Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00458-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00458-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00458-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 08001-23-33-000-2015-00458-01 (3384-2024)1
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado : José Martín Cervantes Flórez
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho (Lesividad)
Tema : Reconocimiento pensión gracia
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 27 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución No. 16205 del 10 de
abril de 2006, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al
señor José Martín Cervantes Flórez, en cumplimiento de una orden de tutela.
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Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201500458011100103
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Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que se ordene el
reintegro total de los dineros cancelados por concepto de pensión gracia irregularmente
reconocidos, desde el pago de la primera mesada hasta cuando se haga efectiva la
sentencia, debidamente indexados.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Que el señor José Martín Cervantes Flórez nació el 15 de diciembre de 1952 y prestó los
siguientes servicios al Estado:
• Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de Educación de Barranquilla desde
el 6 de junio de 1980 hasta el 31 de julio de 1992, nombrado mediante Resolución
No. 6867 del 29 de abril de 1982, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional.
• Comisión de estudios no remunerada a partir del 1 de agosto de 1992 por un
término de 12 meses, mediante Resolución No. 0239 del 7 de septiembre de 1992,
emanada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, prorrogada a través de las resoluciones
Nos. 0516 del 22 de noviembre de 1993, 000101 del 13 de abril de 1994, 000092
del 31 de mayo de 1995 y 000250 del 18 de septiembre de 1995, desde el 1 de
agosto de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1995.
• Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de Educación de Barranquilla,
desde el 1 de diciembre de 1995 hasta el 20 de febrero de 2003, nombrada
mediante Resolución No. 6867 del 29 de abril de 1980, emanada del Ministerio de
Educación Nacional.
Que el último cargo desempeñado por el demandado, fue el de docente en la Escuela
Normal Superior – La Hacienda de la ciudad de Barranquilla, con vinculación nacional.
Que, en atención a lo anterior, el señor José Martin Cervantes Flórez solicitó ante la
extinta Cajanal, el reconocimiento y pago de una pensión gracia, pero este fue negado
mediante Resolución No. 13028 del 28 de junio de 2009, por cuanto no demostró el
cumplimiento de los requisitos de ley.
Agregó que, mediante sentencia de tutela emitida por el Juzgado Séptimo Laboral de
Cartagena, del 24 de febrero de 2005 se ordenó:
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Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
Añadió que con Resolución No. 16205 del 10 de abril de 2006, la extinta Cajanal dio
cumplimiento al fallo de tutela y como consecuencia de ello, reconoció una pensión gracia
a favor del señor José Martin Cervantes Flóres, en cuentía de $1.149.000,49, efectiva a
partir del 15 de diciembre de 2002, razón por la cual se encuentra incluído en nómina de
pensionados.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 83, 121, 128 y 209. Las leyes 114 de 1973
(sic), 116 de 1928, 91 de 1989. Decreto 2277 de 1979.
Refirió que a la luz de lo dispuesto en la Ley 114 de 1913, el reconocimiento de la pensión
gracia al señor José Martín Cervantes Flórez, efectuado en cumplimiento de un fallo de
tutela, no era procedente, ya que entre otros requisitos, se piden 20 años de servicios
derivados de una vinculación de orden distrital, departamental, municipal o nacionalizado
y que, los 19 años, 4 meses y 6 días que constituyen el tiempo de servicios prestado por
el demandado fueron a través de vinculación de carácter nacional, por lo que no se
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Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
cumple con ese requisito, por lo que tal reconocimiento es ilegal, contrario a derecho y
violatorio de la constitución y la ley.
La entidad accionante aseveró que en aplicación de las normas especiales que rigen la
pensión gracia de jubilación y la jurisprudencia sobre el particular, no debió efectuarse el
reconocimiento de la prestación en discusión, pues queda demostrado que el señor
Cervantes Flórez no cumple con los requisitos requeridos, por lo que el acto demandado
debe ser declarado nulo.
2. Contestación de la demanda.
El demandado, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que la Ley 114 de 1913 consagró en favor de los maestros de
escuelas primarias oficiales el derecho a devengar una pensión vitalicia de jubilación
denominada pensión gracia, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en esta y
que posteriormente fue ampliada a los empleados y profesores de las escuelas normales y
a los inspectores de instrucción pública.
Asegura que el señor José Martin Cervantes Flores cumplió con la totalidad de los requisitos
para acceder a la pensión gracia, en atención a que inició labores en el instituto Técnico de
Comercio Nacional en febrero de 1977, por lo que solicitó el reconocimiento de esta
prestación, el 28 de mayo de 2003.
Formuló las excepciones que denominó: indebida actuación administrativa de la UGPP al
suspender unilateralmente el acto administrativo que reconoció la pensión gracia al
demandante; caducidad, prescripción, buena fe y la genérica.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 27 de octubre de
20232, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
El a quo consideró que la vinculación del señor Cervantes Flórez debe entenderse de
carácter nacionalizada, pues su nombramiento estaba dirigido a prestar servicio en
instituciones educativas distritales y que los emolumentos para cubrir las obligaciones de
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Expediente digital.
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Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
la plaza ocupada por el ahora demandado, eran sufragadas con recursos del sistema
general de participaciones, que pese a ser rentas exógenas, se incorporan al presupuesto
local y pasan a ser de su propiedad exclusiva.
Del material probatorio recaudado en el proceso, concluyó el a quo que el señor José
Martín Cervantes Flórez prestó sus servicios como docente entre marzo de 1977 y marzo
del 2000, en la Institución Educativa Distrital Técnica Nacional de Comercio, adscrita a la
Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla y que según documentación emanada
de ésta, se señaló que la vinculación del demandado era de docente del situado fiscal o
financiado con los recursos del sistema general de participaciones.
En la sentencia, el tribunal de instancia indicó que el demandado además de estar
vinculado con carácter nacionalizado, se posesionó y se desempeñó como docente con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo cual lo hace beneficiario del proceso de
nacionalización y por consiguiente, tiene derecho al reconocimiento de la prestación
reclamada, pues logró acreditar un tiempo total de servicio a entidades territoriales de 23
años y 23 días, además de haber cumplido 50 años el 15 de diciembre de 2002, colmando
así los requisitos de la Ley 114 de 1913.
Finalmente, el fallo cuestionado aseguró que los docentes que tienen derecho al
reconocimiento de la pensión gracia prevista en las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928,
son los nacionalizados, departamentales o municipales, siempre que su vinculación, así
sea por un corto lapso, haya ocurrido hasta el 31 de diciembre de 1980, situación que
estimó acreditada por el demandado y que motivó la denegación de las pretensiones de
la demanda.
4. El recurso de apelación.
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia3. Afirmó que el
señor Cervantes Flórez no acredita los tiempos necesarios para acceder a pensión
reclamada, pues para probar la calidad de docente territorial y/o nacionalizado, se
requiere copia de los actos administrativos, nombramientos, posesiones, donde conste
el vínculo y se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o nacionalizadas o, con una
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta que el tipo de vinculación del
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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE DIGITAL»
índice 2.
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docente oficial comporta el carácter respectivo.
La entidad indicó que no se valoraron adecuadamente los documentos aportados, puesto
que se evidenció que la vinculación inicial fue como docente nacional y, por ello, no puede
computarse para el reconocimiento de la pensión gracia.
La entidad demandante dijo que, en el presente caso, el ciudadano demandado no
cumple con el precepto que impone el artículo 15 numeral 2, literal A, de la Ley 91 de
1989, sobre estar vinculado al 31 de diciembre de 1980 como docente oficial de carácter
territorial [Departamental, Municipal, Distrital y/o Nacionalizado].
En atención a lo anterior, solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia para
que, en su lugar, se declare la nulidad del acto administrativo demandado y prosperen
las pretensiones formuladas.
5. Trámite del recurso de apelación
Mediante auto del 17 de julio de 20244, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la Ley 2080 de 25 de
enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, no corrió
traslado para alegar de conclusión.
El proceso ingresó para fallo el 30 de octubre de 20245.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, el juez de segunda instancia debe
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Índice 0005 del aplicativo Samai
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Índice 0010 ibídem
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
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pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
1.1 Asuntos preliminares
Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción fueron
consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación con el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé:
(i) Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción7.
(ii) A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas8, o contra
actos producto del silencio administrativo9, puede presentarse en cualquier
tiempo.
Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del fenómeno
jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho,
solo resulta predicable respecto de las demandas adelantadas contra actos
administrativos expedidos de manera cierta y material por la administración que no versen
sobre el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.
No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso
durante la audiencia.»
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Literal d), numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
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Literal c), numeral 1 del artículo 164 del CPACA.
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Literal d), numeral 1 del artículo 164 del CPACA.
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administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude
o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas
y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición comporta una
modificación del régimen de oportunidad contemplado por el artículo 164 del CPACA, con
vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se debate la
legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se encontraban en
curso a 16 de julio de 2024, día de promulgación de la comentada ley.
No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser aplicado de
manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios preceptuadas por el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que las normas de derecho procesal son de
orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de
pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».
Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024
solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación,
pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable superponer a los
procesos en curso un término que no existía en el momento en que fueron iniciados.
Dicha conclusión, además, se acompasa con los principios de confianza legítima y
legalidad y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en «[…] la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plantea la
eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que nos ocupa,
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Demandante: UGPP
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la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada
modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.
Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios y
prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala establecer si ¿el demandado acreditó los requisitos exigidos por la
Ley 114 de 1913 para ser beneficiario de la pensión gracia? ¿Es procedente ordenar la
devolución de los dineros reconocidos por concepto de mesadas pagadas sin haberse
causado?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La incorporación de
los profesores a los entes territoriales, en virtud de la descentralización de la educación
pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial
otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo,
capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida
durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa
se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 191310 consagró por primera vez la pensión gracia:
«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de la
pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente otra
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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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pensión o recompensa de carácter nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de
esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de
primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los
docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud
de la Ley 39 de 190311, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios
o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 192812 amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán
los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no
recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de
jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de
1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo
128 de la Carta actual13.
La Ley 37 de 193314 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en
las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los
profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199815, con ocasión
de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la
Ley 114 de 1913, expresó:
«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra
como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley
Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades
11
«[S]obre Instrucción Pública».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer
el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente
legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una
pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución
de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir
doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca
la ley».
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975 16,
los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, como lo dispuso
esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la
Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las
pensiones, preceptuó:
«[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo
total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.»
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de
la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos
los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26
de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989
es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
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«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones».
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En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado
proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio
de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
“[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta
señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o
recompensa de carácter nacional».
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como
se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado
después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea
la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”,
que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15
Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley17.»
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley
91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de
2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que se fijó la
siguiente regla en torno al tema, así:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento.»
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de
202018, esa disposición
«[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista,
17
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
18
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas
Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir
de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la
referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a
quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada
en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de
1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de
1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso:
«[…]
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los “docentes
oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como
la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre
de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral
2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el
31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria
y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco
años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales,
a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía
a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión
gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913.
Posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como
tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía,
conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo
4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por
el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”,
nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
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Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador,
conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la
función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado
que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de
primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes
estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los
vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho
adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita,
simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo,
podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho
ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron
después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación
laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya
exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación19 [se subraya y destaca].”
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta
(50) años de edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
2.2. La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la
descentralización de la educación pública.
A través de la Ley 60 de 199320, el Congreso de la República dio paso a la
descentralización del servicio educativo, para lo cual dejó en cabeza de los entes locales
su administración, incluida la del personal docente, mientras que la Nación sería
responsable de su regulación, coordinación y asistencia:
«Artículo 2°. Competencias de los municipios. Corresponde a los Municipios, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales
competentes […]:
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones legales
sobre la materia:
• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria y
secundaria y media.
19
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo
vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador
expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que
ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán
derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte
en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
20
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
15
Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
[…]
Artículo 3°. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas
departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas
técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:
[…]
A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones legales sobre
la materia:
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios
educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las
inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos del
situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con
cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental,
distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas
maneras, la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6. de la presente Ley.
[…]
Artículo 4°. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a través de las
dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas competentes,
conforme a la Ley, a las normas técnicas nacionales y a los respectivos acuerdos:
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con
cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los distritos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter distrital; de todas
maneras, la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6°. de la presente ley.
[…]
Artículo 5°. Competencias de la nación. En relación con las materias de carácter social,
corresponde a la Nación, a través de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás
organismos y autoridades de la administración central o de las entidades descentralizadas del
orden nacional, conforme a las disposiciones legales sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de orientación a las
entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia educativa y de
salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las entidades territoriales
la ejecución de las campañas y programas nacionales, o convenir la asunción de las mismas
por parte de las entidades territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los recursos
respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer los programas de cofinanciación
en forma acorde a las políticas y a las prioridades nacionales.
[…] (se subraya).
Conforme a la aludida Ley 60 de 1993, los departamentos y distritos certificados
asumieron la prestación de la labor educativa; en materia prestacional, se contemplaron
mecanismos que no afectaran (i) a los maestros nacionales o nacionalizados
incorporados sin solución de continuidad a las entidades territoriales y a los nuevos, a
quienes les sería aplicada la Ley 91 de 1989, (ii) mientras que quienes laboraban en los
departamentos, distritos y municipios que acogieron el personal descentralizado,
continuarían con las prerrogativas ya reconocidas por estos, según el caso.
16
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Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 200121, que derogó la 60 de 1993 y dispuso que
los municipios y distritos certificados en educación tendrían a su cargo ese servicio en
los niveles de preescolar, básica y media, incluidos nombramientos, ascensos y
traslados, pero «[…] sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para
educación del Sistema General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial […]»
(artículos 6° y 7°).
Además, los artículos 3422 y 3723 de la Ley 715 determinaron que «Las plantas de cargos
docentes y de los administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente por la
Nación, departamentos, distritos y municipios […]», los servidores «[…] que fueron nombrados con
el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad» y «[…] los
docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que se financien
con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y
prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta [artículo 38]».
En atención a que la normativa trascrita24, como ya se anotó, prescribió que una vez
«Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos […] mantendrán su vinculación sin solución de continuidad» [se subraya], la
sala mayoritaria de esta subsección, al desatar medios de control instaurados por docentes
estatales con el ánimo de obtener la pensión gracia, ha dicho que «[…] si bien es cierto que
el Departamento […] para asumir la administración del sector de la educación dentro del
modelo de descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no conllevó a que
la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a territorial, pues […] el artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional […] son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»25 (sic; se subraya).
En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí integrada se contrae a que a los
maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión de las Leyes 60 de
1993 y 715 de 2001 no pueden ser acreedores de la pensión gracia, puesto que, además de
que no existe sinonimia entre los términos nombramiento («nominación») y homologación, en
todo caso esta no comporta cambio del tipo de vinculación, pues fue sin solución de
continuidad26.
2.3. Hechos probados.
i) Según cédula de ciudadanía y el registro civil, el demandado nació el 15 de diciembre
21
6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros».
22
«Incorporación a las plantas».
23
«Organización de plantas».
24
Artículos 6º de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001.
25
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino
Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), entre otros. Y más recientemente
se puede consultar: sentencia de 23 de noviembre de 2023, expediente 08001-23-33-000-2019-00085-01 (1126-2021), C. P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.
26
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino Cortés:
«De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin solución de continuidad, mantuvo su
calidad de docente con vinculación nacional […]».
17
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Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
de 195227.
ii) Extracto de cesantías expedido por el Fondo Nacional de Ahorro, del 14 de abril de
2016, del señor José Martín Cervantes Flórez, en el cual se identifica como entidad
empleadora el Ministerio de Educación Nacional.
iii) Actas de posesión del señor José Martín Cervantes, para desempeñarse en el cargo
de docente, con las siguientes características:
FECHA CARGO Y ACTO NOMINADOR
ACTA DE PKANTEL E ADMIINISTRATIVO DE
POSESIÓN NOMBRAMIENTO
19/07/1977 Profesor externo Resolución No. 6395 del Ministerio de Educación
5 de julio de 1977 Nacional
31/07/1978 Profesor externo Resolución No. 6536 del Ministerio de Educación
22 de mayo de 1978 Nacional
1/06/1979 Profesor externo Resolución No. 6006 del Ministerio de Educación
16 de abril de 1979 Nacional
8/06/1980 Profesor Resolución No. 06867 Ministerio de Educación
enseñanza del 29 de abril de 1980 Nacional
secundaria (2ª
categoría)
iv) Certificación de salarios expedida por el Instituto Técnico Nacional del Comercio del 2
de agosto de 2023, en la que figura como empleador el Ministerio de Educación Nacional:
27
Documentos aportados con la demanda, visibles en el expediente digital. Índice 2 del aplicativo Samai
18
Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
v) Resolución 16205 del 10 de abril de 2006 del 14 de mayo de 198028, por medio de la
cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE, da cumplimiento al fallo de tutela proferido
por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena y como consecuencia de ello
reconoce y paga la pensión gracia a favor del señor Cervantes Flórez en cuantía de
$1.149.000,00, efectiva a partir del 15 de diciembre de 2002.
vi) Certificación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de la Alcaldía Distrital
de Barranquilla, en la que se indica el salario devengado por el señor José Martin
Cervantes Flórez, en el cargo de docente para el año 2002, en el Distrito de Barranquilla:
vii) Respuesta a requerimiento por parte del FOPEP, en el cual se informa que el señor
José Martin Cervantes Flórez fue reportado en nómina de mayo de 2006, en atención a
la Resolución No. 16205 del abril de 2006 como pensionado de Cajanal, la cual estuvo
28
Documentos aportados por la entidad demandante con la presentación de la demanda.
19
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Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
activa hasta octubre de 2015, ante el reporte de suspensión de la UGPP.
viii) Constancia remitida por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional – FOPEP,
calendada del 28 de marzo de 2023, en el cual figura la relación de pagos efectuados al
demandado desde mayo del año 2006 hasta septiembre de 2015.
ix) Certificación suscrita por la Rectora de la I.E.D. Técnica Nacional de Comercio, del 30
de junio de 2023 en la que hace constar:
x) Respuesta a requerimiento realizado por el a quo al Ministerio de Educación Nacional,
referente a certificaciones de cargos desempeñados, tipos de vinculación y tiempos
laborados del señor José Martin Cervantes Flórez, en el que se indica:
20
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Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
2.4. Caso concreto.
La UGPP demanda la nulidad del acto administrativo a través del cual reconoció una
pensión gracia de jubilación a favor del accionado, pues según indica, aquel no cumplió
con la totalidad de los requisitos para acceder a esta prestación.
El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, por
considerar que la vinculación del señor Cervantes Flórez debe entenderse de carácter
nacionalizada, pues el nombramiento estaba dirigido a prestar servicio en instituciones
educativas del orden distrital y que los emolumentos para cubrir las obligaciones de la
plaza ocupada por el demandado, se sufragan con recursos del sistema general de
participaciones.
La entidad demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
insistiendo en que se tuvieron en cuenta los tiempos laborados de carácter nacional y,
por ello, no es posible el reconocimiento de la pensión gracia.
Pues bien, de las pruebas antes enunciadas se desprende que el accionado nació el 20
de mayo de 1952 y prestó sus servicios para la educación oficial así:
Acto de Nombramiento Nominador
Resolución No. 6395 del 5 Ministerio de Educación Nacional
de julio de 1977
Resolución No. 6536 del 22 Ministerio de Educación Nacional
de mayo de 1978
21
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Resolución No. 6006 del 16 Ministerio de Educación Nacional
de abril de 1979
Resolución No. 06867 del Ministerio de Educación Nacional
29 de abril de 1980
Resolución No. 6395 del 5 Ministerio de Educación Nacional
de julio de 1977
Mediante Resolución No. 16205 del 10 de abril de 2006, la extinta Cajanal reconoció una
pensión gracia de jubilación a favor del demandado, dando cumplimiento a una orden un
fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena.
En el sub lite se tiene que el ciudadano demandado prestó sus servicios para la educación
oficial, desde el 3 de marzo de 1977, hasta el 31 de marzo de 200029, con ocasión de la
designación que le hiciera el Ministerio de Educación Nacional, por Resolución 6395 del
5 de julio de 1977.
Al respecto, resulta oportuno aclarar que por medio de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó
la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un término de 5 años
[artículo 330], esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo que se colige que con
antelación a dicho trámite únicamente existían dos categorías de maestros oficiales, a
saber: nacionales y territoriales. Posterior a la referida nacionalización de la educación,
se clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó
establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional. ii)
Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975. Y iii) Personal territorial. Son los vinculados por
nombramiento de entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito del artículo 1031 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos grandes
grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional [personal nacional] y
(ii) los nombrados por entidades territoriales [personal nacionalizado y territorial].
29
Según consta en la certificación del 30 de junio de 2023 expedida por la I.E.D. Técnica Nacional de Comercio, anteriormente
referida.
30
«A partir del 1º. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los gastos de
funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos respectivos del año de
1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta
llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
31
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación,
crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de
nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
22
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Así las cosas, quedó demostrado que el señor José Martin Cervantes Flórez tuvo una
vinculación nacional desde el 3 de marzo de 1977 porque el Ministerio de Educación
Nacional lo designó a través de la Resolución 6395 del 5 de julio de 1977, para ocupar
una plaza del mismo nivel32, hecho que además se evidencia en el acta de posesión y en
el certificado de salarios expedido por la I.E.D. Técnica Nacional de Comercio; por ello,
no se encuentra acreditado el requisito de una vinculación territorial anterior al 30 de
diciembre de 1980
De modo que, está probado que en el presente asunto la vinculación del señor José
Martín Cervantes Flórez era nacional, sin que exista en el expediente medio probatorio
que dé cuenta de designaciones en el ámbito territorial o nacionalizado, por tanto, el
tiempo servido no puede ser tenido en cuenta para efectos de reconocer la pensión
gracia. Por ello, comoquiera que el demandado solo tuvo una vinculación y esta fue
nacional, no cumplió con los requisitos para acceder a la prestación solicitada, de suerte
que se revocará la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
Por último, no se dispondrá el reintegro de las sumas percibidas por el pensionado,
comoquiera que aquellas, se presume, fueron percibidas de buena fe, máxime si de por
medio existió una orden judicial que así lo determinó.
3. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del criterio
que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de la
condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en el proceso,
no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, de modo que
no se condenará en esta instancia.
32
En la sentencia de unificación CE- SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2) se precisó que: «lo esencialmente relevante frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada y
no el origen de los recursos de la entidad nominadora destinados para cubrir las acreencias que genera el respectivo vínculo».
23
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III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: INAPLICAR el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 conforme las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 16205 del 10 de abril de 2006, por medio de
la cual Cajanal Eice hoy UGPP reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al señor
José Martín Cervantes Flórez, en cumplimiento de una orden de tutela.
TERCERO: NEGAR el restablecimiento del derecho conforme lo anotado en
precedencia.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
24
Numero interno: 3384-2024
Demandante: UGPP
Demandado: José Martín Cervantes Flórez
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
05001-23-33-000-2020-00472-01(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA
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