, el interesado puede iniciar un incidente de desacato como
consecuencia del cual “se podrán imponer multas sucesivas por cada día de retardo
en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales
legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales legales vigentes”.

32. El mismo artículo establece que dicha sanción es impuesta al representante
legal o director de la entidad pública o al particular responsable del cumplimiento de
la medida cautelar, por la misma autoridad judicial que profirió la orden, mediante
trámite incidental, decisión que era susceptible del recurso de apelación; además,
regula un trámite célere, en tanto el legislador otorga un término de cinco días para
resolver el aludido recurso.

33. No obstante, dicho trámite incidental no se agotó, de modo que resulta
improcedente solicitar a través de la acción de reparación directa una indemnización
de perjuicios por un supuesto incumplimiento que debió denunciarse mediante el
trámite establecido por el legislador en el marco de la acción de grupo que se
adelanta por estos mismos hechos.

UYZ405, ya que el actor los tuvo que vender por debajo del precio comercial, “(…) como consecuencia de la
inactividad, con el fin de pagar deudas con la empresa”.
A título de lucro cesante, solicitó la suma de $1.674’000.000; $1.188’000.000, por la pérdida de ingresos
provenientes de los vehículos SDR604, UYO784, SDR595, UYS522, UYM 566, UYV147. La liquidación se realizó
teniendo en cuenta el producido neto mensual de cada vehículo -que estimó en $9.000.000- multiplicado por 22
meses, “[T]iempo que llevan los vehículos cesantes sin operar” y, (ii) $486’000.000, toda vez que los vehículos
UZC697, UYY938, UYZ633, UYZ405 “por su inactividad tuvo (sic) pérdidas de las ganancias dejadas de obtener”
desde el 27 de junio de 2013 hasta “la fecha en que fueron mal vendidos” (se destaca).
26 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 6 de agosto de 2020 (expediente:

64.778), estableció que, si bien el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 previó que tratándose de acciones de grupo
los vacíos normativos se suplirán con las normas del Código de Procedimiento Civil -hoy Código General del
Proceso-, lo cierto es que existen aspectos que están regulados directamente en la Ley 1437 de 2011 y que son
aplicables de manera preferente en las acciones de grupo, incluso por encima de la Ley 472 de 1998 -norma
especial-. En el caso que se pone bajo conocimiento, la medida cautelar que se adoptó y que se asegura fue
incumplida es de aquellas previstas en el artículo 230 del CPACA, de ahí que resulte aplicable el artículo 241 para
efectos de su incumplimiento.

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Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

34. En claridad de lo anterior, se precisa que la causa directa de los perjuicios que
se reclaman en este proceso no podría consistir en la supresión de rutas y el
derecho a prestar el servicio público de transporte de pasajeros, pues conforme lo
aduce el actor, los actos que impartieron esas órdenes ya fueron demandados a
través de una acción de grupo dónde justamente se decretó la medida cautelar que
se denuncia como incumplida. Si tal incumplimiento se materializó en actos
administrativos adoptados por las autoridades de policía, fueron ellos los que se
debieron demandar, pues, en sus fines y motivos, contrariaban las “órdenes” del
juez de la causa cautelar, y en el evento de que se irrogaren perjuicios, era
justamente en ese proceso donde estaban llamados a ser resarcidos y no en un
proceso de reparación directa como el que ahora se define.

35. De otro lado, el perjuicio que eventualmente pudo pedir el actor que se
resarciera en el sub-lite, originado por la ejecución de las ya mencionadas medidas
administrativas adoptadas por las autoridades demandadas, se concretó con unos
actos administrativos particulares por medio de los cuales se impusieron multas y
se decidieron procedimientos administrativos sancionatorios.

36. En ese contexto, la reparación directa tampoco es el medio de control
procedente para reclamar la reparación de ese daño, pues en la ejecución de tales
medidas intervinieron un cúmulo no determinado de actos administrativos
expedidos por las autoridades de policía y de tránsito, por medio de los cuales se
impusieron las respectivas sanciones, que son los que estaban llamados a ser
cuestionados a través del medio de control pertinente.

37. En esas condiciones, si se entendiera que lo que se cuestiona son las
decisiones que acreditaban el incumplimiento de la medida cautelar27 en contra del
señor Jaime Alfredo Parra Uribe, como propietario de los vehículos con los que
prestaba tal servicio público, lo cierto es que el medio de control procedente para
controvertir la legalidad de aquellas28 era el de nulidad y restablecimiento del
derecho.

38. El Código Nacional de Tránsito en sus artículos 135 y 136 establece el
procedimiento especial para la determinación de las infracciones de tránsito y la
imposición de las sanciones que el mismo establece; en ese sentido, la orden de
comparendo es el acto procesal con el que se inicia el procedimiento sancionatorio
y, una vez se realiza la audiencia pública y se determina la responsabilidad del
infractor, se expide un acto administrativo sancionatorio el cual puede ser

27 Esto es, aquellas por medio de las cuales se impusieron comparendos, multas y se resolvieron procesos
administrativos sancionatorios por infracción a las normas de tránsito. Al proceso se aportaron las pruebas de
algunos comparendos [de los buses con placa UYO784, UYS522 -dos comparendos de este último-] y la apertura
de una investigación administrativa por infracción a la codificación 590 de la Resolución 10800 de 2003, contra el
demandante como propietario del vehículo SDR595, pero no se allegaron las decisiones definitivas que se
adoptaron en esos casos.
28 Por desconocer las normas en que debieron fundarse, como lo es una decisión judicial. Nuestro ordenamiento

jurídico adquiere su validez a partir de una norma fundamental que es la Constitución, y a partir de ahí se desprende
una serie de normas que, perdiendo generalidad, ganan en determinación, pero siempre la norma individualizada
encontrará su validez en una norma de mayor jerarquía que la condiciona; luego, la ley, en cuanto norma jurídica
general y abstracta, sólo adquiere aplicación y sentido cuando es individualizada mediante una norma particular,
como, por ejemplo, mediante una sentencia o decisión judicial, que será la norma individualizada por la que se
regirán las partes contendientes, sin que puedan librarse de su imperatividad y coercibilidad, ya que aquélla será
de obligatorio cumplimiento para los particulares involucrados.

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Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

demandado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
escenario en el cual se podrán controvertir los fundamentos que sustentaron la
decisión de la respectiva autoridad, como por ejemplo, la imposición de una sanción
que desconociera una orden judicial.

39. En línea con lo anterior, esta Corporación ha señalado que la naturaleza de las
decisiones que imponen sanciones por infracciones de tránsito corresponde a la de
un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial29. Para el caso
particular, el procedimiento para la imposición de las sanciones de multa y de
suspensión o cancelación de la habilitación o del permiso de operación por
infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor se encuentra
establecido en el Título I Capítulo IX de la Ley 336 de 199630 y en el Título III,
Capítulo I del Decreto 3366 de 200331, compilado en el Decreto 1079 de 2015,
reglamentario único del sector transporte.

40. Por las razones expuestas, en el presente asunto resulta inviable zanjar la
presente controversia y determinar si operó o no la caducidad, pues, por un lado, el
medio de control de reparación directa no es el adecuado para pronunciarse sobre
el alegado incumplimiento de la medida cautelar que se decretó en el marco de una
acción de grupo de la que hace parte el aquí demandante, en la que se solicitó el
mismo perjuicio económico aquí deprecado -consistente en un daño patrimonial por
la inactividad de sus automotores- cuyo origen radica en los actos administrativos
por medio de los cuales se ordenó el retiro gradual y supresión de algunas rutas por
la entrada del Sistema de Transporte Masivo. Como ya se indicó, frente a su
incumplimiento debió agotarse el trámite incidental previsto en el artículo 241 del
CPACA.

41. Además de lo anterior, adecuar el trámite al de nulidad y restablecimiento del
derecho en el presente asunto implicaría una vulneración al debido proceso y el
desconocimiento de la competencia del juez en función del contenido de la sentencia
bajo reglas de congruencia, en la medida en que no se cuenta con las decisiones
definitivas que permitan determinar un perjuicio y, en cualquier caso, éstos no fueron
solicitados en la demanda; en ese sentido, no es posible adoptar una decisión de
mérito, ante la falta de técnica y claridad al momento de formular la demanda y la
imposibilidad de adecuarla a otro cauce procesal.

42. Aunque el artículo 171 del CPACA impone a los jueces la obligación de darle a
la demanda el trámite que corresponda, lo cierto es que ello no puede hacerse en
detrimento del principio de congruencia que impide que se adopten decisiones que
recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso, salvo los
que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio, lo cual no ocurre en
este caso.

29 Al respecto, ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 22 de enero de 2015. Radicación número: 11001 03-15-000-2013-02588-01(AC).
30 Estatuto General de Transporte.
31 "Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre

Automotor y se determinan unos procedimientos".

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Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

43. Al lado de ese principio, se presenta como presupuesto la regla de señalamiento
que impone a las partes exhibir de manera clara y precisa lo que se pide,
manifestación que impide, como garantía del debido proceso y del derecho de
contradicción y defensa, que el juez modifique la causa petendi mediante
señalamientos no propuestos por las partes.

44. En ese orden de ideas, se modificará la sentencia objeto de alzada, para en su
lugar, declarar probada la excepción de inepta demanda.

Condena en costas

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 2021, en la sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.

46. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que para el efecto establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

47. A su vez, el numeral 8 del artículo 365 ibidem prevé que “solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que la parte demandada vencedora
tuviera que designar y/o sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de
sus intereses, gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia
del proceso32.

48. Así las cosas, se fija como agencias en derecho, en esta instancia, la suma
equivalente al 1% del valor de las pretensiones negadas33, esto es, veintiocho
millones quinientos treinta y tres mil cincuenta pesos ($28’533.050), suma que se
reconocerá, en partes iguales, en favor del Área Metropolitana de Barranquilla, el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Transmetro S.A.S., lo cual
se acompasa con lo dispuesto con el artículo 6 del Acuerdo 1887 de 200334.

32 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden

consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
33 La sumatoria de las pretensiones es de: $2.853’305.000.
34 Vigente para la época de presentación de la demanda. Artículo. 6º Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de

agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.

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Radicación: 08001-2333-000-2015-00429-01(71.796)
Actor: Jaime Alfredo Parra Uribe
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa

Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en
los términos del artículo 366 del CGP.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 24 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, para en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inepta demanda.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte actora y fijar por concepto de
agencias en derecho en la segunda instancia, por el valor de veintiocho millones
quinientos treinta y tres mil cincuenta pesos ($28’533.050), suma que se
reconocerá en favor del Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y Transmetro S.A.S., dividida en partes
iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital
y REMITIRLA al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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