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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05761-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05761-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05761-00 (9078)
Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
Tribunal Administrativo del Atlántico

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: excepción de inepta demanda. Subtema 3:
defectos procedimental absoluto, sustantivo y desconocimiento del precedente.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Jaime Parra Sánchez, quien actúa
en nombre propio y como apoderado judicial de los señores Jaime Alfredo Parra
Uribe, Graciela Uribe Archila, Sandra Liliana Parra Uribe, Adriana Patricia Parra
Uribe, Karen del Carmen García Angulo, Jaime Alfredo Parra García, Javier Andrés
Parra García, Mariángel Parra García, Milena Sugey Aragón Riquett, Yeico Camilo
Parra Aragón y Sara Sofía Parra Aragón contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. Síntesis del caso

El señor Jaime Parra Sánchez y otros presentaron escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideraron vulnerados con ocasión
de la sentencia del 13 de marzo y el auto del 17 de junio de 2026, proferidos, por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente
con radicado núm. 08001-23-33-000-2015-00429-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05761-00 (9078)
Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

el trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. El señor Jaime Alfredo Parra Uribe y otros interesados1 presentaron demanda,
en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
contra el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y el Distrito de Barranquilla con
ocasión de los actos administrativos por medio de los cuales se dispuso el retiro de
unas rutas por la entrada en servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo
del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana (Transmetro).

3. La demanda correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla2
que, mediante auto del 24 de junio de 2011, ordenó la suspensión provisional de los
efectos de la Resolución núm. 0051 del 23 de febrero de 20103 y los actos derivados
de este a través de los cuales se suprimieron algunas rutas de transporte público.

4. El AMB y el Distrito de Barranquilla, a partir del 23 de junio de 2013, adelantaron
medidas represivas mediante la imposición de comparendos y la inmovilización de
vehículos prestadores del servicio público de transporte adscritos a las empresas
Transportes Lolaya Ltda. y Monterrey Ltda.

5. Ante tal situación, los accionantes instauraron demanda de reparación directa
en contra del AMB, el Distrito de Barranquilla, Transmetro S.A.S. y la
Superintendencia de Transporte, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los perjuicios causados debido al desacato
de la medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo Administrativo de
Barranquilla en el auto del 24 de junio de 2011.

6. El proceso correspondió, bajo el radicado núm. 08001-23-33-000-2015-00429-
00, al Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante sentencia del 24 de mayo
de 2024, declaró probada la excepción de caducidad. Contra esta decisión, la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

7. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió la alzada
mediante sentencia del 13 de marzo de 2026, en la que modificó el fallo de primera
instancia en el sentido de declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda y condenar en costas a la parte demandante.

8. La parte demandante pidió la nulidad de la anterior decisión al considerar que
la declaratoria de oficio de la excepción de inepta demanda en segunda instancia
constituyó una violación al debido proceso y al principio de congruencia. Dicha
solicitud fue rechazada de plano mediante auto del 17 de junio de 2026.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela4 el amparo de sus derechos

1
Quienes se encontraban vinculados a las empresas de transporte público Transportes Lolaya Ltda. y Monterrey
Ltda.
2
Bajo el radicado núm. 08001-33-31-002-2011-00143-00.
3
«Por medio de la cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo
en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana».
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 2, certificado 18FB751B846E7A7B E8555D48572C0F64
7937A6425FD8FD98 9F368E956705BC2F.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05761-00 (9078)
Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad. En consecuencia, pidió lo siguiente:

11.2. Que la honorable Sección del Consejo de Estado, que conozca de la presente
acción de tutela deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 13 de marzo de
2026, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, dentro
del proceso radicado 08001-23-33-000-2015-00429-01 (71.796).
[…]
Igualmente se deje sin efectos el auto del 17 de junio de 2026, mediante el cual se
rechazó de plano el incidente de nulidad promovido contra la sentencia de segunda
instancia5.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
sentencia del 13 de marzo de 2026 incurrió en defecto procedimental absoluto
porque modificó la sentencia apelada, y declaró probada la excepción de inepta
demanda, pese a que el fallo del a quo resolvió que había operado la caducidad y
el recurso de apelación se dirigía a controvertir exclusivamente esta última
determinación. A su juicio, la autoridad judicial accionada sustituyó el objeto del
debate sin permitirle pronunciarse sobre ello, aportar argumentos o ejercer
adecuadamente sus derechos de defensa y contradicción frente a la declaratoria de
la inepta demanda.

11. Además, alegó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo debido
a que desconoció los artículos 162, 166, 169, 170 y 171 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Consideró irrazonable que se haya declarado la ineptitud en la sentencia de
segunda instancia, después de que el proceso había superado las etapas iniciales
y la demanda había sido contestada y tramitada, pues ello desconoció las reglas
procesales aplicables e impidió resolver de fondo la controversia.

12. A su vez, sostuvo que la condena en costas careció de motivación suficiente,
pues, aunque la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación citó las
normas aplicables, no identificó las pruebas que demostraban su causación
efectiva, las erogaciones asumidas por las entidades demandadas ni la actividad
profesional que justificaba las agencias en derecho, ni explicó por qué fijó el monto
en el 1 % del valor de las pretensiones, equivalente a $28.533.050, ni expuso el
criterio de proporcionalidad utilizado para determinar esa suma.

13. Finalmente, adujo que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado desconoció su propio precedente. Sin embargo, no identificó de manera
concreta las providencias que contendrían la regla jurisprudencial de la cual se
apartó la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 13 de marzo de
2026.

5
Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05761-00 (9078)
Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 27 de julio de 20266, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Atlántico y puso en conocimiento
el escrito de tutela al Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla, al AMB, al
Distrito de Barranquilla, a Transmetro S.A.S. y a la Superintendencia de Transporte,
en condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado7 pidió que se
declare improcedente la tutela, debido a que la decisión cuestionada no incurrió en
los defectos alegados. Explicó que la procedencia del medio de control constituye
un presupuesto procesal de orden público que puede verificarse incluso al dictar
sentencia, sin que la admisión y el avance del proceso generen un derecho a
obtener una decisión de fondo.

16. Asimismo, justificó el rechazo de la solicitud de nulidad en que la irregularidad
alegada no correspondía a ninguna causal taxativa del artículo 133 del CGP y que
el incidente no podía utilizarse para controvertir una sentencia de segunda instancia
ni reabrir un proceso legalmente concluido. Afirmó que el accionante busca convertir
este mecanismo constitucional en una sede de revisión del proceso ordinario.

17. El Tribunal Administrativo del Atlántico8 pidió que se declare improcedente o, en
su defecto, se nieguen las pretensiones de amparo no cumplen con los requisitos
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Refirió que el asunto
carece de relevancia constitucional, pues la parte actora hace uso de este medio
excepcional para plantear un debate en torno a la aplicación de normas procesales.

18. Transmetro S.A.S.9 manifestó que las pretensiones de tutela son improcedentes
porque incumplen el requisito de subsidiariedad, dado que la parte actora no agotó
los mecanismos de defensa, entre los cuales destacó el recurso extraordinario de
revisión. Sostuvo que la providencia cuestionada distinguió entre los requisitos
formales de la demanda y la idoneidad sustancial del medio de control, presupuesto
que podía examinar al dictar sentencia; por lo que la declaratoria de ineptitud no fue
extemporánea ni sorpresiva. En su criterio, la tutela busca reabrir una controversia
concluida y convertir el amparo en una tercera instancia.

19. El Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla10 informó de las últimas
actuaciones que se han adelantado en el proceso de reparación de perjuicios
causados a un grupo identificado con el radicado núm. 08001 33-33-002-2011-
00143-00.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 5.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 9.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 10.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 14.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 15, 28170FCFB9B6A29C C32FE085293FC5AC
B74D68EC5F5C2D92 BACE8D2CBD0CE128.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05761-00 (9078)
Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

20. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de
la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Jaime Parra Sánchez y
otros contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

3.2. Legitimación en la causa

22. La legitimación en la causa por activa de la parte accionante está acreditada,
porque fueron los demandantes en el proceso de reparación directa en que se
expidieron las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.

23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado debido a que fue la autoridad que
profirió la decisión objeto de tutela.

3.3. Cuestiones preliminares

3.3.1. La providencia objeto de estudio

24. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien la parte actora afirmó que la
tutela se dirige a cuestionar la sentencia del 13 de marzo de 2026 y el auto del 17
de junio siguiente, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones
se dirigen únicamente contra la primera de estas providencias, mediante la cual se
declaró probada la excepción de inepta demanda.

25. En consecuencia, el estudio se centrará en la providencia de segunda instancia
expedida el 13 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
corporación.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

26. Por otra parte, se observa que el accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los defectos procedimental absoluto,
sustantivo y desconocimiento del precedente.

27. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la parte accionante no expuso argumentos para demostrar la
configuración del desconocimiento del precedente alegado, comoquiera que no
identificó concretamente las providencias de las cuales se apartó la autoridad
judicial accionada. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración de los defectos procedimental absoluto, sustantivo y decisión sin

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motivación.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de
este mecanismo constitucional12.

29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

32. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la decisión cuestionada

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió
que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

33. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó el procedimiento respectivo
dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de
tutela.

34. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 13 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación fue notificada el 20 de marzo siguiente15 y la demanda
de tutela se presentó el 22 de julio de 202616, esto es, dentro del plazo de seis
meses previsto por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18
como razonable.

35. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad las circunstancias y los fundamentos de la afectación
alegada, y no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en
sede del trámite objeto de estudio precisamente, porque su cuestionamiento está
dirigido en contra de la decisión que sustancialmente le puso fin a la actuación
judicial.

36. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó en el marco de un proceso de reparación directa.

37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a los defectos procedimental absoluto,
sustantivo y de decisión sin motivación. En ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

38. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos procedimental absoluto, sustantivo y de decisión sin motivación y, con ello,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, al proferir la
sentencia del 13 de marzo de 2026 que declaró probada de oficio la excepción de
inepta demanda y condenó en costas a la parte vencida?

39. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

15
Samai, exp. 08001-23-33-000-2015-00429-01, índice 64.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05761-00, índice 2, certificado B506B593955B2178
B67747E5B8238C93 96AF11D7E432CD9C 87F1917E7DBB18EF.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.5.1. El defecto procedimental

40. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de carácter fundamental para el adecuado funcionamiento de la
actividad judicial.

41. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto
procedimental.

42. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»19.

43. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»20.

44.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley y que ello generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

45. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:
«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto
y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los
derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades
del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v)
como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»21.

19
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
20
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

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3.5.2. El defecto sustantivo

46. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

47. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

48. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de la aplicación e interpretación
de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.

49. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto
inexistente.

50. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24.

22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

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3.5.3. Decisión sin motivación

51. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencias judiciales.

52. Al respecto, la Corte Constitucional precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»25.

53. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional26 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad»27.

54. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de
la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho
de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.

55. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer que los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los
jueces son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia
o deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.

56. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal28.

25
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de
2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
27
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
28
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05761-00 (9078)
Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

3.6. Caso concreto

57. En el asunto bajo estudio, el señor Jaime Parra Sánchez y otros presentaron
acción de tutela con la pretensión de que se deje sin efectos la sentencia proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 13 de marzo
de 2026, a través de la cual modificó la sentencia de primera instancia, que encontró
acreditada la caducidad, en el sentido de declarar probada de oficio la excepción
de inepta demanda.

58. La parte actora sostuvo que en la sentencia del 13 de marzo de 2026 se
configuró el defecto procedimental absoluto al sustituir sorpresivamente el debate
sobre la caducidad, por la ineptitud de la demanda, sin permitirle controvertir este
nuevo fundamento, aportar argumentos ni ejercer adecuadamente sus derechos de
defensa y contradicción.

59. Pues bien, al examinar el contenido de la sentencia del 13 de marzo de 2026,
se observa que la autoridad accionada estudió la procedencia del medio de control
de reparación directa para obtener el resarcimiento de los daños alegados por la
parte demandante. Verificó que los perjuicios se derivaban de multas, comparendos
y actos sancionatorios de carácter particular, por lo que concluyó que el mecanismo
adecuado para reclamar las pretensiones de la demanda era la nulidad y
restablecimiento del derecho. Al respecto, indicó lo siguiente:

36. En ese contexto, la reparación directa tampoco es el medio de control procedente
para reclamar la reparación de ese daño, pues en la ejecución de tales medidas
intervinieron un cúmulo no determinado de actos administrativos expedidos por las
autoridades de policía y de tránsito, por medio de los cuales se impusieron las
respectivas sanciones, que son los que estaban llamados a ser cuestionados a través
del medio de control pertinente.

37. En esas condiciones, si se entendiera que lo que se cuestiona son las decisiones
que acreditaban el incumplimiento de la medida cautelar en contra del señor Jaime
Alfredo Parra Uribe, como propietario de los vehículos con los que prestaba tal
servicio público, lo cierto es que el medio de control procedente para controvertir la
legalidad de aquellas era el de nulidad y restablecimiento del derecho.

38. El Código Nacional de Tránsito en sus artículos 135 y 136 establece el
procedimiento especial para la determinación de las infracciones de tránsito y la
imposición de las sanciones que el mismo establece; en ese sentido, la orden de
comparendo es el acto procesal con el que se inicia el procedimiento sancionatorio y,
una vez se realiza la audiencia pública y se determina la responsabilidad del infractor,
se expide un acto administrativo sancionatorio el cual puede ser demandado a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el cual
se podrán controvertir los fundamentos que sustentaron la decisión de la respectiva
autoridad, como por ejemplo, la imposición de una sanción que desconociera una
orden judicial.

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60. De ese modo, la Sala resalta que, conforme al artículo 187 del CPACA29, el
operador judicial tiene el deber de pronunciarse en la sentencia sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada. Esta
facultad también corresponde al juez de segunda instancia, sin que la admisión de
la demanda o la falta de proposición de la excepción impidan necesariamente su
reconocimiento.

61. En consecuencia, la declaración de oficio de la excepción de ineptitud de la
demanda no constituyó un defecto procedimental absoluto, sino el ejercicio de la
competencia del juez de segunda instancia para comprobar, antes de dictar una
decisión de mérito, si los hechos y pretensiones de la demanda permitían resolver
la controversia a través del medio de control empleado.

62. Por otra parte, la parte actora alegó que la autoridad judicial incurrió en defecto
sustantivo al desconocer los artículos 162, 166, 169, 170 y 171 del CPACA, pues
declaró la ineptitud de la demanda en segunda instancia, pese a que esta había
superado las etapas iniciales y había sido contestada y tramitada, lo que impidió
que se resolviera de fondo la controversia.

63. Debe aclararse que los artículos 162, 166, 169, 170 y 171 del CPACA regulan
aspectos referentes al contenido, los anexos, la admisión y el rechazo de la
demanda. Ahora, el hecho de que el escrito inicial haya sido admitido no impone al
juez la obligación de dictar sentencia de fondo sobre el asunto cuando, al examinar
integralmente la causa petendi30, advierta que la vía utilizada no permite resolver
jurídicamente la reclamación planteada.

64.En efecto, como se vio en párrafos anteriores, la disposición que sí constituye
una obligación para el juez al momento de proferir sentencia es el artículo 187 del
CPACA en lo relacionado con pronunciarse y decidir sobre las excepciones que
encuentre probadas. Así lo ha explicado esta Subsección:

[A]l juez de segunda instancia le corresponde declarar probada de oficio o a petición
de parte, cualquier excepción que encuentre demostrada, así esta haya sido o no
objeto de pronunciamiento por parte del a quo. De esta forma, es claro entonces que
sin que se desconozca el principio de congruencia exigido en las providencias
judiciales, el ad quem en virtud de los hechos demostrados en el debate judicial,
puede declarar excepciones de oficio con el fin de proferir un fallo que obedezca a la
realidad procesal31.

65. Por consiguiente, no se observa que la sentencia del 13 de marzo de 2026, al
declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda, haya realizado una
interpretación irrazonable o desproporcionada, pues la decisión estuvo

29
ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. […] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada, El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
30
Fundamento de la acción, integrado por el conjunto de hechos que, subsumidos en lo dispuesto en normas
jurídicas, otorgan al actor el derecho que trata de hacer valer ante los tribunales o ante cualquier instancia
administrativa. Véase: https://dpej.rae.es/lema/causa-petendi.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, exp. núm. 05001-
23-33-000-2020-03115-00 (4188-2022), M.P., Juan Enrique Bedoya Escobar. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, exp. núm. 11001-03-25-000-
2013-00478-00 (0981-2013).

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debidamente soportada en el artículo 187 del CPACA que facultaba expresamente
al juez de segunda instancia para adoptar dicha determinación.

66. Ahora bien, los accionantes afirmaron que, en lo referente a la condena en
costas, se configuró la falta de motivación porque la autoridad judicial accionada no
identificó las pruebas de su causación, las erogaciones asumidas ni la actividad
profesional realizada y tampoco justificó la aplicación del 1 % de las pretensiones,
equivalente a $28.533.050, ni el criterio de proporcionalidad empleado para fijarlo.

67. Frente a lo anterior, se observa que la autoridad judicial tuvo en cuenta los
artículos 188 del CPACA y 361 y 365 del CGP, y precisó que las entidades
demandadas resultaron vencedoras pero debieron designar abogados para ejercer
cuanto menos la vigilancia del proceso. De esa manera, aplicó el artículo 6 del
Acuerdo núm. 1887 de 200332 del Consejo Superior de la Judicatura y concluyó que
procedía condenar en costas a la parte demandante y distribuir las agencias en
derecho en partes iguales entre el AMB, el Distrito de Barranquilla y Transmetro
S.A.S. Sobre el punto, explicó lo siguiente:

46. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso.
El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que para el
efecto establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

47. A su vez, el numeral 8 del artículo 365 ibidem prevé que “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que la parte demandada vencedora tuviera
que designar y/o sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus
intereses, gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del
proceso.

48. Así las cosas, se fija como agencias en derecho, en esta instancia, la suma
equivalente al 1% del valor de las pretensiones negadas, esto es, veintiocho millones
quinientos treinta y tres mil cincuenta pesos ($28’533.050), suma que se reconocerá,
en partes iguales, en favor del Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y Transmetro S.A.S., lo cual se acompasa con
lo dispuesto con el artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003.

68. Efectivamente, se advierte que la accionada, conforme a la jurisprudencia
vigente de la Sección Tercera de esta corporación, estableció que la designación
de abogados por la parte demandada es un criterio suficiente para determinar la
causación de las agencias en derecho. Además, según el citado acuerdo33, tenía un

32
Vigente al momento de la presentación de la demanda.
33
Acuerdo núm. 1887 de 2003. Artículo sexto. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
3.1. ASUNTOS.
[…]
3.1.3. Segunda instancia.
[..].
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

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margen de discrecionalidad para fijar el porcentaje por dicho concepto en una escala
del 1 al 5 %. En consecuencia, no se advierte en la providencia objeto de tutela la
configuración del defecto por falta de motivación, pues esta expuso los fundamentos
normativos, fácticos y aritméticos de la condena en costas.

69. En este punto, es preciso recordar que el derecho al debido proceso comprende
la garantía con la que cuentan las personas en la administración de justicia de
obtener decisiones debidamente motivadas. Dicha motivación constituye un límite a
la arbitrariedad o capricho de las autoridades judiciales34.

70. Por lo expuesto, se advierte que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en ejercicio de los principios de autonomía funcional,
independencia y sana crítica, efectuó una interpretación coherente y razonable de
las normas aplicables en el curso del trámite de reparación directa. Por estas
razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte
accionante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales.

71. Así las cosas, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del proceso de reparación directa, con el único
propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y
pretensiones.

4. Conclusiones

72. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un
análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos
procedimental absoluto, sustantivo y por falta de motivación, que exija la
intervención del juez de tutela.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por los señores Jaime Parra Sánchez,
Jaime Alfredo Parra Uribe, Graciela Uribe Archila, Sandra Liliana Parra Uribe,
Adriana Patricia Parra Uribe, Karen del Carmen García Angulo, Jaime Alfredo Parra
García, Javier Andrés Parra García, Mariángel Parra García, Milena Sugey Aragón
Riquett, Yeico Camilo Parra Aragón y Sara Sofía Parra Aragón contra la Subsección

34
Corte Constitucional, sentencia T-237 de 2017.

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Accionantes: Jaime Parra Sánchez y otros
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A de la Sección Tercera de esta corporación y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por las razones contenidas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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